Ejecutoria num. 2a. XLV/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 29345101

Ejecutoria num. 2a. XLV/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a. XLV/2007
Localizacion:MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2007
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2004. MUNICIPIO DE GUADALUPE, ESTADO DE NUEVO LEÓN.CAUCES, LECHOS Y RIBERAS DE LOS RÍOS. ES COMPETENCIA FEDERAL ADMINISTRAR EL PREDIO EN DONDE ESTÉN UBICADOS AUNQUE NO SE ENCUENTREN EXACTAMENTE A SU MARGEN.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SEAN CONTRADICTORIOS CON LA ACCIÓN PLANTEADA, DEBEN DESESTIMARSE POR LA SUPREMA CORTE, LA QUE DETERMINARÁ LA MATERIA DE ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO.CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2004. MUNICIPIO DE GUADALUPE, ESTADO DE NUEVO LE�N.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA G�ITR�N.

SECRETARIO: �S.P.C..

M�xico, Distrito F.. Acuerdo de la Segunda S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veinticinco de abril de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio presentado el tres de agosto de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, J.F.R.B. y G.T.C.C.�, en su car�cter de presidente municipal y s�ndico segundo, respectivamente, en representaci�n del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo Le�n, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez del acto que m�s adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuaci�n se se�alan:

Nombre y domicilio de la demandada: La Comisi�n Nacional del Agua a trav�s de su gerente regional r�o Bravo, Sr. I.. P.G.T.�o, con domicilio en su respectivo recinto oficial conocido en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n. Acto cuya invalidez se demanda: La ilegal concesi�n suscrita en fecha 6-seis de mayo de 2004-dos mil cuatro, contenida en el t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, otorgada a favor del se�or I.. A.R.M. de la Garza, con el n�mero de expediente NVL-R-758-24-09-03, misma que fue concedida y firmada por el ingeniero P.G.T.�o, en su car�cter de gerente regional r�o Bravo de la Comisi�n Nacional del Agua; para explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales a cargo de la comisi�n por una superficie de 49,456.00 metros cuadrados y el cual tiene las siguientes colindancias: 590.00 metros al norte con canal de estiaje r�o Santa Catarina, 630.00 metros al sur con Ave. M.P., 32.00 metros al este con puente Guadalupe y 94.00 metros al oeste con terreno federal concesionado al parque F.; ubic�ndose en la zona federal que se encuentra en la margen derecha del r�o Santa Catarina, frente a la calle segunda con privada de J., en el Municipio de Monterrey, Nuevo Le�n, para uso servicios (multipista). Por otra parte, cabe mencionar que la ilegal concesi�n de la superficie territorial, otorgada por la autoridad demandada se encuentra dentro de los l�mites o tramos de la jurisdicci�n de ciudad Guadalupe, Nuevo Le�n, tramos que se indican a continuaci�n: 17,800.00 metros lineales del cauce comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300 dentro de los l�mites municipales de Guadalupe, Nuevo Le�n, de acuerdo al estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina de fecha febrero de 1996-mil novecientos noventa y seis. La explotaci�n, uso o aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales del predio concesionado se encuentra dentro de las zonas federales y los cauces entregados al Municipio hoy parte actora, por la Comisi�n Nacional de Agua, para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento, seg�n se desprende de lo acordado en la cl�usula tercera del convenio de coordinaci�n, celebrado entre ambas entidades p�blicas en fecha 20 de febrero de 2003. Convenio que acompa�amos en copia certificada a este escrito.

SEGUNDO

En la demanda se se�alaron como antecedentes, los siguientes:

1. Los suscritos somos leg�timos representantes del R. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, de la presente administraci�n 2003-2006, tal como lo justificamos con copias debidamente certificadas de las constancias otorgadas por la Comisi�n Municipal Electoral y las que ya se mencionaron antes. La fundamentaci�n jur�dica para nuestra representaci�n legal se comprende en lo dispuesto por los art�culos 27, 30 y 31, fracci�n II, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de Nuevo Le�n. 2. En fecha 20-veinte de febrero de 2003-dos mil tres se firm� un convenio de coordinaci�n celebrado por el Poder Ejecutivo F. a trav�s de la Secretar�a del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua, representada por su titular el C. Crist�bal Jaime J�quez, con la intervenci�n de los CC. M.A.C.S. y F.I.A.�n C.�s, subdirector general de administraci�n del agua y subdirector general t�cnico, respectivamente y, por la otra parte, el Municipio de Guadalupe del Estado de Nuevo Le�n, administraci�n 2000-2003, representado por los CC. I.. P.G.T.�o, A.R.�guez G.�a y L.. A.G.Z., en su car�cter de presidente municipal, secretario y s�ndico del Ayuntamiento, respectivamente; con el objeto de transferir a zona federal adyacente a las corrientes, lagos, lagunas de propiedad nacional para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento de los tramos que a continuaci�n se indican: 17,800 metros lineales del cauce comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300 dentro de los l�mites municipales de Guadalupe, Nuevo Le�n, de acuerdo al estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina de fecha febrero de 1996. Es necesario precisar se�ores Ministros que el convenio de coordinaci�n celebrado entre nuestra representada y la Comisi�n Nacional del Agua en este momento tiene plena vigencia y eficacia legal, ya que a la fecha ninguna de las dos causales que se se�alaron para que operara la terminaci�n del convenio y que son: A) La voluntad expresa de cualquiera de las partes debiendo notificar por escrito a la otra por lo menos con 60 d�as naturales de anticipaci�n; y B) El caso fortuito y la fuerza mayor que ponga t�rmino al objeto del presente convenio de coordinaci�n, se ha actualizado. Se�ores Ministros, nuestra representada jam�s recibi� oficio de notificaci�n alguno por la dependencia aludida, hoy autoridad demandada donde se nos informara de la terminaci�n del convenio de coordinaci�n, en consecuencia, el convenio de coordinaci�n celebrado por nuestra representada y la Comisi�n Nacional del Agua, se encuentra vigente, por lo que al otorgarse una concesi�n para explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales de un terreno que forma parte de una superficie mayor objeto del convenio de coordinaci�n, causa agravio al Municipio de dif�cil reparaci�n al vulnerarse los derechos adquiridos por este ente jur�dico, mismos que hacemos valer mediante la presente controversia constitucional. 3. Ahora bien, en fecha 16-diecis�is de julio del a�o en curso, mediante una nota publicada por el peri�dico ?El Norte?, de esta localidad, propiamente en la secci�n local, redactada por parte de M.R., en la cual reza lo siguiente: ?La Comisi�n Nacional del Agua, a cargo de P.G.T.�o, concesion� en el pasado mayo 4.9 hect�reas del lecho del r�o Santa Catarina, a favor de un particular que ya antes hab�a sido beneficiado por el funcionario?, en el cual aparece el t�tulo de concesi�n otorgado a nombre de A.R.M. de la Garza para uso, servicios (multipista), con una superficie de 49,456.00 metros cuadrados, por un plazo de 10-diez a�os, misma publicaci�n que bajo protesta de decir verdad, manifestamos que fue del conocimiento del R. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, el cual los suscritos somos leg�timos representantes y una vez enterados de lo anteriormente expuesto en la fecha ya se�alada y al ver la irregularidad, as� como con la ilegal forma en la que se llev� a cabo dicha concesi�n, a trav�s del titular de la gerencia regional r�o Bravo de la Comisi�n Nacional del Agua, nos percatamos que dicha concesi�n otorgada en fecha 6 de mayo de 2004, se encuentra dentro de la jurisdicci�n de Guadalupe, Nuevo Le�n, y que �sta se llev� a cabo de una forma por dem�s dolosa y carente de toda validez jur�dica ya que a la fecha existe convenio de coordinaci�n vigente, celebrado por parte de la Comisi�n Nacional del Agua y el R. Ayuntamiento de ciudad Guadalupe, Nuevo Le�n, mismo que fuera celebrado en fecha 20 de febrero de 2003 y el que se anexa en copia certificada. Acto jur�dico, la concesi�n que demandamos, su invalidez en esta controversia constitucional.

TERCERO

Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son, los siguientes:

"Primer concepto de invalidez. Se vulnera en perjuicio del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, lo establecido en los art�culos 14, 16 y 115, fracci�n V, incisos g) e i), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, los que en lo conducente a la letra dicen: ?Art�culo 14. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...?. ?Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...?. ?Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para: ... g) Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento de esta materia; ... e i) Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales. ...?. En ese orden, encontramos precisamente la violaci�n total a los preceptos consagrados como garant�as y derechos dentro de nuestra Carta Magna, porque se aprecia un proceder discordante por parte de la autoridad demandada, al no respetar el orden constitucional. De entrada, encontramos la existencia previa de un convenio de coordinaci�n entre el Ejecutivo F. a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua con el Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, acto jur�dico que fuera celebrado en fecha 20-veinte de febrero de 2003-dos mil tres, el mismo tuvo como objeto, como ya se ha mencionado antes en este escrito, se transfieren a ?El Municipio? la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, que en el convenio se indican, para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento de la zona federal del r�o Santa Catarina. El convenio de coordinaci�n, lo celebr� la Comisi�n Nacional del Agua conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, donde se establece que la transferencia de responsabilidades, atribuciones y recursos de la Federaci�n a las entidades federativas y Municipios constituye una redistribuci�n del poder, en la medida que fortalece a las autoridades tanto locales como municipales y acerca los procesos de toma de decisiones a la poblaci�n, deposit�ndolos en aquellas instancias de gobierno m�s inmediatas. As� las cosas, se determina que fueron transferidos por la Comisi�n Nacional del Agua para fines espec�ficos, las �reas del terreno que comprenden el lecho del r�o Santa Catarina, en el tramo comprendido a la altura del Municipio de ciudad Guadalupe, Nuevo Le�n, por lo que siendo as�, el Municipio que representamos, es quien a partir del convenio de coordinaci�n es el titular de la administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento de la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional que se indicaron, quedando relevadas para tales efectos la Comisi�n Nacional del Agua. Tal es el caso, que en ejercicio de las facultades que el convenio federal antes citado le concede a los funcionarios correspondientes del Municipio que hoy se afecta, existe como antecedente, un convenio (autorizaci�n administrativa del uso de suelo del dominio p�blico) de fecha 25-veinticinco de junio de 2003-dos mil tres, suscrito por el entonces presidente municipal I.. P.G.T.�o, y por quien fuera su secretario del Ayuntamiento, el se�or A.R.�guez G.�a, en dicho instrumento, se contiene una autorizaci�n administrativa de uso de suelo del dominio p�blico de una superficie de 36,535.89 metros cuadrados, a favor del I.. A.R.M. de la Garza, la autorizaci�n de referencia, se constri�e al uso de suelo del �rea ubicada sobre el lecho del r�o Santa Catarina, expresando las medidas y colindancias, para su utilizaci�n, mismas que son precisadas en el documento de cuenta que se anexa al presente ocurso. Se ha tenido conocimiento, a trav�s de medios de comunicaci�n impresa, de la existencia de un diverso t�tulo de concesi�n, el que refleja la explotaci�n, uso o aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales por una superficie de 49, 456.00 metros cuadrados, mismas �reas del lecho del r�o Santa Catarina, comprendidas dentro del Municipio de ciudad Guadalupe, Nuevo Le�n, concedidas con antelaci�n al I.. A.R.M. de la Garza. Dicho t�tulo, fue expedido en fecha 6-seis de mayo del a�o 2004-dos mil cuatro, por la Comisi�n Nacional del Agua, a trav�s de su gerente regional r�o Bravo, el I.. P.G.T.�o. Es de observarse, que fue el mismo profesionista que casi un a�o antes suscribiera como presidente municipal, un convenio sobre las mismas �reas que ahora vuelve a concesionar, s�lo que ahora en su car�cter de gerente regional r�o Bravo de la Comisi�n Nacional del Agua. Existe el presupuesto legal de inicio, en donde se contiene la transmisi�n de la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento del r�o Santa Catarina, en los tramos de 17,800 metros lineales del cauce comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300 de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, a favor del Municipio. En dicho instrumento jur�dico, no se refiere en ninguno de sus apartados, un tiempo espec�fico de duraci�n del convenio, por lo que debe de entenderse por tiempo indefinido, s�lo refiere dos causales por las que se puede dar por terminado en forma anticipada el convenio, situaciones ambas que a esta fecha no se han concretizado. Adem�s, la Comisi�n Nacional del Agua en ning�n momento ha efectuado comunicaci�n alguna, a trav�s de la cual notifique la terminaci�n o conclusi�n del convenio ya tantas veces referido, por lo que no habiendo existido ninguno de los dos supuestos, ni resoluci�n judicial o administrativa que de fin a la vida del acto en cuesti�n, �ste se encuentra vigente y, por consiguiente, surtiendo los efectos legales consecuentes. Sin embargo, como se ha venido manifestando en este escrito, la dependencia federal de regulaci�n de aguas, ha emitido un t�tulo de concesi�n, apreciando claramente, que �ste lo efect�a, olvidando determinantemente que existe una limitante contenida en un convenio de coordinaci�n entre la Federaci�n y el Municipio, el que como ya se ha hecho alusi�n, se encuentra en plena vigencia a la fecha, por lo que con dicho proceder, se conculcan las garant�as de legalidad y de seguridad jur�dica que la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos advierte. El actuar de la Comisi�n Nacional del Agua hoy autoridad demandada contrar�an el esp�ritu del convenio de coordinaci�n y con ello conlleva la violaci�n de los art�culos constitucionales que se citan en este cap�tulo. De igual manera, como ya se ha hecho referencia, la Comisi�n Nacional del Agua, tuvo la ilegal actuaci�n, de otorgar la concesi�n al I.. M. de la Garza, de gran parte de los terrenos del lecho del r�o Santa Catarina, en su tramo del Municipio de ciudad Guadalupe, Nuevo Le�n, siendo que con ello, la garant�a de legalidad es transgredida en contra de la hoy actora por la autoridad demandada; en raz�n de que se olvida que para dar vida a un acto jur�dico, la autoridad que lo suscribe debe ser competente para ello, entendiendo por competencia, la facultad que se tiene para conocer de un asunto determinado, y en este caso, la dependencia aludida resulta incompetente para poder emitir el t�tulo de concesi�n de fecha 6-seis de mayo de 2004-dos mil cuatro, puesto que existe en la vida jur�dica un convenio de coordinaci�n, donde se transfieren los terrenos tantas veces enunciados, hacia el Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, ello a fin de que los administren, custodien, mantengan y conserven; por tanto, quien se encuentra facultado para que actuaren los mismos t�rminos sobre las �reas de las zonas federales que comprende el r�o Santa Catarina, es precisamente el Municipio hoy parte actora, ello a trav�s de las autoridades que legalmente lo representan. En la concesi�n, acto jur�dico de la cual se reclama su invalidez, la autoridad demandada funda y motiva el mismo en disposiciones legales de la misma C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F., del Reglamento Interior de la Secretar�a del Medio Ambiente y de Recursos Naturales, de la Ley de Aguas Nacionales, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Aguas Nacionales y de la Ley General de Bienes Nacionales, siendo esto contrario a derecho, porque a trav�s de un convenio de coordinaci�n se transfiri� al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, los derechos de administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento de terrenos de zona federal adyacentes al r�o Santa Catarina, luego entonces a partir de este acto jur�dico la Comisi�n Nacional del Agua qued� relevada de los derechos y obligaciones que transfiri�. El acto jur�dico concreto por consecuencia carece de la debida fundamentaci�n y motivaci�n. Por �ltimo, constitucionalmente, el Municipio en general, tiene la facultad de llevar a cabo la celebraci�n de diversos actos jur�dicos, con los que puede comprometerse y obligarse a trav�s de ellos, por lo que dicha posibilidad les permite que lo que celebren se encuentre en un plano de licitud, siempre y cuando re�nan los principios de legalidad, como es el caso que nos ocupa, pues el convenio de coordinaci�n federal de inicio, es celebrado por autoridades con injerencia a ello, y sustentado en sus fines por el propio art�culo 115 de la Carta Magna. Por lo que entonces, en el caso que se analiza, la Comisi�n Nacional del Agua, para poder efectuar la expedici�n de un t�tulo de concesi�n, primeramente debi� haber buscado el llevar a cabo un procedimiento administrativo, a trav�s del cual, se diera por terminado el convenio que en su momento fuera celebrado con las dependencias federales y la resoluci�n emanada del posible procedimiento, ser notificada al Municipio de ciudad Guadalupe, Nuevo Le�n, a efecto de estar enterada �sta de la no existencia ya del instrumento en comento, y con ello dejar de tener injerencia directa sobre las �reas en discusi�n, situaci�n la anterior que nunca sucedi�. Aunado a lo anterior, y ante la vigencia real del convenio con la Federaci�n, la autoridad demandada, desestima la licitud con la que debe de actuar, y vulnera el mismo, al emitir un t�tulo de concesi�n, desatendiendo totalmente su falta de competencia para hacerlo. A�n m�s con sus actos, la Comisi�n Nacional del Agua impide el libre cumplimiento en sus t�rminos del multirreferido convenio de coordinaci�n. Adem�s, es dable considerar que los actos que se reclaman atentan directamente contra el equilibrio ecol�gico del �rea donde ha sido desarrollada la concesi�n otorgada por la Comisi�n Nacional del Agua, impidiendo adem�s que se pueda cumplir con las obligaciones inherentes al caso por parte de la municipalidad que representamos, pues le corresponde crear y administrar las reservas ecol�gicas, as� como elaborar y aplicar programas con respecto a ello. Siendo el caso, adem�s de imposibilitarse al Municipio de cumplir con sus obligaciones, se estropea la armon�a ecol�gicadel lugar, transgredi�ndose de igual manera con el medio ambiente, vulner�ndose adem�s lo establecido por el art�culo 7o. de la Ley de Equilibrio Ecol�gico y P.�n, mismo que a la letra dice: ?Art�culo 7o. Corresponde a los Municipios con el concurso, seg�n el caso, del gobierno del Estado, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales. I. conservar y restaurar el equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente, en las materias que se�ala este art�culo; ... IV. Prevenir y controlar la contaminaci�n de la atm�sfera que provenga del tr�nsito de veh�culos, a excepci�n del transporte p�blico estatal o federal, as� como la que se origine en actividades de bajo riesgo ecol�gico, seg�n lo establezcan los ordenamiento conducentes; ...?. Siendo as�, se violan las disposiciones invocadas, si se toman en cuenta que las instalaciones que se han construido y las que se pretenden construir a futuro, van a provocar un desequilibrio ecol�gico por la alteraci�n de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, viniendo a afectar negativamente la existencia, transformaci�n y desarrollo de toda persona, provocando con ello una situaci�n de alarma o emergencia ecol�gica al transformarse un �rea natural en una zona que puede producir serios riesgos a la salud y tranquilidad de las personas. Es conveniente destacar adem�s, que el lugar que nos ocupa, se trata del lecho de un r�o, el cual est� sujeto a contingencias naturales, las cuales no son posibles de regulaci�n espec�fica, por lo que su alteraci�n con la actividad humana, trastoca su propio orden, convirti�ndolo en una zona de riesgo para todo ser humano. Los planes municipales, con respecto al �rea del lecho del r�o en cuesti�n, contemplan el desarrollo de un parque para pr�cticas deportivas al aire libre, sin contaminantes y sin desarrollar energ�as que al actuar sobre las �reas naturales como la tierra o la atm�sfera, puedan producir alteraciones en el suelo y, por consiguiente, vengan a modificar su composici�n y condici�n natural, por lo que la construcci�n y edificaci�n ya efectuada y la que se pudiera construir a futuro, alteran el medio ambiente natural existente. De tal manera, que la construcci�n de v�as artificiales en el suelo del lecho del r�o Santa Catarina y el uso de las instalaciones de las mismas por personas, traer� como consecuencia la producci�n de desperdicios s�lidos que generan contaminaci�n y otros productos derivados de alimentos que su descomposici�n altera la salud de las personas y adem�s propicia contingencias ambientales que deben ser previamente reguladas y est�n de acuerdo con el medio ambiente, que en el caso espec�fico, se trata de un cauce en el que se produce cierta flora silvestre, la cual ayuda a los elementos atmosf�ricos y evita que se propaguen algunas enfermedades por su interacci�n con los elementos naturales, situaci�n que de presentarse provocar�a una emergencia ecol�gica al poner en riesgo el aprovechamiento de un �rea natural, como lo es el cauce del r�o aludido, eliminando los beneficios que propicia un �rea natural. Las actividades humanas que se han llevado a cabo y se pretenden realizar a futuro, ser�an contrarias a la preservaci�n del medio ambiente en un �rea natural, la cual puede afectar seriamente la composici�n de sus elementos y poner en riesgo grave la existencia de los sistemas ecol�gicos que deben ser preservados. Actos de autoridad los ya se�alados que dejan al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, al margen del Estado de derecho, pues como se ha venido haciendo referencia, se quebrantan las normas que contienen las garant�as constitucionales, que promueven la seguridad y la legalidad, en el actuar de la autoridad demandada al momento de emitir sus actos. Prueba fehaciente de la ilicitud del acto de autoridad es el reconocimiento manifestado por el se�or I.eniero P.G.T.�o en su car�cter de gerente regional r�o Bravo de la Comisi�n Nacional del Agua, en publicaci�n impresa aparecida el d�a 17 de julio de 2004, en el peri�dico ?El Norte?, que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n, en donde acepta expresamente que la concesi�n multirreferida otorgada al se�or A.R.M. de la Garza, es ?un acto en perjuicio del Municipio?."

CUARTO

Los art�culos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados en perjuicio del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, son 14, 16 y 115.

QUINTO

Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente y turnar al M.G.I.O.M. como instructor, quien mediante prove�do de once del mes y a�o citados, admiti� a tr�mite la demanda y con ese car�cter instruy� el juicio.

SEXTO

La parte actora ampli� su demanda mediante escrito de diecinueve de octubre de dos mil cuatro, la cual fue admitida a tr�mite. Por virtud de los oficios de contestaci�n de demanda, se advirti� un nuevo hecho consistente en las especificaciones para la explotaci�n, uso y aprovechamiento del predio objeto del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, en lo relativo a que ser�a para uso-servicio (multipista), en el cual no se deber�an construir obras permanentes.

S�PTIMO

En los conceptos de invalidez de la ampliaci�n de demanda, la parte actora sustancialmente, se�al�:

  1. Que las demandadas no tienen facultades para autorizar el uso del bien inmueble concesionado, por lo que al hacerlo invadieron el �mbito de atribuciones del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, previsto en el art�culo 115, fracci�n V, incisos d) y f), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

  2. Que el director jur�dico del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, no tiene competencia para emitir el oficio de trece de octubre de dos mil tres, por el cual comunica al particular a favor de quien se emiti� el t�tulo de concesi�n controvertido, que despu�s de haber revisado los l�mites territoriales del Municipio lleg� a la conclusi�n de que la primera etapa de la multipista se encuentra en el territorio de Monterrey, por lo que dejaba sin efectos la autorizaci�n administrativa de uso de suelo del dominio p�blico otorgada el veinticinco de junio de dos mil tres, respecto de la porci�n que se encontraba fuera de los l�mites del Municipio de Guadalupe.

Que afirma lo anterior, en virtud de que al que le competen las funciones desplegadas en dicho oficio es al propio Municipio por conducto de su presidente, en conjunci�n con el secretario del Ayuntamiento.

OCTAVO

El Poder Ejecutivo F. y la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al contestar conjuntamente la demanda, en s�ntesis manifestaron:

  1. En relaci�n con la procedencia de la controversia.

    1. Que procede decretar el sobreseimiento en el asunto de conformidad con los art�culos 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la parte actora carece de legitimaci�n en la causa, puesto que el predio concesionado es distinto al que se refiere el convenio de coordinaci�n.

      Que tal situaci�n se corrobora con los planos exhibidos y con el oficio de trece de octubre de dos mil tres, por el cual el director jur�dico del Municipio de Guadalupe comunic� al particular a quien se le otorg� la concesi�n cuya invalidez se reclama, que despu�s de haber revisado los l�mites territoriales del Municipio lleg� a la conclusi�n de que la primera etapa de la multipista se encuentra en el territorio de Monterrey, por lo que dejaba sin efectos la autorizaci�n administrativa de uso de suelo del dominio p�blico otorgada el veinticinco de junio de dos mil tres, respecto de la porci�n que se encontraba fuera de los l�mites del Municipio de Guadalupe, lo que afirma, constituye un reconocimiento por parte de la citada autoridad en el sentido de que la superficie materia de la concesi�n no se encuentra dentro de la transferida por la Comisi�n Nacional del Agua al citado Municipio.

    2. Que procede se decrete el sobreseimiento con apoyo en la fracci�n VI del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 C.onal, en raz�n de que el t�tulo de concesi�n cuya invalidez se reclama puede ser controvertido mediante el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, por lo que el Municipio actor no agot� previamente a la interposici�n de la controversia constitucional, la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto.

      Que la causa de improcedencia planteada se confirma si se toma en consideraci�n que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el actor no plantea violaciones directas a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino de mera legalidad.

  2. En relaci�n con el fondo de la cuesti�n planteada.

    1. Que la Comisi�n Nacional del Agua transfiri� para su administraci�n, guarda y custodia al Municipio actor, �nicamente 17,800 metros lineales del cauce del r�o Santa Catarina comprendiendo del kil�metro 20+500 al 38+300, mientras que el t�tulo de concesi�n 06NVL114092/24EAGR04, se refiere a una superficie de 49,456 metros cuadrados, por lo que la concesi�n otorgada no invade el cauce y zona federal transferido mediante el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, por lo que est� emitida conforme a las disposiciones legales aplicables.

  3. En relaci�n con la ampliaci�n de la demanda.

    1. Que reitera los argumentos que plante� en la contestaci�n de la demanda acerca de la improcedencia de la controversia constitucional.

    2. Que son inoperantes los argumentos vertidos en la ampliaci�n de la demanda, en raz�n de que al estar encaminados a controvertir el contenido del t�tulo de concesi�n cuya invalidez se reclama, debi� haberlos planteado desde su escrito inicial.

    3. Que la emisi�n del t�tulo de concesi�n es conforme a lo previsto por los art�culos 27 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que prev� que el uso, aprovechamiento y explotaci�n de bienes nacionales se realizar� mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo F.; 4o., 113 y 118 de la Ley de Aguas Nacionales, que prev� que la administraci�n de los bienes nacionales en materia de aguas nacionales corresponde a la Comisi�n Nacional del Agua, por lo que concluye que tiene facultades para emitir el referido t�tulo y autorizar el uso del bien concesionado.

    4. Que la referida concesi�n no invade la esfera de competencia del Municipio, porque se refiere a un bien propiedad de la Federaci�n administrado por la Comisi�n Nacional del Agua en t�rminos del art�culo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales, distinto del que fue materia del convenio de coordinaci�n, de manera que no corresponde aplicar en lo relativo a su administraci�n, lo previsto en el art�culo 115 constitucional.

      En este sentido, afirma que la concesi�n cuya invalidez se reclama, no se contrapone en forma alguna con el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, habida cuenta de que la superficie materia de dicho t�tulo no se ubica en los l�mites, ni dentro de la superficie territorial administrada por el Municipio de Guadalupe, ni invade el cauce y zona federal transferido para su administraci�n, guarda y custodia.

    5. Que son inoperantes los argumentos planteados en contra del oficio de trece de octubre de dos mil tres, emitido por el director jur�dico del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, puesto que dicho acto difiere del impugnado en este juicio, por lo que si se considera que tal determinaci�n adolece de ilegalidad, puede promover el recurso de revocaci�n en la v�a y forma correspondiente, y no pretender impugnarlo mediante la presente controversia constitucional.

NOVENO

La Comisi�n Nacional del Agua, en su contestaci�n de demanda, en s�ntesis indic�:

  1. En relaci�n con la procedencia de la controversia.

    1. Que debe sobreseerse, con apoyo en lo dispuesto por la fracci�n VIII del art�culo 19 y la fracci�n II del numeral 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la parte actora carece de inter�s jur�dico para promoverla, porque el predio materia de la concesi�n cuya invalidez se pretende, es diverso al que se refiere el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres.

    2. Que debe sobreseerse en el asunto, con apoyo en los art�culos 19, fracci�n VI y 20, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque el acto cuya invalidez se reclama es susceptible de ser revocado, nulificado o anulado mediante el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, por lo que si la parte actora no agot� dicho medio de defensa, ello ocasiona el sobreseimiento en el asunto.

    Atinente a lo anterior, se�ala que no se est� en un caso de excepci�n al principio de definitividad, puesto que la parte actora no plantea violaciones directas a la C.�n F..

  2. En relaci�n con el fondo de la cuesti�n planteada.

    1. Que la Comisi�n Nacional del Agua transfiri� al Municipio actor, �nicamente 17,800 metros lineales mediante el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, mientras que el predio concesionado abarca una distinta zona federal de 49,456 metros cuadrados, ubicada a 25�40�38.1" de latitud y 100�16�26.2" de longitud.

    2. Que siempre ha respetado, no ha restado eficacia y sigue surtiendo sus efectos, el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres.

    3. Que no se tiene que seguir ning�n procedimiento administrativo para dar por terminado el convenio de coordinaci�n, antes de proceder a la emisi�n del t�tulo de concesi�n de seis de mayo de dos mil cuatro, porque se refiere a una superficie diversa y ajena a la del citado acuerdo de voluntades.

    4. Que al no existir afectaci�n a la superficie materia del convenio de coordinaci�n, tampoco es cierto que se imposibilite al Municipio actor para cumplir con sus obligaciones derivadas de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente.

  3. En relaci�n con la ampliaci�n de la demanda.

    1. Se�ala que los conceptos de invalidez deben declararse inoperantes por extempor�neos, en virtud de que no se encuentran encaminados a controvertir un nuevo acto, sino que son una ampliaci�n de los planteados en el escrito inicial de demanda en contra de los t�rminos en que fue dictado el t�tulo de concesi�n de seis de mayo de dos mil cuatro, contenida en el t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, otorgado por la Comisi�n Nacional del Agua, los que debi� realizar al momento de interponer la demanda correspondiente.

    2. Que contrariamente a lo que manifiesta el Municipio actor, s� tiene facultades para emitir el t�tulo de concesi�n cuya invalidez se reclama, de conformidad con el p�rrafo sexto del art�culo 27 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el dominio de la Naci�n sobre las aguas nacionales y sus bienes del dominio p�blico inherentes es inalienable e imprescriptible y la explotaci�n, uso o aprovechamiento de dichos recursos por los particulares o por sociedades constituidas no podr� realizarse, sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo F..

      De igual forma, afirma que de conformidad con los art�culos 4o. y 113 de la Ley de Aguas Nacionales, la Comisi�n Nacional del Agua tiene la administraci�n de las zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos o dep�sitos de propiedad nacional.

    3. Que el art�culo 115 constitucional, �nicamente faculta a los Municipios a controlar la autorizaci�n de suelo, en el �mbito de su competencia territorial y no en predios del �mbito federal, por lo que si la superficie concesionada corresponde a un bien propiedad de la Federaci�n, administrado por la Comisi�n Nacional del Agua, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales, concluye que no es una superficie administrable por el Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, en t�rminos de lo establecido en el aludido art�culo 115 del Pacto F..

    4. Que si bien en el convenio de coordinaci�n, la Comisi�n Nacional del Agua transfiri� la administraci�n, guarda y custodia de una franja de terreno especificada en 17,800 metros lineales del cauce del r�o Santa Catarina, comprendidos del kil�metro 20+500 al 38+300, es claro que el Municipio actor carece de facultades para regular los t�rminos y condiciones para la explotaci�n, uso o aprovechamiento de un bien nacional, como lo es la zona federal del r�o Santa Catarina, por lo que no existe violaci�n alguna a la esfera competencial del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, porque la superficie materia del t�tulo de concesi�n, no desconoce el alcance, contenido y definici�n del citado convenio de coordinaci�n.

    5. Finalmente, se�ala que deben declararse inoperantes los argumentos planteados en contra del oficio de trece de octubre de dos mil tres, mediante el cual el director jur�dico del Municipio de Guadalupe, comunica al particular C.A.R.M. de la Garza, que despu�s de haber revisado los l�mites territoriales del Municipio, se lleg� a la conclusi�n de que la primera etapa de la multipista autorizada est� en territorio del Municipio de Monterrey, Nuevo Le�n, por lo que se dejaba sin efectos la porci�n que se encontraba fuera de los l�mites territoriales del Municipio de Guadalupe, lo anterior en virtud de que dicho oficio no constituye el acto cuya invalidez se reclama en la presente controversia.

D�CIMO

El procurador general de la Rep�blica al formular su opini�n, manifest� en esencia, lo siguiente:

  1. Que esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente asunto, conforme al art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la C.�n F. y que quien promueve la demanda cuenta con legitimaci�n para hacerlo, as� como que fue presentada en forma oportuna.

  2. Que la ampliaci�n de demanda fue presentada oportunamente; sin embargo, es improcedente porque no se controvierte un hecho nuevo, sino m�s bien los fundamentos del acto principal cuya invalidez se reclama.

  3. Que debe desestimarse la causa de improcedencia prevista en los numerales 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por las demandadas acerca de que el Municipio actor carece de inter�s jur�dico para instar la presente controversia constitucional, porque los actos no son contrarios al texto de la C.�n F., en atenci�n a que implica un an�lisis de fondo del asunto.

  4. Que no debe sobreseerse en el presente asunto, por no agotarse el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, en atenci�n a que la parte actora plantea violaciones directas e inmediatas a la C.�n F., aspecto sobre el cual no se puede pronunciar la autoridad administrativa al resolver un recurso de revisi�n en sede administrativa.

  5. Que es fundada la causa de improcedencia planteada por las responsables, acerca de que la demandante carece de legitimaci�n activa para incoar el medio de control constitucional propuesto, en virtud de que el Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, consider� que la Comisi�n Nacional del Agua al otorgar el t�tulo de concesi�n impugnado, vulnera diversos art�culos constitucionales, pues dicha concesi�n versa sobre terrenos adyacentes al r�o Santa Catarina, cedidos al actor mediante convenio de coordinaci�n, invadiendo con ello su esfera de competencia; sin embargo, de las pruebas periciales enmateria de topograf�a, se demuestra que las porciones de terreno son diferentes.

En efecto, porque se demostr� que el predio materia del t�tulo de concesi�n se encuentra en el kil�metro 19+900 al 20+500 del margen derecho del r�o Santa Catarina dentro de los Municipios de Monterrey y Guadalupe, por lo que parte del terreno concesionado se encuentra dentro del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, pero dicha porci�n de tierra no se integr� al convenio de coordinaci�n celebrado entre el actor y la Comisi�n Nacional del Agua, por lo que es considerada zona federal de cuya guarda y custodia corresponde a la comisi�n en cita, de manera que, concluye, es claro que el t�tulo de concesi�n impugnado no invade la esfera de competencia del Municipio actor, por lo que no resinti� ninguna lesi�n en sus facultades legales, de ah� que carezca de inter�s para promover el presente juicio.

D�CIMO PRIMERO

Agotado el tr�mite respectivo, el veintiocho de octubre de dos mil cinco, se celebr� la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 34 del propio ordenamiento, se hizo relaci�n de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por desahogada la prueba pericial en materia de topograf�a ofrecida por las autoridades demandas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resoluci�n.

Mediante prove�do de veinticuatro de mayo de dos mil seis, el Ministro instructor en uso de sus facultades para decretar pruebas para mejor proveer, orden� la ampliaci�n de la prueba pericial en materia de topograf�a y solicit� a los peritos que: "... determinaran con precisi�n cu�l es el punto del r�o Santa Catarina que es el l�mite entre los Municipios de Guadalupe y Monterrey, ambos del Estado de Nuevo Le�n, marcando la zona lim�trofe en el plano correspondiente. Adem�s, que determinen, si les es posible, el �rea objeto de la concesi�n otorgada al ingeniero R.M. de la Garza." (folio 58 del tomo II).

Finalmente, por diverso auto de tres de enero de dos mil siete, el presidente de este Alto Tribunal orden� el returno del asunto al Ministro Mariano Azuela G�itr�n.

Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto qued� radicado en la Segunda S. de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo Le�n, y la Federaci�n por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en cuyos conceptos de invalidez no se cuestiona una norma general, asunto del cual puede conocer esta S. en t�rminos del criterio contenido en la tesis n�mero 2a. V/2006, visible en la p�gina 1541 del Tomo XXIII, correspondiente al mes de febrero de dos mil seis, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que indica:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACI�N DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). El s�ptimo p�rrafo del art�culo 94 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos prev� la facultad del Pleno de la C.e para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribuci�n entre las S.s de los asuntos que le compete conocer, para una mayor prontitud en su despacho y una mejor impartici�n de justicia. En esta tesitura, los considerandos del Acuerdo General N�mero 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, relativo a la determinaci�n de los asuntos que conservar� para su resoluci�n y el env�o de los de su competencia originaria a las S. y a los Tribunales Colegiados de Circuito, revelan como uno de sus objetivos esenciales que el Pleno destine sus esfuerzos a los asuntos de mayor importancia para el orden jur�dico nacional, y en ese orden de ideas, la fracci�n I de su punto tercero le reserva el conocimiento de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos interpuestos en ellas, cuando sea necesaria su intervenci�n, siendo esto �ltimo un concepto jur�dico indeterminado cuya valoraci�n y aplicaci�n queda al prudente arbitrio de las S.s, quienes ejercer�n su facultad de tal forma que se adapte a las exigencias sociales. Por otra parte, en atenci�n a que los Municipios son quienes promueven m�s controversias constitucionales, a fin de propiciar una resoluci�n m�s pronta de los asuntos en los que sean parte y cumplir con lo dispuesto en los art�culos 17 y 94 de la C.�n F., el indicado acuerdo debe interpretarse en el sentido de que las S.s tienen competencia para resolver controversias constitucionales, aun respecto del fondo, siempre que se den las siguientes condiciones: a) Que no subsista un problema relativo a la inconstitucionalidad de alguna norma general, ya que la declaraci�n de invalidez relativa requiere de un qu�rum calificado de cuando menos 8 votos, de conformidad con el art�culo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; y b) Que se trate de alguna de las controversias constitucionales previstas en los incisos b), f), g) e i) de la fracci�n I del referido art�culo 105, es decir, de conflictos en los que intervenga un Municipio."

SEGUNDO

En t�rminos del art�culo 41, fracci�n I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a fijar el acto objeto de la presente controversia, por lo que atendiendo a las constancias de autos, se advierte que el acto principal cuya invalidez se reclama en la demanda, es la emisi�n del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, de seis de mayo de dos mil cuatro, as� como el diverso acto se�alado en la ampliaci�n de la citada demanda, consistente en: "... las especificaciones para la explotaci�n, uso y aprovechamiento objeto del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, en lo relativo al terreno concesionado que ser�a para uso-servicio (multipista) ...", debi�ndose poner de relieve que las citadas especificaciones se encuentran en el anexo 3.1 del acto originalmente impugnado.

TERCERO

Procede analizar si la demanda de controversia fue promovida oportunamente, por ser una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente.

Como se ha se�alado, en la presente controversia constitucional se demanda principalmente la emisi�n del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, de seis de mayo de dos mil cuatro, por lo que si la parte actora solicita la declaraci�n de invalidez de un acto, para efectos de determinar lo referente a la oportunidad en la presentaci�n de la demanda, debe estarse a lo previsto por el art�culo 21, fracci�n I, de la ley reglamentaria de la materia, que se�ala:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

"I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al el que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; ..."

En el caso, la parte actora precisa que tuvo conocimiento del acto principal cuya invalidez reclama, el diecis�is de julio de dos mil cuatro, por virtud de una nota publicada en el peri�dico "El Norte", de manera que el plazo para la presentaci�n de la demanda empez� a correr a partir del lunes dos de agosto, hasta el viernes diez de septiembre del citado a�o, sin contar los d�as uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintid�s, veintiocho y veintinueve de agosto, as� como cuatro y cinco de septiembre de la indicada anualidad, por corresponder a s�bados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el numeral 163 de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

Debe precisarse que el plazo para la interposici�n de la demanda comenz� a correr el lunes dos de agosto de dos mil cuatro, no obstante que la parte actora tuvo conocimiento del acto principal cuya invalidez se reclama, el diecis�is de julio de la citada anualidad, en virtud de que del diecis�is al treinta y uno de julio del citado a�o, se suspendieron las labores en esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, con motivo del periodo vacacional correspondiente, de conformidad con el art�culo 2o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con los numerales 3o. y 163 de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

Por tanto, si la demanda se present� directamente en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el tres de agosto de dos mil cuatro, esto es, al segundo d�a del plazo correspondiente, es inconcuso que fue promovida oportunamente.

Por su parte, en virtud de que la parte actora ampli� su demanda, debe atenderse a lo que establece el art�culo 27 de la ley reglamentaria de la materia, que precisa:

"Art�culo 27. El actor podr� ampliar su demanda dentro de los quince d�as siguientes al de la contestaci�n si en esta �ltima apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucci�n si apareciere un hecho superveniente. La ampliaci�n de la demanda y su contestaci�n se tramitar�n conforme a lo previsto para la demanda y contestaci�n originales."

En el caso, la parte actora precisa que tuvo conocimiento del acto por el cual amplia la demanda, consistente en: "... las especificaciones para la explotaci�n, uso y aprovechamiento objeto del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, en lo relativo al terreno concesionado que ser�a para uso-servicio (multipista) ...", con motivo de las contestaciones de demanda (folios 175 de los autos).

Por tanto, si los oficios de contestaci�n de demanda se acordaron mediante prove�do de veintiocho de septiembre de dos mil cuatro, el cual fue notificado por lista el veintinueve siguiente, seg�n se advierte de folios ciento once vuelta y ciento sesenta y cuatro vuelta, del primer tomo en que se act�a; el plazo para la presentaci�n de la ampliaci�n de la demanda empez� a correr a partir del viernes primero al viernes veintid�s de octubre de la referida anualidad, sin contar el treinta de septiembre, por corresponder al d�a en que surti� efectos la notificaci�n del prove�do en que se acordaron los oficios de contestaci�n de demanda, conforme lo dispone el art�culo 6o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; as� como los d�as 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de octubre del mencionado a�o, por corresponder a s�bados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el numeral 163 de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; as� como el 12 del mes y a�o citados, por haberse suspendido las labores en esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, conforme lo establece el art�culo 281 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, seg�n su art�culo 1o.; aqu�l en relaci�n con el numeral 23 de la Ley de Amparo.

De esta manera, si la ampliaci�n de la demanda se present� directamente en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veinte de octubre de dos mil cuatro, esto es, al d�cimo tercer d�a del plazo correspondiente, es inconcuso que fue promovida oportunamente, al constituir para la parte actora, un hecho nuevo, en virtud de que manifest� que tuvo conocimiento de la existencia de tal acto con motivo de la contestaci�n de la demanda. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 139/2000, del Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 994 del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACI�N DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n F., la ampliaci�n de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualice cualquiera de las siguientes dos hip�tesis, a saber: la primera, dentro del plazo de quince d�as siguientes a la presentaci�n de la contestaci�n de la demanda, si en �sta apareciere un hecho nuevo; y, la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucci�n si apareciere un hecho superveniente. Ahora bien, para determinar la oportunidad en que debe hacerse valer la referida ampliaci�n, debe tomarse en consideraci�n la distinci�n entre el hecho nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestaci�n de la demanda, con independencia del momento en que nace, el hecho superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucci�n. De ah� que trat�ndose de hechos nuevos deba determinarse cu�ndo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes deba definirse cu�ndo tuvieron lugar.

Finalmente, debe destacarse que el acto motivo de la ampliaci�n, materialmente constituye el anexo 3.1 del acto originalmente controvertido.

CUARTO

Por lo que toca a la legitimaci�n de quien ejercita la acci�n de controversia constitucional, debe establecerse lo siguiente:

El art�culo 11, p�rrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

De la disposici�n legal transcrita, se desprende que el actor deber� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que lo rigen, est�n facultados para representarlo.

En el presente asunto, suscriben la demanda de controversia constitucional, J.F.R.B. y G.T.C.C.�, en su car�cter de presidente municipal y s�ndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo Le�n, car�cter que acreditan con las copias certificadas de las constancias de mayor�a que les fueron otorgadas por la Comisi�n Municipal Electoral de Guadalupe, Nuevo Le�n, con fecha diez de julio de dos mil tres, visibles de folios veintisiete a veintiocho de autos, en las que constan sus nombramientos respectivos.

Ahora bien, los art�culos 27, p�rrafo primero y 31, fracci�n II, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Municipal del Estado de Nuevo Le�n, respectivamente, se�alan:

"Art�culo 27. El presidente municipal tiene a su cargo la representaci�n del Ayuntamiento y la ejecuci�n de las resoluciones del mismo, teniendo adem�s, las siguientes facultades y obligaciones: ..."

"Art�culo 31. Son facultades y obligaciones del s�ndico municipal o en su caso del s�ndico segundo:

"...

II. Intervenir en los actos jur�dicos que realice el Ayuntamiento en materia de pleitos y cobranzas y en aquellos en que sea necesario ejercer la personalidad jur�dica que corresponde al Municipio conjuntamente con el presidente municipal. ...

En consecuencia, tomando en consideraci�n que se encuentra acreditado que quienes suscriben la demanda de controversia constitucional tiene la representaci�n de la parte actora y toda vez que el Ayuntamiento personifica al Municipio y �ste es uno de los �rganos enunciados en el art�culo 105, fracci�n I, de la C.�n F., para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que est� acreditada la legitimaci�n necesaria para promoverla.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 44/97, sostenida por el Pleno de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 418 del Tomo V, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que precisa:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL S�NDICO DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE NUEVO LE�N). De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 27, primer p�rrafo y 31, fracci�n II, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Municipal y 8o. del Reglamento de la Administraci�n P�blica del Municipio de Monterrey, ambos ordenamientos del Estado de Nuevo Le�n, el presidente municipal del Ayuntamiento tiene la representaci�n de �ste y, por su parte, el s�ndico tiene la facultad de intervenir en los actos jur�dicos que realice el Ayuntamiento en materia de pleitos y cobranzas y en aquellos en que sea necesario ejercer la personalidad jur�dica que corresponde al Municipio, conjuntamente con el presidente municipal. Por tanto, ambos funcionarios tienen facultades para representar al Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo Le�n, para el efecto de ejercer en su nombre una acci�n de controversia constitucional.

No pasan inadvertidos los planteamientos de las demandadas mediante los cuales se�alan que la parte actora no cuenta con legitimaci�n procesal activa para intentar la presente controversia constitucional, porque el predio a que se refiere el t�tulo de concesi�n cuya invalidez se reclama, es distinto del que es materia del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, en que se apoya la acci�n ejercida; en virtud de que dicho argumento debe desestimarse porque est� intr�nsecamente relacionado con el fondo de la cuesti�n planteada, adem�s de que no est� encaminado a controvertir, espec�ficamente, la representaci�n de las personas que signan la demanda en nombre del Municipio actor, ni su car�cter de parte en el presente juicio, sino que est� dirigido a controvertir el inter�s de la parte actora en el presente asunto, situaci�n que, en realidad, tiene que ver con la improcedencia del asunto (que ser� tema de an�lisis posterior) y no con la posible falta de legitimaci�n procesal activa para intentar la presente controversia constitucional.

QUINTO

Acto continuo debe estudiarse la legitimaci�n de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acci�n, en tanto que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensi�n de la parte actora.

En el presente caso, tienen el car�cter de autoridades demandadas la Federaci�n, la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisi�n Nacionaldel Agua.

Los art�culos 10, fracci�n II y 11, p�rrafos primero y tercero, de la ley reglamentaria de la materia, establecen:

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; ..."

"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

"...

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos ser� representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jur�dico del gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores p�blicos y su suplencia se har�n en los t�rminos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

De estos preceptos destaca, en lo que interesa, que en las controversias constitucionales tendr� el car�cter de parte demandada, la entidad, poder u �rgano que haya pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, as� como que el demandado deber� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlo.

El presidente de la Rep�blica, acude al presente juicio por conducto de su representante el titular de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, situaci�n que se acredita con el oficio de representaci�n correspondiente, visible a folios ciento treinta y cinco de autos, de conformidad con el art�culo 5o., fracci�n VII, del Reglamento Interior de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo tenor literal es:

"Art�culo 5o. El secretario tendr� las facultades indelegables siguientes:

"...

VII.R. al presidente de la Rep�blica en los juicios constitucionales de amparo, en los t�rminos de los art�culos 14 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F. y 19 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el art�culo 105 de la propia C.�n y su ley reglamentaria, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo F.. ...

Ahora bien, el presidente de la Rep�blica est� legitimado para contestar la presente controversia, porque si bien no expidi� directamente el acto cuya invalidez se demanda, lo cierto es que de conformidad con los art�culos 2o. y 3o. de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F. es el titular de la indicada Administraci�n P�blica F. y a �l le corresponden originalmente todas las facultades relacionadas con la administraci�n de los bienes nacionales, entre los cuales se encuentran las aguas nacionales y sus cauces, materia que constituye el fondo de la presente controversia constitucional, de conformidad con el art�culo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales cuyo tenor literal es:

Art�culo 4o. La autoridad y administraci�n en materia de aguas nacionales y de sus bienes p�blicos inherentes corresponde al Ejecutivo F., quien la ejercer� directamente o a trav�s de ?la comisi�n?.

Por su parte, la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales acude al presente juicio por conducto de su titular, quien signa la respectiva contestaci�n de demanda, de conformidad con el art�culo 4o. del reglamento interior de dicha dependencia, cuyo tenor literal es:

Art�culo 4o. Corresponde originalmente al secretario, la representaci�n, tr�mite y resoluci�n de los asuntos de la competencia de la secretar�a, quien podr�, para la mejor distribuci�n y desarrollo del trabajo, conferir sus facultades delegables a servidores p�blicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, para lo cual expedir� los acuerdos relativos que se publicar�n en el Diario Oficial de la Federaci�n.

Esta disposici�n, est� intr�nsecamente relacionada con los numerales 32 BIS, fracciones III, XXIV y XXVIII, de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F. y 3o., fracci�n XII, de la Ley de Aguas Nacionales, que disponen:

L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F.:

"Art�culo 32 BIS. A la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

"...

"III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federaci�n, con excepci�n del petr�leo y todos los carburos de hidr�genos l�quidos, s�lidos y gaseosos, as� como minerales radioactivos;

"...

"XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidr�ulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusi�n de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicci�n federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinaci�n con la Secretar�a de M., cuando provenga de fuentes m�viles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y dem�s dep�sitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

"...

XXVIII. Controlar los r�os y dem�s corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones. ...

Ley de Aguas Nacionales:

"Art�culo 3o. Para los efectos de esta ley se entender� por:

"...

XII. ?Comisi�n Nacional del Agua?: �rgano administrativo desconcentrado de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho p�blico en materia de gesti�n de las aguas nacionales y sus bienes p�blicos inherentes, con autonom�a t�cnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gesti�n, para la consecuci�n de su objeto, la realizaci�n de sus funciones y la emisi�n de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponde tanto a �sta como a los �rganos de autoridad a que la misma se refiere; ...

De la relaci�n de estos numerales, se sigue que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales est� legitimado para contestar la presente controversia, porque si bien no expidi� directamente el acto cuya invalidez se demanda, lo cierto es que a �l corresponden las facultades relacionadas con dicha dependencia que tienen que ver con la administraci�n de las aguas propiedad de la naci�n, adem�s de que de esta secretar�a depende la Comisi�n Nacional del Agua que fue la que emiti� el acto controvertido.

Aunado a lo anterior, de la lectura de los hechos y conceptos de impugnaci�n propuestos en la demanda de controversia, y en la ampliaci�n, se advierte que se imputan al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diversas irregularidades relacionadas con sus facultades para aceptar como v�lido el t�tulo de concesi�n impugnado en la presente controversia, as� como para se�alar el uso del bien inmueble concesionado, por lo que lo correcto es reconocerle legitimaci�n para contestar la demanda, en virtud de que de lo contrario, se le impedir�a defenderse de las imputaciones que se le atribuyen en los conceptos de invalidez planteados y se presumir�an como ciertos los hechos que se indican en la demanda y en la ampliaci�n, como se indic� en la resoluci�n de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro (folios ciento noventa y cuatro a doscientos uno del tomo I del expediente) mediante la cual la Primera S. de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, resolvi� el recurso de reclamaci�n 302/2004-PL, revocando el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil cuatro, dictado en el expediente en que se act�a, en el que se hab�a decretado la preclusi�n del derecho de la dependencia en comento para contestar la demanda.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.L., del Pleno de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 790 del Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que precisa:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA. De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jur�dica y su armonizaci�n con los art�culos 40, 41 y 49, en relaci�n con el 115, 116 y 122 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podr�n tener legitimaci�n activa para ejercer la acci�n constitucional a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la propia Ley Suprema, de manera gen�rica: la Federaci�n, una entidad federada, un Municipio y Distrito F. (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la C.�n F.); el Poder Ejecutivo F., el Congreso de la Uni�n, cualesquiera de las C�maras de �ste o la Comisi�n Permanente (Poderes F.es); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales); y por �ltimo, los �rganos de gobierno del Distrito F., porque precisamente estos �rganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del �mbito competencial que para ellos prev� la Carta Magna. En consecuencia, los �rganos derivados, en ning�n caso, podr�n tener legitimaci�n activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimaci�n pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un �rgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deber� analizarse ello, atendiendo al principio de supremac�a constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jur�dica.

Finalmente, la Comisi�n Nacional del Agua comparece en el presente juicio por conducto de la subdirectora general jur�dica de dicha dependencia, quien acredita su cargo con la copia certificada de su nombramiento respectivo visible a folios ochenta y tres de autos, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 52, fracciones I, VI y VIII del Reglamento Interior de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dice:

"Art�culo 52. La Subdirecci�n General Jur�dica tendr� las atribuciones siguientes:

"I.R. legalmente al titular y a las unidades administrativas de la Comisi�n Nacional del Agua, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervenci�n;

"...

"VI.R., defender, contestar, rendir informes, demandar, denunciar, querellarse, allanarse, desistirse, desahogar pruebas, interponer recursos, otorgar perd�n, certificar y realizar los tr�mites necesarios para defender los intereses de la Comisi�n Nacional del Agua, as� como los que se requieran para el cumplimiento y la aplicaci�n de la ley;

"...

"VIII. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir los servidores p�blicos de la Comisi�n Nacional del Agua se�alados como autoridades responsables, as� como los escritos de demanda o contestaci�n, seg�n proceda en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; intervenir cuando la comisi�n tenga car�cter de tercero perjudicado en los juicios de amparo, y formular, en general, las promociones que a dichos juicios se refieran; ..."

De esta manera, se advierte que quien comparece en el presente juicio a nombre de la Comisi�n Nacional del Agua, est� legitimada para hacerlo, adem�s de que en la contestaci�n de la demanda de la indicada comisi�n, se advierte que acepta la emisi�n del t�tulo de concesi�n cuya invalidez se demanda, por lo que es inconcuso que tiene legitimaci�n necesaria para comparecer a juicio, de conformidad con el art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que dicho organismo goza de autonom�a t�cnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gesti�n, para la consecuci�n de su objeto, la realizaci�n de sus funciones y la emisi�n de los actos de autoridad que le corresponden, en t�rminos del art�culo 3o., fracci�n XII, de la Ley de Aguas Nacionales, transcrito anteriormente.

Bajo estas consideraciones, es claro que el presente juicio de controversia constitucional se suscita entre la Federaci�n y un Municipio, en t�rminos de lo establecido por el art�culo 105, fracci�n I, inciso b), del Pacto F..

SEXTO

El procurador general de la Rep�blica, igualmente acredita su legitimaci�n para actuar en el presente asunto, en t�rminos de la fracci�n IV del art�culo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que exhibe copia certificada del nombramiento a su cargo, visible a folios treinta y uno del tomo II, del presente expediente.

S�PTIMO

Procede examinar, por razones t�cnicas las restantes causas de improcedencia planteadas por las partes y las que advierta esta Segunda S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n.

Al respecto, las demandadas y el procurador general de la Rep�blica, se�alan que debe sobreseerse en el presente juicio de conformidad con el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con los art�culos 27, ambos de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 C.onal y 105, fracci�n I, inciso b), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al acto se�alado en la ampliaci�n de la demanda promovida por la parte actora, consistente en "... las especificaciones para la explotaci�n, uso y aprovechamiento objeto del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, en lo relativo al terreno concesionado que ser�a para uso-servicio (multipista) ...", en virtud de que, en realidad, no se controvierte ning�n acto nuevo, ni superveniente, distinto del se�alado en el escrito inicial de la demanda de controversia constitucional, sino que m�s bien es parte integrante del acto principal cuya invalidez se reclama, por lo que estiman que deben declararse extempor�neos los argumentos planteados en su contra.

Es infundada la causa de improcedencia propuesta, en virtud de que si bien es cierto que, en t�rminos generales, el acto que motiva la ampliaci�n de la demanda es parte integrante del t�tulo de concesi�n controvertido, puesto que constituye su anexo 3.1; no menos cierto es que, para efectos de la presente controversia, constituye un hecho nuevo en contra del cual la parte actora estuvo en posibilidad de ampliar su demanda, en virtud de que tuvo conocimiento de su existencia hasta que se contest� la demanda de controversia constitucional.

En efecto, en virtud de que de la lectura del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte actora manifiesta que fue mediante una nota period�stica, que tuvo conocimiento del acto principal cuya invalidez se reclama (t�tulo de concesi�n), por lo que es claro que si con motivo de la contestaci�n de la demanda se acompa�a materialmente el citado acto, as� como sus anexos, lo correcto es considerar que el acto materia de la ampliaci�n (el anexo 3.1 del indicado t�tulo), constituy� un hecho nuevo para la parte actora, en contra del cual le asist�a derecho para impugnarlo, lo anterior, porque tuvo conocimiento de su existencia con motivo de la contestaci�n de la demanda, independientemente del momento en que naci� a la vida jur�dica y que materialmente constituye una parte integrante del referido t�tulo impugnado.

Lo antes afirmado, se apoya en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 139/2000, transcrita con antelaci�n en la presente ejecutoria en el considerando tercero, as� como en la tesis 2a. CXXVI/97, sostenida por la Segunda S. de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 555 del Tomo VI, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AMPLIACI�N DE LA DEMANDA PROCEDE TANTO CON MOTIVO DE UN HECHO NUEVO COMO DE UN HECHO SUPERVENIENTE. Del art�culo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, se desprende que en el procedimiento establecido para la sustanciaci�n de las controversias constitucionales, la ampliaci�n de la demanda opera cuando se actualiza cualquiera de las dos hip�tesis siguientes: la primera, dentro del plazo de quince d�as siguientes a la presentaci�n de la contestaci�n de la demanda, si en �sta apareciere un hecho nuevo; y la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucci�n, si apareciere un hecho superveniente. Esas diferentes hip�tesis requisitan la oportunidad en que debe hacerse valer la ampliaci�n con base en la distinci�n entre un hecho nuevo y un hecho superveniente, que no significan lo mismo para la ley en consulta; as�, para que se actualice el supuesto de hecho nuevo, no importa el momento en que nace, que puede ser anterior o posterior a la presentaci�n de la demanda, sino la �poca de conocimiento de su existencia por la parte actora, en especial, que ese conocimiento resulte o derive de la contestaci�n de la demanda, ya que el citado precepto legal dice ?... al de la contestaci�n si en esta �ltima apareciere un hecho nuevo ...?. En cambio, trat�ndose del hecho superveniente, la �poca de su nacimiento es de capital importancia, ya que la connotaci�n del concepto superveniente, ilustra con relaci�n a que un hecho es de esa naturaleza cuando sobreviene o acontece con posterioridad a cierto momento, seg�n lo previene la ley, despu�s de que se present� la demanda y hasta antes de la fecha de cierre de la instrucci�n; adem�s, una caracter�stica propia del hecho superveniente es la de que sea susceptible de cambiar el estado jur�dico en el que se encontraba la situaci�n al presentarse la demanda o al entablarse la litis.

Aunado a lo anterior, considerar que es improcedente el juicio en contra del acto motivo de la ampliaci�n, por la sola circunstancia de que constituye uno de los anexos del t�tulo controvertido, como lo sostienen las demandadas, ser�a hacer nugatorio el derecho establecido en el art�culo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con la oportunidad que se le da a la parte actora para ampliar su demanda, porque se le impedir�a controvertir un acto respecto del cual no ten�a conocimiento al momento de intentar su demanda y que, indiscutiblemente, est� estrechamente vinculado con el acto principal cuya invalidez se demanda.

Resulta ilustrativa, la jurisprudencia P./J. 73/2003, sostenida por el Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 754 del Tomo XVIII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil tres, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que indica:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS HECHOS NUEVOS O SUPERVENIENTES QUE SE INVOQUEN PARA LA AMPLIACI�N DE LA DEMANDA DEBEN SER SUSCEPTIBLES DE COMBATIRSE A TRAV�S DE ESA V�A Y ESTAR RELACIONADOS CON LA MATERIA DE IMPUGNACI�N ORIGINALMENTE PLANTEADA. Los hechos que se invoquen como fundamento para promover una ampliaci�n de demanda de controversia constitucional, sean nuevos o supervenientes, deben ser susceptibles de combatirse a trav�s de esa v�a y guardar �ntima relaci�n con la cuesti�n inicialmente planteada.Ello es as� porque ning�n efecto jur�dico producir�a la impugnaci�n de un acto que no pudiera ser materia de estudio en ese medio de control constitucional, porque en tales circunstancias la Suprema C.e de Justicia estar�a jur�dicamente imposibilitada para abordar su an�lisis y tampoco podr�a pronunciarse respecto de actos que no guardaran relaci�n alguna con aquellos cuya invalidez se solicit� en la demanda inicial, dado que ser�a incongruente el estudio de un argumento tendente a ampliar algo que no fue cuestionado y que no estuviera estrechamente vinculado con la materia de impugnaci�n originalmente planteada.

As� las cosas, la circunstancia consistente en que el acto que motiva la ampliaci�n de la demanda sea uno de los anexos al acto principal cuya invalidez se demanda, no ocasiona la improcedencia del juicio, debido a que, en todo caso, el an�lisis de la constitucionalidad del t�tulo de concesi�n impugnado se realizar� �ntegramente tomando en consideraci�n sus anexos; porque, conjuntamente, forman parte de un solo acto, el que est� siendo controvertido desde diversos �ngulos que conforman su unidad.

De lo establecido anteriormente, se sigue que resultar�a jur�dicamente incorrecto sobreseer en el juicio por una parte del indicado acto, como se pretende por virtud de la causa de inejercitabilidad propuesta, aunado a que, contrariamente a lo se�alado por las demandadas, los conceptos de invalidez planteados en la ampliaci�n, no devienen extempor�neos, en raz�n de que como se dej� establecido en el considerando tercero de esta ejecutoria, la ampliaci�n de la demanda se present� oportunamente.

Concluyendo, resultar�a incorrecto sobreseer en el presente asunto por el acto materia de la ampliaci�n, en virtud de que la improcedencia del juicio �nicamente puede realizarse respecto de actos, en su totalidad, y no solamente de manera parcial, adem�s, la improcedencia de la controversia constitucional no opera respecto de conceptos de invalidez que tienden a controvertir uno de los distintos elementos constitutivos que conforman la unidad de un acto.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 117/2005, sostenida por el Pleno de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina ochocientos noventa y uno del Tomo XXII, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cinco, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que indica:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO NO OPERA RESPECTO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. El art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos prev� las causas de improcedencia que pueden actualizarse en el juicio de controversia constitucional, pero es l�gico deducir que dichas disposiciones no son aplicables a conceptos de invalidez, pues en congruencia con lo que dispone el art�culo 20, fracci�n II, de la misma Ley Reglamentaria, la improcedencia produce el sobreseimiento en el juicio, lo que no puede v�lidamente hacerse respecto de conceptos de invalidez, sino �nicamente con relaci�n a las normas o actos que se hubieren impugnado, seg�n se advierte del art�culo 41, fracci�n V, del indicado ordenamiento legal.

Finalmente, debe decirse que contrariamente a lo sostenido por las demandadas, los conceptos de invalidez en contra del anexo 3.1 del t�tulo de concesi�n 06NVL114092/24EAGR04, no devienen extempor�neos, porque al momento en que la parte actora ejerci� la acci�n constitucional, expresamente se�al� que no conoc�a los motivos y fundamentos del referido t�tulo y, por ende, tampoco conoc�a sus anexos, por lo que si se le dio vista con dicho anexo mediante prove�do de veintiocho de septiembre de dos mil cuatro, notificado al d�a siguiente y, por su parte, el escrito de ampliaci�n de demanda se present� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, el d�a veinte de octubre del citado a�o, es claro que se encontraba en tiempo para manifestar lo que a su derecho conviniera en relaci�n al citado acto cuya invalidez se reclama, como ha quedado establecido en el considerando tercero de la presente resoluci�n.

En otro aspecto, las demandadas proponen la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VI del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en raz�n de que el t�tulo de concesi�n impugnado puede ser controvertido mediante el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, por lo que estiman que el Municipio actor no agot� previamente a la interposici�n de la controversia constitucional, la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, m�xime que no se proponen violaciones directas al Pacto F., sino s�lo meras violaciones de legalidad.

Es infundada la causa de improcedencia planteada, en virtud de que contrariamente a lo que se afirma, de la lectura de los conceptos de invalidez de la demanda respectiva, se advierte que la parte actora �nicamente hace valer violaciones directas e inmediatas a la C.�n F., respecto de las cuales no compete a la autoridad administrativa resolverlas mediante un recurso de revisi�n en sede administrativa, sino que, en todo caso, corresponde conocer del asunto a este �rgano jurisdiccional como int�rprete exclusivo terminal de la N.F..

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 136/2001, del Pleno de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina novecientos diecisiete del Tomo XV del mes de enero de dos mil dos de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA V�A PREVISTA EN LA LEGISLACI�N LOCAL S�LO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESI�N SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACI�N A NORMAS LOCALES. El art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, principio de definitividad que trat�ndose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales s�lo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la C.�n F., sino violaciones a la legislaci�n local que, como consecuencia, produzcan la transgresi�n a normas de la Carta Magna, pues el �rgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneraci�n a disposiciones de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretaci�n de la N.F. corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federaci�n y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n.

Finalmente, la Comisi�n Nacional del Agua y el procurador general de la Rep�blica, proponen la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19 en relaci�n con el numeral 20 de la ley reglamentaria de la materia, sosteniendo que la parte actora no cuenta con inter�s jur�dico y, por ende, de legitimaci�n en la causa para incoar el presente juicio constitucional, tomando en consideraci�n que de las pruebas periciales desahogadas en autos, se desprende que las porciones de terreno a que se refiere el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres y el t�tulo de concesi�n impugnado de seis de mayo de dos mil cuatro, son diferentes.

En relaci�n con lo anterior, el Poder Ejecutivo, la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el procurador general de la Rep�blica, se�alan que se surte la causa de improcedencia en comento porque el acto controvertido no causa agravio o perjuicio directo o inmediato a la esfera jur�dica del Municipio actor, en atenci�n a que no invade ni interfiere en su esfera de atribuciones, ya que el predio concesionado es distinto al que se refiere el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, en que apoya su derecho la parte actora, adem�s de que se emiti� conforme a las disposiciones legales aplicables y dentro del �mbito competencial de la Comisi�n Nacional del Agua.

Debe desestimarse el motivo de improcedencia aludido, conforme lo que a continuaci�n se expone:

En primer t�rmino, debe ponerse de relieve que, en trat�ndose de controversias constitucionales, a diferencia del juicio de amparo, no es necesario contar con un inter�s jur�dico para la procedencia de la acci�n, sino que basta con que se tenga un inter�s leg�timo para considerar procedente el juicio tutelado en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, dicho inter�s se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en raz�n de la situaci�n de hecho en la que �sta se encuentre.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 83/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 875 del Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de dos mil uno, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que indica:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTER�S LEG�TIMO PARA PROMOVERLA. El Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n ha sostenido, en la tesis n�mero P./J. 71/2000, visible en la p�gina novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo rubro es ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.?, que en la promoci�n de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un inter�s leg�timo para acudir a esta v�a el cual, a su vez, se traduce en una afectaci�n que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u �rganos a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en raz�n de su especial situaci�n frente al acto que consideren lesivo; dicho inter�s se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en raz�n de la situaci�n de hecho en la que �sta se encuentre, la cual necesariamente deber� estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n.

Por otro lado, el sobreseimiento por falta de inter�s en la controversia constitucional, solamente puede decretarse en aquellos casos en los que es posible disociar, con toda claridad, la improcedencia del juicio, de aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto. De lo que se infiere que, para poder sobreseer por falta de inter�s es necesario:

  1. Que en el estudio de la improcedencia no se involucren cuestiones que miren al fondo del asunto; y,

  2. Que la inviabilidad de la acci�n resulte evidente, esto es, clara e inobjetable.

Los anteriores elementos se desprenden de la jurisprudencia P./J. 92/99, del Tribunal Pleno de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina setecientos diez del Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que indica:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentaci�n en �ntima relaci�n con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.

Tambi�n resulta aplicable la diversa jurisprudencia P./J. 50/2004, sostenida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la p�gina novecientos veinte del Tomo XX, del mes de julio de dos mil cuatro, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTER�S LEG�TIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCI�N. La jurisprudencia n�mero P./J. 92/99 del Tribunal Pleno, cuyo t�tulo es: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE.?, no es de aplicaci�n irrestricta sino limitada a aquellos supuestos en que no sea posible disociar con toda claridad la improcedencia del juicio, de aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, circunstancia que no acontece cuando la inviabilidad de la acci�n resulta evidente, porque la norma impugnada no afecta en modo alguno el �mbito de atribuciones de la entidad actora, pues tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la v�a, sin necesidad de relacionarla con el estudio de fondo del asunto; en esta hip�tesis, no procede desestimar la improcedencia para vincularla al estudio de fondo sino sobreseer con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, en relaci�n con los art�culos 19, fracci�n VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, y 105, fracci�n I, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo privilegiarse en tal supuesto la aplicaci�n de las jurisprudencias n�meros P./J. 83/2001 y P./J. 112/2001 de rubros: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTER�S LEG�TIMO PARA PROMOVERLA.?, y ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCI�N LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASI�N DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.?, de las que se infiere que para la procedencia de la controversia constitucional se requiere que por lo menos exista un principio de agravio, que se traduce en el inter�s leg�timo de las entidades, poderes u �rganos a que se refiere el art�culo 105, fracci�n I, para demandar la invalidez de la disposici�n general o acto de la autoridad demandada que vulnere su esfera de atribuciones.

Al respecto, en la ejecutoria de la cual eman� la transcrita jurisprudencia P./J. 50/2004, se estableci� lo siguiente:

"... De un an�lisis arm�nico y sistem�tico de todas las disposiciones constitucionales y legales reproducidas se infiere que las Fuerzas Armadas se encuentran integradas por la Secretar�a de la Defensa Nacional, que incluye al Ej�rcito y la Fuerza A�rea, y por la Secretar�a de M. con la Armada de M�xico, las que forman parte de la administraci�n p�blica federal centralizada y auxilian al titular del Poder Ejecutivo en el despacho de los asuntos dentro del �mbito de su competencia; consecuentemente, los miembros de esas instituciones son servidores p�blicos federales.

"En tal orden de ideas, si las instituciones militares son ajenas a la organizaci�n de la administraci�n p�blica del Distrito F., consecuentemente, sus miembros no podr�n incurrir en el delito de desaparici�n forzada de personas previsto en el art�culo 168 del C�digo Penal del Distrito F. pues, como se ha se�alado, dicho il�cito contempla como sujetos activos a los servidores p�blicos del Distrito F..

"Por tal raz�n, la reserva formulada por el Estado mexicano al art�culo IX de la convenci�n, que impide que los militares que cometan el delito de desaparici�n forzada de personas sean juzgados por los tribunales ordinarios en los t�rminos de ese numeral, ninguna afectaci�n puede causar al Distrito F., pues las disposiciones del C�digo Penal de la entidad que representa, trat�ndose de ese delito, no podr�an, en ning�n caso, ser aplicadas a los militares aun cuando no se hubiera formulado la reserva.

"Con independencia de lo anterior, cabe se�alar que no es la cl�usula de reserva a la convenci�n la que, en todo caso, pudiera impedir al Distrito F. juzgar y castigar penalmente a los militares que cometan el delito de desaparici�n forzada de personas, sino la propia C.�n F. cuando en su art�culo 73, fracci�n XIV, en relaci�n con los diversos 76, fracci�n II y III, 89, fracci�n VI, 90, 119 y 132 de la propia N.F., confiere al Congreso de la Uni�n la facultad exclusiva y excluyente de reglamentar todo lo concerniente al �mbito militar, por lo que el Distrito F. y las entidades federativas no pueden dictar ninguna disposici�n legal que tenga que ver con los miembros del Ej�rcito.

"En tal virtud y teniendo en consideraci�n que conforme a los criterios sostenidos por este Alto Tribunal en las tesis de jurisprudencia n�meros P./J. 83/2001 y P./J. 112/2001 de rubros: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTER�S LEG�TIMO PARA PROMOVERLA.? y ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCI�N LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASI�N DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.?, para la procedencia de la controversia constitucional se requiere que por lo menos exista un principio de agravio, que se traduce en el inter�s leg�timo de las entidades, poderes u �rganos a que se refiere el art�culo 105, fracci�n I, para demandar la invalidez de la disposici�n general o acto de la autoridad demandada que vulnere su esfera de atribuciones, es inconcuso que si, como se ha visto, la reserva expresa mencionada no es susceptible de afectar en modo alguno el �mbito de atribuciones de esa entidad, tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de esta v�a para demandar su invalidez, lo que amerita el sobreseimiento en el juicio, en ese aspecto, con fundamento en los art�culos 20, fracci�n II, en relaci�n con el 19, fracci�n VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, y con el precepto constitucional mencionado.

"Las tesis antes mencionadas son del tenor siguiente (se considera innecesaria su transcripci�n).

"No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 92/99, cuyo t�tulo es: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE.?, conforme al cual deber� desestimarse la causa de improcedencia que involucre una argumentaci�n que guarde �ntima relaci�n con el problema de fondo planteado, ya que tal criterio no es de aplicaci�n irrestricta sino limitada a aquellos supuestos en que no sea posible disociar con toda claridad la improcedencia del juicio, de aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, circunstancia que no acontece cuando, como en el presente caso, la inviabilidad de la acci�n (respecto de la reserva impugnada) resulta tan evidente que no procede desestimarla para vincularla al estudio de fondo, debiendo privilegiarse en tal supuesto la aplicaci�n de las jurisprudencias reci�n transcritas.

"En cambio, es ineficaz el diverso planteamiento de la C�mara de Senadores sobre la improcedencia del presente juicio en relaci�n con la declaraci�n interpretativa del tratado formulada por el Gobierno de M�xico, por considerar que tal disposici�n general no afecta el �mbito de atribuciones delDistrito F.. ..."

De lo expuesto, se deduce que la expresi�n "evidente", que utiliz� el Pleno de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n para poder decretar el sobreseimiento en un juicio de controversia constitucional, est� intr�nsecamente relacionado con el vocablo "manifiesto", el cual ha sido entendido como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara, esto es, tangible, visible, perceptible y obvia, como en el caso analizado en la ejecutoria antes transcrita, en la cual no existi� la menor duda acerca de que los miembros del ej�rcito, en ning�n caso, podr�n incurrir en el delito de desaparici�n forzada de personas previsto en el art�culo 168 del C�digo Penal del Distrito F., puesto que dicho il�cito contempla como sujetos activos a los servidores p�blicos del Distrito F..

Sentadas las premisas anteriores, como se adelant� en l�neas precedentes, en el presente asunto no se actualiza la causa de improcedencia planteada porque, en primer lugar, no es posible disociar con toda claridad la improcedencia planteada, del estudio de fondo del asunto, adem�s de que se proponen argumentos para sobreseer, que indiscutiblemente tienen que ver con el referido fondo de la cuesti�n planteada y, en segundo t�rmino, porque la referida causa de improcedencia no es evidente.

En efecto, se dice que el motivo por el cual se pretende que se decrete el sobreseimiento en el presente asunto, involucra aspectos de fondo, en virtud de que para determinar si el acto combatido afecta o no la esfera competencial del Municipio actor, resulta necesario analizar las pruebas desahogadas en autos y, adem�s, los conceptos de invalidez propuestos por el actor, pues en ellos, entre otros argumentos, manifest� lo siguiente: "... la Comisi�n Nacional del Agua, tuvo la ilegal actuaci�n, de otorgar la concesi�n al I.. M. de la Garza, de gran parte de los terrenos del lecho del r�o Santa Catarina, en su tramo del Municipio de ciudad Guadalupe, Nuevo Le�n, siendo que con ello, la garant�a de legalidad es transgredida en contra de la hoy actora por la autoridad demandada; en raz�n de que se olvida que para dar vida a un acto jur�dico, la autoridad que lo suscribe debe ser competente para ello entendiendo por competencia, la facultad que se tiene para conocer de un asunto determinado, y en este caso, la dependencia aludida, resulta incompetente para poder emitir el t�tulo de concesi�n de fecha 6-seis de mayo del 2004-dos mil cuatro, puesto que existe en la vida jur�dica un convenio de coordinaci�n, donde se transfieren los terrenos tantas veces enunciados, hacia el Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, ello a fin de que los administren, custodien, mantengan y conserven; por tanto, quien se encuentra facultado para actuar en los mismos t�rminos sobre las �reas de las zonas federales que comprende el r�o Santa Catarina, es precisamente el Municipio hoy parte actora, ello a trav�s de las autoridades que legalmente lo representan."

De igual forma, en la ampliaci�n de la demanda, entre otros argumentos, plantea lo siguiente: "... Consideramos que con este acto las autoridades demandadas vulneran el contenido del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos donde habla en la fracci�n V incisos d) y f) que hablan espec�ficamente de: ?d) autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia en sus jurisdicciones territoriales; y f) otorgar licencias y permisos para construcciones?. En efecto, las autoridades demandadas invadieron el �mbito de atribuciones del Municipio de Guadalupe, N.L., pues al se�alar en la concesi�n que �sta ser�a para uso servicios (multipista) va m�s all� de las atribuciones legales que les confiere los ordenamientos legales que la rige."

Como se observa, la causa de improcedencia planteada involucra aspectos que deben resolverse en el estudio del fondo del asunto, porque precisamente la litis a resolver implica ocuparse acerca de si mediante la emisi�n del t�tulo de concesi�n impugnado, se invade o se afecta la esfera competencial del Municipio actor que dice tener con apoyo en el convenio de coordinaci�n, lo que conlleva a determinar en d�nde se ubica el predio concesionado y la franja materia del citado convenio de coordinaci�n.

Adem�s, al indicarse por las partes que la zona concesionada en el t�tulo impugnado, y la transferida en el convenio de coordinaci�n, se trata del lecho de un r�o, debe invariablemente, desentra�arse los alcances de los art�culos constitucionales y legales que regulan la administraci�n de los cauces de los r�os, para determinar a qui�n le corresponde la administraci�n de dicha zona, lo que es una cuesti�n que tiene �ntima relaci�n con el fondo del asunto, porque la parte actora insiste en que a ella le concierne la administraci�n exclusiva del predio concesionado, de conformidad con el referido convenio de coordinaci�n.

Por otro lado, las demandadas plantean la causa de improcedencia relativa a que el acto controvertido no causa agravio o perjuicio directo o inmediato a la esfera jur�dica del Municipio actor, apoy�ndose en argumentos que, indiscutiblemente, miran al fondo de la cuesti�n planteada, al sostener que el t�tulo de concesi�n impugnado se emiti� conforme a las disposiciones legales aplicables y dentro del �mbito competencial de la Comisi�n Nacional del Agua, planteamientos que deben desestimarse por no poder servir de sustento para la actualizaci�n de la causa de improcedencia propuesta.

Finalmente, debe decirse que no se actualiza la causa de improcedencia planteada porque no es evidente su actualizaci�n, habida cuenta de que, por un lado, el convenio de coordinaci�n en que basa su derecho la parte actora, transfiere al Municipio actor, seg�n su cl�usula tercera, una superficie de: "... 17,800 metros lineales del cauce comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300 dentro de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, de acuerdo al estudio de demarcaci�n de la zona federal del r�o Santa Catarina de fecha febrero de 1996."; mientras que, por su parte, mediante el t�tulo de concesi�n impugnado, se otorga a un particular una superficie de "... 49,456.00 m2, colindancias 590 metros al norte con canal de estiaje r�o Santa Catarina, 630.00 metros al sur con Av. M.P., 32.00 metros al este con puente Guadalupe y 94.00 metros al oeste con terreno federal concesionado al parque F.."; por lo que, como se aprecia, la identidad o distinci�n de los predios, no es apreciable a simple vista, porque la extensi�n de uno de los predios est� expresada en metros lineales y el otro en metros cuadrados y, adem�s, uno se refiere a kil�metros y otro a metros; de lo que se sigue que no podr�a sobreseerse en el presente asunto so pretexto de que los predios son "evidentemente" distintos, siendo necesario el desahogo de una prueba pericial que resalte la ubicaci�n de los predios en cuesti�n y que sirva de apoyo para determinar la competencia de atribuciones que le corresponden a cada una de las partes en el presente juicio.

Aunado a lo anterior, tan no es "evidente" la causa de improcedencia planteada que, como se indica en el p�rrafo anterior, fue necesario el desahogo de una prueba pericial en materia de topograf�a para determinar el lugar exacto de los predios involucrados, e inclusive, mediante prove�do de veinticuatro de mayo de dos mil seis, el Ministro instructor en uso de sus facultades para decretar pruebas para mejor proveer, tuvo que ordenar la ampliaci�n de la prueba pericial en comento, solicitando a los peritos que: "... determinaran con precisi�n cu�l es el punto del r�o Santa Catarina que es el l�mite entre los Municipios de Guadalupe y Monterrey, ambos del Estado de Nuevo Le�n, marcando la zona lim�trofe en el plano correspondiente. Adem�s, que determinen, si les es posible, el �rea objeto de la concesi�n otorgada al ingeniero R.M. de la Garza." (folio 58 del tomo II); con lo que se demuestra que, la posible inviabilidad de la acci�n, no es ni remotamente manifiesta, adem�s de inmiscuir aspectos que involucran al fondo del asunto, por lo que como se ha venido se�alando, debe desestimarse la causa de improcedencia propuesta y analizar en el fondo la cuesti�n efectivamente planteada, acorde con el imperativo constitucional contenido en el art�culo 105, fracci�n I, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de salvaguardar los principios de federalismo y de divisi�n de poderes.

OCTAVO

Los conceptos de invalidez que plantea la actora en su demanda son, en s�ntesis, los siguientes:

  1. Que se transgrede en su perjuicio el art�culo 14 constitucional, porque la Comisi�n Nacional del Agua otorg� a un particular la concesi�n 06NVL114092/24EAGR04, para uso, servicios (multipista), por un plazo de diez a�os, con una superficie de 49,456.00 m2, la cual se ubica en una parte del territorio del Municipio actor, respecto de la que se tiene celebrado un convenio de coordinaci�n entre el referido Municipio y el Ejecutivo F. a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua dependiente de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de veinte de febrero de dos mil tres, sin que previamente se recibiera informaci�n a trav�s de la cual se notifique su conclusi�n, por lo que considera que no se le otorg� su garant�a de audiencia.

  2. Que se viola en su perjuicio el art�culo 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Comisi�n Nacional del Agua es incompetente para emitir el t�tulo de concesi�n cuya invalidez se reclama, en atenci�n a que el terreno materia de la concesi�n est� a cargo del Municipio actor por virtud del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, por lo que el �nico que se encuentra facultado para decidir sobre el uso que se le d� a ese predio es el propio Municipio.

  3. Que se trastoca en su perjuicio el art�culo 16 del Pacto F., porque el acto cuya invalidez se reclama, no est� debidamente fundado y motivado, en atenci�n a que los derechos de uso, administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento del terreno objeto de la concesi�n, est�n a cargo del Municipio actor y no de diversa autoridad.

  4. Que se viola el art�culo 115 constitucional, en atenci�n a que se atenta contra el Municipio Libre al desconocer el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, mediante el cual se le transfiri� para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento, el �rea territorial que ahora se le entrega a un particular por virtud del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, para uso, servicios (multipista), situaci�n que atenta el equilibrio ecol�gico, porque el lugar concesionado se trata del lecho de un r�o, el cual est� sujeto a contingencias naturales, las cuales no son posibles de regulaci�n espec�fica, por lo que su alteraci�n con la actividad humana trastoca su propio orden convirti�ndola en una zona de riesgo constante, lo que finalmente ocasiona que el Municipio actor no pueda cumplir con sus obligaciones relativas a crear y administrar reservas ecol�gicas.

    Por su parte, los conceptos de invalidez propuestos en la ampliaci�n de demanda son, sustancialmente, los siguientes:

  5. Que derivado de la existencia del convenio de coordinaci�n mediante el cual se le transfiri� al Municipio actor la administraci�n del predio que ahora se concesiona, las demandadas no tienen facultades para autorizar el uso de sueldo de dicho bien inmueble, por lo que al realizarlo, invaden el �mbito de sus atribuciones previstas en el art�culo 115, fracci�n V, incisos d) y f), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

  6. Que el director jur�dico del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, no tiene competencia para emitir el oficio de trece de octubre de dos mil tres, por el cual comunica al particular a quien se le otorg� la concesi�n cuya invalidez se reclama que, despu�s de haber revisado los l�mites territoriales del Municipio lleg� a la conclusi�n de que la primera etapa de la multipista se encuentra en el territorio de Monterrey, por lo que dejaba sin efectos la autorizaci�n administrativa de uso de suelo del dominio p�blico otorgada el veinticinco de junio de dos mil tres, respecto de la porci�n que se encontraba fuera de los l�mites del Municipio de Guadalupe.

    Que afirma lo anterior, en virtud de que al que le competen las funciones desplegadas en dicho oficio es al propio Municipio por conducto de su presidente, en conjunci�n con el secretario del Ayuntamiento.

    Como se aprecia, la litis se constri�e a determinar si con la expedici�n del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, de seis de mayo de dos mil cuatro, expedido por la Comisi�n Nacional del Agua, a favor de un particular para explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales a cargo de la indicada comisi�n, por una superficie de 49,456 metros cuadrados, se invade la esfera de atribuciones del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, que ejerce sobre la superficie materia del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, que comprende el tramo consistente en 17,800 metros lineales del cauce y zona federal adyacente al r�o Santa Catarina, comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300, dentro de los l�mites territoriales del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, celebrado entre el Municipio actor y el Ejecutivo F. a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua, cuyo objeto es transferir la indicada zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas propiedad de la Naci�n, al referido Municipio para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento.

    En este sentido, la materia del presente asunto tiene que ver con la administraci�n del cauce y ribera del r�o Santa Catarina, por lo que es conveniente que de manera primordial, se precise el marco constitucional que regula el tema que nos ocupa.

    Los p�rrafos quinto y sexto del art�culo 27 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se�alan:

    "Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

    "...

    "Son propiedad de la Naci�n las aguas de los mares territoriales en la extensi�n y t�rminos que fije (sic) derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formaci�n natural que est�n ligados directamente a corrientes constantes; las de los r�os y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aqu�llas en toda su extensi�n o en parte de ellas, sirva de l�mite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la l�nea divisoria de la Rep�blica; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, est�n cruzadas por l�neas divisorias de dos o m�s entidades o entre la Rep�blica y un pa�s vecino, o cuando el l�mite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la Rep�blica con un pa�s vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas mar�timas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensi�n que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el due�o del terreno, pero cuando lo exija el inter�s p�blico o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo F. podr� reglamentar su extracci�n y utilizaci�n y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las dem�s aguas de propiedad nacional. ...

    "...

    En los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, el dominio de la Naci�n es inalienable e imprescriptible y la explotaci�n, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podr� realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo F., de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotaci�n de los minerales ...

    Por su parte, el art�culo 73, fracciones XVII y XXIX, numeral 2o., del Pacto F., precisa:

    "El Congreso tiene facultad:

    "...

    "XVII. Para dictar leyes sobre v�as generales de comunicaci�n, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicci�n federal.

    "...

    "XXIX. Para establecer contribuciones:

    "...

    "2o. Sobre el aprovechamiento y explotaci�n de los recursos naturales comprendidos en los p�rrafos cuarto y quinto del art�culo 27. ..."

    De los preceptos antes transcritos, se desprende cu�les son las aguas de propiedad nacional, entre las cuales se encuentran las aguas de los r�os y sus afluentes directos o indirectos, as� como sus cauces, lechos o riberas y corrientes interiores en la extensi�n que fije la ley, que el Ejecutivo F. podr� otorgar concesiones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, mediante las cuales se autorice a los particulares la explotaci�n, el uso o aprovechamiento de los indicados recursos. Asimismo, que corresponde al Congreso de la Uni�n expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicci�n federal y establecer las contribuciones sobre el aprovechamiento y explotaci�n de los recursos naturales.

    Para el caso que interesa, debe ponerse de manifiesto que conforme al Diccionario de la Lengua Espa�ola, por cauce ha de entenderse: "Conducto descubierto o acequia por donde corren las aguas para riegos u otros usos"; por lecho: "Madre de un r�o, o terreno por donde corren sus aguas. Fondo del mar o de un lago" y; finalmente, por ribera: "Margen y orilla del mar o r�o. Por ext., tierra cercana a los r�os, aunque no est� a su margen".

    Por su parte, el Congreso de la Uni�n, en ejercicio de la facultad aludida, expidi� la Ley de Aguas Nacionales, en la que conforme al mandato constitucional regula lo concerniente al uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicci�n federal que, en la parte que interesa se�ala:

    "Art�culo 1o. La presente Ley es Reglamentaria del Art�culo 27 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden p�blico e inter�s social y tiene por objeto regular la explotaci�n, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribuci�n y control, as� como la preservaci�n de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable."

    "Art�culo 3o. Para los efectos de esta ley se entender� por:

    "I. ?Aguas nacionales?: las aguas propiedad de la Naci�n, en los t�rminos del p�rrafo quinto del art�culo 27 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

    "...

    "III. ?Cauce de una corriente?: el canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la creciente m�xima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes est�n sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de encauzamiento;

    "IV. ?Cuenca hidrol�gica?: el territorio donde las aguas fluyen al mar a trav�s de una red de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad aut�noma odiferenciada de otras, a�n sin que desemboquen en el mar. La cuenca, conjuntamente con los acu�feros, constituye la unidad de gesti�n del recurso hidr�ulico;

    "V. ?La comisi�n?: la Comisi�n Nacional del Agua, �rgano administrativo desconcentrado de la Secretar�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos;

    "...

    "VII. ?Persona f�sica o moral?: los individuos, los ejidos, las comunidades, las asociaciones, las sociedades y las dem�s instituciones a las que la ley reconozca personalidad jur�dica, con las modalidades y limitaciones que establezca la misma;

    "VIII. ?Ribera o zona federal?: las fajas de diez metros de anchura contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los dep�sitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de aguas m�ximas ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal ser� de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros. El nivel de aguas m�ximas ordinarias se calcular� a partir de la creciente m�xima ordinaria que ser� determinada por ?La comisi�n?, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta ley. En los r�os, estas fajas se delimitar�n a partir de cien metros r�o arriba, contados desde la desembocadura de �stos en el mar; ..."

    "Art�culo 4o. La autoridad y administraci�n en materia de aguas nacionales y de sus bienes p�blicos inherentes corresponde al Ejecutivo F., quien la ejercer� directamente o a trav�s de ?La comisi�n?."

    "Art�culo 9o. Son atribuciones de ?La comisi�n?:

    "I. Ejercer las atribuciones que conforme a la presente ley corresponden a la autoridad en materia hidr�ulica, dentro del �mbito de la competencia federal, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo F.;

    "...

    "V. Administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere el art�culo 113, y preservar y controlar la calidad de las mismas, as� como manejar las cuencas en los t�rminos de la presente ley;

    "VI. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidr�ulicas federales directamente o a trav�s de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones para el aprovechamiento integral del agua y la conservaci�n de su calidad;

    "VII. Expedir los t�tulos de concesi�n, asignaci�n o permiso a que se refiere la presente ley, reconocer derechos y llevar el Registro P�blico de Derechos de Agua; ..."

    "Art�culo 20. La explotaci�n, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas f�sicas o morales se realizar� mediante concesi�n otorgada por el Ejecutivo F. a trav�s de ?La comisi�n?, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta ley y su reglamento."

    "Art�culo 23. El t�tulo de concesi�n que otorgue la comisi�n deber� contener por lo menos los mismos datos que se se�alan en el art�culo 21.

    "En el correspondiente t�tulo de concesi�n o asignaci�n para la explotaci�n, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales, se autorizar� adem�s el proyecto de las obras necesarias que pudieran afectar el r�gimen hidr�ulico o hidrol�gico de los cauces o vasos de propiedad nacional o de las zonas federales correspondientes, y tambi�n, de haberse solicitado, la explotaci�n, uso o aprovechamiento de dichos causes, vasos o zonas."

    "Art�culo 113. La administraci�n de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de ?La comisi�n?:

    "I. Las playas y zonas federales, en la parte correspondiente a los cauces de corrientes en los t�rminos de la presente ley;

    "...

    "III. Los cauces de las corrientes de aguas nacionales;

    "IV. Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos o dep�sitos de propiedad nacional, en los t�rminos previstos por el art�culo 3o. de esta ley; ..."

    "Art�culo 117. Por causas de inter�s p�blico, el Ejecutivo F., a trav�s de ?La comisi�n?, podr� reducir o suprimir mediante declaratoria la zona federal de corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, as� como la zona federal de la infraestructura hidr�ulica, en las porciones comprendidas dentro del per�metro de las poblaciones.

    "Las entidades federativas y los Municipios o en su caso los particulares interesados en los terrenos a que se refiere este art�culo, deber�n realizar previamente las obras de control y las que sean necesarias para reducir o suprimir la zona federal.

    "?La comisi�n? podr� convenir con los gobiernos de las entidades federativas o Municipios, o en su caso con los particulares interesados, por asignaci�n o por subasta p�blica, que �stos se hagan cargo de la custodia, conservaci�n y mantenimiento de dichos bienes."

    "Art�culo 118. Los bienes nacionales a que se refiere el presente t�tulo cuya administraci�n est� a cargo de ?La comisi�n?, podr�n explotarse, usarse o aprovecharse, incluso los materiales de construcci�n localizados en los mismos, por personas f�sicas o morales, previas las concesiones que ?La comisi�n? otorgue para tal efecto. ..."

    Al respecto, debe ponerse en evidencia que la Ley de Aguas Nacionales transcrita, es la vigente con anterioridad a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de abril de dos mil cuatro, en virtud de que es con apoyo en dicha normatividad que se emiti� el t�tulo de concesi�n cuya invalidez se demanda, de conformidad con el art�culo d�cimo sexto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la referida ley, publicada en el �rgano informativo y fecha citados, cuyo tenor es: "Los procedimientos administrativos que se encuentren en tr�mite al momento de la entrada en vigor del presente decreto, se resolver�n en los t�rminos de la ley vigente con anterioridad al presente decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales."

    Lo anterior es as�, en virtud de que el procedimiento para obtener el t�tulo controvertido en esta instancia, se inici� el diez de octubre de dos mil tres, como se advierte del folio quinientos setenta y seis del primer tomo de autos, en el que se encuentra la solicitud presentada por el C.A.R.M. de la Garza ante la Comisi�n Nacional del Agua, para poder ocupar el cauce y zona federal del r�o Santa Catarina, en el Estado de Nuevo Le�n; por lo que al veintinueve de abril de dos mil cuatro, en que entraron en vigor las referidas reformas, dicho procedimiento se encontraba en tr�mite, porque culmin� hasta el seis de mayo del referido a�o, en que se emiti� el t�tulo de concesi�n que ahora se impugna.

    Precisado lo anterior, de las disposiciones transcritas se destaca lo siguiente:

  7. Que la Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del art�culo 27 constitucional en esa materia y tiene por objeto regular la explotaci�n, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribuci�n y control.

  8. Que las aguas nacionales son las referidas en el p�rrafo quinto del art�culo 27 constitucional, entre las cuales se encuentran los cauces, lechos y riberas de los r�os.

  9. Que la autoridad y administraci�n en materia de aguas nacionales y sus bienes p�blicos inherentes corresponden al Ejecutivo F., quien puede ejercerla directamente o a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua, a la que le corresponde administrar los cauces de las corrientes nacionales y las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos o dep�sitos de propiedad nacional.

  10. Que la amplitud de la ribera o zona federal, est� en relaci�n con el nivel de agua m�ximo del cauce de las corrientes.

  11. Que el Ejecutivo F. a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua, expedir� t�tulos de concesi�n para la explotaci�n, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes p�blicos inherentes, y que en dicho t�tulo se autorizar�, adem�s, el proyecto de las obras necesarias que pudieran afectar el r�gimen hidr�ulico o hidrol�gico de los cauces o vasos de propiedad nacional o de las zonas federales correspondientes, y tambi�n, de haberse solicitado, la explotaci�n, uso o aprovechamiento de dichos causes, vasos o zonas.

  12. Que la Comisi�n Nacional del Agua puede celebrar convenios de coordinaci�n con los Municipios, a trav�s de los Estados, para favorecer, en el �mbito de su competencia, la descentralizaci�n de la gesti�n de recursos h�dricos, mediante la delegaci�n de la custodia, conservaci�n y mantenimiento de las zonas federales de corrientes de agua.

    De lo anterior, se concluye que el uso o aprovechamiento de los cauces, lechos y riberas de un r�o corresponde originalmente a la Naci�n por conducto del Ejecutivo F., de manera que a �l le corresponde exclusivamente, en su esfera competencial, decidir sobre la zona en que se encuentran dichos cauces, lechos y riberas, conforme lo prev� la C.�n F..

    Adem�s, trat�ndose de cauces, lechos y riberas o zonas federales contiguas a los cauces de los r�os, por mandato constitucional, que reforma la legislaci�n secundaria, corresponde al Poder Ejecutivo F. su explotaci�n, uso o aprovechamiento, el cual puede concesionar a los particulares por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua, la que expedir� el t�tulo de concesi�n respectivo, de igual forma, se advierte que este �ltimo �rgano administrativo desconcentrado de la hoy Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, puede celebrar convenios de coordinaci�n con los Municipios, a trav�s de los Estados, para favorecer la descentralizaci�n de la gesti�n de recursos h�dricos.

    Apoya la anterior consideraci�n, por analog�a, la jurisprudencia P./J. 40/2006, sostenida por el Pleno de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 1483 del Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que indica:

    AGUAS DEL SUBSUELO. ES COMPETENCIA FEDERAL REGULAR SU EXPLOTACI�N, USO O APROVECHAMIENTO, INCLUYENDO SU EXTRACCI�N O DESCARGA. Los art�culos 27, quinto y sexto p�rrafos y 73, fracciones XVII y XXIX, inciso 2o., de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen cu�les son las aguas propiedad de la Naci�n; que las aguas del subsuelo podr�n alumbrarse libremente mediante obras artificiales y apropiarse por el due�o del terreno, pero cuando lo exija el inter�s p�blico el Ejecutivo F. podr� reglamentar su extracci�n y utilizaci�n, as� como establecer zonas vedadas; que el dominio de la Naci�n sobre las aguas es inalienable e imprescriptible y que su explotaci�n, uso o aprovechamiento por parte de particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, requerir� de concesi�n otorgada por el Ejecutivo F.; asimismo, que corresponde al Congreso de la Uni�n expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicci�n federal y establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotaci�n de ese recurso natural. Por su parte, dicho Congreso, en ejercicio de sus facultades, expidi� la Ley de Aguas Nacionales para regular dichos uso y aprovechamiento, cuyos art�culos 3o., 4o., y 91 determinan cu�les son las aguas residuales; que su administraci�n corresponde al Ejecutivo F., quien la ejercer� directamente o a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua, y que su recarga o infiltraci�n para recargar acu�feros requiere permiso de la Comisi�n y ajustarse a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se emitan. Atento a lo anterior, se concluye que es competencia federal regular la explotaci�n, uso o aprovechamiento de las aguas del subsuelo, incluyendo su extracci�n y descarga o infiltraci�n de aguas residuales para recargar acu�feros.

    Ahora bien, acerca de que la Federaci�n puede celebrar convenios de coordinaci�n con los Municipios para favorecer la descentralizaci�n de los recursos hidr�ulicos y toda vez que la parte actora hace depender su derecho de administraci�n sobre el predio objeto del t�tulo de concesi�n impugnado, precisamente, derivado de la celebraci�n de un convenio de coordinaci�n, debe tomarse en cuenta lo siguiente:

    El art�culo 115 constitucional, prev�:

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta C.�n otorga al gobierno municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado.

    "...

    "II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

    "...

    "III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    "a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

    "...

    "V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:

    "...

    "d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

    "...

    "f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

    "...

    "g) Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;

    "...

    "i) Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.

    En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios; ...

    De esta transcripci�n, se desprende lo siguiente:

    1. Que los Municipios ser�n gobernados por cuerpos colegiados denominados Ayuntamientos, electos de manera directa, los que tendr�n a su exclusivo cargo el ejercicio del gobierno municipal y que no existir� autoridad intermedia alguna entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado.

    2. Que los Municipios tienen personalidad jur�dica y pueden celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.

    3. Que en materia de servicios, tienen a su cargo, proporcionar a sus habitantes agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposici�n de aguas residuales.

    4. Que los Municipios tienen a su cargo, exclusivamente en su jurisdicci�n territorial, autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, as� como otorgar licencias y permisos para construcciones y participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en dicha materia.

      En relaci�n con el tema que nos ocupa, se afirma que los Municipios tienen competencia, exclusivamente en su jurisdicci�n territorial, para poder autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, lo que desde luego implica su facultad para decidir sobre el uso que se le pretenda dar, as� como autorizar o no la construcci�n de obras.

      De igual forma, si mediante la celebraci�n de un convenio se le transfieren al Municipio los derechos sobre la administraci�n y custodia de zonas federales debe igualmente aceptarse, que respecto de dicha zona puede autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, as� como decidir sobre el uso que se le pretenda dar y, en su caso, otorgar autorizaciones para construcci�n de obras, todo esto siempre y cuando se encuentre acorde con los t�rminos en que fue celebrado el convenio respectivo.

      Bajo este contexto, y antes de abordar la cuesti�n efectivamente planteada en la presente controversia constitucional, es conveniente recordar que la parte actora, Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, apoya su derecho para reclamar como parte del territorio de su administraci�n, el predio objeto del t�tulo de concesi�n impugnado, en un convenio de coordinaci�n celebrado entre el referido Municipio y el Ejecutivo F. a trav�s de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua, mediante el cual se le transfiri� para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento, la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, consistente en 17,800 metros lineales del cauce del r�o Santa Catarina, comprendiendo del kil�metro 20+500 al 38+300, dentro de los l�mites territoriales del indicado Municipio, de acuerdo con un estudio de demarcaci�n de zona federal del citado r�o, realizado en el mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.

      En relaci�n con tal convenio, la parte actora expresamente manifest� en los conceptos de invalidez de su escrito inicial de demanda, lo siguiente:

      "... Es necesario precisar se�ores Ministros que el convenio de coordinaci�n celebrado entre nuestra representada y la Comisi�n Nacional del Agua, en este momento, tiene plena vigencia y eficacia legal, ya que a la fecha ninguna de las dos causales que se se�alaron para que operara la terminaci�n del convenio y que son: A) la voluntad expresa de cualquiera de las partes, debiendo notificar por escrito a la otra por lo menos con 60 d�as naturales de anticipaci�n; y B) El caso fortuito y la fuerza mayor que ponga t�rmino al objeto del presente convenio de coordinaci�n; se ha actualizado.

      "...

      "As� las cosas, se determina que fueron transferidos por la Comisi�n Nacional del Agua para fines espec�ficos, las �reas del terreno que comprenden el lecho del r�o Santa Catarina, en el tramo comprendido a la altura del Municipio de Ciudad Guadalupe, Nuevo Le�n, por lo que siendo as�, el Municipio que representamos, es quien a partir del convenio de coordinaci�n es el titular de la administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento de la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional que se indicaron, quedando relevada para tales efectos la Comisi�n Nacional del Agua.

      "...

      "Existe el presupuesto legal de inicio, en donde se contiene la transmisi�n de la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y laguna de propiedad nacional para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento del r�o Santa Catarina, en los tramos de 17,800 metros lineales del cauce comprendido del kil�metro 20+5000 al 38+300 de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, a favor del Municipio. En dicho instrumento jur�dico, no se refiere en ninguno de sus apartados, un tiempo espec�fico de duraci�n del convenio, por lo que debe de entenderse por tiempo indefinido, s�lo refiere dos causales por las que se puede dar por terminado en forma anticipada el convenio, situaciones ambas que a esta fecha no se han concretizado. Adem�s la Comisi�n Nacional del Agua, en ning�n momento ha efectuado comunicaci�n alguna, a trav�s de la cual notifique la terminaci�n o conclusi�n del convenio ya tantas veces referido, por lo que no habiendo existido ninguno de los dos supuestos, ni resoluci�n judicial o administrativa que de fin a la vida del acto en cuesti�n, �ste se encuentra vigente y por consiguiente surtiendo los efectos legales consecuentes. ..."

      De la citada transcripci�n, se advierte de manera clara que, la parte actora apoya fundamentalmente su derecho para acudir a la presente instancia, en la circunstancia consistente en que tiene celebrado un convenio de coordinaci�n mediante el cual le fue otorgado para su administraci�n, guarda y custodia, una franja de terreno adyacente al r�o de Santa Catarina ubicado dentro de los l�mites territoriales del Municipio en comento.

      De acuerdo con lo anterior se deduce que no es motivo de litis en la presente instancia constitucional, la posible inconstitucionalidad del convenio de coordinaci�n celebrado el veinte de febrero de dos mil tres, en virtud de que precisamente escon base en dicho convenio, que la parte actora se apoya para afirmar que por virtud de la emisi�n del t�tulo de concesi�n impugnado, se est� invadiendo la esfera de competencia que tiene sobre el predio que le fue transferido para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento, al considerar que el indicado t�tulo decide sobre una parte del predio transferido.

      As�, la parte actora reconoce la validez del referido convenio de coordinaci�n en los t�rminos en que est� redactado debi�ndose tomar las afirmaciones antes transcritas como una confesi�n expresa que hace prueba plena de conformidad con los art�culos 199 y 200 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, seg�n lo prev� su art�culo 1o., porque se refieren a un hecho propio del Municipio actor, en el sentido de que celebr� el referido convenio estando de acuerdo en los t�rminos y bajo las condiciones ah� establecidas, pues as� se lee de la �ltima parte del indicado convenio en la que dice: "Le�do que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal de sus cl�usulas, las partes firman el presente convenio de coordinaci�n en dos ejemplares ...", sign�ndolo por parte del Municipio actor el presidente municipal, el secretario del Ayuntamiento y su s�ndico, sin que exista constancia alguna de la que se advierta que exista discusi�n alguna en contra de sus t�rminos.

      De la lectura del multicitado convenio, para el caso que interesa, destacan sus cl�usulas tercera y cuarta, que dicen:

      "Tercera. ?La comisi�n? proceder� a hacer la entrega a ?El Municipio? para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento de las zonas federales y los cauces, que conforme a la ley tiene bajo su administraci�n, custodia y vigilancia, en los tramos que se indican a continuaci�n:

      "17,800 metros lineales del cauce comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300 dentro de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, de acuerdo al estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina de fecha febrero de 1996.

      "Cuarta. ?La comisi�n? se compromete a:

      a) Transferir para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento a ?El Municipio? de las zonas federales de las corrientes como la administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento de los cauces y en los tramos que se indicaron en la cl�usula anterior. ...

      Las mencionadas cl�usulas establecen el predio objeto de la transferencia, el que se ubic� entre el kil�metro 20+500 hasta el 38+300, dentro de los l�mites territoriales del Municipio actor, utilizando como apoyo para su localizaci�n gr�fica, el estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina, realizado en el mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.

      De lo expuesto, se sigue que tampoco es materia de la presente litis constitucional, el predio que le fue transferido al Municipio actor, de conformidad con el indicado estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina, realizado en el mes de febrero de mil novecientos noventa y seis, pues en todo caso, dicha franja de terreno sirve de referencia para saber si el predio a que se refiere el t�tulo de concesi�n impugnado, se encuentra dentro, o se superpone a la porci�n materia del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres.

      Bajo estas consideraciones, con el objeto de que se centre debidamente la litis en el presente asunto y se resuelva la cuesti�n efectivamente planteada, deben desestimarse por inoperantes los argumentos de la parte actora planteados en su ampliaci�n de demanda que se encuentran encaminados a pretender restarle valor probatorio al estudio de demarcaci�n a que se refiere la cl�usula tercera del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, por haber sido elaborado por la gerencia regional r�o Bravo de la Comisi�n Nacional del Agua.

      Lo anterior, en virtud de que lo que plantea el Municipio actor en una parte de su ampliaci�n, es contradictorio con lo que propone en su escrito inicial de demanda, pues en �sta expresamente reconoce la validez y efectos jur�dicos del convenio de coordinaci�n en los t�rminos en que fue firmado, mientras que en la ampliaci�n de la demanda, pretende controvertir el apoyo documental bajo el cual se elabor� el referido convenio, situaci�n que como se indica, es discordante con la acci�n intentada.

      En efecto, porque lo que pretende el Municipio actor en una parte de su ampliaci�n, adem�s de impugnar las especificaciones del t�tulo de concesi�n, es tratar de controvertir la ubicaci�n del predio que le fue transferido mediante el convenio de coordinaci�n, situaci�n que, evidentemente, es distinta a la materia de la litis del presente asunto, que si bien tiene que ver con la ubicaci�n de un predio, es el que est� comprendido en el t�tulo de concesi�n impugnado y no as� el que fue transferido mediante el convenio en cita, respecto del cual es cierto que importa saber su ubicaci�n, pero s�lo como referencia para saber si el t�tulo controvertido decide sobre una parte del predio que le fue trasladado al Municipio, pues, se insiste, la acci�n intentada en la presente controversia tiene como fundamento la existencia del multicitado convenio y resultar�a il�gico que, en esta instancia, se controvirtiera precisamente el apoyo en que el actor basa su pretensi�n.

      Ante tal situaci�n, es evidente que los argumentos relacionados con el estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina, realizado por la Comisi�n Nacional del Agua en el mes de febrero de mil novecientos noventa y seis, que sirvi� de apoyo para la celebraci�n del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, en que basa su derecho el Municipio actor para instar la presente controversia, se encuentran dirigidos a controvertir un acto que no es el impugnado en la presente instancia y, por ende, deben desestimarse al ser, adem�s, contradictorios con la acci�n intentada.

      En efecto, porque la parte actora al ampliar su demanda, no se�al� espec�ficamente como uno de los actos cuya invalidez demande, el estudio de demarcaci�n citado, por lo que no lo incluy� en la litis del presente asunto.

      Adem�s, los argumentos en contra de tal estudio de demarcaci�n, planteados hasta la ampliaci�n de la demanda, devienen extempor�neos porque no es un hecho nuevo respecto del cual haya tenido conocimiento con motivo de la contestaci�n de la demanda, en virtud de que confiesa abiertamente que particip� activamente en la celebraci�n del convenio de coordinaci�n respectivo, por lo que es indudable que el Municipio actor conoc�a los t�rminos en que se oblig� y los documentos que sirvieron de soporte para la elaboraci�n del citado convenio y, por otra parte, el estudio de demarcaci�n tampoco constituye un hecho superveniente porque no se gener� ni surgi� a la vida jur�dica con posterioridad a la presentaci�n de la demanda, en virtud de que fue elaborado desde el mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.

      As� las cosas, cuando se advierte la existencia de argumentos contradictorios entre la demanda de controversia constitucional y su ampliaci�n, deben desestimarse los que no guarden relaci�n directa con el acto cuya invalidez se demanda y, una vez hecho lo anterior, corresponde a esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n determinar, efectivamente, la acci�n que se intenta en contra de las normas generales o actos precisos objetos de la controversia, en uso de las facultades que le confieren los art�culos 39, 40 y 41, fracci�n I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con la potestad que tiene para corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados, examinar en su conjunto los razonamientos de las partes con el objeto de resolver la cuesti�n efectivamente planteada, suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n o agravios y precisar las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciaci�n de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; lo anterior en virtud de que se est� en un juicio entre poderes, entes u �rganos que se precisan en la fracci�n I el art�culo 105 constitucional en el cual debe privilegiarse la salvaguarda del reconocimiento del federalismo y de la divisi�n de poderes prevista por el orden constitucional federal y, por ende, debe quedar bien precisada la materia que constituir� el estudio de fondo del asunto.

      Bajo este tenor, debe dejarse en claro, que la acci�n constitucional que se intenta, est� referida a resolver sobre la constitucionalidad �ntegra del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, de seis de mayo de dos mil cuatro, junto con sus anexos, espec�ficamente por cuanto se refiere al anexo 3.1, se�alado como acto impugnado en la ampliaci�n de la demanda.

      Precisado lo anterior, en virtud de que una de las cuestiones a resolver implica, saber a qui�n le corresponde la administraci�n del predio materia del t�tulo de concesi�n citado en el p�rrafo que precede, es necesario conocer su ubicaci�n exacta, en relaci�n con el predio materia del convenio de coordinaci�n en que se apoya el Municipio actor para acudir a la presente instancia; lo anterior, con el objeto de saber si la zona concesionada se encuentra dentro o se superpone con la zona que fue transferida mediante el indicado convenio.

      Por orden l�gico, es conveniente establecer, primeramente, cu�les fueron los t�rminos y los alcances del convenio de coordinaci�n en que el Municipio hace descansar su acci�n, en virtud de que el predio objeto del citado convenio es el que sirve de referencia para saber si el t�tulo controvertido decide sobre una parte de aqu�l.

      El Ejecutivo F., a trav�s de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua, y el Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, con la intervenci�n como testigo de honor del gobernador sustituto del indicado Estado, con fecha veinte de febrero de dos mil tres, celebraron un convenio de coordinaci�n, visible de folios catorce a veinticuatro de autos, del que se desprende, sustancialmente, lo siguiente:

      "Convenio de coordinaci�n que celebran, por una parte, el Ejecutivo F. a trav�s de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua, representada por su titular el C. Crist�bal Jaime J�quez, con la intervenci�n de los CC. M.A.C.S. y F.I.A.�n C.�s, subdirector general de administraci�n del agua y subdirector general t�cnico, respectivamente, y por la otra, el Municipio de Guadalupe del Estado de Nuevo Le�n, representado por los CC. I.eniero P.G.T.�o, A.R.�guez G.�a y L.. A.G.Z., en su car�cter de presidente municipal, secretario y s�ndico del Ayuntamiento respectivamente, a quienes en lo sucesivo se denominar� ?La comisi�n? y ?El Municipio? con el objeto de transferir la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas, de propiedad nacional, para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cl�usulas:

      "Antecedentes

      "...

      "2. El programa nacional hidr�ulico 2001-2006 se�ala que con el objeto de lograr una mayor efectividad en la aplicaci�n de los recursos destinados a la administraci�n del recurso hidr�ulico, ?La comisi�n? promover� la descentralizaci�n de funciones, programas y recursos hacia los gobiernos municipales.

      "Para lograrlo, es necesario fortalecer las bases de coordinaci�n entre la instancia federal y los Municipios para transferirles la custodia, vigilancia y conservaci�n de las zonas federales, y el cobro de los derechos que se causan por el uso y aprovechamiento de las zonas, a fin de volver m�s eficiente la respuesta a las demandas del sector, pues con ello se abre la oportunidad para que los Municipios atiendan con mayor agilidad los problemas de sus localidades.

      "...

      "5. De acuerdo con lo que establece el art�culo 113 de la citada ley, entre los bienes a cargo de ?La comisi�n? se encuentra la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, la que en t�rminos del precepto constitucional (sic) invocado y del diverso 117 de la ley de la materia, se encuentra facultada para convenir con los Municipios, su custodia, conservaci�n y mantenimiento.

      "6. Las indicadas zonas federales a cargo de ?La comisi�n? presentan caracter�sticas de longitud y superficie considerables, adem�s de no encontrarse dispersas en la geograf�a municipal, lo que dificulta a dicha autoridad su custodia, conservaci�n y mantenimiento, as� como la detecci�n de aquellos actos que contravienen a la legislaci�n vigente y por ello es de especial importancia el ejercicio de los actos citados ...

      "Declaraciones.

      "...

      "En virtud de lo anterior y con fundamento en los art�culos 27 y 115 fracciones II, III, V, inciso i), VI, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 22, 26 y 32 Bis de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F.; 1o. 4o., 5o., 9o., 12, 113 y 117 de la Ley de Aguas Nacionales; 1o., 4o., 14, fracciones I, IX y XV y 173 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1o., 3o., 5o., 7o. y 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente; 2o., fracci�n XXXI, ?a?; 19, fracci�n XXIII, 41, 42, 44, 45 fracciones I, III y VII, 47 y 51 del Reglamento Interior de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 118, 119, 120, 130, 132 y 133 de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le�n, 1o., 100, 101 y 115 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Le�n; 1o. 2o., 3o., 4o., 10, 26, 27, 31, 119 y 120 de la L.O.�nica de la Administraci�n Municipal del Estado de Nuevo Le�n, las partes convienen en celebrar el presente convenio de coordinaci�n al tenor de las siguientes:

      "Cl�usulas.

      "Primera. El objeto del presente convenio consiste en transferir a ?El Municipio? la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, que en el mismo se indican para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento.

      "Segunda. La realizaci�n de las acciones consideradas en el presente convenio de coordinaci�n, referentes a la transferencia de zonas federales para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento al Municipio de Guadalupe, tendr�n por objeto lo siguiente:

      "Administrar y custodiar la zona federal y la custodia, conservaci�n y mantenimiento de los cauces, para evitar invasiones por asentamientos humanos irregulares, as� como para la construcci�n de obras que modifiquen sus caracter�sticas hidr�ulicas de estos �ltimos.

      "Ejecutar acciones tendientes al aprovechamiento de las zonas federales en espacios de beneficio p�blico como son: parques y jardines, canchas deportivas, �reas culturales y recreativas, vialidades y otros, evitando la edificaci�n de toda clase de obras y construcciones definitivas, que puedan obstruir el flujo de las aguas, modificar el curso de las mismas o alterar en forma parcial o total las condiciones hidr�ulicas existentes en las corrientes, lagos o lagunas de propiedad nacional los que correspondan las zonas federales en administraci�n y custodia.

      "...

      "Tercera. ?La comisi�n? proceder� a hacer la entrega a ?El Municipio? para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento de las zonas federales y los cauces, que conforme a la ley tiene bajo su administraci�n, custodia y vigilancia, en los tramos que se indican a continuaci�n:

      "17,800 metros lineales del cauce comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300 dentro de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, de acuerdo al estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina de fecha febrero de 1996.

      "Cuarta. ?La comisi�n? se compromete a:

      "a) Transferir para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento a ?El Municipio? de las zonas federales de las corrientes como la administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento de los cauces y en los tramos que se indicaron en la cl�usula anterior.

      "...

      "D�cima. Son causas de terminaci�n del presente convenio de coordinaci�n:

      "a) La voluntad expresa de cualquiera de las partes, debiendo notificar por escrito a la otra por lo menos con 60 d�as naturales de anticipaci�n.

      "b) El caso fortuito y la fuerza mayor que ponga t�rmino al objeto del presente convenio de coordinaci�n.

      "En el caso de presentarse alguno de los supuestos que establece esta cl�usula, ?El Municipio? garantizar� plenamente que sean devueltas a ?La comisi�n?, las zonas federales que se entregaron para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento y el cauce que se transfiri� para su custodia, conservaci�n y mantenimiento.

      "...

      "Le�do que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal de sus cl�usulas, las partes firman el presente convenio de coordinaci�n en dos ejemplares en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n, el d�a 20 del mes de febrero del a�o dos mil tres.

      "...

      "Firmas ilegibles."

      De esta transcripci�n, se advierte que la Comisi�n Nacional del Agua en representaci�n del Ejecutivo F., celebr� un convenio de coordinaci�n con el Municipio actor, respecto de la zona federal adyacente a la corriente del r�o Santa Catarina, consistente en 17,800 metros lineales de su cauce, comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300 dentro de los l�mites del Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo Le�n, a fin de que este �ltimo ejerciera la administraci�n, guarda, custodia y conservaci�n de la indicada zona federal transferida, mediante la ejecuci�n de acciones tendientes a su aprovechamiento, en espacios de beneficio p�blico como parques, jardines, canchas, �reas culturales y recreativas, vialidades, etc�tera, siempre y cuando se evite toda construcci�n definitiva que pueda obstruir el flujo de las aguas, modificar el curso de las mismas o alterar en forma total o parcial las condiciones hidr�ulicas existentes.

      Asimismo, se sigue que, dentro de la esfera competencial del Municipio actor se encuentra la de decidir en relaci�n con la franja de terreno de la zona federal adyacente al cauce del r�o Santa Catarina, que se encuentra comprendida del kil�metro 20+500 al 38+300, con una extensi�n de 17,800 metros lineales, dentro de su territorio, en virtud de que esta zona federal le fue transferida para su administraci�n, guarda, custodia, conservaci�n y aprovechamiento, de conformidad con el aludido convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres.

      Tal facultad de decisi�n, se extiende al grado de autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo del predio transferido, as� como decidir sobre el uso que se le pretenda dar y, en su caso, otorgar autorizaciones para construcci�n de obras, siempre y cuando ellas no modifiquen las caracter�sticas hidr�ulicas de los cauces existentes.

      Por otra parte, el predio objeto del t�tulo de concesi�n impugnado, tiene como antecedente la solicitud presentada por el C.A.R.M. de la Garza, para ocupar el cauce y zona federal del r�o Santa Catarina, Estado de Nuevo Le�n, visible a folios quinientos setenta y seis a la quinientos noventa y cinco de los autos; as� como el permiso provisional de dos de marzo de dos mil cuatro, con vigencia hasta el trece de marzo de dos mil cinco, el cual est� agregado de folios cien a ciento cinco de autos, por el cual la Comisi�n Nacional del Agua autoriz� al mencionado C.A.R.M. de la Garza, la construcci�n de una pista de autos tipo "midget", en la berma de las avenidas del r�o Santa Catarina, en los l�mites delos Municipios de Monterrey y Guadalupe, en el Estado de Nuevo Le�n, documentos de cuya lectura se desprende:

      Solicitud para ocupar zona federal:

      "Comisi�n Nacional del Agua

      "Solicitud de servicios.

      "Anexo G. datos generales.

      "Persona f�sica.

      "A.R.M. de la Garza.

      "...

      "Datos sobre el tipo de obra:

      "Pista de autos tipo midgets.

      "...

      "Se encuentra ubicada en: cauce del r�o Santa Catarina hacia aguas arriba del puente Guadalupe, localidad Monterrey-Guadalupe Municipio: Monterrey-Guadalupe Estado: Nuevo Le�n.

      "...

      Firma ilegible.

      Permiso para construcci�n y modificaci�n de obras en zonas federales:

      "Permiso para construcci�n y modificaci�n de obras en zonas federales.

      "... se otorga permiso a

      "Nombre: A.R.M. de la Garza.

      "...

      "Obra: Pista de autos tipo ?midget?, en la berma de avenidas del r�o Santa Catarina, en los l�mites de los Municipios de Monterrey y Guadalupe, N.L.

      "Condiciones t�cnicas que deben cumplirse:

      "...

      "Otras condiciones t�cnicas: Que la gerencia regional verifique que: el proyecto se realice conforme a los planos del proyecto; no se realicen rellenos en las secciones transversales que disminuyan el �rea hidr�ulica del cauce; no se coloquen estructuras de car�cter permanente en la berma y cauce; las gradas se localicen en la ribera del r�o y sean del tipo desmontable; la zona no se utilice como estacionamiento o almacenaje de veh�culos; para la conformaci�n y afine de la pista se utilice material sano y sea compactado al 95% de la prueba pr�cor est�ndar en capas de 0.20 m, si se forma con material arcilloso o al 100% de la densidad relativa, en caso de emplear material producto de la excavaci�n del cauce, dejen el �rea hidr�ulica libre de material producto de la construcci�n de la pista y se cuente con un sistema de alertamiento para suspender su uso ante el pron�stico de lluvias fuertes en la cuenca alta del r�o; y colocar anuncios que indiquen que es una zona sujeta a inundaciones.

      "...

      "Ubicaci�n de la obra:

      "Nombre de la corriente o vaso: r�o Santa Catarina.

      "Afluente: r�o S.J..

      "Cuenca: bajo r�o Bravo.

      "Regi�n hidrol�gica No. 24 oriente bajo r�o Bravo.

      "Con declaraci�n de propiedad nacional No. publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha: sin declaratoria de propiedad nacional: ?la corriente o vaso antes mencionado, re�ne las condiciones para ser declarado como propiedad de la Naci�n, en t�rminos de lo dispuesto en el p�rrafo quinto del art�culo 27 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con el diverso 12, primer p�rrafo, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales?.

      "...

      "Obra comprendida en el tramo del km 19+900 a 20+100.

      "Municipios. Monterrey y Guadalupe.

      "Estado. Nuevo Le�n.

      "...

      "Vigencia del permiso:

      "1. Las obras deben concluirse antes del 13 de marzo de 2005, de acuerdo al plazo fijado por el propio permisionario, en el programa de obras presentado.

      "2. El permisionario se obliga a entregar un informe de avance de las obras cada un (sic) meses, hasta su total terminaci�n.

      "3. La vigencia del presente permiso es improrrogable y concluye el 13 de marzo de 2005.

      "...

      "Plano de zona en que se llevar�n a cabo las obras (folio ciento dos de autos).

      "...

      "El permisionario de obliga a:

      "...

      "6. Obtener, mediante la presentaci�n de este permiso ante la Subdirecci�n General de Administraci�n del Agua de la Comisi�n Nacional del Agua, el t�tulo de ocupaci�n de la zona federal y pagar los derechos que correspondan, conforme a la Ley F. de Derechos.

      "...

      Firmas ilegibles.

      El seis de mayo de dos mil cuatro, el C.A.R.M. de la Garza, obtuvo de la Comisi�n Nacional del Agua, el t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, que constituye el acto cuya invalidez se demanda en la presente controversia constitucional, en el que aparece, en lo que interesa, lo siguiente:

      "El Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua, que en lo sucesivo se denominar� ?la comisi�n?, con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 27, p�rrafo quinto, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Bis, fracciones V, XXIV, XXVI, XXXI y XXXIX de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F.; 2o., 40, 41, 42, 44, 45, 47, fracciones I y II, 48, fracciones I, II y III, 62, 65, fracci�n V, 104, fracci�n I y 107, fracci�n I, del Reglamento Interior de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 4o., 5o., 9o., fracciones I, IV, V, VI, VII y XVI, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, p�rrafo segundo, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 42, 43, 47, 49, 50, fracci�n II, 60, 65, 70, 77, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 102, 107, 109, 112, 113, fracciones IV y VII, 118, sexto transitorio, d�cimo primero transitorio y dem�s relativos de la Ley de Aguas Nacionales; 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 133, 135, 136, 139, 145, 151, 152, 157, 162, 164, 171, 172, 174 y 182 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1o., fracci�n III y IV, 4o., fracci�n I, 5o., fracciones IV, VII y XV, 118, fracciones IV y V, 119, fracci�n I, inciso A); 120, 121 y 122 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, 16, 20 y dem�s relativos y aplicables de la Ley General de Bienes Nacionales; y quinto transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica F. publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 30 de noviembre de 2000.

      "Otorga

      "T�tulo de concesi�n

      "N�mero 06NVL114092/24EAGR04

      "A: A.R.M. de la Garza, que en lo sucesivo se denominar� ?La concesionaria?, ...

      "...

      "Para explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales a cargo de la comisi�n por una superficie de 49,456.00 metros cuadrados, en los t�rminos de este t�tulo.

      "...

      "Monterrey, N.L., a 6 de mayo de 2004.

      Firma ilegible.

      Anexo 3.1.

      "Condiciones espec�ficas para la explotaci�n, uso o aprovechamiento de cauces, vasos, zonas federales o bienes nacionales a cargo de la comisi�n.

      "Nombre de la concesionaria: A.R.M. de la Garza.

      "T�tulo de concesi�n n�mero: 06NVL114092/24EAGR04

      "Primera. Especificaciones:

      "Cuenca. r�o B.J..

      "Regi�n hidrol�gica: r�o Bravo.

      "Entidad federativa: Nuevo Le�n.

      "Municipio o delegaci�n: Monterrey.

      "Localidad. Monterrey.

      "Coordinadas del centro de gravedad de la zona federal latitud 25�40�38.1" longitud 100�16�26.2".

      "Nombre de la corriente o vaso: r�o Santa Catarina.

      "Superficie, colindancias y descripci�n del �rea concesionada que aparece posteriormente o croquis que se anexa del lugar y �rea autorizada. Explotaci�n, uso o aprovechamiento objeto de la concesi�n. El terreno concesionado ser� para uso servicios (multipista).

      "Descripci�n de las obras aprobadas y, en su caso, plazo en que se deber�n construir, que aparece posteriormente.

      "Modalidades y condiciones t�cnicas y administrativas a las que se sujetar� la concesi�n.

      "Se otorga esta concesi�n para uso servicios (multipista) con una superficie de 49,456.00 m2 y por un plazo de 10 a�os.

      "...

      "Superficie colindancias y descripci�n de la zona federal.

      "Superficie 49,456.00 m2, colindancias 590 metros al norte con canal de estiaje r�o Santa Catarina, 630.00 metros al sur con Av. M.P., 32.00 metros al este con puente Guadalupe y 94.00 metros al oeste con terreno federal concesionado al parque F..

      "Superficie, colindancias y descripci�n del proyecto de obra autorizado.

      "La zona federal se encuentra ubicada en la margen derecha del r�o Santa Catarina, frente a la calle 2a. Privada de J., en el Municipio de Monterrey, N.L. ..."

      Este t�tulo est� visible en copia certificada, de folios noventa y cinco a la noventa y nueve de autos.

      De la solicitud para ocupar zonas federales, del permiso y el t�tulo de concesi�n antes transcritos, los que se refieren a un solo predio concesionado para ser utilizado como multipista, se desprende que la Comisi�n Nacional del Agua, otorg� autorizaci�n provisional y, posteriormente, t�tulo de concesi�n, a un particular respecto de una superficie consistente en 49,456.00 metros cuadrados, cuyas colindancias son 590 metros al norte con canal de estiaje del r�o Santa Catarina, 630.00 metros al sur con avenida M.P., 32.00 metros al este con puente Guadalupe y 94.00 metros al oeste con terreno federal concesionado al parque F., con el objeto de explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal, o bienes nacionales a cargo de la Comisi�n Nacional del Agua.

      Por estiaje, seg�n el Diccionario de la Lengua Espa�ola, debe entenderse: "Nivel m�s bajo o caudal m�nimo que en ciertas �pocas del a�o tienen las aguas de un r�o, estero, laguna, etc. por causa de la sequ�a".

      De igual forma, se advierte que se le autoriz� la realizaci�n de una obra en dicho predio, la cual est� comprendida en el tramo que va del kil�metro 19+900 al 20+100, ubicada en la margen derecha del r�o Santa Catarina, frente a la calle 2da. Privada de J., en el Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo Le�n.

      Finalmente, debe resaltarse que de la solicitud para ocupar zonas federales, se desprende que versa sobre el cauce del r�o Santa Catarina y, no menos importante dato es, que la obra respecto de la cual se pide su autorizaci�n est� "... hacia aguas arriba del puente de Guadalupe ..."; esto es, que si la corriente del indicado r�o corre de oeste a este, el predio en donde se ubica la obra, est� del lado oeste del citado puente.

      Para conocer la ubicaci�n exacta del predio materia del t�tulo de concesi�n impugnado, acabado de transcribir en sus partes medulares, la Comisi�n Nacional del Agua ofreci� la prueba pericial en materia de topograf�a con el objeto de: "... acreditar plenamente que los terrenos materia de la concesi�n no. 06NVL114092/24EAGR04, de fecha 6 de mayo de 2004, otorgada a favor del C.I.. A.R.M. de la Garza, son distintos a los previstos en el convenio de coordinaci�n de fecha 20 de febrero de 2003, celebrado por esta Comisi�n Nacional del Agua y el Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n ..." (folios doscientos ochenta y seis a la doscientos noventa y dos del tomo I del expediente en que se act�a).

      El cuestionario al tenor del cual se desahog� la prueba pericial ofrecida, es el siguiente:

      1) Que diga el perito, a cargo de qui�n est� la administraci�n y custodia de las aguas nacionales y los bienes nacionales inherentes a ellas; que precise el fundamento de su respuesta. 2) Que diga el perito, si es atribuci�n de la Comisi�n Nacional del Agua concesionar la explotaci�n, uso (o) aprovechamiento de los cauces, vasos y zona federal de las corrientes superficiales; que precise el fundamento de su respuesta. 3) Que determine el perito, en base a la documentaci�n que obra en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, si en ellos, existe en original o copia certificada de la solicitud de servicios presentada por el C.A.R.M. de la Garza ante la Comisi�n Nacional del Agua, para poder ocupar el cauce y zona federal del r�o Santa Catarina, en el Estado de Nuevo Le�n. 4) De ser afirmativa su respuesta anterior, que precise el perito la ubicaci�n f�sica de la concesi�n para ocupaci�n del terreno y zona federal, autorizada por la Comisi�n Nacional del Agua al C.A.R.M. de la Garza; que precise el fundamento de su respuesta. 5) Que determine el perito, en base a la documentaci�n que obra en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, si en ellos, existe el original o copia certificada del t�tulo de concesi�n emitido por la Comisi�n Nacional del Agua a favor del C.A.R.M. de la Garza, para ocupar el cauce y zona federal del r�o Santa Catarina en el Estado de Nuevo Le�n. 6) De ser afirmativa su respuesta anterior, que precise el perito la superficie concesionada al C.A.R.M. de la Garza, por parte de la Comisi�n Nacional del Agua, respecto del cauce y zona federal del r�o Santa Catarina, en el Estado de Nuevo Le�n; que precise el fundamento de su respuesta. 7) Que determine el perito, en base a la documentaci�n que obra en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, las colindancias del cauce y zona federal del r�o Santa Catarina, en el Estado de Nuevo Le�n, concesionada por la Comisi�n Nacional del Agua al C.A.R.M. de la Garza; que precise el fundamento de su respuesta. 8) Que precise el perito, en base a la documentaci�n que obra en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, el tramo del cauce y zona federal del r�o Santa Catarina, en el Estado de Nuevo Le�n, concesionado al C.A.R.M. de la Garza; que precise el fundamento de su respuesta. 9) Que determine el perito, en base a la documentaci�n que obra en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, el uso o aprovechamiento objeto de la concesi�n otorgada al C.A.R.M. de la Garza, respecto del cauce y zona federal del r�o Santa Catarina, en el Estado de Nuevo Le�n; que precise el fundamento de su respuesta. 10) Que precise el perito, en base a la documentaci�n que obra en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, si en ellos existe el permiso de construcci�n o modificaci�n de obras en el cauce y zona federal del r�o Santa Catarina, en el Estado de Nuevo Le�n, expedido por la Comisi�n Nacional del Agua a favor del C.A.R.M. de la Garza; que precise el fundamento de su respuesta. 11) Que determine el perito, en base a la documentaci�n que obra en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, si en ellos, existe el original o copia certificada del convenio de coordinaci�n celebrado por la Comisi�n Nacional del Agua y el Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo Le�n, respecto de la transferencia de la zona federal de 17,800 metros lineales del cauce comprendido del km. 20+500 al km. 38+300 dentro de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, de acuerdo al estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina; que precise el fundamento de su respuesta. 12) Que determine el perito, en base a la documentaci�n que obra en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, los tramos indicados en el convenio de coordinaci�n del 20 de febrero de 2003, que la Comisi�n Nacional del Agua transfiri� al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento; que precise el fundamento de su respuesta. 13) Que indique el perito, si en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, existe un plano topogr�fico de la franja de terreno de la zona federal transferida al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n; que precise el fundamento de su respuesta. 14) Que indique el perito, si en el expediente principal y cuadernos de pruebas presentadas por las partes, existe evidencia documental que permita identificar en un plano topogr�fico, la franja del cauce y de la zona federal del r�o Santa Catarina, concesionados al C.A.R.M. de la Garza; que precise el fundamento de su respuesta. 15) En base al contenido de las dos preguntas anteriores, que identifique el perito en el plano topogr�fico incluido en autos del juicio que nos ocupa, el cauce y la zona federal concesionados al C.A.R.M. de la Garza y el cauce y la zona federal transferida al Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo Le�n. 16) En base a su respuesta anterior, que determine el perito si la superficie concesionada por la Comisi�n Nacional del Agua al C.A.R.M. de la Garza, afecta el tramo del cauce y/o zona federal del r�o Santa Catarina transferido por la Comisi�n Nacional del Agua al Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo Le�n, mediante convenio de coordinaci�n de fecha 20 de febrero de 2003; que precise el fundamento de su respuesta. 17) De ser afirmativa su respuesta anterior, que identifique el perito en el plano topogr�fico incluido en los autos del juicio que nos ocupa, la superficie afectada al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n. 18) De la visita que realice al sitio controvertido, que verifique el perito en el plano topogr�fico a escala 1:5000 de fecha febrero de 2003, existente en autos del juicio que nos ocupa, los linderos de los pol�gonos topogr�ficos del cauce y zona federal concesionados al C.A.R.M. de la Garza y de la transferencia efectuada al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, al amparo del convenio de coordinaci�n del 20 de febrero de 2003. 19) Que determine el perito de qu� arte o conocimiento se vali� para emitir su dictamen; y 20) En base al contenido de sus respuestas, que el perito emita sus conclusiones.

      Ahora bien, se�alados los t�rminos y alcances tanto del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, como del t�tulo de concesi�n impugnado de seis de mayo de dos mil cuatro, deben de valorarse las pruebas ofrecidas en autos para establecer, primeramente, la ubicaci�n f�sica del predio transferido al Municipio por parte del Ejecutivo F., lo anterior dado que se reitera, es con base a que se tiene la administraci�n de dicho predio, que la parte actora apoya sus afirmaciones acerca de que con la emisi�n del acto controvertido se invade su esfera competencial, hecho lo cual, se determinar� el predio concesionado y, por �ltimo, se establecer� si le asiste o no la raz�n al Municipio actor, por cuanto sostiene que el predio concesionado se superpone al que le fue transferido.

      De los dict�menes periciales ofrecidos en el presente asunto, de folios cuatrocientos noventa y cinco a la quinientos tres el del perito del Municipio actor; de la quinientos siete a la quinientos trece el del perito oficial, y de la quinientos cincuenta y cuatro a la quinientos sesenta y nueve el de la perito de las demandadas, aparece en la parte que interesa, lo siguiente:

      Por cuanto se refiere a delimitar el predio transferido al Municipio actor por parte del Ejecutivo F. a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua, mediante convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, de los peritajes se obtuvo lo siguiente:

      Cuestionario:

      Pregunta 12. Que determine el perito ... los tramos indicados en el convenio de coordinaci�n de 20 de febrero de 2003, que la Comisi�n Nacional del Agua transfiri� al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n ...

      Respuesta del perito de la parte actora:

      S� existe en el convenio de coordinaci�n ... los tramos concesionados al Municipio... insisti�ndose de nueva cuenta que no existen f�sicamente mojoneras que se�alen el inicio del kilometraje ...

      Respuesta del perito de las demandadas:

      ... los tramos son 17,800 metros lineales del cauce comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300 dentro de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, de acuerdo al estudio de demarcaci�n de la zona federal del r�o Santa Catarina de fecha febrero de 1996. Lo anterior, como se acredita con el contenido de la cl�usula tercera del convenio de coordinaci�n ...

      Respuesta del perito oficial:

      ... los tramos indicados en el convenio de coordinaci�n del 20 de febrero de 2003, que la Comisi�n Nacional del Agua transfiri� al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, para su administraci�n, custodia y conservaci�n y mantenimiento, es de 17,800 metros lineales del cauce comprendido del km 20+500 al km 38+300 dentro de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, NuevoLe�n.

      Cuestionario:

      Pregunta 13. Que indique el perito ... si ... existe un plano topogr�fico de la franja de terreno de la zona federal transferida al Municipio de Guadalupe ...

      Respuesta del perito de la parte actora:

      S� existe de acuerdo a los planos que la Comisi�n Nacional del Agua acompa�ara al expediente.

      Respuesta del perito de las demandadas:

      ... s� existe el plano topogr�fico de la franja de terreno de la zona federal transferida al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, como se acredita con la copia del mismo, denominado Plano en el que se indica el tramo que se transfiere del cauce y zona federal del r�o Santa Catarina del kil�metro 20+500 al 38+300 al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, a escala 1:5000, de fecha febrero de 2003, del cual se incluye copia en el anexo cuatro del presente dictamen.

      Respuesta del perito oficial:

      "... s� existen tres planos escala 1:5000 realizados por la Comisi�n Nacional del Agua en el que se observa el tramo que se transfiere del cauce y zona federal del r�o Santa Catarina del kil�metro 20+500 al 38+300 del Municipio de Guadalupe ..."

      De las anteriores respuestas, se puede identificar el predio materia de la transferencia.

      As� es, dicho predio es una franja de 17,800 metros lineales, del cauce del r�o Santa Catarina, que se encuentra comprendido desde el kil�metro 20+500 al 38+300, dentro de los l�mites del Municipio actor, situaci�n que es aceptada por el perito de la parte demandada y el oficial, adem�s de que as� se desprende de la cl�usula tercera del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, en que la parte actora apoya su acci�n.

      Debe destacarse, que no crea convicci�n en este �rgano jurisdiccional lo se�alado por el perito de la parte actora, en el sentido de que no puede identificar el predio objeto de la transferencia, porque "... no existen f�sicamente mojoneras que se�alen el inicio del kilometraje ...", en raz�n de que es intrascendente que no haya podido identificar mediante su visita de reconocimiento el predio transferido, si existen por otra parte, planos topogr�ficos de los cuales se advierte el tramo que fue transferido por el Ejecutivo F. al Municipio actor, respecto de los cuales los dem�s peritos aceptan que se puede identificar plenamente el �rea transferida.

      En efecto, la circunstancia de que el perito de la parte actora no se haya podido identificar mediante su visita de reconocimiento el predio en comento, circunstancia que se debi� al fen�meno natural llamado "E." como se detallar� m�s adelante, no implica que deban desestimarse los planos existentes en autos.

      En este aspecto, por cuanto se refiere a la citada ubicaci�n f�sica del predio transferido, debe se�alarse que tomando como base la cl�usula tercera de dicho convenio, en el que se identifica el tramo federal objeto de la transferencia, en los siguientes t�rminos: "17,800 metros lineales del cauce comprendido del kil�metro 20+500 al 38+300 dentro de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo Le�n, de acuerdo al estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina de fecha febrero de 1996", se sigue que debe delimitarse a la luz del indicado estudio de demarcaci�n, porque as� fue pactado y aceptado en su momento por las partes que intervinieron en la celebraci�n del referido convenio.

      Dicho estudio de demarcaci�n, se encuentra en tres planos a escala 1:5000, visibles en original de folios ciento tres a ciento diez del tomo uno del presente expediente, y de cuya confrontaci�n con los diversos planos de desarrollo urbano de Guadalupe, Nuevo Le�n 2005-2025, que los peritos ofrecieron al ampliar sus respectivos dict�menes, los cuales hacen prueba plena al valorarse en t�rminos de los art�culos 197, 202 y 211 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la ley de la materia, por ser planos, todos ellos, elaborados por una dependencia oficial, se desprende que, el cauce y ribera del r�o Santa Catarina, de propiedad federal, transferido al Municipio actor, tomando como referencia la direcci�n de la corriente del agua del indicado r�o, que va de oeste a este, empieza del kil�metro 20+500, esto es, a partir de donde estuviera el puente Guadalupe, en el Municipio del mismo nombre, siguiendo al este por el indicado cauce, y terminando hasta el kil�metro 38+300 del Municipio de Guadalupe, esto es, hasta el l�mite territorial oriente del referido Municipio y donde comienza el Municipio de B.J.�rez, Nuevo Le�n.

      La franja antes definida se encuentra dentro de los l�mites territoriales del Municipio de Guadalupe, desde donde estuviera el puente Guadalupe, siguiendo por todo el cauce del r�o Santa Catarina, hasta donde comienza el Municipio de B.J.�rez.

      Asimismo, como se ha se�alado y debe destacarse por importar para la soluci�n de la presente controversia, el comienzo del predio transferido es el kil�metro 20+500 del cauce del r�o Santa Catarina, es decir, donde alguna vez estuviera el multicitado puente Guadalupe, a partir de ah�, al oriente, conforme a los planos del estudio de demarcaci�n de zona federal del citado r�o, correspondientes al mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.

      La anterior determinaci�n se realiza, sin perder de vista que los indicados planos del estudio de demarcaci�n fueron realizados por la Comisi�n Nacional del Agua; sin embargo, tal situaci�n no les resta valor probatorio para advertir d�nde se encuentra f�sicamente el predio objeto de la transferencia, habida cuenta de que fue con apoyo en dicho estudio, que se firm� el convenio de coordinaci�n en que la actora basa su pretensi�n en la presente instancia constitucional, de manera que desde que firm� ese convenio acept� los t�rminos y condiciones en que se realiz� la transferencia, conociendo desde aquel momento, que el predio que se le ced�a era el establecido en dichos planos.

      En este sentido, no puede ahora pretender desconocerse o controvertirse lo que en su momento acordaron las partes, situaci�n que ser�a il�gica con la acci�n intentada, m�xime si es con apoyo en dicho convenio en que basa su acci�n la parte actora, adem�s, de que no es tema de la presente litis resolver sobre si el indicado estudio de demarcaci�n en que se apoyaron las partes para firmar el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, est� o no acorde a derecho.

      Finalmente, debe ponerse de relieve que tales planos relativos al estudio de demarcaci�n de la zona federal del r�o Santa Catarina, fueron realizados en el mes de febrero de mil novecientos noventa y seis, esto es, con anterioridad a la instauraci�n del presente juicio, por lo que este �rgano jurisdiccional al otorgarle pleno valor probatorio, no est� favoreciendo a una de las partes por la simple circunstancia de que provienen de una de ellas, a saber, de la parte demandada, en virtud de que dichos planos no se realizaron con motivo de los peritajes ofrecidos en autos, sino que, se insiste, fueron realizados para apoyar el convenio de coordinaci�n en el cual el Municipio actor hace descansar su acci�n.

      Por otra parte, previo a determinar la ubicaci�n del predio concesionado, y para mejor entendimiento del asunto, debe destacarse que existen en autos diversas pruebas que demuestran lo dif�cil que fue realizar los dict�menes periciales por cuanto a identificar mediante una inspecci�n de reconocimiento, los predios involucrados en la presente controversia.

      Cierto, la parte actora mediante escrito recibido en este Alto Tribunal, el tres de agosto de dos mil cinco, ofreci� diversas documentales en copia simple respecto de m�ltiples notas period�sticas (folios cuatrocientos cuarenta y siete a cuatrocientos ochenta y uno), las cuales se valoran en t�rminos del art�culo 207 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, de las que se advierte que, el fen�meno meteorol�gico denominado hurac�n "E., destruy� gran parte de la zona en donde se ubican los predios de los que se habla en este juicio, inclusive hasta el grado de colapsarse el puente Guadalupe.

      Tal informaci�n se adminicula y, por ende, se corrobora, con los dict�menes periciales del perito oficial y de la parte demandada, de cuyos anexos visibles de folios quinientos quince a quinientos treinta y uno, y de la seiscientos siete a la seiscientos doce del primer tomo del juicio, respectivamente, se advierten diversas impresiones fotogr�ficas que muestran el grave da�o que ocasion� "E. a la zona en que se ubican los predios involucrados en la presente controversia, destruyendo como se ha se�alado, inclusive el puente Guadalupe que une a los Municipios de Monterrey y Guadalupe, delimitados por el r�o Santa Catarina, y que se encuentra ubicado en el kil�metro 20+500 del cauce del referido r�o, como se advierte de los planos a escala 1:5000, visibles en original de folios ciento tres a ciento diez del tomo uno del presente expediente, del estudio de demarcaci�n de la zona federal del r�o Santa Catarina, del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.

      Es por ello, que independientemente de que los peritos hayan podido o no identificar mediante su visita de reconocimiento, la ubicaci�n espec�fica de los predios involucrados en el presente juicio, esto es, con mojoneras o puntos visibles de referencia, tal situaci�n no es un motivo para desestimarlos, en tanto que el impedimento que tuvieron tiene una justificante v�lida por circunstancias naturales e impredecibles, adem�s, de que eso no impide identificar los referidos predios mediante los planos topogr�ficos correspondientes, pues su deterioro por las inclemencias naturales no ocasiona su desaparici�n al tratarse de zonas prediales, esto es, pertenecientes al suelo.

      Sentado lo anterior, por lo que se refiere a identificar el predio objeto del t�tulo de concesi�n impugnado, de los dict�menes periciales existentes en autos se desprende lo siguiente:

      Cuestionario:

      Pregunta 3. Que determine el perito ... si ... existe en original o copia certificada la solicitud presentada por el C.A.R.M. de la Garza ante la Comisi�n Nacional del Agua, para poder ocupar el cauce y zona federal del r�o Santa Catarina, en el Estado de Nuevo Le�n.

      Respuesta perito de la parte actora:

      No se ubica dentro del expediente ...

      Respuesta del perito de las demandadas:

      ... s� existe copia certificada de la solicitud de servicios presentada por el C.A.R.M. de la Garza ante la Comisi�n Nacional del Agua, para poder ocupar el cauce y zona federal del r�o Santa Catarina ...

      Respuesta del perito oficial:

      ... existe copia certificada de la solicitud presentada por el C.A.R.M. de la Garza ante la Comisi�n Nacional del Agua, para poder ocupar el cauce y zona federal del r�o Santa Catarina ...

      En relaci�n con esta pregunta, debe decirse que la indicada solicitud realizada por el particular, se encuentra visible de folios quinientos setenta y seis a la quinientos noventa y cinco, de los autos de esta controversia, por lo que es claro que debe desestimarse en este aspecto lo respondido por el perito de la parte actora.

      De la lectura de la referida solicitud, se advierte lo siguiente:

      "Comisi�n Nacional del Agua

      "Solicitud de servicios.

      "Anexo G. datos generales.

      "Persona f�sica.

      "A.R.M. de la Garza.

      "...

      "Datos sobre el tipo de obra:

      "Pista de autos tipo midgets.

      "...

      "Se encuentra ubicada en: cauce del r�o Santa Catarina hacia aguas arriba del puente Guadalupe, localidad Monterrey-Guadalupe Municipio: Monterrey-Guadalupe Estado: Nuevo Le�n.

      "...

      Firma ilegible.

      Continuando con el estudio de la prueba pericial se desprende:

      Cuestionario:

      Pregunta 4. De ser afirmativa su respuesta anterior, que precise el perito la ubicaci�n f�sica de la concesi�n para ocupar el terreno y zona federal, autorizada por la Comisi�n Nacional del Agua ...

      Respuesta perito de la parte actora:

      ... en el expediente s� aparece el t�tulo de concesi�n que la Comisi�n Nacional del Agua otorgara en fecha 6 de mayo del 2004 al C.A.R.M. de la Garza, y en dicho documento, se expresa la ubicaci�n f�sica de la concesi�n de referencia, siendo �sta para la explotaci�n, aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales a cargo de la comisi�n con una superficie de 49,456.00 metros cuadrados, con las siguientes colindancias: 590.00 metros al norte con canal de estiaje r�o Santa Catarina, 630.00 metros al sur con avenida M.P., 32.00 metros al este con puente Guadalupe y 94.00 metros al poniente con terreno concesionado al parque F. ...

      Respuesta del perito de las demandadas:

      ... La zona federal concesionada con un �rea de 49,456.00 m2, se ubica f�sicamente en la margen derecha del r�o Santa Catarina, frente a la calle 2a. privada de J., en el Municipio de Monterrey, Nuevo Le�n, con las siguientes medidas y colindancias: 590.00 metros al norte con canal de estiaje, 630.00 metros al sur con avenida M.P., 32.00 metros al este con puente Guadalupe. 94.00 metros al poniente con terreno federal concesionado al parque F. ...

      Respuesta del perito oficial:

      ... la concesi�n que ocupa la zona federal se encuentra ubicada en la margen derecha del r�o Santa Catarina, frente a la calle 2a. Privada de J.�nez en el Municipio de Monterrey, N.L.

      Relacionando las anteriores respuestas, con lo establecido en el t�tulo controvertido, se llega a la convicci�n de que el predio objeto de concesi�n es una superficie total de 49,456.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias:

    5. 590.00 metros al norte con canal de estiaje r�o Santa Catarina,

    6. 630.00 metros al sur con avenida M.P.,

    7. 32.00 metros al este con puente Guadalupe y,

    8. 94.00 metros al poniente con terreno concesionado al parque F..

      En los dict�menes periciales tambi�n se destacan los siguientes elementos:

      Cuestionario:

      Pregunta 8. Que precise el perito, en base a la documentaci�n que obra en el expediente principal y cuadernos de pruebas ofrecidos por las partes, el tramo del cauce y zona federal del r�o Santa Catarina ... concesionado ...

      Respuesta del perito de la parte actora:

      ... la superficie concesionada no es clara, ya que no existen datos t�cnicos tales como distancias o coordenadas que nos puedan determinar con precisi�n el tramo concesionado ...

      Respuesta del perito de las demandadas:

      ... se determina que el tramo del cauce y zona federal ... concesionado ... es el comprendido entre las siguientes medidas y colindancias: 590 metros al norte con canal de estiaje. 630 metros al sur con avenida M.P.. 32 metros al este con puente Guadalupe. 94 metros al oeste con terreno federal concesionado al parque F.. ... en la visita de reconocimiento realizada por la suscrita el d�a 25 de agosto de 2005 al sitio controvertido, se verific� que las citadas medidas y colindancias se ubican entre el km. 19+900 y el km 20+500 del cadenamiento de la margen derecha del cauce del r�o Santa Catarina, y que la obra de construcci�n de la pista de autos tipo ?midget?, queda comprendida en el tramo del km 19+900 al km 20+100, como se acredita con el contenido del permiso para construcci�n o modificaci�n de obras en zonas federales, de fecha 2 de marzo de 2004, del cual se incluye copia en el anexo siete del presente dictamen y en forma gen�rica con el pol�gono en color anaranjado indicado en el plato topogr�fico a escala 1:5000, incluido en el anexo cuatro ...

      Respuesta del perito oficial:

      "... no se identifica la superficie concesionada ..."

      Debido a lo importante de esta pregunta y como con las pruebas existentes en autos los peritos no pudieron dar una respuesta �ptima, mediante prove�do de veinticuatro de mayo de dos mil seis, el Ministro instructor ampli� el peritaje, y solicit� a los peritos que: "... determinen, si les es posible, el �rea objeto de la concesi�n ..." (folios cincuenta y ocho del tomo II del expediente en que se act�a).

      En respuesta a lo solicitado, los peritos de las partes y el oficial realizaron los planos respectivos del �rea objeto de la concesi�n, visibles a folios ciento trece, ciento dieciocho y ciento veinticinco del segundo tomo del expediente que se resuelve.

      El perito de la parte actora precis�:

      "Al respecto, me permito informar a usted, que el l�mite existente entre los Municipios de Guadalupe y Monterrey, ambos en el Estado de Nuevo Le�n, se encuentra determinado a la altura de la calle Guadalupe, lo anterior seg�n se desprende del plano correspondiente al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n 2005-2025, informaci�n que me fuera proporcionada por el C. L.enciado F�lix C�sar S.M., s�ndico segundo del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n. Siendo importante referir que dicho plan municipal fue debidamente publicado en el peri�dico oficial, por lo cual corresponde ser un documento oficial con la vigencia y autenticidad debida, toda vez que me fue proporcionado en copia certificada ante el secretario del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, as� como del plano en que se contienen los l�mites municipales que se solicitan, documento en cual (sic) constituye parte integra del plan parcial enunciado.

      En esta ordenanza de ideas, se elabora por parte del suscrito, el plano correspondiente en donde se delimitan expl�citamente ambos Municipios, documento ilustrativo que adem�s especifica el �rea que le fuera concesionada al ingeniero A.R.M. de la Garza, por parte de la Comisi�n Nacional del Agua, lugar en donde el profesionista de referencia construyera la multipista que en la propia concesi�n de la dependencia federal se expresa.

      Por su parte, la perito de la parte demandada se�al�:

      "... conforme a la informaci�n cartogr�fica y geoestad�stica digitalizada obtenida del Instituto Nacional de Estad�stica Geograf�a e Inform�tica (INEGI), autoridad en materia de informaci�n geogr�fica nacional y la ortofotodigital con clave G14C26A, obtenida del mismo instituto, se remite el plano incluido en el anexo cuatro del presente escrito, elaborado por la suscrita con el software denominado ?AERC VIEW GIS versi�n 3.2?, utilizado para sistemas de informaci�n geogr�fica, en el que se indica en color rojo los l�mites municipales de Guadalupe y Monterrey, del Estado de Nuevo Le�n, en color azul el cauce del r�o Santa Catarina, que es el l�mite entre ambos Municipios y en color azul marino el �rea de la zona federal concesionada por la Comisi�n Nacional del Agua al C.A.R.M. de la Garza, con una superficie de 49,456.00 m2 comprendida entre las siguientes medidas y colindancias:

      "590 metros al norte con canal de estiaje.

      "630 metros al sur con avenida M.P..

      "32 metros al este con puente Guadalupe.

      "94 metros al oeste con terreno federal concesionado al parque F..

      "...

      Es de se�alar a su se�or�a, que el �rea concesionada al C.A.R.M. de la Garza, se ubica en los dos Municipios que nos ocupa, como se indica con el pol�gono en color azul marino en el plano incluido en el anexo cuatro; sin embargo, es de destacarse que, independientemente que el �rea concesionada en controversia se localiza en territorio de ambos Municipios, la misma tambi�n se encuentra dentro de la zona federal del r�o Santa Catarina conforme al plano del estudio de demarcaci�n de zona federal del cauce del r�o Santa Catarina, realizado por la Comisi�n Nacional del Agua de diciembre de 1994 a febrero de 1996, integrado en los autos de la controversia que nos ocupa ...

      Finalmente el perito oficial indic�:

      "Para dar respuesta a la primer pregunta, me apoye en el plano del plan de desarrollo urbano de G.N. 2005-2025, escala 1:20,000, as� comodel plano parcial del plan de desarrollo urbano de G.N.L.2., sin escala del �rea donde se ubica el inmueble, ambos planos certificados por el secretario del R. Ayuntamiento de Cd. Guadalupe, Nuevo Le�n, ingeniero I.R.�guez Z��iga, de fecha 16 de agosto del 2006.

      "En estos planos se observa en color magenta el lindero del Municipio de G.N., que en la zona de inter�s, se indica sobre de (sic) calle Guadalupe esquina con F.S., en l�nea recta pasando por calle F., calle 1a. Privada de J.�nez, C. 2a. Privada de J.�nez, Av. Dr. I.M.P., parte del �rea concesionada hasta hacer intersecci�n con el r�o de Santa Catarina.

      "En el plano anexo PT-02.1 del levantamiento topogr�fico realizado en el �rea concesionada se indica una l�nea en color magenta el lindero entre el Municipio de Guadalupe y el Municipio de Monterrey, esto de acuerdo a los planos certificados antes mencionados, el lindero va sobre la calle de Guadalupe en l�nea recta pasando por la calle F., C. 1ra. Privada de J.�nez, C. 2a. Privada de J.�nez, Av. Dr. I.M.P., del �rea concesionada hasta hacer intersecci�n con el r�o de Santa Catarina.

      "La l�nea en color azul nos indica el �rea concesionada que se encuentra dentro del Municipio de G.N., siendo esta de 44,510.091 m2.

      "La l�nea en color rojo nos indica el �rea concesionada que se encuentra dentro del Municipio de Monterrey N.L., siendo esta de 3,998.334 m2.

      "Para dar respuesta a la segunda pregunta se anexa el plano PT-01.1 del levantamiento topogr�fico realizado actualmente en el �rea concesionada y esta se indica en el plano con una l�nea perimetral en color naranja, dando una superficie total de 48,508.43 m2, contando con las siguientes colindancias:

      "Al norte: Con r�o Santa Catarina.

      "Al sur: Con avenida M.P..

      "Al este: Con puente Guadalupe.

      "Al oeste: Con parque F., actualmente delimitado con malla cicl�nica. ..."

      Del an�lisis de los planos ofrecidos por los peritos en sus respectivas ampliaciones, se deduce que los tres especialistas coinciden en que el �rea concesionada se encuentra una parte en el Municipio de Monterrey y, otra en el Municipio de Guadalupe, existiendo divergencia para establecer cu�l es el punto espec�fico del l�mite territorial entre estos dos Municipios, situaci�n que no trasciende de modo relevante en el presente juicio porque no se est� resolviendo un conflicto de l�mites, de manera que establecer el punto espec�fico de la demarcaci�n territorial entre estos dos Municipios para determinar la ubicaci�n del predio concesionado, no es relevante en la presente instancia, porque independientemente de cual sea, lo cierto es que los tres peritos coinciden en que el predio concesionado est� ubicado en los dos Municipios en comento.

      Lo afirmado en el p�rrafo que precede se ve corroborado con el oficio de once de octubre de dos mil tres, signado por el director jur�dico municipal del Municipio de Guadalupe, dirigido al ingeniero A.R.M. de la Garza, mediante el cual se le indica que: "... una vez revisados los l�mites territoriales de nuestro Municipio, se lleg� a la conclusi�n, de que la primera etapa de la citada multipista se encuentra en territorio del Municipio de Monterrey, N.L., lo anterior de conformidad a la propuesta hecha por esta municipalidad y adem�s que el convenio de coordinaci�n celebrado con la Comisi�n Nacional del Agua s�lo nos autoriza el uso, goce y disfrute de la zona adyacente al r�o Santa Catarina en su trayecto por este Municipio, por lo que queda sin efectos lo correspondiente a la primera etapa." (folio ciento seis del expediente en que se act�a).

      De este modo, advirtiendo que el predio concesionado est� en los dos Municipios, poco importa saber cu�l es el l�mite territorial exacto entre ellos, porque la litis en el presente juicio no se centra en resolver si el indicado predio est� total o parcialmente en cualquier parte del territorio del Municipio actor, sino en determinar si el predio concesionado se refiere, concretamente, a una parte del que le fue transferido con motivo del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, franja de terreno que, como ya qued� establecido anteriormente en la presente ejecutoria, est� perfectamente delimitada dentro de los l�mites territoriales del Municipio actor, a partir de donde estuviera el puente Guadalupe, siguiendo por el cauce del r�o Santa Catarina, hacia el este, siguiendo la corriente de agua, hasta llegar al l�mite del otro extremo del Municipio actor y en donde comienza el territorio del diverso Municipio de B.J.�rez, Nuevo Le�n.

      Igualmente, de la apreciaci�n de los planos que se acompa�an a los tres dict�menes ampliados, despunta que todos los peritos coinciden en se�alar que la extensi�n del predio concesionado inicia por su lado oeste con el Municipio de Monterrey, y culmina en su lado este con el puente Guadalupe que se encuentra dentro del territorio del Municipio actor. De lo que se sigue que apreciando dicho predio en contraflujo de la corriente del r�o Santa Catarina, inicia desde el kil�metro 20+500 y regresando hacia el oeste en contraflujo de la corriente indicada, terminando en el diverso Municipio de Monterrey.

      Por cuanto a la identificaci�n f�sica del predio concesionado, debe destacarse que de los dict�menes periciales que obran en autos, tanto los iniciales como los ampliados, no se advierte que los peritos hayan podido identificar concretamente mediante visita de reconocimiento el predio concesionado, situaci�n que se debi� a que el fen�meno natural denominado "E., afect� la zona en la que se ubica el citado predio; sin embargo, topogr�ficamente mediante los planos correspondientes, s� lograron ubicar la regi�n concesionada e inclusive, de modo general, los peritos de la parte demandada y el oficial tomaron impresiones fotogr�ficas del predio concesionado, como se advierte de folios quinientos quince a quinientos treinta y uno, y de la seiscientos siete a la seiscientos doce del primer tomo del juicio, de cuya apreciaci�n se advierte que fue afectado por el hurac�n "E., lo que crea convicci�n en el �nimo de este �rgano jurisdiccional, valorando la prueba pericial desahogada en autos, en t�rminos del art�culo 211 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, acerca del lugar exacto del predio objeto del t�tulo de concesi�n impugnado.

      En efecto, porque adminiculando las fotograf�as y los planos que acompa�aron los peritos a sus dict�menes, con el contenido del t�tulo de concesi�n impugnado, y el permiso provisional de dos de marzo de dos mil cuatro, este �ltimo documento que no fue objetado por la parte quejosa y que, por ende, junto con sus anexos constituye una admisi�n ficta de lo ah� establecido, en t�rminos de lo que prev�n los art�culos 201 y 205 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la ley de la materia, se desprende que el predio concesionado cuyas medidas y colindancias ya quedaron establecidas, est� ubicado al margen derecho del r�o Santa Catarina, esto es, en su cauce y ribera, situaci�n que se confirma, adem�s, con las impresiones fotogr�ficas que el perito oficial y el perito de las demandadas acompa�an a sus dict�menes, de las que se advierte que la zona concesionada fue afectada por la corriente del r�o Santa Catarina, debido al fen�meno meteorol�gico denominado hurac�n "E., que incluso ocasion� el derrumbe del puente Guadalupe, ubicado en el Municipio del mismo nombre, por lo que si bien como se indica, el predio concesionado est� al margen derecho del r�o Santa Catarina, colindando al norte con el canal de estiaje del indicado r�o, es decir, con el nivel m�s bajo del caudal de agua del referido r�o en �poca de sequ�a, lo cierto es que, en �poca de lluvia, el indicado predio se convierte en cauce y ribera del r�o crecido, tan es as�, que fue afectado por la corriente del citado r�o.

      Ahora bien, tomando como referencia que todos los peritos aceptan en sus planos topogr�ficos que el predio concesionado est� al lado oeste de donde estuviera el puente Guadalupe, y que regresando a contracorriente del cauce del r�o Santa Catarina, encuentra su l�mite con un terreno federal concesionado al parque F., en concordancia con las medidas y colindancias previstas en el t�tulo de concesi�n impugnado, lo que se adminicula con el plano anexo al permiso para construcci�n y modificaci�n de obras en zonas federales, visible a folios ciento dos de autos, as� como con el estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis, se concluye que el referido predio concesionado est� ubicado en el cauce y ribera del referido r�o, tomando como referencia la direcci�n en que corre el agua, de oeste a este, en 94.00 metros con terreno del parque F., en el Municipio de Monterrey, esto es, a partir del kil�metro 19+900 del cauce del referido r�o, en dicho Municipio, siguiendo por el indicado cauce, y terminando hasta el kil�metro 20+500, en el Municipio de Guadalupe, donde estuviera el puente Guadalupe, con el cual colinda con 32.00 metros al oriente; teniendo, adem�s, como l�mite sur la avenida M.P., que atraviesa los Municipios de Monterrey y de Guadalupe y como l�mite norte el canal de estiaje del referido r�o, es decir, el nivel m�s bajo del caudal de agua del r�o en �poca de sequ�a, el cual igualmente se encuentra ubicado en los Municipios de Monterrey y de Guadalupe.

      Tal ubicaci�n se corrobora, si se toma en cuenta que la obra que fue autorizada dentro del predio concesionado, mediante el t�tulo de concesi�n impugnado, est� en la margen derecha del r�o Santa Catarina, frente a la calle 2a. Privada de J., como se indica en el propio t�tulo y se aprecia gr�ficamente en el permiso para construcci�n y modificaci�n de obras en zonas federales (folios cien de autos).

      Esta obra tambi�n fue expresada gr�ficamente por el perito oficial en los planos que ofreci� visibles a folios quinientos catorce, del primer tomo, ciento veintisiete y ciento veintiocho del segundo tomo del expediente en que se act�a.

      A su vez, el perito de la parte demandada afirm� en todo momento que el predio concesionado est� frente a la calle 2a. Privada de J.�nez.

      En este sentido, tomando en cuenta las afirmaciones y documentos citados, en relaci�n con los planos antes se�alados ofrecidos por parte del perito oficial, se sigue que la calle que sirve de referencia para la ubicaci�n del predio concesionado, est� al lado poniente del puente Guadalupe.

      Adem�s, de la solicitud para ocupar zonas federales realizada por el particular a favor de quien se emiti� el t�tulo de concesi�n impugnado, documental que no objet� la parte actora y que, por ende, constituye una admisi�n ficta de lo ah� establecido, de conformidad con los art�culos 201 y 205 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, seg�n su art�culo 1o., se desprende que el predio en donde se ubica la obra, est� del lado oeste del citado puente, porque la obra respecto de la cual se pide su autorizaci�n est� "... hacia aguas arriba del puente de Guadalupe ..."; esto es, que si la corriente del indicado r�o corre de oeste a este, el aludido predio est� al lado poniente u oeste del puente referido, lo que se confirma adminiculando los dict�menes periciales, el t�tulo de concesi�n impugnado, el plano anexo al permiso para construcci�n y modificaci�n de obras en zonas federales, y el estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.

      En suma, el predio materia del t�tulo de concesi�n est� ubicado f�sicamente del kil�metro 19+900 al 20+500, del margen derecho del r�o Santa Catarina, esto es, en su cauce y ribera, dentro de los Municipios de Monterrey y Guadalupe, en el Estado de Nuevo Le�n, iniciando en el Municipio de Monterrey, y teniendo como l�mite donde alguna vez se ubicara el puente Guadalupe, en el Municipio del mismo nombre.

      Tal situaci�n es confirmada, inclusive, por el perito de la parte actora cuando en el plano anexo a su dictamen ampliado (visible a fojas ciento dieciocho del segundo tomo del expediente en que se act�a), delimita gr�ficamente el predio concesionado y lo identifica comenzando en el Municipio de Monterrey, colindando con el parque F., y terminando en donde estuviere el puente Guadalupe.

      Aunado a que en dicho plano, identifica el predio concesionado exactamente frente a la calle de Guadalupe, calle que tambi�n fue apreciada por el perito oficial al realizar los planos en su dictamen ampliado (visibles de folios ciento veintisiete a ciento veintiocho del segundo tomo), en virtud de que hace esquina con la diversa calle 2a. Privada de J., que sirve de referencia para la ubicaci�n del indicado predio, seg�n el propio t�tulo de concesi�n impugnado, con lo que se demuestra que si las indicadas calles frente a las cuales se encuentra la zona concesionada, est�n ubicadas al lado poniente u oeste de donde estuviera el puente Guadalupe, como gr�ficamente se aprecia en todos los dict�menes periciales, resulta indudable, que el multicitado predio concesionado igualmente est� del lado poniente del referido puente Guadalupe.

      De lo expuesto, v�lidamente se puede concluir que, contrariamente a lo sostenido por la parte actora, el predio materia del t�tulo de concesi�n cuya invalidez se demanda, no se encuentra total o parcialmente superpuesto al terreno materia del convenio de coordinaci�n, en virtud de que el predio concesionado se encuentra al margen derecho del nivel m�s bajo de agua del r�o Santa Catarina, en �poca de sequ�a y que constituye su cauce y ribera en �poca de lluvias y fen�menos meteorol�gicos, iniciando en el kil�metro 19+900 en el Municipio de Monterrey, y terminando hasta el kil�metro 20+500, en el Municipio de Guadalupe, siguiendo sobre su cauce, donde estuviera el puente Guadalupe; mientras que el predio federal transferido al Municipio actor empieza precisamente en el kil�metro 20+500, esto es, a partir de donde estuvo el puente Guadalupe, hasta el kil�metro 38+300, en donde termina el l�mite territorial oriente del referido Municipio.

      Tal consideraci�n se ve corroborada, si se toma en cuenta que la obra que est� dentro del predio concesionado, se encuentra ubicada en el tramo del cauce del r�o Santa Catarina comprendido del tramo 19+900 al 20+100, como se advierte de la solicitud para ocupar zonas federales, y del anexo al permiso para construcci�n y modificaci�n de obras en zonas federales (folios quinientos setenta y seis, y de la cien a ciento cinco de autos del tomo I de autos, respectivamente), esto es, antes de llegar al puente Guadalupe, documentales que como se ha venido se�alando, al no haber sido objetadas por la parte actora, tal situaci�n constituye una admisi�n ficta de lo ah� contenido, los que una vez adminiculados con los planos exhibidos en los dict�menes periciales, y con el estudio de demarcaci�n de zona federal del r�o Santa Catarina, del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis, v�lidamente se concluye que el predio a que se refiere el t�tulo de concesi�n impugnado, es distinto al que se refiere el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres.

      A�n m�s, fortaleciendo lo anterior, debe destacarse que la calle que sirve de referencia para la ubicaci�n del predio concesionado, a saber, la calle 2a. Privada de J., de conformidad con los planos ofrecidos por el perito oficial (folios ciento veintisiete y ciento veintiocho), est� al lado poniente del puente Guadalupe, mientras que el predio transferido mediante el convenio de coordinaci�n en que el Municipio apoya su acci�n, est� al lado oriente de donde alguna vez estuviera el puente Guadalupe, con lo que se deja en claro que, como se ha establecido, se trata de predios diferentes.

      La anterior determinaci�n se ve corroborada con las respuestas dadas en los dict�menes existentes en autos, que en su parte conducente expresan:

      Cuestionario:

      Pregunta 16. ... que determine el perito si la superficie concesionada por la Comisi�n Nacional del Agua al C.A.R.M. de la Garza, afecta el tramo del cauce y/o zona federal del r�o Santa Catarina transferido por la Comisi�n Nacional del Agua al Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo Le�n, mediante convenio de coordinaci�n de fecha 20 de febrero de 2003 ...

      Respuesta del perito de la parte actora:

      "Como previamente se ha se�alado, el convenio de coordinaci�n de fecha 20 de febrero de 2003 entre la Comisi�n Nacional del Agua y el Municipio de Guadalupe, N.L. se�ala la superficie entregada a la custodia del Municipio con una distancia de 17,800 metros lineales comprendidos entre los l�mites municipales (f�sicamente inamovibles) y una se�alizaci�n de kilometraje que no tiene referencias f�sicas ni aun por la Comisi�n Nacional del Agua, lo cual motiva a que se genere una concesi�n a un particular (C.A.R.M. de la Garza) sobre una superficie sobre la cual ya se hab�a generado el convenio antes mencionado. Por lo que simplemente se puede decir que la concesi�n al particular s� afecta el convenio con el Municipio de Guadalupe, N.L."

      Respuesta del perito de las demandadas:

      ... se determina que la superficie concesionada ... no afecta el tramo del cauce y/o zona federal del r�o Santa Catarina transferido por la Comisi�n Nacional del Agua al Municipio de Guadalupe ...

      Respuesta del perito oficial:

      Documentalmente de acuerdo con los planos elaborados por la Comisi�n Nacional del Agua, no se advierte que afecte la superficie concesionada al tramo del cauce y/o zona federal del r�o Santa Catarina transferido por la Comisi�n Nacional del Agua ...

      Cuestionario:

      Pregunta 17. De ser afirmativa su respuesta anterior, que identifique el perito en el plano topogr�fico incluido en autos del juicio que nos ocupa, la superficie afectada al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n.

      Respuesta del perito de la parte actora:

      Como se ha mencionado anteriormente, la forma en que se redact� el convenio de coordinaci�n entre la Comisi�n Nacional del Agua y el Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, fechado el 20 de febrero del 2003 donde se indica que dicha concesi�n est� dentro de los l�mites municipales del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, y dado que la longitud lineal del cauce del r�o Santa Catarina colindando con el Municipio mide precisamente 17,800 metros lineales, entonces existe una superposici�n de �reas entre la concesi�n al particular antes mencionado y el �rea entregada al Municipio de Guadalupe para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento por lo que la superficie afectada al Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, corresponde a la concesionada misma que se superpone parcialmente con la superficie del convenio de coordinaci�n entre la C.N.A. y el Municipio de Guadalupe siendo dicha superficie la comprendida entre el l�mite municipal al poniente claramente se�alado sobre la avenida I.M.P. y que el propio Municipio de Monterrey reconoce la l�nea marcada por el puente de Guadalupe al oriente, al sur limitada por la avenida I.M.P. y al norte por el cauce del canal de estiaje del r�o Santa Catarina, siendo necesaria la elaboraci�n del trabajo topogr�fico completo para cuantificar dicha �rea de forma precisa en vista de que el plano 1 de 3 que provee la C.N.A. carece del sistema de coordenadas del pol�gono referido ...

      Respuesta del perito de las demandadas:

      "... no afecta el tramo del cauce y/o zona federal del r�o Santa Catarina transferido por la Comisi�n Nacional del Agua al Municipio de Guadalupe, Estado de NuevoLe�n ...". Anexa plano con datos de identificaci�n.

      Respuesta del perito oficial: En blanco. En virtud de que la anterior pregunta fue contestada negativamente, en el sentido de que: "Documentalmente de acuerdo con los planos elaborados por la Comisi�n Nacional del Agua, no se advierte que afecte la superficie concesionada al tramo del cauce y/o zona federal del r�o Santa Catarina transferido por la Comisi�n Nacional del Agua ..."

      En relaci�n con las referidas respuestas, debe ponerse de relieve que, si por una parte todos los peritos son coincidentes en ubicar el predio transferido, el que reconocen que topogr�ficamente empieza tomando como referencia el kil�metro 20+500 del cauce del r�o Santa Catarina, donde estuviera el puente Guadalupe y, de ah�, hacia el oriente hasta llegar al kil�metro 38+300 en donde termina el l�mite territorial del Municipio actor, de conformidad con los planos del estudio de demarcaci�n de zona federal con apoyo en los cuales se firm� el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres; y por otra parte, gr�ficamente delimitan el predio objeto de la concesi�n, ubic�ndolo todos los peritos de manera invariable a partir del lado poniente del citado puente Guadalupe, tal situaci�n demuestra que son predios diferentes y que la posible discordancia entre los peritajes, fue con motivo de que en su primer dictamen no hab�an ubicado gr�ficamente en un plano topogr�fico el predio concesionado, mientras que en su ampliaci�n s� les fue posible realizarlo.

      Ciertamente, si el dictamen inicial del perito oficial y el de las demandadas, coinciden en que el predio concesionado no invade la franja de terreno del predio transferido al Municipio actor, situaci�n que confirman en la ampliaci�n de sus dict�menes e identifican en un plano topogr�fico el referido predio concesionado sin que se advierta que existe superposici�n con el transferido; en contrapartida, debe desestimarse la afirmaci�n realizada por el perito de la parte actora, por cuanto insiste en que s� existe la superposici�n aludida, porque si bien en su dictamen inicial afirma tal situaci�n, en la ampliaci�n correspondiente ya no insiste sobre tal tema al identificar topogr�ficamente el predio concesionado al lado izquierdo del puente Guadalupe.

      Como se observa, los dict�menes del perito oficial y de las demandadas son coincidentes en se�alar que el predio materia de la concesi�n no afecta el predio materia del convenio de coordinaci�n en que el Municipio actor basa su derecho en la presente instancia constitucional, mientras que el perito de la parte actora si bien en un inicio afirm� lo contrario, tal situaci�n ya no la asevera al ampliar su dictamen, por lo que sus respuestas en este punto esencial no crean convicci�n en este �rgano jurisdiccional porque adem�s de ser dogm�ticas, constituyen afirmaciones gratuitas, sin sustento documental alguno, a diferencia de los dict�menes citados en primer t�rmino que gr�ficamente demuestran que no existe la superposici�n alegada por el Municipio actor.

      Al respecto, debe ponerse de relieve que si bien, el predio concesionado est� dentro del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, no menos cierto resulta ser, que se trata del cauce y ribera de un r�o que corresponde su uso, aprovechamiento y administraci�n al Ejecutivo F. por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua, el cual no fue incluido en el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, en virtud de que el predio transferido en el citado convenio est� al oriente de donde estuviera el puente Guadalupe, iniciando en el kil�metro 20+500, siguiendo por el cauce del r�o Santa Catarina, hasta el l�mite con el Municipio de B.J.�rez, Estado de Nuevo Le�n (kil�metro 38+300); mientras que el predio concesionado est� al lado poniente de donde estaba el indicado puente, siguiendo por su cauce en sentido contrario de la corriente de agua del referido r�o, hasta regresar al kil�metro 19+900, por lo que en t�rminos del p�rrafo quinto del art�culo 27 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, este �ltimo predio debe seguir consider�ndose como zona federal, cuya guarda y custodia corresponde a la Comisi�n Nacional del Agua.

      En conclusi�n, el predio objeto del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, de seis de mayo de dos mil cuatro, cuya invalidez se demanda en la presente v�a, se encuentra sobre una superficie diversa de la transferida al Municipio actor por virtud del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres.

      No es �bice a la anterior determinaci�n, la existencia de la autorizaci�n de veinticinco de junio de dos mil tres, expedida por el Municipio actor a favor del C.A.R.M. de la Garza, mediante la cual se le otorga el uso de suelo para una pista de autos tipo "midgets", en la que se refiere que el predio objeto de la autorizaci�n, que se encuentra sobre el lecho del r�o Santa Catarina, le fue otorgado para su administraci�n al referido Municipio mediante el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres; en atenci�n a que esta afirmaci�n no est� apoyada ni relacionada con documental alguna, constituyendo s�lo una manifestaci�n unilateral de la parte actora que no puede beneficiarle para acreditar su acci�n.

      Bajo el contexto anterior, v�lidamente se concluye que no le asiste la raz�n al Municipio actor cuando afirma que al emitirse el t�tulo de concesi�n impugnado se invade su esfera de competencia que ejerce sobre el predio que le fue transferido mediante el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres y que, por ende, dicho t�tulo fue emitido por una autoridad que no tiene competencia para decidir sobre el predio concesionado, habida cuenta de que como ya ha quedado demostrado, se tratan de predios diferentes, adem�s, al concesionarse un �rea ubicada en el cauce y ribera de un r�o, se est� transmitiendo un predio federal, cuya administraci�n de conformidad con el quinto p�rrafo del art�culo 27 constitucional, no le corresponde al Municipio actor.

      As� las cosas, demostrado que el predio objeto del t�tulo de concesi�n impugnado, se encuentra en el cauce y ribera de un r�o, cuya administraci�n corresponde a la Federaci�n y, adem�s, que dicha zona es diversa de la que fue incluida en el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, en el cual la parte actora hace descansar su acci�n, lo correspondiente es declarar inoperantes los conceptos de invalidez que se apoyan en la existencia de la superposici�n territorial alegada para demostrar una invasi�n de esferas competenciales, en virtud de que ning�n argumento que pudiera verter la parte actora con dicho sustento podr�a resultar fundado, al demostrarse que el predio que dio origen a la controversia no corresponde a su administraci�n, sino que debe seguir consider�ndose como zona federal cuya administraci�n corresponde al presidente de la Rep�blica por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua, en t�rminos del art�culo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales.

      Los conceptos de invalidez planteados por el Municipio actor que se apoyan en la existencia de la superposici�n ya desvirtuada, son los siguientes:

  13. Que se transgrede en su perjuicio el art�culo 14 constitucional, porque la Comisi�n Nacional del Agua otorg� a un particular la concesi�n 06NVL114092/24EAGR04, para uso, servicios (multipista), por un plazo de diez a�os, con una superficie de 49,456.00 m2, la cual se ubica en una parte del territorio del Municipio actor, respecto de la que se tiene celebrado un convenio de coordinaci�n entre el referido Municipio y el Ejecutivo F. a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua dependiente de la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de veinte de febrero de dos mil tres, sin que previamente se recibiera informaci�n a trav�s de la cual se notifique su conclusi�n, por lo que considera que no se le otorg� su garant�a de audiencia.

  14. Que se viola en su perjuicio el art�culo 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Comisi�n Nacional del Agua es incompetente para emitir el t�tulo de concesi�n cuya invalidez se reclama, en atenci�n a que el terreno materia de la concesi�n est� a cargo del Municipio actor por virtud del convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, por lo que el �nico que se encuentra facultado para decidir sobre el uso que se le d� a ese predio es el propio Municipio.

  15. Que se trastoca en su perjuicio el art�culo 16 del Pacto F., porque el acto cuya invalidez se reclama, no est� debidamente fundado y motivado, en atenci�n a que los derechos de uso, administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento del terreno objeto de la concesi�n, est�n a cargo del Municipio actor y no de diversa autoridad.

  16. Que se viola el art�culo 115 constitucional, en atenci�n a que se atenta contra el Municipio Libre al desconocer el convenio de coordinaci�n de veinte de febrero de dos mil tres, mediante el cual se le transfiri� para su administraci�n, custodia, conservaci�n y mantenimiento, el �rea territorial que ahora se le entrega a un particular por virtud del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, para uso, servicios (multipista), situaci�n que atenta el equilibrio ecol�gico, porque el lugar concesionado se trata del lecho de un r�o, el cual est� sujeto a contingencias naturales, las cuales no son posibles de regulaci�n espec�fica, por lo que su alteraci�n con la actividad humana trastoca su propio orden convirti�ndola en una zona de riesgo constante, lo que finalmente ocasiona que el Municipio actor no pueda cumplir con sus obligaciones relativas a crear y administrar reservas ecol�gicas.

  17. Que derivado de la existencia del convenio de coordinaci�n mediante el cual se le transfiri� al Municipio actor la administraci�n del predio que ahora se concesiona, las demandadas no tienen facultades para autorizar el uso de suelo de dicho bien inmueble, por lo que al realizarlo, invaden el �mbito de sus atribuciones previstas en el art�culo 115, fracci�n V, incisos d) y f), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    Como se ha se�alado, los anteriores conceptos de invalidez deben declararse inoperantes dado que al no ser el Municipio actor titular de los derechos de uso y explotaci�n del margen del r�o Santa Catarina en la porci�n concedida por la Comisi�n Nacional del Agua al C.A.R.M. de la Garza, ninguna violaci�n constitucional puede causarle la concesi�n impugnada, determinaci�n que no es contradictoria con la procedencia de la acci�n, precisamente, por la propia naturaleza jur�dica del juicio de que se trata, el que desde sus or�genes se erigi� como un medio tutelar de las esferas competenciales de las entidades, poderes y �rganos de gobierno, adem�s de que, esclarecer el punto en contradicci�n, implica un an�lisis de los temas que se relacionan con el fondo del asunto, cuya tem�tica esencial es resolver sobre la existencia de la invasi�n de esferas alegada.

    Finalmente, el Municipio actor indica que el director jur�dico del Municipio de Guadalupe, Nuevo Le�n, no tiene competencia para emitir el oficio de trece de octubre de dos mil tres, por el cual comunica al particular a quien se le otorg� el t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, que despu�s de haber revisado los l�mites territoriales del Municipio, lleg� a la conclusi�n de que la primera etapa de la multipista se encuentra en el territorio de Monterrey, por lo que dejaba sin efectos la autorizaci�n administrativa de uso de suelo del dominio p�blico otorgada el veinticinco de junio de dos mil tres, respecto de la porci�n que se encontraba fuera de los l�mites del Municipio de Guadalupe, en tanto que a quien le compete las funciones desplegadas en dicho oficio, es al propio Municipio por conducto de su presidente, en conjunci�n con el secretario del Ayuntamiento.

    D. inoperante el concepto de invalidez planteado, porque est� encaminado a controvertir un acto que no constituye el impugnado en la presente controversia constitucional, adem�s de que se refiere a cuestiones ajenas a la litis planteada, en virtud de que no est� relacionado con la esfera de facultades de las demandadas, sino m�s bien a las atribuciones de una autoridad administrativa subordinada al propio Municipio actor, por lo que no constituye una controversia suscitada entre un Municipio con otro diverso �rgano, poder o entidad.

    Consecuentemente por todo lo dicho, lo procedente es reconocer la validez del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, de seis de mayo de dos mil cuatro, incluido su anexo 3.1., otorgado a favor del C.A.R.M. de la Garza, por el Ejecutivo F., por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua.

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo, adem�s, en los art�culos 39, 40 y 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se

    resuelve:

PRIMERO

Es procedente pero infundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo Le�n.

SEGUNDO

Se reconoce la validez del t�tulo de concesi�n n�mero 06NVL114092/24EAGR04, de seis de mayo de dos mil cuatro.

TERCERO

Publ�quese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros Mariano Azuela G�itr�n, G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., J.F.F.G.S. y Ministra presidenta M.B.L.R..