Ejecutoria num. P./J. 128/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 35494291

Ejecutoria num. P./J. 128/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 128/2007
Localizacion:JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2007
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 114/2006. MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO DE MICHOACÁN.DIPUTADOS SUPLENTES AL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. NO ESTÁN LEGALMENTE IMPEDIDOS PARA SER DESIGNADOS PRESIDENTES MUNICIPALES INTERINOS.MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. EL DECRETO DE SU DESIGNACIÓN POR EL CONGRESO ESTATAL ESTÁ SUJETO A UN ESTÁNDAR DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN MERAMENTE ORDINARIO.PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. PROCEDE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA SU DESIGNACIÓN POR EL CONGRESO LOCAL.PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE PROTESTA DEL DESIGNADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 114/2006. MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO DE MICHOAC�N.

MINISTRO PONENTE: JOS� RAM�N COSS�O D�AZ.

SECRETARIO: RA�L MANUEL MEJ�A GARZA.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la N.�n, correspondiente al d�a diecis�is de agosto de dos mil siete.

VISTOS, para resolver los autos correspondientes a la controversia constitucional 114/2006, y

RESULTANDO:

PRIMERO

P.�n de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil seis en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la N.�n, P.Z.�rate P�rez, s�ndico del Ayuntamiento de Buenavista, Estado de M.�n, promovi� controversia constitucional contra el Poder Legislativo del citado Estado.

Los actos y normas impugnados son los siguientes:

1) El Decreto Legislativo N�mero 58, aprobado por la Septuag�sima Legislatura del Estado de M.�n el veinticinco de mayo de dos mil seis, publicado en el Peri�dico Oficial el veintis�is del mismo mes y a�o. Por el citado decreto el Congreso L. nombr� como presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista a J.O.F.�as para que cumpliera con el resto del periodo de gobierno que finaliza el treinta y uno de diciembre de dos mil siete.

2) El Decreto Legislativo N�mero 61, aprobado por la misma Legislatura Estatal el ocho de junio de dos mil seis, y que seg�n el actor todav�a no ha sido publicado en el Peri�dico Oficial estatal. Mediante ese decreto el Congreso L. reform� el art�culo segundo del Decreto Legislativo 58 para que el designado presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista rindiera la protesta de ley ante el propio Congreso L. y ya no ante el C. del mencionado Ayuntamiento.

La entidad demandada es, por tanto, el Poder Legislativo del Estado de M.�n.

El actor se�ala como terceros interesados al gobernador del Estado de M.�n y al actual presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista.

SEGUNDO

Antecedentes. La parte actora manifest� como antecedentes los que a continuaci�n se sintetizan:

  1. El catorce de noviembre de dos mil cuatro, los habitantes del Municipio de Buenavista eligieron, mediante sufragio popular, a sus gobernantes; entre ellos se contaron F.C.�vez L�pez, elegido presidente municipal, y quien suscribe la demanda, elegido s�ndico.

  2. El ocho de julio de dos mil cinco falleci� el presidente municipal de Buenavista, ante lo cual, el Congreso L. design�, mediante Decreto N�mero 17, publicado en el Peri�dico Oficial el dos de septiembre de dos mil cinco, a R.I.C.M. para que desempe�ara el cargo por el resto del periodo de Gobierno Municipal.

  3. El veinticuatro de mayo de dos mil seis, despu�s de haber realizado la protesta de ley y asumido el cargo, la entrante presidenta municipal present� su renuncia ante el C. del Ayuntamiento de Buenavista. Esta solicitud fue aprobada por unanimidad de los miembros del Ayuntamiento, en la sesi�n extraordinaria de C. n�mero 46. En esta misma sesi�n se nombr� presidente municipal interino al s�ndico, y se orden� la notificaci�n de lo anterior al Congreso L. para que designara un nuevo presidente municipal, el cual deber�a ejercer el gobierno por el resto del periodo. El C. del Ayuntamiento de Buenavista propuso para tal puesto, por unanimidad de votos, al s�ndico municipal.

  4. El veinticinco de mayo de dos mil seis, el Congreso L., mediante el Decreto N�mero 58, nombr� como presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista a J.O.F.�as para que cumpliera con el resto del periodo de gobierno que concluye el treinta y uno de diciembre de dos mil siete.

  5. La poblaci�n del Municipio de Buenavista reaccion� con protestas ante esta designaci�n, pues consider� que la determinaci�n del Congreso L. es ilegal porque no fue consultada sobre este asunto, y porque el presidente municipal designado no cumple con los requisitos que establece la Constituci�n L.: no es originario del Municipio de Buenavista y se desempe�aba hasta el momento de su designaci�n como diputado local suplente. Por tal motivo, la poblaci�n de ese Municipio tom� las instalaciones del Palacio Municipal con el prop�sito de evitar que el nuevo presidente municipal entrara en funciones.

  6. Los miembros del Ayuntamiento apoyaron la reacci�n de la poblaci�n del Municipio de Buenavista y se opusieron a la determinaci�n del Congreso L.. Por esta raz�n, se negaron a llevar a cabo una sesi�n extraordinaria de C., solicitada por el presidente municipal designado por la Legislatura del Estado, a efecto de rendir su protesta de ley y poder as� entrar en el ejercicio de sus funciones.

  7. El ocho de junio de dos mil seis, el Congreso del Estado de M.�n, mediante el Decreto 61, reform� el art�culo segundo del Decreto Legislativo 58 para que el designado presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista rindiera la protesta de ley ante el propio Congreso L. y ya no ante el C. del mencionado Ayuntamiento.

  8. El Municipio actor relata que la poblaci�n, a ra�z de esta determinaci�n, se encuentra intranquila por la falta de servicios p�blicos, entre ellos, la seguridad p�blica.

TERCERO

Conceptos de invalidez. A continuaci�n se sintetizan los argumentos que sustentan las impugnaciones del actor.

  1. En su primer concepto de invalidez, el actor afirma que los actos impugnados vulneran los art�culos 16, 49 y 115 de la Constituci�n Federal.

    El Municipio actor alega que el Decreto Legislativo 58, por el cual el Congreso L. nombr� a J.O.F.�as como presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista, no se encuentra debidamente fundamentado ni motivado. El Congreso L. no expres� en dicho decreto los razonamientos l�gico-jur�dicos que lo llevaron a nombrar a dicho funcionario p�blico y, dado que la citada norma representa un acto de molestia para el Municipio de Buenavista, el mismo resulta violatorio del art�culo 16 de la Constituci�n Federal.

    El actor destaca que el art�culo 115, fracci�n I, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal establece que en los casos en que alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de desempe�ar su encargo, debe ser sustituido por el suplente y, de no ser ello posible, debe procederse de conformidad con la ley que reglamente la materia. El art�culo 50, fracci�n III, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n, por su parte, establece que en el caso de ausencia definitiva del presidente municipal, el Congreso L. designar� a quien deba sustituirlo respetando su origen partidista. En este caso, sin embargo, el Congreso L. no tom� en cuenta todos los requisitos exigidos por la ley al momento de emitir el Decreto 58. Ni de los antecedentes ni de las consideraciones contenidas en el mismo se desprenden las razones pol�ticas, jur�dicas, econ�micas o sociales que llevaron al Congreso L. a designar a J.O.F.�as como nuevo presidente municipal de Buenavista.

    Seg�n el actor, la Legislatura Estatal no tom� en cuenta el origen partidista de los dos anteriores presidentes municipales que no pudieron terminar el periodo de Gobierno Municipal. Ello vulnera adicionalmente, en su opini�n, lo dispuesto por el art�culo 16 constitucional.

    El actor se queja de que el Congreso del Estado de M.�n no haya valorado las ventajas y desventajas de la designaci�n que realiz� en el Decreto 58. Nunca consider�, se�ala, los deseos de la comuna, las caracter�sticas personales que requiere el encargo de presidente municipal, o la opini�n de los sectores productivos del Municipio, de los l�deres de opini�n, de las autoridades civiles y de las agrarias de la entidad. El actor considera que s�lo cumpliendo con un procedimiento con estos lineamientos, el Congreso L. hubiera estado en posibilidades de fundar y motivar la designaci�n del nuevo presidente municipal de Buenavista.

    El actor se�ala que seg�n el art�culo 44, fracci�n XX, de la Constituci�n L., es facultad exclusiva del Congreso del Estado nombrar a las personas que han de suplir a los miembros ausentes del Ayuntamiento. Sin embargo, estima, dicha facultad no es absoluta y su ejercicio debe respetar los requisitos a que est�n sujetos todos los actos de autoridad: la fundamentaci�n y la motivaci�n. La primera exige que la autoridad p�blica cite los preceptos jur�dicos que sirven de base para la emisi�n del acto, mientras que la segunda requiere que la autoridad exprese los razonamientos l�gico-jur�dicos que sustenten su actuar, los cuales deben estar relacionados con los hechos materia del acto y con los preceptos citados. Estos requisitos, insiste, no fueron observados por la Legislatura Estatal al momento de emitir el Decreto 58, pues en la exposici�n de motivos del mismo no se observan datos suficientes que ilustren las razones que llevaron a este �rgano legislativo a designar a J.O.F.�as como presidente municipal de Buenavista.

    Seg�n el Ayuntamiento actor, el procedimiento de designaci�n del presidente municipal de su entidad se realiz� de forma apresurada, y por ello la autoridad legislativa no pudo fundar ni motivar correctamente el Decreto 58. La anterior presidenta municipal de Buenavista present� su renuncia con car�cter de irrevocable ante el C. municipal el veinticuatro de mayo de dos mil seis y el Congreso Estatal realiz� la designaci�n de quien ocupar�a ese puesto al d�a siguiente, esto es, el veinticinco de ese mismo mes y a�o. Dado que el Congreso no despleg� un procedimiento de designaci�n que le permitiera fundar y motivar correctamente esa determinaci�n, solicita que esta Corte invalide el Decreto 58 para los efectos de que la Legislatura Estatal realice un procedimiento adecuado para la designaci�n del presidente municipal de su Ayuntamiento.

    Por otra parte, el Municipio actor argumenta que el Decreto 58 vulnera los art�culos 49, 115 y 119 de la Constituci�n L.. El art�culo 115 de este cuerpo normativo establece que si alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de desempe�ar su encargo, ser� sustituido por su suplente o se proceder� seg�n lo que disponga la ley, mientras que el art�culo 119 establece los requisitos de elegibilidad para el cargo de presidente municipal. El actor alega que el Congreso Estatal debi� analizar si la persona a quien design� presidente municipal de su Ayuntamiento cumpli� con todos estos requisitos, y si no se encontraba en una de las prohibiciones se�aladas tanto por la Constituci�n Federal como por la estatal. Destaca, entre los requisitos establecidos en el art�culo 119 de la Constituci�n L., el que exige que quien aspire ocupar este cargo no ostente ning�n cargo como funcionario de primer o segundo orden. El actor se�ala que J.O.F.�as, nombrado presidente municipal de Buenavista, al momento de su designaci�n ocupaba el puesto de coordinador municipal del Comit� de Planeaci�n y Desarrollo Municipal, del cual, a la fecha, no ha solicitado licencia o presentado su renuncia, situaci�n que le obstaculiza desempe�arse como presidente municipal. El actor se apoya en una tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno en la S�ptima �poca y en otra emitida por un Tribunal Colegiado, de rubros, respectivamente: "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." y "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, GARANT�A DE. REQUISITOS PARA TENERLA POR SATISFECHA."

    El Municipio actor alega que la designaci�n contenida en el Decreto 58 transgrede el art�culo 49 de la Constituci�n Federal, seg�n el cual no podr�n reunirse dos o m�s poderes en una sola persona o corporaci�n. Ello es as�, afirma, pues el Congreso L. no consider� que la persona que design� como presidente municipal se desempe�a como diputado suplente de la Septuag�sima Legislatura del Congreso L., lo que supone que esta persona tiene funciones tanto en el �mbito municipal como en el legislativo.

  2. En su segundo concepto de invalidez, el Municipio actor alega que los actos impugnados violan los art�culos 16, 115 y 133 de la Constituci�n Federal.

    El Decreto 61, aprobado por el Congreso del Estado el ocho de junio de dos mil seis, vulnera en su opini�n la autonom�a municipal. En el mismo la Legislatura L., sin gozar de facultades, reform� el art�culo 2o. del Decreto 58 para que el nuevo presidente municipal ya no rindiera la protesta de ley ante el C. municipal, sino ante el Pleno del propio Congreso Estatal.

    El actor transcribe el art�culo 115 de la Constituci�n Federal y afirma que de su contenido se desprende que los Municipios gozan de una autonom�a que se proyecta sobre tres �mbitos distintos: el pol�tico, el administrativo y el financiero. La autonom�a pol�tica, se�ala, consiste en la potestad del Municipio de darse sus propias cartas municipales, elegir a sus autoridades, elegir a su gobierno, dictar sus propias normas y organizarse internamente. Una de las facultades que integran la autonom�a pol�tica del Municipio, seg�n el actor, es la potestad de tomar la protesta a todos los integrantes del Ayuntamiento, y a los trabajadores de confianza o de base que tenga a su servicio. Esta facultad tiene como prop�sito que los funcionarios municipales rindan cuentas de su gesti�n en el futuro, para que en el caso de que hubieran incurrido en infracci�n a la legalidad de la materia, asuman su responsabilidad ante el propio Municipio.

    El actor resalta que el goce de estas facultades protectoras de la autonom�a del Municipio es el producto de un gran n�mero de luchas avanzadas por los propios Municipios, que se han reflejado en diversas reformas al art�culo 115 de la Constituci�n Federal. El actor transcribe parte de la exposici�n de motivos de la iniciativa que culmin� con una de las reformas a dicho art�culo constitucional en mil novecientos ochenta y tres, en la que se pone de relieve la necesidad hist�rica y pol�tica de que el Municipio consolide su autonom�a constitucional. El art�culo 20 de la ley org�nica municipal del Estado recoge la prerrogativa de los Municipios de tomar la protesta a sus funcionarios ante el C., prerrogativa que, en su opini�n, forma parte de la autonom�a pol�tica municipal constitucionalmente protegida.

    Por ello, sostiene que el Congreso L., ante la resistencia mostrada por el Municipio de Buenavista al tomar protesta a su nuevo presidente municipal, vulner� su autonom�a pol�tica, al sustituir mediante el Decreto 61 al C. municipal por el Pleno del Congreso.

    Por otra parte, el Municipio actor alega que el Decreto 61 es ilegal por no cumplir uno de los requisitos esenciales del proceso de formaci�n de leyes: que las mismas se den a conocer a la comunidad a trav�s de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial antes de su entrada en vigor. Dicho decreto dispone que entrar� en vigor despu�s de haber sido aprobado, ordenando su publicaci�n con posterioridad.

    En su concepto, el proceso de formaci�n de leyes, en el que se incluye el proceso de formaci�n de decretos, tiene seis etapas: iniciativa, discusi�n, aprobaci�n, sanci�n, publicaci�n e iniciaci�n de la vigencia. S�lo una vez dado a conocer el decreto de forma general puede ser exigido, pues s�lo hasta despu�s de esta etapa adquiere obligatoriedad. As� lo ha determinado esta Suprema Corte, afirma, al resolver el amparo en revisi�n 1160/25.

    Finalmente, el actor trae a colaci�n la consideraci�n que hace el Congreso L. en la exposici�n de motivos del Decreto 61, seg�n la cual, al no encontrarse el Municipio de Buenavista integrado y funcionando debido a la falta de comparecencia de sus miembros a la sesi�n extraordinaria de C. convocada, es necesario reformar el Decreto 58 para que el funcionario designado no rinda protesta ante el C. municipal sino ante el propio Congreso. En su exposici�n de motivos, la legislatura demandada consider� que esta determinaci�n se ajusta a lo dispuesto por el art�culo 157 de la Constituci�n Estatal, que establece que todo funcionario p�blico debe protestar su cargo antes de tomar posesi�n del mismo ante la autoridad que lo design�. Seg�n dicha exposici�n de motivos, en el caso no cobra aplicaci�n el art�culo 20 de la ley org�nica municipal estatal que reglamenta la instalaci�n de los Ayuntamientos, en aras del principio de primac�a constitucional. Seg�n el actor, esta argumentaci�n es incorrecta porque el art�culo 157 de la Constituci�n Estatal se refiere a la protesta que han de rendir los diputados y los titulares de las dependencias b�sicas del Poder Ejecutivo Estatal, y no a la protesta de los presidentes municipales, respecto de quienes el mismo art�culo establece que rendir�n su protesta ante las autoridades y corporaciones que determinen las leyes. En el caso y de conformidad con el art�culo 20 de la ley org�nica municipal, dicha autoridad es el C..

    El actor alega que es incorrecta la determinaci�n del Congreso L. de aplicar el art�culo 157 de la Constituci�n L. por encima del art�culo 20 de la ley org�nica municipal sobre la base de que el primero debe prevalecer por el principio de supremac�a constitucional. Esta cuesti�n no puede ser determinada, a su juicio, sino por esta Suprema Corte y, por tanto, el Decreto 61 merece ser invalidado tambi�n desde esta perspectiva.

    En este tenor, el actor solicita que esta Suprema Corte declare inexistentes los decretos impugnados, para el efecto de que el Congreso Estatal nombre de forma fundada y motivada un nuevo presidente municipal del Municipio de Buenavista para el resto del periodo constitucional 2005-2007. En apoyo de sus consideraciones cita dos tesis de jurisprudencia emitidas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte y por un Tribunal Colegiado, respectivamente, de rubros: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCI�N. ES ATRIBUCI�N EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N." y "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCI�N. ES ATRIBUCI�N EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N."

CUARTO

Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 16, 49, 115 y 133.

QUINTO

Tr�mite de admisi�n. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la N.�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional con el n�mero 114/2006 y design� al Ministro Jos� Ram�n C.�o D�az como instructor.

Por auto de treinta del mismo mes y a�o, el Ministro instructor reconoci� la personalidad del promovente y admiti� a tr�mite la demanda. Tambi�n reconoci� el car�cter de demandado al Poder Legislativo del Estado de M.�n, pero no reconoci� el car�cter de tercero interesado al Gobernador Constitucional del Estado de M.�n ni al presidente municipal del Ayuntamiento actor. En el mismo acuerdo se orden� emplazar a la autoridad demandada para que presentara su contestaci�n en el t�rmino de treinta d�as h�biles, y orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes antes de la celebraci�n de la audiencia de ley. Finalmente, se orden� formar un cuaderno incidental a los efectos de resolver acerca de la solicitud de suspensi�n promovida por el actor.

SEXTO

Contestaci�n de la demanda. Por escrito presentado el dos de agosto de dos mil seis en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la N.�n, A.L.�a M.G., diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de M.�n, en representaci�n del Poder Legislativo Estatal, dio contestaci�n a la demanda interpuesta, manifestando esencialmente lo siguiente:

En primer lugar, el Poder Legislativo del Estado considera que esta Suprema Corte es incompetente para conocer del presente asunto. En su opini�n, el Municipio, aunque es la base de la divisi�nterritorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado y tiene personalidad jur�dica para todos los efectos legales, carece del poder pol�tico que exige el art�culo 105 de la Constituci�n Federal para que esta Corte conozca de las controversias suscitadas entre un Ayuntamiento y los poderes de un mismo Estado. Ello es as�, afirma, porque los Ayuntamientos carecen de jurisdicci�n sobre todo el Estado, elemento que, desde su �ptica, se torna necesario para actualizar la competencia de esta Corte. Ilustra su argumento con una tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno en la Quinta �poca, de rubro: "MUNICIPIOS, PERSONALIDAD DE LOS."

En segundo lugar, considera que la parte actora de este juicio carece de legitimaci�n, circunstancia que, alega, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19, en relaci�n con los art�culos 1o. y 10, fracci�n I, de la ley reglamentaria de las dos primeras fracciones del art�culo 105 de la Constituci�n Federal. Seg�n el art�culo 105 de la Constituci�n Federal, afirma, s�lo las entidades, poderes y �rganos a que se refiere dicho precepto tienen la potestad de acudir a la v�a de las controversias constitucionales. En el caso, el Municipio es el titular, en su car�cter de ente p�blico, de la acci�n respectiva y puede acudir a este tipo de juicios por medio del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, esto es, a trav�s de los �rganos colegiados en los que recae su representaci�n. Por tanto, cualquier miembro aislado del Municipio, como lo es en este caso el s�ndico municipal, carece de legitimaci�n para intervenir, por derecho propio, en estos procesos, sobre todo si no acredita haber obtenido la autorizaci�n previa del Ayuntamiento. Cita en apoyo de su argumento una tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL."

El Legislativo Estatal afirma que esta conclusi�n se robustece a la luz de los art�culos 112, 113, 114 y 123, fracci�n I, de la Constituci�n L., que establecen respectivamente que el Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento, que �ste tendr� personalidad jur�dica para todos los efectos legales, que su composici�n es colegiada y que tiene entre sus facultades y obligaciones, la de representar jur�dicamente al Municipio. El s�ndico municipal tiene el deber de responder ante el Ayuntamiento respecto de la defensa de los intereses municipales y de atender los asuntos jur�dicos del Municipio, pero en car�cter de asesor legal.

En consecuencia, concluye que tanto de lo dispuesto por la Constituci�n Federal como por la local se desprende que la representaci�n del Municipio recae en el Ayuntamiento y no en el s�ndico municipal, aunque as� lo establezca la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n, pues una ley ordinaria no puede contradecir lo dispuesto por la Constituci�n, por lo que solicita se sobresea el juicio al haber sido interpuesto por el s�ndico y no por los integrantes del Ayuntamiento.

Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de M.�n alega que la acci�n promovida por el actor es improcedente. En su escrito de demanda el actor no especifica cu�l es el �mbito o esfera competencial que considera afectado o limitado por los preceptos de la Ley de Ingresos que reclama (sic), cuya aplicaci�n resulte violatoria de la Constituci�n Federal. El objeto de las controversias constitucionales, afirma, son actos o normas impugnados a la luz del principio de divisi�n de poderes.

El actor sostiene que la acci�n interpuesta tambi�n resulta improcedente por otro motivo. En la sesi�n celebrada por el Congreso Estatal el veinticinco de mayo de dos mil seis, sostiene, se dio lectura a la comunicaci�n remitida por el Ayuntamiento de Buenavista seg�n la cual el C. municipal hab�a aprobado por unanimidad de votos la renuncia presentada por la entonces presidenta municipal. La presidenta del Congreso orden� la remisi�n del asunto a las Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales para su estudio, an�lisis y dictamen y, posteriormente, el ocho de junio del mismo a�o, se someti� a consideraci�n del Pleno del Congreso L. el dictamen de las mencionadas comisiones, que conten�a el proyecto del Decreto 58, con la designaci�n del nuevo presidente municipal y la propuesta de su toma de protesta, y que fue aprobado. El mismo ocho de junio de dos mil seis el Congreso aprob� el Decreto 61, publicado en el Peri�dico Oficial del Estado el siete de julio del mismo a�o por el que se reform� el art�culo segundo del Decreto 58, para el efecto de que el presidente municipal reci�n designado rindiera su protesta ante el propio Congreso Estatal y enseguida ejerciera su encargo.

El Poder Legislativo Estatal alega que, seg�n el art�culo 125 de la Constituci�n del Estado de M.�n de O., los cargos de presidente, s�ndico y regidores son obligatorios y sus titulares s�lo pueden renunciar a los mismos por causa grave calificadas as� por el Ayuntamiento. Por su parte, el art�culo 44, fracci�n XX, del mismo ordenamiento establece que es facultad del Congreso, entre otras, designar a las personas que han de integrar los Ayuntamientos o los C.M. en caso de ausencia definitiva de alguno de ellos por cualquier causa cuando no sea posible que los suplentes electos entren en funciones. En concordancia con lo anterior, el art�culo 50, fracci�n III, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n de O. dispone que en los casos de ausencia definitiva del presidente municipal, el Congreso Estatal, respetando el origen partidista, designar� a quien deba sustituirlo.

En acatamiento de estas disposiciones, afirma el Legislativo, las Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales, mediante oficio de veinticinco de mayo de dos mil seis, solicitaron a la coordinaci�n del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la misma Septuag�sima Legislatura una propuesta de los posibles titulares del cargo de presidente municipal de Buenavista, M.�n.

El Congreso L. considera que tambi�n se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, seg�n la cual, el mismo es improcedente contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las C�maras que los constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o Diputaciones Permanentes cuando conciernen a la elecci�n, suspensi�n o remoci�n de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Luego de abundar en la limitaci�n conceptual de este tipo de decisiones legislativas, a la luz de diversos criterios emitidos por esta Corte, la legislatura asegura que la facultad que le confiere el art�culo 44, fracci�n XX, de la Constituci�n L. -designaci�n de los sustitutos de los integrantes de los Ayuntamientos y C.M.- no exige la intervenci�n de otro poder del Estado, lo que indica, en su opini�n, que esta facultad le ha sido concedida para que la ejerza de forma soberana. A su juicio, el ejercicio de la facultad contenida en el art�culo 44, fracci�n XX, de la Constituci�n L. no puede ser cuestionado, pues ello equivaldr�a a eliminar por completo el poder que el Constituyente L. le concedi�.

La Legislatura Estatal afirma que este juicio amparo (sic) es improcedente porque a fin de cuentas el objetivo del escrito de demanda es el an�lisis del nombramiento de un cargo p�blico realizado por el Congreso L., y el derecho a desempe�ar cargos de elecci�n popular constituye un derecho pol�tico en t�rminos de los art�culos 35, fracci�n II, y 36, fracci�n V, de la Constituci�n Federal, preceptos que establecen que el desempe�o de los cargos de elecci�n popular es una prerrogativa y una obligaci�n del ciudadano. El Congreso Estatal apoya su conclusi�n en dos tesis aisladas emitidas por el Tribunal Pleno en la S�ptima �poca, de rubros: "DERECHOS POL�TICOS, AMPARO IMPROCEDENTE POR VIOLACI�N A." y "DERECHOS POL�TICOS, AMPARO IMPROCEDENTE POR VIOLACI�N A (PRESIDENTES MUNICIPALES SUSPENSI�N)."

Independientemente de los anteriores razonamientos, el Poder Legislativo del Estado de M.�n alega, contra lo afirmado por el actor, que los actos impugnados s� fueron emitidos de conformidad con el procedimiento legal estatuido para la designaci�n de un presidente municipal sustituto. En su opini�n, esta afirmaci�n se acredita con las copias certificadas de las documentales que acompa�a a su escrito de contestaci�n. Invoca en el caso el principio jur�dico que establece manifiesta accusatione non indigent (las cosas que son claras no necesitan acusarse).

A continuaci�n, el Poder Legislativo da contestaci�n a cada uno de los hechos denunciados por el Municipio actor. Respecto de los hechos materia de controversia, niega que los mismos hayan ocurrido en los t�rminos precisados por el actor. Niega, en particular, que haya actuado de forma arbitraria, indebida e ilegal, y que haya transgredido la autonom�a del Municipio al designar como presidente municipal de dicha entidad a J.O.F.�as para lo que resta del periodo 2005-2007. Es falso, sostiene, que esta designaci�n se aparte del esp�ritu de la Constituci�n Estatal, que se haya omitido el procedimiento legal establecido para tal efecto y que se haya omitido fundar y motivar tal designaci�n. Finalmente, asevera que es falso que el presidente municipal de Buenavista designado no re�na los requisitos de elegibilidad que establece la ley.

S�PTIMO

Opini�n del procurador. El procurador general de la Rep�blica, en oficio PGR/698/2006 presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veinticinco de octubre de dos mil seis, manifest�, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. Se actualiza la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la N.�n para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Federal.

  2. El s�ndico del Municipio de Buenavista tiene legitimaci�n para promover en nombre de dicho Municipio el presente juicio.

  3. La demanda fue presentada oportunamente.

  4. No se actualiza ninguna causal de improcedencia en el presente caso.

  5. En opini�n del procurador general de la Rep�blica, el primer concepto de invalidez del actor, enderezado a impugnar el Decreto 58, es infundado.

    Afirma que el Decreto 58 emitido por el Congreso Estatal es un acto cuyos efectos s�lo se verifican en los �mbitos internos del gobierno y no trasciende a la esfera jur�dica de los particulares; en tal virtud, la motivaci�n requerida para su validez se satisface con los siguientes requisitos: la existencia de una norma legal que atribuya en favor de la autoridad la facultad para actuar en determinado sentido, el despliegue de su actuaci�n en la forma prevista por dicha norma y la existencia constatada de los antecedentes f�cticos que demuestre la procedencia de la aplicaci�n de la norma correspondiente y que justifique que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. Para el procurador, la existencia de los art�culos 44, fracci�n XX y 115 de la Constituci�n del Estado de M.�n, por un lado, satisface el requisito de fundamentaci�n del mencionado decreto, dado que en ellos se establece la facultad del Congreso L. de designar a las personas que han de integrar a los Ayuntamientos cuando falte alguno de sus miembros y no sea posible que los suplentes entren en funciones. Por el otro, la constataci�n en autos del hecho de la renuncia de la anterior presidente municipal del Ayuntamiento actor y la situaci�n derivada de la ley org�nica municipal de que los miembros de los Ayuntamientos no tienen suplentes, satisface el requisito de motivaci�n del decreto impugnado.

    Por otra parte, el procurador afirma que el Decreto 58 tampoco viola el principio de seguridad jur�dica, pues, contra lo afirmado por el Municipio actor, su emisi�n s� respet� el procedimiento establecido en la normativa aplicable. Argumenta que el traslado de la garant�a de debido proceso, establecido en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, a la emisi�n de los decretos legislativos se traduce en la necesidad de respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Los requisitos que debe observar el Congreso L. en la designaci�n de un miembro del Ayuntamiento ante la ausencia definitiva de uno de ellos se encuentran en el art�culo 119 de la Constituci�n L. y en el art�culo 50, fracci�n III, de la ley org�nica municipal. Afirma que dado que no existe un procedimiento especial para el ejercicio de esta facultad, el Congreso L. debe seguir el procedimiento ordinario de creaci�n de leyes. Del t�tulo segundo de la Ley Org�nica y Procedimientos del Congreso del Estado de M.�n se deriva que este procedimiento se conforma con las siguientes etapas: iniciativa, dictamen, discusi�n, aprobaci�n, promulgaci�n y publicaci�n. En su opini�n, de autos se desprende que todas estas etapas fueron satisfechas por el Congreso Estatal. Igualmente, afirma que de las consideraciones vertidas por la Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales, se concluye que el Congreso Estatal respet� todos los requisitos de elegibilidad previstos en el art�culo 119 de la Constituci�n L. y el origen partidista de la anterior presidenta municipal a que obliga el art�culo 50, fracci�n III, de la ley org�nica municipal estatal.

    El procurador general de la Rep�blica sostiene que es infundada la afirmaci�n del actor de que quien fue designado presidente municipal de Buenavista est� impedido para desempe�arse como tal, al ocupar el cargo de coordinador municipal del Comit� de Planeaci�n y Desarrollo Municipal. El actor no prueba, en los t�rminos del art�culo 81 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la ley reglamentaria de las dos primeras fracciones del art�culo 105 constitucional, ese hecho y en autos no obra ning�n elemento de convicci�n de dicha situaci�n. Considera que la afirmaci�n del actor tampoco encuentra sustento en el hecho de que el presidente municipal designado por el Congreso L. sea diputado suplente, pues afirma que quien ejerce las funciones de legislador es el diputado propietario y no el suplente.

    Finalmente, alega que esta �ltima situaci�n -que quien fue designado presidente Municipal fuera diputado suplente- no viola el principio de divisi�n de poderes consagrado en el art�culo 49 de la Constituci�n Federal. Argumenta que, aunque el principio de divisi�n de poderes aplicable a los Estados no se encuentre en el art�culo 49, sino en el 116 de la Constituci�n Federal, el prop�sito de este principio radica en el prop�sito de impedir que un poder se sobreponga a otro. Sin embargo, en el presente caso la situaci�n es distinta, ya que se trata de un conflicto entre dos �rdenes, el estatal y el municipal, raz�n que lo lleva a concluir que el argumento del actor no guarda relaci�n con la litis del asunto.

  6. Por otra parte, el procurador afirma que el segundo concepto de invalidez del actor, enderezado a impugnar el Decreto 61, es parcialmente fundado.

    En primer lugar sostiene, contra lo alegado por el actor, que es infundado que el Decreto 61 sea inconstitucional por la raz�n de que en �ste se dispuso que su entrada en vigor se dar�a despu�s de su aprobaci�n sin satisfacerse el requisito de su publicaci�n. Coincide en que una de las etapas del proceso legislativo es la publicaci�n de las normas producto de dicho proceso, cuya finalidad consiste en lograr que las leyes y decretos sean conocidos por aquellos a quienes obliga. Sin embargo, sostiene que la resoluci�n contenida en el decreto impugnado no es una norma abstracta, impersonal ni general. Aunque se trate de un acto formalmente legislativo, es un acto materialmente administrativo, los cuales no requieren para adquirir validez de su publicaci�n. Sin embargo, desde otro �ngulo, sostiene que este argumento resulta fundado. Alega que el Decreto 61 tuvo como prop�sito la reforma del Decreto 58 y, por ello, se encuentra sujeto a la regla general del derecho que dice que las reformas o la abrogaci�n de las disposiciones legislativas deben seguir el mismo procedimiento de su creaci�n. Dado que el Decreto 58 entr� en vigor despu�s de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial, la reforma de �ste deb�a entrar en vigor despu�s de su publicaci�n. En consecuencia, afirma que el art�culo primero transitorio del Decreto 61 viola la garant�a del debido proceso contenida en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

    Finalmente, el procurador general de la Rep�blica alega que es infundado el argumento del actor seg�n el cual es facultad exclusiva de los Municipios tomar la protesta a sus presidentes municipales, seg�n el art�culo 20 de la ley org�nica municipal local. Ello es as�, porque el art�culo 157 de la Constituci�n del Estado de M.�n establece que los funcionarios p�blicos deben rendir protesta ante la autoridad que los haya designado o ratificado. En su opini�n, este acto es un medio de control pol�tico que no invade facultades de los Municipios y cuya realizaci�n no excluye la posibilidad de que el �rgano al que pertenece le pueda tomar una nueva protesta.

OCTAVO

Audiencia p�blica y alegatos. El veinticinco de octubre de dos mil seis, agotado el tr�mite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 34 de ese cuerpo legal, se hizo relaci�n de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se tuvieron por presentados sus alegatos y por formulada la opini�n del procurador general de la Rep�blica.

En sus alegatos, el s�ndico del Municipio actor argumenta, contra lo afirmado por el Congreso L., que esta Corte es competente para conocer de esta controversia constitucional y que en su car�cter de s�ndico municipal s� tiene legitimidad parar promover el presente juicio en nombre de su Municipio. Insiste en que el Congreso L., a trav�s de los decretos impugnados, viol� su autonom�a municipal, esencialmente, porque la persona que design� como presidente municipal de su Ayuntamiento no re�ne los requisitos de elegibilidad que establece la Constituci�n L. y porque se atribuy� indebidamente la facultad de tomarle la protesta a dicho funcionario, la cual forma parte de su esfera de atribuciones municipales. Por estas razones, solicita a esta Corte declarar inv�lidos los decretos impugnados, y ordenar al Congreso L. que reinicie un procedimiento que tenga por objeto la designaci�n de un nuevo presidente municipal para su Ayuntamiento.

Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la N.�n es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en raz�n de que se plantea un conflicto entre, por un lado, el Estado de M.�n, a trav�s de su Poder Legislativo, y el Municipio de Buenavista de esa entidad federativa.

Cabe se�alar que aunque la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Federal establece que la Suprema Corte es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre una serie enumerada de poderes y �rganos "con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el art�culo 46 de esta Constituci�n", este Pleno estima que la litis en la presente instancia no se inscribe en el�mbito de la "materia electoral" a que se refiere el precepto transcrito. Esta expresi�n, al igual que la referencia al art�culo 46 de la Constituci�n, tienen como finalidad asegurar la no contradicci�n y la armonizaci�n sistem�tica del conjunto de previsiones constitucionales, y excluyen �nicamente del �mbito de las controversias constitucionales las impugnaciones que son conocidas por la v�a de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias sobre l�mites, cuya resoluci�n el art�culo 46 atribuye al Senado de la Rep�blica, y las cuestiones electorales que caen dentro del �mbito de competencia de las autoridades electorales (Instituto Federal Electoral, Institutos Electorales Estatales y del Distrito Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, Tribunales Electorales Estatales y del Distrito Federal). Lo que queda fuera del �mbito material de estas v�as contenciosas y, en particular, lo relativo a procesos de elecci�n indirecta, no directa, podr�n ser vistos por esta Suprema Corte en controversia constitucional, siempre y cuando se actualicen adem�s el resto de presupuestos y condiciones necesarios para ello.

Dada la relevancia de esta cuesti�n, su inscripci�n en un �mbito de revisi�n oficiosa por parte del �rgano juzgador, y el hecho de que no haya sido objeto de clarificaci�n expl�cita en sede de controversia constitucional, lleva al Pleno de esta Corte a desarrollar a continuaci�n las razones que apoyan las anteriores conclusiones.

Como es sabido, tanto nuestra Carta Magna como las leyes reglamentarias de las distintas v�as de control jurisdiccional hacen alusi�n, en varias ocasiones, a las cuestiones electorales. Ello es consecuencia de la opci�n de nuestro Constituyente de crear una autoridad y una jurisdicci�n especializada en materia electoral, aunque complementaria e institucionalmente articulada con las funciones de esta Suprema Corte en car�cter de m�ximo int�rprete de la Constituci�n y m�ximo �rgano de control de la constitucionalidad de las normas. Esta opci�n b�sica o estructural lleva al Texto Constitucional a recoger un reparto de atribuciones del que se hacen eco varios preceptos, entre los que destacan, y por lo que se refiere al nivel federal, los siguientes:

"Art�culo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federaci�n en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral [de la Federaci�n], en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. ..."

"Art�culo 99. El Tribunal Electoral ser�, con excepci�n de lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 105 de esta Constituci�n, la m�xima autoridad jurisdiccional en la materia y �rgano especializado del Poder Judicial de la Federaci�n. ...

"Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los t�rminos de esta Constituci�n y seg�n lo disponga la ley, sobre: ...

"Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de alg�n acto o resoluci�n o sobre la interpretaci�n de un precepto de esta Constituci�n, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las Salas o las partes, podr�n denunciar la contradicci�n, en los t�rminos que se�ale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la N.�n decida en definitiva cu�l tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectar�n los asuntos ya resueltos. ..."

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la N.�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el art�culo 46 de esta Constituci�n, se susciten entre: ...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.

"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:

"...

"f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro.

"...

"La �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constituci�n es la prevista en este art�culo.

"Las leyes electorales federal y locales deber�n promulgarse y publicarse por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podr� haber modificaciones legales fundamentales.

"Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia s�lo podr�n declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayor�a de cuando menos ocho votos. ..."

La lectura de los anteriores preceptos -y espec�ficamente de los fragmentos subrayados- pone de relieve la preocupaci�n del Constituyente por conservar la coherencia sist�mica del Texto Fundamental y por destacar los puntos de articulaci�n entre los �mbitos de las diferentes �reas jurisdiccionales en lo que ata�e a la materia electoral. Sin embargo, como es propio y consustancial al fen�meno de la regulaci�n jur�dica, y en particular a la regulaci�n constitucional, han surgido dudas interpretativas, y en varias ocasiones este M�ximo Tribunal ha sido llamado a despejarlas.

As� por ejemplo, en la sentencia que resolvi� la contradicci�n de tesis 2/2000-PL, este Pleno determin� que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n carece de competencia para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes. El Tribunal Electoral, se determin�, s�lo puede manifestarse respecto de la constitucionalidad de alg�n acto o resoluci�n o sobre la interpretaci�n de un precepto constitucional, siempre que esta �ltima no se realice para certificar la conformidad de una ley electoral con el propio Ordenamiento Supremo; es a esta Suprema Corte a quien compete de manera exclusiva conocer de las acciones de inconstitucionalidad en las que se plantee la contradicci�n entre una norma general y la Constituci�n, siendo �sta la �nica v�a para plantear la inconstitucionalidad de las leyes electorales.(1)

En segundo lugar, este Alto Tribunal ha desarrollado una l�nea jurisprudencial a lo largo de la cual ha ido perfilando qu� debe entenderse por "leyes electorales" para los efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad contra leyes y de la determinaci�n de los supuestos en los que los partidos pol�ticos est�n legitimados para interponerlas. Esta cadena de precedentes tiene su origen en la acci�n de inconstitucionalidad 1/95 y su continuaci�n fundamental en las acciones 10/98, 9/2001, 30/2001, 3/2005 y 28/2005.(2) En esta �ltima, que es especialmente relevante en el contexto del presente asunto, el Pleno decidi� retomar la definici�n amplia de la noci�n de "leyes electorales" sentado en la acci�n de inconstitucionalidad 10/98, y rechazar o superar expl�citamente el precedente sentado en la acci�n de inconstitucionalidad 9/2001, en la que se hab�a tratado una cuesti�n jur�dica pr�cticamente id�ntica a la que deb�a dilucidarse en la 28/2005, consistente en determinar si las reglas para la designaci�n de un gobernador interino por parte del Congreso L. era de naturaleza electoral o no, para los efectos de su impugnabilidad por la v�a de la acci�n de inconstitucionalidad. En la acci�n 28/2005, como decimos, se retom� el criterio de la 10/98, seg�n el cual:

"... las normas generales electorales no s�lo son las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino tambi�n las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o C�digo Electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritaci�n o redistritaci�n, creaci�n de �rganos administrativos para fines electorales, organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites de las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones espec�ficas que para tales asuntos prev� la ley reglamentaria de la materia, ..."(3)

Acogiendo esta l�nea de razonamiento, el Pleno estim� en la acci�n 28/2005 y despu�s de una larga discusi�n, que las normas sobre designaci�n de un gobernador interino gozaban de naturaleza electoral para los efectos de lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Federal.(4)

Un tercer e importante debate en torno a lo que debe considerarse "electoral" a efecto de establecer el �mbito de los diversos medios de control constitucional y legal en nuestro pa�s se ha desarrollado en sede de amparo, y encuentra su fuente reciente m�s relevante en el amparo en revisi�n 743/2005, en el que se analiz� el tema de las candidaturas independientes. En el referido amparo, este cuerpo colegiado desarroll� el esquema de articulaci�n general entre la acci�n de inconstitucionalidad y los medios de impugnaci�n de los que conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, por un lado, y el juicio de amparo, por otro. En esa ocasi�n se sostuvo, de nuevo, un criterio relativamente amplio de lo que deb�a considerarse normativa general en materia electoral, la cual queda dentro del �mbito competencial de la Suprema Corte en la v�a de las acciones de inconstitucionalidad, y se separ� este �mbito respecto del an�lisis de la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral que debe ser desarrollado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, en t�rminos del art�culo 99 constitucional, as� como respecto de las impugnaciones que pueden conocerse en v�a de amparo.(5)

Aunque todas estas l�neas jurisprudenciales han sido fruto de debates intensos, y las resoluciones respectivas llevan adjuntos, a menudo, votos concurrentes y particulares, los miembros de este Pleno han tratado estas cuestiones guiados, en todo caso, por un mismo conjunto de imperativos o normas de correcci�n funcional que en el derecho comparado informan y caracterizan el ejercicio ordinario de la jurisdicci�n constitucional. As�, se ha tenido en cuenta la importancia de no limitar injustificadamente el acceso de los justiciables a las v�as procesales de defensa (principio pro actione); la necesidad de no dejar �mbitos exentos del control de constitucionalidad y de legalidad exigido por la fuerza normativa del ordenamiento (universalidad del control jurisdiccional); o el imperativo de interpretar las normas que asignan competencias a los �rganos jurisdiccionales o las que definen el objeto de los diversos medios o v�as de control de actos y normas de conformidad con los ideales de completitud, no contradicci�n o no redundancia del ordenamiento (principio del legislador y del Constituyente racional).

Por ejemplo, la definici�n relativamente amplia de qu� debe entenderse por "leyes electorales" impugnables mediante la acci�n de inconstitucionalidad, ante la insuficiencia de la literalidad de la norma, emergi� de la ponderaci�n de factores como la legitimaci�n de los partidos pol�ticos para impugnar este tipo -y s�lo este tipo- de leyes, el impacto de los especiales requisitos de tramitaci�n de la acci�n en estos casos, la influencia en la recurribilidad de normas por v�a de amparo, o las exigencias de articular la v�a con los mecanismos de control en materia electoral, como intento de presentar la mejor articulaci�n posible del conjunto de normas constitucionales relevantes.

De modo an�logo, estimamos que lo que deba ser incluido o excluido del �mbito de las controversias constitucionales ha de determinarse tomando en consideraci�n la interrelaci�n sist�mica entre las diferentes v�as de control constitucional y legal previstas por nuestra Carta Magna, as� como la necesidad de no dejar "vac�os" o zonas de la vida social y pol�tica exentas o inmunes al escrutinio de constitucionalidad exigido por la fuerza normativa suprema de nuestro Texto Constitucional, de la cual esta Corte es garante, y por el art�culo 17 de aqu�l, m�s en particular. La reserva introducida por la fracci�n I del art�culo 105, seg�n la cual la Suprema Corte es competente para conocer de las controversias constitucionales "con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el art�culo 46 de esta Constituci�n" tiene a nuestro juicio una funci�n de referencia sist�mica, orientada a garantizar la no-contradicci�n normativa y a recordar consiguientemente al int�rprete la necesidad de correlacionar la regulaci�n sobre controversias constitucionales con todas y cada una de las dem�s previsiones de la Carta Magna, en particular las que han quedado transcritas anteriormente, sobre cuestiones electorales, y el art�culo 46, que atribuye la resoluci�n de las controversias sobre l�mites territoriales entre Estados al Senado de la Rep�blica.

De ah� que la definici�n jurisprudencial de lo que sea "materia electoral" desarrollada por esta Corte al interpretar los contornos procesales de otras figuras y v�as jurisdiccionales no pueda ser autom�ticamente proyectada y aplicada al �mbito de las controversias constitucionales. Por ejemplo: aplicar por analog�a el criterio sentado en la acci�n de inconstitucionalidad 28/2005 -en la que se dijo que las normas sobre designaci�n de un gobernador sustituto son de naturaleza electoral-, y estimar que la designaci�n de un presidente municipal sustituto hace parte de la "materia electoral" en los t�rminos de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, para concluir que esta Corte no es competente para conocer de las controversias que puedan haberse suscitado en torno a tal designaci�n, tendr�a unas consecuencias sist�micas en ning�n momento previstas ni ponderadas por el Pleno al resolver la acci�n de inconstitucionalidad de la que el criterio se importa. En el contexto de una acci�n de inconstitucionalidad, adoptar una definici�n relativamente amplia de las cuestiones electorales no tiene m�s consecuencia que ampliar el n�mero de casos en los que los partidos pol�ticos pueden impugnar ciertas normas generales, y en los que las reglas sobre oportunidad y tramitaci�n cambian.

En contraste, importar autom�ticamente esa misma definici�n amplia al contexto de las controversias constitucionales tiene como efecto reducir el n�mero de casos en los que esta Suprema Corte debe declararse competente para decidir, dejando sin cauce institucional de soluci�n una serie importante de conflictos que no van a encontrar acomodo ante los �rganos jurisdiccionales electorales (porque la competencia de estos �ltimos se reduce a lo que podemos denominar "electoral en sentido estricto" o en sentido "restringido", y porque las reglas de legitimaci�n para recurrir ante estos �rganos son radicalmente distintas a las que operan en sede de controversia constitucional) y obteniendo resultados dif�ciles de cohonestar con otras l�neas interpretativas de este Alto Tribunal en torno a lo que es el objeto de las controversias constitucionales.

En particular, en relaci�n con esto �ltimo, consideramos digno de menci�n el hecho de que sea jurisprudencia firme de esta Corte el llamado "criterio de Temixco", seg�n el cual en v�a de controversia pueden plantearse todo tipo de violaciones a la Constituci�n Federal, sean directas o sean indirectas(6) y, en especial, la s�lida y prolongada l�nea de decisiones que reconoce legitimaci�n a los Municipios para interponer una controversia constitucional cuando el problema jur�dico implicado "afecta su integraci�n".(7) Cuestiones que influyen en el nombramiento, suspensi�n, cese o sustituci�n de los miembros de los Ayuntamientos a ra�z de juicios pol�ticos son diferendos t�picamente resueltos por esta Corte en la v�a de las controversias, y no porque puedan afectar a funcionarios que emergen de una elecci�n popular se consideran inscritas en la materia electoral.

De conformidad con lo anterior, estimamos que para determinar cu�ndo la Suprema Corte es competente para conocer de una controversia, y cu�ndo por el contrario estamos ante una disputa en "materia electoral" en el sentido en que usa esta expresi�n la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n, es necesario evitar toda aplicaci�n autom�tica de definiciones desarrolladas en otras sedes procesales y proceder, por el contrario, a la aplicaci�n sucesiva de los siguientes criterios:

1) En primer lugar, esta Corte debe cerciorarse de que en la demanda no se impugnan "leyes electorales" -normas generales en materia electoral-, interpretando tal expresi�n de conformidad con los criterios sentados por esta Corte en acciones de inconstitucionalidad.

2) Si se supera el criterio anterior, hay que comprobar que en la demanda no se impugnen actos y resoluciones cuyo conocimiento haya sido atribuido a las autoridades jurisdiccionales electorales competentes, esto es, hay que comprobar que en la demanda no se impugnan actos que se inscriban en la materia electoral directa, relacionada con los procesos que pivotan en torno al sufragio ciudadano.

3) Finalmente, deben satisfacerse el resto de las condiciones a las que la Constituci�n y la ley reglamentaria de la materia condicionan la actualizaci�n de la competencia de esta Suprema Corte, en particular, que se trate de conflictos entre los poderes p�blicos enumerados en los incisos a) al k) de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional.

El criterio de delimitaci�n de aquello que debe ser considerado "materia electoral" en sede de controversia constitucional, una vez tomados en cuenta todos los elementos constitucionalmente relevantes, resulta as� estar situado en un punto intermedio entre la definici�n amplia de materia electoral aplicable en el �mbito de las acciones de inconstitucionalidad, y la definici�n estricta aplicable en el �mbito del juicio de amparo. En el �mbito particular de las controversias constitucionales, resultar� especialmente relevante la distinci�n entre lo que podr�amos llamar materia electoral "directa" y materia electoral "indirecta". La materia electoral directa se relaciona con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integraci�n de los poderes p�blicos mediante el sufragio universal, regido por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional tambi�n especializado. La materia que puede calificarse de electoral s�lo de modo indirecto es la que se relaciona con nombramientos o integraci�n de �rganos mediante decisiones de otros poderes p�blicos, no mediante procedimientos que pivotan en torno a la emisi�n del voto ciudadano. Las controversias que se susciten en el �mbito de lo electoral s�lo en sentido indirecto, que por regla general involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios t�cnicamente electorales, s� pueden ser conocidas por esta Corte por la v�a de las controversias.

La distinci�n anterior es importante para evitar el riesgo de interpretar el segundo de los est�ndares arriba identificados de un modo que lleve a cercenar la integridad del sistema impugnatorio electoral previsto en la Constituci�n Federal. Ciertamente, la dimensi�n en algunos puntos residual de la v�a contenciosa representada por las controversias constitucionales, y la importancia de no dejar a nadieen la indefensi�n son elementos importantes para un �rgano cuyo cometido fundamental es garantizar al m�ximo nivel la integridad normativa del sistema jur�dico. Pero lo que no podr�a hacerse, en ning�n caso, y por poner un ejemplo, es usar el argumento de la relativa residualidad de la v�a de las controversias para adicionar una v�a de impugnaci�n a actos electorales cuando se hayan agotado ya los recursos previstos para ello en la normativa que rige el acceso a la jurisdicci�n electoral. Los est�ndares anteriores, en otras palabras, se deben aplicar siempre con prudencia y atenci�n a las particularidades del caso y a la integridad del sistema, para no traicionar su funcionalidad misma como instrumentos de an�lisis.

A la luz de los criterios anteriores, el problema planteado en la demanda que ha dado origen a la presente controversia satisface las condiciones necesarias para actualizar la competencia de esta Suprema Corte. En primer lugar, tal como detallaremos en el siguiente considerando, el actor impugna actos, no normas generales, lo cual separa el problema planteado del �mbito material de las acciones de inconstitucionalidad. En segundo lugar, se trata de actos que caen fuera de la materia electoral competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n y del Tribunal Electoral de M.�n, como se concluye a partir de la lectura de los preceptos jur�dicos correspondientes de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnaci�n en Materia Electoral y de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnaci�n en Materia Electoral correspondiente al Estado de M.�n.(8) Estamos, de hecho, ante un caso de elecci�n indirecta de un funcionario p�blico por parte del Congreso del Estado, y no ante un caso relacionado con el proceso de voto ciudadano, de manera que no estamos en uno de los casos que la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n excluye del �mbito leg�timo de las controversias.

Finalmente, como anunciamos en el p�rrafo inicial, se trata de una controversia en la que se plantea un conflicto entre el Estado de M.�n, a trav�s de su Poder Legislativo, y un Municipio del mismo Estado, lo cual se inscribe en el inciso i) de la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, de modo que no hay sino que concluir que este cuerpo colegiado es competente para conocer de la misma.

SEGUNDO

Oportunidad. En el apartado IV de su escrito de demanda, el Municipio actor impugna dos decretos:

En primer lugar, el Decreto Legislativo N�mero 58, aprobado por la Septuag�sima Legislatura del Estado de M.�n el veinticinco de mayo de dos mil seis(9) y publicado en el Peri�dico Oficial el veintis�is del mismo mes y a�o. En este decreto el Congreso L. nombra como presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista, a ra�z de la renuncia de la anterior presidenta municipal aprobada por el C., a J.O.F.�as, para que cumpla con lo que queda del periodo de gobierno que finalizar� el treinta y uno de diciembre de dos mil siete.

En segundo lugar, se impugna el Decreto Legislativo N�mero 61 aprobado por la misma Legislatura Estatal el ocho de junio de dos mil seis y publicado en el Peri�dico Oficial estatal el ocho de julio del mismo a�o.(10) Mediante ese decreto el Congreso L. reform� el art�culo segundo del Decreto Legislativo 58 para que la persona designada para ocupar el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista rindiera la protesta de ley ante el propio Congreso L. y ya no ante el C. del Ayuntamiento.

Para analizar si la demanda es oportuna, es preciso considerar la naturaleza de estos decretos y precisar el modo en que se relacionan.

A juicio de este Pleno, los dos decretos impugnados tienen naturaleza de actos y no de normas generales; no constituyen normas que tengan un destinatario general, definido por un criterio m�s o menos abstracto, sino que est�n orientados, el primero de ellos, a designar de modo individualizado y espec�fico a un funcionario municipal y, el segundo, a modificar un resolutivo del anterior decreto referido a la forma en que dicho funcionario debe tomar protesta. Para determinar si su impugnaci�n es oportuna, por tanto, resultan de aplicaci�n las reglas establecidas en la fracci�n I del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal.

Seg�n este art�culo, el plazo para la interposici�n de la demanda de controversia ser� de "treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos".

El actor afirma que tuvo conocimiento del Decreto 58 el veintis�is de mayo de dos mil seis, fecha de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado. Ante la falta de constancia en autos de notificaci�n al Municipio actor antes de esa fecha -notificaci�n que viene ordenada por el art�culo tercero del decreto- debe tenerse esta �ltima como aquella en que tuvo conocimiento del mismo para los efectos del c�mputo de los treinta d�as marcados por la ley reglamentaria de la materia. Debe, pues, tomarse en cuenta la segunda de las hip�tesis de la fracci�n I del art�culo 21 de este ordenamiento, seg�n el cual el c�mputo del plazo debe iniciarse al d�a siguiente al en que el actor tuvo conocimiento del acto impugnado o de su ejecuci�n.

Siendo el veintis�is de mayo el d�a en que la parte actora tuvo conocimiento del Decreto 58, el t�rmino debe empezar a contarse desde el d�a (h�bil) siguiente al mencionado, y corre del veintinueve de mayo al siete de julio de dos mil seis, debiendo descontarse los d�as veintisiete y veintiocho de mayo; tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio; y uno y dos de julio, por ser s�bados y domingos, inh�biles seg�n el art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n. Si la demanda se present� el veintisiete de junio de dos mil seis, es claro que la misma es oportuna respecto de este decreto.

El actor afirma, por otro lado, que tuvo conocimiento del Decreto 61 el diez de junio de dos mil seis -aunque su publicaci�n en el Peri�dico Oficial se realiz� en una fecha posterior, el ocho de julio del mismo a�o-. Dado que tampoco obra en autos alg�n elemento de convicci�n que lleve a considerar otra fecha, cobran relevancia las consideraciones realizadas respecto del otro decreto impugnado. En la impugnaci�n de actos, lo que la ley reglamentaria de la materia privilegia es el conocimiento efectivo del acto por encima de la fecha de publicaci�n, por lo que debe ser el diez de junio de dos mil seis la fecha que debe tenerse en cuenta para el inicio del c�mputo de la oportunidad de la impugnaci�n en cuesti�n.

Siendo el diez de junio de dos mil seis el momento en que la parte actora tuvo conocimiento del Decreto 61, el t�rmino debe empezar a contarse desde el d�a (h�bil) siguiente al mencionado, y corre en consecuencia del doce de junio al siete de agosto, debi�ndose descontar los d�as once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio; uno, dos, ocho y nueve de julio; el cinco y seis de agosto, por ser s�bados y domingos, inh�biles seg�n el art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, as� como del quince al treinta y uno de julio del mismo a�o, por corresponder al primer periodo de receso de esta Suprema Corte en los t�rminos del art�culo 3o. del mismo ordenamiento. Si la demanda fue presentada el veintisiete de junio de dos mil seis, es claro que la misma es oportuna tambi�n respecto de este decreto.

TERCERO

Legitimaci�n activa. Acto continuo se procede a realizar el estudio de la legitimaci�n de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acci�n.

El Poder Legislativo del Estado de M.�n argumenta que el Municipio de Buenavista carece, como ente p�blico, de legitimaci�n para promover una controversia constitucional contra uno de los Poderes L.es -en este caso el Legislativo-, porque no goza de jurisdicci�n territorial sobre la totalidad del Estado al que pertenece, requisito que a su juicio exigir�a el art�culo 105 constitucional para actualizar la competencia de esta Corte. Invoca en este punto la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno de esta Corte en la Quinta �poca, de rubro: "MUNICIPIOS, PERSONALIDAD DE LOS."

Este razonamiento es, sin embargo, infundado. El art�culo 105 de la Constituci�n Federal, que regula los elementos estructurales y b�sicos de las controversias constitucionales, fue objeto de importantes reformas que fueron publicadas el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federaci�n, las cuales hacen inaplicable la tesis citada por el Congreso Estatal, emitida antes de tales modificaciones. En efecto, a partir de dichas reformas, el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), constitucional establece que esta Suprema Corte conocer�, en los t�rminos de la ley reglamentaria, de las controversias constitucionales que se susciten, entre otros supuestos, entre un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.(11) Por tanto, el Municipio de Buenavista tiene legitimidad para impugnar actos o normas generales de uno de los Poderes del Estado en el que se inscribe a trav�s de una controversia constitucional.

Por otro lado, en el escrito de demanda se aprecia que quien promueve la controversia constitucional es el s�ndico del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Buenavista, car�cter que acredita con una copia (certificada por fedatario p�blico) de la constancia de mayor�a y validez que le fue otorgada por el Concejo Municipal dependiente del Instituto Estatal Electoral el d�a diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.

El art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que podr�n comparecer a juicio los funcionarios que, en los t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representar a los �rganos correspondientes.

El art�culo 51, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n de O. establece, por su parte, lo siguiente:

"Art�culo 51. Son facultades y obligaciones del s�ndico:

"...

"VIII. Representar legalmente al Municipio, en los litigios en que �ste sea parte y delegar dicha representaci�n, previo acuerdo del Ayuntamiento."

El Poder Legislativo, sin embargo, argumenta que el s�ndico en forma aislada carece de legitimaci�n para acudir en representaci�n de su Municipio para interponer la controversia constitucional. La representaci�n del Municipio, afirma, corresponde al Ayuntamiento (o en su caso al Concejo Municipal) en su car�cter de �rganos colegiados, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 112, 113, 114 y 123, fracci�n I, de la Constituci�n L., que establecen, respectivamente, que el Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento que tendr� personalidad jur�dica para todos los efectos legales, que su composici�n es colegiada y que tiene entre sus facultades y obligaciones, la de representar jur�dicamente al Municipio. El legislativo alega que el s�ndico municipal tiene el deber de responder ante el Ayuntamiento sobre la defensa de los intereses municipales, atendiendo los asuntos jur�dicos del Municipio, pero, dado los t�rminos de los art�culos de la Constituci�n L. antes mencionados, s�lo en car�cter de asesor legal.

El argumento es igualmente infundado. El contenido de los art�culos de la Constituci�n del Estado de M.�n de O., citados por el Poder Legislativo, no se oponen al art�culo 51, fracci�n VIII, de la ley org�nica municipal del Estado, de modo tal que este Pleno deba precisar cu�l debe primar sobre el otro en relaci�n con el punto controvertido. La interpretaci�n de ambos ordenamientos legales no debe realizarse de forma aislada, sino de forma arm�nica y sistem�tica. Aunque los art�culos 112, 113 y 123, fracci�n I, de la Constituci�n L. consagran al Ayuntamiento como un �rgano colegiado que tiene a su cargo el gobierno y administraci�n del Municipio y, en ese car�cter tiene capacidad representativa general del Municipio, el s�ndico tiene, seg�n el art�culo 51, fracci�n VIII, de la ley org�nica municipal estatal, la responsabilidad institucional y especializada de ejercer dicha representaci�n en los litigios de que sea parte.

En este orden de ideas, no cabe afirmar que el s�ndico requiere la autorizaci�n del Ayuntamiento para ejercer la representaci�n del Municipio, como afirma el legislativo, pues dicha facultad la tiene atribuida como una de sus funciones institucionalizadas, como miembro del Ayuntamiento, por mandato de la ley, y no por mandato contractual, y el ejercicio de esta atribuci�n no puede estar sujeto a la voluntad de ning�n �rgano del Municipio. Cobra aplicaci�n, por analog�a, la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL S�NDICO �NICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACI�N PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACI�N, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO."(12)

No pasa desapercibido que el s�ndico promovente, como relata el propio escrito de demanda, fue nombrado presidente municipal interino en la sesi�n extraordinaria de C. n�mero 46, y que para las funciones de s�ndico se nombr� interinamente a otra persona; sin embargo, estos extremos en nada dificultan el reconocimiento del car�cter de s�ndico al se�or P.Z.�rate P�rez, una vez que resulta claro que existe un nombramiento de nuevo presidente municipal -extremo �ste reconocido por ambas partes, aunque haya aspectos relativos a la g�nesis de dicho nombramiento y aspectos relacionados con sus condiciones de efectividad que se sit�an en el centro de la disputa que constituye la litis en la presente controversia-, hay que considerar, a los efectos del an�lisis jur�dico pertinente en este estadio de la resoluci�n del asunto, que ha reasumido el ejercicio de las funciones del cargo con el que se acredita ante esta Corte y que si comparece a nombre y representaci�n del Municipio de Buenavista, M.�n, tiene la capacidad representativa necesaria para promover en la presente v�a.

CUARTO

Legitimaci�n pasiva. A continuaci�n se analiza la legitimaci�n de las partes demandadas.

Los art�culos 10, fracci�n II y 11, primer p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia prev�n que en una controversia constitucional tendr� el car�cter de demandado la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional; asimismo, el demandado deber� comparecer a juicio por conducto de funcionarios que, en t�rminos de las normas que lo rigen, est�n facultados para representarlo; en todo caso, se presumir� que quien comparece a juicio goza de la representaci�n legal de la parte demandada.

Por acuerdo de treinta de junio de dos mil seis se tuvo por autoridad demandada en la presente controversia al Poder Legislativo del Estado. El Poder Legislativo es quien emiti� los decretos impugnados en la presente controversia y es quien podr�a satisfacer la pretensi�n del actor en caso de que se considere fundada, por lo que debe reconoc�rsele legitimidad pasiva en este juicio.

Quien contesta la demanda en nombre de la autoridad legislativa estatal es la diputada A.L.�a M.G., presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de M.�n, car�cter que acredita con copia certificada del acta de sesi�n del Congreso L. del once de mayo de dos mil seis, por la que integr� la Mesa Directiva de ese �rgano.

El art�culo 27, fracci�n II, de la Ley Org�nica y de Procedimientos del Congreso del Estado de M.�n de O. establece que es atribuci�n de la presidencia de la Mesa Directiva representar al Congreso ante los otros dos poderes del Estado, los Ayuntamientos, los Poderes de la Uni�n y dem�s entidades federativas:

"Art�culo 27. Son atribuciones de la presidencia de la mesa directiva las siguientes:

"...

"II. Representar al Congreso ante los otros dos Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los Poderes de la Uni�n y dem�s entidades federativas."

Quien suscribe la contestaci�n de la demanda, goza, en consecuencia, de las facultades legales para acudir a este juicio en representaci�n del Poder Legislativo del Estado de M.�n.

QUINTO

Legitimaci�n del procurador. El procurador general de la Rep�blica est� tambi�n legitimado para ser parte en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 10, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO

Causales de improcedencia. A continuaci�n se abordan las causales de improcedencia invocadas por la parte demandada.

En primer lugar, el Poder Legislativo del Estado de M.�n hace valer la causal de improcedencia referente a la falta de competencia de esta Suprema Corte para conocer de la presente controversia constitucional. Hace descansar esta afirmaci�n en el hecho de que, en su opini�n, el Municipio de Buenavista, por su condici�n de ente p�blico con un cierto tipo limitado de jurisdicci�n territorial, carece de legitimaci�n para demandar, a trav�s de esta v�a, al Poder Legislativo de su entidad.

Este argumento es infundado por las razones expuestas en el considerando reservado al estudio de la legitimaci�n activa, por lo que huelga desarrollar aqu� ulteriores consideraciones sobre el mismo.

En segundo lugar, el Congreso Estatal afirma que la controversia es improcedente debido a que el actor no especifica en su escrito de demanda los �mbitos concretos de competencia municipal que quedaron afectados por los decretos legislativos impugnados, en el entendido de que este medio de control constitucional tiene por objeto dirimir litigios que se suscitan a la luz del principio de divisi�n de poderes.

Sin embargo, este �rgano colegiado considera que la demanda presentada satisface todos los requisitos exigidos para tal efecto por el art�culo 22 de la ley reglamentaria de la materia, de manera que no podr�a asociarse la improcedencia de la controversia a la causal prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la citada ley (que establece que la controversia es improcedente "en los dem�s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposici�n de esta ley") en conexi�n con el art�culo 22 de la misma.

Por otro lado, en la medida en que el argumento quiera leerse como un cuestionamiento de la solidez de los se�alamientos de la demanda en relaci�n con la invasi�n de �mbitos de competencia municipal, es claro que se trata entonces de un punto perteneciente a la cuesti�n de fondo que ser� estudiada en el siguiente considerando, por lo que procede desestimarla como causal de improcedencia. Resulta aplicable la tesis que lleva el siguiente rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE."(13)

Finalmente, el Poder Legislativo del Estado de M.�n invoca la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n VIII, de la Ley de Amparo, que establece que dicho juicio es improcedente, inter alia, contra las resoluciones dictadas por los Congresos L.es en materia de elecci�n de funcionarios en los casos en que sean emitidos, seg�n el contexto legal aplicable, de forma soberana o discrecional. Esta causal, sin embargo, no se encuentra contemplada por la ley reglamentaria de las dos primeras fracciones del art�culo 105 constitucional, cuerpo legal que reglamenta lascontroversias constitucionales, raz�n por la cual el argumento al respecto no puede sino ser declarado patentemente infundado.

No apreciando la existencia de otras causales de improcedencia, este Pleno procede a estudiar el fondo del asunto.

S�PTIMO

Estudio de fondo. En sus dos conceptos de invalidez, el actor denuncia, respectivamente, la inconstitucionalidad de los Decretos 58 y 61 del Congreso Estatal. Procederemos al an�lisis de los mismos de forma sucesiva.

  1. Primer concepto de invalidez. An�lisis de la regularidad constitucional del Decreto 58. El Municipio de Buenavista argumenta que el Decreto 58, emitido por el Congreso Estatal el veinticinco de mayo de dos mil seis, debe ser declarado inv�lido por dos motivos fundamentales. Por un lado, por vulnerar los principios de legalidad y debida fundamentaci�n y motivaci�n consagrados en el art�culo 16 constitucional y, como consecuencia, las previsiones del art�culo 115 de la Carta Magna sobre r�gimen jur�dico municipal. Por otro lado, sostiene que el Decreto 58 transgrede el principio de divisi�n de poderes consagrado en el art�culo 49 de la Constituci�n Federal.

    El texto del Decreto 58 es el siguiente:

    "Art�culo primero. Se designa al ciudadano J.O.F.�as, presidente municipal de Buenavista, M.�n, por el tiempo que falta para cumplir el periodo constitucional.

    "Art�culo segundo. El presidente municipal designado rendir� protesta ante los miembros del Ayuntamiento y enseguida entrar� a ejercer su cargo.

    "Art�culo tercero. R.�tase copia del decreto al titular del Poder Ejecutivo, al Ayuntamiento de Buenavista, M.�n, a la Auditor�a Superior de M.�n y al ciudadano J.O.F.�as, para su conocimiento.

    "Transitorio

    "Art�culo �nico. El presente decreto entrar� en vigor el d�a de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de M.�n de O..

    "El titular del Poder Ejecutivo del Estado dispondr� se publique y observe."

    1. Argumentos en torno a la violaci�n de los art�culos 16 y 115.

      El actor despliega una argumentaci�n seg�n la cual la designaci�n del presidente municipal sustituto de su Ayuntamiento, contenida en el Decreto 58, no se encuentra debidamente fundada y motivada, lo cual viola el art�culo 16 constitucional y, en v�a de consecuencia, el art�culo 115 de la misma Carta Magna.

      El actor se�ala, en primer lugar, que el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n Federal dispone que cuando alguno de los miembros del Ayuntamiento deje de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o bien, deber� procederse seg�n lo que establezca la ley. El art�culo 115 de la Constituci�n de M.�n, por su parte, ordena que ante la falta de un miembro del Ayuntamiento deber� entrar el suplente, o bien, procederse de conformidad con el art�culo 44, fracci�n XX, del mismo cuerpo normativo, precepto que otorga al Congreso del Estado la facultad de realizar la designaci�n del funcionario sustituto, observando los requisitos de elegibilidad que para el cargo respectivo se establezcan. Dichos requisitos se encuentran determinados principalmente en el art�culo 119 de la misma Constituci�n L., as� como en el art�culo 50, fracci�n III, de la ley org�nica municipal del Estado, que obliga al Congreso del Estado a respetar el origen partidista del funcionario municipal a suplir.

      El actor considera que el Congreso Estatal no se cercior� de que la designaci�n no contradijera los requisitos impuestos por el contexto legal anterior. As�, no respet� el origen partidista de los dos anteriores presidentes municipales de su Ayuntamiento, como exige el art�culo 50, fracci�n III, de la ley org�nica municipal local, y tampoco consider� que la persona designada se desempe�aba en ese momento como coordinador municipal del Comit� de Planeaci�n y Desarrollo Municipal, esto es, como funcionario p�blico, categor�a cuyos integrantes, seg�n el art�culo 119, fracci�n III, de la Constituci�n Estatal, no pueden ser elegidos como presidente municipal.

      En segundo lugar, el actor se�ala que la facultad que tiene el Congreso Estatal para designar a un presidente municipal sustituto en los t�rminos del art�culo 44, fracci�n XX, de la Constituci�n L., no es absoluta. La misma se encuentra sujeta a los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n impuestos a todos los actos de autoridad. Sin embargo, ni en el decreto impugnado ni en su exposici�n de motivos se hacen constar los razonamientos que llevaron a la autoridad legislativa a designar a J.O.F.�as como presidente municipal de Buenavista. La autoridad legislativa no valor� las desventajas de dicha designaci�n y no analiz� el perfil de la persona propuesta. Adem�s, sostiene el actor, no se solicit� la opini�n de los principales sectores de la poblaci�n del Municipio; s�lo un procedimiento en el que se hubieran ponderado todos estos elementos permitir�a, subraya, una designaci�n de funcionario municipal debidamente fundamentada y motivada.

      A juicio de este Pleno, los argumentos anteriores son infundados. Como pone de relieve la s�ntesis que hemos realizado, los mismos nos compelen a determinar dos extremos fundamentales: en primer lugar, si el decreto impugnado contraviene alguna de las normas constitucionales o legales que disciplinan la sustituci�n de los miembros de los Ayuntamientos de M.�n, normas a las que remite el quinto p�rrafo del art�culo 115 constitucional al establecer que "Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley.". En segundo lugar, debemos determinar si el decreto impugnado satisface los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n asociados al cumplimiento del principio de legalidad inscrito en los art�culos 14 y 16 de la Carta Magna.

      Comencemos el examen de la primera cuesti�n transcribiendo el contenido de los preceptos legales que regulan la hip�tesis que centra la controversia: la sustituci�n de un miembro de un Ayuntamiento en el Estado de M.�n en los casos de ausencia definitiva.

      Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

      "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

      "I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado.

      "...

      Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley.

      Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O..

      "Art�culo 115. Los presidentes, los s�ndicos y los regidores de los Ayuntamientos, ser�n electos por el pueblo; sus facultades y obligaciones, ser�n las determinadas por esta Constituci�n y por la ley de la materia.

      "Si alguno de los miembros de los Ayuntamientos dejare de desempe�ar su cargo ser� sustituido por su suplente o se proceder� seg�n lo dispuesto en la fracci�n XX del art�culo 44 de esta Constituci�n y en la ley."

      "Art�culo 44. Son facultades del Congreso:

      "...

      "XX. Designar a las personas que han de integrar los Ayuntamientos o los C.M., en su caso, cuando falte definitivamente alguna de ellas, por cualquier causa, y no sea posible que los suplentes electos entren en funciones. Los ciudadanos designados deber�n cumplir los requisitos de elegibilidad que para el cargo respectivo establezca esta Constituci�n y las leyes de la materia."

      "Art�culo 119. Para ser electo presidente municipal, s�ndico o regidor se requiere:

      "I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y michoacano en pleno ejercicio de sus derechos;

      "II. Haber cumplido veinti�n a�os el d�a de la elecci�n;

      "III. No ser funcionario de la Federaci�n, del Estado o municipal, ni tener mando de fuerza en el Municipio en que deba efectuarse la elecci�n, durante los noventa d�as anteriores a la fecha en que aquella se celebre; si se trata del tesorero municipal, es preciso que hayan sido aprobadas sus cuentas;

      "IV. No ser ni haber sido Ministro o delegado de alg�n culto religioso;

      "V. No estar comprendido en ninguno de los casos que se�ala el art�culo 116; y

      "VI. No ser consejero o funcionario electoral federal o estatal, a menos que se separe un a�o antes del d�a de la elecci�n."

      Art�culo 116. Los presidentes municipales, s�ndicos y regidores de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta, o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. ... con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes, s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.

      Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n de O.

      "Art�culo 50. El presidente municipal podr� ausentarse del Municipio hasta por treinta d�as para la gesti�n de asuntos oficiales del Ayuntamiento, en cuyo caso, deber� sujetarse a las siguientes disposiciones:

      "I. Si la ausencia no excede de quince d�as, los asuntos de tr�mite y aquellos que no admiten demora, ser�n atendidos por el secretario del Ayuntamiento, previa instrucci�n expresa del presidente municipal;

      "II. Si la ausencia es mayor de quince d�as, sin exceder de treinta, el presidente municipal debe recabar previamente el permiso del Ayuntamiento y ser� suplido por el s�ndico como encargado del despacho, con todas las atribuciones que las disposiciones constitucionales, legales y administrativas dispongan para el presidente municipal; y,

      "III. En los casos de ausencia definitiva del presidente municipal, el Congreso del Estado, respetando su origen partidista, designar� qui�n deba de sustituirlo."

      Sintetizando las previsiones relevantes de la normativa transcrita, debemos precisar que la Constituci�n Federal dispone que si un miembro del Ayuntamiento deja de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente; para los casos de que no exista esta figura, remite a la regulaci�n que del supuesto realice la normativa local. La Constituci�n Estatal reitera la regla del suplente, y dispone que, en caso de no existir, debe procederse en los t�rminos del art�culo 44, fracci�n XX, del mismo ordenamiento, que otorga al Congreso Estatal la facultad de designar a quien deba sustituir al miembro ausente y no respaldado con un suplente, siempre y cuando se observen los requisitos de elegibilidad que para el cargo respectivo establezca la Constituci�n L. y las leyes de la materia.

      Pues bien, los requisitos de elegibilidad para el cargo de presidente municipal, seg�n el art�culo 119 de la Constituci�n L. son: 1) ser ciudadano mexicano por nacimiento y michoacano en pleno ejercicio de sus derechos; 2) haber cumplido veinti�n a�os el d�a de la elecci�n; 3) no ser funcionario de la Federaci�n, del Estado o del Municipio, ni tener mando de fuerza en el Municipio en que deba efectuarse la elecci�n, durante los noventa d�as anteriores a la fecha en que aqu�lla se celebre; si se trata del tesorero municipal, es preciso adem�s que hayan sido aprobadas sus cuentas; 4) no ser ni haber sido ministro o delegado de alg�n culto religioso; 5) no estar comprendido en ninguno de los casos que se�ala el art�culo 116 de prohibici�n de reelecci�n para el periodo inmediato, y 6) no ser consejero o funcionario electoral federal o estatal, a menos que se separe un a�o antes del d�a de la elecci�n. El art�culo 50, fracci�n III, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n insta por su parte al Congreso Estatal a: 7) respetar el origen partidista del miembro del Ayuntamiento que vaya a suplir.

      Antes, sin embargo, de contrastar sobre la base de las constancias que obran en autos si los anteriores requisitos han sido o no satisfechos en la emisi�n del Decreto 58, es necesario que precisemos algunos extremos acerca de las garant�as de fundamentaci�n y motivaci�n y el modo en que su cumplimiento debe ser controlado por parte de esta Corte en el presente caso. En efecto: el argumento del actor en torno al principio de legalidad, al hilo de lo dispuesto en los art�culos 16 y 115 es, como hemos podido tener la oportunidad de apreciar, bifronte, pues no s�lo aduce que la normativa sobre el nombramiento de presidente municipal en casos de ausencia definitiva ha sido violada, sino que argumenta adem�s que el decreto impugnado est� insuficientemente fundado y motivado. El an�lisis que esta Corte despliegue, por tanto, en torno al cumplimiento del principio de legalidad en el presente caso, debe atender no s�lo a comprobar que han quedado respetados los requisitos espec�ficos contenidos en el art�culo 115 constitucional y dem�s normativa relevante, sino tambi�n que han quedado satisfechas las exigencias de fundamentaci�n y motivaci�n inscritas tambi�n en el principio de legalidad. Pero �qu� tipo de motivaci�n es exigible a un acto como el representado por el Decreto 58? Seg�n la intensidad de la motivaci�n exigible en el presente caso, lo que deba quedar comprobado por las constancias del expediente variar� correspondientemente. Precisemos, pues, esta cuesti�n.

      Como esta Corte ha destacado en varias ocasiones, la garant�a de fundamentaci�n y motivaci�n encuentra su principal referente en la esfera de relaciones entre el Estado y los particulares, y su g�nesis responde a la necesidad de defender a los particulares de la arbitrariedad de la autoridad. Sin embargo, hemos subrayado, esta garant�a tambi�n despliega su eficacia normativa en el �mbito de relaciones entre �rganos del Estado. En relaci�n con esta �ltima vertiente, muy tempranamente estableci� esta Corte que, respecto de actos que se verifican s�lo en los �mbitos internos del gobierno y no trascienden de manera inmediata a la esfera jur�dica de los particulares, la garant�a de legalidad se orienta a garantizar el respeto al orden jur�dico, y en especial a asegurar que las autoridades respetan la distribuci�n de atribuciones normativamente determinada. Por ello, se�alamos que el deber de fundamentar y motivar los actos de autoridad se cumple en este supuesto del siguiente modo:

    2. La fundamentaci�n, con la existencia de una norma legal que otorga a la autoridad la facultad de actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuaci�n de esa misma autoridad en la forma en la que dispone la ley.

    3. La motivaci�n, con la existencia de los antecedentes f�cticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que proced�a aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique que la autoridad haya actuado en ese sentido y no en otro.(14)

      Posteriormente, hemos desarrollado una l�nea jurisprudencial seg�n la cual, en ciertas instancias de actos y normas que se sit�an en la esfera de relaci�n entre poderes p�blicos, es exigible la presencia de una motivaci�n reforzada, como expediente imprescindible para asegurar la plena efectividad de las atribuciones y previsiones constitucionales en una serie de instancias. As�, en controversias constitucionales relativas al impuesto predial (v�anse, en especial, la 14/2004, 15/2005 y la 15/2006), hemos destacado la necesidad de que el pronunciamiento de los Congresos L.es sobre la iniciativa legislativa presentada por los Ayuntamientos, sea de una entidad que se cohoneste con la categor�a constitucional de esta �ltima, de modo que, para el caso de que no se acoja en su integridad, el Congreso est� obligado a proveer argumentos aptos para controvertir las razones que respaldan la iniciativa en el caso concreto.(15)

      Otra hip�tesis en la que es exigible la presencia de una motivaci�n reforzada del acto de autoridad concernido es la protagonizada por el decreto de creaci�n de un nuevo Municipio. Como destacamos al resolver la controversia constitucional 11/2004, este tipo de decretos constituyen actos que, a pesar de no estar dirigidos espec�ficamente a los particulares, gozan de una trascendencia institucional y de una incidencia sobre la poblaci�n en general que hace exigible, respecto de los mismos, la existencia de una fundamentaci�n y motivaci�n reforzadas.(16)

      Igualmente, al resolver la controversia constitucional 4/2005, interpuesta por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, determinamos que la ratificaci�n o la no ratificaci�n de un funcionario judicial por parte de un Congreso L. debe motivarse de forma reforzada. Dicha ratificaci�n, sostuvimos, es una instituci�n jur�dica contemplada en el art�culo 116, fracci�n III, de la Constituci�n Federal, que se encuentra vinculada con el respeto al principio constitucional de la autonom�a e independencia del Poder Judicial; su car�cter dual -en tanto se relaciona con el derecho individual del funcionario a su permanencia y con la garant�a de la sociedad a una impartici�n de la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita- hace exigible que la misma deba motivarse de manera reforzada.(17)

      A la luz de los anteriores criterios, este Pleno estima que el Decreto 58, impugnado en la presente v�a, debe ser sujeto a la regla general: una fundamentaci�n y motivaci�n meramente ordinarias. El decreto por el que un Congreso Estatal designa a un presidente municipal sustituto por ausencia definitiva del anterior no tiene una trascendencia institucional equiparable a la creaci�n de un Municipio. Su objetivo consiste en integrar debidamente un �rgano ya existente -el Ayuntamiento- con el prop�sito de permitir las condiciones �ptimas para su funcionamiento normal, a ra�z de la ausencia definitiva de uno de sus miembros, por causas ajenas al propio Congreso Estatal. Igualmente, este tipo de decretos no tienen una incidencia sumamente relevante sobre la poblaci�n que exija del Poder Legislativo un especial cuidado, m�s all� del requerido en la cotidianeidad de sus actuaciones. El prop�sito de este tipo de actos tienden a la normalizaci�n de una situaci�n institucional anterior al hecho que caus� el decreto impugnado y, por tanto, a la que ya estaba acostumbrada la poblaci�n: el funcionamiento normalizado del �rgano de gobierno y administraci�n municipal donde habitan.

      Tampoco resulta esta operaci�n de sustituci�n equiparable a la ratificaci�n de un Magistrado de un Tribunal Superior de Justicia de un Estado en los t�rminos apuntados. Dicha designaci�n no tiene la dualidad de caracteres que tiene la ratificaci�n. No existe un derecho subjetivo de alguien a ser nombrado presidente municipal sustituto -ni siquiera a ser considerado para ese puesto-, y ello justifica que la legislatura goce de una cierta discrecionalidad para realizar ese nombramiento. Aunque la poblaci�n del Municipio involucrado est� interesada en que el Congreso designe a un presidente municipal sustituto lo suficientemente apto para llevar a cabo la administraci�n municipal de manera eficiente, para ello es suficiente la observaci�n de los requisitos de elegibilidad establecidos en el art�culo 119 de la Constituci�n Estatal y el respeto al origen partidista del anterior funcionario p�blico, que implica el respeto a la opci�n pol�tica escogida por los habitantes de ese Municipio.

      En consecuencia, el an�lisis del decreto impugnado a la luz de la garant�a de legalidad, esto es, de la obligaci�n de la autoridad emisora de fundamentar y motivar el mismo, debe limitarse en este caso a la constataci�n delcumplimiento de dos requisitos: por una parte, la verificaci�n de la existencia de una norma legal que otorgue a la autoridad la facultad de actuar en determinado sentido, mediante el despliegue de su actuaci�n en la forma que dispone la ley y, por �ltimo, a la constataci�n de la existencia de los antecedentes f�cticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que proced�a aplicar la norma correspondiente y que, en consecuencia, justifique que la autoridad actu� en ese sentido y no en otro.

      Sentado lo anterior, este Pleno debe concluir que el requisito de fundamentaci�n exigible al Congreso Estatal ha quedado cumplido en el caso concreto. Por un lado, en la normativa local aplicable se contempla expresamente la facultad del Congreso del Estado de M.�n para designar, entre otros funcionarios, al presidente municipal de un Ayuntamiento cuando �ste se ausente definitivamente y no exista suplente que entre en funciones. Por otro lado, el �rgano legislativo respet� en su actuaci�n los preceptos que regulan el desarrollo de dicha facultad, y adem�s actu� motivadamente, en el sentido de que ejerci� sus competencias en hip�tesis f�cticas que as� lo ameritaban.

      Para desarrollar el fundamento de las anteriores conclusiones es preciso transcribir en primer t�rmino el dictamen emitido por las Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales del Congreso Estatal, encargadas de dictaminar la designaci�n contenida en el Decreto 58. Este documento, junto con las otras constancias del expediente, es la base que nos permite concluir que las exigencias del principio de legalidad han quedado respetadas en el caso concreto. En el mismo se asienta lo siguiente (v�anse las fojas 127 a 128 del expediente):

      "Honorable asamblea. A estas Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales, se turn� la comunicaci�n remitida por el Secretario del Ayuntamiento de Buenavista, M.�n, por la que informa la renuncia del presidente municipal, ciudadana R.I.C.M., para su estudio, an�lisis y dictamen.

      "Antecedentes.

      "Que el Ayuntamiento de Buenavista, M.�n, con fecha 24 de mayo de 2006, comunic� al Congreso del Estado, la renuncia del presidente municipal, ciudadana R.I.C.M., mediante oficio y copia certificada del acta de C..

      "Que en sesi�n extraordinaria de C. de fecha 24 de mayo de 2006, conforme a lo previsto por el art�culo 16 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n de O., se aprob� por unanimidad la renuncia por causa grave calificada por el Ayuntamiento, a la ciudadana R.I.C.M., al cargo de presidente municipal de Buenavista, M.�n, acordando notificar al Congreso del Estado, para los efectos legales correspondientes.

      "Que en sesi�n celebrada por la Septuag�sima Legislatura, el d�a 25 de mayo de 2006, como noveno punto del orden del d�a, se desahog� la lectura de la comunicaci�n remitida por el secretario del Ayuntamiento de Buenavista, M.�n, por la que informa la renuncia del presidente municipal, ciudadana R.I.C.M., la que fue turnada a estas comisiones, para su estudio, an�lisis y dictamen.

      "Y del estudio y an�lisis realizado por las comisiones que dictaminan, se arriba a las siguientes:

      "Consideraciones:

      "Que estas Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales, son competentes para estudiar, analizar y dictaminar el presente asunto, conforme a los art�culos 61 y 62 de la Ley Org�nica y de Procedimientos del Congreso del Estado de M.�n de O..

      "Que el Congreso del Estado es competente para designar a las personas que han de integrar los Ayuntamientos, cuando falta definitivamente alguna de ellas por cualquier causa y no sea posible que los suplentes electos entren en funciones en los t�rminos del art�culo 44 fracci�n XX de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O..

      "Que el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Estados adoptan para su r�gimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de organizaci�n pol�tica y administrativa, el Municipio Libre, gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular; y que el Gobierno Municipal se ejerce de manera exclusiva por el Ayuntamiento.

      "Que la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O., reitera lo consignado por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; y en los art�culos 49, 51 y 52 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n de O., establece las atribuciones del presidente, s�ndico y regidores municipales, para el debido funcionamiento del Gobierno Municipal.

      "Que el Gobierno Municipal, para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus atribuciones, requiere que el Ayuntamiento se constituya con los miembros y atribuciones, requiere que el Ayuntamiento se constituya con los miembros y atribuciones que establece la ley, para que como, �rgano colegiado adopte las resoluciones convenientes para cada caso.

      "Que conforme a lo previsto por el art�culo 115 p�rrafo segundo de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O., si alguno de los miembros de los Ayuntamientos dejara de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente o se proceder� seg�n lo dispuesto por el art�culo 44 de la fracci�n XX de la Constituci�n del Estado, que establece como facultad del Congreso del Estado, designar a las personas que han de integrar los Ayuntamientos, cuando faltan definitivamente algunas de ellas, por cualquier causa, y no sea posible que los suplentes electos entren en funciones, cumpliendo los ciudadanos designados los requisitos de elegibilidad que para el cargo respectivo establezca la Constituci�n del Estado, y las leyes de la materia.

      "Que estas Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales, consideran que se encuentran satisfechos los supuestos previstos en el precepto constitucional invocado, porque el presidente municipal no tiene suplente, por lo que procede que el Congreso del Estado, designe presidente municipal que re�na los requisitos de elegibilidad que para el cargo establece el art�culo 119 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O..

      "Que el art�culo 50 fracci�n III de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n de O., establece que en los casos de ausencia definitiva del presidente municipal, el Congreso del Estado, respetando su origen partidista designar� a quien deba de sustituirlo, por lo que los presidentes de las Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales, solicitaron a la Coordinaci�n del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Septuag�sima Legislatura, mediante oficio de fecha 25 de mayo de 2006, la propuesta para ocupar el cargo de presidente municipal de Buenavista M.�n.

      "Que tomando en consideraci�n la propuesta presentada del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por reunir los requisitos de elegibilidad previstos en la Constituci�n del Estado, se estima procedente designar al ciudadano J.O.F.�as, presidente municipal de Buenavista, M.�n, por el tiempo que falta para concluir el periodo constitucional.

      "Que por lo expuesto y fundado y con apoyo adem�s en los art�culos 47 fracci�n I, 48, 49, 56 fracciones I y II, 57, 58, 60, 61, 62, 122, 123 y 124 de la Ley Org�nica y de Procedimientos del Congreso del Estado de M.�n de O.; los integrantes de las comisiones de dictamen, nos permitimos someter a la consideraci�n del Pleno, para su aprobaci�n, en su caso, el siguiente proyecto de:

      "Decreto

      "Art�culo primero. Se designa al ciudadano J.O.F.�as, presidente municipal de Buenavista, M.�n, por el tiempo que falta para cumplir el periodo constitucional.

      "Art�culo segundo. El presidente municipal designado rendir� protesta ante los miembros del Ayuntamiento y enseguida entrar� a ejercer su cargo.

      "Art�culo tercero. R.�tase copia del decreto del titular del Poder Ejecutivo, al Ayuntamiento de Buenavista, M.�n, a la Auditor�a Superior de M.�n y al ciudadano J.O.F.�as, para su conocimiento.

      "Transitorio

      "Art�culo �nico. El presente decreto entrar� en vigor el d�a de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de M.�n de O..

      "Palacio del Poder Legislativo, Morelia, M.�n, a 25 de mayo de 2006 dos mil seis."

      De entrada, la transcripci�n anterior permite se�alar que el Congreso Estatal, por medio de las comisiones dictaminadoras, contempl� debidamente en el ejercicio de la facultad de designaci�n de un presidente municipal sustituto se exig�a la previa corroboraci�n del supuesto de hecho habilitante: la imposibilidad o ausencia definitiva del anterior presidente municipal y la inexistencia de un suplente en posibilidad de sustituirlo. Estos hechos, por otra parte, son aceptados por el Municipio actor en su escrito de demanda (fojas 6 a 7) y quedan acreditados en el acta de sesi�n de C. extraordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil seis, en la que se acept�, por unanimidad de votos, la renuncia de la presidenta municipal (foja 35). Es inconcuso, por tanto, que el Decreto 58 es un acto motivado en el sentido relevante y exigible.

      Pasemos ahora a evaluar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de elegibilidad contenidos en el art�culo 119 de la Constituci�n de M.�n. De los requisitos establecidos en dicho precepto, tres son los que el Municipio actor considera vulnerados. El primero es el que exige que la persona designada sea ciudadano mexicano por nacimiento y michoacano en pleno ejercicio de sus derechos (fracci�n I del art�culo 119). El actor alega que el Congreso L. no consider� que el designado no es originario del Municipio de Buenavista, y para sustentar su afirmaci�n remite a esta Corte una copia simple del acta de nacimiento de J.O.F.�as, de la que se observa que naci� en el Municipio de Coalcom�n, M.�n (foja 161 del expediente).

      Sin embargo, contra lo afirmado por el actor, la fracci�n I del art�culo 119 no exige que el presidente municipal sea originario de la entidad municipal que va a gobernar, sino que sea de M.�n, requisito cuyo cumplimiento demuestra el acta misma de nacimiento remitida por el actor. No debe pasar desapercibida, en ese sentido, el contraste entre el cuarto y el quinto p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 115: para los casos en los que alguno de los miembros del Ayuntamiento deje de desempe�ar su cargo, la Constituci�n prev� que sea sustituido por su suplente o que se proceda seg�n disponga la ley, de modo que la remisi�n a esta �ltima es incondicionada. S�lo en la hip�tesis m�s grave en que se declara desaparecido un Ayuntamiento, o en que renuncian o faltan la mayor�a de sus miembros deben los Congresos escoger C.M. provisionales para que concluyan el periodo hasta las nuevas elecciones. La Constituci�n exige en este caso que los miembros de estos concejos sean escogidos "de entre los vecinos", adem�s de satisfacer los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores, en contraste, pues, con la ausencia de barreras constitucionales para el caso de que sea s�lo uno de los miembros del Ayuntamiento el que deje de desempe�ar su cargo. Exigir requisitos no impuestos por la ley en esa hip�tesis vulnerar�a la plena efectividad del derecho a ocupar cargos p�blicos en los t�rminos establecidos en la fracci�n II del art�culo 35: (Son prerrogativas del ciudadano) "poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisi�n, teniendo las calidades que establezca la ley".

      En segundo lugar, el actor sostiene que no ha quedado satisfecho el requisito establecido en la fracci�n III del citado art�culo 119, seg�n el cual la persona designada "no puede ser funcionaria de la Federaci�n, del Estado o municipal, ni tener mando de fuerza en el Municipio en que deba efectuarse la elecci�n, durante los noventa d�as anteriores a la fecha en que aquella se celebre ...". El Municipio argumenta que la persona seleccionada por el Congreso Estatal se desempe�aba como funcionario p�blico -como coordinador municipal del Comit� de Planeaci�n y Desarrollo Municipal y como diputado suplente-, lo cual supone un desconocimiento de dicha fracci�n III. Dada la centralidad del cargo y la escasez de apoyos probatorios en los autos, el Ministro instructor solicit� a las partes por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil seis que aportaran los materiales probatorios que sustentan sus respectivas posiciones en este punto. A ra�z de ello el Municipio actor remiti� a esta Corte el oficio SSP/DGSATJ/091/2006, emitido por el secretario de Servicios Parlamentarios el veinticinco de septiembre de dos mil seis, por el que informa que J.O.F.�as se desempe�a como diputado suplente en la Septuag�sima Legislatura (foja 162 del expediente). Respecto de que dicha persona tambi�n ocupa el puesto de coordinador municipal del Comit� de Planeaci�n y Desarrollo Municipal, no aporta elemento probatorio alguno.

      �Viola el hecho de que la persona designada por el Congreso L. para el cargo de presidente municipal de Buenavista fuera diputado local suplente el requisito establecido en la fracci�n III? Para resolver este punto, estimamos imprescindible ponderar el perfil jur�dico y la funci�n de la figura del diputado suplente en el orden jur�dico michoacano. �stas son las normas de la Constituci�n L. que regulan la figura:

      "Cap�tulo II

      "Del Poder Legislativo

      "Art�culo 19. Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en una asamblea que se denominar�: Congreso del Estado de M.�n de O.."

      "S.�n I

      "De la formaci�n del Poder Legislativo

      "Art�culo 20. El Congreso del Estado se integra con representantes del pueblo, electos en su totalidad cada tres a�os. La elecci�n se celebrar� el segundo domingo del mes de noviembre del a�o anterior en que concluya su funci�n la legislatura.

      "Por cada diputado propietario, se elegir� un suplente.

      "El Congreso del Estado estar� integrado por veinticuatro diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y diecis�is diputados que ser�n electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votadas en una circunscripci�n plurinominal."

      "Art�culo 22. Los diputados no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato siguiente; los suplentes podr�n ser reelectos para el periodo inmediato con el car�cter de propietarios, siempre que no hubiesen estado en ejercicio; pero los propietarios no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes."

      "Art�culo 28. Los diputados propietarios, durante el periodo de su encargo, no podr�n desempe�ar ninguna comisi�n o empleo de la Federaci�n, del Estado o del Municipio por los cuales se disfrute sueldo, a excepci�n de los de instrucci�n p�blica y beneficencia, sin licencia previa del Congreso. En su caso, cesar�n en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupaci�n.

      "La misma regla se observar� con los diputados suplentes cuando estuvieren en ejercicio. La infracci�n a esta prohibici�n, se castigar� con la p�rdida del car�cter de diputado."

      "Art�culo 29. El Congreso se renovar� totalmente cada tres a�os, y se instalar� el d�a quince de enero del a�o siguiente en que hubiere elecciones ordinarias."

      "Art�culo 30. El Congreso no podr� abrir sus sesiones ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de la mayor�a del n�mero total de sus miembros. Si no se reuniere esa mayor�a el d�a designado por la ley, los diputados presentes exhortar�n a los ausentes para que concurran, dentro de los ocho d�as siguientes. Si a pesar de ello no se presentaren, se llamar� a los suplentes, quienes funcionar�n durante sesenta d�as y si los suplentes no se presentaren en el mismo plazo de ocho d�as arriba se�alado, se declarar� vacante el puesto y se convocar� a nuevas elecciones.

      "Se entiende tambi�n que los diputados que falten a cuatro sesiones consecutivas, sean del Pleno o en comisiones legislativas, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente del Congreso, se sancionar�n conforme a la ley.

      "Si no hubiese qu�rum para instalar el Congreso, o para que ejerza sus funciones una vez instalado, se convocar� inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la brevedad a desempe�ar el cargo, entre tanto transcurren los ocho d�as de que antes se habla.

      "...

      "En el Congreso del Estado, las vacantes de sus miembros electos por el principio de representaci�n proporcional, deber�n ser cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista de candidatos respectiva, despu�s de hab�rseles asignado los diputados que le hubieren correspondido."

      "T�tulo cuarto

      "De las responsabilidades de los funcionarios p�blicos

      "Art�culo 110. No se requerir� declaraci�n de procedencia de la C�mara de Diputados contra alguno de los servidores p�blicos a que hace referencia el p�rrafo primero del art�culo 109 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

      "...

      "El gobernador constitucional del estado y los diputados gozar�n de fuero desde el d�a en que fuesen declarados electos; los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los consejeros del Poder Judicial, los Magistrados propietarios del Tribunal Electoral del Estado y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, desde la fecha en que fuesen designados; los gobernadores provisionales, interinos y sustitutos, los diputados suplentes, los Magistrados supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Electoral de M.�n, el secretario de Gobierno, el oficial mayor, el procurador de justicia y el tesorero, �nicamente dentro del t�rmino de su encargo."

      De la transcripci�n anterior se desprende que el Poder Legislativo del Estado de M.�n se deposita en el Congreso Estatal, el cual ejerce sus funciones a trav�s de representantes electos por el pueblo cada tres a�os. El Congreso se integra por veinticuatro diputados electos por el principio de mayor�a relativa y por diecis�is elegidos por el principio de representaci�n proporcional. Adem�s, la Constituci�n L. ordena que por cada diputado propietario se elija un suplente. El suplente tiene la tarea de suplir al propietario en sus funciones cuando se ausente, en los supuestos contemplados en el art�culo 30 de la Constituci�n de M.�n. De esta disposici�n y de otras que enseguida destacaremos, estimamos debe concluirse que los diputados suplentes no tienen a su cargo las funciones encomendadas al Poder Legislativo, y no deben ser considerados "funcionarios del Estado" a los efectos de interpretar la prohibici�n contenida en la fracci�n III del art�culo 119 de la Constituci�n L..

      En efecto, los suplentes quedan completamente al margen de las tareas cotidianas de la legislatura. Se trata de personas que, sencillamente, deben estar dispuestas a ser llamadas por el Congreso para suplir a los propietarios y pasar de este modo a participar en la funci�n legislativa y el resto de tareas encomendadas a la instituci�n. Su estatus es un estatus exclusivamente latente, lo cual explica que el art�culo 22 de la Constituci�n L. los except�e de la prohibici�n general que tienen los propietarios para reelegirse para el periodo inmediato posterior, con la condici�n de que no hayan estado en funciones. El art�culo 110 establece que los diputados suplentes s�lo gozar�n de fuero durante el tiempo de su encargo -mientras est�n en funciones- a diferencia de lospropietarios que tienen dicho fuero desde el momento en que fueron electos. De manera an�loga, el art�culo 116 de la Constituci�n L. establece que los presidentes municipales, los s�ndicos y los regidores de los Ayuntamientos no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, regla que tambi�n aplica para los que ocupan su cargo por elecci�n indirecta, nombramiento o designaci�n de alguna autoridad; sin embargo, se puntualiza que los suplentes s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en funciones. Nos parece especialmente relevante, adem�s, que el art�culo 28 de la Constituci�n de M.�n disponga que los diputados propietarios no podr�n desempe�ar ninguna comisi�n o empleo en alguno de los tres niveles de gobierno durante el periodo de su encargo sin licencia previa del Congreso, salvo los acad�micos y los vinculados con la beneficencia. Esta regla, seg�n el segundo p�rrafo de este art�culo, s�lo es aplicable a los suplentes cuando est�n en funciones. Lo que nos permite concluir que estos �ltimos no tienen impedimento alguno para desempe�ar otras comisiones o empleos p�blicos mientras no est�n en funciones.

      As� las cosas, estimamos que el camino para determinar el alcance de la restricci�n incluida en la fracci�n III del art�culo 119 de la Constituci�n de M.�n resulta claro. Dicha fracci�n proh�be a los funcionarios en activo de cualquier nivel de gobierno ser elegidos presidentes municipales, previsi�n que encuentra un perfecto reflejo en el art�culo 28 del mismo ordenamiento, que indica que los diputados propietarios no pueden desempe�ar otros puestos p�blicos, salvo en la beneficencia o en la academia. En ambos casos se proh�be a los funcionarios p�blicos desempe�ar simult�neamente dos cargos. Sin embargo, este art�culo establece una excepci�n respecto de los diputados suplentes, quienes s� pueden ocupar otros puestos p�blicos, siempre y cuando sigan siendo suplentes, esto es, siempre que no entren en el ejercicio de las funciones inherentes a la condici�n de diputados. Los suplentes no participan en el ejercicio de las funciones del Poder Legislativo y, por tanto, no pueden considerarse m�s que funcionarios en potencia, pero no en acto. Por ello, consideramos que el nombramiento de J.O.F.�as respeta la restricci�n incluida en la fracci�n III del art�culo 119.

      En tercer lugar, el Municipio actor sostiene que en la designaci�n del nuevo presidente municipal se ha infringido tambi�n el requisito exigido por la fracci�n III del art�culo 50 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n, por no haber respetado el Congreso L. el origen partidista de los dos anteriores presidentes municipales.

      Sin embargo, este Pleno debe precisar que el actor no vierte razones ni proporciona elementos de convicci�n que apoyen esta aseveraci�n. Conforme a las reglas generales en materia probatoria,(18) dado que al negar que la Legislatura L. haya respetado la filiaci�n partidista del anterior presidente, est� afirmando que la designaci�n del nuevo es ilegal, est� obligado a proveer sustento de ello, y m�s porque el Poder Legislativo demandado afirma que la designaci�n del presidente municipal sustituto para Buenavista emergi� de la propuesta realizada por el Partido Revolucionario Institucional, a petici�n de las Comisiones Dictaminadoras, y as� queda asentado en el dictamen anteriormente transcrito (v�anse las fojas 122 y supra, p�gina 64). Por el contrario, la misma constancia allegada a autos por el actor para demostrar que el se�or J.O.F.�as es diputado suplente del Congreso L. demuestra que el mismo es efectivamente militante del Partido Revolucionario Institucional. En efecto, en el oficio SSP/DGSATJ/091/2006, el secretario de Servicios Parlamentarios de la LXX Legislatura del Congreso del Estado de M.�n afirma, para que surta efectos en esta controversia, que el se�or Far�as es suplente del diputado G.V.R., y que los dos corresponden al Distrito Electoral de Coalcoman. El se�or V.R., por su parte y seg�n consta en la informaci�n p�blica abierta a todos en la p�gina web del Congreso L., forma parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y fue escogido, efectivamente, por el Distrito Electoral de Coalcoman, M.�n.(19) Que los anteriores presidentes ten�an ese origen partidista lo deduce esta Corte de los datos que proporciona el Instituto Electoral del Estado de M.�n, cuya p�gina web establece que la fuerza pol�tica que gan� las elecciones en el Municipio de Buenavista es la coalici�n formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista,(20) lo cual queda de alg�n modo corroborado en la constancia de mayor�a con la que el s�ndico promovente de la controversia acredita su personalidad. En esta constancia se observa que en las elecciones correspondientes form� parte de la planilla de la coalici�n PRI-Verde (ver foja 34 del expediente).

      Para concluir el estudio que pivota en torno al principio de legalidad, debemos declarar tambi�n infundado el se�alamiento de que el Congreso no tom� en cuenta la opini�n de la poblaci�n y no expres� las razones pol�ticas y econ�micas que lo llevaron a realizar la designaci�n. Estos extremos no forman parte de los requisitos exigidos por la normativa local -como se observa del tenor literal de los art�culos 44, 119 y 116 de la Constituci�n L. y del 56 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n- y el Congreso Estatal no tiene la obligaci�n de dar cuenta de esas razones en un acto que no est� sujeto a control constitucional bajo un est�ndar de motivaci�n reforzada.

      En suma: el Decreto 58 del Congreso de M.�n cumple con las exigencias del principio de legalidad, y en particular con los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n inscritos en el mismo. Existe en la normativa local -art�culo 44, fracci�n XX, de la Constituci�n L.- una norma que contempla la facultad del Congreso L. de designar a un presidente municipal sustituto ante la ausencia definitiva del anterior y la falta de un suplente. Asimismo, las constancias de autos muestran que los antecedentes y supuestos de hecho que deb�an concurrir para el ejercicio de la facultad mencionada se materializaron en el caso. Finalmente, ha quedado comprobado, con base en los mismos elementos, que el Congreso Estatal actu� con apego a las normas reguladoras de dicha facultad -los art�culos 116 y 119 de la Constituci�n L. y 50 de la ley org�nica municipal estatal-, siendo infundados los se�alamientos de irregularidades correspondientes.

    4. Argumentos en torno a la violaci�n del art�culo 49 de la Constituci�n Federal.

      En la parte final de su primer concepto de invalidez, el Municipio de Buenavista argumenta que la designaci�n contenida en el Decreto 58 vulnera el principio de divisi�n de poderes consagrado en el art�culo 49 de la Constituci�n Federal, toda vez que el presidente municipal nombrado se desempe�a como diputado suplente de la Legislatura Estatal, lo que provoca la uni�n de dos funciones estatales en una misma persona.

      Este Pleno, sin embargo, considera que las razones por las cuales se determin� viable que un diputado suplente del Estado de M.�n fuera designado presidente municipal -por la raz�n de que no es un integrante activo que ejerza las potestades legislativas- deben ser tra�das a colaci�n en este punto para declarar infundado sin m�s tr�mite este argumento. Un diputado suplente no es titular de un �mbito espec�fico de competencias cuyo ejercicio corresponda a las funciones atribuidas por el marco jur�dico al Poder Legislativo L.. Para ubicarse en la posibilidad de ejercer estas competencias, es necesario que se satisfagan una serie de condiciones establecidas por el art�culo 30 de la Constituci�n (principalmente), las cuales no han sido acreditadas (ni se�aladas) por el Municipio actor.

  2. Segundo concepto de invalidez. An�lisis de la regularidad constitucional del Decreto 61. El Municipio actor dedica su segundo concepto de invalidez a sostener que el Decreto 61, aprobado por el Congreso del Estado de M.�n el ocho de junio de dos mil seis, viola los art�culos 16, 115 y 133 de la Constituci�n Federal. Adem�s, se denuncian violaciones a una serie de normas de rango legal.

    Dicho decreto establece lo siguiente:

    "Art�culo primero. Se reforma el art�culo segundo del Decreto N�mero 58, de la Septuag�sima Legislatura, aprobado en sesi�n de fecha 25 de mayo de 2006, publicado en el Peri�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de M.�n de O., n�mero 85 de la misma fecha, para quedar como sigue:

    "Art�culo segundo. El presidente municipal designado rendir� protesta ante el Congreso del Estado de M.�n de O. y enseguida entrar� a ejercer su cargo.

    "Transitorio.

    "Art�culo primero. El presente decreto entrar� en vigor al momento de su aprobaci�n. P.�quese en el Peri�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de M.�n de O., para su conocimiento.

    "Art�culo segundo. R.�tase copia del Decreto al titular del Poder Ejecutivo, al Ayuntamiento de Buenavista, M.�n, a la Auditor�a Superior de M.�n y al ciudadano J.O.F.�as, para su conocimiento.

    "El titular del Poder Ejecutivo del Estado dispondr� se publique y se observe."

    El actor afirma que el Congreso L., mediante este decreto, reform� el art�culo 2o. del Decreto 58, publicado oficialmente el veintis�is de mayo del mismo a�o, con el prop�sito de que el presidente municipal designado en el mismo no rindiera ya protesta ante el C. del Ayuntamiento de Buenavista, sino ante el propio Congreso. El Municipio actor considera que dicha reforma vulnera su autonom�a municipal.

    El actor argumenta, espec�ficamente, que la autonom�a municipal se integra por tres ramas: la pol�tica, la administrativa y la financiera. La toma de protesta de los funcionarios municipales por parte del Ayuntamiento constituye, a su entender, una de las facultades que integran la rama pol�tica de su autonom�a municipal. En su opini�n, la toma de protesta tiene una vinculaci�n directa con el principio de rendici�n de cuentas que obligar� al presidente municipal ante el Ayuntamiento y, en consecuencia, tambi�n con la responsabilidad que se le podr� eventualmente exigir a dicho funcionario p�blico. Por ello, considera relevante que sea el Municipio y no el Congreso el que tome la protesta al nuevo presidente municipal.

    Por otro lado, el actor argumenta que el Congreso L. no tiene la facultad legal para realizar una reforma de este tipo, dado que el art�culo 20 de la ley org�nica municipal del Estado establece que la prerrogativa de la toma de protesta de los funcionarios p�blicos municipales corresponde al Ayuntamiento. Considera incorrecto el razonamiento en el que el Congreso L. se�ala la plausibilidad de inaplicar dicho precepto a la luz del art�culo 157 de la Constituci�n Estatal, que establece la obligaci�n de los funcionarios p�blicos de prestar la protesta ante los �rganos que los hayan designado pues, en su opini�n, dicho art�culo se refiere a la protesta de los diputados locales y de algunos funcionarios del Ejecutivo Estatal, pero no a la de los municipales.

    Finalmente, el actor se�ala que la emisi�n del Decreto 61 no ha respetado todos los pasos necesarios para su vigencia pues, afirma, no fue publicado en el Peri�dico Oficial local y no puede por consiguiente adquirir obligatoriedad al no haberse dado a conocer a la poblaci�n en general.

    Antes que nada debemos puntualizar, respecto a este �ltimo argumento, que la omisi�n se�alada no subsiste desde el momento en que los autos constatan que el Decreto 61 fue publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de M.�n de O. el siete de julio de dos mil seis. La ausencia de publicaci�n inmediata no fue obst�culo para que el actor tomara debido conocimiento del acto que impugna, como queda constatado por el an�lisis desarrollado en el apartado sobre la oportunidad, y al momento de analizar las condiciones de validez del mismo, no persiste efecto alguno de la misma, raz�n por la cual se estima que el argumento es ineficaz para impedir el an�lisis de los argumentos que denuncian la inconstitucionalidad del decreto por motivos de fondo.

    Procederemos, entonces, al an�lisis del planteamiento que denuncia la violaci�n del principio de autonom�a municipal consagrado en el art�culo 115.

    A juicio de este Pleno, el argumento es infundado y est� sustentado en una premisa falsa. A nuestro entender, la Constituci�n Federal no le otorga a la figura de la toma de protesta los alcances que pretende el actor, ni constituye, como sugiere, el veh�culo jur�dico de activaci�n de ciertas funciones municipales ligadas al principio de rendici�n de cuentas, de modo que se justifique que los Municipios tengan respecto a ella una intervenci�n directa, excluyente de los otros Poderes del Estado.

    El art�culo 115, fracci�n I, de la Constitucional Federal, que contiene los lineamientos b�sicos sobre el r�gimen de los �rganos de gobierno municipales, no regula exhaustivamente el supuesto del que deriva el Decreto 61 -esto es, el nombramiento de un presidente municipal en sustituci�n de otro definitivamente ausente-. El p�rrafo cuarto de la primera fracci�n del citado art�culo se limita a establecer que "si alguno de los miembros (del Ayuntamiento) dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley", por lo que, m�s all� del supuesto contemplado constitucionalmente, los Estados tienen libertad de configuraci�n normativa para regular esta materia.

    Fuera del art�culo 115, la Constituci�n regula la toma de protesta de los funcionarios p�blicos en diversos art�culos. As�, determina espec�ficamente el modo y lugar en que el presidente de la Rep�blica -art�culos 78, fracci�n II(21) y 87(22)- y ciertos funcionarios del Poder Judicial Federal -�ltimos cinco p�rrafos de art�culo 97(23)- deben realizar este acto. Para el resto de los integrantes del universo de los funcionarios p�blicos, el art�culo 128 de la Constituci�n Federal dispone que los mismos, antes de tomar posesi�n de su encargo, deber�n prestar la protesta de guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen:

    "Art�culo 128. Todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen."

    A la vista de lo anterior podemos subrayar que, salvo la espec�fica forma de protesta que deben prestar el presidente de la Rep�blica y algunos funcionarios del Poder Judicial de la Federaci�n, la Constituci�n no establece una forma especial en que deba realizarse este acto, por lo que no cabe afirmar que exista una forma constitucional �nica en que deba satisfacerse esta obligaci�n de naturaleza constitucional para el resto de los funcionarios p�blicos del pa�s.

    No est� de m�s destacar que, de conformidad con el precepto transcrito, los funcionarios p�blicos protestan guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen. Es claro pues que el compromiso que realizan se refiere al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento, cuyo fundamento se encuentra en la Constituci�n Federal, sin que pueda entenderse referido s�lo a una parte del orden jur�dico mexicano, en funci�n, por ejemplo, de la autoridad ante quien se realice tal protesta, sino a la integridad de las normas jur�dicas que tienen como fundamento la Constituci�n Federal.

    La toma de protesta tiene adem�s como efecto jur�dico la aceptaci�n del nombramiento del funcionario y el inicio de sus efectos legales, dado que es a partir de la satisfacci�n de esta obligaci�n cuando el funcionario p�blico puede tomar posesi�n de su encargo. Sobre este punto, resulta ilustrativa la siguiente tesis aislada emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte:

    "PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCI�N Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN. INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 128 DE LA LEY FUNDAMENTAL. En el referido precepto constitucional el Constituyente no consagr� garant�a individual alguna, sino que, considerando que la aspiraci�n del Estado de derecho consiste en lograr la vigencia real de sus ordenamientos jur�dicos cuyo fundamento es la propia Constituci�n, plasm� la conveniencia de que �sta obligara a los depositarios del poder p�blico a comprometerse formalmente a cumplir su contenido, as� como el de las leyes que de ella emanaran; siendo necesario, para la aplicaci�n de tal exigencia, que los funcionarios p�blicos se encuentren investidos del cargo respecto del cual otorgan la protesta, toda vez que �sta da valor legal al nombramiento para que pueda ejercitarse la funci�n, pues equivale a la aceptaci�n del mismo."(24)

    En consecuencia, nos parece claro que la toma de protesta por la cual un funcionario municipal se compromete a guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen, no constituye ninguna prerrogativa otorgada por la Constituci�n en favor del Municipio que deba incluirse dentro del reparto de facultades que da cuerpo a su autonom�a municipal. Se trata de un compromiso que la Constituci�n considera necesario exigir a todos los funcionarios p�blicos a los efectos de garantizar una vigencia real de la integridad del Estado de derecho, pero no es cierto que la protesta rendida ante una determinada autoridad (por ejemplo, el Congreso Estatal) reduzca el alcance del principio de rendici�n de cuentas ante todos los ciudadanos o impida al resto (por ejemplo, al Ayuntamiento) reclamarle las responsabilidades pol�ticas y legales que correspondan de conformidad con sus competencias. En cuanto al modo en que los funcionarios municipales deban rendir su protesta, se trata de una cuesti�n delegada por la Constituci�n Federal a la regulaci�n estatal y, en consecuencia, es la normativa local el par�metro de su regularidad.

    Procedamos, por tanto, a analizar los criterios contenidos al respecto por esta normativa local, cuya vulneraci�n, en los argumentos del actor, constituyen una violaci�n indirecta a la Constituci�n Federal.(25) A juicio del actor, de conformidad con el contexto legal aplicable, el �rgano facultado para tomarle la protesta al presidente municipal es el Ayuntamiento, no el Congreso L., raz�n por la cual considera inconstitucional el Decreto 61, que prev� que quien le tome la protesta sea el Congreso L.. Las normas que regulan esta cuesti�n son las siguientes:

    Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O..

    "Art�culo 59. El gobernador, al tomar posesi�n de su cargo, prestar� ante el Congreso del Estado, la siguiente protesta: ?P.o guardar y hacer guardar la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempe�ar leal y patri�ticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de M.�n; y si as� no lo hiciere, que la N.�n y el Estado me lo demanden?."

    "Art�culo 80. Cada Magistrado del Supremo Tribunal, al entrar a ejercer su encargo, protestar� ante el Congreso del Estado, en la forma siguiente:

    "Presidente: ?�P.a desempe�ar leal y patri�ticamente el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de M.�n de O., que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O. y las leyes que de ellas emanan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la N.�n y del Estado??

    "Magistrado: ?S�, protesto?

    "Presidente: ?Si no lo hace as�, la N.�n y el Estado se lo demanden?."

    "Art�culo 157. Todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, protestar� guardar y hacer guardar la Constituci�nFederal, la del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempe�ar leal y patri�ticamente su encargo, ante la autoridad que lo haya designado o ratificado."

    Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n de O.

    "Art�culo 20. El d�a se�alado para la instalaci�n, el presidente municipal electo rendir� protesta ante los miembros del Ayuntamiento y enseguida les tomar� protesta a los dem�s miembros del Ayuntamiento.

    "Una vez declarado el qu�rum legal, el presidente municipal electo, puesto en pie al igual que todos los miembros del Ayuntamiento, dir�: ?P.o guardar y hacer guardar la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempe�ar leal y patri�ticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la N.�n, del Estado y del Municipio, y si as� no lo hiciere que me lo demanden?. Enseguida el presidente municipal preguntar� a los dem�s miembros del Ayuntamiento que permanecer�n de pie: �?P.an guardar y hacer guardar la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempe�ar leal y patri�ticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la naci�n, del Estado y del Municipio?? Los interrogados deber�n contestar: ?S� protesto?; el presidente dir� entonces: ?Si as� no lo hicieren, que se los demanden?.

    "Igual protesta est� obligado a rendir el integrante del Ayuntamiento que se presente despu�s y cualquiera que fuere llamado o designado para suplir a su propietario."

    De conformidad con lo anterior, nos parece claro que la regla general en materia de protesta es que la misma debe ante la autoridad que los haya designado o ratificado, con las reglas espec�ficas respecto del gobernador del Estado (art�culo 59) y los Magistrados del Supremo Tribunal L. (art�culo 80). �Qu� funci�n cumple un art�culo como el art�culo 20 de la ley org�nica municipal? Dicho precepto especifica, en primera instancia, el modo detallado en que la toma de protesta debe desarrollarse respecto del presidente municipal y el resto de los miembros de un Ayuntamiento electos el d�a en que el mismo debe quedar instalado. Pero el enunciado normativo que centra la disputa en esta v�a es el �ltimo p�rrafo del art�culo, que establece que "igual protesta est� obligado a rendir el integrante del Ayuntamiento que se presente despu�s y cualquiera que fuere llamado o designado para suplir a su propietario".

    En nuestra opini�n, la pretensi�n del actor, seg�n la cual este art�culo implica que la toma de protesta de un presidente municipal designado por el Congreso Estatal -en el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas para el caso de ausencia definitiva de un presidente municipal sin suplente- puede y debe hacerse exclusivamente ante el C. municipal, y no ante la autoridad que lo ha nombrado, no puede prosperar.

    La regla contenida en el �ltimo p�rrafo es una norma de mandato que recuerda y traslada al �mbito espec�fico de los funcionarios municipales que son designados como tales por motivos y v�as distintas a la elecci�n popular la regla general que sostiene que todo funcionario p�blico debe comprometerse a cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jur�dico antes de entrar en el ejercicio de su cargo, no es una norma que prescriba que en el caso de los presidentes no elegidos la toma de protesta debe seguir los pasos espec�ficos descritos en los dos p�rrafos anteriores, pues es obvio que ser�a absurdo que el presidente sustituto despu�s de prestar protesta se dirigiera al resto de los integrantes del C. para tomarles a su vez, la protesta, como disponen textualmente dichos p�rrafos, pues los dem�s son funcionarios en activo que rindieron protesta en su momento y que no van a repetir dicho acto cuando llega al C., por sustituci�n, un nuevo miembro. Lo que el tercer p�rrafo del art�culo 20 dispone central y exclusivamente es que -igual que sucede con los funcionarios municipales que acceden a sus cargos despu�s de una elecci�n- los que lleguen a los mismos por otras v�as, por sustituci�n de los anteriores, tienen el deber de rendir protesta. Ante qui�n deba ser rendida esa protesta, si embargo, es algo que dicho p�rrafo no regula expresamente.

    A nuestro juicio, estamos entonces ante un supuesto cuya regulaci�n jur�dica debe ser derivada de lo dispuesto por alguna de las otras normas que regulan la rendici�n y toma de protesta, y para ello consideramos ex ante igualmente leg�timo que el Congreso Estatal, al emitir el Decreto 58, se basara en una opci�n que pivota sobre la aplicaci�n anal�gica de lo dispuesto por los dos primeros p�rrafos del art�culo 20 de la ley org�nica municipal, a consecuencia de lo cual dispuso que el nuevo presidente municipal rindiera su protesta ante el Ayuntamiento y no ante el Congreso L. y, posteriormente, ante el desarrollo de los hechos, se decantara por una opci�n que pivota en torno a la aplicaci�n de la regla general contenida en el art�culo 157 de la Constituci�n L.. Las dos opciones resultan prima facie leg�timas (no antijur�dicas) dada la falta de norma concreta o espec�fica sobre la cuesti�n en la ley org�nica municipal. Tambi�n nos parece constitucionalmente adecuado reconocerle al Congreso L. la facultad de elegir entre cualquiera de ellas dado que la competencia de nombramiento es exclusivamente suya, y dado que, seg�n dispone el art�culo 44, fracci�n XXXIV, de la Constituci�n de M.�n, el Congreso del Estado tiene la facultad de expedir todas las normas que sean necesarias a fin de hacer efectivas las facultades que tiene asignadas:

    "Art�culo 44. Son facultades del Congreso:

    "...

    "XX. Designar a las personas que han de integrar los Ayuntamientos o los C.M., en su caso, cuando falte definitivamente alguna de ellas, por cualquier causa, y no sea posible que los suplentes electos entren en funciones. Los ciudadanos designados deber�n cumplir los requisitos de elegibilidad que para el cargo respectivo establezca esta Constituci�n y las leyes de la materia;

    "...

    XXXIV. Expedir todas las leyes que sean necesarias a fin de hacer efectivas las facultades anteriormente expresadas, y todas las otras concedidas por esta Constituci�n a los Poderes del Estado.

    No podr�amos, en otras palabras, invalidar ninguno de los dos decretos por el modo en que determinan ante qui�n debe rendir protesta el se�or Ortega Far�as, porque las dos constituyen interpretaciones leg�timas de lo dispuesto por las disposiciones normativas relevantes en el caso concreto, y porque adem�s el Congreso, al optar por una y posteriormente optar por la otra, lo hace de modo perfectamente motivado, como demuestra la lectura del documento elaborado por las comisiones dictaminadoras correspondientes antes de la aprobaci�n del Decreto 61:

    "Honorable asamblea.

    "A estas Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales, se turn� la comunicaci�n remitida por el presidente municipal de Buenavista, M.�n, por la que comunica que no ha sido posible rendir protesta ante los miembros del Ayuntamiento y entrar a ejercer su encargo, para su estudio, an�lisis y dictamen, lo que se realiza conforme a los siguientes:

    "Antecedentes

    "Que en sesi�n de Pleno de la Septuag�sima Legislatura, de fecha 25 de mayo de 2006, se aprob� la minuta n�mero 58, que contiene el decreto en el que se design� al ciudadano J.O.F.�as, presidente municipal de Buenavista, M.�n, y ordena que rinda protesta ante los miembros del Ayuntamiento antes de entrar a ejercer el cargo.

    "Que en sesi�n celebrada por la Septuag�sima Legislatura, el d�a 8 de junio de 2006, como noveno punto del orden del d�a, se desahog� la lectura de la comunicaci�n remitida por el presidente municipal de Buenavista, M.�n, por la que informa que no ha sido posible rendir protesta ante los miembros del Ayuntamiento y entrar a ejercer el cargo.

    "Y del estudio y an�lisis realizado por las comisiones que dictaminan, se arriba a las siguientes:

    "Consideraciones

    "Que el Congreso del Estado es competente para reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que se expidieren en los t�rminos del art�culo 44 fracci�n I de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O..

    "Que estas Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales, son competentes para estudiar, analizar y dictaminar el presente asunto, conforme a lo establecido en los art�culos 61 y 62 de la Ley Org�nica y de Procedimientos del Congreso del Estado de M.�n de O..

    "Que el presidente municipal de Buenavista, M.�n, acredita con las copias de los citatorios que acompa�� a su comunicaci�n, que convoc� a los miembros propietarios y suplentes del Ayuntamiento, hasta en cuatro ocasiones, a sesi�n extraordinaria de C., sin que hayan comparecido.

    "Que el Municipio es gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un presidente municipal, un s�ndico y el n�mero de regidores que determine la ley, por lo que para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus atribuciones, requiere que el Ayuntamiento se constituya con los miembros y atribuciones que establece la ley, para que como, �rgano colegiado adopte las resoluciones convenientes para cada caso.

    "Que el Ayuntamiento de Buenavista, M.�n, a la fecha no se encuentra debidamente integrado y funcionando, debido a la falta de comparecencia de sus miembros a la sesi�n extraordinaria de C., a la que han sido convocados.

    "Que estas Comisiones de G.�n y de Puntos Constitucionales, consideran que se debe reformar el art�culo segundo del Decreto N�mero 58 aprobado en la sesi�n de fecha 25 de mayo de 2006, publicado en el Peri�dico Oficial del Estado, n�mero 85 de la misma fecha, que design� al ciudadano J.O.F.�as, presidente municipal de Buenavista, M.�n, y ordena que rinda protesta ante los miembros del Ayuntamiento antes de entrar a ejercer el cargo; ello en consideraci�n a que el art�culo 157 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O., establece que todo funcionario p�blico, antes de tomar posesi�n debe protestar el cargo, ante la autoridad que lo haya designado, encuadr�ndose en esta hip�tesis normativa la designaci�n de presidente municipal que hizo el Congreso del Estado, sin tener aplicaci�n el art�culo 20 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n de O., que reglamenta la instalaci�n de los Ayuntamientos, atendiendo al principio de supremac�a constitucional.

    "Que por lo expuesto y fundado y con apoyo adem�s en los art�culos 111, 112, 114 y 157 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O., 11, 14, 20, 49, 51 y 52 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M.�n de O., 47 fracci�n I, 48, 49, 56 fracciones I y II, 57, 58, 60, 61, 62, 122, 123 y 124 de la Ley Org�nica y de Procedimientos del Congreso del Estado de M.�n de O.; los integrantes de las comisiones del dictamen, nos permitimos someter a la consideraci�n del Pleno, para su aprobaci�n, en su caso, el siguiente proyecto de:

    "Decreto

    "Art�culo primero. Se reforma el art�culo segundo del Decreto N�mero 58, de la Septuag�sima Legislatura, aprobado en sesi�n de fecha 25 de mayo de 2006, publicado en el Peri�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de M.�n de O., n�mero 85 de la misma fecha, para quedar como sigue:

    "Art�culo segundo. El presidente municipal designado rendir� protesta ante el Congreso del Estado de M.�n de O. y enseguida entrar� a ejercer su cargo.

    "Transitorio

    "Art�culo primero. El presente decreto entrar� en vigor al momento de su aprobaci�n. P.�quese en el Peri�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de M.�n de O., para su conocimiento.

    "Art�culo segundo. R.�tase copia del decreto al titular del Poder Ejecutivo, al Ayuntamiento de Buenavista, M.�n, a la Auditor�a Superior de M.�n y al ciudadano J.O.F.�as, para su conocimiento.

    "Palacio del Poder Legislativo, Morelia, M.�n, a 8 de junio de 2006 dos mil seis."

    Como se observa, el funcionario designado realiz� varios intentos por satisfacer su deber de rendir protesta y convoc� a tal efecto varias sesiones extraordinarias del C. a las que no acudieron los miembros de dicho �rgano. Estos hechos son aceptados por el Municipio actor en su escrito de demanda (fojas 8 y 9 del expediente) cuando afirma, en el cap�tulo referente a los hechos, puntos 7 y 8, que "hicimos caso omiso (los miembros del Ayuntamiento actor) a las peticiones que dicha persona (el presidente municipal designado por el Congreso L.) nos hiciera en el sentido de llevar una junta extraordinaria de C. a efecto de que se le tomara protesta y de inmediato entrara en funciones de su cargo".

    Se trataba de un caso, por tanto, en el que una de las partes implicadas -los miembros del C.- ten�a y reten�a en sus manos la clave del cumplimento de los deberes constitucionales de las otras: el deber del Congreso Estatal de nombrar a un presidente municipal sustituto y el deber de la persona designada de rendir protesta de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jur�dico, as� como la clave del mantenimiento de una acefal�a que imped�a al Municipio de Buenavista recuperar la normalidad institucional. Si en las relatadas condiciones, la persona implicada inst� al Congreso Estatal a que determinara lo que correspondiera y �ste determin� que la protesta fuera rendida, sobre la base de lo dispuesto en el art�culo 157 de la Constituci�n L., que la protesta ser�a tomada ante �l mismo, su decisi�n no s�lo no es constitucionalmente reprochable, sino que resulta ser -una vez que ha quedado judicialmente comprobado que la persona designada cumpl�a los requisitos legales exigidos- la optimizadora del resto de exigencias normativas relevantes. En el contexto del ordenamiento jur�dico aplicable en el Estado de M.�n el d�a de hoy, el Congreso del Estado se encuentra facultado para tomarle protesta a un funcionario p�blico municipal designado por �l en ejercicio de las competencias que tienen atribuidas cuando el Ayuntamiento se niegue a hacerlo, y ello no s�lo no vulnera la autonom�a municipal consagrada en el art�culo 115, sino que es congruente con la misma y con las normas que leg�timamente desarrollan sus contornos.

    Por lo anterior, concluimos que la reforma al Decreto 58 contenida en el Decreto 61 es ajustada a derecho.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Es procedente e infundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de Buenavista, M.�n.

SEGUNDO

Se reconoce la validez de los decretos impugnados.

N.�quese, haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la N.�n en sesi�n celebrada el diecis�is de agosto de dos mil siete, puesto a votaci�n el proyecto modificado, se aprob� por mayor�a de nueve votos de los se�ores Ministros C.�o D�az, L.R., F.G.S., G�ngora P., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente O.M.; el se�or Ministro Gudi�o P. vot� en contra, y reserv� su derecho de formular voto particular.

El se�or Ministro presidente G.I.O.M. declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos y, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 44, primer p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, orden� que la resoluci�n se publique en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

No asisti� el se�or M.S.S.A.A., por estar cumpliendo con una comisi�n de car�cter oficial.

______________

  1. V�ase la tesis jurisprudencial plenaria 23/2002, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N. CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.". Puede consultarse en la p�gina 82 del Tomo XV del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca, junio de 2002).

  2. Para conocer los criterios centrales que en las mismas se sustentaron, v�anse las siguientes tesis: plenaria P. CXXVI/95, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD.", visible en la p�gina 237 del Tomo II del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca, diciembre de 1995); tesis jurisprudencial plenaria P./J. 25/99, de rubro: "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.", visible en la p�gina 255 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca, abril de 1999); la de rubro: "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LE�N ES DE NATURALEZA ELECTORAL, Y EL PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNARLA POR LA V�A MENCIONADA SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES ESPEC�FICAS QUE PREV� LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ART�CULO 105 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", visible en la p�gina 252 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca, abril de 1999); tesis plenaria P. XVI/2005, de rubro: "NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CAR�CTER E IMPUGNARSE A TRAV�S DE LA ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL.", visible en la p�gina 905 del Tomo XXI del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca, mayo de 2005); y la tesis plenaria P. XXIX/2006, de rubro: "GOBERNADOR INTERINO, PROVISIONAL, SUSTITUTO O ENCARGADO DEL DESPACHO. SU DESIGNACI�N ES DE NATURALEZA ELECTORAL PORQUE SE RELACIONA CON ESTA MATERIA.", visible en la p�gina 1176 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca).

  3. V�ase la tesis jurisprudencial plenaria P./J. 25/99, cuyos datos de identificaci�n est�n en la nota 2.

  4. V�ase la tesis plenaria P. XXIX/2006, de rubro: "GOBERNADOR INTERINO, PROVISIONAL, SUSTITUTO O ENCARGADO DEL DESPACHO. SU DESIGNACI�N ES DE NATURALEZA ELECTORAL PORQUE SE RELACIONA CON ESTA MATERIA.". Puede consultarse en la p�gina 1176 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca, febrero de 2006). En la acci�n de inconstitucionalidad 28/2005, de la que la misma emana, votaron en contra los Ministros Jos� Ram�n C.�o, G.D.G.�ngora P. y O.S.C. de G.�a V..

  5. En el asunto, en que se planteaba si el derecho al sufragio pasivo pod�a ser objeto de tutela en un juicio de amparo, se analizaron los alcances de la divisi�n competencial en el ejercicio del control constitucional en materia electoral entre el Tribunal Electoral y esta Suprema Corte. El Pleno determin� que a esta �ltima le competen conocer �nicamente -y en forma exclusiva- de la impugnaci�n de normas generales electorales, por v�a de acci�n de inconstitucionalidad, mientras que la impugnaci�n de actos y de resoluciones cae dentro de las atribuciones del Tribunal Electoral. El Pleno subray�, con apoyo en una l�nea jurisprudencial prolongada, que el juicio de amparo no es instrumento de tutela de derechos pol�ticos ni instancia de resoluci�n de conflictos electorales, salvo que sean inescindibles con violaciones a derechos humanos. En ese asunto se utiliz� la definici�n amplia de lo "electoral" como el �mbito jur�dico vinculado con la renovaci�n de los poderes p�blicos; se determin� que se estaba en presencia de lo electoral no s�lo ante cuestionesrelacionadas directamente con el proceso electoral, sino tambi�n en aquellos casos en que la relaci�n es indirecta (registro de candidatos a cargos populares). Los Ministros A.A. y L.R. emitieron votos concurrentes, y los Ministros G�ngora P. y C.�o D�az emitieron votos particulares. Mientras que el primero abund� en el contenido del derecho al sufragio pasivo y la necesidad de tutelarlo plenamente a la luz de lo dispuesto en el art�culo 17 constitucional, el segundo se centr� en los problemas conceptuales asociados a la tarea de proveer una definici�n de los derechos pol�ticos capaz de diferenciarlos de los derechos fundamentales y en las repercusiones de la operaci�n en la organizaci�n del control de constitucionalidad, defendiendo la necesidad de adoptar una definici�n material (y restrictiva), no formal, de lo "electoral".

  6. V�ase al respecto la tesis emitida por este Tribunal Pleno P./J. 98/99, visible en la p�gina 703 del Tomo X del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (septiembre de 1999, Novena �poca), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL." y la tesis tambi�n plenaria P./J. 101/99, visible en la p�gina 708 del Tomo X del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N INCLUYE TAMBI�N DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U �RGANOS DE PODER."

  7. V�ase la tesis emitida por este Tribunal Pleno P./J. 84/2001, visible en la p�gina 925 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (julio de 2001, Novena �poca), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTER�S LEG�TIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA V�A CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACI�N.", as� como la tesis tambi�n plenaria P./J. 85/2001, visible en la p�gina 925 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (julio de 2001, Novena �poca), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBEN SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRESIDENTE MUNICIPAL, AUNQUE NO LO PREVEA LA CONSTITUCI�N LOCAL NI LA CORRESPONDIENTE LEY DE RESPONSABILIDADES."

  8. V�anse los art�culos 3o., 10, fracci�n I y 14 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnaci�n en Materia Electoral, as� como los art�culos 3o., 10, fracci�n I, inciso a) y 13 de la Ley General de Sistemas de Impugnaci�n en Materia Electoral.

  9. Aunque el Congreso del Estado de M.�n afirme en su escrito de demanda que dicho decreto fue aprobado el ocho de junio de dos mil seis, en la foja 56 de los autos que obran en el expediente se observa claramente que �ste fue aprobado el veinticinco de mayo del mismo a�o.

  10. La demanda se interpuso antes de que este decreto fuera publicado en el Peri�dico Oficial local y, por ello, el actor afirma desconocer su fecha de publicaci�n, la cual se observa claramente en la foja 132 de las constancias que obran en autos.

  11. La parte conducente de la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Federal establece:

    "Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la N.�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

    "I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el art�culo 46 de esta Constituci�n, se susciten entre:

    "a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal;

    "b) La Federaci�n y un Municipio;

    "c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito Federal;

    "d) Un Estado y otro;

    "e) Un Estado y el Distrito Federal;

    "f) El Distrito Federal y un Municipio;

    "g) Dos Municipios de diversos Estados;

    "h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

    "i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

    "j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

    "k) Dos �rganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."

  12. Tesis P./J. 52/2000, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, visible en la p�gina 720 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (abril de 2000, Novena �poca), de texto: "De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 38 de la Ley Org�nica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ?s�ndico �nico? es el encargado de la procuraci�n, defensa y promoci�n de los intereses municipales y de la representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte, sin que exista ninguna disposici�n que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que �ste lleva a cabo se refiere espec�ficamente a los asuntos sustantivos propios de la administraci�n del Municipio. Por tanto, el ?s�ndico �nico?, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condici�n o requisito formal previo para ello.". V�ase adicionalmente la tesis 3a. IX/93 de la Tercera Sala de esta Suprema Corte, visible en la p�gina 9 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federaci�n (febrero de 1993, Octava �poca) de rubro: "S�NDICO. TIENE LA REPRESENTACI�N LEGAL MUNICIPAL (ESTADO DE NUEVO LE�N)."

  13. Se trata de la tesis jurisprudencial plenaria P./J. 92/99, consultable en la p�gina 710 del Tomo X del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca, septiembre de 1999).

  14. As� se recoge en la siguiente jurisprudencia: "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JUR�DICA DE LOS PARTICULARES.-Trat�ndose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jur�dica de los particulares, sino que se verifican s�lo en los �mbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garant�a de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jur�dico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garant�a de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentaci�n y motivaci�n, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera n�tida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuaci�n de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajust�ndose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes f�cticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que s� proced�a aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A trav�s de la primera premisa, se dar� cumplimiento a la garant�a de debida fundamentaci�n y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivaci�n." (Tesis plenaria P./J. 50/2000, visible en la p�gina 813 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (abril de 2000, Novena �poca). V�ase para la primera expresi�n, la controversia constitucional 34/97 interpuesta por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato).

  15. V�ase la tesis jurisprudencial plenaria P./J. 122/2004, de rubro: "PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACI�N DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACI�N DE LA FRACCI�N IV DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL).", visible en la p�gina 1124 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca, diciembre de 2004); as� como las tesis jurisprudenciales plenarias 113/2006 y 114/2006, de rubros, respectivamente: "HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACI�N EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR �STE, SON PAR�METROS PARA EVALUAR LA MOTIVACI�N ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES." y "HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACI�N EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR �STE, SON CRITERIOS DE CAR�CTER CUALITATIVO Y NO CUANTITATIVO, CON BASE EN LOS CUALES DEBE DETERMINARSE LA RAZONABILIDAD DE LA MOTIVACI�N DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES."

  16. V�ase la tesis plenaria P./J. 153/2005, visible en la p�gina 2299 del Tomo XXII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (diciembre de 2005, Novena �poca) de rubro: "MUNICIPIOS. SU CREACI�N NO PUEDE EQUIPARARSE A UN ACTO QUE SE VERIFIQUE EXCLUSIVAMENTE EN LOS �MBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE SE APOYE EN UNA MOTIVACI�N REFORZADA.". En esta tesis se destaca que tales decretos crean entidades que constituyen uno de los niveles de gobierno de nuestro pa�s, regidos por �rganos elegidos por sufragio universal y dotados de competencias propias que en algunos casos son exclusivas. Por otro lado, tal proceso tiene una incidencia altamente relevante sobre los habitantes, los que son parcialmente redefinidos como sujetos pol�ticos y que en adelante estar�n sujetos a normas y autoridades parcialmente nuevas; adem�s, la trascendencia socioecon�mica, institucional, pol�tica y cultural del acto de creaci�n de un nuevo Municipio hace exigible que independientemente del cumplimiento de los requisitos descritos, la Legislatura Estatal demuestre que el proceso normativo que conduce a su creaci�n es el resultado de una ponderaci�n cuidadosa de aquellos elementos establecidos constitucional y legalmente como requisitos necesarios para su procedencia. Por tanto, la existencia de una consideraci�n sustantiva y no meramente formal de la normativa aplicable por parte de las autoridades p�blicas decisorias, respetar� la garant�a constitucional de motivaci�n en sentido reforzado.

  17. V�ase la tesis plenaria de jurisprudencia 23/2006, visible en la p�gina 1533 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (febrero de 2006, Novena �poca), de texto y rubro: "RATIFICACI�N O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA DECISI�N CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS �MBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE EST� DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.-La ratificaci�n o no de funcionarios judiciales tiene una dualidad de caracteres, ya que, por un lado, es un derecho a su favor que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluaci�n y, por otro, es una garant�a que opera en favor de la sociedad, ya que �sta tiene derecho a contar con juzgadores id�neos que aseguren una impartici�n de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. As�, la decisi�n sobre la ratificaci�n o no de los Magistrados de los Tribunales L.es no es un acto que quede enclaustrado en los �mbitos internos de gobierno, es decir, entre autoridades, en atenci�n al principio de divisi�n de poderes, sino que aunque no est� formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una trascendencia institucional jur�dica muy superior a un mero acto de relaci�n intergubernamental, pues al ser la sociedad la destinataria de la garant�a de acceso jurisdiccional, y por ello estar interesada en que le sea otorgada por conducto de funcionarios judiciales id�neos que realmente la hagan efectiva, es evidente que tiene un impacto directo en la sociedad. En virtud de lo anterior debe exigirse que al emitir este tipo de actos los �rganos competentes cumplan con las garant�as de fundamentaci�n y motivaci�n, es decir, que se advierta que realmente existe una consideraci�n sustantiva, objetiva y razonable y no meramente formal de la normatividad aplicable."

  18. V�ase el art�culo 82, fracci�n I, del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria seg�n el art�culo 1o. de la ley reglamentaria de las dos primeras fracciones del art�culo 105 de la Constituci�n Federal.

  19. V�ase http://congresomich.gob.mx, visitado el d�a veinticinco de octubre de dos mil seis.

  20. V�ase www.iem.org.mx, visitada el veinticinco de octubre de dos mil seis. En dicha p�gina se corrobora que en el proceso electoral de dos mil cuatro la fuerza pol�tica conformada por el Partido Verde Ecologista y el Partido Revolucionario Institucional result� ganador en el Municipio de Buenavista por un total de siete mil ciento cuatro votos.

  21. El mencionado art�culo 78, fracci�n II, constitucional establece: "Durante los recesos del Congreso de la Uni�n habr� una Comisi�n Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 ser�n diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas C�maras la v�spera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las C�maras nombrar�n, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

    "La Comisi�n Permanente, adem�s de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constituci�n, tendr� las siguientes:

    "I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia N.onal en los casos de que habla el art�culo 76 fracci�n IV;

    "II. Recibir, en su caso, la protesta del presidente de la Rep�blica."

  22. Este art�culo dispone: "El presidente, al tomar posesi�n de su cargo, prestar� ante el Congreso de la Uni�n o ante la Comisi�n Permanente, en los recesos de aqu�l, la siguiente protesta: ?P.o guardar y hacer guardar la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempe�ar leal y patri�ticamente el cargo de Presidente de la Rep�blica que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Uni�n; y si as� no lo hiciere que la N.�n me lo demande.?."

  23. Los �ltimos cinco p�rrafos de este art�culo, por su parte, establecen: "Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestar� ante el Senado, en la siguiente forma:

    "Presidente: ?�P.�is desempe�ar leal y patri�ticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la N.�n que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Uni�n??

    "Ministro: ?S� protesto?

    "Presidente: ?Si no lo hiciereis as�, la N.�n os lo demande?.

    "Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestar�n ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal."

  24. Tesis aislada 1a. XIV/2001 de la Primera Sala de esta Suprema Corte, visible en la p�gina 111 del Tomo XIII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (marzo de 2001, Novena �poca), derivado del amparo en revisi�n 2119/99, fallado por unanimidad de cinco votos el 29 de noviembre de 2000.

  25. Este Tribunal Pleno es competente para conocer en este juicio de los argumentos de las partes en las que se�alen violaciones indirectas a la Constituci�n, junto a los que se�alan violaciones directas a la misma, seg�n el tenor de la tesis plenaria P./J. 98/99, visible en la p�gina 703 del Tomo X del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (septiembre de 1999, Novena �poca), de rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el art�culo 105, fracci�n I, de la Carta Magna, cuya resoluci�n se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la N.�n, en su car�cter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremac�a de la Constituci�n, consistente en que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en aqu�lla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el an�lisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relaci�n directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constituci�n Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesi�n a los �rdenes jur�dicos descritos, en las relaciones de las entidades u �rganos de poder que las conforman, tal situaci�n justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la N.F., producir�a, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armon�a y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultar�a contrario al prop�sito se�alado, as� como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones t�cnicas, lo que impl�citamente podr�a autorizar arbitrariedades, m�xime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser tambi�n integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o la dogm�tica de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control."