Ejecutoria num. P./J. 2/2006 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823013

Ejecutoria num. P./J. 2/2006 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 2/2006
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2006
RESUMEN

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 2/2005-PL. PRESIDENTE MARIANO AZUELA GÜITRÓN, GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.EXTRADICIÓN. LA PRISIÓN VITALICIA NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE CUANDO AQUÉLLA SE SOLICITA ES INNECESARIO QUE EL ESTADO REQUIRENTE SE COMPROMETA A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN.PRISIÓN VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS MINISTROS DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ENTRE ELLOS SU PRESIDENTE, ASÍ COMO LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, ESTÁN LEGITIMADOS PARA FORMULAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN.JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN PUEDE SUSTENTARSE EN UN CASO CONCRETO RESUELTO POR ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL CON LA SOLA EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EN ÉSTE SE APARTE DE LA JURISPRUDENCIA QUE TENGA ESTABLECIDA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SOLICITUD DE MODIFICACI�N DE JURISPRUDENCIA 2/2005-PL. PRESIDENTE MARIANO AZUELA G�ITR�N, G.I.O.M.Y.S.A.V.H., MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIOS: R.C.C. Y ALBERTO D�AZ D�AZ.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veintinueve de noviembre de dos mil cinco.

VISTOS; para resolver los autos del expediente 2/2005-PL relativo a la solicitud de modificaci�n de las jurisprudencias P./J. 127/2001 y P./J. 125/2001, originadas al resolverse la contradicci�n de tesis 11/2001-PL en sesi�n del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubros: "PRISI�N VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ART�CULO 22 CONSTITUCIONAL." y "EXTRADICI�N. LA PENA DE PRISI�N VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA POR EL ART�CULO 22 DE LA CONSTITUCI�N DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQU�LLA, EL ESTADO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACI�N"; y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante ocurso de fecha veintiuno de septiembre de dos mil cinco, recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el veintis�is siguiente, los se�ores Ministros de este Alto Tribunal, presidente M.A.G.�itr�n, G.I.O.M. y S.A.V.H.�ndez, solicitaron la modificaci�n de las jurisprudencias P./J. 127/2001 y P./J. 125/2001, de rubro y texto siguientes:

"PRISI�N VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ART�CULO 22 CONSTITUCIONAL. Si por pena inusitada, en su acepci�n constitucional, se entiende aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines punitivos; ha de concluirse que la prisi�n vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislaci�n mexicana la pena de prisi�n siempre ha tenido un l�mite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el art�culo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptaci�n social del delincuente. En efecto, la finalidad de la pena ha evolucionado a trav�s del tiempo, pues �sta surgi� en principio como una venganza privada en la que el ofendido aplicaba el castigo de acuerdo a la gravedad del da�o causado; luego, como una venganza divina, pues el delito se consideraba como una ofensa a la divinidad; en el derecho griego, adem�s, era intimidatoria; en el derecho romano constituy� una reacci�n p�blica, en raz�n de la ofensa; en el periodo cient�fico, en Alemania, se estim� que el fin de la pena es una coacci�n psicol�gica, de donde surgi� la teor�a de la prevenci�n general; para la escuela cl�sica la pena tiende a conservar el orden legal; para los positivistas la finalidad de la pena es un medio de defensa social; para la doctrina absolutista responde a la idea de justicia absoluta, esto es, que el bien merece el bien y que el mal merece el mal; para la doctrina relativa es el instrumento para asegurar la vida en sociedad; y la doctrina ecl�ctica propone que la pena p�blica puede tener los fines siguientes: reformar al delincuente, ser ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa. Ahora bien, en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el art�culo 18, segundo p�rrafo, despu�s de analizar las iniciativas, dict�menes y discusiones de las reformas de que fue objeto, siempre ha sido como finalidad de la pena y garant�a del sentenciado la readaptaci�n social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitaci�n y la educaci�n como medios para lograr ese fin; en consecuencia, si en la legislaci�n mexicana no se encuentra prevista y sancionada como pena la cadena perpetua o prisi�n vitalicia, porque contraviene el fin �ltimo de la pena, que consiste en readaptar al delincuente para incorporarlo a la sociedad, es evidente que se trata de una pena inusitada, por tanto, es inconstitucional." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., octubre de 2001, tesis P./J. 127/2001, p�gina 15).

"EXTRADICI�N. LA PENA DE PRISI�N VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA POR EL ART�CULO 22 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQU�LLA, EL ESTADO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACI�N. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 10, fracci�n V, de la Ley de Extradici�n Internacional, si el delito por el cual se solicita la extradici�n es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradici�n podr� ser rehusada, a menos de que esta parte d� las seguridades suficientes de que no se impondr� la pena de muerte, o bien, de que si es impuesta, no ser� ejecutada. En estas condiciones, al ser la pena de prisi�n vitalicia una pena inusitada prohibida por el citado art�culo 22, en tanto que se aparta de la finalidad esencial de la pena, consistente en la readaptaci�n del delincuente para incorporarlo a la sociedad, resulta inconcuso que el Estado solicitante debe comprometerse a no imponer la pena de prisi�n perpetua, sino otra de menor gravedad." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., octubre de 2001, tesis P./J. 125/2001, p�gina 13).

En la solicitud de m�rito, los promoventes expusieron entre otros argumentos, lo siguientes:

"En otro orden de ideas, del contenido del art�culo 197, p�rrafo �ltimo, de la Ley de Amparo, tal como el Pleno de la Suprema Corte lo ha interpretado, se advierte que para la procedencia de la modificaci�n de una jurisprudencia se requiere que se encuentren colmados los siguientes requisitos: a) que previamente a la solicitud se haya resuelto el caso concreto que la origina; y, b) que se expresen los razonamientos que apoyan la solicitud de modificaci�n. Al respecto es ilustrativa la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los siguientes:

"?JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACI�N DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. ...? (tesis aislada 107, Octava �poca, Pleno, Ap�ndice 2000, p�gina 84).

"El primero de los extremos en menci�n en el caso concreto se encuentra satisfecho, pues la presente solicitud se formula con motivo de la acci�n de inconstitucionalidad 20/2003, fallada el diecinueve de septiembre de dos mil cinco.

"Cabe destacar que la modificaci�n que se propone implica no s�lo un cambio en los elementos accidentales, sino del criterio jur�dico contenido en las tesis P./J. 127/2001 y P.J. 125/2001, lo cual es jur�dicamente v�lido, pues tal como lo ha sustentado este Alto Tribunal, la palabra ?modificaci�n? a que se refieren los art�culos 194 y 197 de la Ley de Amparo, no est� constre�ida a su significado literal, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, como se advierte de la tesis que a continuaci�n se transcribe:

"?JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N PARA MODIFICARLA. ...? (P.X., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., mayo de 2004, p�gina 142).

"Por otra parte, no se omite precisar que la presente solicitud de modificaci�n de criterios versa exclusivamente sobre los temas debatidos en la contradicci�n de su origen, a saber, si la prisi�n vitalicia constituye o no una pena inusitada de las prohibidas por la Carta Magna, y si en t�rminos de lo previsto en la fracci�n V del art�culo 10 de la Ley de Extradici�n Internacional, el Estado que formule una solicitud de extradici�n debe comprometerse a no aplicar dicha pena o imponer una menor; sin que en el caso se incluyan elementos nuevos o ajenos a los temas que fueron materia de la contradicci�n. Al respecto, debe tenerse en cuenta la tesis de rubro, texto y datos de identificaci�n siguientes:

"?JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCI�N DE TESIS. SU MODIFICACI�N EST� ENMARCADA POR EL TEMA DE LA CONTRADICCI�N QUE LE DIO ORIGEN. ...? (P.X., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2004, p�gina 7).

"II. Antecedentes de las jurisprudencias cuya modificaci�n se solicita.

"Con la finalidad de dar mayor claridad a la exposici�n de las razones por las que se propone la modificaci�n de los criterios transcritos al inicio de este escrito, es conveniente se�alar que dichas jurisprudencias se originaron al resolver la contradicci�n de tesis 11/2001, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. En la parte considerativa del fallo en comento, en cuanto a calificar a la pena de prisi�n vitalicia como inusitada, se se�al�:

"?De las tesis transcritas y la correlaci�n de los art�culos constitucionales, se concluye que, seg�n el esp�ritu del art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el t�rmino inusitado aplicado a una pena no corresponde exactamente a la acepci�n gramatical de ese adjetivo, que significa lo no usado, ya que no podr�a concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicaci�n, adem�s de las penas que enuncia el citado precepto 22, de todas aquellas que no se hubiesen usado anteriormente; interpretar gramaticalmente el concepto, ser�a tanto como aceptar que dicha disposici�n constituye un impedimento para el progreso de la ciencia penal, pues cualquier innovaci�n en la forma de sancionar los delitos implicar�a la aplicaci�n de una pena inusitada. As�, por �pena inusitada�, en su acepci�n constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad. De lo anterior se advierte que por pena inusitada no s�lo se entiende aquellas que importan un maltrato ejercido de modo directo sobre el cuerpo y que causan dolor, sino todas aquellas penas no humanitarias, crueles y excesivas que al ser desproporcionadas se alejan de los fines de la penalidad. En consecuencia, ha de concluirse que la prisi�n vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el art�culo 22 constitucional, en virtud de que en la legislaci�n mexicana la pena de prisi�n siempre ha tenido un l�mite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el art�culo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptaci�n social del delincuente. En efecto, la finalidad de la pena ha evolucionado a trav�s del tiempo, pues �sta surgi�, en principio, como una venganza privada en la que el ofendido aplicaba el castigo de acuerdo a la gravedad del da�o causado; luego, como una venganza divina, pues el delito se consideraba como una ofensa a la divinidad; en el derecho griego, adem�s, era intimidatoria; en el derecho romano constituy� una reacci�n p�blica, en raz�n de la ofensa; en el periodo cient�fico, en Alemania, se estim� que el fin de la pena es una coacci�n psicol�gica, de donde surgi� la teor�a de la prevenci�n general; para la escuela cl�sica la pena tiende a conservar el orden legal; para los positivistas la finalidad de la pena es un medio de defensa social; para la doctrina absolutista responde a la idea de justicia absoluta, esto es, que el bien merece el bien y que el mal merece el mal; para la doctrina relativa es el instrumento para asegurar la vida en sociedad; y la doctrina ecl�ctica propone que la pena p�blica puede tener los fines siguientes: reformar al delincuente, ser ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa. Ahora bien, en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el art�culo 18, segundo p�rrafo, despu�s de analizar las iniciativas, dict�menes y discusiones de las reformas de que fue objeto, siempre ha sido como finalidad de la pena y garant�a del sentenciado la readaptaci�n social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitaci�n y la educaci�n como medios para lograr ese fin; en consecuencia, si en la legislaci�n mexicana no se encuentra prevista y sancionada como pena la cadena perpetua o prisi�n vitalicia, porque contraviene el fin �ltimo de la pena, que consiste en readaptar al delincuente para incorporarlo a la sociedad, es evidente que se trata de una pena inusitada, por tanto, es inconstitucional. Por tanto, al margen de cualquier especulaci�n sobre el particular, el hecho evidente es que la pena de prisi�n vitalicia o cadena perpetua tiene un car�cter no humanitario, es cruel y excesiva, esencialmente, porque ser�a imposible conminar a una persona a que no reincida en una acci�n delictiva, si jam�s volver� a tener la oportunidad de obtener la libertad. Una pena inusitada se encuentra prohibida y choca con el sentir de una colectividad; situaci�n que ocurre con la prisi�n vitalicia, en tanto que siendo la legislaci�n la expresi�n de la voluntad de los ciudadanos a trav�s de sus representantes, y �stos no han introducido en el C�digo Penal dicha pena, significa que, mientras esto no suceda, es voluntad de la ciudadan�a que la misma no est� prevista. En cuanto a los l�mites del ius puniendi, la prisi�n perpetua los extralimita, en espec�fico, el referente al principio de dignidad de la persona, que se iguala a la humanidad de la pena, pues dicha pena no es de ninguna manera una punibilidad humanizada, ya que no cumple con el principio de incolumnidad de la persona; el trato humanizado se ha entendido como el orientado a la reincorporaci�n social de la persona, por lo que al existir la prisi�n vitalicia, no hay oportunidad de readaptar al sujeto a la sociedad, adem�s de que el trato humanizado tambi�n proh�be la pena excesivamente prolongada, y en el caso estamos ante la prolongaci�n m�s extensa de la prisi�n, que contrasta con la prevenci�n general entendida como una especie de advertencia a los dem�s ciudadanos para no delinquir. Por lo que es v�lido concluir de todo lo anterior, que la pena de prisi�n vitalicia constituye una pena inusitada prohibida por el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, siendo una garant�a constitucional la readaptaci�n social, como fin de la pena de prisi�n, y derivado de este conflicto de la celebraci�n de un tratado internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am�rica, resulta conveniente atender lo que establece al respecto el art�culo 15 constitucional, cuyo texto �ntegro es el siguiente ...?

"Adem�s, por lo que ve a las consecuencias que implica calificar como inusitada a la pena de prisi�n vitalicia, atendiendo a lo previsto en la fracci�n V del art�culo 10 de la Ley de Extradici�n Internacional, se sostuvo lo siguiente:

"?Por consiguiente, siendo una garant�a constitucional la readaptaci�n social, como fin de la pena de prisi�n, y derivado de este conflicto de la celebraci�n de un tratado internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am�rica, resulta conveniente atender a lo que establece al respecto el art�culo 15 constitucional, cuyo texto �ntegro es el siguiente: �Art�culo 15. No se autoriza la celebraci�n de tratados para la extradici�n de reos pol�ticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden com�n que hayan tenido en el pa�s donde cometieron el delito, la condici�n de esclavos; ni de convenios o de tratados en virtud de los que se alteren las garant�as y los derechos establecidos por esta Constituci�n para el hombre y el ciudadano.�. Lo anterior, porque los tratados celebrados con un pa�s extranjero no pueden desconocer o alterar las garant�as y derechos del hombre, pues tales derechos constituyen la raz�n de sus instituciones, y ser�a absurdo su desconocimiento en convenios con potencias extranjeras; al respecto debe tenerse en cuenta el siguiente criterio: �Quinta �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo XXXI. P�gina 348. EXTRADICI�N, TRATADOS DE. Los tratados celebrados con un pa�s extranjero, no pueden desconocer o alterar las garant�as y derechos del hombre y del ciudadano, porque tales derechos constituyen la raz�n y el objeto de nuestras instituciones; y oblig�ndose nuestra Ley Fundamental a respetarlos, ser�a contradictorio y absurdo consignar su desconocimiento en convenios con potencias extranjeras; de suerte es que, de acuerdo con el tratado que se haya celebrado entre M�xico y otro pa�s, puede concederse la extradici�n de un reo, si las penas que tenga que sufrir en ese pa�s, no son de las prohibidas por raz�n de las garant�as individuales que el nuestro otorga y que protegen al extranjero. As� es que habiendo concordancia entre el tratado y la Constituci�n, de acuerdo con el art�culo 15 del mismo, deben aplicarse nuestras leyes, y en primer t�rmino, la suprema de ellas, que es la Constituci�n, desde el momento en que �sta, al prohibir la celebraci�n de tratados, en los que se alteren las garant�as y derechos establecidos para el hombre y el ciudadano, est� ordenando el respeto a tales garant�as, aun en caso de extradici�n.�. En esas condiciones, en la solicitud de extradici�n por los Estados Unidos de Am�rica, o por cualquier otro Estado, en el caso en el que el delito por el que se obsequie fuera penado en ese pa�s con pena de prisi�n vitalicia, no podr�a otorgarse la misma en t�rminos del art�culo 15 constitucional en relaci�n con los art�culos 18 y 22 de la misma Ley Suprema, salvo que el Estado solicitante se comprometiera, seg�n lo expuesto en la fracci�n V del art�culo 10 de la Ley de Extradici�n Internacional, a imponer, en su caso, una pena de menor entidad, acorde a la legislaci�n aplicable, ya sea directamente o por sustituci�n o conmutaci�n. Lo anterior, porque la pena de prisi�n vitalicia s� constituye una pena inusitada de las prohibidas por el art�culo 22 constitucional, acorde con las consideraciones expuestas y que, retomando, se resumen en las siguientes: Para que el sistema penal est� acorde con el principio de soberan�a popular, debe respetar las garant�as consagradas en la Constituci�n, misma que en lo que hace a la parte ejecutiva del sistema, consagra los principios de readaptaci�n social y de humanidad de la pena en los t�rminos de los art�culos 18, p�rrafo segundo y 22, p�rrafo primero. As� pues, al cumplimentar el tratado internacional celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am�rica, las autoridades mexicanas deben respetar, mientras subsistan los principios antes anotados, que constituyen garant�as consagradas en la Constituci�n, que establecen que el objetivo primordial del sistema penitenciario es lograr la readaptaci�n social del delincuente a trav�s de un sistema punitivo humano y justo. As� es, porque la prisi�n de por vida no tiende a lograr los fines de la pena de prevenci�n general y especial, ya que no es posible lograr esta �ltima, junto con sus dos objetivos, readaptar y conminar a la no reincidencia, en tanto que no se puede readaptar para la vida en sociedad a una persona que no va a reintegrarse a ella. En esa tesitura, dicha pena no cumple con el contenido del p�rrafo segundo del art�culo 18 constitucional, al no atender a la garant�a de la readaptaci�n social del sentenciado. En conclusi�n, si la pena de prisi�n vitalicia atenta contra lo dispuesto en los preceptos mencionados, es evidente que es contraria a los art�culos 18 y 22 constitucionales, punto departida de la interpretaci�n de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y, por tanto, debe ser considerada como inconstitucional. Con base en lo anterior, este Tribunal Pleno, con apoyo en las consideraciones y fundamentos legales que han quedado precisados con antelaci�n, establece la correcta interpretaci�n de que la pena de prisi�n vitalicia es inusitada, prohibida por el art�culo 22 de la Ley Fundamental y que trastoca el art�culo 18 del mismo ordenamiento y, por tanto, a fin de que una persona sea extraditada a un pa�s en el que el delito que se le imputa tiene se�alada pena de prisi�n vitalicia, es necesario que otorgue garant�a suficiente a satisfacci�n de M�xico, como pa�s requerido, de que no se impondr� dicha pena en los t�rminos de las tesis que con car�cter jurisprudencial colman el sentido y alcance de la cuesti�n jur�dica que se resuelve: ...?

"Del texto que antecede se conoce, en primer t�rmino, que la raz�n toral que se tuvo en cuenta para resolver que la prisi�n vitalicia o de cadena perpetua es inconstitucional, fue el considerar que constituye una pena inusitada prohibida por el art�culo 22 de la Constituci�n General de la Rep�blica, en correlaci�n con el diverso art�culo 18 de la propia Carta Magna, pues por una parte en la legislaci�n mexicana la pena de prisi�n siempre ha tenido un l�mite determinado y, por otra, al no tener como finalidad la readaptaci�n y reintegraci�n del delincuente a la sociedad no cumple con los fines que persigue la pena.

"Por tal raz�n, teniendo presente adem�s que conforme a lo dispuesto en el art�culo 15 constitucional, no se autoriza la celebraci�n de tratados que, entre otros supuestos, alteren las garant�as y los derechos establecidos en la propia Constituci�n Federal para el hombre y el ciudadano, se resolvi� que las solicitudes de extradici�n, en el caso en el que el delito por el que se obsequie fuera penado en el pa�s solicitante con pena de prisi�n vitalicia (prohibida, por las razones que se observan de las transcripciones en comento, por los art�culos 18 y 22 constitucionales), no podr�a otorgarse salvo que el Estado solicitante se comprometiera, seg�n lo expuesto en la fracci�n V del art�culo 10 de la Ley de Extradici�n Internacional, a imponer, en su caso, una pena de menor entidad, acorde a la legislaci�n aplicable, ya sea directamente o por sustituci�n o conmutaci�n. ...

"IV. Propuesta de texto de las tesis cuya modificaci�n se solicita.

"?PRISI�N VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA O TRASCENDENTE PROHIBIDA EN EL ART�CULO 22 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del texto del art�culo 22 constitucional, interpretado conjuntamente con las diversas tesis y jurisprudencias que la Suprema Corte ha sostenido, se desprende que la acepci�n de pena inusitada a que se refiere el mencionado precepto constitucional debe constre�irse a tres supuestos: a) Al tipo de pena, que tengan por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteraci�n f�sica; b) Que la pena que sea excesiva en relaci�n con el delito cometido, que no corresponda a la finalidad que persigue la pena o por dejarse al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinaci�n al no estar prevista en la ley alguna pena exactamente aplicable al delito de que se trata; c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en los dem�s lugares, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos. Adem�s la pena de prisi�n vitalicia no se ubica en ninguno de los supuestos que para considerar inusitada a una pena se desprenden del art�culo 22 constitucional, toda vez que la prisi�n vitalicia inhibe la libertad locomotora, pero no tiene por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteraci�n f�sica. En cuanto a lo excesivo de una pena, ello se dirige a los casos concretos de punibilidad, donde existe un par�metro para determinar si para ciertos delitos de igual categor�a el mismo sistema punitivo establece penas diametralmente diferentes, por lo que la pena de prisi�n vitalicia en lo general no puede ubicarse en esta hip�tesis, por no poder existir en abstracto el par�metro de que se trata, adem�s corresponde a la finalidad de la pena, pues la pena de prisi�n ha sido reconocida, en M�xico y en otros pa�ses del mundo, como adecuada para el restablecimiento del orden social y en cuanto que sea vitalicia no la hace perder esa correspondencia, pues tal aspecto se relaciona con su aplicaci�n, mas no as� con el tipo de pena de que se trata. Inclusive, el hecho de que la prisi�n vitalicia no tenga como consecuencia el reflejo dentro de la sociedad de la readaptaci�n que en su caso pudiera tener del reo, en atenci�n a que �ste no volver� a reintegrarse al n�cleo social, tampoco determina que sea una pena inusitada, toda vez que el Constituyente no estableci� que la pena de prisi�n debiera tener como �nica y necesaria consecuencia la readaptaci�n del sentenciado y que �ste ya readaptado debiera ser reintegrado al n�cleo social, y menos a�n que tales consecuencias debieran lograrse con la aplicaci�n de toda pena en general, pues de haber sido ello su intenci�n lo hubiera plasmado de manera expresa en el texto constitucional, lo cual no hizo, ya que en su art�culo 18 se limit� a regular el sistema penitenciario mexicano, sobre la base del trabajo, la capacitaci�n para el mismo y la educaci�n como medios para lograr la readaptaci�n de los reos, lo que se traduce en una garant�a para quienes ingresan a dicho sistema penitenciario, consistente en la obligaci�n por parte del Estado de brindarles los medios necesarios para capacitarse y desarrollar un trabajo y recibir educaci�n, a fin de que a trav�s de ellos se logre su readaptaci�n social. Asimismo, la pena de prisi�n, en cuanto su aplicaci�n vitalicia no ha sido abolida o rechazada por la generalidad de sistemas punitivos, ya que, actualmente, en gran n�mero de pa�ses del mundo se prev� y en materia de derecho penal internacional actualmente tiene gran importancia el establecimiento de la Corte Penal Internacional, as� como tambi�n la tiene para nuestro orden jur�dico interno, en la medida que el estatuto de dicha Corte, fue suscrito por los Estados Unidos Mexicanos el siete de septiembre de dos mil, y en su art�culo 77, se acepta la imposici�n, entre otras, de la reclusi�n a perpetuidad, determin�ndose as� que, no obstante que el t�rmino �vitalicia� no haya sido utilizado por el legislador en las normas que regulan el sistema punitivo mexicano en el �mbito internacional, nuestro pa�s ha aceptado su aplicaci�n, tendencia que tambi�n se advierte en sus normas internas, toda vez que los legisladores, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, han reflejado una realidad hist�rico-social, como es el reclamo de la sociedad mexicana, a trav�s de sus representantes, en cuanto a la segregaci�n definitiva de reos sentenciados por determinados delitos, pues a pesar de que en el C�digo Penal Federal se establece una pena m�xima de prisi�n hasta por sesenta a�os (art�culo 25, reformado el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve), en una reforma posterior (doce de junio de dos mil) al art�culo 366, fracci�n III, tercer p�rrafo, se estableci� una pena de prisi�n m�xima de setenta a�os. Lo que implica que si la edad m�nima de imputabilidad es de dieciocho a�os, arroje la edad de ochenta y ocho a�os, cuando menos, para los reos sancionados con el m�ximo mencionado, super�ndose as� el promedio de vida de la poblaci�n mexicana que es actualmente de 74.6 a�os. Por tanto, aun cuando no se mencione el t�rmino �vitalicia�, nuestras normas punitivas establecen la posibilidad de que se aplique una verdadera pena de prisi�n de por vida para los reos sentenciados por determinados delitos, evidenci�ndose cada vez con mayor fuerza la tendencia a la segregaci�n definitiva en las normas punitivas mexicanas.?

?EXTRADICI�N. PENA DE PRISI�N VITALICIA. NO ES EXIGIBLE LA CONDICI�N PREVISTA EN LA FRACCI�N V DEL ART�CULO 10 DE LA LEY DE EXTRADICI�N INTERNACIONAL, CUANDO EL DELITO QUE SE IMPUTE AL RECLAMADO SEA PUNIBLE EN LA LEGISLACI�N DEL ESTADO REQUIRENTE CON. POR NO SER DE AQUELLAS PROHIBIDAS EN EL ART�CULO 22 CONSTITUCIONAL. La pena de prisi�n vitalicia no es de aquellas prohibidas en el art�culo 22 constitucional, por lo que no resultaba necesario que en el Tratado de Extradici�n entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am�rica, firmado en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, el cuatro de mayo de mil novecientos setenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintis�is de febrero de mil novecientos ochenta, el Estado mexicano no estaba obligado a procurar que se establecieran restricciones para el caso de que en el pa�s requirente el delito imputado al reclamado se sancione hasta con pena de prisi�n vitalicia, pues �sta no se encuentra prohibida en el art�culo 22 constitucional, adem�s de que conforme a la �ltima parte del art�culo 15 constitucional, la obligaci�n que se impone al gobierno mexicano es la de no comprometer la soberan�a nacional en cuanto a que en el territorio nacional, o bien, en contra de un mexicano, pudieran alterarse las garant�as y derechos establecidos en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, mas no as� para limitar la soberan�a de los Estados extranjeros en cuanto sus reg�menes no contemplen exactamente las garant�as y derechos consagrados en dicha Constituci�n, pues ello ser�a tanto como pretender condicionar a los Estados extranjeros en la celebraci�n de tratados a fin de que existiera un sometimiento a los supuestos previstos en nuestra Constituci�n. Los razonamientos anteriores son los que determinan que el Estado mexicano para tramitar una petici�n de extradici�n formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am�rica o de diverso Estado requirente, cuando el delito que se impute al reclamado sea punible en su legislaci�n hasta con pena de prisi�n vitalicia, no deber� exigir que se cumpla con la condici�n prevista en el art�culo 10, fracci�n V, de la Ley de Extradici�n Internacional, porque, se reitera, la prisi�n vitalicia no es de aquellas penas prohibidas en el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.?.

SEGUNDO

Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n admiti� a tr�mite la solicitud de modificaci�n de las jurisprudencias P./J. 125/2001 y P./J. 127/2001, form�ndose al efecto el expediente n�mero 2/2005-PL; asimismo, orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica a fin de que en el t�rmino de treinta d�as expusiera su parecer y turnara los autos, para su estudio, al M.G.I.O.M..

Mediante certificaci�n judicial de veintinueve de septiembre de dos mil cinco, el subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n hizo constar que el plazo otorgado al procurador general de la Rep�blica comprende del treinta de septiembre al once de noviembre del a�o en curso.

El procurador general de la Rep�blica formul� pedimento mediante oficio 714/05, presentado el d�a siete de octubre de dos mil cinco.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 94, p�rrafo octavo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 194, �ltimo p�rrafo y 197, p�rrafo final, de la Ley de Amparo; y 10 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto tercero, fracci�n XI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno.

SEGUNDO

La presente solicitud de modificaci�n de jurisprudencia proviene de parte leg�tima, en virtud de que fue formulada por el presidente M.A.G.�itr�n, G.I.O.M. y S.A.V.H.�ndez, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el art�culo 197, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo.

Dicho precepto dispone:

"Art�culo 197. ...

Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n; el procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. El Pleno o la Sala correspondiente resolver�n si modifican la jurisprudencia, sin que su resoluci�n afecte las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resoluci�n deber� ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

Respecto de los se�ores Ministros O.M. y V.H.�ndez, es necesario efectuar la siguiente precisi�n.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n pueden invocar como hechos notorios las ejecutorias emitidas por el Tribunal Pleno o por las S., en t�rminos del art�culo 88 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, seg�n lo establece la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala, que este �rgano resolutor comparte, del tenor siguiente:

"HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las S., al resolver los juicios que a cada �rgano corresponda, pueden v�lidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en t�rminos del art�culo 88 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aqu�llos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificaci�n de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." (Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., julio de 1997, tesis 2a./J. 27/97, p�gina 117).

Por tanto, ante la posibilidad de que puedan coexistir, por una parte, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Pleno y, por otra, un nuevo criterio de �ste -emitido con motivo de un caso concreto- que, sin tener rango jurisprudencial, se aparta de aqu�lla, debe advertirse que en el supuesto previsto en el �ltimo p�rrafo del invocado art�culo 197 de la Ley de Amparo, atinente a que las S. o el Pleno modifiquen su jurisprudencia a solicitud de los Magistrados de circuito o los Ministros correspondientes, queda impl�cita la legitimaci�n de estos �ltimos para que de advertir la referida circunstancia, as� lo denuncien ante el propio Tribunal Pleno, para que en pos de la seguridad jur�dica, se determine cu�l es la eficacia de la jurisprudencia de que se trate, es decir, si contin�a vigente, si se ha interrumpido o procede su modificaci�n.

Sobre el particular, es menester invocar lo sustentado por este Tribunal Pleno, por unanimidad de diez votos, bajo la ponencia del se�or M.G.I.O.M., al resolver la solicitud de modificaci�n de jurisprudencia 3/2002:

Asimismo, es importante se�alar que la jurisprudencia tiene, como primer efecto, la interpretaci�n de las leyes que regulan el marco de actuaci�n de las autoridades y las relaciones entre particulares, as� como entre �stos y los �rganos del Estado y, como segunda consecuencia, de igual trascendencia, dar certeza jur�dica a trav�s del establecimiento de un criterio obligatorio que vincule de manera general, de lo que se sigue que frente a lo est�tico de las disposiciones normativas y ante la necesidad de actualizar su interpretaci�n, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cuenta con facultades ampl�simas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificaci�n.

Por otra parte, de especial relevancia resulta apuntar que aun cuando en el citado numeral no se se�ala expresamente al Ministro presidente como legitimado para solicitar la modificaci�n de una jurisprudencia, ello no obsta para reconocer que tal circunstancia constituye una omisi�n del legislador, que debe colmarse a trav�s de la interpretaci�n sistem�tica de lo previsto en la Ley de Amparo y en la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que el invocado art�culo 197, al referirse a los Ministros que integren las S. de la Suprema Corte, comprende a todos, es decir, que de ninguna manera busc� excluir al Ministro presidente de los sujetos legitimados para solicitar la modificaci�n de una tesis de jurisprudencia, dado que el sistema que al efecto establece tiene como finalidad permitir a cualquiera de los Ministros de este Alto Tribunal, as� como a los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, formular la solicitud respectiva, a efecto de que al Pleno o a las S. de este Alto Tribunal emprendan una nueva reflexi�n sobre los argumentos que sustentan un criterio jurisprudencial, con base en las consideraciones que se expongan para apartarse del mismo.

En ese tenor, si bien no es exactamente analogable el sistema de denuncia de contradicci�n de tesis al sistema de modificaci�n de jurisprudencia, dado que para realizar la denuncia de una contradicci�n de tesis est�n legitimados el procurador general de la Rep�blica as� como las partes que intervinieron en el juicio respectivo, debe tomarse en cuenta que en relaci�n con la legitimaci�n para la solicitud de modificaci�n, por una parte, se emple� la redacci�n utilizada en el p�rrafo primero del mismo art�culo 197 y, por otra, se busc� otorgar la facultad respectiva �nica y exclusivamente a los integrantes de los �rganos terminales del Poder Judicial de la Federaci�n, lo que lleva a concluir que el Ministro presidente tambi�n goza de esa legitimaci�n.

En efecto, de la lectura detenida del art�culo 197 en comento, es factible advertir que si el legislador no mencion� al Ministro presidente en su �ltimo p�rrafo, ello obedece a que en el p�rrafo primero de ese mismo numeral, tambi�n se omiti� hacer referencia a dicho servidor p�blico, en virtud de que en este supuesto normativo se hizo menci�n de las S. de este Alto Tribunal, que por su misma jerarqu�a pueden incurrir en contradicci�n de tesis, sin se�alar, por ende, al Ministro presidente que no integra alguna de aqu�llas.

Por otro lado, resulta revelador de la intenci�n del legislador el hecho de incluir como sujetos legitimados para solicitar la modificaci�n de jurisprudencia, tanto a los Ministros de la Suprema Corte como a los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que al reconocer a cada uno de ellos la legitimaci�n en comento, se pone de manifiesto que esa facultad se deposita en todos y cada uno de los integrantes de los �rganos jurisdiccionales que en t�rminos de lo previsto en los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, pueden establecer jurisprudencia, de donde se obtiene que no existe raz�n alguna para concluir que a uno de sus integrantes se le excluy� de esa facultad.

De concluir lo contrario, es decir, que el legislador tuvo la intenci�n de excluir al Ministro presidente de los sujetos legitimados para solicitar la modificaci�n de jurisprudencia, se llegar�a al extremo de sostener que el propio legislador legitim� a los Magistrados de Circuito para ejercer la referida atribuci�n respecto dejurisprudencia integrada por el Pleno de la Suprema Corte y excluy� al Ministro presidente que tambi�n integra al Pleno.

Cabe se�alar que esta Suprema Corte ya ha advertido diversas omisiones en la Ley de Amparo o en la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con las facultades y atribuciones tanto del Pleno de la Suprema Corte como de otros �rganos del Poder Judicial de la Federaci�n, lo que corrobora que esas omisiones deben colmarse atendiendo a los fines que expresa o impl�citamente tuvo el legislador al prever la facultad o atribuci�n correspondiente. Al respecto resultan ilustrativas las tesis jurisprudenciales cuyos rubros, textos y datos de identificaci�n son:

"INTERPRETACI�N DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISI�N EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE LA CONTENGA, SON COMPETENTES TANTO EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Los art�culos 107, fracciones VIII y IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 84, fracci�n I, inciso a), de la Ley de Amparo, establecen la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de revisi�n en contra de sentencias en las que se haya efectuado la interpretaci�n directa de un precepto constitucional. A su vez, los art�culos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, indican que esa competencia corresponde a las S., tanto en amparo directo, como en amparo indirecto, pero trat�ndose del Tribunal Pleno se observa una disparidad porque, aparentemente, s�lo es competente para pronunciarse sobre dicha materia en la resoluci�n de revisiones en amparo directo, como se�ala la fracci�n III del citado art�culo 10, pero no en la revisi�n de amparos indirectos, toda vez que ni la fracci�n II del mismo precepto, ni ninguna otra disposici�n, le otorgan competencia expresa. Esta interpretaci�n letrista, que cercenar�a al Pleno una de las atribuciones exeg�ticas m�s importantes, de las que le son propias, no es admisible, en virtud de que romper�a el sistema de control de la constitucionalidad que, en la v�a judicial, se encomienda a la Suprema Corte y, por antonomasia, al Pleno, a quien se le reserva, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales invocadas, la decisi�n de las cuestiones m�s trascendentes que pueden plantearse en amparo, toc�ndole conocer, as�, del recurso de revisi�n en el juicio de amparo indirecto cuando se reclaman leyes federales, estatales o del Distrito Federal, o cuando se reclaman tratados internacionales por estimarlos directamente violatorios de alg�n precepto constitucional o cuando se alegan violaciones por las entidades federativas a la esfera de competencia que la Constituci�n reserva a la Federaci�n, o viceversa, encomiendas mediante las cuales se reconoce al Pleno de este Alto Tribunal el car�cter de m�ximo int�rprete de la Constituci�n Pol�tica, que es acorde con la intenci�n perseguida con el actual texto del comentado art�culo 107 constitucional, de que a este �rgano corresponda, principalmente, el control de la constitucionalidad y la tarea de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, intenci�n que aparece revelada en la exposici�n de motivos de la iniciativa presidencial que dio lugar a la reforma de ese art�culo 107, que entr� en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Las precisiones realizadas ponen de relieve que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia tambi�n tiene competencia para conocer, en definitiva, de amparos indirectos en los que tenga que determinarse la interpretaci�n directa de un precepto constitucional, resultando as� que en esta materia pueden v�lidamente conocer de las revisiones de amparos directos e indirectos, tanto el Pleno, como las S., conclusi�n que ampl�a la interpretaci�n gramatical de los art�culos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P./J. 18/2000, p�gina 36).

"CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N RESOLVERLO CUANDO SE INVOLUCRAN MATERIAS QUE CORRESPONDEN A LA ESPECIALIDAD DE LAS DOS SALAS. De acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 106 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, reformada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, corresponde al Poder Judicial de la Federaci�n, en los t�rminos de la ley respectiva, dirimir los conflictos competenciales que se susciten entre los tribunales de la Federaci�n, entre �stos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y el Distrito Federal, y conforme a lo preceptuado en los art�culos 11, fracci�n XIII, 12, fracci�n IV, y 24 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n vigente hasta el veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y 11, fracci�n IV y 21, fracci�n VI de la misma ley, en vigor a partir del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco y en los puntos primero y segundo de los Acuerdos 1/1995, 7/1995 y 1/1997, relativos a la determinaci�n de la competencia por materia de las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y al env�o de asuntos competencia del Pleno a dichas S., aprobados por el Tribunal Pleno, respectivamente, el siete de febrero y el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco y el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, las S. del M�ximo Tribunal del pa�s tienen competencia jurisdiccional para conocer de los conflictos ya mencionados, cuando la materia del mismo coincide con la de la especializaci�n de la Sala de que se trate. De ese modo, si el conflicto se plantea en el orden penal o civil, o entre ambos, del asunto conocer� la Primera Sala, y si es administrativo o del trabajo, o entre ambos, corresponder� a la Segunda Sala. Pero cuando se plantea respecto de las materias de una y otra Sala, entonces el conflicto debe resolverse por el Tribunal en Pleno, porque es este �rgano el titular de la competencia originaria y porque de esa manera se cumple con el postulado constitucional de que la justicia se imparta de manera pronta y expedita, pues de no ser as�, se dar�a lugar al planteamiento de una nueva cuesti�n competencial entre las S. del Supremo Tribunal, la cual, necesariamente, desembocar�a en el conocimiento del Pleno, de modo que hasta por econom�a procesal, tan pronto como la Sala del conocimiento constate que se involucra una materia que no corresponde a su especialidad, debe declarar su legal incompetencia y remitir el asunto al Tribunal Pleno." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, tesis P./J. 33/99, p�gina 17).

TERCERO

Es procedente la presente solicitud de modificaci�n de jurisprudencia, por encontrarse satisfechos los requisitos que para tal efecto se se�alan en el art�culo 197, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo.

Dicho precepto legal se�ala:

"Art�culo 197. ...

Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n; el procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. El Pleno o la Sala correspondiente resolver�n si modifican la jurisprudencia, sin que su resoluci�n afecte las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resoluci�n deber� ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

De la disposici�n legal antes transcrita se desprende que para que proceda la solicitud de modificaci�n de jurisprudencia, deben actualizarse los siguientes presupuestos:

  1. Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la origina; y,

  2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensi�n de su modificaci�n.

Al respecto es ilustrativa la tesis de rubro, texto y datos de identificaci�n:

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACI�N DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. El art�culo 197, p�rrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en lo conducente se�ala que ?Las S. de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podr�n pedir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificaci�n ...?. Ahora bien, una recta interpretaci�n de este dispositivo lleva a concluir que no ser�a correcto que la Sala o el Tribunal Colegiado que pretenda pedir al �rgano respectivo la modificaci�n de la jurisprudencia que lo obligue, retrasara la soluci�n del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que �sta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que as� lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estar�an contraviniendo las disposiciones relativas que constri�en a los �rganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los t�rminos establecidos, sobrevendr�a otra situaci�n grave que se traducir�a en el rehusamiento, en su caso, del Tribunal Colegiado o la Sala, a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulnerar�a el art�culo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que si de conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener car�cter obligatorio, siempre que se pronuncia ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse que mientras no se produzca la resoluci�n con los votos mayoritarios que interrumpa una jurisprudencia, �sta debe de acatarse y aplicarse por los �rganos judiciales que se encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al �rgano respectivo la solicitud de modificaci�n de la jurisprudencia que tuviese establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petici�n aplic�ndose la tesis jurisprudencial de que se trate." (Tesis aislada 107, Octava �poca, Pleno, Ap�ndice 2000, p�gina 84).

En efecto, dichos extremos legales se encuentran colmados.

El primero de ellos, en atenci�n a que la presente solicitud se formula con motivo de la resoluci�n emitida por este Tribunal Pleno, en la acci�n de inconstitucionalidad 20/2003, fallada el diecinueve de septiembre de dos mil cinco, en la cual, sustancialmente, se sostuvo:

"Ahora bien, como se dijo en p�rrafos precedentes, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia considera que como del an�lisis del sistema de imposici�n de penas previsto en el p�rrafo segundo del art�culo 27 del C�digo Penal del Estado de Chihuahua, cuya invalidez se solicita, al establecer un sistema de acumulaci�n en el concurso real de los delitos de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o menores de edad y el de secuestro, aparece que las sanciones privativas de la libertad pueden alcanzar una duraci�n de ciento cinco a�os, debe estimarse que tal situaci�n se equipara a una pena de prisi�n vitalicia, ya que rebasa ostensiblemente el tiempo de vida del ser humano.

"En efecto, por pena vitalicia o cadena perpetua, debe entenderse no �nicamente la que se impone por una duraci�n igual a la vida del delincuente, sino tambi�n aquella cuya duraci�n prolongada es tal, que ser�a imposible que se llegase a compurgar en su totalidad, ya que rebasa ostensiblemente los l�mites de vida del ser humano, pues aun cuando en este caso el sentenciado pudiese tener derecho a determinados beneficios que en su caso establezca la legislaci�n correspondiente, como pudiese ser la remisi�n de la pena en atenci�n a su readaptaci�n social sobre la base del trabajo, la educaci�n y la cultura, tal circunstancia, por una parte, no se encuentra prescrita en la Constituci�n Federal, sino que es el legislador ordinario quien determina su regulaci�n; por otro lado, no obstante la posible aplicaci�n de estos beneficios, el delincuente no estar�a en condiciones de recobrar su libertad, dado lo prolongado de la pena en relaci�n con la expectativa promedio de vida.

"De acuerdo con las consideraciones precedentes, no obstante que el sistema de acumulaci�n material de penas a que se refiere el art�culo 27 del C�digo Penal del Estado de Chihuahua, pueda traer como consecuencia la aplicaci�n de penas que rebasen ostensiblemente la vida del ser humano, lo que equivale a la pena de prisi�n vitalicia, debe considerarse que no transgrede el art�culo 22 constitucional y, por tanto, ha de reconocerse su validez."

Al respecto, es pertinente destacar que en el concepto de "caso concreto" a que se refiere el art�culo 197, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo, queda inmerso cualquiera que haya sido del conocimiento del Tribunal Pleno, ya que lo relevante es la tesis sustentada, con independencia de la naturaleza del asunto en el que se haya emitido, pues �sta s�lo trasciende en cuanto a los efectos de lo resuelto en el propio fallo, pero no impide dilucidar si debe o no modificarse una determinada jurisprudencia, ello debido a que la inseguridad jur�dica se genera precisamente por el criterio jur�dico novedoso o de otros derivados de �ste, al margen del proceso en el que se realiz� el pronunciamiento.

Sobre el particular resulta ilustrativa la tesis de la Segunda Sala, cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n son los siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES PROCEDENTE QUE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N LA DIRIMA, RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA. El art�culo 177 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n previene que ?la jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, las S. de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regir�n por las disposiciones de la Ley de Amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposici�n expresa en otro sentido?, sin que esto �ltimo ocurra respecto de la hip�tesis que se examina. Del texto literal anterior se sigue que se refiere directamente s�lo a la Suprema Corte y a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando son �rganos competentes para sustentar jurisprudencia lo que podr�n hacer no s�lo en juicios de amparo sino en cualquier asunto del que deban conocer, aplicando en �stos la Ley de Amparo. Sin embargo, la regla debe extenderse, por analog�a, a aquellos casos en que la situaci�n se presenta, no respecto del �rgano que debe resolver el conflicto de criterios, defini�ndolo jurisprudencialmente, sino en cuanto a los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron las tesis divergentes, debiendo interpretarse, por consiguiente, que proceder� resolver la contradicci�n no s�lo cuando los hayan establecido en juicios de amparo sino en todos los asuntos de su competencia. Por otra parte, si bien es cierto que los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se refieren a la contradicci�n de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los juicios de amparo de su competencia, tambi�n lo es que no debe hacerse una interpretaci�n y una aplicaci�n literal de esas normas para estimar improcedente cualquier denuncia de criterios opuestos que no provenga de los mencionados juicios. Ello, porque si el sistema de denuncia de contradicci�n de tesis tiene por objeto que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a trav�s de la sustentaci�n de un criterio jurisprudencial y, por tanto, obligatorio, supere la inseguridad jur�dica derivada de la aplicaci�n de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, m�xime cuando respecto de �l los mencionados tribunales act�en como �rganos terminales, debe estimarse procedente la que derive de criterios opuestos que se hayan sustentado al resolverse cualquier tipo de asunto del que deban conocer, entre ellos los conflictos competenciales y no s�lo juicios de amparo, ya que de lo contrario no se cumplir�a con el prop�sito que inspir� tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicci�n de tesis como un sistema de integraci�n de jurisprudencia. Lo anterior se robustece si se toma en consideraci�n, adem�s, que desde la emisi�n del Acuerdo General Plenario 6/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el veintitr�s de junio de mil novecientos noventa y nueve, se determin� en el punto tercero, fracci�n V, que de los asuntos iniciados con posterioridad a la publicaci�n del acuerdo, de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se remitir�an para su resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito, los conflictos de competencia, con excepci�n de los que se suscitaran entre los Tribunales Colegiados, los cuales ser�an resueltos por las S. de la Suprema Corte de Justicia, de suerte tal que respecto de los conflictos competenciales que corresponde conocer a los Tribunales Colegiados, �stos act�an como �rganos terminales." (Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., noviembre de 2001, tesis 2a. CCXVII/2001, p�gina 42).

De igual forma, es necesario puntualizar que el requisito en comento, atinente a la resoluci�n del caso concreto, se surte con la sola emisi�n del fallo correspondiente, aun cuando en �ste, el Tribunal Pleno se haya apartado de su propia jurisprudencia, ya que debe tenerse en cuenta que conforme al sistema normativo establecido por la Ley de Amparo, "la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en S., es obligatoria para �stas en trat�ndose de la que decrete el Pleno, y adem�s para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden com�n de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.", seg�n lo dispone el primer p�rrafo del art�culo 192.

Por tanto, si el Tribunal Pleno no se encuentra vinculado por su propia jurisprudencia, es claro que tiene la facultad de que, con base en una nueva reflexi�n, se aparte del precedente y sostenga un criterio novedoso.

En consecuencia, si tal facultad implica que en el mundo jur�dico, en determinado �mbito temporal, puedan coincidir, por una parte, la jurisprudencia establecida por el propio Tribunal Pleno y, por otra, el nuevo criterio que, sin alcanzar rango jurisprudencial, abandona aqu�lla, debe concluirse que al contemplar el �ltimo p�rrafo del art�culo 197 de la Ley de Amparo, que las S. o el Pleno modifiquen su jurisprudencia, trat�ndose del Tribunal Pleno, �ste -a petici�n de alguno de sus integrantes- es el �rgano facultado para efectuarla a partir del nuevo criterio o de otros directamente derivados de �ste, a fin superar el detrimento a la seguridad jur�dica causadopor la coexistencia transitoria de ambos criterios, dado que aqu�lla es uno de los valores cuyo resguardo persigue la instituci�n de la jurisprudencia.

Sobre este tema, conviene citar las tesis de jurisprudencia y aislada del tenor siguiente:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. LA DENUNCIA RESPECTIVA DEBE RESOLVERSE CON PRIORIDAD POR TRATARSE DE UNA AFECTACI�N A LA SEGURIDAD JUR�DICA. La multiplicaci�n de Tribunales Colegiados l�gicamente provoca que la contradicci�n entre tesis sostenidas por unos y otros sea un fen�meno que al presentarse s�lo pueda superarse a trav�s de la denuncia respectiva, la que debe resolverse con prioridad a otros asuntos por tratarse de una afectaci�n a la seguridad jur�dica." (Novena �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., diciembre de 2001, tesis 1a./J. 106/2001, p�gina 8).

"TESIS APARENTE PUBLICADA. DEMOSTRADO QUE �STA NO CORRESPONDE A LA EJECUTORIA, SU INEXISTENCIA DEBE SER DIFUNDIDA DE INMEDIATO, POR RAZONES DE SEGURIDAD JUR�DICA. De acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 179 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, la Suprema Corte de Justicia tiene la encomienda de cuidar la debida publicaci�n de las tesis y jurisprudencias que, efectiva y legalmente, hayan emitido los �rganos competentes del Poder Judicial de la Federaci�n, en cumplimiento de lo cual y ante la demostrada inexistencia de una ejecutoria que avale la compilaci�n, sistematizaci�n y publicaci�n de una tesis, la seguridad jur�dica aconseja comunicar, de inmediato, tal situaci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y Sistematizaci�n de Tesis para que, con fundamento en el art�culo 178 de la citada ley org�nica, tome nota sobre el particular y difunda la inexistencia material y legal de la tesis." (Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., mayo de 1998, tesis 2a. LXVIII/98, p�gina 591).

Lo anterior resulta congruente con lo sostenido por este Tribunal Pleno al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 20/2003, que es el caso concreto que, como se precis�, origina la presente solicitud, pues en dicho fallo se estableci�:

"Conviene precisar que esta nueva reflexi�n sobre la interpretaci�n de los art�culos 18 y 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no interrumpe las tesis jurisprudenciales referidas, esto es, P.1. y P./J. 127/2001, las cuales siguen siendo obligatorias tanto para las S. de este Alto Tribunal como para todo �rgano jurisdiccional. Lo anterior, toda vez que este nuevo criterio se adopta por este Tribunal Pleno con mayor�a de seis votos contra cinco en una acci�n de inconstitucionalidad, juicio dentro del cual, conforme a lo establecido en los art�culos 73 y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se requieren cuando menos ocho votos para que las razones contenidas en las consideraciones precedentes sean obligatorias para todos los tribunales, de tal suerte que la aplicaci�n del nuevo criterio se encuentra constre�ido a la presente acci�n de inconstitucionalidad."

Por cuanto hace al segundo de los requisitos en comento, es necesario efectuar las siguientes precisiones.

En primer lugar, debe puntualizarse que la modificaci�n de jurisprudencia procede no s�lo respecto a un cambio de los elementos accidentales, sino del criterio jur�dico sustentado, acorde a lo determinado por este Alto Tribunal, ya que la palabra "modificaci�n" a que se refieren los art�culos 194 y 197 de la Ley de Amparo, no est� constre�ida a su significado literal, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, como se estableci� en la tesis que a continuaci�n se transcribe:

"JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N PARA MODIFICARLA. Los art�culos 194 y 197 de la Ley de Amparo, facultan al Tribunal Pleno y a las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para modificar su jurisprudencia, para lo cual, como requisitos formales, se requiere solicitud de parte leg�tima, que previamente se haya resuelto el caso concreto y que se expresen las argumentaciones jur�dicas en que se apoya la pretensi�n de modificaci�n. Ahora bien, la palabra ?modificaci�n? contenida en el indicado art�culo 194, no est� constre�ida a su significado literal, conforme al cual s�lo podr�an cambiarse los elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, esto es, se trata no s�lo de interrumpir un criterio jur�dico, sino sustituirlo por otro que puede ser, inclusive, en sentido contrario, de manera que acorde con la intenci�n del legislador, ?modificar la jurisprudencia? significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir una nueva que la sustituya. Asimismo, es importante se�alar que la jurisprudencia tiene, como primer efecto, la interpretaci�n de las leyes que regulan el marco de actuaci�n de las autoridades y las relaciones entre particulares, as� como entre �stos y los �rganos del Estado y, como segunda consecuencia, de igual trascendencia, dar certeza jur�dica a trav�s del establecimiento de un criterio obligatorio que vincule de manera general, de lo que se sigue que frente a lo est�tico de las disposiciones normativas y ante la necesidad de actualizar su interpretaci�n la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cuenta con facultades ampl�simas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificaci�n." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., mayo de 2004, P.X., p�gina 142).

Por otra parte, es necesario destacar que la modificaci�n de criterios pretendida versa exclusivamente sobre los temas debatidos en la contradicci�n de su origen, a saber, si la prisi�n vitalicia constituye o no una pena inusitada de las prohibidas por la Carta Magna y, como consecuencia, si en t�rminos de lo previsto en la fracci�n V del art�culo 10 de la Ley de Extradici�n Internacional, el Estado que formule una solicitud de extradici�n debe comprometerse a no aplicar dicha pena o imponer una menor; sin que en el caso se incluyan elementos nuevos o ajenos a los temas que fueron materia de la contradicci�n.

Al respecto, debe tenerse en cuenta la tesis de rubro, texto y datos de identificaci�n siguientes:

"JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCI�N DE TESIS. SU MODIFICACI�N EST� ENMARCADA POR EL TEMA DE LA CONTRADICCI�N QUE LE DIO ORIGEN. El �ltimo p�rrafo del art�culo 194 de la Ley de Amparo se�ala que para la modificaci�n de una tesis de jurisprudencia deben observarse las mismas reglas establecidas para su formaci�n, disposici�n que trat�ndose de jurisprudencia emanada de una contradicci�n de tesis, s�lo puede hacerse tomando en cuenta el tema o punto de divergencia que le dio origen; es decir, la materia de la modificaci�n se encuentra delimitada por las situaciones jur�dicas que se analizaron de manera concreta, sin abordar aspectos diversos que impliquen adiciones al criterio original ni planteamientos jur�dicos ajenos al tema de contradicci�n, pues de hacerlo, dar�a lugar a la creaci�n de jurisprudencia en una forma no prevista por la ley." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2004, P.X., p�gina 7).

De igual forma, es necesario puntualizar que conforme al art�culo 194, p�rrafo final, de la Ley de Amparo, "para la modificaci�n de la jurisprudencia se observar�n las mismas reglas establecidas por esta ley, para su formaci�n."

En consecuencia, al tener la modificaci�n de jurisprudencia el mismo proceso de integraci�n de �sta, implica que la votaci�n necesaria para que la primera prospere cuando el criterio correspondiente deriva de una contradicci�n de tesis, s�lo requiere de una mayor�a simple, tal como lo ha precisado este Alto Tribunal en su anterior integraci�n, en la tesis que a continuaci�n se inserta:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. LA JURISPRUDENCIA DEFINIDA AL RESOLVERLA NO EST� SUJETA A LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA JURISPRUDENCIA POR REITERACI�N. En los t�rminos de lo establecido por los art�culos 192 y 193, segundo p�rrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se integra por reiteraci�n a la cual la doctrina ha denominado m�todo tradicional, y por contradicci�n, que tambi�n se le ha denominado m�todo de unificaci�n, ya que tiene por objeto unificar la tesis o criterios en pugna. Dichas formas de creaci�n de jurisprudencia, aun cuando coinciden en sus efectos no se les puede equiparar porque: lo. El proceso de formaci�n no es el mismo, pues la primera es el resultado natural de cinco ejecutorias consecutivas y uniformes, no interrumpidas por otra en contrario, que deben ser aprobadas por lo menos por catorce Ministros si se trata de jurisprudencia de Pleno, por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencias de las S. y por unanimidad de votos de los Magistrados trat�ndose de jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados; en cambio, la jurisprudencia por contradicci�n o unificadora, de una sola resoluci�n sin que sea necesario requisito de votaci�n m�nima, pues basta que con que dicha resoluci�n se emita por mayor�a. 2a. En la jurisprudencia por reiteraci�n, el �rgano que dicta las cinco ejecutorias es el mismo; en el sistema de contradicci�n, es una autoridad distinta a aquellas que emitieron las tesis opuestas la que toma la resoluci�n que resuelve la contradicci�n o conflicto de tesis. 3a. Esta �ltima, tiene naturaleza peculiar, diferente a la que se realiza por reiteraci�n o m�todo tradicional, por cuanto a que no pone fin a un litigio sino que s�lo decide un conflicto de interpretaci�n y declara un punto de derecho." (Octava �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, T.V., junio de 1991, tesis 3a. CV/91, p�gina 92).

CUARTO

Las tesis de jurisprudencia cuya modificaci�n se solicita, son del tenor siguiente:

"PRISI�N VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ART�CULO 22 CONSTITUCIONAL. Si por pena inusitada, en su acepci�n constitucional, se entiende aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines punitivos; ha de concluirse que la prisi�n vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislaci�n mexicana la pena de prisi�n siempre ha tenido un l�mite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el art�culo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptaci�n social del delincuente. En efecto, la finalidad de la pena ha evolucionado a trav�s del tiempo, pues �sta surgi� en principio como una venganza privada en la que el ofendido aplicaba el castigo de acuerdo a la gravedad del da�o causado; luego, como una venganza divina, pues el delito se consideraba como una ofensa a la divinidad; en el derecho griego, adem�s, era intimidatoria; en el derecho romano constituy� una reacci�n p�blica, en raz�n de la ofensa; en el periodo cient�fico, en Alemania, se estim� que el fin de la pena es una coacci�n psicol�gica, de donde surgi� la teor�a de la prevenci�n general; para la escuela cl�sica la pena tiende a conservar el orden legal; para los positivistas la finalidad de la pena es un medio de defensa social; para la doctrina absolutista responde a la idea de justicia absoluta, esto es, que el bien merece el bien y que el mal merece el mal; para la doctrina relativa es el instrumento para asegurar la vida en sociedad; y la doctrina ecl�ctica propone que la pena p�blica puede tener los fines siguientes: reformar al delincuente, ser ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa. Ahora bien, en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el art�culo 18, segundo p�rrafo, despu�s de analizar las iniciativas, dict�menes y discusiones de las reformas de que fue objeto, siempre ha sido como finalidad de la pena y garant�a del sentenciado la readaptaci�n social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitaci�n y la educaci�n como medios para lograr ese fin; en consecuencia, si en la legislaci�n mexicana no se encuentra prevista y sancionada como pena la cadena perpetua o prisi�n vitalicia, porque contraviene el fin �ltimo de la pena, que consiste en readaptar al delincuente para incorporarlo a la sociedad, es evidente que se trata de una pena inusitada, por tanto, es inconstitucional." (Novena �poca, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., octubre de 2001, tesis P./J. 127/2001, p�gina 15).

"EXTRADICI�N. LA PENA DE PRISI�N VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA POR EL ART�CULO 22 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQU�LLA, EL ESTADO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACI�N. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 10, fracci�n V, de la Ley de Extradici�n Internacional, si el delito por el cual se solicita la extradici�n es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradici�n podr� ser rehusada, a menos de que esta parte d� las seguridades suficientes de que no se impondr� la pena de muerte, o bien, de que si es impuesta, no ser� ejecutada. En estas condiciones, al ser la pena de prisi�n vitalicia una pena inusitada prohibida por el citado art�culo 22, en tanto que se aparta de la finalidad esencial de la pena, consistente en la readaptaci�n del delincuente para incorporarlo a la sociedad, resulta inconcuso que el Estado solicitante debe comprometerse a no imponer la pena de prisi�n perpetua, sino otra de menor gravedad." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., octubre de 2001, tesis P./J. 125/2001, p�gina 13).

Las jurisprudencias anteriores se originaron al resolver la contradicci�n de tesis 11/2001, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, el d�a dos de octubre de dos mil uno, por mayor�a de seis votos.

Para determinar si procede modificar las tesis en comento, es necesario atender, en primer t�rmino, a la ejecutoria a trav�s de la cual se resolvi� la referida contradicci�n de tesis, en lo atinente a la calificaci�n de la pena de prisi�n vitalicia como inusitada:

De las tesis transcritas, y la correlaci�n de los art�culos constitucionales, se concluye que, seg�n el esp�ritu del art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el t�rmino inusitado aplicado a una pena no corresponde exactamente a la acepci�n gramatical de ese adjetivo, que significa lo no usado, ya que no podr�a concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicaci�n, adem�s de las penas que enuncia el citado precepto 22, de todas aquellas que no se hubiesen usado anteriormente; interpretar gramaticalmente el concepto, ser�a tanto como aceptar que dicha disposici�n constituye un impedimento para el progreso de la ciencia penal, pues cualquier innovaci�n en la forma de sancionar los delitos implicar�a la aplicaci�n de una pena inusitada. As�, por ?pena inusitada?, en su acepci�n constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad. De lo anterior, se advierte que por pena inusitada no s�lo se entiende aquellas que importan un maltrato ejercido de modo directo sobre el cuerpo y que causan dolor, sino todas aquellas penas no humanitarias, crueles y excesivas que al ser desproporcionadas se alejan de los fines de la penalidad. En consecuencia, ha de concluirse que la prisi�n vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el art�culo 22 constitucional, en virtud de que en la legislaci�n mexicana la pena de prisi�n siempre ha tenido un l�mite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el art�culo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptaci�n social del delincuente. En efecto, la finalidad de la pena ha evolucionado a trav�s del tiempo, pues �sta surgi�, en principio, como una venganza privada en la que el ofendido aplicaba el castigo de acuerdo a la gravedad del da�o causado; luego, como una venganza divina, pues el delito se consideraba como una ofensa a la divinidad; en el derecho griego, adem�s, era intimidatoria; en el derecho romano constituy� una reacci�n p�blica, en raz�n de la ofensa; en el periodo cient�fico, en Alemania, se estim� que el fin de la pena es una coacci�n psicol�gica, de donde surgi� la teor�a de la prevenci�n general; para la escuela cl�sica la pena tiende a conservar el orden legal; para los positivistas la finalidad de la pena es un medio de defensa social; para la doctrina absolutista responde a la idea de justicia absoluta, esto es, que el bien merece el bien y que el mal merece el mal; para la doctrina relativa es el instrumento para asegurar la vida en sociedad; y la doctrina ecl�ctica propone que la pena p�blica puede tener los fines siguientes: reformar al delincuente, ser ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa. Ahora bien, en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el art�culo 18, segundo p�rrafo, despu�s de analizar las iniciativas, dict�menes y discusiones de las reformas de que fue objeto, siempre ha sido como finalidad de la pena y garant�a del sentenciado la readaptaci�n social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitaci�n y la educaci�n como medios para lograr ese fin; en consecuencia, si en la legislaci�n mexicana no se encuentra prevista y sancionada como pena la cadena perpetua o prisi�n vitalicia, porque contraviene el fin �ltimo de la pena, que consiste en readaptar al delincuente para incorporarlo a la sociedad, es evidente que se trata de una pena inusitada, por tanto, es inconstitucional. Por tanto, al margen de cualquier especulaci�n sobre el particular, el hecho evidente es que la pena de prisi�n vitalicia o cadena perpetua, tiene un car�cter no humanitario, es cruel y excesiva, esencialmente porque ser�a imposible conminar a una persona a que no reincida en una acci�n delictiva, si jam�s volver� a tener la oportunidad de obtener la libertad. Una pena inusitada, se encuentra prohibida y choca con el sentir de una colectividad; situaci�n que ocurre con la prisi�n vitalicia, en tanto que siendo la legislaci�n la expresi�n de la voluntad de los ciudadanos, a trav�s de sus representantes, y �stos no han introducido en el C�digo Penal dicha pena, significa que, mientras esto no suceda, es voluntad de la ciudadan�a que la misma no est� prevista. En cuanto a los l�mites del ius puniendi, la prisi�n perpetua los extralimita, en espec�fico, el referente al principio de dignidad de la persona, que se iguala a la humanidad de la pena, pues dicha pena no es de ninguna manera una punibilidad humanizada, ya que no cumple con el principio de incolumnidad de la persona; el trato humanizado se ha entendido como el orientado a la reincorporaci�n social de la persona, por lo que al existir la prisi�n vitalicia, no hay oportunidad de readaptar al sujeto a la sociedad, adem�s de que el trato humanizado tambi�n proh�be la pena excesivamente prolongada, y en el caso estamos ante la prolongaci�n m�s extensa de la prisi�n, quecontrasta con la prevenci�n general entendida como una especie de advertencia a los dem�s ciudadanos para no delinquir. Por lo que es v�lido concluir de todo lo anterior, que la pena de prisi�n vitalicia constituye una pena inusitada prohibida por el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, siendo una garant�a constitucional la readaptaci�n social, como fin de la pena de prisi�n, y derivado de este conflicto de la celebraci�n de un tratado internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am�rica, resulta conveniente atender lo que establece al respecto el art�culo 15 constitucional, cuyo texto �ntegro es el siguiente: ...

Aunado a lo anterior, respecto a las consecuencias que implica calificar como inusitada a la pena de prisi�n vitalicia, atendiendo a lo previsto en la fracci�n V del art�culo 10 de la Ley de Extradici�n Internacional, se sostuvo lo siguiente:

Por consiguiente, siendo una garant�a constitucional la readaptaci�n social, como fin de la pena de prisi�n, y derivado de este conflicto de la celebraci�n de un tratado internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am�rica, resulta conveniente atender lo que establece al respecto el art�culo 15 constitucional, cuyo texto �ntegro es el siguiente: ?Art�culo 15. No se autoriza la celebraci�n de tratados para la extradici�n de reos pol�ticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden com�n que hayan tenido en el pa�s donde cometieron el delito, la condici�n de esclavos; ni de convenios o de tratados en virtud de los que se alteren las garant�as y los derechos establecidos por esta Constituci�n para el hombre y el ciudadano.?. Lo anterior, porque los tratados celebrados con un pa�s extranjero no pueden desconocer o alterar las garant�as y derechos del hombre, pues tales derechos constituyen la raz�n de sus instituciones, y ser�a absurdo su desconocimiento en convenios con potencias extranjeras; al respecto, debe tenerse en cuenta el siguiente criterio: ?Quinta �poca, Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo: XXXI. P�gina: 348. EXTRADICI�N, TRATADOS DE. Los tratados celebrados con un pa�s extranjero, no pueden desconocer o alterar las garant�as y derechos del hombre y del ciudadano, porque tales derechos constituyen la raz�n y el objeto de nuestras instituciones; y oblig�ndose nuestra Ley Fundamental a respetarlos, ser�a contradictorio y absurdo consignar su desconocimiento en convenios con potencias extranjeras; de suerte es que, de acuerdo con el tratado que se haya celebrado entre M�xico y otro pa�s, puede concederse la extradici�n de un reo, si las penas que tenga que sufrir en ese pa�s, no son de las prohibidas por raz�n de las garant�as individuales que el nuestro otorga y que protegen al extranjero. As� es que habiendo concordancia entre el tratado y la Constituci�n, de acuerdo con el art�culo 15 del mismo, deben aplicarse nuestras leyes, y en primer t�rmino, la suprema de ellas, que es la Constituci�n, desde el momento en que �sta, al prohibir la celebraci�n de tratados, en los que se alteren las garant�as y derechos establecidos para el hombre y el ciudadano, est� ordenando el respeto a tales garant�as, aun en caso de extradici�n.?-En esas condiciones, en la solicitud de extradici�n por los Estados Unidos de Am�rica, o por cualquier otro Estado, en el caso en el que el delito por el que se obsequie fuera penado en ese pa�s con pena de prisi�n vitalicia, no podr�a otorgarse la misma en t�rminos del art�culo 15 constitucional en relaci�n con el 18 y 22 de la misma Ley Suprema, salvo que el Estado solicitante se comprometiera, seg�n lo expuesto en la fracci�n V del art�culo 10 de la Ley de Extradici�n Internacional, a imponer, en su caso, una pena de menor entidad, acorde a la legislaci�n aplicable, ya sea directamente o por sustituci�n o conmutaci�n. Lo anterior, porque la pena de prisi�n vitalicia s� constituye una pena inusitada de las prohibidas por el art�culo 22 constitucional, acorde con las consideraciones expuestas y que, retomando, se resumen en las siguientes: Para que el sistema penal est� acorde con el principio de soberan�a popular, debe respetar las garant�as consagradas en la Constituci�n, misma que en lo que hace a la parte ejecutiva del sistema, consagra los principios de readaptaci�n social y de humanidad de la pena en los t�rminos de los art�culos 18, p�rrafo segundo y 22, p�rrafo primero. As� pues, al cumplimentar el tratado internacional celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am�rica, las autoridades mexicanas deben respetar, mientras subsistan los principios antes anotados, que constituyen garant�as consagradas en la Constituci�n, que establecen que el objetivo primordial del sistema penitenciario es lograr la readaptaci�n social del delincuente a trav�s de un sistema punitivo humano y justo. As� es, porque la prisi�n de por vida no tiende a lograr los fines de la pena de prevenci�n general y especial, ya que no es posible lograr esta �ltima, junto con sus dos objetivos, readaptar y conminar a la no reincidencia, en tanto que no se puede readaptar para la vida en sociedad a una persona que no va a reintegrarse a ella. En esa tesitura, dicha pena no cumple con el contenido del p�rrafo segundo del art�culo 18 constitucional, al no atender a la garant�a de la readaptaci�n social del sentenciado. En conclusi�n, si la pena de prisi�n vitalicia atenta contra lo dispuesto en los preceptos mencionados, es evidente que es contraria a los art�culos 18 y 22 constitucionales, punto de partida de la interpretaci�n de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y, por tanto, debe ser considerada como inconstitucional. Con base en lo anterior, este Tribunal Pleno, con apoyo en las consideraciones y fundamentos legales que han quedado precisados con antelaci�n, establece la correcta interpretaci�n de que la pena de prisi�n vitalicia es inusitada, prohibida por el art�culo 22 de la Ley Fundamental y que trastoca el art�culo 18 del mismo ordenamiento y, por tanto, a fin de que una persona sea extraditada a un pa�s en el que el delito que se le imputa tiene se�alada pena de prisi�n vitalicia, es necesario que otorgue garant�a suficiente a satisfacci�n de M�xico, como pa�s requerido, de que no se impondr� dicha pena, en los t�rminos de las tesis que, con car�cter jurisprudencial, colman el sentido y alcance de la cuesti�n jur�dica que se resuelve: ...

Del texto que antecede se advierte, en primer t�rmino, que la raz�n toral que se tuvo en cuenta para resolver que la prisi�n vitalicia o de cadena perpetua es inconstitucional, fue el considerar que constituye una pena inusitada prohibida por el art�culo 22 de la Constituci�n General de la Rep�blica, en correlaci�n con el diverso art�culo 18 de la propia Carta Magna pues, por una parte, en la legislaci�n mexicana la pena de prisi�n siempre ha tenido un l�mite determinado y, por otra, al no tener como finalidad la readaptaci�n y reintegraci�n del delincuente a la sociedad no cumple con los fines que persigue la pena.

Con base en lo anterior y teniendo presente que conforme a lo dispuesto en el art�culo 15 constitucional no se autoriza la celebraci�n de tratados que, entre otros supuestos, alteren las garant�as y los derechos establecidos en la propia Constituci�n Federal para el hombre y el ciudadano, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n resolvi� que las solicitudes de extradici�n, en el caso en el que el delito por el que se obsequie fuera penado en el pa�s solicitante con pena de prisi�n vitalicia (prohibida, por las razones que se observan de las transcripciones en comento, por los art�culos 18 y 22 constitucionales), no podr�a otorgarse salvo que el Estado solicitante se comprometiera, seg�n lo expuesto en la fracci�n V del art�culo 10 de la Ley de Extradici�n Internacional, a imponer, en su caso, una pena de menor entidad, acorde a la legislaci�n aplicable, ya sea directamente o por sustituci�n o conmutaci�n.

Ahora bien, para determinar si los criterios sustentados por este Alto Tribunal deben ser modificados, conforme lo permite el sistema legal que rige a la jurisprudencia, es necesario atender a las siguientes razones.

El art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece:

Art�culo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilaci�n y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

En las diferentes legislaciones que en su momento tuvieron vigencia en M�xico y en otras partes del mundo, se han establecido diversos tipos de penas, atribuy�ndoseles m�ltiples finalidades:

- Ser reparatoria del da�o en la medida exacta del perjuicio causado.

- Ser el castigo que como medio de retribuci�n la sociedad impone a quien ha infringido sus leyes.

- Reformar al delincuente, creando en �l, por el sufrimiento, motivos que le aparten del delito en el futuro, readapt�ndolo a la vida social; pero si el delincuente es un sujeto arraigadamente inadaptado, la pena tendr� necesariamente como finalidad la eliminaci�n del responsable.

- Ser ejemplar, patentizando en los ciudadanos pac�ficos la necesidad de respetar la ley; la pena est� dirigida no s�lo al delincuente, sino a todos los sujetos, a fin de que adviertan la efectividad de la amenaza estatal correctiva.

- Ser intimidatoria, la pena constituye la salvaguarda de la sociedad, lo que significa que debe evitar la proliferaci�n de la delincuencia con base al temor que genera su aplicaci�n.

- Ser correctiva, debe producir en el penado la readaptaci�n a la vida normal, mediante los tratamientos curativos y educacionales adecuados, impidiendo as� la reincidencia.

- Ser eliminatoria, ya sea temporal o definitiva, seg�n que el condenado pueda readaptarse a la vida social o se trate de sujetos incorregibles.

- Ser justa, pues la injusticia produce males mayores, no s�lo en relaci�n con quien directamente sufre la pena, sino para todos los miembros de la colectividad al esperar que el derecho realice elevados valores entre los cuales destacan la justicia, la seguridad y el bienestar social.

A pesar de lo anterior, el fin de la pena no consiste en que se haga justicia, ni en que el ofendido sea vengado, ni en que sea resarcido el da�o padecido por �l, ni en que se atemoricen los miembros de una sociedad determinada, ni en que el delincuente purgue su delito, ni en que se obtenga su resocializaci�n, ni en que sea eliminado temporal o definitivamente del n�cleo social; pues todas �stas no son la finalidad de la pena, sino consecuencias potenciales de la misma, ya que aun cuando algunas de ellas pudieran ser consideradas abominables y otras deseables, si faltaran todos estos resultados o consecuencias, la pena continuar�a siendo un acto inobjetable, porque su fin primario es el restablecimiento del orden externo en la sociedad.

En efecto, el delito ofende materialmente a un individuo, a una familia o a un n�mero cualquiera de personas y el mal que se causa no se repara con la pena; pero el delito agravia a la sociedad al violar sus leyes y ofende a todos sus integrantes al disminuir en ellos el sentimiento de su propia seguridad y crear el peligro del mal ejemplo.

Una vez cometido el delito, el peligro del ofendido normalmente deja de existir porque se convierte en un mal efectivo, pero el peligro que amenaza a todos los integrantes de la sociedad comienza entonces, es decir, el peligro consistente en que el delincuente, si permanece impune, renueve contra otros sus ofensas, y que otros, incitados por el mal ejemplo y la impunidad, lleven a cabo acciones que transgredan las leyes establecidas por la sociedad; lo que excitar�a, naturalmente, el efecto social de un temor, de una desconfianza en la protecci�n de la ley al amparo de la cual se mantiene la conciencia de libertad, seguridad y respeto al Estado de derecho.

Este da�o enteramente moral causa una ofensa a todos con la ofensa de uno, porque perturba la tranquilidad de todos en general. De ah� que la pena deba reparar este da�o mediante el restablecimiento del orden que se ve conmovido por el desorden del delito; y este concepto de reparaci�n con el que se expresa el mal de la pena, lleva impl�citos los resultados de la resocializaci�n del reo, del est�mulo de los que no han delinquido y de la amonestaci�n o castigo a los que lo han hecho; pero difieren del concepto puro de la enmienda, intimidaci�n o castigo que originalmente se concibi�, pues una cosa es inducir a un culpable a no delinquir m�s y otra muy distinta el pretender hacerlo interiormente bueno; una cosa es recordar a los integrantes de una sociedad que la ley cumple sus conminaciones y otra propagar el terror en los �nimos; una cosa es que la sociedad imponga una aflicci�n a quien ha transgredido las leyes, y otra que descargue en �l la inconformidad social. La readaptaci�n, la intimidaci�n y el castigo est�n impl�citos en la pena, pero si se pretendiera hacer de ellos un fin especial, la pena y la funci�n punitiva cambiar�an de naturaleza.

El establecimiento de un orden legal que contemple las medidas y acciones necesarias para la conservaci�n del orden social y la punibilidad de las conductas que lo alteran, aplicada por la autoridad social, son factores determinantes de un Estado de derecho, pues quitan toda legitimidad a la represi�n privada, piedra angular del estado de barbarie, como nuestra propia Constituci�n Federal lo prev� en sus art�culos 17 y 21, al establecer:

"Art�culo 17. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. ..."

"Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podr� ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un d�a. ...

Consecuentemente, la pena constituye la autoconstataci�n del Estado, en tanto que el sistema penal de un pa�s (en sus segmentos sustantivo, adjetivo y ejecutivo) debe reflejar las caracter�sticas de la estructura de poder existente, misma que en nuestro pa�s aparece definida en el art�culo 39 constitucional, que consagra la soberan�a popular en los siguientes t�rminos:

Art�culo 39. La soberan�a nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de �ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Por la misma raz�n, el sistema punitivo debe estar acorde con el principio de soberan�a del pueblo, cuya m�xima manifestaci�n de autodeterminaci�n en nuestro pa�s, es que dicho sistema debe encontrar su fundamento en los diversos principios garantistas que se plasman en la N.F.; sin embargo, paralelamente al respeto de las garant�as individuales consagradas constitucionalmente en M�xico, a trav�s del sistema de aplicaci�n de penas se persigue la obtenci�n de diversos resultados, como se desprende de la interpretaci�n arm�nica de los siguientes art�culos constitucionales:

"Art�culo 17. ... Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil."

"Art�culo 18. S�lo por delito que merezca pena corporal habr� lugar a prisi�n preventiva. El sitio de �sta ser� distinto del que se destinare para la extinci�n de las penas y estar�n completamente separados.

"Los Gobiernos de la Federaci�n y de los Estados organizar�n el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitaci�n para el mismo y la educaci�n como medios para la readaptaci�n social del delincuente. Las mujeres compurgar�n sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

"Los gobernadores de los Estados, sujet�ndose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podr�n celebrar con la Federaci�n convenios de car�cter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden com�n extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. ..."

"Art�culo 19. Ninguna detenci�n ante autoridad judicial podr� exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposici�n, sin que se justifique con un auto de formal prisi�n en el que se expresar�n: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci�n, as� como los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deber�n ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. ..."

"Art�culo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la v�ctima o el ofendido, tendr�n las siguientes garant�as.

"A.D. inculpado:

"I. Inmediatamente que lo solicite, el J. deber� otorgarle la libertad provisional bajo cauci�n, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente proh�ba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio P�blico, el J. podr� negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por alg�n delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio P�blico aporte elementos al J. para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y caracter�sticas del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

"El monto y la forma de cauci�n que se fije, deber�n ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podr� modificar el monto de la cauci�n. Para resolver sobre la forma y el monto de la cauci�n, el J. deber� tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las caracter�sticas del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los da�os y perjuicios causados al ofendido; as� como la sanci�n pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.

"La ley determinar� los casos graves en los cuales el J. podr� revocar la libertad provisional;

"II. No podr� ser obligado a declarar. Queda prohibida y ser� sancionada por la ley penal, toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura. La confesi�n rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio P�blico o del J., o ante �stos sin la asistencia de su defensor carecer� de todo valor probatorio;

"III. Se le har� saber en audiencia p�blica, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignaci�n a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusaci�n, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaraci�n preparatoria;

"IV. Cuando as� lo solicite, ser� careado, enpresencia del J., con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracci�n V del apartado B de este art�culo;

"V. Se le recibir�n los testigos y dem�s pruebas que ofrezca, concedi�ndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxili�ndosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso;

"VI. Ser� juzgado en audiencia p�blica por un J. o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que �ste pueda ser castigado con una pena mayor de un a�o de prisi�n. En todo caso ser�n juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden p�blico o la seguridad exterior o interior de la naci�n;

"VII. Le ser�n facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso;

"VIII. Ser� juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena m�xima no exceda de dos a�os de prisi�n, y antes de un a�o si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

"IX. Desde el inicio de su proceso ser� informado de los derechos que en su favor consigna esta Constituci�n y tendr� derecho a una defensa adecuada, por s�, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, despu�s de haber sido requerido para hacerlo, el J. le designar� un defensor de oficio. Tambi�n tendr� derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y �ste tendr� obligaci�n de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,

"X. En ning�n caso podr� prolongarse la prisi�n o detenci�n, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestaci�n de dinero, por causa de responsabilidad civil o alg�n otro motivo an�logo.

"Tampoco podr� prolongarse la prisi�n preventiva por m�s tiempo del que como m�ximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

"En toda pena de prisi�n que imponga una sentencia, se computar� el tiempo de la detenci�n. ..."

"Art�culo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilaci�n y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

"No se considerar� confiscaci�n de bienes la aplicaci�n total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisi�n de un delito, o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considerar� confiscaci�n el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los bienes, en caso del enriquecimiento il�cito, en los t�rminos del art�culo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada, o el de aqu�llos respecto de los cuales �ste se conduzca como due�o, si no acredita la leg�tima procedencia de dichos bienes.

"No se considerar� confiscaci�n la aplicaci�n a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los t�rminos de las disposiciones aplicables. La autoridad judicial resolver� que se apliquen en favor del Estado los bienes que hayan sido asegurados con motivo de una investigaci�n o proceso que se sigan por delitos de delincuencia organizada, cuando se ponga fin a dicha investigaci�n o proceso, sin que haya un pronunciamiento sobre los bienes asegurados. La resoluci�n judicial se dictar� previo procedimiento en el que se otorgue audiencia a terceros y se acredite plenamente el cuerpo del delito previsto por la ley como de delincuencia organizada, siempre y cuando se trate de bienes respecto de los cuales el inculpado en la investigaci�n o procesos citados haya sido poseedor, propietario o se haya conducido como tales, independientemente de que hubieran sido transferidos a terceros, salvo que �stos acrediten que son poseedores o adquirentes de buena fe.

Queda tambi�n prohibida la pena de muerte por delitos pol�ticos, y en cuanto a los dem�s, s�lo podr� imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevos�a, premeditaci�n o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.

Como se desprende de los preceptos transcritos, son diversas las penas cuya aplicaci�n se encuentra autorizada en nuestro territorio, y cada una de ellas refleja el resultado que el Constituyente quiso lograr, a saber:

Los art�culos 18, 19 y 20, regulan la pena de prisi�n, con la cual se persiguen dos resultados: primero, la segregaci�n del individuo que ha delinquido del n�cleo social, pues impuesta la pena o aun antes de ello, con la prisi�n preventiva, el sujeto pierde su libertad locomotora dentro de la sociedad, manteni�ndosele recluido en un establecimiento destinado para ese fin en espec�fico; segundo, la readaptaci�n social del delincuente, pues el sistema penal deber� organizarse sobre la base del trabajo, la capacitaci�n para el mismo y la educaci�n.

Asimismo, en los art�culos 20 y 22 de la Constituci�n Federal, se establece tambi�n la intenci�n de obtener la reparaci�n del da�o por parte de otro gobernado en su esfera patrimonial, o bien, al Estado en el �mbito hacendario, lo que determina que, en este caso, el Constituyente haya pretendido dar a la pena una connotaci�n reparatoria del da�o.

En el �ltimo p�rrafo del art�culo 22 constitucional, se establece la pena de muerte, cuyo resultado ser� la eliminaci�n del delincuente.

Las penas as� previstas, constitucionalmente tambi�n pretenden obtener dos resultados m�s, los cuales se encuentran estrechamente vinculados, uno el castigo a quien ha infringido la ley, pues cada una de las penas mencionadas implica una aflicci�n en el reo, lo que determina que los dem�s gobernados rechacen para s� su imposici�n, lo que las convierte en medidas intimidatorias para la sociedad en general.

De este modo, la pena, que en poco o en nada remedia el mal material del delito, es remedio eficaz y �nico del mal social que causa el delito, ya que sin ella, los ciudadanos perder�an seguridad, vi�ndose obligados a reaccionar violentamente de manera privada, perpetrando el desorden y sustituyendo el imperio de la raz�n por el de la fuerza, o a abandonar una sociedad incapaz de protegerlos. De esta forma, el fin �ltimo de la pena es el bien social, representado en el orden que se obtiene merced a la tutela de las leyes; como fue reconocido en la exposici�n de motivos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la junta inaugural del Congreso Constituyente el primero de diciembre de mil novecientos diecis�is, en los t�rminos siguientes:

Los pueblos latinoamericanos, mientras fueron dependencias de Espa�a, estuvieron regidos por mano de hierro; no hab�a m�s voluntad que la del virrey; no exist�an derechos para el vasallo; el que alteraba el orden, ya propagando teor�as disolventes o que simplemente socavaban los cimientos de la fe o de la autoridad, o ya procurando dar p�bulo a la rebeli�n, no ten�a m�s puerta de escape que la horca. Cuando las luchas de independencia rompieron las ligaduras que ataban a esos pueblos a la metr�poli, deslumbrados con la grandiosidad de la Revoluci�n Francesa, tomaron para s� todas sus reivindicaciones, sin pensar que no ten�an hombres que los guiasen en tan ardua tarea, y que no estaban preparados para ella. Las costumbres de gobierno no se imponen de la noche a la ma�ana; para ser libre no basta quererlo, sino que es necesario tambi�n saberlo ser. Los pueblos de que se trata, han necesitado y necesitan todav�a de gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el m�s f�til pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes; pero por desgracia, en ese particular se ha ca�do en la confusi�n y por gobierno fuerte se ha tomado al gobierno desp�tico. Error funesto que ha fomentado las ambiciones de las clases superiores, para poder apoderarse de la direcci�n de los negocios p�blicos. En general, siempre ha habido la creencia de que no se puede conservar el orden sin pasar sobre la ley, y �sta no otra, es la causa de la ley fatal de que habla Tocqueville; porque la dictadura jam�s producir� el orden, como las tinieblas no pueden producir la luz. As�, pues, dis�pese el error, ens��ese al pueblo a que no es posible que pueda gozar de sus libertades si no sabe hacer uso de ellas, o lo que es igual, que la libertad tiene por condici�n el orden, y que sin �ste aqu�lla es imposible. Constr�yase sobre esa base el gobierno de las naciones latinoamericanas y se habr� resuelto el problema. En M�xico, desde su independencia hasta hoy, de los gobiernos legales que han existido, unos cuantos se apegaron a este principio, como el de Ju�rez, y por eso pudieron salir avantes; los otros, como los de G. y M., tuvieron que sucumbir, por no haberlo cumplido. Quisieron imponer el orden ense�ando la ley, y el resultado fue el fracaso. Si, por una parte, el gobierno debe ser respetuoso de la ley y de las instituciones, por la otra debe ser inexorable con los transtornadores del orden y con los enemigos de la sociedad: s�lo as� pueden sostenerse las naciones y encaminarse hacia el progreso ... Este progreso social es la base sobre la que debe establecerse el progreso pol�tico; porque los pueblos se persuaden muy f�cilmente de que el mejor arreglo constitucional, es el que m�s protege el desarrollo de la vida individual y social, fundado en la posesi�n completa de las libertades del individuo, bajo la ineludible condici�n de que �ste no lesione el derecho de los dem�s.

Ahora bien, la pena de prisi�n constituye una sanci�n restrictiva mediante la cual se priva al individuo de su libertad locomotora y se le mantiene recluido en un establecimiento destinado para ese fin espec�fico, con el objeto de obtener su castigo, su segregaci�n del medio social mientras dura ese aislamiento y su readaptaci�n a la vida social, eliminando la peligrosidad del reo.

La pena de prisi�n, como pena privativa de la libertad, constituye el n�cleo central del sistema punitivo de M�xico, como se desprende de los diversos preceptos constitucionales transcritos anteriormente, por lo que, en este orden de ideas, debe concluirse que la pena de prisi�n, en su concepto gen�rico, no es de aquellas penas prohibidas en el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que fue el propio Constituyente quien la introdujo en nuestro sistema punitivo, regulando sus aspectos espec�ficos y las reglas de imposici�n, como se desprende del art�culo 21 constitucional, en donde se establece que la pena privativa de libertad debe ser impuesta �nicamente por autoridad judicial competente en t�rminos de lo dispuesto por ese art�culo, correspondiendo a estas autoridades la individualizaci�n de esa pena y de otras consagradas en la legislaci�n penal, buscando, desde luego, que la sanci�n impuesta obedezca o tenga relaci�n directa con la gravedad y con la naturaleza del delito, as� como con la necesidad de considerar el aspecto subjetivo del delincuente y su peligrosidad social.

Ahora bien, la pena de prisi�n vitalicia no desnaturaliza la pena que en su denominaci�n se refleja, esto es, la sanci�n restrictiva mediante la cual se priva al individuo de su libertad locomotora y se le mantiene recluido en un establecimiento destinado para ese fin espec�fico, con el objeto de obtener su castigo, su segregaci�n del medio social mientras dura ese aislamiento y su readaptaci�n a la vida social, eliminando la peligrosidad del reo; sino que se encuentra referida al aspecto de su aplicaci�n, es decir, hasta por el t�rmino de la vida del reo se aplicar� una pena constitucionalmente aceptada en M�xico y en m�ltiples sistemas punitivos del mundo y, en esos t�rminos, la pena sigue siendo la misma: la privaci�n de la libertad locomotora, s�lo que var�a en cuanto a su duraci�n; por lo que, en principio, no puede considerarse que s�lo por su duraci�n deba calificarse de inusitada o trascendental y, consecuentemente, de las prohibidas por el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, resulta necesario precisar los criterios que al respecto ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, mismos que a continuaci�n se transcriben:

"PENAS TRASCENDENTALES. Las penas trascendentales de que habla el art�culo 22 de la Constituci�n, son aquellas cuyas consecuencias legales afectan a personas distintas del reo.

Amparo penal directo. V.J.�n. 5 de julio de 1920. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: A.A. y A.M.G.�lez. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

(Quinta �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, T.V.I, p�gina 137).

"PENAS TRASCENDENTALES. Pena trascendental es la que antiguamente se impon�a a los parientes m�s pr�ximos del delincuente y exclusivamente para castigar a �ste en su familia.

Amparo administrativo en revisi�n 2339/30. S.E.. 21 de enero de 1931. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: A.C.C.. Relator: S.U..

(Quinta �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXXI, p�gina 349).

"PENAS PROHIBIDAS. Es indudable que al referirse a penas inusitadas y al prohibirlas, el art�culo 22 constitucional lo hace en relaci�n con nuestro sistema penal, sin que sea cierto que para que una pena se considere prohibida, se requiera que sea conjuntamente inusitada y trascendental; pues si bien parece que gramaticalmente deber�an exigirse las dos calidades de la pena, para que fuera de las prohibidas, ideol�gicamente no pudieron querer los Constituyentes prohibir penas que reunieran esos dos calificativos, ya que corresponden a ideas muy ajenas una de otra. Basta leer con atenci�n la enumeraci�n de penas que proh�be el art�culo 22, para comprender que todas ellas pueden considerarse inusitadas, y que no queriendo el art�culo enumerar todas las que pudieran existir, se vali� del t�rmino general de inusitadas y, adem�s, agreg� que quedan prohibidas las penas trascendentales, que no son ningunas de las enumeradas.

Amparo administrativo en revisi�n 2339/30. S.E.. 21 de enero de 1931. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: A.C.C.. Relator: S.U..

(Quinta �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXXI, p�gina 348).

"PENAS INUSITADAS. Si una legislaci�n local declara delito un acto que la conciencia colectiva nacional no considera as�, y fija para aqu�l una penalidad muy grave y desproporcionada con la naturaleza del acto, establece una pena inusitada, es decir, contraria a la conciencia colectiva nacional, y, por lo mismo, esa legislaci�n viola el art�culo 22 de la Constituci�n General de la Rep�blica. El concepto inusitado es relativo, no tiene un valor absoluto, sustantivo, sino que hace referencia a un t�rmino de comparaci�n; lo que no se usa, no puede definirse sino en relaci�n con lo que se usa; pero esa relaci�n, por su propia naturaleza, no puede establecerse respecto de la personalidad que ejecuta el acto de que se juzga, sino por medio de la comparaci�n con principios de vida colectiva, situados fuera de quien ejecuta el acto que trata de juzgarse. Para saber si una pena es inusitada, hay que salir de la conciencia del legislador para referirse a la conciencia colectiva, y todav�a m�s, si se toma a la ley como una expresi�n de la conciencia colectiva, entonces, para saber si una ley es inusitada, hay que salir del grupo en quien radica esa conciencia colectiva, e ir a otras conciencias colectivas diferentes, sea por el tiempo, sea por el espacio. As�, puede llamarse inusitada una pena, cuando de modo general fue usada en otros tiempos, pero no lo es ya en la actualidad; o cuando, usada en determinado lugar, no lo es en todos los dem�s lugares, cuyos habitantes est�n imbuidos de la misma cultura. Por ejemplo, ser�a inusitado ahora, castigar la infidelidad conyugal con la lapidaci�n, o establecer el delito de blasfemia; e igualmente es inusitado castigar con a�os de prisi�n la venta de alcoholes, pues tal hecho ser�a contrario a la conciencia colectiva nacional y a la de la mayor�a de los pueblos civilizados.

Amparo penal directo 500/32. E.C.. 29 de agosto de 1933. Unanimidad de cinco votos, por lo que respecta a la concesi�n del amparo y por mayor�a de cuatro votos, por lo que se refiere a los fundamentos. Disidente: F.B.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

(Quinta �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXXVIII, p�gina 2979).

"PENAS INDETERMINADAS. El concepto que caracteriza a las penas indeterminadas, es la garant�a absoluta del tiempo de su duraci�n, cuyo l�mite queda al arbitrio de la jurisdicci�n penal o de las autoridades ejecutoras. Por tanto, no puede alegarse que una pena es indeterminada, y por lo mismo, prohibida por el art�culo 22 de la Constituci�n Federal que se refiere a penas inusitadas y trascendentales en nuestro medio jur�dico, cuando la pena que se impone es por determinados a�os, esto es, cuando la pena es limitada y que transcurrido el tiempo de privaci�n de libertad que establezca, ya no puede prolongarse m�s �sta.

Amparo directo en materia penal 3469/47. A.S.J.�. 13 de febrero de 1948. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

(Quinta �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XCV, p�gina 1106).

SEGUROS. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS. LA SANCI�N QUE ESTABLECE EL ART�CULO 143, FRACCI�N V, DE DICHA LEY, POR EL DELITO DE FALSEDAD EN QUE INCURRAN LOS FUNCIONARIOS DE AQUELLAS INSTITUCIONES AL RENDIR INFORMES ANTE AUTORIDADES, NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA O TRASCENDENTAL. Esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que por penas inusitadas, prohibidas en el p�rrafo primero del art�culo 22 constitucional, deben entenderse las que han sido abolidas por inhumanas, crueles, infamantes y excesivas, ya que no corresponden a los fines que persigue la funci�n punitiva del Estado, o aquellas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza. Por otra parte, ha interpretado que las penas trascendentales, que tambi�n proh�be dicho precepto constitucional, son aquellas que se caracterizan porque sus efectos no recaen exclusivamente sobre la esfera jur�dica del condenado, sino que van m�s all�, afectando a sus parientes o allegados. Ahora bien, al determinar el art�culo 143, fracci�n V, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que la conducta intencional de los consejeros, comisarios, directores, funcionarios o empleados de dichas instituciones, consistente en inscribir datos falsos en la contabilidad o producir datos falsos de los documentos o informes que deben proporcionar a la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a las instituciones que �sta determine o a la Comisi�n Nacional de Seguros y Fianzas, se sancionar� con pena de prisi�n de seis meses a diez a�os y multa de mil a cinco mil d�as de salario, no establece una pena inusitada o trascendental, pues siendo de car�cter corporal y pecuniaria, no es inhumana, cruel, infamante, ni excesiva y, por el contrario, responde a las necesidades sociales y a los fines que se persiguen, adem�s de que sus efectos �nicamente recaen sobre los sujetos responsables de la conducta delictiva, sin que sea �bice a lo anterior, el hecho de que el C�digo Penal de aplicaci�n federal establezca sanciones menos severas por la comisi�n de otros delitos de falsedad, ya que las distintas penalidades corresponden a diversas necesidades sociales, pues siendo competencia exclusiva del Estado laadopci�n de medidas para la creaci�n, funcionamiento y vigilancia de las instituciones nacionales de seguros, con el fin de salvaguardar el equilibrio en el sistema asegurador y la competencia leal entre las instituciones que lo integran, resulta apegado a la citada norma constitucional el trato diverso que otorga el legislador en la ley que regula tal actividad.

(Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., diciembre de 1997, tesis P. CLXXXI/97, p�gina 184)

PORTACI�N DE ARMAS DE FUEGO RESERVADAS PARA USO EXCLUSIVO DEL EJ�RCITO, ARMADA O FUERZA A�REA. EL ART�CULO 83, FRACCI�N II, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, EN CUANTO PREV� UNA PENA DE PRISI�N DE CINCO A DIEZ A�OS PARA QUIEN COMETA ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL ART�CULO 22 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 83, fracci�n II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que establece que se sancionar� con prisi�n de cinco a diez a�os al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza A�rea, cuando se trate de las comprendidas en los incisos a) y b) del art�culo 11 del propio ordenamiento, no contiene una pena inusitada ni trascendental y, por tanto, no transgrede el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque, por un lado, independientemente de que la pena de prisi�n est� prevista en el precepto primeramente citado, lo que de suyo no la hace constitucional, lo cierto es que no se deja a la autoridad judicial la decisi�n de imponer una pena que no se encuentre contemplada en ley, y la misma no resulta desproporcionada conforme al sistema jur�dico mexicano, atendiendo a la gravedad del delito en relaci�n con otros sancionados con penas an�logas, sino que corresponde a lo que ha sido reconocido como forma normal de castigar conductas delictivas y respecto al t�rmino por el que puede imponerse se vincula con la ratio legis del delito y de la pena se�alados, que consiste en la protecci�n de la paz y tranquilidad p�blicas y en la reducci�n del n�mero de delitos cometidos con arma de fuego; y, por otro, la mencionada pena no se impone a personas inocentes que tengan alguna relaci�n de parentesco o afinidad con el delincuente, lo que revela que tampoco es trascendente.

(Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., julio de 2001, tesis 2a./J. 25/2001, p�gina 485).

Conforme a los criterios transcritos, debe concluirse que la expresi�n inusitada, en su acepci�n constitucional, se aparta de la interpretaci�n gramatical, esto es, lo no usado, ya que no podr�a concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicaci�n de todas las penas que no se hubiesen usado anteriormente, porque ello implicar�a que en el art�culo 22 constitucional, se estableciera una barrera para el progreso de la ciencia penal, que tiende a la protecci�n de la sociedad, y que toda innovaci�n en la forma de sancionar los delitos constituir�a la aplicaci�n de una pena inusitada, lo cual resulta inaceptable; por lo que dicha acepci�n toma un contenido social, pero no referido a una sociedad en lo particular, pues ello limitar�a su interpretaci�n a lo que se usa o no se usa en esa sociedad, retomando as� la interpretaci�n gramatical, a la cual esta Suprema Corte ha negado validez, sino que tal contenido social se encuentra referido a la �poca en que se realiza el an�lisis correspondiente, pero debiendo respetar y reconocer los motivos del Constituyente.

En efecto, para interpretar el justo alcance del art�culo 22 constitucional, en cuanto a qu� debe entenderse por pena inusitada, debe atenderse a la estabilidad o modificaci�n de las circunstancias a las que actualmente se adecua su sentido, sin desconocer o desnaturalizar los prop�sitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposici�n en estudio. Tiene aplicaci�n la siguiente jurisprudencia:

INTERPRETACI�N HIST�RICA TRADICIONAL E HIST�RICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCI�N. Para fijar el justo alcance de una disposici�n contenida en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su an�lisis literal, sistem�tico, causal y teleol�gico, es factible acudir tanto a su interpretaci�n hist�rica tradicional como hist�rica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los prop�sitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qu� t�rminos se regul� anteriormente una situaci�n an�loga y cu�l fue el objeto de tales disposiciones, dado que por lo regular existe una conexi�n entre la ley vigente y la anterior; m�xime, si a trav�s de los diversos m�todos de interpretaci�n del precepto constitucional en estudio se advierte que fue intenci�n de su creador plasmar en �l un principio regulado en una disposici�n antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intenci�n del Constituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sosten�a en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulaci�n no var�a o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mantener su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que derivan de esta interpretaci�n, ser� posible acudir a la diversa hist�rica progresiva, para lo cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanci�n del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretaci�n y aplicaci�n, ya que toda N.F. constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jur�dico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacci�n permite la adecuaci�n de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jur�dicas, o de otra �ndole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificaci�n que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea v�lido desconocer o desnaturalizar los prop�sitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposici�n en estudio.

(Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, tesis P./J. 61/2000, p�gina 13).

En este orden de ideas, debe considerarse que en la exposici�n de motivos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna alusi�n se hizo a los motivos que originaron la redacci�n del art�culo 22 constitucional, as� como tampoco se desprende que en el proceso legislativo correspondiente se hubieran establecido las razones que tuvieron los legisladores para determinar que una pena pod�a ser inusitada o trascendente, m�s a�n, en la trig�simo quinta sesi�n ordinaria celebrada el ocho de enero de mil novecientos diecisiete, se ley� el dictamen sobre el art�culo 22 del proyecto de Constituci�n que, en lo conducente, dec�a:

Ciudadanos diputados: El primer p�rrafo del art�culo 22 de la Constituci�n contiene la misma prohibici�n consignada en igual precepto de la Ley Constitucional de 1857; por tanto, no hay necesidad de hacer ning�n comentario sobre este asunto ...

H.�ndose centrado la discusi�n correspondiente en la abolici�n o no de la pena de muerte, sin hacer alusi�n alguna referente a lo inusitado o trascendental de algunas penas.

Por otro lado, el primer p�rrafo del art�culo 22 constitucional, materia de an�lisis, no ha sufrido reforma alguna en su texto original, y de las exposiciones de motivos y discusiones correspondientes a las reformas a los dem�s p�rrafos del mencionado precepto publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n los d�as veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, tres de julio de mil novecientos noventa y seis y ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, tampoco se desprende alguna raz�n que pudiera ilustrar la intenci�n que en su momento pudo haber tenido el Constituyente para que pudieran calificarse de inusitadas o trascendentales a algunas penas.

Consecuentemente, al no haber establecido el Constituyente alg�n par�metro de interpretaci�n para tales acepciones, ni haber expresado su voluntad en el sentido de limitarla, dicha interpretaci�n, como anteriormente se mencion�, debe hacerse conforme a la �poca actual, considerando los instrumentos jur�dicos que para el efecto existen.

Ahora bien, del texto del art�culo 22 constitucional, que ha quedado transcrito, se advierte que al examinar la naturaleza de las distintas penas que en �l se proh�ben, resulta evidente que �stas pueden clasificarse en dos clases: por un lado, las penas de mutilaci�n, la marca, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, tienen entre s� una gran semejanza, pues a trav�s de ellas se infringe un dolor o alteraci�n de car�cter f�sico o material en la persona del condenado; mientras que la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y la infamia, careciendo de la caracter�stica propia de aquellas penas, tienen en com�n que todas ellas conllevan una afectaci�n no s�lo al sentenciado, en su patrimonio o en su honra y cr�dito social, que afectar�n tambi�n a quienes dependen o est�n �ntimamente relacionados con �l, como la familia o dependientes econ�micos.

Por otro lado, en las diversas tesis y jurisprudencias que esta Suprema Corte ha sostenido en relaci�n con lo inusitado o trascendental de una pena, que han sido transcritas, se refleja lo anterior, as� como tambi�n se advierte que la pena inusitada ha sido interpretada en el sentido de ser una pena que se haya abolido por ser inhumana, cruel o excesiva o por no corresponder a la finalidad que persigue la pena o por dejarse al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinaci�n, al no estar prevista en la ley alguna pena exactamente aplicable al delito de que se trate; o bien, que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en los dem�s lugares, por ser rechazado en la generalidad de los sistemas punitivos.

Otro instrumento que da luz para la interpretaci�n que se pretende es la Convenci�n Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, y suscrita por el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado al efecto, el diecis�is de abril de mil novecientos ochenta y cinco, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el seis de marzo de mil novecientos ochenta y seis, cuyo art�culo 1o. dice:

"Art�culo 1.

1. A los efectos de la presente convenci�n, se entender� por el t�rmino ?tortura? todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean f�sicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero informaci�n o una confesi�n, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier raz�n basada en cualquier tipo de discriminaci�n, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario p�blico u otra persona en el ejercicio de funciones p�blicas, a instigaci�n suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerar�n torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia �nicamente de sanciones leg�timas, o que sean inherentes o incidentales a �stas. ...

De todo lo anterior se desprende que la acepci�n de pena inusitada a que se refiere el art�culo 22 constitucional debe constre�irse a tres supuestos:

  1. Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteraci�n f�sica.

  2. Que la pena sea excesiva en relaci�n con el delito cometido, que no corresponda a la finalidad que persigue la pena o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinaci�n por no encontrarse prevista en la ley alguna pena exactamente aplicable al delito de que se trata.

  3. Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en los dem�s lugares, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos.

    Es importante se�alar que el hecho de que la prisi�n vitalicia no tenga como consecuencia el reflejo dentro de la sociedad de la readaptaci�n que en su caso pudiera tener el reo, en atenci�n a que �ste no volver� a reintegrarse al n�cleo social, tampoco determina que deba considerarse como una pena inusitada, toda vez que el Constituyente no estableci� que la pena de prisi�n debiera tener como �nica y necesaria consecuencia la readaptaci�n del sentenciado y que �ste ya readaptado debiera ser reintegrado al n�cleo social, y menos a�n que tales consecuencias debieran lograrse con la aplicaci�n de toda pena en general, ya que de haber sido ello su intenci�n lo hubiera plasmado de manera expresa en el Texto Constitucional, lo cual no hizo, pues se limit� a establecer en el art�culo 18 constitucional, lo siguiente:

    "Art�culo 18. ...

    Los Gobiernos de la Federaci�n y de los Estados organizar�n el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitaci�n para el mismo y la educaci�n como medios para la readaptaci�n social del delincuente. Las mujeres compurgar�n sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. ...

    En las discusiones del Congreso Constituyente, correspondientes al texto anterior, se advierte que algunos de sus miembros expusieron:

    "El C. Presidente: Tiene la palabra el C.M.. El C.M.: Se�ores diputados: ... en estos momentos el derecho penal lo que castiga y previene es el grado de temibilidad del agente, de manera que no est� definitivamente rechazado el sistema penitenciario, y teniendo sus bondades, es propio del estado actual de M�xico conservar el sistema penitenciario. Yo no me opongo al sistema de las colonias penales, porque efectivamente no veo inconveniente para que en M�xico se establezcan las colonias sobre todo, porque no existen determinadas condiciones. Yo no me opongo a eso, pero si las colonias penales se establecen bajo la f�rula del Poder Federal, s� lastimamos de una manera profunda y directa lo m�s caro de nuestras instituciones, que es el federalismo, no es cierto que el se�or licenciado C. no se haya dado cuenta de la cuesti�n ni que haya ofrecido a esta honorable asamblea, en el dictamen de la comisi�n, un argumento que carece de peso; el se�or licenciado M.�as se extra�aba que el se�or licenciado C., tan ilustrado y discreto y que ha dado prueba en esta asamblea de saber tratar las cuestiones con ingenio y atingencia, se hubiera equivocado en este caso: el se�or licenciado C. no se ha equivocado cuando ha visto en el sistema de colonias penales, bajo la tutela del Poder Federal, un peligro para los Estados de la Federaci�n. �Qu� es un Estado de la Federaci�n cuando acaba su jurisdicci�n? El Estado, por su propio prestigio, por el lugar que ocupa en la Rep�blica, debe �l mismo proveer a su legislaci�n penal y el sistema de las penas y castigos es una de las partes m�s esenciales de la legislaci�n penal, y si se le priva de ese derecho, cuando se retira a un reo y va �ste a una colonia en donde el Estado no tendr� la misma influencia e intervenci�n que estando la penitenciar�a en el mismo Estado. La cuesti�n grave, la objeci�n de peso que se hace, es que el Estado no podr� nunca, si es peque�o, tener los fondos suficientes para establecer un buen sistema penitenciario. Esta argumentaci�n es de peso, se�ores, y debemos resolverla resolviendo las bases de nuestro sistema econ�mico ...

    "El C. Presidente: Tiene la palabra el C.P.J.. El C.P.J.: Se�ores diputados: La discusi�n del art�culo degener� en una especie de torneo, y voy a dar algunas razones que me han servido para no objetar el dictamen acerca de la descentralizaci�n del r�gimen penitenciario ... Dice el se�or licenciado M.�as que de suprimir las palabras de ?pena alternativa y corporal?, se maniatar�a al Poder Judicial y un J. no podr�a ordenar la prisi�n de un delincuente; habl� despu�s el se�or licenciado M.�as de penas conjuntivas, es decir, de penas en que la ley establece a la vez la pecuniaria y la corporal. En ese caso no hay lugar a duda; nos referimos al caso de la pena alternativa y nos cit� el licenciado M.�as un caso. Dec�a: Un J. impone una sentencia de cien pesos de multa, pero el acusado no tiene con qu� pagar esa multa, y por consiguiente se quedar�a sin castigo alguno. Este argumento es sumamente d�bil; basta que nos fijemos en este detalle: �En qu� momento sabe el J. que el acusado tiene o no la multa? Lo sabe hasta que pronuncia su sentencia, pero no antes. Yo he querido que se quite a los Jueces la facultad de privar a un individuo de su libertad antes de que pronuncien su sentencia, no despu�s; pero �Antes de esa sentencia, cuando no se sabe todav�a si se le va a imponer pena corporal o pecuniaria, es justo, se�ores, que se le quite su libertad? �No es un atentado a la libertad, no es una de las mayores injusticias que con todo y la incertidumbre que tiene un J. vaya a quitarle la libertad al individuo? Si la ley nos dice que en caso de duda debe absolverse al inculpado �Por qu� nosotros en caso de incertidumbre vamos a sancionar el principio de que se meta a un ciudadano a la c�rcel? No cit� el se�or licenciado M.�as ning�n otro argumento; comprend�, s�, que ten�a la idea de que pudiera presentarse el caso de que un individuo no tuviera los cien pesos para pagar la multa. Si alg�n individuo, desgraciadamente no pod�a hacer los sacrificios que hacen todos para recuperar su libertad, en este caso, se�ores, tendremos que admitir la posibilidad de que se le quitara su libertad, que se le redujera a prisi�n por no tener los cien pesos de multa. Pero eso, repito, lo viene a saber el J. hasta el final, hasta que ha pronunciado su sentencia, hasta que ya se est� en la ejecuci�n de la sentencia misma, pero no antes, se�ores ... El se�or licenciado J.N.M.�as nos ha trazado un cuadro de colonias penales, de establecimientos penales, sumamente lisonjero; pero este cuadro es sumamente imaginativo, dista mucho de la realidad. Estos presidios penales, si los dejamos bajo el r�gimen de la Federaci�n, no podr�n menos que estar bajo el control del Ejecutivo, porque indudablemente que no podr�n estar bajo el control del Congreso, estar�n bajo la inspecci�n del Ejecutivo y aun cuando es de suponerse que tengamos nosotros en la presidencia de la Rep�blica en lo futuro personas �ntegras y rectas, no hay que olvidar lo peligroso que ser�a que alg�n Ejecutivo mal informado pudiera mandar a las Islas Mar�as a un individuo indebidamente. Esto ser�a dar ocasi�n al Ejecutivo para que pudiera agravar las penas. No encuentro la raz�n de que tales presidios dependan de la Federaci�n. Yo acepto algunos de los principios del se�or M.�as; uno de los que acepto es �ste: ?Tenemos miedo a la libertad; apenas proclamamos un principio y enseguida le ponemos restricciones.?. S�, es cierto tenemos miedo a la libertad; proclamamos la libertad de los Estados; y enseguida queremos nulificarla federalizando el sistema penal. ...

    El C. Presidente: Tiene la palabra el C.T.. El C.T.: Se�ores diputados: Voy a hablar en contra del dictamen y para ello creo de mi deber, por lo que yo he o�do, encauzar la discusi�n. El principal punto del debate a mi entender, es el siguiente: saber si es federalizable el establecimiento del r�gimen penitenciario en el pa�s. Es esto, a mi modo de ver, lo principal que debemos resolver en el presente debate. Para esto, se�ores diputados, debemos tener en cuenta circunstancias de orden jur�dico y circunstancias de orden sociol�gico. Debemos dejar sentado el siguiente principio: que el criminal debe serconsiderado, como ya lo han dicho algunos oradores, como un ser que tiene que sujetarse a tal o cual tratamiento con el fin de hacerlo capaz de vivir en sociedad y al vivir en ella no perturbar su equilibrio. Todo criminal, con el simple hecho de violar la ley, turba el equilibrio y ese equilibrio es precisamente lo que la ley quiere que no se perturbe. En ese sentido yo digo a ustedes que el criminal debe ser sustra�do de la sociedad y principalmente del elemento en que se encontraba a fin de hacerlo adaptable. �De qu� manera se hace esto? Algunos diputados, y con ellos la comisi�n, cometen hasta cierto punto una especie de hip�rbaton, dicen que se debe establecer el r�gimen penitenciario con el trabajo como base. Yo digo, con las simples palabras ?r�gimen penitenciario? ya viene la idea; todo aquel que haya estudiado y que sepa lo que es r�gimen penitenciario, debe inmediatamente comprender que la idea del trabajo y lo que expresa el se�or diputado Jara, la de retribuci�n de lo que hagan los presos dentro de la penitenciar�a, est� imb�bita; cuando decimos ?r�gimen penitenciario?, se sobrentiende infinidad de circunstancias y de cosas, se sobreentiende un estado al cual se somete al criminal, estado que quiere decir regeneraci�n del culpable.

    De donde se advierte que la intenci�n del Constituyente fue la de regular el sistema penitenciario mexicano, sobre la base del trabajo, la capacitaci�n para el mismo y la educaci�n como medios para lograr la readaptaci�n de los reos, lo que se traduce en una garant�a para quienes ingresan a dicho sistema penitenciario, consistente en la obligaci�n, por parte del Estado, de brindarles los medios necesarios para capacitarse y desarrollar un trabajo y recibir educaci�n, a fin de que a trav�s de ellos se logre su readaptaci�n social; y no as� establecer tal readaptaci�n como garant�a individual de los sentenciados, ni que �stos debieran ser necesariamente reintegrados al n�cleo social, pues de considerarlo as�, adem�s de haber sido expreso al respecto, como lo fue en los diversos preceptos que s� prev�n garant�as individuales, hubiera establecido las bases para que el sistema penitenciario valorara el grado de readaptaci�n social logrado por cada reo, y una vez alcanzado el id�neo tuviera derecho inmediato a su liberaci�n, por carecer ya de objeto su reclusi�n.

    Lo anterior adquiere mayor fuerza si se considera que la segregaci�n definitiva que con la pena de prisi�n vitalicia se pretende lograr, fue contemplada por nuestro Constituyente al no establecer l�mite respecto de la aplicaci�n de la pena de prisi�n, y m�s a�n, al establecer expresamente en el sistema punitivo mexicano la pena de muerte, que imposibilita la readaptaci�n del sentenciado y su reingreso al n�cleo social, lo cual no resulta contradictorio con las consecuencias que, conforme al art�culo 18 constitucional, pretenden lograrse con la pena de prisi�n, sino que dicho precepto constitucional, con los diversos que regulan el sistema punitivo en M�xico, se complementan para establecer el marco constitucional dentro del cual el legislador puede expedir las leyes penales. Tiene aplicaci�n la tesis que a continuaci�n se transcribe:

    "CONSTITUCI�N FEDERAL. SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SER CONTRADICTORIOS ENTRE S�.-Las reformas a los art�culos 49 y 131 de la Constituci�n, efectuadas por el Congreso de la Uni�n, no adolecen de inconstitucionalidad, ya que jur�dicamente la Carta Magna no tiene ni puede tener contradicciones, de tal manera que, siendo todos sus preceptos de igual jerarqu�a, ninguno de ellos prevalece sobre los dem�s; por lo que no se puede decir que algunos de sus estatutos no deban observarse por ser contrarios a lo dispuesto por otros. La Constituci�n es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las dem�s normas que constituyen un orden jur�dico determinado y conforme a su art�culo 133, la Constituci�n no puede ser inconstitucional; es un postulado sin el cual no se podr�a hablar de orden jur�dico positivo, porque es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. Adem�s, siendo ?la Ley Suprema de toda la Uni�n?, �nicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con las disposiciones de la misma que en el derecho mexicano se contienen en el art�culo 135 constitucional, y �nicamente por conducto de un �rgano especialmente calificado pueden realizarse las modificaciones o adiciones, y por exclusi�n, ning�n otro medio de defensa legal como el juicio de amparo es apto para modificarla." (S�ptima �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 39, Primera Parte, p�gina 22).

    Al respecto, se impone tener en cuenta lo sostenido por este Tribunal Pleno al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 20/2003, el seis de septiembre de dos mil cinco:

    "As�, la pena privativa de la libertad de por vida, no es inusitada ni trascendental, dado que lo que proscribe el art�culo 22 constitucional al respecto, es el contenido mismo de la pena, esto es, que se convierta en una pr�ctica inhumana, como en forma ejemplificativa lo destaca el propio precepto al prohibir las penas de mutilaci�n y de infamia, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, as� como que sean trascendentales, esto es, que afecten a la familia del delincuente.

    "Lo anterior es as�, ya que de haber sido la intenci�n del Constituyente establecer un l�mite en la duraci�n de las penas privativas de la libertad, as� lo hubiera asentado, pero no lo hizo, sino que dej� al legislador ordinario determinar cu�les son las conductas delictivas y la penalidad que debe corresponderle a cada una de ellas.

    "Por otra parte, aunque el calificativo de pena ?excesiva? est� circunscrita por el multicitado art�culo 22 constitucional a la de multa, como aquellas que son prohibidas, no cabe aceptar por extensi�n que tambi�n debe incluirse a la pena de prisi�n vitalicia, pues ha de entenderse que en este supuesto lo ?excesivo? no se refiere a la duraci�n propia de la privaci�n de la libertad, sino a que no se encuentre acorde con la gravedad de la conducta delictiva, esto es, que la sanci�n exceda desproporcionalmente al hecho delictuoso.

    "De lo expuesto se concluye que la pena de prisi�n vitalicia o cadena perpetua no contraviene la naturaleza de la pena, pues �sta, como ya se dijo, debe atender a la gravedad de la conducta delictiva en correlaci�n con el riesgo social y la necesidad de preservar el orden jur�dico.

    Lo anterior se corrobora con el hecho de que el citado art�culo 22 de la Constituci�n Federal permite al legislador ordinario, en determinados casos, establecer la pena de muerte, la cual, por s� misma, indudablemente es de mayor gravedad para el delincuente, en comparaci�n con la pena de prisi�n vitalicia.

    En ese sentido, conviene a�adir que de sostenerse que la readaptaci�n social del delincuente es el fin esencial de la pena, de tal suerte que se erige como una garant�a individual del sujeto que se encuentra compurgando una pena, el acceder a los medios que el dispositivo constitucional en estudio establece como base para conseguir dicha readaptaci�n, a saber, el trabajo, la capacitaci�n para el mismo y la educaci�n, resultar�a parad�jico que personas que no han cometido delito alguno y se encuentran en una situaci�n de marginaci�n tal que no cuentan con un trabajo ni tienen acceso a la capacitaci�n y la educaci�n, no puedan exigir al Estado el acceso a tales prerrogativas, sobre la base de que dicha garant�a corresponde a quienes s� han delinquido y se encuentran purgando una pena de prisi�n.

    Adem�s, otro aspecto que debe desestimarse para determinar lo inusitado de la pena de prisi�n son las reglas de disciplina interna que las leyes marquen para los lugares de ejecuci�n, y que ha llevado a clasificar a esos centros de reclusi�n como de m�nima, media o m�xima seguridad.

    Lo anterior es as�, porque ese aspecto tampoco se relaciona directamente con el tipo de la pena, sino con el sistema penitenciario correspondiente, respecto del cual toda sociedad se encuentra facultada para establecer la disciplina en sus centros de reclusi�n conforme a la organizaci�n que sea necesaria para la gesti�n de la vida colectiva de seres humanos que conviven por imposici�n, en raz�n de haber transgredido las leyes de la sociedad en libertad, por lo que dicha disciplina se encontrar� siempre relacionada con la peligrosidad de los reos, as� como con el menor o mayor inter�s que revelen por sustraerse de ese estado de cautiverio, pues entre mayor sea la peligrosidad del sujeto y su �nimo de fuga, mayor deber� ser la disciplina que se institucionalice para lograr absoluta obediencia y de esa manera evitar que los presos, siempre superiores en gran medida por su n�mero, sean m�s fuertes que el personal encargado de su vigilancia.

    As�, lo que justifica las condiciones materiales de las prisiones y la disciplina que las leyes autoricen en ellas, sin que ello deba entenderse como autorizaci�n para que se legisle al extremo que se permitan actos infames, mutilaciones, marcas o tormento de cualquier tipo o actos tendientes al exterminio f�sico del reo, pero aun en el caso de que en una determinada sociedad se legislara en este sentido, ello no determinar�a que la pena de prisi�n, como tal, debiera ser considerada como inusitada, puesto que las condiciones de su sistema penitenciario no determinan en s� el concepto que abarca la pena de prisi�n, por lo que, en todo caso, ser�an esas sanciones disciplinarias las que merecieran el calificativo de inusitadas, pero no la pena privativa de libertad de que se trata.

    Al respecto es ilustrativa la siguiente tesis:

    "PRISI�N. LA DECISI�N DE RECLUIR AL SUJETO EN UN CENTRO DE M�NIMA, MEDIA O M�XIMA SEGURIDAD NO SE DEFINE POR SU CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.-El instituto de la prisi�n, regulado por el art�culo 18 de la Carta Fundamental, como medida preventiva (primer p�rrafo) y como pena (segundo, tercer y quinto p�rrafos), tiene por objeto crear las condiciones necesarias para que, en el primer caso, se asegure la conclusi�n del procedimiento penal y la ejecuci�n de la eventual sanci�n de esa �ndole, y en el segundo caso, se logre la readaptaci�n social del sentenciado, existiendo para el Estado el mismo inter�s de que no se frustre la conclusi�n del procedimiento penal como la ejecuci�n de una pena ya impuesta. Por ende, para alcanzar tales objetivos, de igual jerarqu�a, es necesario que el estado de cautiverio subsista, de modo que las medidas de seguridad que se adopten con esa finalidad deben ponderar, no la calidad que tengan los sujetos frente al procedimiento penal, o sea, la de sentenciados o procesados, sino las caracter�sticas propias del delito que se les imputa, las que rodearon a su realizaci�n, presunta o plenamente demostrada, y las personales que, en suma, revelen el menor o mayor inter�s por sustraerse a ese estado de cautiverio, lo que se traduce en que tanto procesados como sentenciados podr�n ser recluidos en establecimientos de m�nima, media y m�xima seguridad." (Novena �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, tesis 1a. XXIV/99, p�gina 90).

    Sentado lo anterior, resta expresar que el art�culo 10, fracci�n V, de la Ley de Extradici�n Internacional a la letra expresa:

    "Art�culo 10. El Estado mexicano exigir� para el tr�mite de la petici�n, que el Estado solicitante se comprometa:

    "...

    V. Que si el delito que se impute al reclamado es punible en su legislaci�n hasta con la pena de muerte o alguna de las se�aladas en el art�culo 22 constitucional, s�lo se impondr� la de prisi�n o cualquier otra de menor gravedad que esa legislaci�n fije para el caso, ya sea directamente o por sustituci�n o conmutaci�n.

    La norma en consulta establece como requisito para obsequiar una extradici�n, en los casos en que el delito que se impute al sujeto reclamado sea punible con pena de muerte o alguna de las prohibidas por el art�culo 22 de la Constituci�n General de la Rep�blica, que el Estado solicitante se comprometa a imponer la pena de prisi�n o cualquier otra de menor gravedad que est� prevista en su legislaci�n, ya sea directamente o por sustituci�n o conmutaci�n.

    En ese tenor, teniendo como base las consideraciones expuestas con antelaci�n, de las cuales se obtiene que la prisi�n vitalicia no constituye una pena prohibida por el art�culo 22 constitucional, se arriba a la conclusi�n de que en los casos en que se solicite una extradici�n y el delito que se impute al reclamado sea punible en la legislaci�n del Estado solicitante hasta con pena de prisi�n vitalicia, no deber� exig�rsele que se comprometa a no imponerla o a aplicar una menor.

    Atento a las razones expuestas, este Tribunal Pleno resuelve modificar las tesis de jurisprudencia que han sido analizadas, como enseguida se precisa:

  4. La tesis P./J. 127/2001, consultable en: Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., octubre de 2001, p�gina 15, se modifica para quedar como tesis de jurisprudencia 1/2006 del Tribunal Pleno, en los siguientes t�rminos:

    PRISI�N VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ART�CULO 22 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-La acepci�n de pena inusitada a que se refiere el precepto constitucional citado se constri�e a tres supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteraci�n f�sica; b) Que sea excesiva en relaci�n con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinaci�n al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos. En congruencia con lo anterior, se concluye que la pena de prisi�n vitalicia no se ubica en alguno de los referidos supuestos, ya que si bien inhibe la libertad locomotora del individuo, no tiene por objeto causar en su cuerpo un dolor o alteraci�n f�sica. En cuanto a lo excesivo de una pena, ello se refiere a los casos concretos de punibilidad, en los que existe un par�metro para determinar si para ciertos delitos de igual categor�a, el mismo sistema punitivo establece penas diametralmente diferentes, por lo que la pena indicada en lo general no se ubica en tal hip�tesis, al no poder existir en abstracto ese par�metro; adem�s, la prisi�n corresponde a la finalidad de la pena, pues ha sido reconocida como adecuada para el restablecimiento del orden social, sin que la caracter�stica de vitalicia la haga perder esa correspondencia, pues dicho aspecto se relaciona con su aplicaci�n, mas no con el tipo de pena de que se trata. Por otra parte, es importante se�alar que el hecho de que la prisi�n vitalicia no tenga como consecuencia que el reo se readapte a la sociedad, dado que �ste no volver� a reintegrarse a ella, tampoco determina que sea una pena inusitada, toda vez que el Constituyente no estableci� que la de prisi�n tuviera como �nica y necesaria consecuencia la readaptaci�n social del sentenciado, ni que ese efecto tendr�a que alcanzarse con la aplicaci�n de toda pena, pues de haber sido esa su intenci�n lo habr�a plasmado expresamente.

  5. La tesis P./J. 125/2001, consultable en: Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., octubre de 2001, p�gina 13, se modifica para quedar como tesis de jurisprudencia 2/2006 del Tribunal Pleno, en los siguientes t�rminos:

    EXTRADICI�N. LA PRISI�N VITALICIA NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ART�CULO 22 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE CUANDO AQU�LLA SE SOLICITA ES INNECESARIO QUE EL ESTADO REQUIRENTE SE COMPROMETA A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACI�N.-De conformidad con el art�culo 10, fracci�n V, de la Ley de Extradici�n Internacional, si el delito por el que se solicita la extradici�n es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradici�n no podr� concederse, a menos de que esta parte otorgue las seguridades suficientes de que aqu�llas no se aplicar�n, o que se impondr�n las de menor gravedad que fije su legislaci�n. En estas condiciones, si la pena de prisi�n vitalicia no es de las prohibidas por el referido precepto constitucional, es evidente que en los casos en que se solicite la extradici�n y el delito que se impute al reclamado sea punible en la legislaci�n del Estado solicitante hasta con pena de prisi�n vitalicia, es innecesario exigirle que se comprometa a no imponerla o a aplicar una menor.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los art�culos 192 y 194 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO

Es procedente la solicitud de modificaci�n de tesis de jurisprudencia, formulada por los se�ores Ministros de este Alto Tribunal, presidente M.A.G.�itr�n, G.I.O.M. y S.A.V.H.�ndez.

SEGUNDO

Es fundada la modificaci�n de las tesis de jurisprudencia a que esta resoluci�n se refiere, en t�rminos del considerando cuarto de la misma.

TERCERO

Se modifican las jurisprudencias del Tribunal Pleno, n�meros P./J. 127/2001 y P./J. 125/2001, consultables en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., octubre de dos mil uno, p�ginas 15 y 13, respectivamente; para quedar en los t�rminos se�alados en la parte final del considerando cuarto de esta ejecutoria.

N.�quese; rem�tase la tesis de jurisprudencia aprobada a las S. de este Alto Tribunal, a los Tribunales de Circuito, a los Juzgados de Distrito y al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para su publicaci�n; y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de diez votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S�nchez C. y presidente A.G.�itr�n se resolvi� que es procedente la solicitud de modificaci�n de tesis de jurisprudencia; el se�or M.S.M. vot� en contra, razon� el sentido de su vot� y reservo su derecho de formular voto particular. Por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros A.A., L.R., O.M., V.H.�ndez, S�nchez C. y presidente A.G.�itr�n se aprobaron los resolutivos segundo y tercero; los se�ores Ministros C.�o D�az, D�az R., G�ngora P., G.�o P. y S.M. votaron en contra. Los se�ores Ministros D�az R., O.M. y presidente A.G.�itr�n razonaron el sentido de sus votos. El se�or M.A.A. reserv� su derecho de formular voto concurrente, y los se�ores Ministros C.�o D�az, G.�o P., G�ngora P. y S.M. reservaron su derecho de formular voto de minor�a.

Fue ponente el se�or M.G.I.O.M..