Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 27628965

Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Materia:Penal
RESUMEN

PRENSA, DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA.-

 
CONTENIDO

PRENSA, DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA.-

Las fracciones I y IV de la Ley de Imprenta expedida por el ciudadano V.C., el 9 de abril de 1917, contienen una limitaci�n a las garant�as individuales consignadas en los art�culos 6o. y 7o., de la Constituci�n Federal, los cuales consagran la libre expresi�n del pensamiento, en sus m�ltiples formas. Y las disposiciones de dicha Ley de Imprenta, que consideran como ataques a la vida privada, las manifestaciones o expresiones maliciosas hechas en cualquiera forma, exponiendo a una persona al odio, desprecio o rid�culo, se refieren a ataques a la vida privada de una persona, y no a la vida p�blica que observen los funcionarios con tal car�cter, puesto que �stos, al desempe�ar una funci�n que interesa a la sociedad, est�n sujetos a la cr�tica de los gobernados, quienes tienen el derecho conforme a los art�culos 6o. y 7o., constitucionales, de que la libre expresi�n de sus ideas no sea objeto de inquisici�n judicial o administrativa alguna, sino en los limitados casos en que constituya ataques a la moral, a los derechos de tercera persona o perturbe el orden p�blico; siendo inviolable la libertad de escribir y publicar escritos. T.�ndose de la emisi�n de las ideas por medio de la prensa, la Constituci�n consagra esa garant�a en t�rminos muy amplios, persiguiendo prop�sitos sociales, como son propugnar por el progreso y bienestar de la sociedad, permitiendo a los individuos criticar en forma ampl�sima, todas aquellas instituciones que tiendan a detener el progreso y el bienestar de los asociados, teniendo por finalidad que las instituciones se ajusten al derecho ingente a la naturaleza del hombre. Ahora bien, si en una publicaci�n hecha por medio de la prensa, se cr�tica la labor desarrollada por el gobernador de un Estado como funcionario p�blico, es indudable que no se comprueban ni el delito, ni la responsabilidad criminal del quejoso, puesto que no se enderezan ataques que tiendan a menoscabar la reputaci�n de aquel funcionario, ni ata�en a su vida privada.

Amparo penal directo 4617/33.-A.V.A.�n.-28 de agosto de 1935.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: J.M.O. Tirado.-La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XLV, p�gina 3811, Primera Sala.Las fracciones a que se refiere esta tesis, corresponden al art�culo 1o. de la Ley de Imprenta.