Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 27167149

Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Materia:Común
RESUMEN

SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE LEGAL DE LAS.

 
CONTENIDO

SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE LEGAL DE LAS.

Para precisar el alcance legal que tienen las sentencias definitivas que se pronuncien en los juicios de amparo, precisa referir ante todo sus efectos y limitaciones desde que esta defensa constitucional extraordinaria fue establecida por primera vez en nuestro r�gimen jur�dico federal, hasta como est�n se�alados en la C.�n vigente. Por iniciativa de don M.O. ante el Congreso Constituyente de 1846 y la urgencia "de acompa�ar el restablecimiento de la Federaci�n -como dec�a en aqu�lla, de una garant�a suficiente para asegurar que no se repetir�n m�s ... los ataques dados por los poderes de los Estados y por los mismos de la Federaci�n a los particulares", era preciso que se elevase "a gran altura al Poder Judicial de la Federaci�n, d�ndole el derecho de proteger a todos los habitantes de la Rep�blica en el goce de los derechos que les asegure la C.�n y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Uni�n", el propio Congreso acogi� la defensa del particular contra tales actos (que posteriormente fueron ampliados a los provenientes de los Poderes Judiciales de los Estados y de la Federaci�n) a trav�s del juicio de amparo, aunque limitando el alcance de las sentencias definitivas que en tales juicios se pronunciaren. Y as�, el art�culo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente el 18 de mayo de 1847, estatu�a: "Art�culo 25. Los tribunales de la Federaci�n amparar�n a cualquier habitante de la Rep�blica en el ejercicio y conservaci�n de los derechos que le concedan esta C.�n y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federaci�n, ya de los Estados; limit�ndose dichos tribunales a impartir su protecci�n en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaraci�n general, respecto de la ley o del acto que lo motivare". Mediante una acertada diferenciaci�n propuesta por la comisi�n encargada de redactar la C.�n de 1857, que ella misma la calific� como "la reforma tal vez m�s importante que tiene el proyecto de tratar de las controversias que se susciten por leyes o actos de la Federaci�n o de los Estados, que ataquen sus respectivas facultades o que violen las garant�as otorgadas por la C.�n", el Constituyente de 1856 reserv� al juicio de amparo, propiamente tal, el conocer de toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garant�as individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados y por leyes o actos de las autoridades de �stos que invadan la esfera de la autoridad federal; excluyendo las dem�s controversias en materia federal, para que de ellas conociese el mismo Poder Judicial de la Federaci�n actuando en juicios de su jurisdicci�n ordinaria; y limitando tambi�n el alcance de las sentencias pronunciadas en amparo. De esta manera, los art�culos 101 y 102 de la citada C.�n de 57 establec�an: "Art�culo 101. Los Tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garant�as individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados. III. Por leyes o actos de las autoridades de �stos, que invadan la esfera de la autoridad federal"; y el "Art�culo 102. Todos los juicios de que habla el art�culo anterior, se seguir�n a petici�n de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jur�dico, que determinar� una ley. La sentencia ser� tal, siempre, que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare". Finalmente, la C.�n vigente, de 5 de febrero de 1917, conserv� tal diferenciaci�n jurisdiccional, encomendando al Poder Judicial de la Federaci�n el conocimiento de ambas clases de controversias y d�ndole por ello plenitud de jurisdicci�n constitucional extraordinaria en los casos de amparo y ordinaria en los dem�s, en �stos, cuando s�lo se controviertan cuestiones meramente legales en materia federal; y conserv� el mismo alcance limitado en las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo. As� dicen los art�culos relativos: "Art�culo 103. Los tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados. III. Por leyes o actos de las autoridades de �stos, que invadan la esfera de la autoridad federal", y 107, fracciones I y II, en su texto actual: "Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguir� siempre a instancia de parte agraviada. II. La sentencia ser� siempre tal, que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare"; la Ley de Amparo, al reglamentar este precepto constitucional, consign� lo siguiente en el p�rrafo primero de su art�culo 76: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo s�lo se ocupar�n de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limit�ndose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare". Por otra parte y para el fin que se persigue, es preciso se�alar que jur�dicamente la acci�n de amparo no es un derecho de acci�n procesal ordinaria civil, penal o administrativa (que fundamentalmente consiste en motivar la prestaci�n por parte del Estado de su actividad jurisdiccional para la declaraci�n del derecho incierto de los particulares o del Estado como sujeto de derecho privado, y para la realizaci�n forzosa de sus intereses cuando su tutela sea cierta); sino que es puramente constitucional, nace directamente de la C.�n; va dirigida a controlar el acto de la autoridad, no la ley com�n; no le interesa la violaci�n de derechos efectuada por particulares y entre particulares, ni los obst�culos que se opongan a la realizaci�n de la norma jur�dica. La acci�n de amparo no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes; sino que va dirigida a hacer respetar la propia C.�n cuando la autoridad ha rebasado sus l�mites. De aqu� que la sentencia de amparo no satisfaga de manera preferente intereses tutelados por la norma jur�dica meramente legal o ley com�n; ya que, como culminaci�n de la acci�n constitucional extraordinaria, se limita a amparar y proteger al agraviado sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare; y por ello el efecto jur�dico de una sentencia de amparo es el de restituir al propio agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n si el acto reclamado es de car�cter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garant�a de que se trate y a cumplir por su parte lo que la misma garant�a exija, si aqu�l es negativo, seg�n lo consigna el art�culo 80 de la Ley de Amparo. Congruente con lo antes expuesto se ha pronunciado la jurisprudencia de este Alto Tribunal, como es de verse por las tesis 175 y 176, publicadas a fojas 316 y 317, respectivamente, de la Sexta Parte de su compilaci�n 1917-1965 (correspondientes a las tesis 173 y 174 del Ap�ndice de Jurisprudencia 1917-1975, Octava Parte, p�ginas 296 y 297) que dice as�: "175. SENTENCIAS DE AMPARO. S�lo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisi�n compete a los tribunales del fuero com�n"; y "176. SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jur�dico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que ten�an antes de la violaci�n de garant�as, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de �l se deriven". Dada, pues, la naturaleza jur�dica propia de ambas acciones, esencialmente diferentes entre s�, es por lo que la sentencia de amparo en ning�n caso puede tener efectos erga omnes, ya que, seg�n se ha dicho, s�lo se ocupa de personas particulares sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que motivare la queja; lo que no sucede en las pronunciadas en los juicios comunes, que frecuentemente s� tienen esas consecuencias, como sucede en todas las sentencias declarativas. Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, esta S. se ve impedida para pronunciar en el caso una sentencia de fondo. En efecto, de concederse la protecci�n constitucional a los quejosos, o sea, de resolverse que es inconstitucional el decreto del Ejecutivo Federal impugnado que abrog� el de 28 de marzo de 1947 (que hab�a declarado saturada la industria cigarrera en el pa�s), la consecuencia l�gica de la ejecutoria que en tal sentido se pronunciare, ser�a que subsistiera la prohibici�n consignada en el primer decreto, es decir, la de que ninguna persona pudiera establecer una f�brica de cigarros, hubiese sido o no o�da y vencida en juicio, no obstante que a todos favorece el levantamiento de tal prohibici�n. Un fallo de esta naturaleza tendr�a, pues, efectos y consecuencias erga omnes; lo cual contrar�a y desconocer�a la naturaleza propia de las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo, que, como ya qued� precisado, s�lo han de ocuparse de personas particulares sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que motivare la queja. Es por esto que en estos casos resulta improcedente la acci�n constitucional a virtud de lo mandado por el art�culo 73, fracci�n XVIII, de la Ley de Amparo, en relaci�n con los art�culos 107, fracci�n II, p�rrafo primero, de la C.�n Federal y 76, p�rrafo primero, de la misma ley reglamentaria; lo que, en suma, lleva a la conclusi�n de confirmar el sobreseimiento recurrido.

Queja 95/75. V.L. Dar�a Fa�n Corroch�tegui. 31 de enero de 1979. Cinco votos. Ponente: E.L.M.�nez.

S�ptima Epoca, Tercera Parte:

Volumen 68, p�gina 77. Amparo en revisi�n 223/73. "La Libertad", S.A. F�brica de Cigarros y otros. 5 de agosto de 1974. Cinco votos. Ponente: A.R.C.. Secretario: J.T.R.�rez.

G.�as: Informe 1979, Segunda Parte, Segunda S., tesis 142, 124.