Tesis de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26947698

Tesis de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala

Emisor:Tercera Sala
Materia:Civil
RESUMEN

MORATORIA DE PAGOS, APLICACION DE LA LEY DE.

 
CONTENIDO

MORATORIA DE PAGOS, APLICACION DE LA LEY DE.

La ley que estableci� una moratoria para el cumplimiento de las obligaciones contra�das antes y durante la circulaci�n de moneda fiduciaria, fue expedida para resolver situaciones econ�micas de crisis, resultante del periodo revolucionario, y con el objeto de normalizar las situaciones que privaban en la Rep�blica; pero no introdujo modificaci�n alguna en el sistema de libre contrataci�n, adoptado por nuestro r�gimen de derecho civil; ni previno variaci�n alguna en los pactos, convenios y contratos celebrados por los particulares y s�lo se limit� a fijar la forma y los t�rminos en que debe hacerse el pago de las obligaciones; �ste antecedente tuvo como consecuencia el de que cuando los acreedores estaban en posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligaci�n, en la forma parcial indicada por la ley, podr�an prevalerse de los documentos instrumentos en que constara tal obligaci�n, y al ocurrir ante las autoridades judiciales, jur�dica y legalmente pod�an ejercitar su acci�n en la v�a y forma que tales documentos e instrumentos determinaran, porque tampoco la cuesti�n procesal derivada del ejercicio de una acci�n fue tocada por esa Ley de Pagos; as� pues, si el documento base de la acci�n tiene las caracter�sticas de un t�tulo ejecutivo, ese procedimiento puede intentarse legalmente para tutelar el derecho en el contenido, ya que el hecho de que obligaci�n s�lo pudiera exigirse parcialmente, es una circunstancia que en nada afectaba la procedencia de la v�a, toda vez que la ejecuci�n s�lo podr�a dictarse por la parte exigible del cr�dito. Por otra parte, el art�culo 20 de la Ley de Pagos, previene que las acciones que competen a los acreedores, para exigir el cumplimiento de las obligaciones de que se ocupa dicha ley, podr�an deducirse desde luego ante los tribunales, y establece que los Jueces, al dictar sentencia, deber�n conceder siempre al deudor los plazos y establecer�n la forma de computarlos para el cumplimiento parcial de la obligaci�n; y esta prevenci�n, lejos de definir la improcedencia de la v�a ejecutiva en la especie, m�s bien parece autorizarla, supuesto que permite al deudor intentar desde luego la acci�n para el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Pagos, en las v�as y forma que la naturaleza de la misma y la prueba preconstituida de ella lo permiten, de manera que si una obligaci�n tiene garant�a hipotecaria, puede el actor usar del juicio hipotecario, del ejecutivo o del ordinario, seg�n a sus intereses conviniere, ya que como se dijo antes, las cuestiones procesales no fueron objeto de la ley, ni sufrieron modificaci�n alguna con sus prevenciones, y por cuanto a que el juicio ejecutivo debe concluir con una sentencia que previamente declara la procedencia de la v�a, y en su caso, ordenar el trance y remate de los bienes embargados, para hacer pago al acreedor, esto no implica contradicci�n alguna con las prevenciones de la Ley de Pagos, ni tampoco permite concluir que sus disposiciones impliquen la imposibilidad jur�dica de tramitar estos procedimientos, ya que ese contenido de la sentencia, puede realizarse con la sola salvedad de sujetar su ejecuci�n al vencimiento de los plazos fijados por el propio fallo, en acatamiento de las disposiciones legales; y esto es as�, porque el juicio ejecutivo es un procedimiento de privilegio para el acreedor, por la naturaleza de la obligaci�n que pretenda exigir y la calidad de prueba preconstituida que tiene el documento en que se funda la acci�n y las seguridades que le confiere el procedimiento, as� como las garant�as que le son inherentes, no pueden desconocerse ni hacerse nugatorias por la �nica exclusiva raz�n de que el deudor ha de cubrir sus obligaciones en determinada forma y en determinados plazos.

Amparo civil directo 2937/35. S.F.T. 11 de febrero de 1939. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.