Ejecutoria num. 2a./J. 171/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 337514090

Ejecutoria num. 2a./J. 171/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 171/2011 (9a.)
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2011
RESUMEN

BONO DE ANTIGÜEDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. TRANSITORIO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. TIENEN DERECHO A ESE BENEFICIO LOS JUBILADOS QUE HAYAN LABORADO MÁS DE 28 AÑOS, SIN IMPORTAR QUE LO RECLAMEN DESPUÉS DE JUBILARSE, SIEMPRE QUE NO HAYAN OPTADO POR LA JUBILACIÓN CONFORME AL RÉGIMEN DEROGADO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

BONO DE ANTIGÜEDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. TRANSITORIO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. TIENEN DERECHO A ESE BENEFICIO LOS JUBILADOS QUE HAYAN LABORADO MÁS DE 28 AÑOS, SIN IMPORTAR QUE LO RECLAMEN DESPUÉS DE JUBILARSE, SIEMPRE QUE NO HAYAN OPTADO POR LA JUBILACIÓN CONFORME AL RÉGIMEN DEROGADO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 291/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO (EN APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: L.M.A.M.. SECRETARIO: AURELIO D.M..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por **********, en su carácter de apoderado jurídico del quejoso **********, en el juicio de amparo directo número 1281/2010, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, uno de los órganos emisores de los criterios en contienda.

TERCERO

Con el propósito de establecer si existe o no contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el juicio de amparo directo laboral 1195/2009, en sesión de veintisiete de enero de dos mil diez, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 120 a 126 del presente toca):

"SEXTO.

"...

"En esta directriz, y a fin de dilucidar la confrontación de las normas constitucionales comentadas en retropárrafos, en relación al contenido del artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, cuya inconstitucionalidad aducen los quejosos, es preciso transcribir el precitado numeral, el cual es del contenido literal siguiente: ‘Artículo 8o. Los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado promulgada el día 22 de enero de 1983, que continúen laborando después de haber cumplido treinta años de antigüedad en el servicio y veintiocho años, en el caso de las mujeres, se harán acreedores anualmente a un bono cuyo valor será equivalente al cinco por ciento de su salario base de cotización.

"‘Este beneficio se entregará en forma sucesiva y acumulativa, por cada año de antigüedad hasta un máximo del valor que represente el 50% de su salario.

"‘No se tendrá este derecho si el servidor público hace uso de la opción que en su favor establece el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.’

"Ahora bien, la parte del artículo que los quejosos estiman inconstitucional es donde se establece que, para obtener el beneficio del bono del cinco por ciento de su salario base de cotización, deben cumplir treinta años de antigüedad en el servicio, mientras que para las mujeres establece sólo veintiocho años, por lo que, respecto de ello, aducen que el legislador da un trato discriminatorio a los varones, ya que distinguió la situación laboral de éstos en relación con las féminas, pues para obtener el derecho aludido exige a aquéllos laborar dos años más, dejando de apreciar que las condiciones laborales de ambos géneros son iguales en cuanto a responsabilidad, horarios, jornada, cargas y lugares de trabajo, asimismo, sostienen que la disimilitud establecida en el texto del numeral en análisis no se encuentra sustentada en una justificación válida y objetiva.

"En este orden de ideas, resulta necesario transcribir la exposición de motivos bajo los cuales el legislador consideró pertinente establecer la disimilitud aludida, la que es del tenor siguiente: (se transcribe).

"...

"Como se lee, para la procedencia del derecho al bono del cinco por ciento del salario base de cotización de los quejosos, el legislador condicionó esa prestación en relación al tiempo de antigüedad en el servicio generado por los trabajadores, sin embargo, se advierte que, tal cuestión la sustentó en cuanto al género al que pertenezcan los destinatarios de la norma, es decir, sean hombre o mujer, con base en lo cual, para generar el derecho al beneficio de mérito, dependerá la temporalidad que uno y otro tengan sujetos al régimen de cotización de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, empero, al establecer tal disimilitud, el legislador no expresó justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al hombre y a la mujer.

"En el presente caso, la desigualdad alegada por los quejosos debe analizarse en función de las características igualitarias que jurídicamente tienen éstos en relación con las mujeres, pues como se dijo, la igualdad jurídica debe atender a no soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado, por ende, la violación a las garantías de igualdad y no discriminación, debe examinarse tomando en consideración el trato que se da a sus destinatarios, y según se observa, el legislador plasmó un distingo por razón de género, el cual, no justificó; por lo que, si aceptamos la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, y tal principio impide el establecimiento de distinciones o diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que prestan sus servicios, o bien, respecto del derecho que ambos géneros tienen a obtener el beneficio establecido en la ley; entonces, la redacción de la norma resulta desfavorable para los varones, quienes deben laborar dos años más que el establecido para las mujeres, para generar el mismo derecho que éstas adquieren en menor tiempo de antigüedad.

"Lo anterior, sin dejar de observar que el propio legislador expuso que la finalidad de la norma era premiar al trabajador estimulándolo para que si su condición física y mental se lo permitía, continuara laborando, obteniendo un mayor ingreso mediante un beneficio adicional a su sueldo, sin embargo, como se dijo, estableció una divergencia, cuya justificación no se aprecia del propio contexto de la ley, por ende, debe estimarse que tal disimilitud resulta injustificada, ya que, ante situaciones objetivas y de hecho análogas, previstas en los artículos primero y cuarto constitucionales, se priva a los varones de un beneficio en razón de las temporalidades que tengan cotizando ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por razón de su género, lo cual le está prohibido al legislador, pues ello menoscaba el derecho que tienen los hombres a la percepción del beneficio previsto en la norma, respecto a las temporalidades establecidas para las cotizantes del sexo femenino; por ende, tal disposición es violatoria de la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer previstas en la propia Constitución.

"Así las cosas, es patente que el artículo octavo transitorio reclamado resulta contrario a la garantía de igualdad y no discriminación, al establecer o fijar diversas temporalidades a sus destinatario, para el efecto de generar el derecho a percibir el bono equivalente al cinco por ciento de su salario base de cotización, lo que varían según se trate del género al que pertenezcan, esto es, hombres o mujeres, aun cuando laboralmente se tengan, como lo aducen los quejosos, mismas responsabilidades, horarios, jornada, carga y lugares de trabajo, lo que es desfavorable para los hombres porque deben laborar mayor tiempo que las féminas para acceder al mismo beneficio.

"Bajo este contexto, aun cuando pudiera estimarse que los trabajadores y trabajadoras que continúen laborando después de haber cumplido determinadas temporalidades al servicio de la secretaría demandada tienen el derecho al bono del cinco por ciento de su salario base de cotización, lo cierto es que la redacción del artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, implica que el derecho a esa opción que prevé dicho numeral genera un trato disímil y discriminatorio entre quienes son hombres o mujeres, en que tanto se prevé para éstas menor tiempo de antigüedad para generar el derecho a la obtención del bono, mientras que a aquéllos los obliga a laborar dos años más para obtener el derecho a la misma prestación, haciendo distinción por razones de género.

"En las condiciones narradas, al acreditarse la violación alegada, es procedente conceder a los quejosos el amparo solicitado, respecto del artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, únicamente por lo que hace a la aplicación en su perjuicio de la disposición inconstitucional, y que varía según se trate de hombres o mujeres, para el efecto de que dicho beneficio deje insubsistente el laudo reclamado y en uno nuevo que emita considere bajo la misma temporalidad que la norma prevé para las mujeres, esto es, para los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que continúen laborando después de haber cumplido veintiocho años de antigüedad en el servicio.

"Por último, cabe estimar que resulta infundado el concepto de violación relativo a que los trabajadores jubilados, tenían derecho al precitado bono por haber laborado los años veintinueve, treinta y treinta y uno.

"En efecto, contrario a lo afirmado por los ahora quejosos, de la simple lectura del artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Social del Estado de Nuevo León, se desprende que el bono corresponde a los trabajadores que cumplido el requisito de la edad continúen laborando, quienes pueden optar por recibirlo en efectivo o se los acredite en la subcuenta especial que para el efecto les lleve el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores dentro del sistema certificado para jubilación, de forma tal que el hecho de haber laborado los años que mencionan no les da derecho a recibir el bono, dado que, no tienen la calidad de trabajadores activos y como además no demandaron la cuantificación correcta de su pensión jubilatoria, debe negárseles el amparo solicitado."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo laboral 1281/2010-II, en sesión de dos de junio de dos mil once, en la parte que interesa, sostuvo (fojas 155 vuelta a 163 del presente toca):

"QUINTO.

"...

"En esta directriz, y a fin de dilucidar la confrontación de las normas constitucionales comentadas líneas arriba, en relación al contenido del artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, cuya inconstitucionalidad aduce el quejoso, es preciso transcribir el precitado numeral el cual es del contenido literal siguiente:

"‘Artículo 8o. Los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado promulgada el día 22 de enero de 1983, que continúen laborando después de haber cumplido treinta años de antigüedad en el servicio y veintiocho años, en el caso de las mujeres, se harán acreedores anualmente a un bono cuyo valor será equivalente al cinco por ciento de su salario base de cotización.

"‘Este beneficio se entregará en forma sucesiva y acumulativa, por cada año de antigüedad hasta un máximo del valor que represente el 50% de su salario.

"‘No se tendrá este derecho si el servidor público hace uso de la opción que en su favor establece el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.’

"Ahora bien, la parte del artículo que el quejoso estima inconstitucional es donde se establece que, para obtener el beneficio del bono del cinco por ciento de salario base de cotización, los hombres deben cumplir treinta años de antigüedad en el servicio, mientras que para las mujeres establece sólo veintiocho años, lo que implica un trato discriminatorio a los varones, ya que el legislador distinguió la situación laboral de éstos en relación con las féminas, pues para obtener el derecho aludido exige a aquéllos laborar dos años más, dejando de apreciar que las condiciones laborales de ambos géneros son iguales en cuanto a responsabilidad, horarios, jornada, cargas y lugares de trabajo, sin que la referida disimilitud se encuentre sustentada en una justificación válida y objetiva.

"...

"Entonces, en el artículo tildado de inconstitucional se advierte que, para la procedencia del derecho al bono del cinco por ciento del salario base de cotización, el legislador condicionó esa prestación en relación al tiempo de antigüedad en el servicio generado por los trabajadores, sin embargo, tal cuestión la sustentó en cuanto al género al que pertenezcan los destinatarios de la norma, es decir, sean hombre o mujer, con base en lo cual, para generar el derecho al beneficio de mérito, dependerá la temporalidad que uno y otro tengan sujetos al régimen de cotización de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, empero, al establecer tal disimilitud, el legislador no expresó justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al hombre y a la mujer.

"En el presente caso, la desigualdad alegada por el quejoso debe analizarse en función de las características igualitarias que jurídicamente tienen éstos en relación con las mujeres, pues como se dijo, la igualdad jurídica debe atender a no soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado, por ende, la violación a las garantías de igualdad y no discriminación, debe examinarse tomando en consideración el trato que se da a sus destinatarios, y según se observa, el legislador plasmó un distingo por razón de género, el cual, no justificó; por lo que, si aceptamos la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, y tal principio impide el establecimiento de distinciones o diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que prestan sus servicios, o bien, respecto del derecho que ambos géneros tienen a obtener el beneficio establecido en la ley, entonces, la redacción de la norma resulta desfavorable para los varones, quienes deben laborar dos años más que el establecido para las mujeres, para generar el mismo derecho que éstas adquieren en menor tiempo de antigüedad.

"Lo anterior, sin dejar de observar que el propio legislador expuso que la finalidad de la norma era premiar al trabajador estimulándolo para que si su condición física y mental se lo permitía, continuara laborando obteniendo un mayor ingreso mediante un beneficio adicional a su sueldo, sin embargo, como se dijo, estableció una divergencia, cuya justificación no se precia del propio contexto de la ley, por ende, debe estimarse que tal disimilitud resulta injustificada, ya que, ante situaciones objetivas y de hecho análogas, previstas en los artículos primero y cuarto constitucionales, se priva a los varones de un beneficio en razón de las temporalidades que tengan cotizando ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por razón de su género, lo cual le está prohibido al legislador, pues ello menoscaba el derecho que tienen los hombres a la percepción del beneficio previsto en la norma, respecto a las temporalidades establecidas para las cotizantes del sexo femenino; por ende, tal disposición es violatoria de la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer previstas en la propia Constitución.

"...

"Así las cosas, es patente que el artículo octavo transitorio reclamado resulta contrario a la garantía de igualdad y no discriminación, al establecer o fijar diversas temporalidades a sus destinatarios, para el efecto de generar el derecho a percibir el bono equivalente al cinco por ciento de su salario base de cotización, o que varían según se trate del género al que pertenezcan, esto es, hombres o mujeres, aun cuando laboralmente se tengan las mismas responsabilidades, horarios, jornada, carga y lugares de trabajo, lo que es desfavorable para los hombres porque deben laborar mayor tiempo que las féminas para acceder al mismo beneficio.

"Bajo este contexto, aun cuando pudiera estimarse que los trabajadores y trabajadoras que continúen laborando después de haber cumplido determinadas temporalidades al servicio de la demandada (Oficina Ejecutiva del Gobernador, Unidad de Planeación), tienen el derecho al bono del cinco por ciento de su salario base de cotización, lo cierto es que la redacción del artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, implica que el derecho a esa opción que prevé dicho numeral genera un trato disímil y discriminatorio entre quienes son hombres o mujeres, en que tanto se prevé para éstas menor tiempo de antigüedad para generar el derecho a la obtención del bono, mientras que a aquéllos los obliga a laborar dos años más para obtener el derecho a la misma prestación, haciendo distinción por razones de género. En las condiciones narradas, es que se acredita la violación de garantías alegada respecto del artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, sin que lo anterior implique un pronunciamiento formal de inconstitucionalidad, en consecuencia, se declara fundado el concepto de violación contestado.

"De igual manera, es fundado el concepto de violación relativo a la falta de congruencia y exhaustividad del laudo reclamado.

"Así es, de las constancias de autos (foja 5) se advierte que el actor en el juicio laboral de origen (hoy quejoso) reclamó de la demandada, con fundamento en el artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, el pago de los bonos relativos al 5% y 10% de su salario base de cotización que le corresponden por haber trabajado los años 29 y 30, así como el pago de las diferencias salariales generadas por dichos conceptos.