Ejecutoria num. 1a. XXXV/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828232

Ejecutoria num. 1a. XXXV/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a. XXXV/99
Localizacion:JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 1999
RESUMEN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 164/98, RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/98. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE PUEBLA Y OTROS DEL MISMO ESTADO (RECURRENTES: PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA).CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS NO CONLLEVA EL QUE SE AMPLÍE EL TÉRMINO PARA QUE SE OFREZCAN NUEVAS PRUEBAS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Nota: La siguiente ejecutoria aparece bajo el rubro "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS NO TIENE COMO FINALIDAD EL QUE SE AMPL�E EL T�RMINO PARA QUE SE OFREZCAN Y RINDAN.".

RECURSO DE RECLAMACI�N 164/98, RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/98. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE PUEBLA Y OTROS DEL MISMO ESTADO (RECURRENTES: PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA).

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: O.A.C.Q..

CONSIDERANDO:

QUINTO

La parte recurrente aduce, en sus agravios, que la resoluci�n recurrida viola lo dispuesto por los art�culos 31, 32 y 33 de la ley reglamentaria en relaci�n con el art�culo 219 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria, en virtud de que:

  1. El art�culo 33 invocado no exige que la solicitud de copias o documentos a las autoridades se haga antes de la fecha se�alada inicialmente para la celebraci�n de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, sino �nicamente que se formule con la debida oportunidad, como se hizo en el caso;

  2. Aun cuando estuvo en condiciones de solicitar al Ayuntamiento del Municipio de Tehuac�n la expedici�n de constancias antes de la primera fecha que se fij� para la celebraci�n de la audiencia (treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho) tal circunstancia no es obst�culo para que, de aplazarse su verificaci�n, se pueda formular despu�s esa petici�n, siempre y cuando se haga antes de la nueva fecha de audiencia;

  3. No existe fundamento legal que sustente la determinaci�n contenida en el auto recurrido de que las actuaciones posteriores al diferimiento de la audiencia s�lo puedan versar sobre el motivo que provoc� esa transferencia;

  4. La petici�n de la recurrente, que se neg� a acordar de conformidad en el auto recurrido, de requerir a las autoridades omisas para que expidan las copias certificadas que les solicit�, tiene el mismo antecedente que la que motiv� el diferimiento de la audiencia, es decir, la permanente negativa de las autoridades a proporcionar los documentos que se pretenden aportar como pruebas al procedimiento;

  5. La resoluci�n recurrida carece de la fundamentaci�n y motivaci�n requerida por el art�culo 219 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la ley reglamentaria de la materia; adem�s, priva a la recurrente de la oportunidad de aportar los elementos necesarios para acreditar sus pretensiones, sin fundamento legal alguno.

Para una mejor comprensi�n del asunto conviene destacar lo siguiente:

  1. Con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho se difiri�, en la presente controversia constitucional, la celebraci�n de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, que inicialmente estaba se�alada para esa fecha, con el fin de dar tiempo a que los Ayuntamientos actores, a excepci�n del Municipio de San Pedro Cholula, expidieran a las autoridades demandadas las diversas copias certificadas que, con anterioridad a esa fecha, solicitaron para ser ofrecidas como pruebas en ese procedimiento.

  2. Por oficio de fecha doce de octubre del mismo a�o, el delegado de las autoridades demandadas, en la presente controversia constitucional (Poderes Ejecutivo y Legislativo), pidi� a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que requiriera al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento de Tehuac�n, P. la expedici�n de las copias certificadas que solicit� mediante oficios de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, relativas a las actas de fechas doce de marzo y veintitr�s de julio de mil novecientos noventa y siete, levantadas con motivo de las reuniones del Comit� de Planeaci�n para el Desarrollo Municipal (Coplademun), as� como de todos los documentos que se anexaron a ellas.

  3. El veintiuno de octubre siguiente, el Ministro instructor dict� el auto materia del presente recurso, por el que se neg� a acceder a lo solicitado por el delegado, en su escrito de doce de octubre, porque:

    1. La solicitud para que esta Suprema Corte recabara ciertas constancias (a que se refieren los oficios de la parte oferente de seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho) se hizo con posterioridad a la fecha se�alada inicialmente para la celebraci�n de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, no obstante haber tenido oportunidad de pedirlas con anterioridad a esa fecha;

    2. El motivo del aplazamiento de la referida audiencia fue �nica y exclusivamente para recabar las pruebas que oportunamente solicit� y que no le fueron expedidas, por lo que las actuaciones posteriores al diferimiento solamente deben versar sobre el motivo que lo provoc� y no respecto de cuestiones distintas.

    3. Asimismo, se sostiene en el auto recurrido que con tal determinaci�n se persigue brindar seguridad jur�dica a las partes y evitar que se alargue el procedimiento de instrucci�n.

    Precisado lo anterior, se pasa al estudio de los agravios expuestos:

    Los art�culos 29, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional disponen:

    "Art�culo 29. Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en su caso, su ampliaci�n o la reconvenci�n, el Ministro instructor se�alar� fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deber� verificarse dentro de los treinta d�as siguientes. El Ministro instructor podr� ampliar el t�rmino de celebraci�n de la audiencia cuando la importancia y trascendencia del asunto as� lo amerite."

    "Art�culo 31. Las partes podr�n ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponder� al Ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relaci�n con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva."

    "Art�culo 32. Las pruebas deber�n ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podr� presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relaci�n de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gesti�n expresa del interesado.

    "Las pruebas testimonial, pericial y de inspecci�n ocular deber�n anunciarse diez d�as antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta �ltima ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. En ning�n caso se admitir�n m�s de tres testigos por cada hecho.

    "Al promoverse la prueba pericial, el Ministro instructor designar� al perito o peritos que estime convenientes para la pr�ctica de la diligencia. Cada una de las partes podr� designar tambi�n un perito para que se asocie al nombrado por el Ministro instructor o rinda su dictamen por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Ministro instructor deber� excusarse de conocer cuando en �l ocurra alguno de los impedimentos a que se refiere la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n."

    "Art�culo 33. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades tienen obligaci�n de expedirles oportunamente las copias o documentos que soliciten y, en caso contrario, pedir�n al Ministro instructor que requiera a los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o documentos, el Ministro instructor, a petici�n de parte, har� uso de los medios de apremio y denunciar� a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato."

    Art�culo 34. Las audiencias se celebrar�n con o sin, la asistencia de las partes o de sus representantes legales. Abierta la audiencia se proceder� a recibir, por su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes.

    Del an�lisis de los preceptos legales transcritos se desprenden, en lo que interesa a este estudio, los siguientes supuestos:

  4. La audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas deber� verificarse dentro de los treinta d�as siguientes a la conclusi�n del plazo para la contestaci�n de la demanda y, en su caso, la ampliaci�n o reconvenci�n.

  5. Las partes podr�n ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho.

  6. Las pruebas deber�n ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podr� presentarse con anterioridad.

  7. Las autoridades tienen obligaci�n de expedir a las partes las copias o documentos que soliciten y, en caso de que se negaren a hacerlo, el Ministro instructor requerir� a las omisas, previa solicitud de parte interesada.

  8. La audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas se celebrar� con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales y una vez abierta se recibir�n, por su orden, las pruebas y alegatos por escrito de las partes.

    Por tanto, de una interpretaci�n arm�nica de las referidas disposiciones legales se llega a la conclusi�n de que las pruebas a que se refieren los art�culos 32 y 33 de la ley reglamentaria de la materia deber�n ofrecerse y rendirse en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas se�alada en el art�culo 29 de la misma ley.

    En tal orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 29, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos las pruebas, en la controversia constitucional, deber�n ofrecerse y rendirse en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, a excepci�n de la documental que podr� presentarse con anterioridad, por lo que la solicitud de copias o documentos que las partes formulen a las autoridades, para ofrecer como pruebas en ese procedimiento, debe hacerse con la debida anticipaci�n, a fin de que puedan expedirlas oportunamente, de tal manera que la parte interesada est� en aptitud de rendirlas, a m�s tardar, en la audiencia, y si bien excepcionalmente se puede aplazar su celebraci�n, a petici�n de parte, cuando las autoridades no las hubieren proporcionado, ese diferimiento s�lo tiene por objeto requerir a las autoridades para que cumplan con su obligaci�n de expedirlas, a fin de no dejar a dicha parte en estado de indefensi�n, quien a pesar de haberlas solicitado oportunamente para aportarlas al juicio, no pudo hacerlo por causas imputables a las propias autoridades, y de ning�n modo tiene como finalidad ampliar el t�rmino de ofrecimiento y rendici�n de pruebas, que, por regla general, est� limitado a la fecha y hora se�aladas para la primera audiencia.

    De ello se sigue, contrario a lo aducido por la parte recurrente, que si conforme a lo dispuesto en el art�culo 32 en cita las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, que debe verificarse dentro de los treinta d�as siguientes a aquel en que concluya el plazo para contestar la demanda y, en su caso, la ampliaci�n o la reconvenci�n, es incuestionable que la solicitud de copias o documentos que se formule a las autoridades para aportarlas como pruebas en el procedimiento respectivo, debe realizarse antes de la fecha se�alada para su celebraci�n, como lo previene el art�culo 33 tambi�n se�alado.

    Sirven de apoyo a la anterior consideraci�n, por analog�a, las tesis aisladas de la Quinta �poca, de la Segunda y Tercera Sala, respectivamente, de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se encuentran publicadas, la primera en la p�gina 819 del Tomo LXXV y la segunda en la p�gina 816 del Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dicen:

    "AUDIENCIA PRORROGADA EN EL AMPARO, OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN LA.-De acuerdo con los art�culos 151 y 155 de la Ley de Amparo, las partes deben ofrecer y rendir sus pruebas en el acto de la audiencia de derecho, debiendo recibirse por su orden, por lo que las autoridades responsables deben abstenerse de rendir sus pruebas documentales en la reanudaci�n de dichas audiencias, ya que necesitan ofrecerlas en el acto de la audiencia inicial, aunque en la expresada reanudaci�n siguieran recibi�ndose las pruebas del quejoso, para hacer despu�s lo propio respecto de las ofrecidas oportunamente por las otras partes, es decir, precisamente en el acto de la audiencia inicial, pues la pr�rroga o aplazamiento de las audiencias de derecho en el amparo, tiene por �nico objeto los fines que motivaron esa transferencia, por lo que no cabe admitir en ella pruebas que no se hayan ofrecido, en la primera audiencia."

    "PRUEBAS EN EL AMPARO (DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA).-Si una de las partes en el amparo, s�lo ha ofrecido con anterioridad la prueba documental, que fue admitida con la prueba pericial que est� en tr�mite, y no concurre en el d�a se�alado para la celebraci�n de la audiencia de derecho, pierde la oportunidad de rendir las pruebas que deb�a aportar en esa audiencia y s�lo conserva el derecho de que se practique la prueba pendiente de recibirse y para cuya sola recepci�n se debe aplazar la audiencia; pero de ninguna manera esa misma parte puede pretender ejercer indefinidamente el derecho de rendir toda clase de pruebas, en la fecha finalmente se�alada para la celebraci�n de la audiencia."

    Sin embargo, el criterio antes se�alado no debe aplicarse en forma indiscriminada, sino que debe tomarse en consideraci�n el respeto a la garant�a de audiencia del oferente, para lo cual es fundamental que �ste haya tenido conocimiento oportuno del hecho que pretende probar, de tal manera que hubiera estado en aptitud de solicitar, a las autoridades, la expedici�n de las constancias respectivas antes de la fecha se�alada inicialmente para la celebraci�n de la audiencia, caso en el que ya no estar� en posibilidad de pedir al Ministro instructor que requiera a las omisas, sin que con ello se le deje en estado de indefensi�n, porque habiendo tenido oportunidad de ejercer su derecho no lo hizo; sin embargo, cuando el conocimiento del hecho lo tiene cuando ya no cuenta con tiempo suficiente para solicitar la expedici�n de los documentos que pretende aportar como prueba previamente a esa fecha y la audiencia se difiere por cualquier causa, s� puede entonces pedir, antes de la nueva fecha de audiencia, que se requiera a las autoridades para que proporcionen las copias solicitadas, cuando �stas se negaren a hacerlo.

    En el presente caso, la parte recurrente estuvo en aptitud de solicitar a las referidas autoridades municipales los documentos se�alados antes de la primera fecha de audiencia, pues as� lo reconoce en su escrito de agravios al afirmar "... Aun y cuando mi parte estuvo en condiciones de solicitar al H. Ayuntamiento del Municipio de Tehuac�n las constancias precisadas, antes del treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, fecha se�alada para la celebraci�n de la audiencia, no quiere decir que por haber formulado dicha solicitud con posterioridad, se niegue �sta, cuando la misma se realiz� con toda anticipaci�n a la nueva fecha para la celebraci�n de la audiencia, que se reitera no se ha se�alado", por lo que es de estimarse que la determinaci�n contenida en el auto recurrido de no acceder a la petici�n que formul� de requerir a las omisas, para que cumplan con su obligaci�n de expedir las constancias que les fueron solicitadas, no dej� en estado de indefensi�n al oferente, porque no obstante haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho no lo hizo, permitiendo que �ste precluyera.

    Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la tesis de jurisprudencia n�mero 7/96, Tribunal Pleno, consultable a fojas 53, del Tomo III, febrero de 1996, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

    PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCI�N JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPU�S DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.-Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilaci�n de 1988, Segunda Parte, p�gina 2435, aparece con el n�mero 1533 y que establece ?PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.-Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente se�alada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petici�n de las partes.?; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la �ltima tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdi� el derecho. Partiendo de la hip�tesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspecci�n judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que �sta se difiri� y que en el nuevo periodo s� se ofrecieron con la anticipaci�n requerida por el art�culo 151 de la Ley de Amparo, en relaci�n con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios b�sicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipaci�n exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garant�a de defensa de la parte oferente, lo que significa que �sta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no s�lo debe contar con el plazo de cinco d�as h�biles antes del se�alado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el se�alado para la celebraci�n de la audiencia, sino adem�s que tal plazo se d� a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. As�, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situaci�n cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al t�rmino se�alado en el citado art�culo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podr� v�lidamente ofrecerlas en el periodo posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conoc�a el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de �l con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces s� pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los t�rminos del art�culo 151, s�lo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en com�n, todos ellos, que desde el punto de vista jur�dico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petici�n de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicaci�n permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situaci�n procesal.

    C.�n de tesis 25/93. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo del Sexto Circuito. 7 de noviembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Secretario: M.�n A.C.�izales E.

    No es obst�culo para arribar a esa conclusi�n, el hecho de que la recurrente aduzca que la petici�n de requerir a las autoridades omisas para que expidan las copias certificadas, tienen el mismo antecedente que la diversa solicitud que motiv� la transferencia de la audiencia, esto es, la permanente negativa de las referidas autoridades a expedir esos documentos,en virtud de que la petici�n que provoc� su diferimiento se encuentra ajustada a las disposiciones contenidas en los art�culos 32 y 33 de la ley reglamentaria de la materia, porque la solicitud de documentos la hizo antes de la fecha se�alada para la primera audiencia, como lo previene el segundo de esos numerales.

    Conforme a los razonamientos antes precisados debe estimarse infundado lo aducido por la parte recurrente, en el sentido de que el art�culo 33 en cita no exige que la solicitud de copias o documentos a las autoridades se haga antes de la fecha se�alada inicialmente para la celebraci�n de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, porque, como se ha expresado, tal exigencia se desprende de una interpretaci�n arm�nica del precepto legal que invoca en relaci�n con los diversos 29, 31 y 32 de la ley reglamentaria de la materia.

    En consecuencia, es de estimarse, contrario a lo que aduce la parte recurrente, que las razones que tuvo en cuenta el Ministro instructor para no acordar favorablemente la solicitud que hizo en sus oficios de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho encuentran su fundamento en las disposiciones legales que han sido motivo de an�lisis.

    En tal virtud, al resultar infundados los agravios analizados se impone confirmar en sus t�rminos el auto recurrido.

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo, adem�s, en los art�culos 51, fracci�n V, 52 y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n General de la Rep�blica, se

    resuelve:

PRIMERO

Es procedente pero infundado el recurso de reclamaci�n interpuesto por el delegado de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de P..

SEGUNDO

Se confirma el auto de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 4/98, promovida por el Ayuntamiento de la ciudad de P. y otros del mismo Estado.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores M.J.V.C. y Castro (ponente), Jos� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y H.R.P. (presidente).