Ejecutoria num. 1a./J. 80/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824564

Ejecutoria num. 1a./J. 80/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 80/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2004
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 2119/99. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 2119/99.

CONSIDERANDO

SEXTO

Por raz�n de m�todo, se procede al estudio del primer concepto de agravio que formula la parte quejosa en su escrito de agravios, toda vez que de resultar fundado el mismo har�a necesario revocar el fallo recurrido.

La parte recurrente, en el agravio en estudio, sostiene que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, toda vez que la J. de Distrito debi� haber recibido las pruebas que se ofrecieron en el juicio de garant�as n�mero 59/99, ya que el criterio en que se fund� no resulta aplicable al caso concreto, porque en el presente caso se solicit� el amparo en contra de la orden de aprehensi�n y del auto de formal prisi�n, y si bien ya se hab�a dictado el auto de formal prisi�n, la J. no pod�a desatender la constitucionalidad de los actos por haberse solicitado el amparo en su contra en un mismo juicio, por ser uno consecuencia del otro y, por tanto, las pruebas ofrecidas no son pruebas que acrediten la no responsabilidad, sino la inconstitucionalidad de los actos reclamados y el J. Federal no se sustituye al ordinario, sino que vela porque haya suficientes datos para que se declare constitucional un acto, adem�s de que no le asiste la raz�n al J. Federal cuando considera que debe sobreseerse en relaci�n con la orden de aprehensi�n, ya que debi� haberlo estudiado en un solo acto, por ser uno consecuencia del otro y, consecuentemente, debe reponerse el procedimiento para el efecto de que el J. del conocimiento se sirva recibir las pruebas ofrecidas y no dejar en estado de indefensi�n al quejoso.

Es infundado el agravio hecho valer, en atenci�n a las consideraciones siguientes.

En primer lugar, debe precisarse que de las constancias que integran el juicio de amparo n�mero 59/99 se advierte que la parte quejosa �nicamente ofreci� pruebas en su escrito presentado en el Juzgado de Distrito del conocimiento el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, en los t�rminos siguientes:

"... por medio del presente ocurso y con fundamento en el art�culo 151 de la Ley de A. vengo ofreciendo las siguientes pruebas, haciendo la aclaraci�n que estas pruebas se ofrecen para los actos consistentes en la detenci�n ilegal y orden de aprehensi�n, no para el auto de formal prisi�n. Testimonial a cargo de ... los cuales deben de responder al siguiente interrogatorio. Que diga el testigo: 1. Desde cuando conoce al ... desde cuando vive en el Estado de ... y en cuales lugares ha vivido antes. 2. Si ... habla un dialecto, manifieste el nombre de �ste. 3. Si ... habla el espa�ol, asimismo, manifieste desde que edad vivi� en Estados Unidos de Norteam�rica, as� como cuantos a�os vivi� all�. 4. D�nde naci� ... 5. Si ... es una persona conflictiva, o si anteriormente ha tenido problemas legales con alguien. 6. El testigo dir� cu�ntos d�as tuvieron detenido a ... antes de remitirlo al Cereso de esta ciudad. 7. Qu� d�a detuvieron a ... en d�nde y por qu�. 8. El testigo si (sic) ... fue golpeado para firmar su declaraci�n ministerial, en su caso afirmativo manifieste por qu� y como lo sabe. 9. Desde qu� d�a detuvieron a ... y qu� d�a lo trasladaron al Cereso. 10. La raz�n de su dicho. Me reservo el derecho de ampliar el interrogatorio en caso de ser necesario. Asimismo; testimonial a cargo de ... prueba relacionada con la orden de aprehensi�n, y con el hecho de no encuadrar en alg�n tipo penal, y de mi ilegal detenci�n. Que diga: 1. Si conoce a ... 2. Qu� hizo el d�a 22 de julio de 1998 de las tres de la tarde hasta las 2 de la ma�ana del d�a 23 del mismo mes y a�o. 3. Que sucedi� en el restaurant ... de las tres de la tarde del d�a 22 de julio a las 2 del d�a 23 del mismo a�o y mes. 4. Desde qu� horas llegaron ... a su restaurant el d�a 22 de julio de 1998. 5. Si ven�an tomados o no, asimismo, cu�ntas caguamas se tomaron y si pidieron algo de comer. 6. A qu� horas se retiraron ... del restaurant ... 7. Si ... se port� agresivo con alguien del restaurant. 8. Si particip� en la reconstrucci�n de hechos llevada a cabo el d�a 25 de julio de 1998, asimismo, qui�n tra�a a ... asimismo, si al terminar esta reconstrucci�n de hechos se los llevaron los judiciales o los dejaron libres. 9. Si los judiciales les manifestaban a ... d�nde se pusieran, es decir, si ellos los colocaban, o si los acusados lo hac�an de propia voluntad. Me reservo el derecho de ampliar el presente interrogatorio. Testimonial a cargo de ... quien deber� declarar al tenor del siguiente interrogatorio, prueba relacionada con mi no encuadramiento en alg�n tipo penal, en relaci�n con la orden de aprehensi�n. Que diga el testigo. 1. Paso a paso qu� fue lo que hizo el d�a mi�rcoles 22 de julio de 1998 a partir de las 10 de la ma�ana a las 3 de la ma�ana del d�a 23 de julio de 1998. 2. Qui�n fue la persona que se llev� a ... atr�s de unos matorrales y le encaj� una navaja varias veces. 3. Por qu� manifest� ante el J. Quinto de esta ciudad en su declaraci�n preparatoria que no recordaba la persona que lo hab�a ayudado a cometer el homicidio, y en su declaraci�n ministerial manifest� conocer a ... como ser la persona que lo hab�a ayudado. 4. D�nde fue detenido y por qu� raz�n, as� como qu� d�a. 5. Cu�ntos d�as despu�s de cometer el homicidio de ... fue trasladado al Cereso. 5 bis. Si estuvo detenido en ... antes de ser trasladado al Cereso, en caso de ser afirmativa, manifieste qui�n lo detuvo, cu�ntos d�as, asimismo, si tambi�n estuvo detenido ... junto con �l, y por qu� le consta este hecho. 6. S� fue golpeado o torturado de alguna forma para firmar su declaraci�n ante el agente segundo investigador del Ministerio P�blico y, en caso de ser afirmativa, manifieste la forma en que se realiz�, as� como describa f�sicamente a los agresores. 7. Si sabe y le consta que ... alias ... y/o ... alias ... fueron torturados o golpeados para que firmaran su declaraci�n ante el agente segundo del Ministerio P�blico, en caso afirmativo, manifieste c�mo y por qu� le consta. 8. S� ... le ayud� a agarrar a ... para enterrarle una navaja y posteriormente a pegarle con piedras, as� como a violar a su amasia ... 9. Si portaba una navaja el d�a de los hechos, en caso de ser afirmativa si �sta se la enterr� a ... 10. Por qu� raz�n manifest� ante el agente segundo del Ministerio P�blico que le hab�a ayudado ... a matar a ... 11. S� conoc�a a ... antes del d�a 22 de julio de 1998. 12. Si al despertarse como a las 11 de la noche, seg�n declaraci�n ministerial, en ese momento decidi� matar a ... 13. Que diga por qu� ante los careos ante el J. Quinto manifest� que ... no hab�a participado en el doble crimen, que s�lo lo hab�a ayudado ... 14. Por qu� raz�n manifest� ante el J. Quinto en su declaraci�n preparatoria que no se acordaba de qui�n hab�a participado con el para matar a ... 15. Si el d�a que se llev� a cabo la reconstrucci�n de los hechos, ... se opuso y, en caso afirmativo, manifieste en qu� forma, asimismo, qui�nes los llevaron hasta ... posteriormente hacia d�nde los llevaron, despu�s de terminar esta reconstrucci�n de hechos. 16. Que diga a qui�n le solicit� ayuda para que le ayudara a matar a ... en qu� lugar, d�nde, a qu� horas y qu� le manifest�. Me reservo el derecho de ampliar el presente interrogatorio en caso de ser necesario. Testimonial a cargo de ... quien deber� declarar al tenor del siguiente interrogatorio, prueba relacionada con mi no encuadramiento en alg�n tipo penal, en relaci�n a la orden de aprehensi�n. Que diga el testigo. 1. Paso a paso qu� fue lo que hizo el d�a mi�rcoles 22 de julio de 1998, a partir de las 10 de la ma�ana a las 3 de la ma�ana del d�a 23 de julio de 1998. 2. Qui�n fue la persona que se llev� a ... atr�s de unos matorrales y le encaj� una navaja varias veces. 3. Por qu� manifest� ante el J. Quinto de esta ciudad en su declaraci�n preparatoria que entre el declarante y ... cometieron el homicidio, y en su declaraci�n ministerial manifest� conocer a ... como ser la persona que lo hab�a ayudado. 4. D�nde fue detenido y por qu� raz�n, as� como qu� d�a. 5. Cu�ntos d�as despu�s de cometer el homicidio de ... fue trasladado al Cotume. 6. Si estuvo detenido en ... antes de ser trasladado al Cotume, en caso de ser afirmativo, manifieste qui�n lo detuvo, cu�ntos d�as, asimismo, si tambi�n estuvo detenido ... junto con �l, y por qu� le consta este hecho. 7. Si fue golpeado o torturado de alguna forma para firmar su declaraci�n ante el agente segundo investigador del Ministerio P�blico y, en caso de ser afirmativo, manifieste en la forma en que se realiz�, as� como describa f�sicamente a los agresores. 8. Si sabe y le consta que ... alias ... fue torturado o golpeado para que firmara su declaraci�n ante el agente segundo del Ministerio P�blico, en caso afirmativo, manifieste c�mo y por qu� le consta. 9. Si ... le ayud� a agarrar a ... enterrarle una navaja y posteriormente violarla. 10. Que si portaba una navaja el d�a de los hechos, en caso de ser afirmativo, si �sta a ... (sic). 11. Por qu� raz�n manifest� ante el agente segundo del Ministerio P�blico que le hab�a ayudado ... a matar a ... 12. Que diga en qu� momento, lugar, c�mo, le dijo ... que le ayudara a matar a su amasia y amigo ... y d�nde se encontraba ... 13. Que diga por qu� ante los careos ante el J. Quinto manifest� que ... no hab�a participado en el doble crimen, que s�lo lo hab�a ayudado ... 14. Si el d�a que se llev� a cabo la reconstrucci�n de los hechos ... se opuso y, en caso afirmativo, manifieste en qu� forma; asimismo, qui�nes lo llevaron hasta ... y posteriormente hacia d�nde los llevaron despu�s de terminar esta reconstrucci�n de hechos. Me reservo el derecho de ampliar el presente interrogatorio en caso de ser necesario." (fojas 225-231 del juicio de amparo)

Al efecto, la J. Primero de Distrito en el Estado de ... el dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, dict� un acuerdo que dice:

"... Visto el escrito presentado por el quejoso, como lo solicita, t�ngase por anunciada en tiempo y forma la prueba testimonial ofrecida a cargo de los CC. ... en virtud de que son tres testigos por cada hecho y fue ofrecida en tiempo y forma, de conformidad con el art�culo 151 de la Ley de A., esto es, cinco d�as h�biles antes del se�alado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el se�alado para la propia audiencia. Este juzgado se reserva la decisi�n de la admisi�n de dicha probanza en virtud de la proximidad de la audiencia constitucional. N.�quese por oficio a las autoridades responsables, por lista al quejoso y personalmente al representante social federal." (foja 232 del juicio de amparo)

En la audiencia constitucional celebrada el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve la J. Federal acord�:

"... en lo que respecta a la prueba testimonial ofrecida por el autorizado del quejoso, no obstante que se tuvo por anunciada en tiempo y forma la misma, no se tiene por admitida, en virtud de que al haber rendido su declaraci�n preparatoria y haberse emitido auto de formal prisi�n en contra del hoy quejoso, la J. de Distrito ya no tiene obligaci�n de recibir todas las pruebas que ante ella se ofrezcan, sino s�lo aquellas que tiendan a acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que las tendientes a demostrar la no responsabilidad penal, cuando ya se tiene conocimiento del proceso, debieron ofrecerse y desahogarse ante la J. responsable, ya que los Jueces Federales encargados del control constitucional no pueden sustituir a los tribunales ordinarios. Apoya lo anterior la tesis que obra en la p�gina 472, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tribunales Colegiados de Circuito, que al tenor y rubro dice: ?ORDEN DE APREHENSI�N. CASO EN EL QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO EST� OBLIGADO A RECIBIR TODAS LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL QUEJOSO. La jurisprudencia sostenida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n bajo el rubro �ORDEN DE APREHENSI�N, PRUEBAS EN EL AMPARO RESPECTO DE LA.�, establece que en la instancia constitucional, el quejoso puede ofrecer las pruebas que estime pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensi�n dictada en su contra porque, generalmente, el inculpado no tiene conocimiento del procedimiento incoado contra �l, sino cuando es detenido. Ahora bien, de una correcta ex�gesis de la citada jurisprudencia, se desprende que �nicamente es aplicable cuando el impetrante de garant�as no tiene conocimiento de las constancias que integran la causa seguida en su contra, pero en el caso contrario, cuando como requisito para concederle la suspensi�n, se le exigi� que compareciera ante el J. instructor a rendir su declaraci�n preparatoria y se dicta auto de formal prisi�n en su contra, el J. de Distrito ya no tiene la obligaci�n de recibir todas las pruebas que ante �l se ofrezcan, sino s�lo aquellas que tiendan expresamente a acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que las tendientes a demostrar la no responsabilidad penal cuando ya se tiene conocimiento del proceso, deben ofrecerse y desahogarse ante el J. responsable, dado que los Jueces federales no pueden sustituirse a los tribunales ordinarios.?. ..." (fojas 241-242 del juicio de amparo).

No le asiste la raz�n a la parte recurrente cuando sostiene que se violaron en su perjuicio las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, toda vez que, como se desprende de las constancias que integran el juicio de amparo n�mero 59/99, el quejoso rindi� su declaraci�n preparatoria ante la autoridad responsable, y �sta emiti� auto de formal prisi�n en su contra; por tanto, es claro que tuvo conocimiento del procedimiento que se sigue en su contra, as� como la oportunidad de ofrecer tal probanza ante la propia responsable para que fuera desahogada y valorada previamente en relaci�n con la no responsabilidad penal, en su caso, del ahora recurrente.

Consecuentemente, como acertadamente lo consider� la J. de Distrito, no se encontraba obligada a admitir y desahogar en el juicio de amparo la prueba testimonial ofrecida por el quejoso y, por tanto, con su actuaci�n no se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo.

Tiene aplicaci�n la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: IX, mayo de 1999

"Tesis: 1a./J. 29/99

"P�gina: 296

"ORDEN DE APREHENSI�N, PRUEBAS ADMISIBLES EN EL AMPARO CONTRA LA. La reforma al pen�ltimo p�rrafo de la fracci�n X, del art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que se vincula a la fracci�n V del mismo precepto, consagra entre las garant�as del inculpado, que se le reciban las pruebas que ofrezca durante la averiguaci�n previa, en los t�rminos establecidos en la ley. El numeral 128, fracci�n III, inciso e), del C�digo Federal de Procedimientos Penales incluye ese mandamiento, pero circunscribi�ndolo a que no se entorpezca la averiguaci�n y se encuentren en el lugar de la averiguaci�n las personas cuyos testimonios se ofrezcan, esto es, que no siempre se practican las probanzas; por ende, si de esto existe constancia indubitable, y se recurriere al juicio de amparo en contra de la orden de aprehensi�n, el J. Federal habr� de recibir los elementos de convicci�n; en el caso contrario, si fueron ofrecidos y desahogados en la averiguaci�n, o bien, habiendo tenido oportunidad de ofrecerlos, no lo hizo el indiciado, ya no se admitir�n en el amparo. El criterio anterior surge a virtud de la actual redacci�n del invocado precepto constitucional, reformado mediante decreto de 2 de julio de 1996, que viene a modificar en parte los aspectos tomados en cuenta en la jurisprudencia 229 de la entonces Primera Sala, publicada en el Ap�ndice al Semanario J. de la Federaci�n 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, p�gina 130, cuyo texto es: ?ORDEN DE APREHENSI�N, PRUEBAS EN EL AMPARO RESPECTO DE LA. Cuando el amparo se promueve contra una orden de aprehensi�n, el quejoso puede presentar, ante el J. constitucional, las pruebas que estime pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, aun cuando no las haya tenido a la vista la autoridad responsable, toda vez que no teniendo conocimiento el inculpado, en la generalidad de los casos, del procedimiento que se sigue en su contra, sino al ser detenido, no tiene oportunidad ni medios de defensa, si no es ante el J. que conozca del juicio de garant�as.?. En efecto, esta jurisprudencia correspondiente a la Quinta �poca, parte del supuesto de que el indiciado no ha tenido oportunidad de defensa, sino hasta que comparece ante el J. Federal, que ya no priva en la actualidad a virtud de la reforma de m�rito, y constituye motivo suficiente para apartarse de la misma.

"Contradicci�n de tesis 86/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Primer Circuito y Cuarto del Cuarto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretaria: Ma. E.R.�rez de V..

"Tesis de jurisprudencia 29/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sesi�n de doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: presidente H.R.P., J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V..

Nota: Esta tesis se aparta del criterio contenido en la jurisprudencia 229 de la anterior Primera Sala, publicada en el Ap�ndice al Semanario J. de la Federaci�n 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, p�gina 130, de rubro: ?ORDEN DE APREHENSI�N, PRUEBAS EN EL AMPARO RESPECTO DE LA.?.

Por otro lado, esta Primera Sala no se ocupa de los dem�s argumentos que sostiene el recurrente en el agravio en estudio, toda vez que los mismos se encuentran dirigidos a controvertir el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo por la J. de Distrito en relaci�n con la orden de aprehensi�n reclamada y, por tanto, se relacionan con un aspecto de estricta legalidad que deber�, en su caso, ser analizado por el Tribunal Colegiado competente y no con una actuaci�n de la a quo que pudiera dar lugar a la reposici�n del procedimiento, como lo sostiene el recurrente.

S�PTIMO

Al haber resultado infundado el agravio dirigido a demostrar que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo y toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito revoc� la sentencia recurrida en cuanto al sobreseimiento decretado en relaci�n con el art�culo 71 de la Ley Org�nica del Poder J. del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de A., que dice:

"Art�culo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisi�n, observar�n las siguientes reglas:

"...

III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el J. de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del art�culo 37, para sobreseer en �l en la audiencia constitucional despu�s de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podr�n confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resoluci�n recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n procede al estudio de los conceptos de violaci�n hechos valer en la demanda de garant�as y que han quedado transcritos en el resultando tercero de estaejecutoria, �nicamente en cuanto al aspecto de constitucionalidad.

OCTAVO

En primer lugar, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele fundamentalmente, en el aspecto de constitucionalidad, de que el art�culo 71 de la Ley Org�nica del Poder J. del Estado de Sonora transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los art�culos 14, 16, 128 y 133 de la Constituci�n General de la Rep�blica, y no obstante que en relaci�n con el primero, segundo y �ltimo de dichos preceptos no formula argumento espec�fico al respecto, en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., procede suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n que se formulan.

As� lo ha considerado el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las siguientes tesis.

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, octubre de 1995

"Tesis: P. LXXXV/95

"P�gina: 162

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n II, constitucional y 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., no hacen distinci�n alguna en relaci�n a si la suplencia de la queja que prev�n se debe aplicar a cuestiones de mera legalidad o de inconstitucionalidad de leyes, por lo que al no existir limitaci�n alguna es obvio que esa facultad opera indistintamente en trat�ndose de amparos de legalidad o contra leyes; siempre y cuando en la demanda de garant�as se haya se�alado a la ley, como acto reclamado, y se designen como autoridades responsables a los �rganos legislativos correspondientes. Al respecto, se debe distinguir con toda claridad la suplencia que establece el art�culo 76 bis, fracci�n I, de la Ley de A., que se refiere a la impugnaci�n de actos que se hubieren fundado ?en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia?, de la diversa hip�tesis de suplencia prevista en la fracci�n II del mismo precepto. En el primero de esos casos no se trata de un ?amparo contra leyes?, puesto que la ley no figura como acto reclamado ni se designan como autoridades responsables a los �rganos legislativos; sino que se trata de una suplencia sui generis en la que, de hecho, el �rgano de control constitucional incorpora un nuevo acto a la litis constitucional, al momento de dictar sentencia, pues se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de una ley que no fue reclamada; por eso el legislador exigi� para estos casos, que la suplencia solamente opere cuando exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la que se declara la inconstitucionalidad de la ley. Una de las razones en las que se inspir� ese beneficio consiste en que los �rganos legislativos ya fueron o�dos y vencidos cuando menos en cinco juicios distintos, con cuyas ejecutorias se integr� la jurisprudencia; y, en esos casos, se estima innecesario volver a emplazar a las autoridades, porque nada m�s podr�an aducir en su defensa. En cambio, trat�ndose de la suplencia prevista en la fracci�n II del numeral en comento, que se refiere espec�ficamente al amparo en materia penal, no existe impedimento para suplir los conceptos de violaci�n hechos valer en contra de la ley siempre y cuando figure como acto reclamado y se haya emplazado a las autoridades que la expidieron, puesto que, a diferencia de la hip�tesis anterior, que s�lo da lugar a amparar en contra del acto de aplicaci�n y no contra la ley, la suplencia de la fracci�n II s� da lugar a que el amparo se conceda en contra de las normas impugnadas, motivo por el cual, esa suplencia no se puede ejercer cuando la ley no es acto reclamado.

"A. en revisi�n 172/95. J.S.P.. 3 de agosto de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretaria: Ma. A. de Le�n G.�lez.

"El Tribunal Pleno en su sesi�n privada celebrada el diecisiete de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente J.V.A.A.�n, S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., G.D.G.�ngora P., J.� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.M.�a S�nchez C. y J.N.S.M.; aprob�, con el n�mero LXXXV/95 (9a.) la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. M�xico, Distrito Federal, a diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco."

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, octubre de 2000

"Tesis: P. CLXVI/2000

"P�gina: 45

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA EN LOS RECURSOS DE REVISI�N COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUN CUANDO LOS AGRAVIOS QUE LOS SUSTENTAN, REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SEAN NOVEDOSOS RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N AUSENTES EN LA DEMANDA ORIGINAL. Si se toma en consideraci�n que en la materia penal la suplencia de la deficiencia de la queja debe aplicarse como una verdadera integraci�n de planteamientos ausentes, y que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis P. LXXXV/95, publicada en el Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, octubre de 1995, p�gina 162, de rubro: ?SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.?, estableci� que cuando se trate de la suplencia prevista en el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., relativo al juicio de garant�as en materia penal, no existe distinci�n alguna con relaci�n a si debe aplicarse a cuestiones de mera legalidad o de inconstitucionalidad de leyes, as� como que tampoco hay impedimento para suplir los conceptos de violaci�n referidos a la constitucionalidad de una ley, siempre y cuando figure como acto reclamado y se haya emplazado a las autoridades que la expidieron, puede concluirse que tambi�n resulta procedente dicha suplencia, cuando se trate de recursos de revisi�n competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en los que se introducen, v�a agravios, planteamientos novedosos en cuanto a que no formaron parte de los conceptos de violaci�n sostenidos en la demanda de garant�as natural, que versen sobre inconstitucionalidad de leyes. Ello es as�, en primer lugar, porque ni la Constituci�n Federal ni la Ley de A. contienen disposici�n expresa que lo proh�ba y, en segundo, la referida suplencia se hace extensiva hacia los agravios que se formulen en los recursos previstos en las leyes respectivas. Adem�s, si la citada figura constituye una obligaci�n para los Jueces de amparo, entre los que se encuentra la Suprema Corte, y el recurso de revisi�n, cuyo conocimiento le compete, tiene su raz�n de ser en que en alguna de las hip�tesis del asunto, sujeto a estudio, subsista el problema de constitucionalidad, no puede aceptarse que dicha instituci�n opere privativamente para los negocios de mera legalidad, pues ello generar�a el riesgo de hacer nugatorio su efectivo alcance.

"A. en revisi�n 2003/97. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A.�n y J.� de Jes�s G.�o P.. Ponente: J.V.C. y C.. Secretario: R.J.O.P..

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy dos de octubre en curso, aprob�, con el n�mero CLXVI/2000, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil.

Ahora bien, son ineficaces los conceptos de violaci�n que se hacen valer, en lo que ata�e al aspecto de constitucionalidad, aun suplidos en sus deficiencias, en atenci�n a las consideraciones siguientes.

En efecto, debe precisarse que el art�culo 14 constitucional establece:

"Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analog�a, y aun por mayor�a de raz�n, pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta se fundar� en los principios generales del derecho.

Ahora bien, el Constituyente en el precepto transcrito consagr� tres garant�as de seguridad jur�dica:

  1. La de irretroactividad de la ley.

  2. La de audiencia.

  3. La de legalidad.

Con la primera de las garant�as se impide que las leyes vuelvan al pasado para cambiar, modificar o suprimir condiciones de legalidad de un acto o efectos de derechos individualmente adquiridos, esto es, la norma posterior no podr� modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma que los previ�; prohibici�n que se dirige tanto al legislador como a los diversos �rganos encargados de llevar a cabo su aplicaci�n o ejecuci�n y se traduce en el principio de que las leyes s�lo deben ser aplicadas a los hechos ocurridos durante su vigencia, estando s�lo permitida la aplicaci�n retroactiva de la ley en el �mbito penal y cuando �sta beneficie al gobernado y no se lesionen derechos de terceros.

Tienen aplicaci�n las siguientes tesis:

"Quinta �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: LXXIII

"P�gina: 8105

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY. La retroactividad existe cuando una nueva disposici�n vuelve al pasado, cuando rige o pretende regir sobre situaciones ocurridas antes de su vigencia, retroobrando en relaci�n a las condiciones jur�dicas que no fueron comprendidas en la nueva disposici�n, y respecto de actos verificados, bajo una disposici�n anterior. La Constituci�n Federal consagra el principio de la irretroactividad, si se causa perjuicio a alguna persona, de donde es deducible la afirmaci�n contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si �sta no causa perjuicio, lo que es frecuente trat�ndose de leyes procesales de car�cter penal, cuando establecen procedimientos ben�ficos a los indiciados o reos de alg�n delito. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversas teor�as, siendo las m�s v�lidas, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho, y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas. El derecho adquirido es definible cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por una disposici�n legal en contrario; la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensi�n de que se realice una situaci�n jur�dica concreta, de acuerdo con la legislaci�n vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y penetra al patrimonio; en el segundo caso, el derecho est� en potencia, sin realizar una situaci�n jur�dica concreta, no formando parte integrante del patrimonio.

"A. administrativo en revisi�n 9239/41. Ford Motor Co., S.A. 31 de julio de 1942. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro O.M.G.�lez no intervino en la resoluci�n de este asunto, por las razones que constan en el acta del d�a. Relator: F.C.�o."

"Quinta �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: LXXXVI

"P�gina: 17

"RETROACTIVIDAD, QU� COMPRENDE LA PROHIBICI�N CONSTITUCIONAL RELATIVA. Al establecer el art�culo 14 constitucional como garant�a del individuo que a ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, no debe entenderse que la prohibici�n se refiera �nicamente al legislador, para el efecto de expedir la ley, sino que tambi�n comprende a la autoridad que hace aplicaci�n de ella a un caso determinado, porque as� permiten interpretarlo los conceptos mismos de la disposici�n constitucional que se comenta, ya que al igual que la primera de esas autoridades, puede imprimir retroactividad al ordenamiento mismo, haciendo que modifique o afecte derechos adquiridos, la segunda, al aplicarlo hace que se produzca el efecto prohibido. En consecuencia, en uno y otro casos, esto es, ya sea que la demanda de amparo se enderece contra una sola de las expresadas autoridades o contra ambas, la Justicia Federal est� capacitada para examinar si el precepto en s� es conculcatorio del art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

"A. administrativo en revisi�n 4116/45. G.G.. 1o. de octubre de 1945. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro F.C.�o, no vot�, por las razones que constan en el acta del d�a. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

"Sexta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: Segunda Parte, CI

"P�gina: 50

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL M�S BEN�FICA. Si bien es cierto que de acuerdo con el principio de irretroactividad de la ley que consagra el art�culo 14 constitucional, la ley sustantiva penal s�lo es aplicable durante su vigencia temporal, tambi�n lo es que la no retroactividad de la ley tiene una excepci�n en el principio de aplicaci�n de la ley posterior m�s benigna, entendi�ndose por �sta, la m�s favorable en sus efectos al delincuente.

"A. directo 7033/64. L.M.G.�ngora. 10 de noviembre de 1965. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: A.�n Mercado Alarc�n.

"Sexta �poca, Segunda Parte.

"Volumen XXV, p�gina 97.

"A. directo 470/58. R.�n G.G.�a y coagraviados. 16 de julio de 1959. Cinco votos. Ponente: L.C.G..

"Volumen XLII, p�gina 227.

"A. directo 6180/57. J.C. L�pez. 15 de febrero de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: C.F.S.. Ponente: L.C.G..

"Volumen IV, p�gina 120.

A. directo 400/55. Gumaro S�nchez G. y coagraviado. 26 de octubre de 1957. Mayor�a de tres votos. Ausente: C.F.S.. Disidente y Ponente: G.R. de Ch�vez.

Por otro lado, la garant�a de audiencia consagrada en el art�culo 14 constitucional obliga a proteger a los gobernados cuando alguna autoridad los prive de sus propiedades, posesiones o derechos, cualquiera que �stos sean y sin limitaci�n alguna, sin que previamente a su emisi�n les haya dado oportunidad de exponer y probar lo que consideren conveniente en defensa de sus intereses dentro del procedimiento establecido para el caso concreto, lo anterior siempre que no se trate de actos tendientes a la expropiaci�n por causa de utilidad p�blica; la expulsi�n, por parte del Ejecutivo Federal, de extranjeros cuya permanencia juzgue inconveniente (art�culo 33 constitucional); el ejercicio de la facultad econ�mico-coactiva para el cobro de impuestos y dem�s cr�ditos fiscales y la expedici�n y ejecuci�n de �rdenes judiciales de aprehensi�n y cateo; as� como las medidas cautelares previstas en la Constituci�n que privan al inculpado de su libertad (art�culos 16, 18 y 19 constitucionales).

Tienen aplicaci�n las siguientes tesis:

"S�ptima �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Volumen: 81, Tercera Parte

"P�gina: 15

"AUDIENCIA Y SEGURIDAD JUR�DICA, GARANT�AS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCI�N. ART�CULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los t�rminos del art�culo 14, p�rrafo segundo, de la Constituci�n Federal, la audiencia previa a la emisi�n del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garant�as del gobernado, son de observancia obligatoria �nicamente trat�ndose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, m�s no as� cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garant�a de seguridad jur�dica (fundamentaci�n y motivaci�n) que establece el art�culo 16 constitucional.

"A. en revisi�n 1389/71. La Libertad, Compa��a General de Seguros, S.A. y acumulado. 4 de septiembre de 1975. Cinco votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez.

"Nota:

"Esta tesis tambi�n aparece en:

"Ap�ndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, quinta tesis relacionada con la jurisprudencia 344, p�gina 591."

"S�ptima �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: Parte SCJN

"Tesis: 82

"P�gina: 54

"AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANT�A DE. En los casos en que los actos reclamados impliquen privaci�n de derechos, existe la obligaci�n por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses; obligaci�n que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca tal garant�a, toda vez que el art�culo 14 de la Constituci�n Federal impone a todas las autoridades tal obligaci�n y, consecuentemente, su inobservancia dejar�a a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los particulares, con violaci�n de la garant�a establecida por el invocado precepto constitucional.

"S�ptima �poca

"A. en revisi�n 3364/49. J.�n V.�zquez P. y coags. 11 de julio de 1949. Unanimidad de cuatro votos.

"A. en revisi�n 4722/70. Poblado de Las Cruces (ahora F.I.M., Municipio de L. de M., J.. 25 de febrero de 1971. Cinco votos.

"A. en revisi�n 3372/73. C.G.�mez de Mendoza. 14 de marzo de 1974. Cinco votos.

"A. en revisi�n 2422/73. A.C.G.. 28 de marzo de 1974. Cinco votos.

"A. en revisi�n 2712/73. E.E.�as Ca�edo. 18 de septiembre de 1974. Unanimidad de cuatro votos.

"Nota:

"Tesis 3, Informe 1974, Segunda Parte, p�gina 25."

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: V, junio de 1997

"Tesis: P./J. 65/95

"P�gina: 44

"EXPROPIACI�N, LA GARANT�A DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE. En materia de expropiaci�n no rige la garant�a de previa audiencia consagrada en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, porque ese requisito no est� comprendido entre los que se�ala el art�culo 27 de la propia Carta Magna y no puede admitirse que exista contradicci�n entre las disposiciones contenidas en ambos preceptos, por ser evidente que el primero de ellos establece una regla general para derechos subjetivos, mientras que el segundo, ampara garant�as sociales, que por su propia naturaleza, est�n por encima de los derechos individuales a los que restringe en su alcance liberal, en t�rminos del art�culo 1o. de la propia Ley Fundamental.

"A. en revisi�n 2805/62. Compa��a El�ctrica de Sinaloa, S.A. 22 de junio de 1965. Unanimidad de quince votos.

"A. en revisi�n 4320/70. A.O. vda. de H.�n. 4 de mayo de 1971. Unanimidad de diecis�is votos.

"A. en revisi�n 5498/69. V.C.J.�nez. 29 de junio de 1971. Unanimidad de dieciocho votos.

"A. en revisi�n 4930/65. P.R.R. y coagraviados. 6 de julio de 1971. Unanimidad de dieciocho votos.

"A. en revisi�n 1671/73. Fondo Unido Reynosa, A.C. 19 de febrero de 1974. Unanimidad de dieciocho votos.

"Nota: Esta tesis aparece publicada con el n�mero 65 en el Ap�ndice al Semanario J. de la Federaci�n 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, p�gina 46. Se publica nuevamente por instrucciones del Tribunal Pleno, con la adici�n al rubro acordadapor el propio tribunal, en sesi�n de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete."

"Quinta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: XCV

"P�gina: 720

"EXTRANJEROS, SU EXPULSI�N DEBE SER JUSTIFICADA. El art�culo 1o. de la Constituci�n Federal, establece la protecci�n de �sta para todo individuo, esto es, para mexicanos y extranjeros, sin distinci�n de ninguna naturaleza. Igualmente previene que las garant�as que otorga, no podr�n restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma Constituci�n se�ala. Los art�culos 103, fracci�n I, y 107, que establecen el juicio de amparo, no hacen distinci�n alguna sobre los individuos o personas a quienes alcanza esa protecci�n. Por tanto, si el art�culo 33 de la propia Carta Fundamental, faculta al Ejecutivo de la Uni�n, en forma exclusiva, para hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de previo juicio, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, no exime a dicho alto funcionario, de la obligaci�n que tiene, como toda autoridad en el pa�s, de fundar y motivar la causa legal de su procedimiento, por la molestia que causa con la deportaci�n, ya que esa garant�a est� establecida por el art�culo 16 de la propia Constituci�n. En consecuencia, sus actos no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar sujetos a las normas que la misma Carta Fundamental y las leyes establecen. Siendo as�, procede el juicio de garant�as contra sus determinaciones, conforme al art�culo 103, fracci�n I, expresados, para lo cual debe seguirse el procedimiento establecido por la ley reglamentaria respectiva.

"A. penal. Revisi�n del auto que sobresey� fuera de audiencia 8000/46. D.T.W.. 28 de enero de 1948. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

"S�ptima �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Volumen: 44, Primera Parte

"P�gina: 29

"GARANT�A DE AUDIENCIA PREVIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL. No puede exigirse el establecimiento de una audiencia previa en beneficio de los afectados y en relaci�n con la fijaci�n de un impuesto, toda vez que esa fijaci�n, para cumplir con los fines de la tributaci�n, debe ser establecida unilateralmente por el Estado, e inmediatamente ejecutiva, ya que ser�a sumamente grave que fuese necesario llamar a los particulares afectados, para que objetaran previamente la determinaci�n de un impuesto, lo que paralizar�a los servicios correspondientes, y, por el contrario, cuando se trata de contribuciones, la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la fijaci�n del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la fijaci�n del impuesto, una vez que ha sido determinado por las autoridades fiscales, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia consagrado por el art�culo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que de acuerdo con su esp�ritu, es bastante que los afectados sean o�dos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos. Si bien es verdad que el Poder Legislativo est� obligado, seg�n el art�culo 14 constitucional, a establecer en las leyes el procedimiento adecuado para o�r a los interesados y darles oportunidad de defenderse, tambi�n es cierto que la propia Corte ha establecido excepciones a ese criterio, entre las que se encuentran las leyes fiscales federales, respecto de las cuales debe observarse el r�gimen establecido por el C�digo Fiscal de la Federaci�n. En efecto, como el fisco se encarga de cobrar los impuestos determinados por las leyes, para el sostenimiento de las instituciones y de los servicios p�blicos, es evidente que dicho cobro tiene que hacerse mediante actos ejecutivos y unilaterales, que si bien pueden ser sometidos a una revisi�n posterior a solicitud de los afectados, no pueden quedar paralizados por el requisito de audiencia previa, porque de esa manera podr�a llegar el momento en que las instituciones y el orden constitucional desaparecieran por falta de los elementos econ�micos necesarios para subsistencia. Por tanto, en materia tributaria no rige la garant�a de audiencia previa, al grado de que el legislador tenga que establecerla en las leyes impositivas.

"A. en revisi�n 7056/63. T. D�az G.�lez. 1o. de agosto de 1972. Unanimidad de 16 votos. Ponente: S.M.�n Guerra.

"Sexta �poca, Primera Parte:

"Volumen CV, p�gina 85. A. en revisi�n 1568/65. L.�a M.M. de K.. 29 de marzo de 1966. Unanimidad de 16 votos. Ponente: J.R.P.C..

"Volumen XCVII, p�gina 28. A. en revisi�n 6390/63. R. A�orve V. y coagraviados. 27 de julio de 1965. Unanimidad de 16 votos. Ponente: M.Y.R..

"Volumen LVI, p�gina 136. A. en revisi�n 4506/54. C.R.�bago de �lvarez, sucesi�n. 28 de febrero de 1962. Mayor�a de 11 votos. Disidentes: T.R.�rez, M.G.�lez, A. y M.E.. Ponente: J.C.E.."

"Quinta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: XLI

"P�gina: 3233

"ART�CULO 14 CONSTITUCIONAL, INTERPRETACI�N DEL, POR LO QUE TOCA A LA APREHENSI�N. El art�culo 14 constitucional previene que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes establecidas con anterioridad a �l; y ese precepto se refiere al caso de privaci�n de la libertad del quejoso, de manera definitiva, por virtud de una sentencia condenatoria, la cual no puede dictarse sino mediante todas las formalidades que el mismo precepto establece, con arreglo a la ley; y si se trata de la privaci�n de la libertad del quejoso, de manera transitoria, para dilucidar, en el curso del procedimiento, su responsabilidad, se trata de una molestia en su persona, comprendida en el art�culo 16 constitucional, para la cual s�lo se requieren las formalidades que el mismo precepto establece.

"A. penal en revisi�n 1366/33. Terr�n I.. 16 de agosto de 1934. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VII, marzo de 1998

"Tesis: P./J. 21/98

"P�gina: 18

"MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICI�N NO RIGE LA GARANT�A DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la garant�a de previa audiencia, establecida en el segundo p�rrafo del art�culo 14 constitucional, �nicamente rige respecto de los actos privativos, entendi�ndose por �stos los que en s� mismos persiguen la privaci�n, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privaci�n no constituye un fin en s� mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilaci�n, suplir interinamente la falta de una resoluci�n asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir alg�n menoscabo, constituyen un instrumento no s�lo de otra resoluci�n, sino tambi�n del inter�s p�blico, pues buscan restablecer el ordenamiento jur�dico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situaci�n que se reputa antijur�dica; por lo que debe considerarse que la emisi�n de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podr� aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposici�n de las medidas en comento no rige la garant�a de previa audiencia.

"A. en revisi�n 284/94. Cuauht�moc Alvarado S�nchez. 27 de febrero de 1995. Once votos. Ponente: H.R.P.. Secretaria: L.G. de V. de J. O?Farril.

"A. en revisi�n 322/94. E.C.A.. 9 de julio de 1996. Once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.C.R..

"A. en revisi�n 710/95. J.A.E.G.�lez. 16 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.C. y C. y G.D.G.�ngora P.. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: �scar G.�n C.G..

"A. en revisi�n 1749/94. A.H.�ndez P. y otro. 29 de enero de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: J.D.R.. Secretario: J.F.S.�n.

"A. directo en revisi�n 262/97. G.N.R.�guez y coag. 29 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: S.S.A.A.. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: A.V.G..

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el veintis�is de febrero en curso, aprob�, con el n�mero 21/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

La garant�a de audiencia tambi�n se encuentra referida al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento o condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional o administrativo para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa, esto es, proporcionar al demandado o posible afectado una noticia completa de la demanda presentada por la parte actora, con sus documentos, anexos, o bien, del acto privativo de derechos o posesiones, otorg�ndosele una oportunidad razonable para que pueda contestar, de modo que el tiempo de que disponga para hacerlo realmente se lo permita, adem�s de que en el procedimiento, sea judicial o administrativo, deber� otorgarse a las partes o al posible afectado una oportunidad razonable para aportar las pruebas pertinentes para demostrar los hechos en que se funden y expresar los alegatos correspondientes, es decir, las argumentaciones jur�dicas que con base en las pruebas desahogadas estimen necesario exponer, concluyendo el procedimiento con una resoluci�n en la que el juzgador o la autoridad administrativa decida el litigio o el asunto planteado, debiendo cumplirse esas formalidades conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Tienen aplicaci�n al caso las siguientes tesis:

"S�ptima �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Vol�menes: 199-204, Tercera Parte

"P�gina: 85

"AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANT�A DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garant�a de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervenci�n se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa misma defensa con las argumentaciones jur�dicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privaci�n de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificaci�n que tiene por finalidad que aqu�l se entere de cu�les son esos hechos y as� est� en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultar�a pr�cticamente in�til, puesto que el presunto afectado no estar�a en condiciones de saber qu� pruebas aportar o qu� alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que �sta se apoy� para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jur�dica.

"Vol�menes 199-204, p�gina 48. A. en revisi�n 2592/85. L.S.Q.. 13 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.G.�rrez de V.. Ponente: C.d.R.�o R.�guez.

"Vol�menes 199-204, p�gina 48. A. en revisi�n 1487/85. A.V.�in de C.�n. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.G.�rrez de V.. Ponente: C. de S.N..

"Vol�menes 199-204, p�gina 48. A. en revisi�n 1558/85. O.M. de R.. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.G.�rrez de V.. Ponente: C.d.R.�o R.�guez.

"Vol�menes 199-204, p�gina 48. A. en revisi�n 1594/85. R.S.I.. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.G.�rrez de V.. Ponente: C.d.R.�o R.�guez.

"Vol�menes 199-204, p�gina 48. A. en revisi�n 1598/85. D.T. de Ruy S�nchez. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.G.�rrez de V.. Ponente: C.d.R.�o R.�guez."

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VII, abril de 1998

"Tesis: P. XXXV/98

"P�gina: 21

"AUDIENCIA, GARANT�A DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO S�LO FORMAL SINO MATERIAL. La Suprema Corte ha establecido que dentro de los requisitos que deben satisfacer los ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la privaci�n de derechos de los gobernados se encuentran los de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar, con base en los elementos en que el posible afectado finque su defensa. En las leyes procedimentales, tales instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una decisi�n favorable a su inter�s. Ahora bien, para brindar las condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en respeto de la garant�a de audiencia, resulta indispensable que el interesado pueda conocer directamente todos los elementos de convicci�n que aporten las dem�s partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios de acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de que se trate, con objeto de que se facilite la preparaci�n de su defensa, mediante la rendici�n de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto.

"A. en revisi�n 1664/97. J.N.I.. 17 de febrero de 1998. Once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: H.S.C..

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el treinta de marzo en curso, aprob�, con el n�mero XXXV/1998, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito Federal, a treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho."

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: XXII

"P�gina: 32

"PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL. La garant�a reconocida por el art�culo 14 constitucional, enunciada en t�rminos generales, es la de ser o�do en juicio; mas cuando se trata de la aplicaci�n de ese precepto a un caso determinado, es preciso tomar en cuenta todos los requisitos que el mismo art�culo se�ala, entre los cuales figuran, principalmente, los dos siguientes: primero, que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y segundo, que dichas formalidades se cumplan conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; de donde se desprende que cuando existen leyes que norman el procedimiento para un fin legal cualquiera, no basta que se d� a la persona, alguna oportunidad de defenderse, sino que es indispensable que se le conceda en el modo y t�rminos que las leyes prescriben, y estos principios son aplicables tanto a los procedimientos del orden judicial como a los del orden administrativo.

A. administrativo en revisi�n 3354/27. T.S.L.. 5 de enero de 1928. Mayor�a de siete votos. Disidente: J.G.�n Vaca. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Por otra parte, la garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 14 constitucional, en el �mbito penal, exige para la imposici�n de penas que, adem�s de que se haya seguido previamente un proceso ante un juzgador competente en el que se hayan respetado las garant�as que corresponden al inculpado, la pena, as� como el hecho que la motiva, se encuentren previstos en una ley exactamente aplicable al delito de que se trate; esto es, no basta con que en una ley se declare que un hecho es delictuoso, sino que se requiere que en ella se describa con claridad y precisi�n el hecho o la conducta que se considera delictivo, y que el caso concreto se ubique exactamente en la hip�tesis normativa, debi�ndose, en su caso, aplicar la pena que para el caso fija la ley, y en ning�n supuesto diversas por analog�a o mayor�a de raz�n; sin embargo, la garant�a constitucional de que se trata no se circunscribe a los meros actos de aplicaci�n, sino que abarca tambi�n a la propia ley, ya que debe estar redactada de tal forma que los t�rminos en que se especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos, pues la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida expresiones y conceptos claros, precisos y exactos al prever las penas y describir las conductas que se�alen como t�picas, incluyendo todos sus elementos, caracter�sticas, condiciones, t�rminos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicaci�n o dem�rito en la defensa del procesado.

Tienen aplicaci�n las siguientes tesis:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: I, mayo de 1995

"Tesis: P. IX/95

"P�gina: 82

"EXACTA APLICACI�N DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANT�A DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBI�N A LA LEY MISMA. La interpretaci�n del tercer p�rrafo del art�culo 14 constitucional, que prev� como garant�a la exacta aplicaci�n de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicaci�n, sino que abarca tambi�n a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los t�rminos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que se�alen como t�picas, incluyendo todos sus elementos, caracter�sticas, condiciones, t�rminos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicaci�n o dem�rito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garant�a indicada prevista en el art�culo 14 de la Constituci�n General de la Rep�blica.

"A. directo en revisi�n 670/93. R. �lvaro P�rez T.. 16 de marzo de 1995. Mayor�a de siete votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: J.C.R..

"El Tribunal Pleno en su sesi�n privada celebrada el quince de mayo en curso, por unanimidad de ocho votos de los se�ores M.S.S.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., G.D.G.�ngora P., J.� de Jes�s G.�o P., H.R.P. y O.M.�a S�nchez C.; aprob�, con el n�mero IX/95 (9a.) la tesis que antecede. M�xico, Distrito Federal, a quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

"V�ase: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., diciembre de 1997, p�gina 217, tesis por contradicci�n 1a./J. 46/97 de rubro: ?APLICACI�N EXACTA DE LA LEY PENAL, GARANT�A DE LA, EN RELACI�N AL DELITO DE VIOLACI�N A LA SUSPENSI�N.?."

"Quinta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: XXXVIII

"P�gina: 2434

"PENAS INDETERMINADAS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. El art�culo 14 de la Constituci�n Federal, estatuye, en sus p�rrafos segundo y tercero, que nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analog�a y aun por mayor�a de raz�n, pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Los principios consignados en los p�rrafos que anteceden, no son sino el reconocimiento de c�nones fundamentales formulados con respecto a la ley penal y a fin de garantizar la libertad de los individuos, y conforme a aqu�llos, no puede considerarse delictuoso un hecho sino por expresa declaraci�n de la ley; por tanto, no puede aplicarse pena alguna que no se halle determinada en la ley y nadie puede ser sometido a una pena sino en virtud de un juicio leg�timo. Analizando los sistemas concernientes a la duraci�n de las penas, dice F.�n, que la ley puede presentar tres aspectos: a) puede estar determinada absolutamente, esto es, la ley fija la especie y la medida de la pena, de manera que el J. no tiene otra tarea que su mera aplicaci�n al caso concreto; b) puede estar determinada relativamente esto es, la ley fija la naturaleza de la pena y establece el m�ximo y el m�nimo de ella, y el J. tiene facultad de fijar la medida entre diversas penas indicadas por la ley y aplicar algunas medidas que son consecuencias penales; c) por �ltimo, la ley puede estar absolutamente indeterminada, es decir, declara punible una acci�n, pero deja al J. la facultad de determinar y aplicar la pena, de la cual no indica ni la especie, ni menos a�n la cantidad. Es f�cil observar que el primero y el tercer m�todos deben excluirse; el primero sustituye el legislador al J. y hace a �ste, instrumento ciego y material de aqu�l; el tercero, sustituye el J. al legislador y abre la puerta a la arbitrariedad, infringiendo el sagrado principio, baluarte de la libertad, ?nullum crimen sine lege?, ?nulla poena sine lege? por lo que, establecido que el art�culo 14 de la Constituci�n proclama los principios que el tratadista invocado reputa que se destruyen o desconocen con las penas de duraci�n indeterminada, cabe concluir que las sanciones de esa especie son contrarias a la Constituci�n Federal y debe concederse el amparo que contra las mismas se solicite, para el efecto de que la autoridad responsable dicte nueve sentencia, imponiendo al reo la penalidad que corresponda, dentro de los l�mites se�alados por los preceptos legales referentes al delito por el que el mismo fue acusado.

A. penal directo 1178/32. V.M.��n I.. 8 de agosto de 1933. Unanimidad de cinco votos en cuanto a la concesi�n del amparo; mayor�a de tres votos, por lo que hace a los fundamentos del fallo. Disidentes: F. de la Fuente y E.O.A.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

En cuanto a la materia civil, la garant�a de legalidad se encuentra referida a que en los juicios correspondientes la sentencia que se dicte deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley, permitiendo que s�lo a falta de �sta se funde en los principios generales de derecho, esto es, en los principios rectores de nuestro sistema jur�dico, que se encuentran expl�citos o impl�citos en el mismo y son su base de sustentaci�n.

Tienen aplicaci�n las siguientes tesis:

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: LV

"P�gina: 2642

"PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO. El art�culo 14 de la Constituci�n Federal elev�, a la categor�a de garant�a individual el mandato contenido en los art�culos 20 del C�digo Civil de 1884, y 1324 del C�digo de Comercio, en el sentido de que cuando no haya ley en que fundarse para decidir una controversia, la resoluci�n de �sta debe fundarse en los ?principios generales del derecho?, y la Constituci�n limita la aplicaci�n de estos ?principios?, como garant�a individual, a las sentencias definitivas, en tanto que la legislaci�n com�n, as� como las de diversos Estados de la Rep�blica, y el art�culo 19 del C�digo Civil, actualmente en vigor en el Distrito Federal, autoriza que se recurra a los ?principios generales del derecho? como fuente supletoria de la ley, para resolver toda clase de controversias judiciales del orden civil. Universalmente se conviene en la absoluta necesidad que hay de resolver las contiendas judiciales sin aplazamiento alguno, aunque el legislador no haya previsto todos los casos posibles de controversia; pues lo contrario, es decir, dejar sin soluci�n esas contiendas judiciales, por falta de ley aplicable, ser�a desquiciador y monstruoso para el orden social, que no puede existir sin tener como base la justicia garantizada por el Estado, y por ello es que la Constituci�n Federal, en su art�culo 17, establece como garant�a individual, la de que los tribunales est�n expeditos para administrar justicia, en los plazos y t�rminos que fija la ley, y los c�digos procesales civiles, en consecuencia con este mandato constitucional, precept�an que los Jueces y tribunales no podr�n, bajo ning�n pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resoluci�n de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito; pero las legislaciones de todos los pa�ses, al invocar los ?principios generales del derecho?, como fuente supletoria de la ley, no se�alan cu�les sean dichos principios, qu� caracter�sticas deben tener para ser considerados como tales, ni qu� criterio debe seguirse en la fijaci�n de los mismos; por lo que el problema de determinar lo que debe entenderse por ?principios generales del derecho?, siempre ha presentado serios escollos y dificultades, puesto que se trata de una expresi�n de sentido vago e impreciso, que ha dado motivo para que los autores de derecho civil hayan dedicado conjuntamente su atenci�n al estudio del problema, tratando de definir o apreciar lo que debe constituir la esencia o �ndole de tales principios. Los tratadistas m�s destacados del derecho civil, en su mayor�a, admiten que los ?principios generales del derecho? deben ser verdades jur�dicas notorias, indiscutibles, de car�cter general, como su mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho, mediante procedimientos filos�fico jur�dicos de generalizaci�n, de tal manera que el J. pueda dar la soluci�n que el mismo legislador hubiere pronunciado si hubiere estado presente, o habr�a establecido, si hubiere previsto el caso; siendo condici�n tambi�n de los aludidos ?principios?, que no desarmonicen o est�n en contradicci�n con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenarse aplicando aqu�llos; de lo que se concluye que no pueden constituir ?principios generales del derecho?, las opiniones de los autores, en ellas mismas consideradas, por no tener el car�cter de generalidad que exige la ley y porque muchas veces esos autores tratan de interpretar legislaciones extranjeras, que no contienen las mismas normas que la nuestra.

"A. civil directo 6187/34. M. de D�az C. y coag. 15 de marzo de 1938. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: CXIX

"P�gina: 418

"PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO, APLICACI�N DE. Por principios generales de derecho se entienden aquellos que pueden desprenderse de otros argumentos legales para casos an�logos, y el �nico caso autorizado por el art�culo 14 constitucional en que la controversia respectiva no puede resolverse por la ley.

A. civil directo 120/53. Agr�cola S.L., S. de R.L. 20 de enero de 1954. Mayor�a de cuatro votos. Disidente: R.R.V.. Ponente: J.C.E..

En otro orden de ideas, debe se�alarse que el art�culo 16 constitucional establece:

"Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"No podr� librarse orden de aprehensi�n sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensi�n, deber� poner al inculpado a disposici�n del J., sin dilaci�n alguna y bajo su m�s estricta responsabilidad. La contravenci�n a lo anterior ser� sancionada por la ley penal.

"En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poni�ndolo sin demora a disposici�n de la autoridad inmediata y �sta, con la misma prontitud, a la del Ministerio P�blico.

"S�lo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as� calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acci�n de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por raz�n de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio P�blico podr�, bajo su responsabilidad, ordenar su detenci�n, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

"En casos de urgencia o flagrancia, el J. que reciba la consignaci�n del detenido deber� inmediatamente ratificar la detenci�n o decretar la libertad con las reservas de ley.

"Ning�n indiciado podr� ser retenido por el Ministerio P�blico por m�s de cuarenta y ocho horas, plazo en que deber� ordenarse su libertad o pon�rsele a disposici�n de la autoridad judicial; este plazo podr� duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto ser� sancionado por la ley penal.

"En toda orden de cateo, que s�lo la autoridad judicial podr� expedir y que ser� escrita, se expresar� el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia, levant�ndose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

"Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionar� penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privac�a de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petici�n de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio P�blico de la entidad federativa correspondiente, podr� autorizar la intervenci�n de cualquier comunicaci�n privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deber� fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando adem�s, el tipo de intervenci�n, los sujetos de la misma y su duraci�n. La autoridad judicial federal no podr� otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de car�cter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

"Las intervenciones autorizadas se ajustar�n a los requisitos y l�mites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con �stos, carecer�n de todo valor probatorio.

"La autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias �nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a; y exigir la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujet�ndose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

"La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estar� libre de todo registro, y su violaci�n ser� penada por la ley.

En tiempo de paz ning�n miembro del Ej�rcito podr� alojarse en casa particular contra la voluntad del due�o, ni imponer prestaci�n alguna. En tiempo de guerra los militares podr�n exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los t�rminos que establezca la ley marcial correspondiente.

El primer p�rrafo del art�culo 16 constitucional establece la garant�a de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos, e impone a las autoridades que los emitan la obligaci�n de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deber�n ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad.

Tienen aplicaci�n al caso las siguientes tesis:

"S�ptima �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Vol�menes: 151-156, Segunda Parte

"P�gina: 56

"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, GARANT�A DE. De acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendi�ndose por lo primero que ha de expresarse, con precisi�n, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que tambi�n deben se�alarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n del acto, siendo necesario, adem�s, que exista adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate.

"A. directo 4471/78. Primitivo M.G.�rrez. 14 de octubre de 1981. 5 votos. Ponente: F.P.�n V.."

"Quinta �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: XCII

"P�gina: 1199

"ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL, GARANT�AS DEL. Este precepto exige que en todo acto de autoridad se funde y motive la causa legal del procedimiento. Para cumplir con este mandamiento deben satisfacerse dos clases de requisitos, unos de forma y otros de fondo. El elemento formal queda surtido cuando en el acuerdo, orden o resoluci�n, se expresan los motivos y las disposiciones legales que se consideren aplicables. Para integrar el segundo elemento, es necesario que los motivos invocados sean reales y ciertos y que, conforme a los preceptos citados, sean bastantes para provocar el acto de autoridad. Si, pues, no qued� satisfecho en parte el requisito formal, que exige el art�culo 16 de la Carta Magna, por haberse omitido la cita de los preceptos legales que pudieran servir de fundamento a la orden reclamada, debe concederse el amparo, para que sea reparada esa violaci�n constitucional.

A. administrativo en revisi�n 1178/45. A.F.R.. 2 de mayo de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: F.C.�o. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Trat�ndose de resoluciones, el requisito de fundamentaci�n responde, en t�rminos generales, al an�lisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado an�lisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resoluci�n, aun sin citarlas de forma expresa; en tanto que el requisito de motivaci�n exige que analice y valore razonadamente cada uno de los medios de prueba que ante su jurisdicci�n hayan sido ofrecidos y resulten pertinentes para el caso concreto, a fin de determinar si quedaron probadas o no las hip�tesis de hecho que fueron planteadas por las partes.

Tiene aplicaci�n la siguiente tesis aislada:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: P. CXVI/2000

"P�gina: 143

"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANT�A TRAT�NDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE �STAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 16 de la Constituci�n Federal consiste en la obligaci�n que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta trat�ndose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es as�, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que est� en posibilidad de conocer el sustento jur�dico del acto que le afecta, mientras que la resoluci�n jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoy�ndose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentaci�n de la resoluci�n el an�lisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado an�lisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resoluci�n, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resoluci�n jurisdiccional est� obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resoluci�n conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ah� que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garant�a constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resoluci�n se advierte con claridad el art�culo en que se basa.

"A. directo en revisi�n 1936/95. Industrias Peredia, S.A. de C.V. 22 de mayo de 2000. Once votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretaria: A.C.C. Posada.

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy once de julio en curso, aprob�, con el n�mero CXVI/2000, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

En el p�rrafo primero del art�culo 16 constitucional, como se ha mencionado, el Constituyente estableci� los requisitos generales que deben satisfacer todos los actos de autoridad que impliquen una molestia para los gobernados; en los p�rrafos siguientes del propio art�culo se prev�n, adem�s, requisitos espec�ficos que deben cumplir ciertos actos de autoridad, como son, los actos de privaci�n de la libertad por causa penal y las visitasdomiciliarias, si�ndoles exigibles a �stos los requisitos generales del primer p�rrafo y, adem�s, los espec�ficos que les son aplicables, con excepci�n de la detenci�n en flagrante delito, la cual s�lo se encuentra sujeta a lo que disponen los p�rrafos cuarto y sexto.

Los requisitos que el Constituyente estableci� en los p�rrafos segundo y tercero del art�culo 16 para que pudiera expedirse una orden de aprehensi�n consisten en que preceda denuncia o querella (prohibiendo en forma impl�cita que el procedimiento penal se inicie por medios que fueron caracter�sticos del sistema inquisitorio, como son, la delaci�n y pesquisa); que dicha denuncia o querella se refieran a un hecho determinado que la ley se�ale como delito sancionado con pena privativa de libertad, que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, debiendo esa orden de aprehensi�n ser dictada por la autoridad judicial competente, a solicitud del Ministerio P�blico, oblig�ndose a la autoridad que la ejecute a poner al inculpado a disposici�n del J., sin dilaci�n alguna y bajo su m�s estricta responsabilidad.

Para el caso de flagrancia, esto es, cuando el sujeto activo es sorprendido en el momento actual en que se est� cometiendo el delito, o en los inmediatamente posteriores al de la ejecuci�n y m�s, en aquellos instantes en los que el infractor es perseguido, el Constituyente no exigi� que, previamente a esa detenci�n, se girara orden de aprehensi�n, sino que, como se desprende del p�rrafo cuarto del art�culo 16 constitucional, cualquier persona puede detenerlo, poni�ndolo sin demora a disposici�n de la autoridad inmediata, y �sta, con la misma prontitud, a la del Ministerio P�blico.

Tienen aplicaci�n las siguientes tesis:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Informes

"Tomo: Informe 1944

"P�gina: 58

"ORDEN DE APREHENSI�N. Seg�n el art�culo 16 constitucional, no podr� librarse ninguna orden de aprehensi�n o detenci�n, a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusaci�n o querella de un hecho determinado que la ley castiga con pena corporal y sin que preceda denuncia, acusaci�n o querella de un hecho determinado que la ley castiga con pena corporal y sin que est�n apoyadas aqu�llas por declaraciones, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepci�n de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona pueda aprehender al delincuente y a sus c�mplices, poni�ndolos sin demora a disposici�n de la autoridad inmediata, y que solamente en caso urgente, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, y trat�ndose de delitos que se persigan de oficio, podr� la autoridad administrativa, bajo su m�s estrecha responsabilidad, decretar la detenci�n de un acusado, poni�ndolo inmediatamente a disposici�n de la autoridad judicial. La orden de aprehensi�n s�lo podr� ser librada, pues, conforme a tal precepto, por la autoridad judicial, previos los dem�s requisitos a que el mismo se refiere, salvo los casos de excepci�n claramente propuestos en el mismo. En el caso basta considerar, para estimar que la orden de aprehensi�n reclamada, contra lo considerado en la sentencia que se recurre, es violatoria de garant�as en s� mismo, que no fue librada por autoridad judicial, toda vez que el Ministerio P�blico no tiene este car�cter, y que no se est� en ninguno de los casos excepcionales a que tal precepto constitucional se refiere.

"A. en revisi�n 5853/43. C.C.A.. 14 de marzo de 1944. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

"S�ptima �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Volumen: 41, Segunda Parte

"P�gina: 21

"FLAGRANCIA, CAPTURA DEL INCULPADO EN ESTADO DE. El hecho de ser capturado el inculpado sin que preceda denuncia apoyada en testimonios de personas dignas de fe, no encierra violaci�n de garant�as individuales en caso de ser encontrado ?infraganti?.

"A. directo 4968/71. R.R.R.. 4 de mayo de 1972. Unanimidad de 4 votos. Ponente: M.G.R.F."

"Quinta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: XCI

"P�gina: 2898

"FLAGRANTE DELITO. Por flagrante delito no s�lo debe entenderse el momento actual en que el infractor de la ley realiza el acto antijur�dico que puede y debe motivar su aprehensi�n por cualquier persona, sino tambi�n los inmediatamente posteriores al de la ejecuci�n, y m�s, aquellos instantes en los que el infractor es perseguido por la polic�a, independientemente de la gravedad o levedad del acto antijur�dico. Sentado lo anterior, es evidente que el precepto constitucional no establece simplemente una opci�n, para que la ejecute o la deje de ejecutar la persona que se encuentre ante un flagrante delito, sino mas bien establece un deber que es obligatorio cumplir y no que pueda ejercitarlo, o no, a su arbitrio. Consiguientemente, si el quejoso presenci� la persecuci�n que realizaba la polic�a en contra de un sujeto que objetivamente trataba de eludirla, y coadyuv� a esa persecuci�n, es notoriamente antijur�dico considerar su actuaci�n, no como el cumplimiento de deber, sino como una agresi�n, pues tal criterio conducir�a al absurdo de que los individuos fueran indiferentes al bien social, al respeto del mismo, y en los mismos instantes en que la polic�a trata de detener a quien lo altera. El aprehensor no es pues, agresor ni provocador, al rechazar el ataque proveniente del perseguido; consecuentemente, su actitud es de leg�tima defensa, aun cuando no haya datos en el expediente que comprueben la inminencia del ataque y la gravedad del mismo, si es evidente que por la forma y circunstancia en que se desarrollaron los hechos, no pudo hacer una apreciaci�n de la gravedad de la agresi�n.

A. penal directo 3709/46. P�rez M.M.. 28 de marzo de 1947. Mayor�a de cuatro votos. Disidente: C.L. �ngeles. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Por otra parte, los p�rrafos quinto, sexto y s�ptimo del propio art�culo 16 constitucional facultan al Ministerio P�blico para ordenar, bajo su responsabilidad y trat�ndose de los delitos que se persiguen de oficio, la detenci�n del indiciado en casos urgentes, es decir, cuando por raz�n de la hora, lugar u otra circunstancia el Ministerio P�blico no puede acudir a la autoridad judicial a solicitar la orden de aprehensi�n, debiendo, en todos esos casos, fundar su resoluci�n y expresar los indicios que motiven su parecer, adem�s de hacer saber al indiciado, desde el inicio de la detenci�n, los derechos que le confieren la Constituci�n y los tratados internacionales, facilit�ndole las condiciones para su ejercicio; esta detenci�n tiene por objeto evitar la sustracci�n del indiciado a la acci�n de la justicia cuando se satisfagan las condiciones previstas en el p�rrafo quinto, pero tal facultad no puede ejercitarse para continuar o completar una averiguaci�n, pues �sta no es su finalidad.

Una vez ejecutada la detenci�n, el Ministerio P�blico tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para consignar al detenido a la autoridad judicial o, en su defecto, para ordenar su libertad, plazo que podr� duplicarse, de acuerdo con el p�rrafo s�ptimo, en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada.

Al igual que cuando se trata de delito flagrante, en los casos de urgencia, el juzgador que reciba la consignaci�n del detenido deber� inmediatamente ratificar la detenci�n o decretar la libertad con las reservas de ley.

Tiene aplicaci�n la siguiente tesis aislada:

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: IX

"P�gina: 690

"AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. S�lo en los casos urgentes y cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y trat�ndose de delitos que se persiguen de oficio, podr� la autoridad administrativa, bajo su m�s estrecha responsabilidad, decretar la detenci�n de un acusado, poni�ndolo inmediatamente a disposici�n de la autoridad judicial.

A. administrativo en revisi�n. T.M.. 27 de diciembre de 1921. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: A.�n U. y E.M.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Por otra parte, en los p�rrafos octavo y und�cimo del art�culo 16 constitucional, el Constituyente estableci� los casos y requisitos para que las autoridades puedan introducirse al domicilio de los gobernados, esto es, mediante �rdenes de cateo y visitas domiciliarias; las primeras s�lo podr�n ser expedidas por autoridad judicial, expresando el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, limit�ndose a ello la diligencia y debi�ndose levantar al concluirla un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. En cuanto a las �rdenes de visita que las autoridades administrativas emitan a fin de cerciorarse que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a, en ellas se podr� exigir al visitado la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, debiendo cumplirse con los requisitos exigidos para los cateos y sujet�ndose, en estos casos, a las leyes respectivas.

Al respecto, son aplicables las siguientes tesis:

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: LXVII

"P�gina: 3297

"DOMICILIO, INVIOLABILIDAD DEL. La inviolabilidad del domicilio, como prolongaci�n de la libertad individual, no puede ser afectada sino en los casos previstos por el art�culo 16 constitucional, o sea, por cateo o visitas domiciliarias de autoridad administrativa.

"A. civil en revisi�n 5779/38. M.�n M.J. 21 de marzo de 1941. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

"Quinta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: XLIV

"P�gina: 3453

"CATEOS, PROCEDIMIENTO LEGAL EN LOS. De acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, en todo cateo deben intervenir dos testigos, que puede proponer el ocupante del lugar cateado, o, en su ausencia o negativa, la autoridad que practique la diligencia, por lo que si aquellos no son nombrados para asistir a esa diligencia y firmar el acta respectiva, se vulnera el citado precepto, en perjuicio del afectado.

"A. penal en revisi�n 5628/33. V�lez A.A.. 22 de mayo de 1935. Mayor�a de cuatro votos. Disidente: R.A.�n. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VI, diciembre de 1997

"Tesis: 2a./J. 59/97

"P�gina: 333

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO. Acorde con lo previsto en el art�culo 16 constitucional, as� como con su interpretaci�n realizada por esta Suprema Corte en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros son: ?VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.? (tesis 183, p�gina 126, Tomo III, Segunda Sala, compilaci�n de 1995) y ?�RDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.? (tesis 509, p�gina 367, Tomo III, Segunda Sala, compilaci�n de 1995), que toman en consideraci�n la tutela de la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el Constituyente, entre una orden de cateo y una de visita domiciliaria, cabe concluir que el objeto no s�lo debe concebirse como prop�sito, intenci�n, fin o designio, que d� lugar a la facultad comprobatoria que tienen las autoridades correspondientes, sino tambi�n debe entenderse como cosa, elemento, tema o materia, esto es, lo que produce certidumbre en lo que se revisa; con base en esto �ltimo, el objeto de la orden de que se trata no debe ser general, sino determinado, para as� dar seguridad al gobernado y, por ende, no dejarlo en estado de indefensi�n. Por tanto, la orden que realiza un listado de contribuciones o cualquier otro tipo de deberes fiscales que nada tenga que ver con la situaci�n del contribuyente a quien va dirigida, la torna gen�rica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobaci�n, situaci�n que puede dar pauta a abusos de autoridad, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que el visitador �nicamente revise las contribuciones a cargo del contribuyente como obligado tributario directo, porque en ese momento ya no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita, en la inteligencia de que la pr�ctica de �sta debe sujetarse �nicamente a lo se�alado en la orden y no a la inversa. Esta conclusi�n, sin embargo, no debe llevarse al extremo de exigir a la autoridad que pormenorice o detalle el capitulado o las disposiciones de las leyes tributarias correspondientes, porque tal exageraci�n provocar�a que con una sola circunstancia que faltara, el objeto de la visita se considerara impreciso, lo cual restringir�a ilegalmente el uso de la facultad comprobatoria, situaci�n que tampoco es la pretendida por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Es necesario precisar que las anteriores consideraciones �nicamente son v�lidas trat�ndose de �rdenes de visita para contribuyentes registrados, pues s�lo de ellos la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, de acuerdo con su registro de alta, sabe qu� contribuciones est�n a su cargo, situaci�n que es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos, es decir, aquellos que no est�n inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes porque, en estos casos, la orden necesariamente debe ser general, pues no se sabe qu� contribuciones est�n a cargo del destinatario de la orden. Tambi�n debe se�alarse que las contribuciones a cargo del sujeto pasivo, no s�lo conciernen a las materiales o de pago, sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo de deber tributario y, por tanto, debe entenderse por obligado tributario, no solamente al causante o contribuyente propiamente dicho, sino tambi�n a los retenedores, responsables solidarios y cualquier otro sujeto que a virtud de las normas tributarias tenga que rendir cuentas al fisco.

"Contradicci�n de tesis 23/97. Entre las sustentadas por el Tercer y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa, del Primer Circuito. 26 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: S.S.A.A.. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: E.H.M.G..

Tesis de jurisprudencia 59/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n p�blica de veintis�is de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros J.D.�az R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M. y presidente G.D.G.�ngora P.. Ausente: S.S.A.A..

En los p�rrafos noveno, d�cimo y duod�cimo del art�culo 16 constitucional, el Constituyente consagr� la garant�a de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previendo que la correspondencia que circula cerrada por las estafetas, esto es, en su tr�nsito, desde que es depositada por el remitente en el correo, hasta que es entregada al destinatario, estar� libre de todo registro y cualquier acto que atente contra la inviolabilidad de �sta o de diversa comunicaci�n privada, ser� sancionado penalmente, encontr�ndose facultada �nicamente la autoridad judicial federal para autorizar su intervenci�n, debiendo ajustarse a los requisitos y l�mites previstos en las leyes y previa petici�n por escrito, fundada y motivada de autoridad federal facultada por la ley, o de Ministerio P�blico estatal, en la que deber� expresarse, adem�s, el tipo de intervenci�n, los sujetos de la misma y su duraci�n, siempre que no se trate de materias de car�cter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni de comunicaciones entre el detenido y su defensor; requisitos que de no ser satisfechos determinar�n que los resultados que se obtengan carezcan de todo valor probatorio.

Tienen aplicaci�n las siguientes tesis:

"S�ptima �poca

"Instancia: Sala Auxiliar

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Vol�menes: 217-228, S�ptima Parte

"P�gina: 75

"CATEOS. TEL�FONOS INTERVENIDOS. Es verdad que si de autos aparece que la Polic�a J. grab� unas conversaciones telef�nicas relacionadas con los acusados, pero no aparece que se haya recabado antes una orden judicial para ello, ni que pericialmente se haya determinado que las voces eran de las personas a quienes se atribuyen, esas cintas carecen de valor probatorio en juicio. El art�culo 16 constitucional se�ala que s�lo la autoridad judicial podr� expedir �rdenes de cateo, en las que se indicar� el lugar que ha de inspeccionarse y los objetos que se buscan, a lo que ha de limitarse la diligencia. Es de notarse que ese precepto fue aprobado en el a�o de 1917, cuando no eran previsibles para el Constituyente los avances t�cnicos de la electr�nica, que permiten realizar, en perjuicio de los particulares, actos tan nocivos como los que previeron en 1917, y de naturaleza substancialmente semejante. Por lo dem�s, las garant�as individuales protegen (o garantizan) ciertos derechos de los individuos, que se consideran de la m�s alta importancia para que se pueda decir que se vive en libertad, con dignidad, y no en un Estado policiaco. Y ser�a una interpretaci�n mezquina de la Constituci�n la que ignorase los avances de la t�cnica para permitir la violaci�n de esos derechos. En rigor, el esp�ritu de la garant�a protege a personas, y a sus propiedades y privacidad, y no solo lugares y objetos tangibles, en un sentido material y estrecho. La garant�a de los cateos no s�lo rige la toma de objetos materiales y tangibles, sino que alcanza a la toma, mediante grabaci�n o escucha, de aseveraciones verbales que un individuo hace con la confianza de que est� actuando con derecho de su privacidad, y el acatamiento y respeto de esa garant�a exige que la polic�a no ha de interferir con esa privacidad, sin mandamiento de autoridad judicial, para apoderarse del contenido de conversaciones telef�nicas. Las actividades del gobierno al escuchar y grabar conversaciones telef�nicas constituyen en rigor, dada la tecnolog�a actual, un cateo, en el significado substancial del art�culo 16. Hay que determinar cu�l es el valor protegido por la garant�a, y seguirlo protegiendo contra los avances de la tecnolog�a, para evitar que �sta vaya convirtiendo en letra muerta a la garant�a. As�, pues, debe mediar el juicio imparcial de un funcionario judicial entre los ciudadanos y la intromisi�n policiaca en sus derechos y en su privacidad. Y para el efecto, lo mismo da que el tel�fono utilizado estuviese en un hogar, en una oficina, etc., pues el mismo valor de privacidad de la persona, y de sus pertenencias, se viola en ambos casos. Por lo dem�s es substancialmente lo mismo efectuar un cateo para apoderarse de una aseveraci�n escrita, que interferir un tel�fono para apoderarse del contenido de una aseveraci�n oral. Por tanto, si la intercepci�n telef�nica no estuvo precedida de una orden judicial, se trata de un acto inconstitucional y, por ende, nulo de pleno derecho en s� mismo y en sus frutos.

"A. directo 1993/86. F.K.V. y otro. 31 de marzo de 1987. Cinco votos. Ponente: G.G.�n O.. Secretaria: Mar�a M.C.R.."

"S�ptima �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Volumen: 19, Segunda Parte

"P�gina: 41

"VIOLACI�N DE CORRESPONDENCIA. CONFIGURAN ESTE DELITO PREVISTO POR EL C�DIGO PENAL FEDERAL, LA APERTURA E INTERCEPTACI�N DE CORRESPONDENCIA EN LAS CAJAS DE APARTADO POSTAL. Cuando se abren ointerceptan comunicaciones escritas de las cajas de apartados postales, la ley aplicable es el C�digo Penal Federal y no la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, pues este ordenamiento s�lo sanciona esas conductas cuando se verifican en piezas de correspondencia que circulan por la estafeta, esto es, en su tr�nsito desde que las conf�a al correo el remitente, hasta que son entregadas al destinatario; en tal virtud, el dep�sito que se hace de una pieza postal en las cajas de apartado del correo, significa su entrega al destinatario, ya que desde ese momento dicha pieza se entiende que est� a su absoluta disposici�n y el personal postal ya no puede, ni debe intervenir.

A. directo 355/70. J.B.L. o Anda. 31 de julio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.R.S.. Secretario: J.� de la Pe�a.

Por cuanto hace al p�rrafo d�cimo tercero del art�culo 16 constitucional, el Constituyente establece una excepci�n a la garant�a de inviolabilidad del domicilio en el tiempo de guerra, ya que en �ste los miembros del Ej�rcito podr�n exigir a los gobernados alojamiento en su domicilio particular, bagajes, alimentos y otras prestaciones, pero tal excepci�n la condiciona a los t�rminos que para el caso se prevean en la ley marcial correspondiente.

En otro aspecto, debe precisarse que el art�culo 128 constitucional establece:

Art�culo 128. Todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen.

En el precepto transcrito, el Constituyente no consagr� garant�a individual alguna, sino que, considerando que la aspiraci�n del Estado de derecho consiste en lograr la vigencia real de sus ordenamientos jur�dicos cuyo fundamento es la Constituci�n, plasm� la conveniencia de que la propia Ley Fundamental obligara a los depositarios del poder p�blico a comprometerse formalmente a cumplir su contenido, as� como el de las leyes que de ella emanaran; siendo necesario para la aplicaci�n de tal exigencia que los funcionarios p�blicos se encuentren investidos del cargo respecto del cual otorgan la protesta, toda vez que �sta viene a dar valor legal al nombramiento para que pueda ejercitarse la funci�n, pues equivale a la aceptaci�n del mismo.

Tiene aplicaci�n la siguiente tesis aislada:

"Quinta �poca

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: CXXIV

"P�gina: 723

"TRABAJADORES DEL ESTADO, ACEPTACI�N DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS.-La protesta del trabajador, en los t�rminos del art�culo 128 de la Constituci�n, para desempe�ar las labores que se le confieren en su nombramiento, equivale a la aceptaci�n del mismo.

A. directo en materia de trabajo 1186/54. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 3 de junio de 1955. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: A.G.�n N.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Por otro lado, el art�culo 133 constitucional establece:

Art�culo 133. Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la Rep�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

En este precepto constitucional tampoco se consagra una garant�a individual, sino que se establece el principio de jerarqu�a normativa, en el cual la Constituci�n y las leyes que de ella emanen, as� como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la Rep�blica con aprobaci�n del Congreso, constituyen la ley suprema de toda la uni�n, debiendo los Jueces de cada Estado, arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes de los Estados pues, independientemente de que conforme al art�culo 40 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos los Estados que constituyen la Rep�blica son libres y soberanos, dicha libertad y soberan�a se refiere a los asuntos concernientes a su r�gimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en uni�n con la Federaci�n, seg�n los principios de la Ley Fundamental, por lo que deber�n sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del C�digo Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constituci�n Local correspondiente, pero sin que ello entra�e a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el art�culo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del r�gimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Tienen aplicaci�n las siguientes tesis:

"Octava �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario J. de la Federaci�n

"N�mero: 60, diciembre de 1992

"Tesis: P. C/92

"P�gina: 27

"LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQU�A NORMATIVA.-De conformidad con el art�culo 133 de la Constituci�n, tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la Rep�blica y que est�n de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constituci�n en la jerarqu�a de las normas en el orden jur�dico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarqu�a, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las C�maras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.

"A. en revisi�n 2069/91. M.G.�a M.�nez. 30 de junio de 1992. Mayor�a de quince votos. Ponente: V.A.G.. Secretario: S.P. y L..

"El Tribunal Pleno en su sesi�n privada celebrada el martes diecisiete de noviembre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los se�ores Ministros presidente U.S.O., C. de S.N., J.T.L.C.�rdenas, M.M.G.�a, No� Casta��n Le�n, F.L.C., L.F.�ndez Doblado, V.A.G., S.A.L., I.M.�s Cal y M.G.�rrez, C.G. de L., A.G.M.�nez, J.M.V.L., F.M.F., C.G.�a V�zquez, M.A.G.�itr�n, J.D.�az R. y S.H.C.G.�rrez: aprob�, con el n�mero C/92, la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: I.M.�a C�rdenas y J.A.L.D.. M�xico, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

"Nota: Esta tesis ha sido abandonada con base en el criterio sustentado por el propio Tribunal Pleno al resolver, el 11 de mayo de 1999, el amparo en revisi�n 1475/98, promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tr�nsito A�reo, sosteniendo en dicho asunto que los tratados internacionales est�n en una jerarqu�a superior, sobre el derecho federal y el local, salvo que la Constituci�n General de la Rep�blica se�ale alg�n caso especial. Al respecto, cons�ltese la tesis P. LXXVII/99, publicada en el Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, noviembre de 1999, p�gina 46, bajo el rubro ?TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JER�RQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.?."

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: X, agosto de 1999

"Tesis: P./J. 74/99

"P�gina: 5

"CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ART�CULO 133 DE LA CONSTITUCI�N.-El texto expreso del art�culo 133 de la Constituci�n Federal previene que ?Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.?. En dicho sentido literal lleg� a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretaci�n sistem�tica del precepto y los principios que conforman nuestra Constituci�n. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que el art�culo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del r�gimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

"A. en revisi�n 1878/93. Sucesi�n intestamentaria a bienes de Mar�a A. vda. de G.. 9 de mayo de 1995. Once votos. Ponente: J.� de Jes�s G.�o P.. Secretario: A. L�pez Cruz.

"A. en revisi�n 1954/95. J.M.R.�guez V. y coags. 30 de junio de 1997. Once votos. Ponente: J.� de Jes�s G.�o P.. Secretario: M.F.G.�a.

"A. directo en revisi�n 912/98. G.K.M.. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A.�n y J.� de Jes�s G.�o P.. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: A.V.G..

"A. directo en revisi�n 913/98. R.M.R.. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A.�n y J.� de Jes�s G.�o P.. Ponente: J.� de Jes�s G.�o P.; en su ausencia, hizo suyo el proyecto G.D.G.�ngora P.. Secretario: M.�.R.G.�lez.

"A. directo en revisi�n 914/98. M.P.C. de K.. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A.�n y J.� de Jes�s G.�o P.. Ponente: J.N.S.M.. Secretaria: G.C.�o M..

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el trece de julio del a�o en curso, aprob�, con el n�mero 74/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Precisados el texto y alcances de los preceptos constitucionales que el quejoso estim� violados por el art�culo 71 de la Ley Org�nica del Poder J. del Estado de Sonora, debe precisarse el contenido de �ste:

Art�culo 71. Cuando un J. de primera instancia falte por un t�rmino menor de quince d�as al despacho del Juzgado, el primer secretario o, en su caso, el secretario del ramo civil, practicar� las diligencias y dictar� los autos de mero tr�mite y las resoluciones de car�cter urgente.-En las ausencias de los Jueces de primera instancia superiores a quince d�as, pero que no excedan de treinta, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, designar� a la persona que deba sustituirlo durante la ausencia, o bien, autorizar� al secretario referido en el p�rrafo que antecede, para que se encargue del despacho del juzgado, sin que pueda resolver en definitiva.-Las ausencias de los Jueces de primera instancia mayores de treinta d�a y las faltas absolutas de �stos, se cubrir�n con la persona que, provisionalmente, designe el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

Del precepto transcrito se desprende que el Congreso del Estado de Sonora, a fin de asegurar la inexcusable continuidad de las funciones legales de los �rganos jurisdiccionales del fuero com�n del Estado de Sonora y la consecuente prosecuci�n de los juicios que ante ellos se tramiten, estableci� para el caso de ausencias menores de quince d�as de los titulares de los Juzgados del Fuero Com�n, la obligaci�n para el primer secretario o, en su caso, el secretario del ramo civil, de suplir a dichos titulares en sus funciones, practicando las diligencias y dictando los autos de mero tr�mite y resoluciones urgentes que correspondan en los juicios de su competencia.

Como se desprende de lo anterior, el art�culo 71 de la Ley Org�nica del Poder J. de Sonora no contiene ninguna disposici�n en la que se permita que leyes posteriores vuelvan al pasado para cambiar, modificar o suprimir condiciones de legalidad de un acto o efectos de derechos individualmente adquiridos, que se realizaron bajo la vigencia de normas anteriores; o bien, que regule procedimientos en los que se omita dar oportunidad a los gobernados de exponer y probar lo que consideren conveniente en defensa de sus intereses o se contravengan las formalidades esenciales del procedimiento, se autorice la imposici�n de penas sin encontrarse las mismas o los hechos que las motivan, previstos en una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, o bien que las sentencias que se dicten en juicios civiles no sean conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de ley y, a falta de �sta, a los principios generales de derecho; por lo que ninguna transgresi�n se advierte que en dicho precepto exista en contra de las garant�as consagradas en el art�culo 14 constitucional.

Tampoco se advierte que el precepto legal en estudio contravenga lo dispuesto en el art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, pues en dicho precepto el legislador local no hizo referencia o regul� acto alguno que pudiera concluirse como de molestia para los gobernados y, menos a�n, a los que de manera precisa refiere el precepto constitucional de que se trata, a saber, �rdenes de aprehensi�n, detenci�n en casos de delito flagrante, cateos, visitas domiciliarias, intervenci�n de comunicaciones privadas o correspondencia bajo cubierta que circule por estafetas o alojamiento por el Ej�rcito en tiempo de paz en el domicilio de los gobernados.

En cuanto al art�culo 128 constitucional, si bien el legislador en el art�culo 71 de la Ley Org�nica del Poder J. del Estado de Sonora es omiso en establecer que los secretarios que deban cubrir a los titulares de los Juzgados del Fuero Com�n a los que se encuentren adscritos, entre otros casos, en sus ausencias menores de quince d�as, se encuentren obligados a prestar la protesta de guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen, tal omisi�n en nada contrar�a el esp�ritu del precepto constitucional de que se trata, pues �ste se encuentra referido para el caso de la designaci�n de los funcionarios p�blicos en el puesto de que se trate, esto es, que como titulares se encuentren investidos del cargo respecto del cual otorguen la protesta pues, como ya se dijo, en esta ejecutoria al analizar el esp�ritu del art�culo 128 constitucional dicha protesta viene a dar valor legal al nombramiento para que pueda ejercitarse la funci�n, pues equivale a la aceptaci�n del mismo, lo cual no acontece en el caso de suplencia por disposici�n de la ley, toda vez que el funcionario p�blico de que se trate no renuncia al cargo que desempe�a, sino que precisamente como una de las funciones en el desempe�o del mismo desahoga atribuciones que son propias del �rgano jurisdiccional al cual se encuentra adscrito, �nicamente durante el tiempo de ausencia autorizado por la ley y con facultades limitadas en los t�rminos de �sta, pero no desempe�a funciones de un cargo propio, con plenitud de jurisdicci�n, sino limitativamente.

Por tanto, si en el precepto legal en estudio se autoriza la suplencia de los titulares de los Juzgados del Fuero Com�n de esa entidad durante sus ausencias, entre otras, menores a quince d�as, y tal suplencia resulta ser limitativa, esto es, s�lo para el ejercicio de las funciones expresamente se�aladas en el propio precepto, como son la pr�ctica de diligencias y el dictado de autos de mero tr�mite y resoluciones urgentes que correspondan en los juicios de su competencia, es claro que al regular una suplencia y no una designaci�n en la funci�n, el legislador local no pod�a exigir al funcionario de que se trata que prestara la protesta prevista en el art�culo 128 constitucional, pues el suplente no toma posesi�n del cargo; por tanto, la omisi�n de legislar al respecto, como se ha mencionado en el caso concreto, no contrar�a lo dispuesto en el art�culo 128 constitucional.

Por �ltimo, del precepto ordinario cuya constitucionalidad se analiza no se advierte que el legislador hubiera establecido disposici�n relativa al principio de supremac�a constitucional y orden jer�rquico normativo previsto en el art�culo 133 constitucional, pues ninguna referencia hace al mismo, por lo que menos a�n puede considerarse que pudiera contrariarlo.

Por tanto, los conceptos de violaci�n hechos valer por la parte quejosa, aun suplidos en sus deficiencias, son insuficientes para demostrar que el precepto reclamado transgrede en su perjuicio las garant�as consagradas en los art�culos 14, 16, 128 y 133 constitucionales.

Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violaci�n, procede, en lo que es materia de la revisi�n y competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, negar el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal al quejoso.

NOVENO

En virtud de que la parte quejosa hace valer agravios relativos a aspectos de legalidad, procede reservar jurisdicci�n al Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, para los efectos de su competencia, que previno en el conocimiento del presente asunto.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

En la materia de la revisi�n y competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se niega el amparo y la protecci�n de la Justicia de la Uni�n a ... respecto de los actos reclamados consistentes en la promulgaci�n y publicaci�n de la Ley Org�nica del Poder J. del Estado de Sonora, en particular su art�culo 71.

SEGUNDO

Para los efectos de su competencia, se reserva jurisdicci�n al Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n rem�tanse los autos al Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito para los efectos precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As�, lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., H.R.P., J.N.S.M., ponente O.S.C. de G.�a V. y presidente J.� de Jes�s G.�o P..