Ejecutoria num. 2a./J. 27/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828404

Ejecutoria num. 2a./J. 27/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 27/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 1999
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 826/98. MAQUILAS AGRÍCOLAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.INFONAVIT. INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 6 DE ENERO DE 1997. ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO QUE LA QUEJOSA DEMUESTRE TENER TRABAJADORES A SU SERVICIO A LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 826/98. MAQUILAS AGR�COLAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO

Resulta improcedente la adhesi�n al recurso de revisi�n interpuesta por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que en el presente asunto esta autoridad carece de legitimaci�n para hacerla valer.

En efecto, en la sentencia recurrida, como se precis� en el considerando anterior, se decret� el sobreseimiento en relaci�n con los actos reclamados del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y tal determinaci�n ha quedado firme, de ah� que dicha autoridad carezca de legitimaci�n para adherirse al recurso de revisi�n interpuesto por el autorizado de la quejosa, principalmente porque los actos que se le atribuyeron no ser�n objeto de an�lisis por esta Segunda Sala.

Otra raz�n por la que se estima que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social carece de legitimaci�n para defender el sobreseimiento decretado respecto de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, radica en que el recurso de revisi�n, en este caso, s�lo pueden interponerlo las autoridades que expidieron y promulgaron el ordenamiento reclamado, atribuciones que son ajenas a la adherente.

Sirve de apoyo a la consideraci�n precedente, por analog�a, la tesis aislada integrada por el Tribunal Pleno, publicada en la p�gina 76, Primera Parte, Tomo 67, S�ptima �poca, del Semanario Judicial de la F.�n, que a continuaci�n se transcribe:

SEGURO SOCIAL, LEY DEL, FALTA DE LEGITIMACI�N PARA INTERPONER REVISI�N EN AMPARO CONTRA LA.-Trat�ndose de la Ley del Seguro Social, el instituto del mismo nombre no est� legitimado para interponer el recurso de revisi�n, en amparo contra leyes, de acuerdo con el art�culo 87 de la Ley de Amparo, por no haber sido ni autoridad expedidora, ni promulgadora de dicha ley, ni representarla en t�rminos del art�culo 19, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo mismo debe decirse de las Secretar�as de Hacienda y Cr�dito P�blico y del Trabajo y Previsi�n Social, por s�, y como representantes del presidente de la Rep�blica, en tanto no est�n facultados en t�rminos del citado art�culo 19.

En consecuencia, procede desechar la revisi�n adhesiva presentada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que sea obst�culo para ello el hecho de que se hubiese admitido por auto de la Presidencia de este Alto Tribunal, pronunciado el treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en atenci�n a que se trata de una determinaci�n de tr�mite que no causa estado.

QUINTO

De la lectura del considerando cuarto de la sentencia recurrida, se advierte una incongruencia que debe repararse oficiosamente en esta instancia, con apoyo en la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la F.�n, N�mero 79, Octava �poca, julio de 1994, p�gina 22, que a continuaci�n se transcribe:

SENTENCIAS INCONGRUENTES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO. CUANDO EL CASO LO PERMITA EL TRIBUNAL REVISOR PUEDE SUBSANAR TALES IRREGULARIDADES.-Si en la demanda de amparo se impugn� una ley con motivo de actos concretos de aplicaci�n y el Juez de Distrito sobresey� en el juicio respecto de estos �ltimos, pero en lugar de sobreseer tambi�n respecto de la ley reclamada entr� al estudio de su inconstitucionalidad, se considera que, no obstante la inoperancia de los agravios expuestos por el recurrente, el tribunal revisor puede oficiosamente subsanar esa irregularidad decretando el sobreseimiento respectivo, a efecto de evitar ejecutorias incongruentes. Debe de tomarse en cuenta, por una parte, que en los t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio y, por la otra, que si de acuerdo con el esp�ritu del art�culo 79 del citado ordenamiento es factible suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada en la cita de la garant�a cuya violaci�n reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, por mayor�a de raz�n debe conferirse esa facultad al tribunal revisor para que subsane notorias incongruencias en que haya incurrido el tribunal de primera instancia cuando el caso lo permita, puesto que con ello se cumple cabalmente con la alta funci�n encomendada al �rgano jurisdiccional.

La aplicaci�n al caso del criterio jurisprudencial transcrito es procedente y necesaria, en virtud de que el Juez de Distrito, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, se�al� que el jefe del Departamento Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en ausencia del director general, y el delegado regional I en el Estado de Sonora, del mismo instituto, manifestaron que no son ciertos los actos que se le reclaman en los t�rminos expuestos por la quejosa, sin decidir el a quo si los actos se ten�an por ciertos o por inexistentes, como lo ordena el art�culo 77, fracci�n I, de la Ley de Amparo.

Por ende, la omisi�n en que incurri� el Juez Federal constri�e a esta Segunda Sala a emitir el pronunciamiento correspondiente; para cumplir con el imperativo legal mencionado, se considera que deben tenerse como inexistentes los actos de las autoridades indicadas, en atenci�n a que en la demanda de amparo s�lo fue reclamado el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la F.�n el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, siendo evidente que tales autoridades no lo expidieron ni promulgaron, no refrendaron el decreto promulgatorio y tampoco se encargaron de su publicaci�n oficial.

En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que toca a los actos del director general y del delegado regional I en el Estado de Sonora, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

SEXTO

En el primer agravio, el recurrente, entre otros argumentos, sostiene que para acreditar su inter�s jur�dico en relaci�n con el art�culo 29, fracci�n II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no es necesario demostrar que tiene trabajadores que perciben como salario un monto superior a diez veces el salario m�nimo general vigente en el �rea de aplicaci�n, sino que es suficiente demostrar que est� obligado a cubrir aportaciones al citado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Con ese prop�sito, la quejosa anex� a su demanda copias certificadas de su registro empresarial en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (foja 33 del expediente de amparo) y del pago de aportaciones patronales y amortizaciones a cr�ditos de ese instituto, correspondiente al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, efectuado el diecisiete de julio del mismo a�o, la cual obra a foja 34 del mismo expediente.

Se estima que en el caso est� acreditado el inter�s jur�dico de la quejosa con la copia certificada del pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, relativo al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, ya que con ese documento la empresa quejosa demuestra que tiene trabajadores a su servicio y, al propio tiempo, tambi�n acredita que ya est� obligada a determinar y pagar las aportaciones patronales conforme a los preceptos reformados de la ley que rige a ese instituto, siendo evidente que fue r�gida y carente de sustento jur�dico la determinaci�n del Juez de Distrito en el sentido de que la quejosa debi� demostrar que ten�a trabajadores que perciben un salario superior a las diez veces el salario m�nimo vigente en el �rea geogr�fica de que se trata.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de esta Segunda Sala, identificada con el n�mero LXXII/98, visible en la p�gina 590, T.V., correspondiente a mayo de 1998, Novena �poca del Semanario Judicial de la F.�n, con el rubro y texto siguientes:

INFONAVIT. INTER�S JUR�DICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA REFORMA A LA LEY RELATIVA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 6 DE ENERO DE 1997. ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO QUE LA QUEJOSA DEMUESTRE TENER TRABAJADORES A SU SERVICIO A LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR.-Es suficiente para acreditar el inter�s jur�dico para promover el juicio de amparo contra el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la F.�n el 6 de enero de 1997, en vigor a partir del primero de julio de dicho a�o, que la parte quejosa demuestre que a la fecha de iniciaci�n de su vigencia tiene trabajadores a su servicio, lo que puede hacer con la documental relativa al formulario de pago de aportaciones correspondientes al tercer bimestre de 1997, pues con ello acredita que se encuentra en los supuestos de su autoaplicaci�n pues ya est� obligado a determinar y pagar las aportaciones patronales conforme a las bases establecidas en los preceptos reformados de la ley referida.

Por otra parte, la quejosa sostiene que tampoco se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el 114, fracci�n V, de la Ley de Amparo, ya que, contrariamente a lo aseverado por el a quo, s� formul� argumentos l�gico-jur�dicos para combatir la ley impugnada.

De la sentencia recurrida se obtiene que el Juez de Distrito estim� que la quejosa no plante� argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del precepto legal que reclama, ya que, dice, se limit� a se�alar como violados los art�culos 14 y 16 constitucionales, pero no propuso argumentos encaminados a demostrar la violaci�n a las garant�as contenidas en las disposiciones constitucionales mencionadas.

De la lectura de los conceptos de violaci�n propuestos, se aprecia que el representante de la empresa quejosa expres� los siguientes argumentos:

  1. Que existe contradicci�n entre el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo y el art�culo 29, fracci�n II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

  2. Que para dejar de aplicar lo dispuesto por el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo, debe seguirse el procedimiento legislativo previsto en el art�culo 72 constitucional, a fin de que aquella disposici�n sea derogada de manera expresa, pues el mencionado precepto legal constituye la ley especial en este caso, ya que regula de modo m�s espec�fico que el art�culo 28 de la Ley del Seguro Social, la fijaci�n del l�mite m�ximo salarial para el pago de las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

  3. Que el precepto impugnado transgrede lo dispuesto por el art�culo 123, fracci�n XII, constitucional, al facultar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fijar el monto de las aportaciones que al citado instituto deber�n hacer los patrones, cuando en la Constituci�n solamente prev� que administre el fondo; adem�s de que la fijaci�n de las aportaciones siempre ha sido establecida en la Ley Federal del Trabajo.

De la lectura detenida de los argumentos sintetizados en los incisos enumerados, esta Sala considera que no es acertada la decisi�n del Juez de Distrito de sobreseer porque no se propusieron conceptos de violaci�n, ya que la quejosa s� propuso razonamientos l�gico-jur�dicos encaminados a combatir la inconstitucionalidad del precepto legal que impugna; esta consideraci�n no se ve desvirtuada por el hecho de que en los argumentos aducidos se omite plantear contravenciones a la Constituci�n y comprende esencialmente problemas de ilegalidad, pues la consecuencia que esta abstenci�n tendr� puede ser la de que los conceptos se desestimen, pero no la de ocasionar el sobreseimiento en el juicio.

Adem�s, aun en el caso de que la quejosa hubiese se�alado como preceptos constitucionales violados los art�culos 14 y 16 y que los conceptos de violaci�n no tengan relaci�n alguna con la transgresi�n a los derechos p�blicos subjetivos que en dichos preceptos se tutelan, esta circunstancia, obviamente, no conduce al sobreseimiento, sobre todo si se toma en cuenta que el art�culo 79 de la Ley de Amparo establece que el juzgador de amparo deber� corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos constitucionales o legales que se estiman violados.

En consecuencia, en virtud de que la quejosa s� acredit� su inter�s jur�dico y s� propuso argumentos para combatir el precepto legal reclamado, esta Segunda Sala se aboca al estudio de las causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, que no fueron examinadas por el Juez de Distrito.

El jefe del Departamento Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en ausencia del director general, al rendir el informe justificado se�al� que este juicio de garant�as es improcedente pues la quejosa consinti� la ley reclamada, ya que reconoci� en su demanda que ha pagado las aportaciones al citado instituto y que desde la expedici�n de la ley, la cual fue publicada el veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y dos, se ha previsto el pago de las aportaciones y la forma de operar del citado instituto, por lo que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el art�culo 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo.

El citado precepto legal dispone:

"Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entra�en ese consentimiento;

XII. Contra actos consentidos t�citamente, entendi�ndose por tales aquellos contra los que no se promueve juicio de amparo dentro de los t�rminos que se se�alan en los art�culos 21, 22 y 218 ...

No se actualizan las causales de improcedencia propuestas por la autoridad citada, ya que, en lo tocante a la primera, la quejosa reclama la reforma al art�culo 29, fracci�n II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la F.�n el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que entr� en vigor el uno de julio del mismo a�o.

La impugnaci�n del citado precepto legal se hace con motivo de su entrada en vigor, es decir, la demandante lo reclama como ley autoaplicativa.

Ahora bien, los pagos de las aportaciones hechos por la quejosa, a los cuales se refiere en su demanda -espec�ficamente el relativo al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete- cuyo comprobante (formulario de pago) exhibi� en el juicio en copia certificada, se llev� a cabo con apoyo en las disposiciones anteriores que fueron reformadas, lo que se traduce en que dichos pagos no pueden servir de base para estimar que la quejosa consinti� el precepto reclamado, en atenci�n a que se refieren a obligaciones anteriores a su entrada en vigor.

Lo anterior permite establecer que tampoco se consinti� t�citamente el precepto reclamado, pues si �ste entr� en vigor el uno de julio de mil novecientos noventa y siete y la demanda se present� el once de agosto del mismo a�o, de ello deriva que la presentaci�n de la demanda es oportuna, habida cuenta de que se realiz� dentro del t�rmino de treinta d�as previsto en el art�culo 22, fracci�n II, de la Ley de Amparo.

En efecto, dicho t�rmino transcurri� del uno de julio al once de agosto de mil novecientos noventa y siete, descontando los d�as 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de julio, 2, 3, 9 y 10 de agosto del mismo a�o, que fueron inh�biles de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la F.�n.

En virtud de lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo, se revoca el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y, en consecuencia, se procede a continuaci�n al estudio de los conceptos de violaci�n formulados por la quejosa.

S�PTIMO

El representante de la sociedad quejosa expres� los siguientes conceptos de violaci�n:

�nico: La inconstitucionalidad del art�culo 29, fracci�n II, del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por violaci�n de las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, en relaci�n con la fracci�n XII del art�culo 123 constitucional.-A) Debido a la reforma citada anteriormente, el art�culo 29, fracci�n II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores qued� de la siguiente manera: ?Art. 29. Son obligaciones de los patrones: ... II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que act�en por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los t�rminos de la presente ley y sus reglamentos, as� como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integraci�n y el c�lculo de la base y l�mite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicar� lo contenido en la Ley del Seguro Social.-Estas aportaciones son gastos de previsi�n de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores.-Los patrones, al realizar el pago, deber�n proporcionar la informaci�n relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presente ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.-El registro sobre la individualizaci�n de los recursos de la subcuenta de vivienda de las subcuentas individuales de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estar� a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro, en los t�rminos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su reglamento. Lo anterior independientemente de los registros individuales que determine llevar el instituto.-Si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patr�n, el instituto devolver� al patr�n omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta.?.-Esto es, la fracci�n II del citado precepto remite expresamente a la Ley del Seguro Social para la integraci�n y el c�lculo de la base y l�mite superior salarial para el pago de las aportaciones referentes a la subcuenta de vivienda. Por su parte la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la F.�n el d�a 21 de diciembre de 1995, en el cap�tulo II, denominado ?De las bases de cotizaci�n y de las cuotas?, en su art�culo 28 se�ala precisamente que: ?Art�culo 28. Los asegurados se inscribir�n con el salario base de cotizaci�n que perciban en el momento de su afiliaci�n, estableci�ndose como l�mite superior el equivalente a 25 veces el salario m�nimo general que rija en el Distrito Federal y como l�mite inferior el salario m�nimo del �rea geogr�fica respectiva.?.-Del precepto anteriormente citado desprendemos que las aportaciones que los patrones deber�n realizar al Fondo Nacional para la Vivienda, ser�n del cinco por ciento del salario de los trabajadores al servicio de la empresa, tomando como l�mite m�ximo para la determinaci�n de dichas aportaciones la cantidad equivalente a veinticinco veces el salario m�nimo general que rija en el Distrito Federal.-Por otro lado, dentro del cap�tulo de los art�culos transitorios de la Ley del Seguro Social, el art�culo vig�simo quinto se�ala que: ?El art�culo 28 de esta ley entrar� en vigor el 1o. de enero del a�o 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida,as� como en los ramos de cesant�a y edad avanzada y vejez. Los dem�s ramos de aseguramiento tendr�n como l�mite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario m�nimo general que rija en el Distrito Federal.-A partir de la entrada en vigor de esta ley el l�mite del salario base de cotizaci�n en veces salario m�nimo para el seguro de invalidez y vida, as� como para los ramos de cesant�a en edad avanzada y vejez, ser� de quince veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentar� en un salario m�nimo por cada a�o subsecuente hasta llegar a veinticinco en el a�o 2007.?.-Vinculando lo anterior con lo citado por el art�culo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social mencionado en el sexto antecedente de la presente demanda, tenemos que la fijaci�n del l�mite superior salarial para la determinaci�n del monto de las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda, ser� de quince veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (1o. de julio de 1997), y este l�mite superior se incrementar� en un salario m�nimo por cada a�o subsecuente hasta llegar a veinticinco en el a�o de 2007.-No obstante lo anterior, tal y como lo se�alamos en la exposici�n de los antecedentes, existe el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, que de manera expresa se�ala que las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda ser�n del cinco por ciento del salario de los trabajadores al servicio de una empresa, tomando como l�mite m�ximo para la determinaci�n de dichas aportaciones, la cantidad equivalente a diez veces el salario m�nimo general del �rea geogr�fica de aplicaci�n que corresponda.-Como su Se�or�a podr� apreciar, existe una total contradicci�n entre las disposiciones referentes al l�mite m�ximo salarial para la determinaci�n de las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda, ya que por una parte la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, al remitir a la Ley del Seguro Social para la determinaci�n de dicho l�mite m�ximo salarial, lo se�ala en la cantidad de quince veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (1o. de julio de 1997), y este l�mite superior se incrementar� en un salario m�nimo por cada a�o subsecuente hasta llegar a veinticinco en el a�o de 2007, y por otro lado, la Ley Federal del Trabajo vigente se�ala por su parte que el multicitado l�mite m�ximo salarial ser� el equivalente a diez veces el salario m�nimo general del �rea geogr�fica de aplicaci�n que corresponda.-Esto es, existen dos disposiciones contradictorias entre s� que regulan una misma situaci�n jur�dica, la cual, tal y como lo hemos se�alado en los antecedentes, se trata de una situaci�n jur�dica que afecta a mi representada, pues ella est� obligada a realizar dichas aportaciones conforme a la fracci�n XII del art�culo 123 constitucional.-La contradicci�n antes se�alada causa agravios a mi representada pues la existencia simult�nea de dos normas del mismo nivel que regulen contradictoriamente la materia de la determinaci�n de los l�mites m�ximos del salario base de cotizaci�n para las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda, atenta contra los principios de legalidad, ya que viola la garant�a de seguridad jur�dica al crear una incertidumbre respecto a qu� norma debe ser obedecida o si deben ser obedecidas ambas o, por el contrario, ninguna de las dos debe obedecerse por ser mutuamente contradictorias.-La citada contradicci�n atenta adem�s contra los principios l�gicos que rigen la hermen�utica, pues no se puede sostener con pretensi�n de validez l�gica y jur�dica, la existencia simult�nea de dos proposiciones incompatibles entre s�, es decir, contradictorias.-Los anteriores razonamientos encuentran su sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia que podemos encontrar en el Semanario Judicial de la F.�n, Octava �poca, Tomo XII-Octubre, p�gina 446: ?LEYES, INTERPRETACI�N JUR�DICA DE LAS.-Conforme a los principios l�gicos que rigen en materia de hermen�utica o interpretaci�n de las leyes y de sus normas en general unas y otras han de ser ponderadas conjunta y no parcialmente, arm�nica y no aisladamente, para desentra�ar la intenci�n del legislador, resolver la cuesti�n efectivamente planteada y evitar la incongruencia o contradicci�n, que repugna a la raz�n y a la correcta administraci�n de la justicia.?.-Tambi�n resulta aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia que podemos encontrar en el Semanario Judicial de la F.�n, �poca 8a., T.V.I-Abril, tesis J/3a. 18/91, p�g. 24: ?LEYES FISCALES. LA INTERPRETACI�N SISTEM�TICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACI�N Y APLICACI�N ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.-Si bien es cierto que la interpretaci�n y aplicaci�n de las normas impositivas es estricta, tambi�n es cierto que resultar�a imposible interpretar cada precepto consider�ndolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser as�, cualquier intento estricto de interpretaci�n resultar�a infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretaci�n, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra �ndole, y un principio de hermen�utica obliga a interpretar los preceptos jur�dicos en funci�n a los dem�s que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en funci�n a los dem�s ordenamientos que integran un determinado r�gimen jur�dico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretaci�n estricta pero al fin y al cabo interpretaci�n, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistem�tica no viola el principio de interpretaci�n y aplicaci�n estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional.?.-Adem�s de resultar violatoria de la garant�a de legalidad dicha contradicci�n normativa, se presenta tambi�n una violaci�n a la legalidad que se refleja en una afectaci�n de los intereses jur�dicos de mi representada, cuando se determina mediante una nueva norma (el art�culo 29-II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores) un incremento en el monto que por concepto de aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda, pues dicho incremento atenta contra lo dispuesto en el citado art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone una cantidad inferior por conceptos de tal aportaci�n.-B) Para la formulaci�n del siguiente agravio, como antecedente hist�rico debemos se�alar lo expuesto por el Lic. L.E.�a �lvarez en el a�o de 1972, quien, en su car�cter de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en turno, al enviar la iniciativa de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Congreso de la Uni�n, en su exposici�n de motivos se�al� expresamente que: ?... El Ejecutivo Federal ha sometido ya a la consideraci�n de ese Honorable Congreso un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre las que destacan las disposiciones del t�tulo cuarto, cap�tulo III, que regula la obligaci�n patronal de contribuir a la constituci�n y operaci�n de un Fondo Nacional de la Vivienda, y los derechos que corresponden a los trabajadores.-Ahora, y en acatamiento del mandato constitucional que considera de utilidad social la expedici�n de una ley para la creaci�n de un organismo destinado a administrar ese fondo, me permito someter a vuestra soberan�a este proyecto que propone el establecimiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ...?.-Tal y como se desprende de la antes citada exposici�n de motivos, la Ley Federal del Trabajo ha sido la reguladora de lo referente a las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, y teniendo esto en cuenta, se cre� la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el objeto de que dicho instituto se encargara exclusivamente de la administraci�n del ya citado fondo y no de su regulaci�n.-En apoyo a lo anteriormente sostenido, debemos se�alar como otro antecedente hist�rico, que en la exposici�n de motivos de la iniciativa de reformas para 1986 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se se�al� expresamente lo siguiente: ?Uno de los objetivos fundamentales del Ejecutivo a mi cargo, ha sido el de propiciar la revisi�n y actualizaci�n constante de los ordenamientos legales, como tambi�n constante es la variaci�n de la realidad que demanda progresos normativos indispensables para promover el campo social.-Es con este prop�sito que me permito someter a la consideraci�n de esa soberan�a un conjunto de reformas y adiciones a diversas disposiciones, tanto de la Ley Federal del Trabajo como de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tienden a proteger y mejorar el nivel de bienestar econ�mico y social de la clase trabajadora derechohabiente del Fondo Nacional de la Vivienda y, por otra parte, procuran dotar a la instituci�n de mejores instrumentos para la realizaci�n m�s eficaz y eficiente en sus funciones ...?.-De lo antes citado su Se�or�a puede desprender entre otras cosas, que las modificaciones a las disposiciones relativas al Fondo Nacional de la Vivienda en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, han requerido de respectivas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, pues estos dos ordenamientos se encuentran �ntimamente vinculados en esa materia, y por ende no es posible modificar uno de estos ordenamientos sin afectar su contraparte. Este hecho ha sido reconocido por el Ejecutivo en anteriores ocasiones, sin embargo, la reforma actual carece de dicho reconocimiento y, por lo mismo, ha producido una contradicci�n entre lo dispuesto por las dos leyes antes mencionadas.-C) Por otro lado, es conveniente hacer ver que de las exposiciones de motivos antes citadas, as� como de lo dispuesto en el art�culo 123, fracci�n XII, p�rrafo segundo, de la Constituci�n Federal, la funci�n del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ser� la de la administraci�n de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Esto es, el instituto antes se�alado, de acuerdo con el principio general del derecho que se�ala que ?las autoridades s�lo tienen permitido hacer aquello para lo que expresamente est�n facultadas?, s�lo tiene permitido llevar a cabo aquellas funciones que le permitan cumplir con su obligaci�n de administrar los fondos citados, sin estar expresamente facultada a nivel constitucional para realizar alguna otra funci�n, como lo ser�a la determinaci�n de las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda que le corresponde administrar.-De acuerdo con lo se�alado en el p�rrafo precedente, su Se�or�a podr� apreciar que la disposici�n hoy impugnada del art�culo 29, fracci�n II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, transgrede expresamente lo dispuesto en la fracci�n XII del art�culo 123 constitucional, pues, tal y como lo hemos venido afirmando, otorga a dicho instituto la facultad de fijar el monto de las aportaciones que al citado fondo deber�n pagar los patrones, sobrepasando as� el car�cter que conforme a la Constituci�n se le confiere para exclusivamente administrar el fondo, sin poder fijar el monto de las aportaciones que los patrones deber�n realizar a �l, pues la materia de la fijaci�n de las aportaciones mencionadas, es y siempre ha sido, facultad exclusiva de la Ley Federal del Trabajo. De modo que tambi�n por esta raz�n, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al transgredir lo dispuesto por la Constituci�n en su art�culo 123, es violatoria del principio de legalidad consagrado en los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo mismo deber� ser declarada como ley inconstitucional y deber� otorgarse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal en favor de mi representada, para que las autoridades responsables no le apliquen dicha disposici�n.-D) Tambi�n resulta necesario hacer notar el hecho de que el ya citado art�culo 28 de la Ley del Seguro Social, a la cual se remite el art�culo 29-II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, no regula de manera espec�fica el caso de la determinaci�n del l�mite superior salarial para las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda, sino que regula tan s�lo el caso de los l�mites inferior y superior salariales para la determinaci�n del salario base de cotizaci�n, con el cual deben ser inscritos los asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.-Por otro lado, de una interpretaci�n contextual del art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo, se puede apreciar que este precepto se refiere de manera espec�fica a la fijaci�n del l�mite m�ximo salarial para el pago de las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda. Esto es, el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo regula de una manera m�s espec�fica que el art�culo 28 de la Ley del Seguro Social, al cual se remite expresamente el art�culo 29-II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, la determinaci�n del l�mite m�ximo salarial para el pago de las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda. Por lo mismo, para resolver la contradicci�n a la que se hizo menci�n, deber� de tomarse en cuenta el principio legal que se�ala que la ley especial prevalece por encima de la ley general.-Adem�s, cabe mencionar que de acuerdo con los principios jur�dicos generales una ley vigente s�lo puede abrogarse, reformarse o derogarse, mediante el mismo procedimiento que se utiliza para su creaci�n. De lo anterior se colige que para que se pudiese considerar el supuesto de que el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo no tiene validez y, por ende, debe considerarse como inv�lido para la fijaci�n del l�mite superior salarial para la determinaci�n de las aportaciones antes citadas, es necesario que, mediante un procedimiento legislativo acorde a lo dispuesto en el art�culo 72 constitucional, se derogue dicha disposici�n de manera expresa.-En apoyo al argumento anteriormente propuesto, encontramos la siguiente tesis jurisprudencial en el Semanario Judicial de la F.�n, S�ptima �poca, Volumen 23, Parte Sexta, p�gina 40: ?PUERTOS LIBRES. EXENCI�N DE IMPUESTOS (DEROGACI�N DE LEYES ESPECIALES).? (La transcribe).-Lo anterior conlleva de manera racional a considerar que el art�culo 29-II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores es una transgresi�n a los principios de l�gica, legalidad y seguridad jur�dica de los actos de la autoridad, y por lo mismo deber� ser declarada su inconstitucionalidad, reconociendo as� la validez de las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.-No obstante lo anteriormente se�alado, queremos hacer notar a su Se�or�a que estamos de acuerdo con el hecho de que las citadas reformas ahora impugnadas pretendan beneficiar al trabajador, y como tales les reconocemos el enorme beneficio que �stas pudiesen otorgar a la clase trabajadora en M�xico, sin embargo, es necesario hacer notar tambi�n que lo que se busca mediante la interposici�n de la presente demanda de amparo no es que no se otorguen m�s beneficios al trabajador, sino que se lleven a cabo estas labores en apego al sistema jur�dico que nos regula, pues consideramos que solamente as� se puede beneficiar al trabajador de manera segura.

OCTAVO

Como se puede apreciar de la anterior transcripci�n, la quejosa sostiene que existe contradicci�n entre el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo y el art�culo 28 de la Ley del Seguro Social, al cual remite la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en lo referente al l�mite m�ximo salarial para las aportaciones a dicho fondo.

Al respecto aclara la demandante que la existencia simult�nea de dos normas jur�dicas de igual jerarqu�a, que regulan contradictoriamente la materia relativa a los l�mites m�ximos del salario base de cotizaci�n para las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, viola las garant�as de legalidad y de seguridad jur�dica, pues crea incertidumbre respecto de cu�l norma legal es la que debe ser obedecida.

Tambi�n aduce la quejosa que para dejar de aplicar lo dispuesto por el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que se derogue siguiendo el mismo procedimiento legislativo establecido en el art�culo 72 de la Constituci�n Federal, para su formaci�n.

Pues bien, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que la inconstitucionalidad de una ley no deriva de su contradicci�n con otra ley ordinaria, sino, en todo caso, de su pugna con la Constituci�n Federal, y con independencia de que con motivo de la contradicci�n aducida se invoque la transgresi�n a las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, ya que esta contravenci�n s�lo opera en v�a de consecuencia, pero no constituye violaci�n directa a un precepto constitucional.

Resulta aplicable al respecto la tesis ejecutoria sustentada por dicho tribunal, que aparece publicada en la p�gina 921, Primera Parte, Precedentes del Pleno, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la F.�n 1917-1988, que a continuaci�n se transcribe:

LEY, CONSTITUCIONALIDAD DE LA. REQUISITO PARA SU AN�LISIS.-Para que se pueda analizar si un ordenamiento es constitucional o no, debe se�alarse el precepto de la Carta Magna con el cual pugna; requisito que no se satisface en un concepto de violaci�n en el que se sostiene que la ley combatida se encuentra en contradicci�n con otra ley ordinaria.

La anterior tesis es aplicable al caso porque la quejosa, ahora recurrente, pretende hacer derivar la inconstitucionalidad del art�culo 29, fracci�n II, primer p�rrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de su contradicci�n con el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo.

El art�culo 29, fracci�n II, primer p�rrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado por el decreto reclamado, dispone:

"Art�culo 29. Son obligaciones de los patrones:

... II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que act�en por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los t�rminos de la presente ley y sus reglamentos, as� como en lo conducente, conforme a la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integraci�n y c�lculo de la base y l�mite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicar� lo contenido en la Ley del Seguro Social.

La Ley del Seguro Social, a la que remite el precepto anteriormente transcrito, establece en sus art�culos 27, 28 y vig�simo quinto transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la F.�n el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, lo siguiente:

"Art�culo 27. Para los efectos de esta ley, el salario base de cotizaci�n se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentaci�n, habitaci�n, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad oprestaci�n que se entregue al trabajador por sus servicios.

"Se excluyen como integrantes del salario base de cotizaci�n, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

"I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;

"II. El ahorro, cuando se integre por un dep�sito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo m�s de dos veces al a�o, integrar� salario; tampoco se tomar�n en cuenta las cantidades otorgadas por el patr�n para fines sociales de car�cter sindical;

"III. Las aportaciones adicionales que el patr�n convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesant�a en edad avanzada y vejez;

"IV. Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa;

"V. La alimentaci�n y la habitaci�n cuando se entreguen en forma onerosa a trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando representen cada una de ellas, como m�nimo, el veinte por ciento del salario m�nimo general diario, que rija en el Distrito Federal;

"VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario m�nimo general diario vigente en el Distrito Federal;

"VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotizaci�n;

"VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, consider�ndose como tales las entregadas para constituir fondos de alg�n plan de pensiones establecido por el patr�n o derivado de contrataci�n colectiva. Los planes de pensiones ser�n s�lo los que re�nan los requisitos que establezca la Comisi�n Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

"IX. El tiempo extraordinario dentro de los m�rgenes se�alados en la Ley Federal del Trabajo.

"Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotizaci�n, deber�n estar debidamente registrados en la contabilidad del patr�n."

"Art�culo 28. Los asegurados se inscribir�n con el salario base de cotizaci�n que perciban en el momento de su afiliaci�n, estableci�ndose como l�mite superior el equivalente a veinticinco veces el salario m�nimo general que rija en el Distrito Federal y como l�mite inferior el salario m�nimo general del �rea geogr�fica respectiva."

"Vig�simo quinto. El art�culo 28 de esta ley entrar� en vigor el 1o. de enero del a�o 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, as� como en los ramos de cesant�a en edad avanzada y vejez. Los dem�s ramos de aseguramiento tendr�n como l�mite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario m�nimo general que rija en el Distrito Federal.

"A partir de la entrada en vigor de esta ley el l�mite del salario base de cotizaci�n en veces salario m�nimo para el seguro de invalidez y vida, as� como para los ramos de cesant�a en edad avanzada y vejez, ser� de quince veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentar� un salario m�nimo por cada a�o subsecuente hasta llegar a veinticinco en el a�o 2007."

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en su t�tulo cuarto, denominado "Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones", cap�tulo III, "Habitaciones para los trabajadores", art�culos 143 y 144, disponen:

"Art�culo 143. Para los efectos de este cap�tulo el salario a que se refiere el art�culo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentaci�n, habitaci�n, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestaci�n que se entregare al trabajador por sus servicios; no se tomar�n en cuenta dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

"a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares;

"b) El ahorro, cuando se integre por un dep�sito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por el patr�n para fines sociales o sindicales;

"c) Las aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas;

"d) La alimentaci�n y la habitaci�n cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, as� como las despensas;

"e) Los premios por asistencia;

"f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios est� pactado en forma de tiempo fijo;

"g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubren las empresas."

Art�culo 144. Se tendr� como salario m�ximo para el pago de las aportaciones el equivalente a diez veces el salario m�nimo general del �rea geogr�fica de aplicaci�n que corresponda.

Deriva de los preceptos legales transcritos que, efectivamente, el art�culo 27 de la Ley del Seguro Social, al cual remite el numeral 29, fracci�n II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no coincide, en su totalidad, en lo relativo a los conceptos que excluye como integrantes del salario base de cotizaci�n con los previstos en el numeral 143 de la Ley Federal del Trabajo; y que el art�culo quinto transitorio del decreto reclamado prev� un l�mite superior salarial diverso al establecido en el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo, pues mientras en el primer precepto citado, al remitir a la Ley del Seguro Social en la parte correspondiente a los seguros de invalidez y vida, cesant�a en edad avanzada y vejez, contempla el l�mite salarial establecido en los art�culos 28 y vig�simo quinto transitorio de dicha ley, de quince veces el salario m�nimo general que rige en el Distrito Federal al inicio de la vigencia de la ley y que se aumentar� en un salario m�nimo por cada a�o subsecuente hasta llegar a veinticinco en el a�o 2007, en el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo se establece como salario m�ximo para el pago de las aportaciones el equivalente a diez veces el salario m�nimo general del �rea geogr�fica de aplicaci�n que corresponda.

Las anteriores discrepancias, aun cuando fueron planteadas por la quejosa, ahora recurrente, como violatorias de las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, en realidad no constituyen un problema de constitucionalidad sino de mera legalidad, consistente en determinar si existe o no la contradicci�n de leyes planteada y, en su caso, cu�l debe ser aplicada.

Este criterio ha sido establecido por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia n�mero 34/1998, aprobada en la sesi�n privada celebrada el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, pendiente de publicaci�n en el Semanario Judicial de la F.�n, con el rubro y texto siguientes:

INFONAVIT. LA CONTRADICCI�N PLANTEADA ENTRE LA LEY DE DICHO INSTITUTO, REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 6 DE ENERO DE 1997, Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN CUANTO AL L�MITE SUPERIOR SALARIAL Y A LOS CONCEPTOS QUE SE EXCLUYEN DEL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE APORTACIONES PATRONALES, NO CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, SINO DE LEGALIDAD.-El planteamiento relativo a que los art�culos 29, fracci�n II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la F.�n el 6 de enero de 1997, y quinto transitorio de dicho decreto, contravienen los art�culos 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo al diferir en la regulaci�n de los conceptos que se excluyen como integrantes del salario y prever diferentes l�mites superiores salariales para efectos del pago de aportaciones patronales, no constituye un problema de constitucionalidad, sino de mera legalidad consistente en determinar si existe o no la contradicci�n de leyes planteada y, en su caso, cu�l debe ser aplicada, pues la inconstitucionalidad de una ley s�lo puede derivar de su contradicci�n con los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pero no con ordenamientos secundarios de igual jerarqu�a normativa, ello con independencia de que, como consecuencia de la contradicci�n aducida, se invoquen como violadas las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, pues es s�lo en v�a de consecuencia y no una violaci�n directa a un art�culo constitucional.

A pesar de lo expuesto en los p�rrafos precedentes, y s�lo a mayor abundamiento, debe se�alarse que no existe la contradicci�n que se plantea, en virtud de que si la ley reclamada fue emitida por el mismo �rgano legislativo que expidi� la Ley Federal del Trabajo, tienen ambas la misma jerarqu�a normativa conforme a lo dispuesto por el art�culo 133 constitucional, y si bien los dos ordenamientos regulan el mismo aspecto controvertido, debe considerarse que la ley posterior deroga a la anterior en la medida de que exista oposici�n entre lo previsto en sus normas.

As�, en primer t�rmino debe precisarse que el aparente conflicto planteado por la quejosa no se suscita con los preceptos aplicables de la Ley del Seguro Social, sino entre la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo, pues al remitir las disposiciones reclamadas a la Ley del Seguro Social, integra o adopta los elementos a los cuales remite, seg�n lo ha determinado este Tribunal Pleno en la tesis jurisprudencial 21/90, cuyo sumario dispone:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LOS ART�CULOS 2o., FRACCIONES II Y III, 3o. Y 7o. FRACCI�N II, DE LA LEY, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR EFECTUAR REMISIONES A OTRAS LEYES.-Esta Suprema Corte de Justicia ha sustentado el criterio de que no existe ning�n impedimento constitucional para que el legislador determine algunos elementos del tributo que establezca, remitiendo a los ya instituidos en otras leyes, porque, al hacerlo as�, adopta o integra esos elementos, sin que por ello demerite la certeza y seguridad jur�dica de los mismos, que es fin perseguido por el principio de legalidad tributaria. Por tanto, la particularidad de que los art�culos 2o., fracciones II y III, 3o. y 7o., fracci�n II, de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas remitan a disposiciones de otras leyes para integrar la base del tributo de m�rito, no transgrede el principio de legalidad impositiva que establece el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n." (P�gina 69, T.V., Primera Parte, Octava �poca, del Semanario Judicial de la F.�n).

Partiendo de lo dicho anteriormente, cabe se�alar que la derogaci�n expresa no es la �nica que ha sido admitida en nuestra legislaci�n nacional, de ah� que sea infundado el concepto de violaci�n en que se sostiene que s�lo de esa manera puede dejar de ser aplicable el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo, pues tambi�n cabe la derogaci�n t�cita por otra posterior cuando exista plena incompatibilidad entre sus disposiciones, como lo dispone el art�culo 9o. del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, cuando se�ala que:

Art. 9o. La ley s�lo queda abrogada o derogada por otra posterior que as� lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.

Lo anterior fue decidido por el Tribunal Pleno a trav�s de la jurisprudencia 32/1998, aprobada tambi�n en la sesi�n privada de seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, pendiente de publicaci�n en el Semanario Judicial de la F.�n, con el rubro y texto siguientes:

CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACI�N T�CITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR.-Cuando el conflicto de leyes se plantea entre una ley anterior y una posterior en la regulaci�n que realizan sobre la misma materia, si ambas tiene la misma jerarqu�a normativa, fueron expedidas por la misma autoridad legislativa y tienen el mismo �mbito espacial de vigencia, cabe concluir que no existe conflicto entre ellas, porque aun cuando no haya disposici�n derogatoria, opera el principio jur�dico de que la ley posterior deroga t�citamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles.

No es obst�culo para la conclusi�n alcanzada, en el sentido de que el texto reformado del art�culo 29, fracci�n II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al remitir a la Ley del Seguro Social respecto al l�mite superior salarial, derog� el art�culo 144 de la Ley Federal del Trabajo, el hecho de que la quejosa sostenga que �sta es la ley especial, ya que, por el contrario, es evidente que respecto de las aportaciones a dicho fondo la ley especial es la mencionada en primer t�rmino, pues es la que regula la materia descrita y establece el instituto encargado de administrarlo.

Adem�s de que, como ya se se�al�, la remisi�n que se hace en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la Ley del Seguro Social, no determina su inconstitucionalidad, pues no existe precepto constitucional que proh�ba tal remisi�n.

NOVENO

Por �ltimo, la quejosa sostiene que el precepto reclamado transgrede lo dispuesto en el art�culo 123, apartado A, fracci�n XII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, ya que faculta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a determinar las aportaciones a ese fondo, cuando de acuerdo con el art�culo constitucional citado ese organismo �nicamente est� facultado para administrarlo.

El art�culo 123, apartado A, fracci�n XII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, establece que es obligaci�n de los patrones proporcionar habitaci�n a sus trabajadores, obligaci�n que es satisfecha mediante las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las cuales son administradas por el instituto; este organismo sustituye a los patrones en el cumplimiento de dicha obligaci�n, mediante el establecimiento de un sistema de financiamiento que permite otorgar a los trabajadores cr�dito barato y suficiente para que adquieran en propiedad sus habitaciones.

El art�culo 29, fracci�n II, primer p�rrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado por el decreto reclamado, dispone:

"Art�culo 29. Son obligaciones de los patrones:

... II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que act�en por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los t�rminos de la presente ley y sus reglamentos, as� como en lo conducente, conforme a la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integraci�n y c�lculo de la base y l�mite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicar� lo contenido en la Ley del Seguro Social.

De la anterior transcripci�n se obtiene que en primer t�rmino es obligaci�n de los patrones el determinar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, siguiendo las reglas en �l precisadas.

Asimismo, es conveniente se�alar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene el car�cter de organismo fiscal aut�nomo y las obligaciones de efectuar las aportaciones, lo mismo que su cobro, participan de la naturaleza de una contribuci�n, espec�ficamente de una aportaci�n de seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 2o. del C�digo F. de la F.�n.

De lo expuesto se sigue que los patrones tienen la obligaci�n constitucional de proporcionar habitaci�n a sus trabajadores, la que es cumplida mediante las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que tales aportaciones tienen la naturaleza de contribuciones y su administraci�n corresponde al mencionado instituto.

Ahora bien, es obligaci�n del patr�n determinar sus aportaciones al fondo; sin embargo, el instituto, en su car�cter de organismo fiscal aut�nomo, tiene la facultad de verificar el cumplimiento de los patrones de la obligaci�n mencionada y el hecho de que ante su incumplimiento puede determinar las aportaciones omitidas (art�culo 30, fracci�n VI, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en su texto reformado por el decreto combatido) no viola el precepto constitucional invocado por la quejosa, ya que dentro del t�rmino administrar est� inmersa la facultad de vigilar que le sean proporcionados los recursos con los que debe contar dicho fondo para cumplir su objetivo e, incluso, ante el incumplimiento de los sujetos obligados, de alleg�rselos coactivamente.

Los planteamientos de inconstitucionalidad examinados en este considerando, han sido objeto de estudio por el Tribunal en Pleno, tanto es as� que integr� las tesis de jurisprudencia n�meros 33/1998 y 35/1998, aprobadas en la sesi�n privada correspondiente al seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, pendientes de publicaci�n en el Semanario Judicial de la F.�n, con los sumarios, respectivamente, que a continuaci�n se transcriben:

"INFONAVIT. LA REFORMA A ESA LEY POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO CONTRAVIENE EL ART�CULO 123, APARTADO A, F.X., CONSTITUCIONAL.-El texto de la fracci�n XII del apartado A del art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos (vigente quince d�as despu�s de la publicaci�n del decreto respectivo en el Diario Oficial de la F.�n el catorce de febrero de mil novecientos setenta y dos), modific� sustancialmente la obligaci�n de los patrones que el texto anterior del propio dispositivo establec�a de proporcionar a los trabajadores habitaciones c�modas e higi�nicas, pues dispone que aqu�llos deben constituir dep�sitos a favor de �stos para que adquieran las viviendas en propiedad y establece un sistema de financiamiento que permite otorgarles un cr�dito barato y suficiente; adem�s, prev� la creaci�n de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Por tanto, si son cosas distintas, el instituto, que administra los recursos del fondo, y �ste, que es un patrimonio de los trabajadores unificado al solo fin de otorgar cr�ditos baratos y suficientes para la adquisici�n de viviendas en propiedad, ha de concluirse que la reforma en examen no viola el precepto constitucional citado, como tampoco lo transgrede al establecer que si los trabajadores no hacen uso del cr�dito para adquirir viviendas puedan retirar los fondos de su propiedad, o bien, optar porque se acumulen a su fondo de pensiones, pues con ello s�lo se reconoce que esos dep�sitos son propiedad del trabajador y pueden disponer de ellos. Asimismo, el que se establezca que las aportaciones se entreguen a entidades receptoras, generalmente instituciones bancarias, que manejen el fondo de vivienda separado del fondo de pensiones, tampoco contrar�a el texto constitucional, porque esas entidades act�an por cuenta y orden del instituto, logr�ndose un saneamiento en las finanzas de �ste porque en lugar de que el Estado subsidie el rubro, se invierte el capital de lo recaudado y se generan intereses a favor de cada trabajador."

"INFONAVIT. LAS APORTACIONES PATRONALES TIENEN EL CAR�CTER DE CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL.-Del examen de lo dispuesto en el art�culo 2o. del C�digo F. dela F.�n y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se desprende que las aportaciones patronales son contribuciones, tanto por la calificaci�n formal que de ellas hace el primero de los preceptos citados al concebir como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en materia de seguridad social, o de las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado, pues las aportaciones son gastos de previsi�n social y tienen su origen en la obligaci�n que el art�culo 123, apartado A, fracci�n XII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos le impone a los patrones de proporcionar habitaciones c�modas e higi�nicas a sus trabajadores, obligaci�n que se cumple a trav�s de tales aportaciones que son administradas por el instituto a fin de establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a los trabajadores cr�dito barato y suficiente, como porque el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores constituye un organismo fiscal aut�nomo, investido de la facultad de determinar cr�ditos a cargo de los sujetos obligados y de cobrarlos sujet�ndose a las normas del C�digo F. de la F.�n, por lo que en su actuaci�n debe observar las mismas limitaciones que corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto p�blico."

Visto el resultado al que se lleg�, se impone dejar firme el sobreseimiento establecido en el considerando tercero de la sentencia sujeta a revisi�n; desechar la revisi�n adhesiva; revocar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio en t�rminos del considerando quinto y negar el amparo a la quejosa en contra del precepto legal reclamado.

Id�nticas consideraciones a las aqu� sustentadas, emiti� esta Segunda Sala, al resolver, por unanimidad de votos el A.R. 1370/98, promovido por Grupo Chamberlain, S.R.L. de C.V., en sesi�n del siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, bajo la ponencia del Ministro Juan D�az R..

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Queda firme el sobreseimiento relativo a los actos atribuidos al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al delegado estatal de ese instituto en el Estado de Sonora, en t�rminos de lo dispuesto en el considerando tercero de la presente resoluci�n.

SEGUNDO

Se desecha la revisi�n adhesiva presentada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

TERCERO

Se revoca la sentencia recurrida, en la parte sujeta a revisi�n.

CUARTO

Se sobresee respecto de los actos reclamados al director general y al delegado regional I en el Estado de Sonora, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en t�rminos del considerando quinto de esta resoluci�n.

QUINTO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Maquilas Agr�colas del Desierto S.A. de C.V., contra los actos reclamados del Congreso de la Uni�n, del presidente de la Rep�blica, del secretario de G.�n y del director del Diario Oficial de la F.�n, precisados en el resultando primero de este fallo.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, devu�lvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, arch�vese este toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros Mariano Azuela G�itr�n, G.D.G.�ngora P., G.I.O.M. y presidente y ponente S.S.A.A., estando ausente el ministro J.D.R..

Nota: Las tesis de rubros: "CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACI�N T�CITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR.", "INFONAVIT. LA REFORMA A ESA LEY POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO CONTRAVIENE EL ART�CULO 123, APARTADO A, F.X., CONSTITUCIONAL.", "INFONAVIT. LA CONTRADICCI�N PLANTEADA ENTRE LA LEY DE DICHO INSTITUTO, REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 6 DE ENERO DE 1997, Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN CUANTO AL L�MITE SUPERIOR SALARIAL Y A LOS CONCEPTOS QUE SE EXCLUYEN DEL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE APORTACIONES PATRONALES, NO CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, SINO DE LEGALIDAD.", e "INFONAVIT. LAS APORTACIONES PATRONALES TIENEN EL CAR�CTER DE CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., julio de 1998, p�gina 5, tesis P./J. 32/98; p�gina 26, tesis P./J. 33/98; p�gina 25, tesis P./J. 34/98; y p�gina 28, tesis P./J. 35/98, respectivamente.