Ejecutoria num. 2a./J. 201/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26822368

Ejecutoria num. 2a./J. 201/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 201/2006
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 186/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO.INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 186/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer la presente denuncia de contradicci�n de tesis de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Federal; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracci�n VIII y 25, fracciones I y II, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario N�mero 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicci�n se refiere a la materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis se estima que proviene de parte leg�tima, de conformidad con los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen lo siguiente:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las S. de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas S., el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidir� cu�l tesis debe prevalecer. La resoluci�n que pronuncien las S. o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr� el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n."

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

Los preceptos transcritos anteriormente, establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificaci�n de criterios, a trav�s de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, se�alan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la Rep�blica, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n la contradicci�n de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer.

En el presente asunto, la denuncia de contradicci�n de tesis la formul� el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito y como se trata de uno de los �rganos jurisdiccionales que sustent� uno de los criterios que se estiman contradictorios, debe concluirse que la presente denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima.

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito, en sesiones del seis de septiembre y cuatro de octubre de dos mil seis, resolvi� en t�rminos similares los amparos en revisi�n administrativa n�meros RA. 208/2006 y RA. 210/2006 (improcedencia); por lo que �nicamente se transcriben las consideraciones del primero de ellos, que en la parte que interesa, son las siguientes:

RA. 208/2006

QUINTO. Resultan infundados en una parte e inoperantes en otra los agravios que hace valer la parte inconforme. En los motivos de inconformidad, el recurrente se�ala que la resoluci�n dictada por el Juez de Distrito es ilegal, toda vez que el acto que reclama lo hace por vicios propios, al cuestionar que fue emitido violando las garant�as de seguridad jur�dica, fundamentaci�n y motivaci�n protegidas por los art�culos 14 y 16 constitucionales, entre otras cosas, al no haber sido emitida siguiendo las formalidades establecidas para ello y por autoridad competente. Sostiene la impugnante, que con la emisi�n del acto reclamado reciente (sic) una afectaci�n irreparable al verse afectado en sus derechos patrimoniales, pues se ver�a interrumpida su actividad diaria e incluso con el riesgo de tener que suspender actividades; que con la naturaleza del acto es evidente que conlleva da�os y perjuicios de dif�cil reparaci�n en la esfera jur�dica, ya que se somete a la vigilancia y control de sus ingresos por parte del interventor, quien no s�lo inspecciona, sino puede valorar la manera en que son utilizados los bienes, tomando medidas provisionales. En las relatadas condiciones, concluye el recurrente que el acto reclamado consistente en el oficio por el que se nombra interventor con cargo a la caja es un acto de ejecuci�n irreparable, que si bien no finaliza el procedimiento administrativo de ejecuci�n, sin embargo, se efect�a el retiro de ingresos de la empresa hasta cubrir el monto del cr�dito, lo que implica su imposible reparaci�n al no poderse reparar el tiempo en que se afect� su patrimonio. Los motivos de disenso reci�n sintetizados resultan infundados, pues como lo consider� el Juez Segundo de Distrito en el Estado de H., del an�lisis de la demanda de garant�as se advierte la existencia de la causa de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n XVI, en relaci�n con el diverso 114, fracciones II, p�rrafo segundo y III de la Ley de Amparo. Sostuvo el Juez de Distrito que el acto reclamado por la quejosa no es el �ltimo dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, pues no se trata de aquel en que se aprueba o desaprueba el remate, sin que obste que tambi�n se reclame la constitucionalidad de la ley, pues s�lo se puede reclamar cuando se reclame la resoluci�n definitiva. Tal consideraci�n del Juez Segundo de Distrito, como se adelant�, resulta correcta, pues para arribar a tal conclusi�n realiz� la interpretaci�n de los art�culos de la Ley de Amparo que se�al� y adem�s cit� la jurisprudencia 17/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., abril de 1998, visible en la p�gina 187, del rubro y texto siguientes: ?EJECUCI�N, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQU�L S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecuci�n regulado por los art�culos 145 a 196 del C�digo F. de la Federaci�n no tiene como finalidad la resoluci�n de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los t�rminos literales del art�culo 114, fracci�n II, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtenci�n ejecutiva del cumplimiento de una obligaci�n con base en una liquidaci�n firme que constituye la prueba legal de la existencia del cr�dito, de su liquidez y de su inmediata reclamaci�n y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecuci�n, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo s�lo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecuci�n fiscal la resoluci�n con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudi�ndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garant�as contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizar�a injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretaci�n relacionada de la citada fracci�n II del art�culo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates s�lo procede contra la resoluci�n definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracci�n III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intenci�n del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoci�n del juicio constitucional, los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que �stas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, trat�ndose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la �ltima resoluci�n que en aqu�l se pronuncie.?. Del contenido de la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito, se advierte que �sta es exactamente aplicable al asunto que nos ocupa, de tal manera que con ella se da contestaci�n a los motivos de disenso que hace valer la parte quejosa, m�xime que el propio Juez de Distrito transcribi� parte de la ejecutoria que le dio origen, lo que corrobor� su aplicabilidad al presente asunto. En efecto, del contenido de la ejecutoria que transcribi� el Juez de Distrito, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sostuvo en lo medular las siguientes consideraciones: a) Que debe tenerse al procedimiento administrativo de ejecuci�n, que contempla el C�digo F. de la Federaci�n, como un procedimiento seguido en forma de juicio, pues se efect�a mediante una serie de actos que tienen una inicial orientaci�n; b) Que en el procedimiento administrativo de ejecuci�n s�lo proceder� el amparo en contra de la resoluci�n que culmine con dicho procedimiento, en el que se podr�n hacer valer todas las violaciones que se cometieron en �l; c) Que dicha regla opera aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que en ese procedimiento rigen; d) Que la finalidad de dicha regla es que no se obstaculice injustificadamente la secuencia ejecutiva; y, e) Que lo anterior no implica dejar en estado de indefensi�n al gobernado, pues podr� reclamar, conjuntamente con la resoluci�n definitiva, las violaciones cometidas en el procedimiento. En ese sentido, si el quejoso se�al� como acto reclamado el oficio por el cual se nombr� interventor con cargo a la caja a Mar�a E.M.A., as� como la inconstitucionalidad del art�culo 164 del C�digo F. de la Federaci�n, que fue emitida dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n iniciado en su contra, es indudable que tal supuesto actualiza la hip�tesis a que contrae la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Es as�, pues del contenido de la documental exhibida por la parte quejosa, consistente en el nombramiento de interventor con cargo a la caja, de veinticuatro de abril de dos mil seis, se advierte que la quejosa fue requerida del pago por concepto de aportaciones y amortizaciones que omiti� enterar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que al no haber cubierto el monto de los pagos requeridos dentro del plazo legal, se requiri� de pago y se le practic� embargo sobre toda la negociaci�n el veintitr�s de marzo de dos mil seis; que al encontrarse autorizada esa autoridad para designar los depositarios, removi� a la persona designada y design� como interventor con cargo a la caja a Mar�a E.M.A.. Como se advierte, es claro que el acto reclamado fue emanado dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n y que �ste no constituye la resoluci�n definitiva en el citado procedimiento. Ahora bien, resulta infundado lo alegado por la recurrente cuando se�ala que se trata de un caso de excepci�n a la regla, pues el acto se reclama por vicios propios al constituir un acto de imposible reparaci�n. Lo anterior es as�, pues tanto la Constituci�n como la Ley de Amparo establecen las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. Los art�culos 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 114 de la Ley de Amparo, se�alan: (se transcriben). Como se advierte, la ley es clara al especificar las reglas a las que se sujetar� la procedencia del amparo indirecto, a saber: a) La primera regla, se desprende de los art�culos 107, fracci�n III, inciso b), de la Constituci�n Federal y 114, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, y consiste en que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecuci�n de imposible reparaci�n; b) La segunda regla de procedencia del juicio de amparo, se desprende de los art�culos 107, fracci�n III, inciso b), de la Constituci�n Federal y 114, fracci�n III, primer p�rrafo, de Ley de Amparo, en el sentido de que en (sic) el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, despu�s de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecuci�n de sentencia; c) La tercera regla espec�fica de procedencia se desprende de los art�culos 107, fracci�n III, inciso b), de la Constituci�n Federal y 114, fracci�n III, p�rrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio de garant�as en la v�a indirecta es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecuci�n de sentencia, s�lo en contra de la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y trat�ndose de remates s�lo podr� promoverse el juicio contra la resoluci�n definitiva en que se aprueban o desaprueban. En el asunto que se revisa, el acto reclamado, para que pudiera ser impugnado mediante el amparo indirecto, tendr�a que ubicarse necesariamente en la tercera de las reglas se�aladas, pues no existe duda en cuanto a que se trata de un acto dictado en ejecuci�n de sentencia. Sin embargo, dicha regla espec�fica de procedencia del juicio de amparo, fue instrumentada con la finalidad de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garant�as se utilizara para retardar o entorpecer la ejecuci�n de una sentencia definitiva que constitu�a verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecuci�n, sin que m�ltiples amparos la obstaculizaran y, por tanto, el legislador limit� su procedencia hasta que se dictara la resoluci�n definitiva que pusiera fin a dicho procedimiento de ejecuci�n. En el entendido de que es criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que por �ltima resoluci�n debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o t�cita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento. Por otra parte, debe decirse que las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto se�aladas con antelaci�n, no pueden adminicularse o relacionarse entre s� sin desnaturalizar los principios y reglas que rigen el juicio constitucional. Esto es, a los actos dictados dentro de juicio que causen una ejecuci�n de imposible reparaci�n, no se les pueden aplicar las reglas de los actos despu�s de concluido el juicio y en ejecuci�n de sentencia. Lo mismo sucede trat�ndose de actos dictados despu�s de concluido el juicio y de aquellos dictados en ejecuci�n de sentencia, pues bastar�a que se alegara que tales actos causan una ejecuci�n de imposible reparaci�n para que el juicio de amparo indirecto resulte procedente, pasando por alto que uno de los motivos por el cual se instrument� tal regla, fue evitar el abuso del juicio de garant�as. En esa condici�n, como se se�al�, el que la parte quejosa manifieste que el acto reclamado es de imposible reparaci�n, no hace procedente el amparo impetrado, pues dicha regla s�lo es aplicable a los actos dentro de juicio y no a los realizados en ejecuci�n de sentencia, como el que nos ocupa, en el cual la regla es espec�fica, al se�alar que s�lo contra la �ltima resoluci�n procede el amparo. Al efecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2003, p�gina 11, que es del tenor literal siguiente: ?AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPU�S DE CONCLUIDO Y EN EJECUCI�N DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los art�culos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas gen�ricas y una espec�fica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla gen�rica consiste en que �ste procede contra actos en el juicio cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constituci�n Federal, por medio de las garant�as individuales, pues esa afectaci�n o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla gen�rica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, despu�s de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecuci�n de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el M�ximo Tribunal del pa�s, gozan de autonom�a y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad l�quida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla espec�fica introducida por el legislador con el prop�sito de impedir que el juicio de garant�as sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecuci�n de unasentencia definitiva con el car�cter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la v�a indirecta podr� promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecuci�n de sentencia, s�lo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, trat�ndose de remates, contra la resoluci�n definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el m�s Alto Tribunal de la Rep�blica, la �ltima resoluci�n es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o t�cita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atenci�n a que las citadas reglas tienen aplicaci�n en diversas etapas del juicio natural, seg�n la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecuci�n, es claro que cada una de ellas es aplicable a hip�tesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre s� con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garant�as, por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecuci�n de imposible reparaci�n sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados despu�s de concluido el juicio y en ejecuci�n de sentencia, porque si as� se hiciera, el juicio de amparo indirecto ser�a procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecuci�n de imposible reparaci�n; de igual manera, a los actos dictados despu�s de concluido el juicio o en ejecuci�n de sentencia, no puede aplic�rseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastar�a que se alegara que tales actos causan una ejecuci�n de imposible reparaci�n para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrument� esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garant�as.? (Lo subrayado corresponde a este tribunal). Resultando inaplicable la tesis de rubro: ?INTERVENCI�N CON CARGO A LA CAJA DE UNA NEGOCIACI�N. PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO BIINSTANCIAL, AL NO CONSTITUIR LA �LTIMA RESOLUCI�N DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCI�N.?, pues como lo se�al� el Juez Segundo de Distrito, dicho criterio fue superado con motivo de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, invocada en la resoluci�n recurrida. Tampoco resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: ?INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. LA ORDEN DE PONERLO EN POSESI�N DE SU ENCARGO ES UN ACTO DERIVADO DE LA APROBACI�N JUDICIAL DE SU DESIGNACI�N, POR LO QUE SI �STA SE CONSINTI�, CONTRA AQUEL ACTO NO PROCEDE EL AMPARO, SALVO QUE SE COMBATA POR VICIOS PROPIOS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE JALISCO).?; pues por una parte est� referida a diversa legislaci�n que la que nos ocupa, y por la otra, se refiere a un supuesto jur�dico diferente, pues lo que se analiz� en dicho criterio es lo relativo a las causales de improcedencia referidas a actos consentidos expresa y t�citamente ...

CUARTO

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Primer Circuito, en sesi�n del veintid�s de diciembre de dos mil cuatro, dict� resoluci�n en el amparo en revisi�n RA. 411/2004-5697, las consideraciones en la parte que interesa son del tenor siguiente:

SEXTO. Es fundado y suficiente para revocar la resoluci�n recurrida, el segundo de los agravios que se (sic) hace valer la parte recurrente, de conformidad con las siguientes consideraciones: En efecto, es fundado el concepto de agravio expuesto por la parte recurrente, en el cual manifiesta que la Juez de Distrito, en la resoluci�n recurrida, no debi� sobreseer el juicio, con fundamento en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el diverso 114, fracci�n II, ambos de la Ley de Amparo, ya que si bien es cierto que el acto reclamado, consistente en la emisi�n de los acuerdos de nombramiento de interventor GF/GFDF/PAE/INT/VMQ22/10403/04 y GF/GFDF/PAE/VMQ22/10405/04, de veinte de mayo de dos mil cuatro, en los cuales se designa a Ang�lica C.S., como interventora con cargo a la caja de la empresa quejosa y sus consecuencias, no constituyen una resoluci�n definitiva dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, tambi�n lo es que dicho acto es de los que pueden tener una ejecuci�n irreparable. Para contestar el presente agravio, es necesario tener presente que los art�culos 73, fracci�n XVIII y el art�culo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, al respecto establecen lo siguiente: (se transcriben). De la interpretaci�n arm�nica de las fracciones II y IV del art�culo 114 de la Ley de Amparo, se desprende, en la especie, que la orden de intervenir una negociaci�n constituye un acto de autoridad reclamable en el amparo indirecto, en raz�n de que tal actuaci�n forma parte de un procedimiento administrativo y si bien no constituye la �ltima resoluci�n de �ste, por una raz�n an�loga a la que se prev� en trat�ndose de los actos que derivan de procedimiento seguido en forma de juicio y que generan una afectaci�n irreparable en la esfera jur�dica del gobernado, es reclamable en amparo, en la medida en que de manera directa e inmediata puede conculcar derechos sustantivos de �ste. Por similaridad de razones, debe considerarse que en los procedimientos administrativos pueden emitirse resoluciones o realizarse actos que no tienen consecuencias limitadas al �mbito procedimental, sino que por s� solos son susceptibles de ocasionar da�os imposibles de reparar en los derechos y bienes de los gobernados, caso en el cual, el juicio de amparo resulta procedente. Apoya a la anterior consideraci�n, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina doscientos setenta y ocho, T.X., febrero de dos mil tres, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: ?SUSPENSI�N EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 124 de la Ley de Amparo, la suspensi�n del acto reclamado procede siempre que se colmen los siguientes supuestos: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al inter�s social ni se contravengan disposiciones de orden p�blico; y, III. Que sean de dif�cil reparaci�n los da�os y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecuci�n del acto. En ese tenor, en el caso del nombramiento de un interventor con cargo a la caja, efectuado con motivo de la traba de un embargo en la negociaci�n por parte de las autoridades fiscales, procede decretar la suspensi�n solicitada, ya que, dada la naturaleza de las funciones propias del interventor, que se desprenden del art�culo 165 del C�digo F. de la Federaci�n, en relaci�n con el 555 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es evidente que su nombramiento conlleva da�os y perjuicios de dif�cil reparaci�n en la esfera jur�dica de la empresa intervenida, pues �sta se somete a la vigilancia y control de sus ingresos por parte del interventor, quien no s�lo inspecciona el manejo de la negociaci�n, sino que, adem�s, puede valorar si los fondos y los bienes de la empresa son utilizados convenientemente e, incluso, puede tomar medidas provisionales que redunden en las actividades propias de aqu�lla; adem�s, con la concesi�n de esta medida cautelar no se origina perjuicio alguno al inter�s social ni se contravienen disposiciones de orden p�blico, ya que los efectos legales de su otorgamiento �nicamente recaen sobre la esfera jur�dica de la empresa intervenida. Por tanto, debe estimarse procedente la suspensi�n pedida en contra del nombramiento del interventor con cargo a la caja de una negociaci�n, en la inteligencia de que el juzgador deber� resolver lo relativo a la garant�a correspondiente con base en su prudente arbitrio, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 135 de la Ley de Amparo.?. De lo anterior, se advierte que es inexacto lo que se�ala la Juez de Distrito, en el sentido de que en trat�ndose de la emisi�n de los acuerdos de nombramiento de interventor GF/GFDF/PAE/INT/VMQ22/10403/04 y GF/GFDF/PAE/VMQ22/10405/04, de veinte de mayo de dos mil cuatro, en los cuales se designa a un interventor con cargo a la caja de la empresa quejosa y sus consecuencias, �sta constituye un acto que por no considerarse colocado puntualmente en los t�rminos de la fracci�n II del art�culo 114 de la Ley de Amparo antes invocada, el juicio de garant�as deducido por la quejosa, ahora recurrente, deba considerarse improcedente, pues es inconcuso que los oficios que imponen la intervenci�n con cargo a la caja de una negociaci�n, establecen por ese solo hecho a cargo de su propietario diversas obligaciones, entre las que se destacan las consignadas en el art�culo 165 del C�digo F. de la Federaci�n, entre ellas, la de retirar de la negociaci�n intervenida el diez por ciento en dinero y observar las medidas que dicte el interventor en cuanto al manejo de la negociaci�n y las operaciones, lo cual sin lugar a dudas restringe la administraci�n que de manera natural corresponde al propietario, situaci�n que genera consecuencias de ejecuci�n imposible de reparar en relaci�n con la negociaci�n afectada y que pueden comprometer su viabilidad como empresa y su solvencia, lo que se traduce en una afectaci�n en su patrimonio y en sus derechos. De acuerdo con lo establecido, tomando en consideraci�n que la aceptaci�n del cargo de interventor con cargo a la caja constituye una de las consecuencias del acto de autoridad antes precisado, se estima que de igual manera, resulta inexacta la precisi�n de la Juez de origen, conforme a la cual sostiene que constituye un acto proveniente de un particular, ya que forma parte de un procedimiento administrativo instaurado por la autoridad exactora, raz�n por la cual necesariamente habr�a de seguir la suerte de aqu�l en lo concerniente a su procedencia. En consecuencia, al resultar fundado el agravio hecho valer, sin necesidad de estudiar el resto de argumentos que se plantean, este Tribunal Colegiado procede con fundamento en el art�culo 91, fracci�n I, de la Ley de Amparo, a revocar la resoluci�n recurrida y al no hacer valer las partes ninguna causal de improcedencia y no advirti�ndose la actualizaci�n de alguna de oficio, se procede analizar (sic) los conceptos de violaci�n.

Las consideraciones antes precisadas, dieron origen a la tesis siguiente:

"INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU NOMBRAMIENTO ES UN ACTO RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO PORQUE CONLLEVA DA�OS Y PERJUICIOS DE DIF�CIL REPARACI�N EN LA ESFERA JUR�DICA DE LA EMPRESA INTERVENIDA. La resoluci�n mediante la cual, en t�rminos de los art�culos 164 y 165 del C�digo F. de la Federaci�n, se nombra a un interventor dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, constituye un acto reclamable a trav�s del juicio de amparo indirecto con arreglo en lo dispuesto por el art�culo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, ya que si bien se trata de un acto emanado de un procedimiento administrativo y no constituye la �ltima resoluci�n dentro de �ste, debe tenerse en cuenta que puede causar una afectaci�n de imposible reparaci�n en los derechos sustantivos del contribuyente, al establecer a su cargo las obligaciones consignadas en el art�culo 165 del citado c�digo tributario, entre las que destacan la de retirar de la negociaci�n intervenida el diez por ciento de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora, as� como observar las medidas que dicte el interventor en cuanto al manejo de la negociaci�n y las operaciones, lo cual restringe la administraci�n que de manera natural corresponder�a al propietario, situaci�n que genera consecuencias de ejecuci�n irreparable en relaci�n con la negociaci�n afectada y que pueden comprometer su viabilidad como empresa, as� como su solvencia, lo que se traduce en una afectaci�n en su patrimonio y en sus derechos." (Novena �poca, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., mayo de 2005, tesis I.9o.A.91 A, p�gina 1480).

QUINTO

El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito (ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del mismo circuito), en sesi�n del diecinueve de junio de mil novecientos noventa y seis, resolvi� la improcedencia n�mero 215/96-X, las consideraciones en que fund� su resoluci�n, en la parte que interesa, son las siguientes:

QUINTO. Lo manifestado a guisa de agravios es sustancialmente fundado. Efectivamente, como se puede apreciar de autos del cuaderno auxiliar formado con motivo de la demanda interpuesta por el ahora recurrente, en su car�cter de apoderado general de la negociaci�n mercantil denominada Viajes Tampico, S., el acto reclamado a que se contrae el desechamiento materia de esta revisi�n, se hizo consistir propiamente en la resoluci�n de ocho de marzo de este mismo a�o, pronunciado por la autoridad se�alada como responsable, dentro del juicio ejecutivo mercantil n�mero 373/95 ya referido, mediante el cual la autoridad de que se trata resolvi� el recurso de revocaci�n planteado por la peticionaria de garant�as contra un diverso prove�do a trav�s del cual se ordena requerirla a fin de que se haga entrega de la negociaci�n Viajes Tampico, S., al interventor judicial designado en los autos del juicio natural. Ahora bien, el Juez de Distrito para desechar la demanda en comento, en esencia razon� que la demanda de garant�as era improcedente, de conformidad con los art�culos 73, fracci�n XVIII y 114, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, porque a su juicio el auto (sic) que se reclama, consistente en el requerimiento para que se haga entrega de la negociaci�n directamente agraviada al interventor judicial designado en los autos del juicio ejecutivo mercantil, en s� mismo no le causaba a la quejosa ning�n perjuicio de imposible reparaci�n, aduciendo que si llegara a realizarse no le ocasionar�a a la peticionaria de garant�as se repite, un perjuicio de imposible reparaci�n, determinando con apoyo en el diverso numeral 145 de la ley de la materia, desechar de plano la demanda de que se trata. El proceder del Juez de Distrito en el caso a estudio es incorrecto, habida cuenta que, contrario a su apreciaci�n, el acto reclamado de que se trata resulta obvio que afecta los derechos sustantivos de la parte solicitante de amparo, lo que se sostiene en base a que hay que tener en cuenta que como consecuencia de dicho acto se habr� de entregar al depositario interventor nombrado en el juicio ejecutivo mercantil n�mero 373/95 ya referido, la caja de la negociaci�n demandada, o sea, los dineros de esta �ltima con lo que sin duda se afectar�an sus derechos sustantivos; motivo por el cual la orden de interventor�a de una negociaci�n, es impugnable en amparo indirecto al trascender el procedimiento afectando a las personas y cosas irreparablemente. Al respecto, este tribunal comparte el criterio jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la p�gina quinientos cinco del T.V., Materia Com�n, del �ltimo Ap�ndice del Semanario Judicial de la Federaci�n, bajo el rubro: ?DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA.?, a la letra dice: ?El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el art�culo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobaci�n haga inejercitable la acci�n constitucional.?. As� las cosas, lo que procede en el caso a estudio es modificar el auto recurrido y ordenar al Juez Federal, admita la demanda de amparo �nicamente en lo tocante al acto reclamado consistente en la resoluci�n de ocho de marzo del presente a�o dictada por el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil de Tampico, Tamaulipas, en el juicio ejecutivo mercantil n�mero 373/95, referente al recurso de revocaci�n hecho valer por la empresa Viajes Tampico, S., al interventor judicial designado en el sumario civil de m�rito.

La tesis aislada que eman� de la resoluci�n anterior, es la siguiente:

"INTERVENTOR�A DE UNA NEGOCIACI�N. LA ORDEN DE, AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. La orden de interventor�a de una negociaci�n, es impugnable en amparo indirecto al trascender el procedimiento afectando a las personas y cosas irreparablemente, pues como consecuencia de dicho acto se habr� de entregar al depositario interventor nombrado en el juicio ejecutivo mercantil la caja de la negociaci�n demandada con lo que sin duda se afectar�an los derechos patrimoniales de �sta." (Novena �poca, Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, tesis XIX.2o. 13 C, p�gina 686).

SEXTO

El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en sesi�n del veintiocho de agosto de dos mil uno, resolvi� el amparo en revisi�n administrativo 297/2001, el cual, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

CUARTO. ... Por �ltimo, es pertinente aclarar que no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, que el acto que reclam� la empresa quejosa, y que hizo consistir en el embargo en grado de intervenci�n con cargo a la caja, que se pretende ejecutar mediante el retiro del 10% de los ingresos de la empresa, para hacer efectivo el cobro del cr�dito, fue decretado en el procedimiento administrativo de ejecuci�n que se instaur� en su contra, por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y que existe criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 187 del T.V.I, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, que aparece publicado bajo la voz de: ?EJECUCI�N, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQU�L S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.?, en el que se establece que el juicio de amparo s�lo puede promoverse contra la resoluci�n con que concluye el procedimiento administrativo de ejecuci�n, es decir, en contra de la definitiva en que se aprueba o desaprueba el remate, aun cuando se impugne la constitucionalidad de leyes. Sin embargo, debe estimarse que ello ocurre as�, siempre y cuando antes de concluir el procedimiento de ejecuci�n no se emita alg�n acto que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por las garant�as individuales, como acontece en la especie, en que se decret� y reclama el embargo con intervenci�n con cargo a la caja, en donde no s�lo se causa un acto de molestia, sino que tambi�n se afectan derechos patrimoniales, pues al trav�s de la misma se realiza la vigilancia de la administraci�n de la negociaci�n, y el retiro del 10% de los ingresos para enterarlos a la autoridad ejecutora; revistiendo as� la naturaleza de actos cuya ejecuci�n es de imposible reparaci�n, m�xime que trat�ndose de embargos con intervenci�n a la caja, el procedimiento de ejecuci�n no concluye con el remate de bienes, sino con el retiro de los ingresos de la empresa hasta que queda cubierto el cr�dito fiscal. Sirve de fundamento a lo considerado, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, visible en la p�gina 686 del Tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 1996, del Semanario antes mencionado, que a la letra dice: ?INTERVENTOR�A DE UNA NEGOCIACI�N. LA ORDENDE, AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. La orden de interventor�a de una negociaci�n, es impugnable en amparo indirecto al trascender el procedimiento afectando a las personas y cosas irreparablemente, pues como consecuencia de dicho acto se habr� de entregar al depositario interventor nombrado en el juicio ejecutivo mercantil la caja de la negociaci�n demandada con lo que sin duda se afectar�an los derechos patrimoniales de �sta.?. Adem�s, debe tenerse presente que si la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se ha pronunciado, considerando como constitucional el procedimiento administrativo de ejecuci�n en el que se realiza la intervenci�n con cargo a la caja de una negociaci�n, establecido en los art�culos 153 y 164 a 167 del C�digo F. de la Federaci�n, es obvio que con ello impl�citamente estim� procedente el juicio de amparo indirecto, que sobre el particular se plante�; pues de otra manera, no se justificar�a que el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver diversos recursos de revisi�n, hubiere emitido el criterio que aparece publicado en la p�gina 13 del T.V., correspondiente al mes de julio de 1997, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, bajo la voz de: ?INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA DE UNA NEGOCIACI�N EMBARGADA. LOS ART�CULOS 153 Y 164 A 167 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, EN CUANTO ESTABLECEN SU NOMBRAMIENTO Y LA OBLIGACI�N DE RETIRAR EL 10% DE LOS INGRESOS PARA ENTERARLOS A LA AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLAN EL ART�CULO 5o. CONSTITUCIONAL.?. En m�rito de lo anterior y en virtud de que la sentencia que se revisa no le causa a la recurrente los invocados agravios, lo procedente es confirmarla.

El Tribunal Colegiado al dictar su resoluci�n, emiti� el criterio siguiente:

"INTERVENCI�N CON CARGO A LA CAJA DE UNA NEGOCIACI�N. PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO BIINSTANCIAL, AL NO CONSTITUIR LA �LTIMA RESOLUCI�N DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCI�N. Es procedente el juicio biinstancial que se interponga en contra de la resoluci�n que ordene la intervenci�n con cargo a la caja de una negociaci�n, pues aun cuando con dicho acto no finaliza el procedimiento de ejecuci�n, ya que para ello es necesario el retiro de los ingresos de la empresa hasta que quede cubierto en su totalidad el monto del adeudo, de conformidad con lo que disponen los art�culos 150, 153, 164 y 165 del C�digo F. de la Federaci�n, precisamente por esta raz�n la ejecuci�n de los actos resulta de imposible reparaci�n, pues se ven afectados los derechos patrimoniales de la quejosa al descont�rsele sus ingresos hasta que quede cubierto el cr�dito fiscal. Por tanto, la contribuyente no tiene que esperar el dictado de la �ltima resoluci�n para interponer el amparo." (Novena �poca, Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., febrero de 2002, tesis VIII.3o.23 A, p�gina 833).

S�PTIMO

Atendiendo a los criterios emitidos en las diversas resoluciones en estudio, ahora corresponde verificar previamente si existe o no la contradicci�n denunciada.

Es necesario tener presente que la contradicci�n de criterios se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jur�dicos que generan la denuncia examinan cuestiones jur�dicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jur�dicos discrepantes y que, adem�s, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaci�n jur�dica de las sentencias respectivas, requiri�ndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente id�nticos.

En este caso, es aplicable al respecto la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de este M�ximo Tribunal de la Naci�n, la cual se transcribe a continuaci�n y cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76).

OCTAVO

Precisado lo anterior, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicci�n de tesis denunciada, a continuaci�n se resaltan, en resumen, las consideraciones legales en que los tribunales contendientes apoyaron los criterios que adoptaron al resolver los asuntos sometidos a su jurisdicci�n.

Para facilitar la localizaci�n de las ejecutorias que le dan sustento legal a cada uno de los criterios sostenidos por los tribunales contendientes, la s�ntesis relativa se efectuar� en el orden en que se encuentran glosadas las ejecutorias al expediente de contradicci�n; es decir, primero las relativas al Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito; en segundo lugar, la del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; en tercero, la del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito (ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito); y por �ltimo, la del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

  1. El Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito, al resolver los recursos de revisi�n administrativa 208/2006 y 210/2006 (improcedencia), arrib� a la conclusi�n de que es improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la designaci�n de interventor con cargo a la caja, dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, ya que solamente es impugnable a trav�s de tal medio la resoluci�n definitiva emitida en el citado procedimiento.

    El tribunal de referencia, sustent� su fallo en el hecho de que la ley es clara al especificar, en t�rminos de los art�culos 107, fracci�n III, de la Constituci�n Federal y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, las reglas a la que se sujetar� la procedencia del amparo indirecto.

    Una primera regla consiste en que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecuci�n de imposible reparaci�n.

    Una segunda regla consiste en que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, despu�s de concluido el juicio siempre y cuando no se dicten en ejecuci�n de sentencia.

    La tercera regla consiste en que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales administrativos o del trabajo en ejecuci�n de sentencia, s�lo en contra de la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso y trat�ndose de remates s�lo podr� promoverse el juicio contra la resoluci�n definitiva en que se aprueba o desaprueba.

    Que el acto a que se alude, necesariamente tendr�a que ubicarse en la tercera regla, por ser un acto dictado en ejecuci�n de sentencia.

    Que dicha regla se instrument� con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garant�as se utilizara para retardar o entorpecer la ejecuci�n de una sentencia definitiva que constituye la verdad legal, por lo que la sociedad est� interesada en su ejecuci�n.

    Que la Suprema Corte ha emitido criterio en el sentido de que por �ltima resoluci�n debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o t�cita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la improcedencia material o jur�dica para darle cumplimiento.

    Que las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto se�aladas no pueden adminicularse o relacionarse entre s�, sin desnaturalizarse los principios y reglas que rigen el juicio constitucional.

    Que atento a lo anterior, la circunstancia de que el acto reclamado sea de imposible reparaci�n, no hace procedente el amparo, ya que dicha regla solamente es aplicable a los actos dentro de juicio y no respecto a los realizados en ejecuci�n de sentencia.

  2. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n RA. 411/2004-5697, determin� que la designaci�n de interventor con cargo a la caja, dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, es un acto impugnable a trav�s del juicio de amparo indirecto, ya que si bien no constituye una resoluci�n definitiva dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, tambi�n lo es que es un acto que puede tener una ejecuci�n irreparable.

    La conclusi�n a la que arrib� el Tribunal Colegiado antes referido, se sustent� en las consideraciones siguientes.

    Que de la interpretaci�n arm�nica de las fracciones II y IV del art�culo 114 de la Ley de Amparo, se desprende que la orden de intervenir una negociaci�n constituye un acto de autoridad reclamable en amparo indirecto, en raz�n de que tal actuaci�n forma parte de un procedimiento administrativo y si bien no constituye la �ltima resoluci�n de �ste, por una raz�n an�loga a la que se prev� en trat�ndose de los actos que derivan de procedimiento seguido en forma de juicio y que generan una afectaci�n irreparable en la esfera jur�dica del gobernado.

    Que existen actos que por s� solos son susceptibles de ocasionar da�os de imposible reparaci�n en contra de los cuales procede el juicio de amparo indirecto, como lo es el caso que se analiza.

    Que conforme a la tesis de rubro: "SUSPENSI�N EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA.", la emisi�n de los acuerdos de nombramiento de interventor con cargo a la caja, genera consecuencias de ejecuci�n de imposible reparaci�n con la negociaci�n afectada y que pueden comprometer su viabilidad como empresa y su solvencia, por lo que resulta procedente en su contra el juicio de amparo indirecto.

  3. El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito (ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil), al analizar las actuaciones derivadas de un juicio ejecutivo mercantil, arrib� a la conclusi�n de que la designaci�n de interventor con cargo a la caja es impugnable a trav�s del juicio de amparo indirecto.

    Para arribar a tal conclusi�n, se apoy� en la circunstancia de que la designaci�n de interventor con cargo a la caja es un acto que afecta los derechos sustantivos de la parte solicitante del amparo, ya que con tal acto se habr� de entregar al depositario interventor nombrado en el juicio ejecutivo mercantil la caja de la negociaci�n demandada, o sea, los dineros de esta �ltima, con lo que sin duda se afectar�an sus derechos sustantivos.

  4. Por �ltimo, el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al dictar resoluci�n en el amparo en revisi�n 297/2001, determin� que el embargo en grado de intervenci�n a la caja es impugnable a trav�s del juicio de amparo indirecto, ya que tal acto tiene sobre las personas o las cosas una ejecuci�n de imposible reparaci�n, ya que a trav�s de tal acto se afectan derechos patrimoniales.

    La conclusi�n a que arrib� el Tribunal Colegiado de m�rito, se apoy� en las consideraciones siguientes.

    Que si bien existe criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, localizable con el rubro: "EJECUCI�N, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQU�L S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.", del que se desprende que el juicio de amparo s�lo puede promoverse contra la resoluci�n con que concluye el procedimiento administrativo de ejecuci�n, es decir, contra la sentencia definitiva en que se aprueba o desaprueba el remate, aun cuando se impugne la inconstitucionalidad de leyes, ello es as�, siempre y cuando antes de concluir el procedimiento de ejecuci�n, no se emita alg�n acto que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos, como acontece con la designaci�n de interventor con cargo a la caja, en donde no s�lo se causa un acto de molestia, sino se afectan derechos patrimoniales que se traduce en un acto de imposible reparaci�n.

    Que el procedimiento administrativo de ejecuci�n no concluye con el remate de bienes, sino con el retiro de los ingresos de la empresa, hasta que queda cubierto el cr�dito fiscal.

    Que debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se ha pronunciado, considerando como constitucional el procedimiento administrativo de ejecuci�n en el que se realiza la intervenci�n con cargo a la caja de una negociaci�n, establecido en los art�culos 153 y 164 a 167 del C�digo F. de la Federaci�n, lo que implica que impl�citamente estim� procedente el juicio de amparo indirecto sobre el problema que se plante�.

    Que el criterio de referencia tiene sustento en la tesis de rubro: "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA DE UNA NEGOCIACI�N EMBARGADA. LOS ART�CULOS 153 Y 164 A 167 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, EN CUANTO ESTABLECEN SU NOMBRAMIENTO Y LA OBLIGACI�N DE RETIRAR EL 10% DE LOS INGRESOS PARA ENTERARLOS A LA AUTORIDAD HACENDARIA NO VIOLAN EL ART�CULO 5o. CONSTITUCIONAL."

    Que, consecuentemente, la designaci�n de interventor con cargo a la caja de la negociaci�n es impugnable a trav�s del juicio de amparo indirecto.

NOVENO

Como se ha visto, los tribunales contendientes se pronunciaron sobre el mismo tema jur�dico, partiendo del an�lisis de los mismos elementos y arribaron a conclusiones opuestas, de donde se desprende que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito, en relaci�n con el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero del Octavo Circuito.

Lo anterior es as�, ya que el primero de ellos arrib� a la conclusi�n de que la designaci�n de interventor con cargo a la caja, es un acto en contra del cual resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que trat�ndose del procedimiento administrativo de ejecuci�n, solamente resulta procedente el amparo indirecto en contra de la resoluci�n �ltima.

Por su parte, los otros dos tribunales, es decir, el Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercero del Octavo Circuito, arribaron a la conclusi�n de que tal acto s� es impugnable a trav�s del juicio de amparo indirecto, por constituir un acto que genera consecuencias de ejecuci�n irreparable.

Desde luego, deber� excluirse de la presente contradicci�n el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, en virtud de que el pronunciamiento efectuado por tal cuerpo colegiado si bien es cierto se refiere al mismo tema jur�dico, es decir, la designaci�n de interventor con cargo a la caja de la negociaci�n, tal criterio proviene de un juicio de naturaleza mercantil y no fiscal como sucede con los dem�s Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que el criterio de referencia no debe participar para la emisi�n del criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia.

Conforme a lo anterior, el punto de contradicci�n de tesis consiste en determinar si la designaci�n del interventor con cargo a la caja, dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, es o no impugnable a trav�s del juicio de amparo indirecto.

D�CIMO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se apoya en las consideraciones siguientes.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha emitido por reiteraci�n jurisprudencia en el sentido de que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones dictadas en el procedimiento administrativo de ejecuci�n, puesto que s�lo procede cuando se dicte la �ltima resoluci�n que en aqu�l se pronuncie; es decir, la definitiva que apruebe o desapruebe el remate, pudi�ndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento.

El criterio de referencia se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 17/98, cuyo tenor es el siguiente:

"EJECUCI�N, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQU�L S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecuci�n regulado por los art�culos 145 a 196 del C�digo F. de la Federaci�n no tiene como finalidad la resoluci�n de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los t�rminos literales del art�culo 114, fracci�n II, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtenci�n ejecutiva del cumplimiento de una obligaci�n con base en una liquidaci�n firme que constituye la prueba legal de la existencia del cr�dito, de su liquidez y de su inmediata reclamaci�n y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecuci�n, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo s�lo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecuci�n fiscal la resoluci�n con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudi�ndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garant�as contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizar�a injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretaci�n relacionada de la citada fracci�n II del art�culo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates s�lo procede contra la resoluci�n definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracci�n III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intenci�n del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoci�n del juicio constitucional, los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que �stas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, trat�ndose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la �ltima resoluci�n que en aqu�l se pronuncie." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., abril de 1998, tesis 2a./J. 17/98, p�gina 187).

Las consideraciones legales que le dieron sustento a tal criterio, a la letra dicen:

CUARTO. Este �rgano colegiado estima infundados los agravios transcritos, de conformidad con las siguientes consideraciones. La tesis V/97 de esta Segunda Sala, en que el a quo apoy� su determinaci�n de sobreseer en el juicio de garant�as, establece:?EJECUCI�N, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQU�L, S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecuci�n regulado por los art�culos 145 a 196 del C�digo F. de la Federaci�n, no tiene como finalidad la resoluci�n de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor, no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los t�rminos literales del art�culo 114, fracci�n II, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtenci�n ejecutiva del cumplimiento de una obligaci�n con base en una liquidaci�n firme que constituye la prueba legal de la existencia del cr�dito, de su liquidez y de su inmediata reclamaci�n y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecuci�n, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo s�lo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecuci�n fiscal la resoluci�n con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudi�ndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garant�as contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizar�a injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen, ya que de la interpretaci�n relacionada de la citada fracci�n II del art�culo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates s�lo procede contra la resoluci�n definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracci�n III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intenci�n del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoci�n del juicio constitucional, los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que �stas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, trat�ndose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la �ltima resoluci�n que en aqu�l se pronuncie.?. La tesis reproducida se sostuvo al fallarse el amparo en revisi�n 2180/96, promovido por Construcciones P�rez Hermanos, Sociedad An�nima de Capital Variable, en sesi�n de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos, en el que textualmente se lee: ?Es importante tener en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecuci�n en comento es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en v�a de ejecuci�n forzosa los cr�ditos fiscales a su favor, tambi�n conocido como facultad econ�mico-coactiva. De lo dispuesto por los mencionados art�culos 145 a 196 del C�digo F. de la Federaci�n se desprende que el procedimiento administrativo de ejecuci�n se efect�a mediante una serie de actos que tienen su inicial orientaci�n en lo que dispone el art�culo 145 del C�digo F. Federal, en cuanto a que las autoridades fiscales exigir�n el pago de los cr�ditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos se�alados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecuci�n. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del cr�dito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se proceder� al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervenci�n de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el cr�dito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejar�n bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que ser�n nombrados y removidos libremente, pero bajo su responsabilidad, por los jefes de las oficinas ejecutoras. Tambi�n se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cu�les son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etc�tera, as� como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendi� la diligencia. En los mencionados art�culos se comprende tambi�n que una vez trabado el embargo se proceder� a la enajenaci�n de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su enajenaci�n, mediante los aval�os tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de com�n acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo determinado. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicaci�n al fisco, etc�tera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicaci�n y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicaci�n del producto de los bienes rematados para cubrir el cr�dito fiscal y sus accesorios legales. En conclusi�n, el procedimiento administrativo de ejecuci�n es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtenci�n, por v�a coactiva, del cr�dito fiscal debido por el deudor. Es cierto que el procedimiento de ejecuci�n es administrativo porque tanto el �rgano que lo ejecuta es la administraci�n p�blica, como porque materialmente no tiene como finalidad la resoluci�n entre partes contendientes, por lo que no teniendo como supuesto una controversia, no puede decirse, en rigor, que se trate de actos administrativos seguidos en forma de juicio, en los t�rminos literales del art�culo 114, fracci�n II, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero igualmente resulta que de la interpretaci�n relacionada de este p�rrafo con el �ltimo de la fracci�n III del mismo ordenamiento, acerca de que el amparo contra remates s�lo procede contra la resoluci�n definitiva que los apruebe o desapruebe, se infiere que operan las mismas razones para la procedencia del juicio hasta que se da la �ltima resoluci�n. En efecto, aun cuando en la hip�tesis de los preceptos reclamados no se est� en presencia de actos desarrollados en forma de juicio -como ya se indic�-, s� existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtenci�n ejecutiva del cumplimiento de una obligaci�n con base en una liquidaci�n firme, similar en esto a una sentencia ejecutoriada. As� como la sentencia es t�tulo ejecutivo, la liquidaci�n fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del cr�dito, de su liquidez y de su inmediata reclamaci�n, y como tal, dentro del procedimiento de ejecuci�n por constituir un presupuesto formal de �ste, debiendo precisarse que la ejecuci�n forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los cr�ditos fiscales que se encuentren firmes y l�quidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobaci�n. Como ilustraci�n, conviene tener presente que sobre el particular, el tratadista G.F. dice: �Esta posibilidad de acci�n directa constituye lo que en la doctrina se conoce con el nombre de car�cter ejecutorio de las resoluciones administrativas.�, y sigue diciendo: �Esta soluci�n est� fundada en la necesidad de que las atribuciones del Estado que la legislaci�n positiva ordena se realicen en forma administrativa no est�n sujetas a las trabas y dilaciones (sic) significar�an la intervenci�n de los tribunales y el procedimiento judicial.�. En otro orden se�ala que est� convencido de la absoluta necesidad de que el poder administrativo sea el que tenga en sus manos la posibilidad de hacer efectivos los impuestos, de otra manera se ver�a en apuros para poder realizar las atribuciones que le est�n encomendadas. De acuerdo con la precisada naturaleza del procedimiento administrativo de ejecuci�n en comento, se justifica que el juicio de amparo s�lo proceda hasta que se dicte en �l la resoluci�n definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, de lo cual se infiere que trat�ndose de actos administrativos dentro de un procedimiento de ejecuci�n fiscal, s�lo procede el amparo en contra de la resoluci�n con que culmina dicho procedimiento, pudi�ndose reclamar v�lidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizar�a injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen. Desde esa �ptica, debe aceptarse la interpretaci�n relacionada de las fracciones II y III del art�culo 114 de la Ley de Amparo, de la que se desprende que, en lo conducente, la intenci�n del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoci�n del juicio de garant�as, los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que �stas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese orden de ideas, como lo expuso el Juez de Distrito, en el caso debe observarse, por analog�a, la tesis n�mero V/96 sustentada por esta Segunda Sala, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo III, febrero de 1996, p�gina 263, que dice: �AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCI�N DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCI�N DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCI�N DEFINITIVA RESPECTIVA. El en (sic) art�culo 114, fracci�n III, p�rrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, el juicio de amparo indirecto s�lo podr� promoverse contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que trat�ndose de remates, s�lo podr� promoverse contra la resoluci�n definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla espec�fica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resoluci�n dictada dentro del procedimiento de ejecuci�n de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicaci�n de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame tambi�n �sta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el car�cter de cosa juzgada, cuya ejecuci�n no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resoluci�n definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, as� como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podr�n impugnarse a trav�s del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento de ejecuci�n, y si se trata del remate, contra la resoluci�n que lo apruebe o desapruebe.�. Asimismo, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 91-96, Sexta Parte, p�gina 81, que dice: �EJECUCI�N, ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE. AMPARO IMPROCEDENTE. Si en el juicio de garant�as se reclaman actos administrativos emanados de un procedimiento de ejecuci�n, ello hace improcedente el juicio constitucional, ya que trat�ndose de estos actos, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso (art�culo 114, fracci�n II, de la Ley de Amparo). Si en la transcripci�n del acto reclamado aparece que �ste se hace consistir en mandamiento de ejecuci�n, jur�dicamente dicho acto s�lo podr� reclamarse hasta que se dicte la �ltima resoluci�n en el procedimiento administrativo de ejecuci�n, todo lo cual conduce a estimar que el juicio de garant�as es improcedente atento a lo dispuesto en el art�culo 73, fracci�n XVIII, y 114, fracci�n II, ambos de la Ley de Amparo, y procede decretar el sobreseimiento en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la fracci�n III del art�culo 73 (sic) del mismo ordenamiento.�. En las condiciones relatadas, debe estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con las fracciones II y III del art�culo 114 de la misma legislaci�n, interpretadas �stas en sentido contrario; lo que conduce a sobreseer en el juicio con apoyo en lo establecido por el art�culo 74, fracci�n III, de la ley de la materia. En conclusi�n, los agravios aducidos resultan infundados y, por tanto, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisi�n.?. En el caso concreto, el a quo correctamente se apoy� en el criterio transcrito para estimar improcedente el juicio de garant�as, pues el mismo es aplicable en la medida en que la quejosa reclama los art�culos 145 a 172 del C�digo F. de la Federaci�n, correspondientes al t�tulo quinto ?De los procedimientos administrativos?, del cap�tulo III ?Del procedimiento administrativo de ejecuci�n?, con motivo de su aplicaci�n consistente en los actos del procedimiento administrativo de ejecuci�n iniciado en su contra a fin de hacer efectivos diversos cr�ditos fiscales, espec�ficamente las actas de requerimiento de pago, embargo y designaci�n de depositario que obran a fojas 14 a 28 de autos, no obstante que debi� esperar hasta el dictado de la �ltima resoluci�n dentro del procedimiento ejecutivo, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, para combatir en amparo tanto esta resoluci�n como las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. No es obst�culo a la anterior conclusi�n lo alegado por la recurrente, respecto a que el amparo se promovi� con apoyo en la fracci�n I del art�culo 114 de la Ley de Amparo, por reclamarse preceptos legales con motivo del primer acto de su aplicaci�n ocurrido dentro del procedimiento econ�mico-coactivo, as� como en el sentido de que se reclaman actos de ejecuci�n provenientes de autoridad administrativa y no de tribunales, en virtud de que el que se reclame la inconstitucionalidad de disposiciones que regulan dicho procedimiento no hace procedente el amparo, pues como se determina con claridad en el criterio un�nime establecido por este �rgano colegiado, de la interpretaci�n relacionada de la fracci�n II del art�culo 114 de la Ley de Amparo y de la fracci�n III del mismo art�culo, deriva que la intenci�n del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoci�n del juicio constitucional, los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que �stas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Lo anterior no implica derogar la fracci�n I del art�culo 114 de la Ley de Amparo ni colocar en estado de indefensi�n a los particulares, sino �nicamente el determinar con claridad que trat�ndose de actos del procedimiento administrativo de ejecuci�n, el juicio de amparo s�lo procede hasta que se dicte en ese procedimiento la resoluci�n definitiva con que culmina, pudi�ndose reclamar tanto �sta como las violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, ello a fin de no obstaculizar injustificadamente la resoluci�n ejecutiva, lo que no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de la ley que rija dicho procedimiento. Por tanto, al promoverse el amparo en contra de la resoluci�n definitiva dentro del procedimiento ejecutivo, el gobernado est� en aptitud de reclamar tanto esta resoluci�n como las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo, as� como las normas legales que estime contrarias a sus garant�as individuales que funden tanto dicha resoluci�n como los actos del procedimiento aludido. Por �ltimo, tampoco asiste raz�n al recurrente en cuanto arguye que la procedencia del amparo, en el caso que se examina, no obstaculiza el procedimiento ejecutivo, pues en todo caso debe negarse la suspensi�n para evitarlo, en primer lugar, porque l�gicamente el estimar procedente la acci�n constitucional contra cada uno de los actos del procedimiento de ejecuci�n fiscal entorpece la secuencia ejecutiva, pues se impide o retrasa su continuaci�n, cuando que la intenci�n del legislador derivada de la interpretaci�n relacionada de las fracciones II y III del art�culo 114 de la Ley de Amparo es la de evitar el entorpecimiento de los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas, aunque no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, en segundo t�rmino, porque la procedencia o improcedencia del juicio de amparo no puede derivarse de lo que pueda llegarse a determinar en relaci�n con la suspensi�n de los actos reclamados, m�xime si las reglas que rigen �sta son diversas e independientes de las relativas a la procedencia del medio de control constitucional. En consecuencia, al haber resultado infundados los agravios, debe confirmarse la sentencia recurrida que sobresee en el juicio de amparo con fundamento en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n con las fracciones II y III del art�culo 114 y la fracci�n III del art�culo 74, todos de la Ley de Amparo. ...

Como se puede advertir el criterio de referencia tiene como finalidad evitar la obstaculizaci�n de la ejecuci�n de las sentencias que tienen el car�cter de cosa juzgada, por lo que no debe admitirse el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones intermedias que se vayan emitiendo en tal procedimiento administrativo de ejecuci�n ni aun en el caso de que se reclame la inconstitucionalidad de la ley que rija tal procedimiento, ya que de lo contrario el cumplimiento de las resoluciones fiscales se har�a interminable.

No obstante lo anterior, trat�ndose de la designaci�n de interventor con cargo a la caja de la negociaci�n embargada, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, tambi�n ha emitido jurisprudencia por contradicci�n, en el sentido de que en contra de tal acto, resulta procedente la suspensi�n del acto reclamado, ya que conlleva consigo da�os y perjuicios de dif�cil reparaci�n en la esfera jur�dica de la empresa intervenida.

La jurisprudencia a que se hace m�rito es del tenor siguiente:

"SUSPENSI�N EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 124 de la Ley de Amparo, la suspensi�n del acto reclamado procede siempre que se colmen los siguientes supuestos: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al inter�s social ni se contravengan disposiciones de orden p�blico; y, III. Que sean de dif�cil reparaci�n los da�os y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecuci�n del acto. En ese tenor, en el caso del nombramiento de un interventor con cargo a la caja, efectuado con motivo de la traba de un embargo en la negociaci�n por parte de las autoridades fiscales, procede decretar la suspensi�n solicitada, ya que, dada la naturaleza de las funciones propias del interventor, que se desprenden del art�culo 165 del C�digo F. de la Federaci�n, en relaci�n con el 555 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es evidente que su nombramiento conlleva da�os y perjuicios de dif�cil reparaci�n en la esfera jur�dica de la empresa intervenida, pues �sta se somete a la vigilancia ycontrol de sus ingresos por parte del interventor, quien no s�lo inspecciona el manejo de la negociaci�n, sino que, adem�s, puede valorar si los fondos y los bienes de la empresa son utilizados convenientemente e, incluso, puede tomar medidas provisionales que redunden en las actividades propias de aqu�lla; adem�s, con la concesi�n de esta medida cautelar no se origina perjuicio alguno al inter�s social ni se contravienen disposiciones de orden p�blico, ya que los efectos legales de su otorgamiento �nicamente recaen sobre la esfera jur�dica de la empresa intervenida. Por lo tanto, debe estimarse procedente la suspensi�n pedida en contra del nombramiento del interventor con cargo a la caja de una negociaci�n, en la inteligencia de que el juzgador deber� resolver lo relativo a la garant�a correspondiente con base en su prudente arbitrio, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 135 de la Ley de Amparo." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., febrero de 2003, tesis 2a./J. 5/2003, p�gina 278).

Desde luego, las consideraciones legales que le dieron sustento a tal criterio, en lo fundamental, son las siguientes:

SEXTO. Determinado que s� existe la contradicci�n de criterios sobre la cuesti�n jur�dica especificada, debe establecerse cu�l es la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Para lo anterior, es necesario transcribir los art�culos 150, 164 y 165 del C�digo F. de la Federaci�n. ?Art�culo 150. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecuci�n para hacer efectivo un cr�dito fiscal, las personas f�sicas y las morales estar�n obligadas a pagar el 2% del cr�dito fiscal por concepto de gastos de ejecuci�n, por cada una de las diligencias que a continuaci�n se indican: I. Por el requerimiento se�alado en el primer p�rrafo del art�culo 151 de este c�digo. II. Por la de embargo, incluyendo los se�alados en los art�culos 41, fracci�n II y 141, fracci�n V de este c�digo. III. Por la de remate, enajenaci�n fuera de remate o adjudicaci�n al fisco federal. Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del cr�dito sea inferior a $222.00, se cobrar� esta cantidad en vez del 2% del cr�dito. En ning�n caso los gastos de ejecuci�n, por cada una de las diligencias a que se refiere este art�culo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la Federaci�n para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podr�n exceder de $34,813.00. Asimismo, se pagar�n por concepto de gastos de ejecuci�n, los extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecuci�n, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos se�alados en los art�culos 41, fracci�n II, y 141, fracci�n V, de este c�digo, que �nicamente comprender�n los de transporte de los bienes embargados, de aval�os, de impresi�n y publicaci�n de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones o cancelaciones en el Registro P�blico que corresponda, los erogados por la obtenci�n del certificado de liberaci�n de grav�menes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, as� como los honorarios de las personas que contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios y las contribuciones que se paguen por la Federaci�n para liberar de cualquier gravamen, bienes que sean objeto de remate. Los gastos de ejecuci�n se determinar�n por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los dem�s cr�ditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocaci�n. Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecuci�n, se destinar�n a las autoridades fiscales federales para el establecimiento de fondos de productividad y para financiar los programas de formaci�n de funcionarios fiscales, salvo que por ley est�n destinados a otros fines. Cuando las autoridades fiscales ordenen la pr�ctica de un aval�o, y �ste resulte superior en m�s de un 10% del valor declarado por el contribuyente, �ste deber� cubrir el costo de dicho aval�o.?. ?Art�culo 164. Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendr� el car�cter de interventor con cargo a la caja o de administrador. En la intervenci�n de negociaciones ser� aplicable, en lo conducente, las secciones de este cap�tulo.?. ?Art�culo 165. El interventor encargado de la caja despu�s de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y dem�s cr�ditos preferentes a que se refiere este c�digo, deber� retirar de la negociaci�n intervenida el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efect�e la recaudaci�n. Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociaci�n o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco federal, dictar� las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dar� cuenta a la oficina ejecutora, la que podr� ratificarlas o modificarlas. Si las medidas a que se refiere el p�rrafo anterior no fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenar� que cese la intervenci�n con cargo a la caja y se convierta en administraci�n, o bien se proceder� a enajenar la negociaci�n, conforme a este c�digo y las dem�s disposiciones legales aplicables.?. La lectura de los art�culos transcritos permite obtener diversas conclusiones, a saber: a) El nombramiento del interventor con cargo a la caja ocurre con motivo de la imposici�n de un embargo a una negociaci�n por parte de las autoridades fiscales, debiendo entender el embargo como un acto jur�dico administrativo que tiene por objeto precisar los bienes, valores o negociaciones que habr�n de servir para proteger y garantizar los intereses reclamados por la hacienda p�blica, respecto de una persona f�sica o moral que no ha cumplido en tiempo el pago de sus obligaciones contributivas, por lo que se origina la necesidad de requerirlo de forma coactiva. b) Con la imposici�n de un embargo sobre una negociaci�n se origina la necesidad de nombrar un depositario que tiene el car�cter de interventor con cargo a la caja, cuya actividad constituye, desde luego, una limitaci�n a los intereses patrimoniales de los particulares que no han cumplido con su deber contributivo, de tal manera que �stos se someten a la vigilancia y al control de sus ingresos por parte del interventor, por lo que es factible afirmar que, en virtud de la intervenci�n, la parte embargada no puede disponer libremente del total de sus ingresos. c) La limitaci�n patrimonial de la que se habla se refiere, desde luego, a la obligaci�n que tiene el interventor con cargo a la caja de separar las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y dem�s cr�ditos preferentes y de retirar de la negociaci�n intervenida el 10% de los ingresos en dinero y de entregarlos diariamente, o a medida en que se efect�e la recaudaci�n, en la caja de la oficina ejecutora. d) Adem�s, como el interventor con cargo a la caja informa peri�dicamente a la oficina ejecutora sobre la situaci�n que priva en la negociaci�n ejecutada con motivo de su intervenci�n, en t�rminos del tercer p�rrafo del art�culo 165 del C�digo F. de la Federaci�n, es posible que sus informes den lugar a que la ejecutora ordene que cese la intervenci�n con cargo a la caja y se convierta en administraci�n, o bien, se proceda a enajenar la negociaci�n. e) Todos los gastos que se generen con motivo del embargo, en los que est�n incluidos los del propio interventor con cargo a la caja y los de las personas que �stos contraten, deben ser cubiertos por la parte intervenida. As� pues, lo anterior revela que la naturaleza y funciones propias del interventor con cargo a la caja tienen un impacto severo en las actividades y en la libre disposici�n del patrimonio de la negociaci�n intervenida, ya que la ley faculta al interventor con cargo a la caja para vigilar, controlar y decidir, incluso, respecto de los bienes y los ingresos de la intervenida. No debe olvidarse que la instituci�n jur�dica del interventor con cargo a la caja tiene su origen en las disposiciones del derecho procesal civil, por lo que conviene traer a colaci�n el texto del art�culo 555 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para el �nico efecto de ilustrar con mayor detalle los alcances de las funciones propias del interventor con cargo a la caja. ?Art�culo 555. Si el secuestro se efect�a en una finca r�stica o en una negociaci�n mercantil o industrial, el depositario ser� mero interventor con cargo a la caja, vigilando la contabilidad y tendr� las siguientes atribuciones: I.I.� el manejo de la negociaci�n o finca r�stica en su caso, y las operaciones que en ellas respectivamente se hagan, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible; II. Vigilar� en las fincas r�sticas la recolecci�n de los frutos y su venta, y recoger� el producto de �sta; III. Vigilar� las compras y ventas de las negociaciones mercantiles, recogiendo bajo su responsabilidad el numerario; IV. Vigilar� la compra de materia prima, su elaboraci�n y la venta de los productos, en las negociaciones industriales, recogiendo el numerario y efectos de comercio para hacerlos efectivos en su vencimiento; V.M.� los fondos para los gastos de la negociaci�n o finca r�stica y cuidar� de que la inversi�n de esos fondos se haga convenientemente; VI. Depositar� el dinero que resultare sobrante, despu�s de cubiertos los gastos necesarios y ordinarios, como se previene en el art�culo 543; VII. Tomar� provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje para evitar los abusos y malos manejos en los administradores, dando inmediatamente cuenta al Juez para su ratificaci�n y en su caso para que determine lo conducente a remediar el mal.?. El contenido del art�culo aqu� transcrito refuerza la convicci�n de que el nombramiento del interventor con cargo a la caja s� origina da�os y perjuicios severos en la esfera jur�dica de la empresa intervenida, puesto que sus actos de vigilancia no s�lo se contraen a la inspecci�n del manejo de la negociaci�n respectiva, sino que, adem�s, puede valorar si los fondos y los bienes de la empresa son utilizados convenientemente, pudiendo incluso tomar medidas provisionales que redundan directamente en las actividades propias de la empresa intervenida. Ahora bien, lo hasta aqu� mencionado conduce a sostener que los actos de vigilancia, inspecci�n y decisi�n que despliega el interventor con cargo a la caja sobre la empresa intervenida �nicamente afecta la esfera jur�dica de esta, es decir, los da�os causados por la intervenci�n s�lo poseen resonancia dentro del �mbito jur�dico de la empresa intervenida. En estas condiciones, se afirma que el hecho de otorgar la suspensi�n en contra de la intervenci�n, que se materializar�a en evitar que se sigan generando los actos propios de esa instituci�n, no implicar�a necesariamente el nacimiento de los perjuicios al inter�s social que prev� el art�culo 124 de la Ley de Amparo, ya que la suspensi�n de la intervenci�n no causar�a la continuaci�n del funcionamiento de centros de vicio, de lenocinio, la producci�n y el comercio de drogas enervantes, la consumaci�n o continuaci�n de delitos, el alza de precios respecto de art�culos de primera necesidad, el impedimento de ejecuci�n de medidas para combatir epidemias de car�cter grave, el peligro de invasi�n de enfermedades ex�ticas, la campa�a contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la raza, o el incumplimiento de las �rdenes militares. En efecto, toda vez que, se insiste, no se advierte que la suspensi�n de la intervenci�n con cargo a la caja no da pie a que se cause alguno de los supuestos mencionados, puesto que, como ya se dijo, los efectos del nombramiento del interventor �nicamente recaen en la esfera jur�dica de la empresa intervenida y lo mismo ocurre en el caso de que se decrete su suspensi�n, dado que sus consecuencias jur�dicas redundar�an �nicamente en que se detengan las actividades propias del interventor nombrado, sin que se advierta la existencia de alg�n perjuicio evidente para la sociedad. Por tanto, en el momento de resolver sobre la procedencia o improcedencia de la suspensi�n solicitada, debe atenderse exclusivamente al impacto jur�dico que la intervenci�n tiene respecto de la esfera de la parte quejosa, en el entendido de que, seg�n se puso de manifiesto en p�rrafos precedentes, la intervenci�n con cargo a la caja s� genera grav�menes de dif�cil reparaci�n en el �mbito jur�dico de la empresa intervenida, por lo que en t�rminos del art�culo 124 de la Ley de Amparo, ha de afirmarse que s� procede la suspensi�n solicitada en contra del nombramiento del interventor con cargo a la caja de una empresa. Ahora bien, es necesario aclarar que, en el caso, no se emprende el examen relativo a la garant�a inherente al tema de la procedencia de la suspensi�n aqu� resuelto, dado que el aspecto de la garant�a respectiva no es materia de la contradicci�n de tesis estudiada, pues de los Tribunales Colegiados contendientes, s�lo uno de ellos, el ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se pronunci� sobre el tema, por lo que en el momento en que el juzgador deba pronunciarse al respecto, habr� de decidir lo relativo a la garant�a correspondiente con base en su prudente arbitrio, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 135 de la Ley de Amparo.

Del texto anterior, se desprende que de manera impl�cita, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha considerado que la designaci�n de interventor con cargo a la caja, dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, es impugnable a trav�s del juicio de amparo indirecto, ya que en la contradicci�n de tesis de referencia, aun cuando no se hizo pronunciamiento expreso sobre tal aspecto, s� se estableci� que tal acto origina da�os y perjuicios severos en la esfera jur�dica de la empresa intervenida, puesto que los actos de vigilancia no s�lo se contraen a la inspecci�n del manejo de la negociaci�n, sino que, adem�s, puede valorar si los fondos y los bienes de la empresa son utilizados convenientemente, pudiendo incluso tomar medidas provisionales que redundan directamente en las actividades propias de la empresa intervenida, actos susceptibles de paralizaci�n a trav�s de la suspensi�n del acto reclamado, de donde se desprende que si se declar� procedente la suspensi�n contra ese tipo de actos, es indudable que para que ello suceda de esa manera, necesariamente resulta procedente el juicio de amparo indirecto.

Adem�s, debe hacerse referencia, que ya con anterioridad al resolverse los amparos en revisi�n 1724/96 y 43/96, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, tambi�n de manera impl�cita acept� como procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la designaci�n de interventor con cargo a la caja dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n.

Lo anterior es as�, ya que de las ejecutorias relativas a los amparos en revisi�n antes citados, deriv� la tesis aislada P. CXXIV/97, del texto siguiente:

"INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA DE UNA NEGOCIACI�N EMBARGADA. LOS ART�CULOS 153 Y 164 A 167 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, EN CUANTO ESTABLECEN SU NOMBRAMIENTO Y LA OBLIGACI�N DE RETIRAR EL 10% DE LOS INGRESOS PARA ENTERARLOS A LA AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLAN EL ART�CULO 5o. CONSTITUCIONAL. Los art�culos 153, 164, 165, 166 y 167 del C�digo F. de la Federaci�n, en cuanto establecen la atribuci�n de la autoridad hacendaria de nombrar depositarios, que en el caso de negociaciones embargadas, tendr�n el car�cter de administradores o interventores con cargo a la caja, no infringen el art�culo 5o. constitucional, ya que no impiden que contin�en desarroll�ndose las actividades de la empresa, en virtud de que la finalidad que persigue la figura misma de la interventor�a es la de hacer efectivo el cr�dito fiscal, a trav�s de vigilar la buena administraci�n de la negociaci�n y, por ello, se dota al interventor de todas aquellas facultades que normalmente corresponden a la administraci�n de la sociedad, e incluso, se le obliga a poner en conocimiento de la autoridad hacendaria aquellas irregularidades que detecte y puedan poner en peligro a la negociaci�n; por otra parte, la obligaci�n del interventor de retirar el 10% de los ingresos y enterarlos a la autoridad ejecutora fiscal, tampoco es violatoria de la �ltima parte del primer p�rrafo de la disposici�n constitucional en comento, que establece ?nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci�n judicial?, en virtud de que de la interpretaci�n sistem�tica del art�culo 5o. con los diversos 31, fracci�n IV y 22 de la propia Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que en materia fiscal no s�lo la autoridad judicial es la �nica facultada para privar al gobernado del producto de su trabajo, sino tambi�n la autoridad fiscal, ya que de la obligaci�n constitucional de los gobernados de contribuir a los gastos p�blicos del Estado, nace el correlativo derecho de �ste para cobrarlos a trav�s del procedimiento administrativo de ejecuci�n, para estar en aptitud de cumplir con las funciones que la Constituci�n Pol�tica le encomienda, con la condici�n de que la contribuci�n que trate de hacerse efectiva se encuentre establecida en una ley emanada del Poder Legislativo y, en acatamiento al art�culo 16 constitucional, se haga saber al contribuyente, por medio de mandamiento escrito, el fundamento y motivo de su actuaci�n." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., julio de 1997, tesis P. CXXIV/97, p�gina 13).

Conforme a lo anterior, debe arribarse a la conclusi�n de que para resolver el fondo de la impugnaci�n vinculada con la designaci�n de interventor con cargo a la caja, se estim� procedente su impugnaci�n a trav�s del juicio de amparo indirecto.

De lo antes precisado se puede evidenciar que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido un criterio de car�cter general, en el sentido de que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones dictadas en el procedimiento administrativo de ejecuci�n, puesto que aqu�l s�lo procede en contra de la resoluci�n definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudi�ndose en ese momento reclamar todas las violaciones que se hayan cometido dentro de dicho procedimiento, dado que de lo contrario se entorpecer�a de manera constante el procedimiento de ejecuci�n haci�ndolo inagotable.

No obstante la existencia de tal criterio, se debe mencionar que si bien es cierto que la designaci�n de interventor con cargo a la caja es un acto que se efect�a dentro del referido procedimiento administrativo de ejecuci�n y atento a la regla general antes precisada, su impugnaci�n tendr�a que realizarse hasta el momento en que se emita la resoluci�n definitiva con la que concluya el procedimiento, tambi�n lo es que atendiendo a los efectos jur�dicos y el impacto severo que causa a las actividades y a la libre disposici�n del patrimonio de la negociaci�n intervenida, que pudieran traducirse en una situaci�n de perjuicio irreparable en contra del gobernado, puesto que tal acto limita la disposici�n del patrimonio, dado que queda a cargo del interventor la obligaci�n de separar las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y dem�s cr�ditos preferentes, adem�s de retirar de la negociaci�n intervenida el 10% de los ingresos en dinero y de entregarlos diariamente, o a medida en que se efect�e la recaudaci�n, en la caja de la oficina ejecutora, en t�rminos del art�culo 165 del C�digo F. de la Federaci�n. Atento a ello, por excepci�n, en contra de tal acto debe resultar procedente el juicio de amparo indirecto, ya que la intervenci�n con cargo a la caja, como ha quedadode manifiesto, puede producir efectos que dif�cilmente se podr�an reparar con posterioridad, una vez que se impugnara la resoluci�n �ltima que pusiera fin al procedimiento administrativo de ejecuci�n.

En consecuencia, no obstante que la intervenci�n con cargo a la caja forma parte del procedimiento administrativo de ejecuci�n, atendiendo a la trascendencia y perjuicios graves que puede ocasionar en el patrimonio del gobernado, por excepci�n en su contra debe resultar procedente el juicio de amparo indirecto.

Al respecto, cobra vigencia la tesis sustentada por esta Segunda Sala, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son del tenor siguiente:

"EMBARGO. ES UN ACTO DE EJECUCI�N IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, RESPECTO DEL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.-De lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n VIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 114, fracci�n IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que en contra de las violaciones que se actualicen durante el procedimiento de un juicio, procede el amparo indirecto, como excepci�n, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n, actos que de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, son los que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constituci�n Federal y no s�lo derechos adjetivos o procesales; hip�tesis en la que encuadra el embargo practicado en el juicio, dado que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del propietario del respectivo bien, en tanto le priva de la facultad de disponer plenamente de los bienes embargados, esto es, del derecho de enajenarlos (venderlos, arrendarlos, darlos en comodato, prenda o garant�a, etc�tera), adem�s de constituirse el dep�sito, se le impide el uso y disfrute de los bienes secuestrados, durante todo el tiempo que dure el juicio, lo cual no ser� susceptible de repararse, pues aun cuando el afectado obtenga sentencia favorable y se levante el embargo, esto no le restituir� de la afectaci�n de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embargo. Por consiguiente, el embargo decretado durante el juicio, en el momento en que se produce, afecta de manera irremediable derechos fundamentales contenidos en las garant�as individuales, raz�n por la cual no es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia correspondiente o se decrete el remate durante el procedimiento de ejecuci�n, para poder combatir la actuaci�n relativa mediante el juicio de amparo indirecto." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, tesis 2a. CIV/99, p�gina 227).

En atenci�n a lo antes precisado, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el cual se redacta en los t�rminos siguientes:

INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACI�N DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCI�N ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la jurisprudencia 2a./J. 17/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., abril de 1998, p�gina 187, con el rubro: "EJECUCI�N, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQU�L S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.", sostuvo que solamente procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resoluci�n con la que culmine el procedimiento administrativo de ejecuci�n, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate. Sin embargo, en atenci�n a los efectos jur�dicos y al impacto severo, que la intervenci�n con cargo a la caja, causa a las actividades y a la libre disposici�n del patrimonio de la negociaci�n, que inclusive puede traducirse en una situaci�n de perjuicio irreparable para el contribuyente, ya que tal acto limita la disposici�n de su patrimonio por quedar a cargo del interventor, en t�rminos del art�culo 165 del C�digo F. de la Federaci�n, la obligaci�n de separar las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y dem�s cr�ditos preferentes, adem�s de retirar de la negociaci�n intervenida el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida en que se efect�e la recaudaci�n, por excepci�n, la designaci�n del interventor con cargo a la caja dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n es impugnable en amparo indirecto.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

No existe la contradicci�n de tesis denunciada, por lo que respecta al criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito.

SEGUNDO

S� existe la contradicci�n de criterios por lo que se refiere a los restantes Tribunales Colegiados de Circuito aludidos en la presente ejecutoria.

TERCERO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo la tesis redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados Segundo del Vig�simo Noveno Circuito, Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito (antes Segundo), Tercero del Octavo Circuito, y a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, y en su oportunidad, arch�vese el toca relativo a la presente contradicci�n de tesis 186/2006-SS, como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros G.D.G.�ngora P., S.S.A., G.I.O.M. y presidente en funciones Juan D�az R.. Ausente la se�ora Ministra M.B.L.R. por atender comisi�n del Tribunal Pleno. Fue ponente el se�or M.S.S.A..