Ejecutoria num. 2a./J. 55/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26822940

Ejecutoria num. 2a./J. 55/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 55/2006
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 214/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.GUANAJUATO. EL IMPUESTO CEDULAR SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 9o. AL 28 DE LA LEY DE HACIENDA PARA ESE ESTADO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 214/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO, TODOS DEL D�CIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIA: MAR�A DOLORES OMA�A RAM�REZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 del Tribunal P., relativo a la determinaci�n de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, toda vez que la materia que involucra la referida denuncia es competencia de este �rgano colegiado.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de criterios fue hecha por parte leg�tima en t�rminos de lo que establece el primer p�rrafo del art�culo 197-A Ley de Amparo en atenci�n a que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito.

TERCERO

Las consideraciones que sirvieron de sustento en relaci�n con la materia de esta contradicci�n, al Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisi�n n�meros 239/2005 y 299/2005 de las cuales s�lo se transcriben las correspondientes al asunto citado en primer t�rmino, por ser id�nticas en ambos, son las siguientes:

"QUINTO. Son inoperantes en parte e infundados en otra los agravios.

"En ellos se aduce que el Juez de Distrito viol�, entre otros, los art�culos 13, 14, 16 y 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que en opini�n de la parte recurrente, el impuesto impugnado es inconstitucional.

"Son inoperantes tales argumentos.

"Ello, en atenci�n de que cuando un J.F. act�a como �rgano de control constitucional, t�cnicamente no puede analizarse, a trav�s del recurso de revisi�n, si su actuaci�n es o no violatoria de alg�n precepto constitucional, ya que si as� se hiciera, se le tratar�a como una autoridad responsable, que no es, y se atentar�a contra la naturaleza del juicio de amparo al pretenderse establecer, por medio del citado recurso, un control constitucional sobre otro control constitucional.

"En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 2/97 del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada bajo el n�mero 35, en las p�ginas 28 y 29, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dice: ?AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANT�AS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.? (se transcribe su texto).

"En otro orden de ideas, son inoperantes los agravios en la medida que no se encuentran en relaci�n con las consideraciones por las que el Juez de Distrito neg� el amparo solicitado, en relaci�n con las autoridades y actos que examin� en los considerandos tercero y s�ptimo de la sentencia recurrida.

"Ello es as�, porque para arribar a tal determinaci�n, analiz� los argumentos que se contienen en los conceptos de violaci�n que en la demanda de amparo se hicieron valer, para lo cual, con base en el contenido de los preceptos que regulan el impuesto que se tild� de inconstitucional, los razonamientos, fundamentos y tesis que estim� aplicables, concluy� que los motivos de disenso eran infundados, pues dicho tributo, manifest� el juzgador federal de primer grado:

"a) Atiende a los principios de legalidad y de equidad tributaria, en virtud de que el poder tributario de una entidad federal se encuentra delimitado. Que en el caso, la limitaci�n derivaba del Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. y los art�culos 41 y 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Que adem�s gravaba a todas las personas f�sicas que realizaban el hecho imponible, por lo que en esa categor�a no daba un trato desigual a los iguales.

"b) Que el impuesto cedular (que en la especie se impugn� en cuanto a la hip�tesis de gravar las actividades empresariales de las personas f�sicas) es equitativo en cuanto a su tasa ya que �sta es objetiva, y toma en cuenta la capacidad contributiva de cada obligado, dado que quien gana m�s, m�s tributa; que no se requiere que se haya establecido una tasa progresiva porque se trata de una contribuci�n real u objetiva que grava una manifestaci�n aislada de su riqueza.

"Esto es, que puede ser una tasa �nica porque no es necesario que se atienda a aspectos subjetivos de cada contribuyente sino a la porci�n de riqueza elegida por el Estado para ser gravada.

"c) Que la doble tributaci�n no es inconstitucional; de ah� que si se grava por la Federaci�n y por los Estados una misma fuente de riqueza o un mismo hecho, no resulte violatorio del art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"d) Que el impuesto cedular no implica un incumplimiento al Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F..

"e) Que el Estado de Guanajuato cuenta con facultades legales, derivadas de la Constituci�n Federal en sus art�culos 124 y 73, fracci�n XXIX-A, para imponer tributos al ingreso de las personas f�sicas.

"f) Que el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no viola los principios de legalidad y de certidumbre jur�dica, porque tanto la Federaci�n como las entidades federativas pueden gravar los ingresos de las personas f�sicas; que se est� ante una facultad concurrente (derivada de los art�culos 73, fracci�n XXIX-A y 124 constitucionales). Que adem�s el Estado se ver� beneficiado con las participaciones que derivan del Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F..

"En contra de esos razonamientos torales, la parte recurrente se limita a se�alar que se violan preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo; ello, porque, en opini�n del inconforme, el tributo impugnado es una ley privativa; que es desproporcional e inequitativo porque es gen�rico, sin hacer distinci�n al ingreso de las personas; que es cierto que en ning�n momento se cuestion� (en la demanda de amparo) que la doble tributaci�n estuviera prohibida por el art�culo 31, fracci�n IV, de la Carta Magna; que lo que aleg� fue en relaci�n con la tasa fija, ?y porque los impuestos cedulares no tiene cabida en el sistema de coordinaci�n nacional mexicano, por m�s que el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado lo permita?; y que no se examinaron los argumentos que expuso en sus conceptos de violaci�n (en especial en el cuarto de ellos, respecto del cual cita parte de sus argumentos), los que solicita se tengan por reproducidos, como si se insertaren a la letra.

"De la confrontaci�n de lo que fue estimado por el Juez de Distrito (en la sentencia que se revisa) y lo expresado como agravios se advierte que �stos no controvierten de manera legal los razonamientos de aqu�l, puesto que no guardan relaci�n con la apreciaci�n que el citado juzgador federal de primer grado realiz� respecto de las normas impugnadas, pues se citan m�s argumentos que los que se expresaron en los conceptos de violaci�n, al se�alarse que el impuesto impugnado es violatorio del art�culo 13 constitucional, por ser privativo; se sostiene, adem�s, que la doble tributaci�n no se cuestion�, sino se dijo que no estaba permitida porque el Estado suscribi� el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F.; que la tasa fija no es equitativa ni proporcional; y que no se examinaron sus conceptos de violaci�n, los que solicita se tengan por reproducidos.

"Si bien la parte recurrente, de manera reiterativa afirma que el impuesto cedular impugnado es inconstitucional, no indica, en relaci�n con lo que s� fue materia de la litis constitucional y lo que estim� el a quo, por qu� es que es inexacta la apreciaci�n de este �ltimo; esto es, no controvierte los motivos y fundamentos que expres� el a quo.

"Luego, no existe, como ya se dijo, una relaci�n entre los agravios y la sentencia, pues �stos soslayan impugnar, conforme a derecho, las consideraciones que sustentan esa resoluci�n.

"De ah� la inoperancia de tales agravios, sin que de ellos se pueda advertir alguna causa de pedir que ponga de manifiesto la lesi�n jur�dica que ocasiona la sentencia sujeta a revisi�n, por lo que se refiere a la totalidad de sus consideraciones que por s�, sustentan la decisi�n que en ella se contiene.

"Ello es as�, porque respecto de la tasa �nica el Juez de Distrito se�al� que era proporcional y equitativa, dado que gravar�a m�s a quienes tuvieran m�s ingresos y que no es necesario que se atienda a aspectos subjetivos de cada contribuyente sino a la porci�n de riqueza elegida por el Estado para ser gravada; adem�s respecto del Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. cit� porciones importantes, a efecto de poner de manifiesto el poder tributario del Estado y su delimitaci�n, la que, se�al�, no era inconstitucional; igualmente cit� tesis respecto de la equidad y proporcionalidad, principios que estim� no se vulneraban dado que se trataba igual a los sujetos obligados en funci�n de su capacidad contributiva.

"En contra de estos torales razonamientos del a quo, no se expresan argumentos que pongan de manifiesto una causa de pedir y la lesi�n jur�dica que ocasiona la decisi�n recurrida, de all� la inoperancia.

"O. la anterior decisi�n, la jurisprudencia del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que, bajo el n�mero 28, aparece publicada en la p�gina 24, T.V., Materia Com�n del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dice: ?AGRAVIOS EN LA REVISI�N. DEBEN ESTAR EN RELACI�N DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.? (se transcribe su texto).

"As� como la tesis 1a. XXXIII/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 40, Tomo XV, mayo de 2002, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que expresa: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.? (se transcribe su texto).

"De igual forma, la jurisprudencia compartida del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, impresa bajo el n�mero 595, en la p�gina 395, T.V., Materia Com�n del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: ?AGRAVIOS INOPERANTES. EN EL RECURSO DE REVISI�N.? (se transcribe su texto).

"As� pues, al no exponerse propiamente argumentos que puedan calificarse que controvierten de manera directa los razonamientos del a quo, es que se califican de inoperantes los argumentos en estudio, pues como ya se expuso, de ellos no deriva una causa de pedir que los controvierta.

"En este sentido, conviene se�alar que el Tribunal P. ha establecido que esa causa de pedir debe derivar de los agravios, los que deben combatir las consideraciones que por s� sustentan la sentencia recurrida.

"Al efecto, se cita la jurisprudencia P./J. 69/2000, de ese Alto �rgano, que aparece en la p�gina 5, Tomo XII, agosto de 2000, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a continuaci�n se transcribe, haciendo �nfasis en la parte relativa: ?AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCI�N IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.?

"Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., septiembre de 1998, p�gina 323, cuyo rubro es: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANT�AS LA CAUSA DE PEDIR.? (se transcribe su texto).

"Resta se�alar en relaci�n con este tema, que las manifestaciones que sin fundamento hace la parte recurrente, no bastan para desvirtuar la presunci�n de la constitucionalidad de una norma.

"En apoyo de lo anterior, se cita la tesis 1a. I/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, impresa en la p�gina 309, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que expresa: ?LEYES. LA EXPRESI�N DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCI�N DE SU CONSTITUCIONALIDAD.? (se transcribe su texto).

"Luego, la parte recurrente estaba obligada a combatir la respuesta que se le dio a los conceptos de violaci�n y no solicitar que se le tuviera por reiterados, pues con ello no se ocup� de impugnar la respuesta que se dio en la sentencia recurrida.

"La reiteraci�n, transcripci�n o petici�n de que se tengan por reproducidos los conceptos de violaci�n no puede estimarse como una causa de pedir contra la sentencia recurrida, as� deriva de la jurisprudencia 1a./J. 6/2003 de la Primera Sala del m�s Alto Tribunal del pa�s, que aparece en la p�gina 43, T.X., febrero de 2003, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que prescribe: ?AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISI�N. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACI�N, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.? (se transcribe su texto).

"En otro orden de ideas, se se�ala que el impuesto cedular impugnado viola el art�culo 13 constitucional, porque es una ley privativa.

"En principio, en suplencia del error, con apoyo en el art�culo 79 de la Ley de Amparo se precisa que atendiendo a la cuesti�n verdaderamente planteada, la garant�a que se dice fue violada no es la que invoca la parte quejosa, sino la prevista en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Esta suplencia del error (que no de los conceptos de violaci�n) se realiza con fundamento en el citado numeral de la Ley de Amparo, as� como en las siguientes tesis del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"La primera, es la P. XLVIII/98, aparece en la p�gina 69, T.V., mayo de 1998, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta; la segunda, aparece impresa bajo el n�mero 31, en la p�gina 26, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice editado en el a�o 2000, que por su orden, a continuaci�n se transcriben:

"?ERRORES NUM�RICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANAL�GICAMENTE EL ART�CULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.? (se transcribe su texto).

"?AGRAVIOS EN LA REVISI�N. LA FALTA DE CITA DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES VIOLADOS, NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS.? (se transcribe su texto).

"El quejoso reitera, en sus agravios, que el impuesto cedular no cumple con el principio de equidad tributaria, porque s�lo grava a las personas f�sicas.

"Son infundados sus argumentos.

"Ahora bien, no le asiste la raz�n al peticionario de la protecci�n federal, en cuanto argumenta que el impuesto cedular de que se trata conculca el aludido principio de equidad tributaria.

"Para arribar a lo antes dicho, se requiere definir, de entrada, qu� es el poder tributario.

"El poder tributario o soberan�a tributaria se refiere a la facultad del Estado para crear tributos.

"Es una facultad del Estado, en virtud de la cual puede imponer, a los particulares, la obligaci�n de aportar parte de su riqueza para el ejercicio de las atribuciones que le est�n encomendadas.

"El Estado precisa de ingresos para cumplir con sus funciones.

"Una de las formas de allegarse de recursos es a trav�s de las contribuciones.

"Por ello la Carta Magna, en su art�culo 31, fracci�n IV, se�ala como obligaci�n de los mexicanos, el contribuir para los gastos p�blicos.

"Ese precepto constitucional emplea el verbo contribuir, en atenci�n a que pretende expresar dicha obligaci�n, de manera colectiva, entre los gobernados que se ubiquen en los supuestos legales aplicables, a fin de que se consiga, mediante su asignaci�n al gasto p�blico, el bienestar com�n.

"Adem�s, porque los mexicanos contribuimos no s�lo a trav�s de los impuestos, sino tambi�n por medio de otras formas que contempla el art�culo 2o. del C�digo F. de la Federaci�n, el cual establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

"Es con base en la potestad tributaria en comentario, como el �rgano titular de la misma (normalmente el Poder Legislativo) establece la contribuci�n y todos sus elementos.

"Por otro lado, esa potestad existe en los siguientes niveles de gobierno: Federaci�n y Estados.

"Y aunque los M. est�n facultados para recaudar impuestos a la propiedad ra�z, ello no implica que puedan imponer tributos a la misma; ya que el art�culo 115 constitucional les limita, mas no les confiere aquella potestad tributaria.

"Los Ayuntamientos est�n impedidos, legalmente, para establecer contribuciones, as� como alg�n elemento esencial de las mismas.

"Podr�n proponer, s�, a las Legislaturas Locales valores unitarios, tasas, tarifas o cuotas, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal; pero ser�n las propias legislaturas las que gravar�n o legislar�n.

"Asimismo, el poder tributario puede ser originario o delegado.

"Es originario cuando nace originalmente de la Constituci�n y, por ende, no se recibe de ninguna otra entidad. Como es caso de la Federaci�n y de los Estados: quienes tienen un poder tributario originario.

"Es delegado cuando la entidad pol�tica lo posee, porque le ha sido transmitido por otra entidad que tiene poder originario.

"Esta clasificaci�n la contempla S.F. de la Garza, en su obra ?Derecho Financiero Mexicano? (d�cima quinta edici�n, Editorial Porr�a, M�xico, 1988, p�gina 209).

"A mayor abundamiento, el poder tributario se distribuye, dentro de nuestro pa�s, en la Federaci�n y en los Estados.

"Para ello, se atiende, en primer t�rmino, a lo que establece la Constituci�n General de la Rep�blica.

"Es as� que, su art�culo 73, en las fracciones VII, X, XXIX, establece ese poder tributario concedido a la Federaci�n.

"Respecto del poder tributario de las entidades federativas, el mismo tiene limitaciones, por as� derivar de los art�culos 73, fracciones X, XXIX, 117, fracciones IV, V, VI, VII, IX, 118, fracci�n I y 131 de la Carta Magna.

"A continuaci�n se transcriben esos numerales:

"?Art�culo 73.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 117.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 118.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 131.? (se transcribe su texto).

"Se destaca la importancia de la fracci�n XXIX del art�culo 73 constitucional, por cuanto que se refiere al poder tributario, en las materias reservadas a la Federaci�n.

"Los art�culos 117, en sus fracciones IV, V, VI, VII y IX, y 131 ambos de la Constituci�n Federal limitan el poder tributario de los Estados, ya que sobre los supuestos ah� contemplados no podr�n imponer contribuci�n alguna.

"Mientras que el art�culo 118, fracci�n I, de la propia Carta Magna establece una prohibici�n relativa, debido a que puede existir la autorizaci�n del Congreso de la Uni�n, para que una entidad federativa grave los supuestos que en esa fracci�n se se�alan, mismos que se refieren al comercio exterior.

"Igualmente, para establecer el poder tributario conferido por la Constituci�n Federal, a los Estados, debe analizarse el art�culo 124 de la misma.

"?Art�culo 124.? (se transcribe su texto).

"En ese ordende ideas, queda claro que los Estados est�n facultados para ejercer su poder tributario, cuando la materia sobre la que se gravar� no est� contenida en la fracci�n XXIX del art�culo 73 constitucional, en las fracciones IV, V, VI, VII y IX del art�culo 117 o en el 131 del mismo ordenamiento; asimismo, requerir�n autorizaci�n, respecto de las materias a que alude el art�culo 118, fracci�n I, de la propia Carta Magna; y en cuanto a las dem�s materias y supuestos podr�n legislar, en cuyo caso, existir� facultad concurrente (en tanto que la Federaci�n tambi�n puede hacerlo al no estarle prohibido por alg�n precepto).

"N. el criterio, en lo conducente, y de manera particular, por cuanto ve a la facultad concurrente, las tesis aisladas n�meros P. XV/2003 y P. XXXI/99 visible la primera, en la p�gina 33 del T.X.I, septiembre de 2003; y la segunda, en la p�gina 14 del Tomo IX, mayo de 1999; ambos Tomos del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, P., Novena �poca; y que, por su orden, dicen:

"?JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA FACULTAD PARA IMPONER CONTRIBUCIONES EN ESTA MATERIA CORRESPONDE TANTO A LA FEDERACI�N COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR SER DE NATURALEZA CONCURRENTE.? (se transcribe su texto).

"?HOSPEDAJE. EL ART�CULO 41, FRACCI�N I, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO AFECTA EL INTER�S JUR�DICO DE LOS PRESTADORES DE ESE SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL, EN RELACI�N CON LA OBLIGACI�N DE PAGAR EL IMPUESTO LOCAL PREVISTO RESPECTO DE ESA PRESTACI�N.? (se transcribe su texto).

"Y son aplicables, tambi�n en lo conducente, las jurisprudencias n�meros P./J. 15/98 y P./J. 14/98 publicadas, respectivamente, con los n�meros 138 y 232, en las p�ginas 174 y 278 del Tomo I del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Materia Constitucional; las cuales, por su orden, rezan:

"?COMERCIO. LA POTESTAD TRIBUTARIA EN TAL MATERIA ES CONCURRENTE CUANDO RECAE SOBRE COMERCIO EN GENERAL, Y CORRESPONDE EN FORMA EXCLUSIVA A LA FEDERACI�N CUANDO TIENE POR OBJETO EL COMERCIO EXTERIOR, POR LO QUE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES QUE RECAIGAN SOBRE AQU�L NO IMPLICAN UNA INVASI�N DE ESFERAS.? (se transcribe su texto).

"?HOSPEDAJE. LAS LEYES LOCALES QUE ESTABLECEN IMPUESTOS CUYO HECHO IMPONIBLE CONSISTE EN LA PRESTACI�N DE TAL ACTIVIDAD, NO IMPLICAN UNA INVASI�N A LA POTESTAD TRIBUTARIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACI�N.? (se transcribe su texto).

"En suma, este Tribunal Colegiado estima que la facultad para gravar el ingreso de las personas f�sicas corresponde, tanto a la Federaci�n como a los Estados; es decir, se trata de una facultad concurrente, puesto que no constituye una potestad conferida, en exclusiva, a la Federaci�n, de conformidad con los preceptos acabados de transcribir y comentar.

"Luego, deviene incuestionable que la Legislatura Local estuvo en posibilidad legal de establecer el tributo reclamado, esto es, el impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales.

"Es oportuno resaltar que la facultad expresa del Congreso del Estado de Guanajuato para imponer contribuciones, deriva del art�culo 63, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica para dicha entidad federativa en cuanto previene que es facultad del Congreso Local examinar, discutir y aprobar, anualmente, el presupuesto de egresos del Estado presentado por el gobernador, previa aprobaci�n de la Ley de Ingresos respectiva.

"Y es que al facultarse, expresamente, al mencionado Congreso, para aprobar, tanto el presupuesto de egresos como la Ley de Ingresos relativa, es inconcuso que tambi�n se le faculta para imponer contribuciones, sobretodo, cuando estas -contribuciones- son el contenido de esa ley.

"En complemento de lo predicho, cabe hacer hincapi� que el r�gimen de facultades expresas que prevalece en el orden jur�dico mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que en un solo precepto o con determinadas palabras se establezcan las atribuciones de la autoridad, pues ello har�a prevalecer un sistema de interpretaci�n literal que no es id�neo para la aplicaci�n del derecho.

"Como apoyo de lo anterior se reproduce, a continuaci�n, parte del considerando quinto de la ejecutoria que resolvi� el amparo en revisi�n 1051/95, en sesi�n plenaria celebrada por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor siguiente:

"(se transcribe su texto).

"Evidenciada la facultad originaria de la Legislatura Local para imponer contribuciones, como el impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales; gravamen que se estableci�, entre otros, en los numerales 9o., fracci�n I, 13 y 14 de la Ley de Hacienda, y 4o., inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2005, ambos ordenamientos para el Estado de Guanajuato; este Tribunal Colegiado procede, en l�neas subsecuentes, a verter los razonamientos por las cuales considera que el aludido impuesto no resulta violatorio del principio de equidad tributaria, a que se contrae el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal.

"De entrada, a fin de comprender el se�alado principio, es conveniente transcribir las jurisprudencias n�meros P./J. 41/97, P./J. 42/97 y P./J. 24/2000, sustentadas por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visibles, respectivamente, con los n�meros 198, 197 y 251 en las p�ginas 240, 239 y 296 del Tomo I del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Materia Constitucional; y que, por su orden, a la letra indican:

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.? (se transcribe su texto).

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES.? (se transcribe su texto).

"?IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL.? (se transcribe su texto).

"De las jurisprudencias antes transcritas, se infiere que el principio de equidad tributaria exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hip�tesis de causaci�n deben guardar una id�ntica situaci�n frente a la norma jur�dica que lo regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situaci�n y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en situaci�n diversa.

"En otras palabras, el precitado principio no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes p�blicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jur�dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situaci�n de hecho, porque la igualdad a que se refiere el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicaci�n de la ley.

"De donde deriva -como un elemento objetivo que permite delimitar el repetido principio- que no toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al invocado art�culo 31, fracci�n IV, sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable.

"Y es que, el valor superior perseguido por el comentado principio de equidad, consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicaci�n la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones an�logas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jur�dica.

"En el caso concreto, es cierto como lo aduce el quejoso, que al establecer el impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales, el legislador local s�lo consider� como sujetos pasivos del gravamen, a las personas f�sicas con exclusi�n de las personas morales.

"Se corrobora lo anterior, con el texto de los preceptos 9o., fracci�n I, y 13 de la invocada Ley de Hacienda, que dice, en lo que interesa:

"?Art�culo 9o.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 13.? (se transcribe su texto).

"Empero, este Tribunal Colegiado estima que el impuesto en cuesti�n no deviene inequitativo, por gravar �nicamente los ingresos -en efectivo, en bienes, en cr�dito, en servicios o en cualquier otro tipo- derivados de la prestaci�n de servicios profesionales, percibidos por las personas f�sicas y no los percibidos por las personas morales -en el territorio del Estado de Guanajuato-; habida cuenta de que, como se explicar� m�s adelante, el legislador local ten�a una justificaci�n objetiva y razonable para excluir -del supuesto de causaci�n- a las personas morales, dado que �stas no se encuentran en igualdad de circunstancias, para efectos tributarios, que las personas f�sicas.

"Un primer aspecto que imped�a ubicar a las personas f�sicas y a las personas morales, para efectos fiscales, en un plano de igualdad, deriva de la situaci�n espec�fica que guardan como contribuyentes.

"Consid�rese, en principio, que para el ejercicio del poder tributario es relevante la riqueza material y humana de determinada actividad.

"Bajo esa perspectiva, es obvio que una persona f�sica y una persona moral (ente jur�dico colectivo) no est�n en un plano de igualdad.

"La persona f�sica obtiene ingresos de su solo esfuerzo; en tanto que, la persona moral los obtiene del apoyo de varias personas, que pueden ser f�sicas y morales.

"Es cierto que una persona f�sica puede ser auxiliada, en la obtenci�n de ingresos, por otra persona; pero ello dar� lugar a que la riqueza no se acumule, es decir, que los ingresos de quienes auxilian no pasan a ser patrimonio del que las contrat�.

"Cosa distinta acontece en trat�ndose de un ente colectivo, el cual se forma con el fin de obtener mayores ingresos (e incluso ganancias) que las de una sola persona f�sica.

"Asimismo, y por cuanto ve a las respectivas obligaciones, la persona f�sica responde con su patrimonio; mientras que la persona moral lo hace con el capital constituido pero no con el patrimonio de sus socios.

"De conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, son distintas las deducciones que pueden realizarse por una persona f�sica y por una persona moral, seg�n se colige de los preceptos 29 a 37, 42 y 172 a 176 es diferente el ajuste por inflaci�n al cierre del ejercicio, para una y otra de tales personas, como se desprende de los dispositivos 8o. y 46; hasta antes del dos mil cinco, la persona f�sica gozaba de un subsidio y la persona moral no, seg�n se deduce del numeral 178; y la tarifa que se aplica para el c�lculo del impuesto de m�rito -sobre la renta-, es �nica para la persona moral, en tanto que, para la persona f�sica depende de sus ingresos como se obtiene de los numerales 10 y 177 -todos de la ley en comentario-.

"Finalmente, para que una persona f�sica comience a realizar actividades, las cuales le generar�n ingresos l�citos requiere de menos tr�mites que los exigidos a una persona moral; y, adem�s, esta �ltima tiene mayores obligaciones fiscales pues, a diferencia de la persona f�sica, debe repartir utilidades, am�n de que, en algunos casos, habr� que dictaminar sus estados financieros.

"Otro aspecto de mayor relevancia que imped�a, al legislador local, ubicar a las personas morales y a las personas f�sicas, para efectos fiscales, en un plano de igualdad, lo es la imposibilidad legal de gravar los ingresos de las personas morales -percibidos por la prestaci�n de un servicio profesional-, resultante del Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., suscrito por el Gobierno del Estado de Guanajuato, mismo que se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n en fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.

"Para poder apreciar las consecuencias que, respecto de la potestad tributaria que corresponde ejercer al Congreso Local, derivaron de la adhesi�n, por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato, al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. se precisa transcribir, a continuaci�n, los preceptos 41 y 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes antes del uno de enero de dos mil cinco -esto es, antes del establecimiento del impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales, preceptos esos, el 41 y 43, que prev�n, justamente, el citado sistema de coordinaci�n tributaria-; el considerando quinto del convenio signado; el anexo 1 al propio convenio; as� como el numeral 2o., fracci�n I, de la Ley de Coordinaci�n F., y el art�culo cuarto transitorio de �sta.

"Ley del Impuesto al Valor Agregado.

"?Art�culo 41.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 43.? (se transcribe su texto).

"Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., suscrito por el Gobierno del Estado de Guanajuato.

"(se transcribe su texto).

"El Sistema Nacional de Coordinaci�n F. tiene por objeto, por un lado, armonizar el ejercicio de la potestad tributaria entre los �rganos legislativos de la Federaci�n y las entidades federativas, con el fin de evitar la doble o m�ltiple tributaci�n, ya que los Estados que celebran los respectivos convenios de adhesi�n deben renunciar a establecer contribuciones que graven hechos o actos jur�dicos gravados por la Federaci�n o a suspender la vigencia de los mismos; y por el otro, otorgar a los propios Estados, al Distrito Federal y a los M., con base en un fondo general y fondos espec�ficos, participaci�n en la recaudaci�n de los grav�menes de car�cter federal, ya sea en forma global o condicionada pues, en algunos casos, la respectiva participaci�n debe destinarse al financiamiento de determinadas actividades estatales o municipales.

"N. el criterio, en lo conducente, la tesis aislada n�mero 2a. CLXIX/2000, visible en la p�gina 432 del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, diciembre de 2000, Segunda Sala, Novena �poca, Materias Constitucional y Administrativa, que apunta:

"?COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. EVOLUCI�N DE LA REGULACI�N DE LOS CONVENIOS QUE PARA TAL FIN SE HAN CELEBRADO A PARTIR DEL MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE.? (se transcribe su texto).

"Ahora bien, la firma del Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato -publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve-, acarre� diversas consecuencias; por una parte, en cuanto a las disposiciones legales vigentes con anterioridad, que establec�an tributos cuyo objeto se encuentra gravado por los impuestos federales, debe entenderse que su aplicaci�n queda suspendida, por lo que los contribuyentes, en su caso, no deber�n autodeterminar los respectivos cr�ditos fiscales, ni las autoridades administrativas ejercer�n las correspondientes facultades de determinaci�n; por otra parte, en relaci�n con la potestad tributaria local y su posible ejercicio con posterioridad a la entrada en vigor del referido convenio de adhesi�n, debe estimarse que tal atribuci�n, en cuanto a imponer contribuciones a los hechos o actos jur�dicos que sean gravados por la Federaci�n, se ejerci� en el citado acuerdo institucional, si bien no en su aspecto m�s acabado, el establecimiento de tributos, s� en uno diverso, de omisi�n, que se traduce en no establecer determinados grav�menes a cambio de recibir diversas participaciones de ingresos provenientes de la recaudaci�n de los respectivos impuestos federales.

"Al adherirse pues, el Gobierno del Estado de Guanajuato, al repetido sistema de coordinaci�n tributaria, convino -a cambio de recibir porcentajes fijos de lo que se recaude a trav�s de todos los impuestos federales-, en no mantener en vigor impuestos estatales o municipales, que contrar�en las limitaciones se�aladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado -cuyos preceptos 41 y 43, se insiste, prev�n, justamente, dicho sistema- y en las leyes sobre impuestos especiales que s�lo puede establecer la Federaci�n, de acuerdo con la Constituci�n Federal; estipulaci�n que conllev�, impl�citamente, el que a partir de la entrada en vigor de la correspondiente convenci�n, se haya desincorporado de la esfera competencial del Congreso Local -de la prenombrada entidad federativa-, su atribuci�n para crear contribuciones que recaigan sobre los hechos imponibles gravados por los referidos impuestos federales, en virtud de que, de lo contrario, no podr�a cumplirse con uno de los objetivos fundamentales del sistema en menci�n, consistente en evitar la doble o m�ltiple tributaci�n.

"N. el criterio, en lo conducente, la tesis aislada n�mero 2a. CLXVIII/2000, visible en la p�gina 429 del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, diciembre de 2000, Segunda Sala, Novena �poca, Materias Constitucional y Administrativa, que dice:

"?COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y EL ESTADO DE GUERRERO. EN EL CONVENIO DE ADHESI�N AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO, CELEBRADO EL 19 DE OCTUBRE DE 1979, LA REFERIDA ENTIDAD SE OBLIG� A NO MANTENER EN VIGOR, NI CREAR IMPUESTOS ESTATALES O MUNICIPALES QUE CONTRAR�EN LOS L�MITES SE�ALADOS EN DIVERSAS LEYES FEDERALES.? (se transcribe su texto).

"Es oportuno resaltar que, entre los actos o actividades por los cuales debe pagarse el impuesto al valor agregado, est�n los relativos a la prestaci�n de servicios profesionales.

"Lo que puede constatarse, de lo prevenido por los art�culos 1o., fracci�n II, 14 y 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado mismos que a continuaci�n se transcriben.

"?Art�culo 1o.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 14.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 17.? (se transcribe su texto).

"Es tambi�n conveniente destacar, que si bien con motivo del convenio de adhesi�n firmado, por el Gobierno del Estado de Guanajuato, y en t�rminos del art�culo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado -reproducido supral�neas- el Congreso Local de la propia entidad federativa se oblig� a no establecer contribuciones que gravaran la prestaci�n de servicios profesionales, en tanto que dicha actividad est� gravada, a su vez, por la invocada ley -del IVA-; lo cierto es que el diverso numeral 43 -igualmente reproducido l�neas arriba- de la repetida ley -del IVA-, abri� la posibilidad legal para que el prenombrado Congreso pudiera establecer un impuesto sobre los ingresos percibidos por las personas f�sicas, pero no as� sobre los percibidos por las personas morales.

"Debido a su utilidad pr�ctica, se transcriben, de nueva cuenta, los invocados dispositivos 41 y 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su texto anterior a la reforma vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco.

"?Art�culo 41.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 43.? (se transcribe su texto).

"Luego, si en virtud del pluricitado convenio, la facultad tributaria perteneciente a la Legislatura del Estado de Guanajuato estaba limitada, en relaci�n con los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios profesionales, para gravar los percibidos por las personas morales; resulta que, tales entes colectivos est�n en una situaci�n de hecho desigual, a la que se encuentran las personas f�sicas que tambi�n perciben esos ingresos.

"De ah� que, ante la desigualdad de circunstancias, para efectos fiscales, derivada tanto de la situaci�n espec�fica que guardan como contribuyentes como de la imposibilidad legal para gravarlas en el mismo supuesto de causaci�n; es por lo que, el legislador local -se reitera- ten�a una justificaci�n objetiva y razonable para considerar, como sujetos pasivos del impuesto cedular reclamado, solamente a las personas f�sicas, conexclusi�n de las personas morales; y en esas condiciones -como se anunci� supral�neas-, el impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales -establecido, entre otros, por los numerales 9o., fracci�n I, 13 y 14 de la Ley de Hacienda y 4o., inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2005, ambos ordenamientos para el Estado de Guanajuato- no deviene violatorio del principio de equidad tributaria a que se contrae el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal; por todo ello -y al resultar infundado el concepto de violaci�n estudiado- es que se impone reiterar la negativa del amparo impetrado.

"Es aplicable, en lo conducente y por analog�a, la jurisprudencia n�mero 2a./J. 174/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 542 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que reza:

"?RENTA. LOS ART�CULOS 17, PRIMER P�RRAFO, 46, F.I., PRIMER P�RRAFO Y 47, PRIMER P�RRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, QUE OBLIGAN �NICAMENTE A LAS PERSONAS MORALES A CALCULAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACI�N ACUMULABLE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.? (se transcribe su texto).

"Y norma el criterio, tambi�n en lo conducente, la tesis aislada n�mero 2a. LI/2001, sustentada por la Segunda Sala del m�s Alto Tribunal del pa�s, publicada en la p�gina 450, T.X. del invocado Semanario, mayo de 2001, Novena �poca, que se�ala:

"?HONORARIOS POR SERVICIOS M�DICOS PROFESIONALES. LOS ART�CULOS 26 AL 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE EN EL 2000, QUE ESTABLECEN EL IMPUESTO QUE LOS GRAVA, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.? (se transcribe su texto).

"En apoyo de lo antes razonado se reproduce otra parte de la ejecutoria que resolvi� el amparo en revisi�n 943/2000, aprobada en sesi�n plenaria celebrada por la Segunda Sala del m�s Alto Tribunal en el pa�s, en fecha veintitr�s de febrero de dos mil uno, misma que, en lo que interesa, dice: (se transcribe su texto).

"Por otro lado, ese Tribunal Colegiado considera que el Juez de Distrito en forma correcta resolvi� que el impuesto cedular reclamado cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria; habida cuenta de que, si el objeto de tal impuesto lo constituyen los ingresos que perciben las personas f�sicas -en territorio del Estado de Guanajuato- por la prestaci�n de servicios profesionales, es inconcuso, entonces, que dicho impuesto no grava el ingreso global de los sujetos pasivos, sino que s�lo recae sobre el percibido por la prestaci�n de esos servicios; consecuentemente, como la capacidad contributiva -en el repetido gravamen- se mide �nicamente en relaci�n con los ingresos percibidos por la prestaci�n de servicios profesionales, puede convenirse que, al establecerse la tasa fija del 2% sobre el total de esos ingresos percibidos, una vez hechas, en su caso, las deducciones de ley -en los t�rminos prevenidos por los numerales 16 y 17 de la invocada Ley de Hacienda- el impuesto cedular impugnado deviene proporcional ya que est� gravando el aspecto o proporci�n de riqueza o capacidad contributiva que se revela a trav�s de los ingresos tantas veces se�alados; de suerte que, como lo determin� el prenombrado Juez, el contribuyente del impuesto combatido que preste m�s servicios profesionales tendr� que pagar m�s, en relaci�n con otro causante que preste menos servicios de esa naturaleza, del mismo modo, pagar�n igual cantidad quienes presten similares servicios. Y es que, precisamente de esa congruencia entre el objeto y la base imponible, debe inferirse la capacidad contributiva en el impuesto de m�rito pues la capacidad econ�mica gravable o capacidad tributaria no es total, gen�rica o absoluta, sino relativa y referida al objeto del gravamen espec�fico.

"A mayor abundamiento, es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que el principio de proporcionalidad consiste en que cada causante contribuya a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad econ�mica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos; agregando -la propia Corte- que ese objetivo se cumple mediante las tasas progresivas.

"Sin embargo, el mencionado Alto Tribunal en el pa�s tambi�n ha establecido que los criterios consistentes en que los causantes deben aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos para contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad contributiva, y en que la fijaci�n de las tasas progresivas cumple con ese objetivo, son valederos respecto del impuesto espec�fico cuya constitucionalidad fue motivo de examen en las ejecutorias relativas (impuesto sobre la renta); y aclara -el propio Alto Tribunal-, que en trat�ndose de grav�menes cuya naturaleza y caracter�sticas especiales sean diversas -como el impuesto cedular impugnado, en el que la capacidad contributiva se mide s�lo en relaci�n con los ingresos percibidos por la prestaci�n de servicios profesionales, sin considerar la capacidad econ�mica gravable o capacidad tributaria total, gen�rica o absoluta, como acontece con el impuesto sobre la renta-, no pueden regir tales criterios; por lo cual, asegura el Alto Tribunal, la proporcionalidad debe determinarse analizando en particular el gravamen, atendiendo a su naturaleza propia y a sus caracter�sticas especiales -como se hizo l�neas arriba-.

"Es oportuno destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sustenta el criterio de que el art�culo 31, fracci�n IV, del C�digo Fundamental, en relaci�n con la forma de tributar, no proh�be al legislador la instauraci�n de tasas fijas y menos a�n consigna que s�lo mediante el establecimiento de tasas progresivas se satisface el principio de proporcionalidad; de donde deriva que el pago de tributos en proporci�n a la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la utilizaci�n de tasas progresivas, pero tambi�n con tasas fijas que atiendan a la capacidad contributiva de los sujetos en funci�n del objeto gravado.

"En suma, si el impuesto cedular reclamado grava los ingresos percibidos por la prestaci�n de servicios profesionales, con una tasa fija del 2%; debe concluirse que dicho gravamen no resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, dado que el contribuyente que obtenga mayores ingresos pagar� m�s impuesto, precisamente, porque la tasa de ese impuesto se fija mediante un porcentaje, con lo que se atiende a tal principio, pues se consigue que el pago de ese gravamen sea proporcional a los ingresos obtenidos.

"En apoyo de lo antes anotado, enseguida se reproduce parte de la ejecutoria que resolvi� el amparo en revisi�n 943/2000, aprobada en sesi�n plenaria celebrada por la Segunda Sala del m�s Alto Tribunal en el pa�s, en fecha veintitr�s de febrero de dos mil uno misma que, en lo que interesa, dice: (se transcribe su texto).

"En otro aspecto, la recurrente cae en contradicci�n, pues manifiesta que no aleg� (en su demanda de amparo) que estuviera prohibida la doble tributaci�n, sino que �sta no ten�a cabida en el sistema de coordinaci�n fiscal mexicano.

"El a quo examin� la doble tributaci�n y el convenio de adhesi�n respecto de este tema y concluy� que el impuesto cedular no implicaba un incumplimiento a dicho convenio, porque �ste no conten�a tal prohibici�n, as�, concluy�, derivaba del considerando quinto de ese pacto, de su anexo 4 considerandos segundo, cuarto y punto 2o., los cuales transcribi� y se�al� que, en relaci�n con lo dispuesto por el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no se desprend�a la prohibici�n que invoc� la parte quejosa.

"En contra de este contenido del citado convenio, de lo que deriv� el Juez de Distrito y de las tesis que, de manera espec�fica invoc� como sustento a su decisi�n, entre las que se encuentra la 2a. LI/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece en la p�gina 450, T.X., mayo de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del rubro: ?HONORARIOS POR SERVICIOS M�DICOS PROFESIONALES. LOS ART�CULOS 26 AL 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE EN EL 2000, QUE ESTABLECEN EL IMPUESTO QUE LOS GRAVA, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.?, transcrita en p�rrafos que preceden.

"Finalmente, son infundados los argumentos por los que se aduce que el Juez de Distrito no dio respuesta a los conceptos de violaci�n.

"Ello es as�, porque basta su lectura as� como la de la sentencia recurrida para concluir que se citaron los cuatro conceptos de violaci�n, que se atendieron a su causa de pedir y que fueron reiterativos, por lo que la respuesta se encuentra a lo largo de dicha resoluci�n.

"As� encontramos que se examinaron las impugnaciones que se hicieron al impuesto cedular en cuanto a los temas de legalidad, proporcionalidad, equidad, seguridad, fundamentaci�n (derivada del Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., a la tasa fija, al poder tributario de la entidad federativa y a que la doble tributaci�n no est� prohibida.

"Luego, contrario a lo que de modo reiterativo alega la parte inconforme, s� se dio respuesta a sus argumentos; de ah� lo infundado de la afirmaci�n que en contrario se contiene en los agravios.

"En este orden de ideas, ante la ineficacia de los agravios, y no actualizarse, conforme al art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo supuesto alguno para que sean suplidos en su deficiencia, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisi�n.

Por �ltimo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 15/2005 del P. del Consejo de la Judicatura Federal, que ordena que se capturen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), aquellos asuntos en los que se impugne la constitucionalidad de una ley, reglamento o disposici�n de car�cter general, lo cual ocurre en la especie, pues en el juicio de garant�as de origen se reclama la inconstitucionalidad de los art�culos de la Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato, espec�ficamente en lo relativo a la instauraci�n del impuesto cedular sobre los ingresos de personas f�sicas en su especie de actividades empresariales, se ordena dicha captura.

CUARTO

Las consideraciones que sirvieron de sustento al Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisi�n n�meros 165, 208, 281 y 403, todos del a�o dos mil cinco, de las cuales s�lo se transcriben las correspondientes al asunto mencionado en primer t�rmino, por ser id�nticas en todos ellos, son las siguientes:

"S�PTIMO. Por otra parte, de la sentencia impugnada se observa que el Juez Segundo de Distrito examin� la constitucionalidad del impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales, contenido en los art�culos 9o., p�rrafo primero, fracci�n I, 13 y 14 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, as� como la tasa del dos por ciento fijada en el art�culo 4o., inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato y concluy� que no es violatorio del art�culo 31, fracci�n IV, constitucional.

"Para ello se sustent� en las siguientes consideraciones jur�dicas:

"a) Que el establecimiento de una tasa fija y no progresiva para la determinaci�n del impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales no viola los principios de proporcionalidad y de equidad consagrados en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional puesto que el legislador ha tomado en cuenta el monto de los ingresos por dicha actividad, ya que los sujetos deben de tributar en proporci�n directa a su propia capacidad, es decir, a los ingresos obtenidos.

"b) Que la tasa del dos por ciento del impuesto cedular cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, ya que al gravar el ingreso, expuso el resolutor federal, atiende a la capacidad contributiva tomando en cuenta directamente la riqueza de los contribuyentes, pues se fija en funci�n de los ingresos econ�micos de las personas que realicen la prestaci�n de servicios profesionales, de tal manera que el causante que obtenga mayores impuestos, tendr� que pagar m�s, en relaci�n con quien tenga menores ingresos, as� como pagar�n igual cantidad quienes tengan los mismos ingresos.

"c) Que el tributo reclamado no resulta inequitativo al implementarse por la prestaci�n de servicios profesionales de las personas f�sicas y no de las personas morales, puesto que, argument� el Juez de Distrito, de conformidad con el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el legislador federal ?facult�? a las entidades federativas al establecimiento de un impuesto cedular sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas que presten servicios profesionales; que por ese motivo, la legislaci�n local no es susceptible de analizarse bajo el principio de la equidad ?externa?, puesto que la voluntad de gravar �nicamente a las personas f�sicas no ata�e al Congreso Local sino al Congreso de la Uni�n, al ?facultar? a los Estados a imponer la contribuci�n a las personas f�sicas. A�adi� el resolutor federal que para examinar el tributo bajo el principio de equidad debieron impugnarse no �nicamente los preceptos locales sino tambi�n el ordenamiento federal que ?facult�? a las entidades federativas a establecer el tributo cedular a las personas f�sicas, pues son los que en su caso, transgreder�an dicho principio y no la ley local, la cual se expidi� con base en los lineamientos del Congreso de la Uni�n.

"Frente a esos razonamientos, el recurrente expone, en s�ntesis, los siguientes argumentos:

"1. Que contrario a lo expuesto por el resolutor federal, el impuesto impugnado no cumple con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, puesto que la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que para que ello ocurra debe hacerse mediante la fijaci�n de tarifas progresivas, dado que es la manera m�s adecuada de gravar la capacidad econ�mica del contribuyente, ya que las tasas fijas propician inequidad y desproporcionalidad en la carga fiscal de los contribuyentes afectados.

"2. Que debe tenerse en cuenta que la proporcionalidad significa que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de sus respectivas capacidades econ�micas, aportando a la hacienda p�blica una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, pero nunca una cantidad tal que su contribuci�n represente el total de los ingresos netos que hayan percibido, pues en ese caso se estar�a utilizando a los tributos como un medio para que el Estado confisque los bienes de los ciudadanos.

"3. Que la tasa fija del impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales viola el principio de proporcionalidad, por las siguientes razones:

"a) Porque trata igual a los desiguales, pues no todos los contribuyentes que realizan las actividades por las que se causa el impuesto ganan el mismo dinero por el desempe�o de su trabajo; agrega que el hecho de ser profesionistas no significa obtener la misma cantidad de ingresos y menos que su capacidad como grupo de personas que realizan una misma actividad econ�mica sea id�ntica, por lo que una tasa fija los impacta de manera distinta.

"b) Porque la base impositiva de la carga tributaria se fija atendiendo a la obtenci�n de ingresos por cualquiera de las actividades gravadas, lo cual constituye el objeto del gravamen sin atender a la capacidad contributiva real de cada sujeto.

"4. En el tercero de los agravios, particularmente en la primera parte, expone el disidente que la norma impugnada da un trato inequitativo, dado que no se grava a las personas morales que tienen la misma actividad que el quejoso, que es el otorgamiento del uso y goce temporal de bienes.

"5. Que contrario a lo expuesto por el Juez de Distrito, las facultades para crear el impuesto cedular no derivan de la Ley del Impuesto al Valor Agregado sino de la Constituci�n Pol�tica Federal y de las Constituciones Locales.

"6. Que el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al disponer que las ?autoridades fiscales? podr�n establecer impuestos sobre los ingresos obtenidos por personas f�sicas, es contrario a lo previsto en los art�culos 1o., fracci�n I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 1o., fracci�n II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dado que el impuesto que grava los ingresos es el impuesto sobre la renta, espec�ficamente en los art�culos 106 y 120, fracci�n II, de la ley correspondiente a ese tributo.

"7. Que al momento de crearse el impuesto cedular en la entidad, debi� el Congreso del Estado solicitarle al gobierno del propio Estado, la modificaci�n o terminaci�n del Convenio de Coordinaci�n F., lo que no ocurri�, por lo que el nacimiento de las disposiciones que regulan el aludido tributo deviene inconstitucional al no reunir los requisitos que el mismo convenio previene, con lo que se violenta la garant�a de legalidad tributaria.

"8. Que al no haberlo apreciado as� el Juez de Distrito, viola en perjuicio del quejoso el art�culo 76 Bis, fracci�n VI, de la Ley de Amparo al existir una violaci�n manifiesta de la ley que lo dej� sin defensa, por violaci�n al principio de legalidad en materia tributaria, por lo que proced�a suplir la queja deficiente.

"9. Que el tributo estatal est� dirigido �nicamente a las personas f�sicas y no a las morales, por lo que se viola la garant�a de igualdad prevista en el art�culo 13 constitucional al estar en presencia de una ley privativa.

"10. Que la norma impugnada no cumple con la garant�a de igualdad, dado que no se aplica en forma general a todos los contribuyentes que se encuentran en la misma situaci�n, pues se excluye de la obligaci�n de pago y no grava de la misma forma a las personas morales, sin existir justificaci�n ni fundamento para tal efecto.

"El agravio identificado con el n�mero 4 resulta inoperante, en virtud de que la norma impugnada no versa sobre el impuesto cedular por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, sino por la prestaci�n de servicios profesionales; de ah� que lo propuesto no guarde correspondencia con la litis constitucional examinada en el juicio de amparo subyacente.

"Tambi�n son inoperantes las disidencias que se identifican con los n�meros 6 y 7, al no haber formado parte de la litis constitucional en el juicio de amparo subyacente.

"En efecto, el tema acerca de que el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al permitir el establecimiento de impuestos obtenidos por personas f�sicas es contrario a lo previsto en los art�culos 1o., fracci�n I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 1o., fracci�n II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no fue materia de la litis constitucional ante el Juez de Distrito, puesto que lo �nico que se someti� a su potestad fue la constitucionalidad del impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales, previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, no as� el contenido del art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

"Igual consideraci�n merece el argumento en el que el impugnante aduce que el aludido impuesto estatal resulta inconstitucional por no ajustarse a los t�rminos del Convenio de Coordinaci�n F., ya que al momento de crearse el tributo, dice, el Congreso del Estado debi� solicitarle al gobierno del propio Estado, la modificaci�n o terminaci�n de dicho convenio, puesto que dicho argumento tampoco form� parte de los conceptos de violaci�n, los cuales se dirigieron a discutir que el impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales no cumple con el principio de proporcionalidad tributaria previsto en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional.

"Lo anterior de manera alguna significa que el resolutor federal haya estado obligado a suplir la deficiencia de la queja en t�rminos de lafracci�n VI del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, puesto que, contrario a lo expuesto por el impugnante, no debe perderse de vista que el caso en estudio se trata de materia administrativa y, por tanto, preponderantemente de estricto derecho, sin que se desprenda que haya habido una violaci�n manifiesta que lo haya dejado sin defensa, en virtud de que los temas sobre los que pretende dicha suplencia, en cuanto que el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado contraviene disposiciones de ese propio ordenamiento y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, as� como el concerniente a que el Congreso Local no solicit� al Gobierno del Estado la modificaci�n o terminaci�n del Convenio de Coordinaci�n F., no constituyen la ?violaci�n manifiesta? que dicho precepto exige, en virtud de que no son susceptibles de advertirse de manera clara y patente, ni resulta obvia, innegable e indiscutible, sino que para decidir al respecto es indispensable realizar una serie de investigaciones, razonamientos y planteamientos que pueden ser cuestionables.

"Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia n�mero 1a./J. 17/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 189 del Tomo XII, octubre de 2000, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, intitulada:

"?SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA.? (se transcribe su texto).

"Los agravios que se han identificado con los numerales 1, 2 y 3 en los que se discute que el impuesto impugnado viola el principio de proporcionalidad tributaria, al establecer una tasa fija y no progresiva, son infundados, cuyo estudio se realizar� de manera conjunta por su �ntima relaci�n.

"Tal como lo argument� el resolutor federal, el impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales contenido en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, respeta el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, por lo que no viola las garant�as individuales del impetrante del juicio de amparo.

"Para sustentar ese aserto, resulta oportuno mencionar que el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

"?Art�culo 31.? (se transcribe su texto).

"La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha sostenido que el principio de proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto p�blico en funci�n de su respectiva capacidad contributiva debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestaci�n de riqueza gravada.

"De conformidad con ese principio, los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada sujeto pasivo, esto es, en funci�n de su potencialidad real para contribuir a los gastos p�blicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

"Expresado en otros t�rminos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad econ�mica de los contribuyentes para que en cada caso el impacto sea distinto no s�lo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminuci�n patrimonial que proceda y que debe encontrarse en proporci�n a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestaci�n de riqueza gravada.

"Por tanto, para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes; entendida �sta, se insiste, como la potencialidad real de contribuir a los gastos p�blicos que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideraci�n que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza econ�mica en la forma de una situaci�n o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en funci�n de esa riqueza.

"De acuerdo con lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado, a trav�s de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva; de ah� que uno de los principios que legitima la imposici�n de las contribuciones es, precisamente, el de la identificaci�n de la capacidad para contribuir a los gastos p�blicos por parte de los gobernados.

"La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, seg�n las diversas caracter�sticas de cada contribuci�n, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad espec�fica por concepto de esos grav�menes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de las mismas, por traslaci�n que deba hac�rsele por disposici�n legal o por las caracter�sticas propias del tributo de que se trate.

"Entonces, la garant�a de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar m�s quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporci�n.

"A manera de glosa, la capacidad contributiva es la facultad para afrontar la carga tributaria medida ya sea en funci�n de la riqueza, de los ingresos, o de los gastos, con independencia de los beneficios directos que se deriven para el contribuyente de los gastos p�blicos; principio aceptado en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal y que se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor riqueza, mayor ingreso y mayor gasto, corresponder� mayor gravamen.

"Argumentos que se sustentan en las tesis de jurisprudencia n�meros P./J. 10/2003 y P./J. 109/99 del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n publicadas, respectivamente, en las p�ginas 144 y 22, T.X., mayo de 2003 y X, noviembre de 1999, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, intituladas:

"?PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.? (se transcribe su texto).

"?CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS P�BLICOS.? (se transcribe su texto).

"De esta manera, la capacidad contributiva se erige como la regla b�sica en el reparto o distribuci�n de la carga tributaria; a grado tal, que ese principio es el sustrato de los principios de proporcionalidad, equidad e igualdad considerando que la capacidad contributiva es el instrumento de dichos criterios de justicia del sistema tributario.

"Conforme al anterior contexto, contrariamente a lo expuesto por el recurrente, la tasa fija del dos por ciento del impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales es constitucional.

"En efecto, existen diversas v�as para establecer la tasa de un impuesto, citando entre las que ordinariamente prev�n las legislaciones fiscales la denominada doctrinalmente como de ?cuota fija?, que consiste en el establecimiento de un porcentaje espec�fico sobre el importe global del hecho generador de la obligaci�n tributaria; la que se conoce como de ?cuota progresiva? cuyo objeto estriba en establecer tasas diferenciales cuyo impacto econ�mico se va acrecentando en la medida en que el monto del hecho generador es mayor, decreciendo por el contrario, cuando dicho monto es menor y, finalmente, la denominada ?cantidad fija?, que se actualiza cuando la tasa se determina aplicando al hecho generador del tributo una cantidad exacta e invariable expresada en moneda de curso legal y no como sucede en las cuotas fijas o en las tarifas progresivas que se expresan en porcentajes.

"Ahora bien, es veraz como lo precisa el impugnante, que la jurisprudencia ha establecido que una manera de gravar la capacidad econ�mica del contribuyente es a partir de tarifas progresivas, criterio que fue considerado por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia invocada en el pliego de agravios, intitulada: ?IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.?; en el que se sostuvo que el cumplimiento de dicho principio constitucional se realiza a trav�s de tarifas progresivas, ya que mediante ellas se consigue que cubran un impuesto, en monto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableci�ndose, adem�s, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos.

"Empero, el propio M�ximo Tribunal al resolver el amparo en revisi�n 1516/94, promovido por Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable, hizo referencia al diverso amparo en revisi�n 2810/89, promovido por C.C. y G., Sociedad An�nima y consider� que el pago de los tributos en proporci�n a la riqueza gravada se puede conseguir mediante la utilizaci�n de tasas progresivas, pero precis� que esa finalidad tambi�n se logra con tasas proporcionales, ya que el precepto constitucional en estudio no proh�be la instauraci�n de ese tipo de tasas y menos aun consigna que s�lo mediante el establecimiento de tasas progresivas se satisfagan los principios tributarios contenidos en el mismo.

"La parte conducente de esa ejecutoria es del tenor siguiente:

"?Es cierto que este Tribunal en P. sustent� la tesis de jurisprudencia publicada a fojas trescientos setenta y uno y trescientos setenta y dos del Informe de Labores de este Alto Tribunal, correspondiente al a�o de mil novecientos ochenta y cinco, con el rubro: �IMPUESTOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.� as� como que en dicha jurisprudencia se asienta que conforme al principio de proporcionalidad que establece el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de los sujetos pasivos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados, tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, para luego concluir que el cumplimiento de ese principio se realiza a trav�s de tarifas progresivas, ya que mediante ellas se consigue que cubran un impuesto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableci�ndose, as�, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos.

"?Por otro lado, este Tribunal en P. al analizar la constitucionalidad de otros impuestos y atendiendo igualmente a las caracter�sticas propias de cada tributo, as� como a la mec�nica de su causaci�n, ha considerado que son constitucionales aun cuando establecen tarifas proporcionales o fijas porque se estim�, precisamente, que este tipo de tarifas no necesariamente generan desproporci�n en la tributaci�n, sino que tambi�n atienden proporcionalmente a la capacidad contributiva o econ�mica de los causantes. Ejemplo de estos criterios lo es la tesis de jurisprudencia de dicho Tribunal P. n�mero 20/90, visible en las p�ginas de la treinta y dos a la treinta y cuatro de la Gaceta N�mero 35 del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: �ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ART�CULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE LA TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El art�culo 2o. de la ley que establece dicho tributo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que determina la tasa fija del dos por ciento para el c�lculo del monto del impuesto al activo de las empresas cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, toda vez que la capacidad contributiva de los causantes est� en relaci�n directa con sus activos. Al establecer este tributo, el legislador no tom� en cuenta la capacidad contributiva total, como acontece en el impuesto sobre la renta, sino el limitado objeto consistente en los activos del contribuyente, en m�rito de lo cual, la fijaci�n de una tasa �nica no viola el principio de proporcionalidad, ya que cada sujeto tributar� en proporci�n directa a su propia capacidad.�

"?Los criterios jurisprudenciales antes referidos conducen a concluir que para juzgar la constitucionalidad de un tributo, a la luz de los principios de proporcionalidad y equidad que consagra la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional debe atenderse a la naturaleza y mec�nica de causaci�n de cada impuesto, debiendo agregarse que en determinados casos, debe tambi�n atenderse a la finalidad de cada tributo y a las caracter�sticas del contribuyente, para estar en posibilidad de determinar si la carga fiscal atiende a la capacidad contributiva de los causantes.

"?Estimar lo contrario, o sea, sostener criterios generales, r�gidos e inflexibles en cuanto a la constitucionalidad de los sistemas, de cuotas, tasas o tarifas que deben utilizarse en la imposici�n, conducir�a a una injusticia tributaria, contraviniendo la finalidad perseguida por el Constituyente que no es otra sino la de que en el reparto de las cargas tributarias, cada quien aporte parte de su patrimonio de manera proporcional a las circunstancias econ�micas en que se encuentre, precisamente porque cada tributo tiene sus caracter�sticas propias y pesa sobre distintos grupos sociales o econ�micos.

"?Consecuentemente, no por el hecho de que en la primera de las tesis de jurisprudencia citadas se haya sostenido que la tarifa progresiva satisface el principio de proporcionalidad, deba considerarse que tal tarifa, en trat�ndose de personas morales, sea la �nica que se apega a ese principio de proporcionalidad consignado por el Constituyente en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal y que, por el contrario, la cuota del 35% contenida en el art�culo 10 que se examina, sea contraria al texto del art�culo 31, fracci�n IV, constitucional pues bien pueden ambas en su instrumentaci�n satisfacer los requisitos de proporcionalidad y equidad exigidos por el citado precepto constitucional.

"?...

"?Seg�n se ha dicho, si bien la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional impone la obligaci�n a los mexicanos de contribuir al sostenimiento de los gastos p�blicos �de la manera� proporcional y equitativa que dispongan las leyes, resulta claro, sea cual fuere el criterio interpretativo que se maneje, que en la expresi�n �de la manera� tienen perfecta cabida no s�lo la tasa progresiva sino tambi�n la proporcional, esto es, el precepto constitucional en cita no proh�be la instauraci�n de las tasas proporcionales, y menos aun consigna que s�lo mediante el establecimiento de tasas progresivas se satisfagan el principio de legalidad tributaria contenido en el mismo.

"?En efecto, pagar tributos en proporci�n a la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la utilizaci�n de tasas progresivas, pero tambi�n con tasas proporcionales, como sucede en el caso del impuesto sobre la renta a cargo de las sociedades mercantiles, y ello porque, simplemente, en la composici�n legal de la base gravable se tienen en cuenta, como ocurre en el impuesto que se trata, la distinta aptitud contributiva de la riqueza delimitada por medio de los componentes que determinan el contenido econ�mico del hecho imponible.?

"La parte considerativa de dicha ejecutoria proporciona un criterio �til para verificar si un tributo cumple con los principios de proporcionalidad y equidad consagrados en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, cual es atender a las caracter�sticas del impuesto y del contribuyente; naturaleza y mec�nica de causaci�n; y, la finalidad del tributo, para estar en posibilidad de determinar si la carga fiscal atiende a la capacidad contributiva de los causantes.

"Con base en ese par�metro, se examinar� el tributo tildado de inconstitucional, cuyos elementos se contienen en los art�culos 9o., fracci�n I, y 13 de la Ley de Hacienda, as� como el 4o. de la Ley de Ingresos, ambos para el Estado de Guanajuato, los cuales establecen lo siguiente:

"?Art�culo 9o.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 13.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 4o.? (se transcribe su texto).

"De los preceptos antes transcritos se desprenden como elementos los siguientes:

"a) Sujetos: las personas f�sicas que obtengan ingresos por la prestaci�n de servicios profesionales en el Estado de Guanajuato.

"b) Objeto: gravar los servicios profesionales.

"c) Base: los ingresos obtenidos por la prestaci�n de un servicio profesional.

"d) Tasa: 2%.

"Para resolver si tal tributo, particularmente la tasa fija y no progresiva, cumple con el principio constitucional de proporcionalidad, debe atenderse al criterio arriba anotado, es decir, a la naturaleza y mec�nica de causaci�n del impuesto, as� como a su finalidad y a las caracter�sticas del contribuyente.

"El gravamen en estudio se encuentra dirigido a las personas f�sicas que en el Estado de Guanajuato, obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en cualquier otro tipo, por realizar, entre otras actividades, la prestaci�n de servicios profesionales, el cual se causar� a una tasa del dos por ciento.

"De esta guisa, al implementar en esta entidad federativa el impuesto cedular por la obtenci�n de ingresos derivados de la prestaci�n de servicios profesionales a una tasa del dos por ciento, se observa que el legislador tom� en cuenta el principio de proporcionalidad, habida cuenta que grav� s�lo una parte de la riqueza del contribuyente, a saber, los ingresos por la prestaci�n de servicios profesionales, de manera que su causaci�n ser� conforme se actualice el hecho imponible.

"Esto es, no se tom� en cuenta el patrimonio global de los contribuyentes, como sucede con el impuesto sobre la renta, en la que no se grava la totalidad de los ingresos obtenidos, sino s�lo una manifestaci�n aislada de su riqueza, como es el ingreso por la prestaci�n de servicios profesionales, por lo que el establecimiento de una tasa fija o �nica no viola el principio de proporcionalidad consagrado en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal ya que todos los sujetos deben de tributar en proporci�n directa a su propia capacidad en relaci�n con la operaci�n que se se�ala como objeto del tributo.

"Por tanto, contrariamente a lo expuesto por el recurrente, cada causante contribuir� a la hacienda estatal dependiendo del ingreso que perciba por el servicio profesional prestado, sin que importe la actividad que realice, puesto que la capacidad contributiva real de cada sujeto estar� en relaci�n directa con el ingreso derivado de la actividad desempe�ada aportando parte de su patrimonio de manera proporcional, ya que la contribuci�n se incrementar� en la medida que se obtengan elevados recursos y ser� inferior para aquellos sujetos que perciban menores ingresos, lo que permite concluir que a mayores ingresos se incrementar� la contribuci�n y a menor percepci�n, desde luego, ser� inferior el gravamen, de lo que se sigue que cada sujeto pasivo participa en proporci�n directa a su propia capacidad.

"Por otra parte, como lo argumenta el disidente, es veraz que no todos los contribuyentes que realizan actividades profesionales obtienen el mismo ingreso por el desempe�o de su trabajo; empero lo que trasciende es que el sacrificio fiscal depender� de la percepci�n que obtengan conforme actualicen el hecho imponible, estableci�ndose as� una diferencia congruente entre los diferentes niveles de ingresos.

"Esto es, la potencialidad que tenga cada sujeto pasivo para sufragar el gasto p�blico depender� de la porci�n de riqueza que obtenga por la prestaci�n del servicio profesional, que es la que el legislador pretende gravar, dado que es lo que evidencia de manera directa la capacidad de los particulares para contribuir en la medida de sus posibilidades.

"Apoyan lo anterior las tesis de jurisprudencia sustentadas por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�meros P./J. 20/90, consultable en la p�gina 43 del T.V., Primera Parte, Octava �poca y P./J. 31/97, visible en la p�gina59 del Tomo V, mayo de 1997, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que fueron invocadas por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, con los rubros: ?ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ART�CULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE LA TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.? y ?RENTA. LA TASA FIJA DEL 35% QUE ESTABLECE EL ART�CULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.?

"En otro aspecto, no tiene raz�n jur�dica el recurrente al exponer que el tributo recae sobre la totalidad de los ingresos netos, sino que la afectaci�n es respecto de la utilidad gravable, como se desprende del segundo p�rrafo del art�culo 13 del ordenamiento en consulta, adem�s de que se toman en cuenta factores como la deducci�n, tanto para efectuar los pagos provisionales como para calcular el impuesto del ejercicio, lo que se corrobora con el contenido de los art�culos 15 y 16 de dicho ordenamiento, en donde el primero de los citados dispone que lo relativo a los ingresos y las deducciones se atender�n, adicionalmente, las prescripciones de las disposiciones generales y los cap�tulos II, secci�n I y X del t�tulo IV y t�tulo VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"De esta manera se concluye que fue acertada la postura del Juez de Distrito, al considerar que la tasa fija del dos por ciento del impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales, respeta el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, sin que tal consideraci�n genere agravio alguno al impugnante.

"Por otra parte, el disentimiento que se identific� con el n�mero 5 en el que el impugnante expone que las facultades para crear el impuesto cedular no derivan de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sino de la Constituci�n Pol�tica Federal y de las Constituciones Locales, es fundado.

"Para sustentar esa aserci�n, debe tenerse presente lo previsto en los art�culos 73, fracciones VII, X y XXIX, 117, 118 y, especialmente, el numeral 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; y 63, fracciones II y XXXIV, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Guanajuato que disponen, en su orden, lo siguiente:

"?Art�culo 73.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 117.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 118.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 124.? (se transcribe su texto).

"Del examen de las anteriores disposiciones constitucionales se desprende que la aptitud para legislar en materia impositiva no siempre es exclusiva de la Federaci�n, sino que en ocasiones concurre con los Estados quienes estar�n en condiciones de imponer tributos, pero limitados ante las facultades reservadas concretamente a la Federaci�n (art�culo 73, fracci�n XXIX) y de las restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (art�culos 117, fracciones IV, V, VI y VII y 118).

"Cabe agregar que lo anterior no representa la �nica limitaci�n a la potestad tributaria de las entidades federativas, sino tambi�n existe la derivada del Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Colaboraci�n F., cuya suscripci�n genera las siguientes consecuencias:

"1. Son asimilables a un tratado internacional, en tanto que a trav�s de ellos quedan vinculados dos niveles de gobierno aut�nomos y se prev�n disposiciones de observancia general de las que derivan derechos y obligaciones para las partes contratantes, as� como respecto de los gobernados que est�n sujetos al cumplimiento de los deberes tributarios objeto de la coordinaci�n.

"2. Se traduce en la abstenci�n de imponer contribuciones a los hechos o actos jur�dicos sobre los cuales la Federaci�n ha establecido un impuesto, lo que provocar� la recepci�n de ingresos, v�a participaciones, provenientes de los impuestos federales que graven aquellos hechos o actos. Es decir, al adherirse la respectiva entidad federativa al se�alado Sistema de Coordinaci�n F., el �rgano legislativo local renunci� a imponer las contribuciones que concurran con los impuestos federales participables, ello conlleva, incluso a la desincorporaci�n temporal de su �mbito competencial de la potestad relativa, por lo que si aqu�l crea contribuciones de esa especie, estar� expidiendo disposiciones de observancia general que carecen del requisito de fundamentaci�n previsto en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que ser�n emitidas sin la competencia para ello.

"Dan apoyo a lo anterior la tesis 2a. CLXXII/2000 y la jurisprudencia n�mero 2a./J. 17/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultables, respectivamente, en las p�ginas 436 del Tomo XII, diciembre de 2000 y 293 del T.X., mayo de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, intituladas:

"?COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR �STOS CON AQU�LLA PARA ADHERIRSE AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO, TIENEN EFECTOS AN�LOGOS A LOS DE UN TRATADO INTERNACIONAL.? (se transcribe su texto).

"?COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. EFECTOS DE LA CELEBRACI�N DE LOS CONVENIOS DE ADHESI�N AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO RESPECTO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL.? (se transcribe su texto).

"Luego, como la limitaci�n constitucional a la potestad tributaria de las entidades federativas no es absoluta, sino s�lo cuando se trate de facultades reservadas a la Federaci�n, al imponer grav�menes, el legislador local tiene el deber de observar los principios constitucionales previstos en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional.

"Lo mismo acontece cuando el legislador federal precisa que la imposici�n de determinado gravamen por las entidades federativas no implica incumplimiento de los convenios de colaboraci�n fiscal, porque al reasumir esa potestad tributaria las Legislaturas Locales deben acatar los principios en materia de justicia fiscal contenidos en el citado precepto legal.

"No obstante lo anterior y de que el resolutor federal haya expuesto que el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ?facult�? a los Estados para implementar el impuesto cedular a las personas f�sicas, mismo que no fue impugnado por el peticionario de garant�as, no se est� en el caso de declarar inconstitucional el tributo impugnado con el argumento de que viola el principio de equidad, atento a las siguientes consideraciones.

"Del fallo impugnado se observa que el Juez de Distrito declar� inoperante el tercero de los conceptos de violaci�n en el que se discuti� la inequidad del tributo impugnado por estar dirigido a las personas f�sicas y no a las morales, raz�n por la cual expuso lo siguiente:

"a) Que de acuerdo con el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el legislador federal facult� a las entidades federativas al establecimiento de un impuesto cedular sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas que presten servicios profesionales, es decir, que la voluntad de gravar a dichas personas provino del Congreso de la Uni�n y no del Congreso Local.

"b) Que para estar en condiciones de examinar el impuesto estatal bajo el principio de equidad ?externa? conforme al planteamiento planteado (sic) por el quejoso debi� impugnar no solamente las disposiciones locales sino tambi�n el aludido ordenamiento federal expedido por el Congreso de la Uni�n, que fue el que facult� al Congreso Local para imponer el tributo cedular por la prestaci�n de servicios profesionales.

"Las anteriores consideraciones no son discutidas por el recurrente, puesto que sobre este aspecto tan s�lo se limita a insistir que la norma impugnada no se aplica en forma general a todos los contribuyentes que se encuentran en la misma situaci�n, pues se excluye de la obligaci�n de pago y no grava de la misma forma a las personas morales; empero no discute el razonamiento del Juez de Distrito acerca de que el peticionario de garant�as no s�lo debi� impugnar los preceptos locales que regulan el tributo tildado de inconstitucional, sino tambi�n el ordenamiento federal (art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado) que fue el que traz� el lineamiento establecido por el Congreso Federal para que las entidades federativas regularan el tributo cedular.

"De ah� que al no haber causa de pedir este cuerpo colegiado no puede realizar libremente el examen de la resoluci�n recurrida, pues ese estudio debe hacerse necesariamente a partir de los agravios planteados por el impugnante, ya que toda ley goza de la presunci�n de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en raz�n de la legitimidad de los �rganos que la emiten. Por el principio rector que contiene, se cita la tesis de jurisprudencia n�mero 1a./J. 121/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, aprobada en sesi�n de diecisiete de agosto de dos mil cinco, pendiente de publicaci�n en el medio oficial de difusi�n, intitulada:

"?LEYES. LA EXPRESI�N DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCI�N DE CONSTITUCIONALIDAD.? (se transcribe su texto).

"Con independencia de lo anterior, los argumentos expresados por el recurrente identificados en esta ejecutoria con los numerales 9 y 10, en los que se expone, en esencia, que el tributo estatal est� dirigido �nicamente a las personas f�sicas y no a las morales, por lo que se viola la garant�a de igualdad prevista en el art�culo 13 constitucional al estar en presencia de una ley privativa, y que la norma impugnada no cumple con la garant�a de igualdad, dado que no se aplica en forma general a todos los contribuyentes que se encuentran en la misma situaci�n, pues se excluye de la obligaci�n de pago y no grava de la misma forma a las personas morales, sin existir justificaci�n ni fundamento para tal efecto, son insuficientes para declarar la inconstitucionalidad del tributo.

"Preliminarmente se expondr�n las razones por las cuales el ordenamiento que contiene el impuesto cedular no es una ley privativa, para luego sustentar el motivo por el que los argumentos del quejoso son insuficientes para declarar la inconstitucionalidad de dicho tributo.

"El art�culo 13 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"?Art�culo 13.? (se transcribe su texto).

"Tal precepto, en lo que interesa, establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que una ley es privativa cuando carece de los requisitos de generalidad, abstracci�n e impersonalidad que toda norma legal debe contener, esto es, aquellas cuyas disposiciones s�lo regulan una situaci�n concreta respecto a una persona o personas nominalmente determinadas de antemano atendiendo a criterios subjetivos y una vez que se han aplicado al caso espec�fico para el cual fueron creadas pierden su vigencia; as�, para que una ley no sea privativa, es necesario que se aplique sin distinci�n de persona a todos los supuestos que previene y debe subsistir aun despu�s de aplicarse a un caso determinado.

"El caso de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato que contiene, entre otros tributos, el impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales, no se trata de una ley privativa en los t�rminos que han sido precisados, en virtud de que la citada normatividad goza de los atributos de generalidad, abstracci�n y permanencia, pues fue estructurada para ser aplicada a un grupo indeterminado de contribuyentes relacionados con actividades espec�ficas (personas f�sicas que presten servicios profesionales), sin contraerse a una sola persona o a una actividad determinada y su vigencia no fenece una vez que ha sido aplicada la norma impositiva, en virtud de que perdurar� cada vez que se actualice el hecho imponible; de ah� que no se viola el citado precepto constitucional.

"Por el principio rector que contiene se cita la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 18/98 del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 7 del T.V.I, marzo de 1998, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, intitulada:

"?LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES.? (se transcribe su texto).

"Por otra parte, el argumento en cuanto a que el impuesto cedular al estar orientado �nicamente a las personas f�sicas y no a las morales viola el principio de equidad tributaria es insuficiente para declarar su inconstitucionalidad.

"Como premisa, debe tenerse en cuenta que el principio de equidad tributaria radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un trato fiscal igual y, consecuentemente, los que se encuentran en situaciones jur�dicas desiguales deben recibir un tratamiento distinto que refleje dichas desigualdades. De tal forma que los sujetos pasivos de un mismo tributo a falta de diferencias que resulten relevantes desde el punto de vista fiscal deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros aspectos, debiendo �nicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado.

"As�, a trav�s de dicho principio, se busca alcanzar una igualdad material entre las distintas clases de contribuyentes.

"En ese sentido se ha pronunciado el M�ximo Tribunal del pa�s en la tesis de jurisprudencia n�mero 197 del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 239 del Tomo I, Constitucional, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000 del siguiente rubro y texto:

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES.? (se transcribe su texto).

"Desde otra perspectiva, el principio de equidad implica el deber del Estado de procurar la igualdad jur�dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato ante la ley y ante su aplicaci�n, de lo que derivan los siguientes elementos objetivos:

"a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable;

"b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder id�nticas consecuencias jur�dicas;

"c) No se proh�be al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino s�lo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinci�n; y,

"d) Para que la diferenciaci�n tributaria resulte acorde con las garant�as de igualdad, las consecuencias jur�dicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relaci�n entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

"Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 41/97, consultable en la p�gina 43 del Tomo V, junio de 1997, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, intitulada:

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.? (se transcribe su texto).

"La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situaci�n de igualdad frente a la norma jur�dica que lo establece y regula. Con base en las consideraciones anteriores se procede a relacionar dicho principio con el caso concreto.

"Los art�culos 9o., fracci�n I, y 13 de la Ley de Hacienda, para el Estado de Guanajuato establecen lo siguiente:

"?Art�culo 9o.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 13.? (se transcribe su texto).

"Tales normas impositivas est�n dirigidas a las personas f�sicas que en el Estado de Guanajuato, perciban ingresos derivados de la prestaci�n de servicios profesionales; empero la circunstancia de que la obligaci�n tributaria no se haya orientado a las personas morales no significa que se vulnere el principio de equidad, como lo indica el impugnante.

"Por principio de cuentas, porque de haberlo hecho implicar�a que la entidad incumpliera con el Convenio al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. al que se encuentra adherido, dado que en �ste se acord� no mantener en vigor impuestos locales o municipales sobre los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado.

"De ah� que sea una primera raz�n v�lida para justificar el motivo por el cual el tributo impugnado no se orient� a las personas morales, pues son causantes del impuesto al valor agregado, en tanto que el legislador federal consider� que su imposici�n a las personas f�sicas no implicaba incumplimiento a dicho pacto.

"Desde otra perspectiva, desde el diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve, el Estado de Guanajuato se encuentra adherido al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. en los t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el veintiocho de diciembre de la mencionada anualidad.

"En el considerando quinto de dicho pacto, se estableci� lo siguiente:

"(se transcribe su texto).

"Del anterior punto considerativo se observa que las entidades federativas, en el caso, el Estado de Guanajuato recibir�n porcentajes fijos de lo que se recaude a trav�s de los impuestos federales, a cambio de lo cual �stas se obligan a no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que contrar�en las limitaciones se�aladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en las leyes sobre impuestos especiales que s�lo puede establecer la Federaci�n.

"Lo anterior se corrobora con lo establecido en el art�culo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que dispone lo siguiente:

"?Art�culo 41.? (se transcribe su texto).

"Lo anterior indudablemente conlleva la desincorporaci�n temporal de su �mbito competencial, de la potestad para establecer contribuciones que graven determinados hechos imponibles sobre los que recaen los impuestos federales participables, de tal modo que si el Congreso Local crea contribuciones de esa especie, estar� expidiendo disposiciones de observancia general que carecen del requisito de fundamentaci�n previsto en el art�culo 16 constitucional, en tanto que ser�n emitidas sin la competencia necesaria para ello.

"Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la referida convenci�n se desincorpor� de la esfera competencial del Congreso Local de esa entidad federativa, su atribuci�n para crear contribuciones que recaigan sobre los hechos imponibles gravados por los referidos impuestos federales, pues de lo contrario no podr�a cumplirse con uno de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Coordinaci�n F., evitar la doble o m�ltiple tributaci�n, sin que ello implique una renuncia temporal a la potestad que constitucionalmente le asiste, sino el desarrollo de �sta a trav�s de su expresi�n omisiva, con el fin de obtener recursos v�a participaciones de la recaudaci�n obtenida de los impuestos federales.

"Por tanto, teniendo en cuenta que las personas morales son causantes del impuesto al valor agregado de conformidad con el art�culo 1o. de la ley que lo regula se explica la raz�n por la cual no fueron gravados dichos sujetos del tributo impugnado.

"Es veraz que conforme a dicho precepto legal tambi�n las personas f�sicas son sujetos pasivos del impuesto al valor agregado; empero lo que trasciende es que el legislador federal al reformar el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para el ejercicio fiscal dedos mil cinco, traz� las directrices para permitir que las entidades federativas impusieran el gravamen cedular por la prestaci�n de servicios profesionales y especific� en ese precepto que el aludido gravamen a cargo de las personas f�sicas no constitu�a incumplimiento a los convenios celebrados con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico (entre los que se encuentra el Convenio de Adhesi�n al Sistema de Colaboraci�n F., lo que se desprende de la siguiente transcripci�n.

"?Art�culo 43.? (se transcribe su texto).

"Entonces, teniendo en cuenta que el gravamen se orient� �nicamente a las personas f�sicas con la salvedad de que su imposici�n se considere un incumplimiento de los convenios celebrados con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico ni del art�culo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se entiende que la entidad federativa mantiene una limitaci�n en la potestad tributaria para imponer el gravamen a las personas morales, sin que pueda examinarse si ese proceder se encuentra ajustado a derecho o no en virtud de que dicho acuerdo de voluntades no es parte de la litis constitucional.

"Otra raz�n a esgrimir contra lo expuesto por el impugnante al considerar que las personas f�sicas y las morales se encuentran en un plano de igualdad, deriva de la circunstancia de que conforme a los preceptos reclamados el impuesto cedular por la prestaci�n de servicios profesionales es deducible del impuesto sobre la renta federal, cuyo efecto fiscal es atemperar en forma notoria la carga tributaria de las personas f�sicas, beneficio que no acontece con las personas morales.

"La anterior conclusi�n se obtiene de la lectura del art�culo 15 de la ley impugnada, que establece que lo relativo a los ingresos y a las deducciones se atender� adicionalmente a lo establecido en el apartado correspondiente a las deducciones generales y a los cap�tulos II, secci�n I y X, ambos del t�tulo IV y al t�tulo VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; en tanto que el art�culo 123, fracci�n VII, de este �ltimo ordenamiento dispone que las personas f�sicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, podr�n deducir los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos que obtengan por dichas actividades; ordinales que, en el orden citado, son del tenor siguiente.

"?Art�culo 15.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 123.? (se transcribe su texto).

"Conforme a ese contexto, al estar las personas f�sicas ante la posibilidad de deducir el impuesto cedular frente al impuesto sobre la renta, no se les genera una situaci�n inequitativa respecto de las personas morales, dado que mediante dicho beneficio fiscal est�n en condiciones de obtener un saldo a favor, respecto del cual pueden solicitar su devoluci�n o compensarlo contra otros impuestos, lo que no acontece con las personas morales.

"Tambi�n debe tenerse en cuenta que la desigualdad entre las personas f�sicas y las morales adem�s de reflejarse en cuanto a que estas �ltimas tienen respecto de las primeras una regulaci�n econ�mica, financiera y administrativa distinta, la imposici�n del tributo �nicamente a personas f�sicas obedece a fines extrafiscales.

"En efecto, si bien el prop�sito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto p�blico de la Federaci�n, Estados y M. no puede desconocerse que la imposici�n de contribuciones tambi�n se estructuran como instrumentos eficaces de pol�tica financiera, econ�mica y social que el Estado tenga inter�s en impulsar, que son los denominados fines extrafiscales como, por ejemplo, apoyo a determinadas actividades agr�colas, educativas, sociales, clases marginadas, etc�tera, pero tendr� que ser el legislador, quien en este supuesto, refleje su voluntad en el proceso de creaci�n de la contribuci�n, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes, a lo que debe atenderse sustancialmente, es al producto de la voluntad del �rgano encargado de crear la ley y no a las posibles ideas que haya pensado o posibles finalidades (objetivos) que se haya propuesto realizar.

"Dicho de otra manera, tendr� que ser ineludiblemente el legislador quien establezca expresamente, en la exposici�n de motivos, dict�menes o en la misma ley los fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposici�n, pues solamente de esa manera el �rgano de control constitucional contar� con otros elementos, cuyo an�lisis le permitir� llegar a la convicci�n y determinar si el precepto o preceptos reclamados se ajustan a los principios consagrados en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional.

"Lo antes considerado encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia n�mero 1a./J. 46/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 157 del Tomo XXI, mayo de 2005, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que lleva por rubro y texto:

"?FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL �RGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACI�N DE LAS CONTRIBUCIONES.? (se transcribe su texto).

"En el caso en estudio se desprende del proceso de creaci�n de la ley reclamada que la imposici�n del tributo a las personas f�sicas tuvo fines extrafiscales, entre los que se encuentran, el fortalecimiento de la hacienda p�blica estatal para disminuir su dependencia del presupuesto federal y estar en mejores condiciones de satisfacer las necesidades de la poblaci�n.

"Para sustentar lo anterior, resulta oportuno transcribir la exposici�n de motivos de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, en vigor a partir del primero de enero de dos mil cinco, que establece, en lo conducente:

"(se transcribe su texto).

"En tanto que el dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Hacienda y F.�n, y de G.�n y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, es del tenor siguiente:

"(se transcribe su texto).

"De lo anterior se desprende que las razones principales para realizar la reforma fiscal derivaron de las sugerencias contenidas en la Convenci�n Nacional de la Hacienda P�blica, cuales son:

"1. Fortalecer los ingresos estatales.

"2. Insuficiencia de recursos p�blicos para atender la demanda de la ciudadan�a, tanto en el Gobierno Federal, como en las entidades federativas y los M..

"3. La dependencia que tienen la mayor�a de las entidades federativas en los recursos federales.

"4. Aprovechamiento de la capacidad generadora de recursos fiscales de las entidades federativas y M., a fin de que mediante impuestos propios se contrarreste la dependencia de los recursos federales y recuperen mayor autonom�a financiera.

"Esto es, el fin extrafiscal del tributo impugnado fue el fortalecimiento de la hacienda p�blica local y lograr mayor independencia frente a la Federaci�n, cuyo prop�sito es congruente con la imposici�n del gravamen a las personas f�sicas por la sencillez que representa su recaudaci�n y verificaci�n de cumplimiento por las autoridades fiscales en contraposici�n a las personas morales, puesto que representan una regulaci�n econ�mica, administrativa y contable distinta, lo que tornar�a m�s compleja la recaudaci�n del tributo; tan es as� que, atendiendo a esos factores en la propia Ley del Impuesto sobre la Renta se agrupan a las personas f�sicas y a las morales en t�tulos distintos (t�tulo II para las personas morales y t�tulo IV para las personas f�sicas), imponi�ndoles diversas cargas tributarias y contables.

"As� las cosas, atento a las razones vertidas en esta ejecutoria, los argumentos expuestos por el impugnante en torno a considerar que no se da un trato igual a las personas f�sicas y a las morales al no gravar a estas �ltimas con el impuesto cedular, son insuficientes para declarar inconstitucional los preceptos impugnados.

"En las relatadas circunstancias, procede modificar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado contra los actos reclamados al Congreso, al gobernador, al secretario de Gobierno, incluyendo al secretario de Finanzas y Administraci�n, todos del Estado de Guanajuato consistentes, respectivamente, en la aprobaci�n, expedici�n, promulgaci�n, refrendo, aplicaci�n y ejecuci�n del Decreto N�mero 113, que contiene la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en particular, los art�culos 9o., p�rrafo primero, fracci�n I, 13 y 14 y, aprobaci�n, expedici�n, promulgaci�n, refrendo, aplicaci�n y ejecuci�n del Decreto N�mero 114, que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, espec�ficamente el art�culo 4o., inciso b), punto 1."

QUINTO

Las consideraciones que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 286/2005, son las siguientes:

"CUARTO. De los argumentos expuestos en el agravio transcrito, resulta fundado aquel en el que sostiene de manera toral, que no se respeta el principio de equidad tributaria al no considerarse a las personas morales como sujetos pasivos del impuesto cedular.

"Refiere la recurrente, que en relaci�n con la contestaci�n del concepto de violaci�n donde se sostiene que el impuesto cedular viola el principio de equidad tributaria porque no se incluyen a las personas morales es err�nea, porque ante una situaci�n de hecho similar entre la persona f�sica y la moral (prestaci�n de servicios profesionales, actividad empresarial y otorgamiento temporal de uso o goce de inmuebles) se encuentra gravada para las personas f�sicas mientras que hay exenci�n para las personas morales, sin raz�n jur�dica que lo justifique.

"Que el argumento expuesto por el Juez de Distrito de que el impuesto cedular es equitativo porque su cobro deriva de un art�culo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, viola los principios y normas bajo las cuales se ha de resolver un juicio de amparo, porque el principio de equidad lo supedita a la ley ordinaria, es decir, resuelve un problema de constitucionalidad basado en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin considerar que la imposici�n del impuesto cedular por los Estados debe establecerse al trav�s de una ley, independiente de los art�culos 41 y 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; que si bien es cierto el Legislativo de Guanajuato tiene que regular el impuesto cedular conforme a los lineamientos previstos en los art�culos 41 y 43 de la Ley al Impuesto al Valor Agregado, tambi�n es cierto, que la regulaci�n e imposici�n de ese impuesto es optativa para el Estado.

"Que en trat�ndose de equidad, cuando se excluya a ciertos sujetos del pago de un impuesto deben existir razones objetivas que pueden obedecer a circunstancias econ�micas, de orden social o de orden p�blico, razones que en todo momento deben darse a conocer, adem�s de que deben ser suficientes para que �sta se realice, lo que en el caso no acontece; que al no haber una explicaci�n de por qu� entre personas que encontr�ndose bajo las mismas situaciones de hecho, a unas se les cobra al impuesto y a otras no, resulta arbitraria y, por tanto, violatoria de garant�as individuales.

"El Juez de Distrito consider� que se respetaba en este impuesto cedular el principio de equidad tributaria, considerando los siguientes aspectos:

"1. Que conforme al marco jur�dico en materia tributaria entre la Federaci�n y los Estados se ha establecido un sistema que gira en torno a la Ley de Coordinaci�n F. publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n, el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.

"2. Que el Sistema de Coordinaci�n F., tambi�n tuvo como base la emisi�n de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Especial sobre Producci�n y Servicios.

"3. Que el Estado de Guanajuato, en octubre de mil novecientos setenta y nueve, celebr� con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n.

"4. Que con el fin de evitar una doble o m�ltiple tributaci�n, al imponer la Federaci�n, el Estado o el Municipio un impuesto con base en el mismo objeto, la entidad federativa al momento de entrar en vigor el convenio de adhesi�n, dejar� en suspenso la aplicaci�n de sus propias leyes para que sea la Federaci�n quien determine tales impuestos.

"5. Que desde la entrada en vigor del convenio de adhesi�n, se desincorpor� de la esfera competencial del Congreso del Estado de Guanajuato, su atribuci�n para crear contribuciones que recaigan sobre los hechos imponibles gravados por los impuestos federales.

"6. Que conforme al art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado las entidades federativas podr�n establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas que perciban ingresos por la prestaci�n de servicios profesionales, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenaci�n de bienes inmuebles, o por actividades empresariales, sin que se considere un incumplimiento de los convenios celebrados con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico ni del art�culo 41 de esta ley, cuando dichos impuestos re�nan ciertas caracter�sticas.

"Y, concluye en:

"7. Que la Legislatura del Estado de Guanajuato, no vulnera los compromisos adquiridos en el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. ni al art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque se le permite establecer impuestos a las personas f�sicas por prestaci�n de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, entre otros.

"8. Que resulta justificado el impuesto cedular por actividades empresariales impuesto por el Congreso Local, en virtud de que cuenta con tal facultad con base en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

"Las conclusiones a las que arriba el Juez de Distrito resultan desacertadas, toda vez que realiza el estudio de inconstitucionalidad planteado, en relaci�n con el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. suscrito por el Estado de Guanajuato y la Federaci�n y el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y no con la Constituci�n de los Estados Unidos Mexicanos.

"Se consideran equ�vocos los argumentos expresados por el Juez de Distrito porque pretende derivar su constitucionalidad de los preceptos reclamados del hecho de contravenir el citado convenio y art�culo 41, fracci�n I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en virtud de que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley local, como lo es la Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato, no depende de que se encuentre en armon�a o no con lo dispuesto en un Convenio de Coordinaci�n o en una ley federal, sino que debe confrontarse con el texto de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos para determinar si se ajusta o no a esta �ltima.

"Es aplicable la tesis visible en la p�gina 119, Vol�menes 193-198, Primera Parte del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo texto es:

"?LEY, CONSTITUCIONALIDAD DE LA. REQUISITO PARA SU AN�LISIS.? (se transcribe su texto).

"Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 108 del Tomo I del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-1995, que establece:

"?CONTRIBUCIONES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LAS ESTABLECE NO DEPENDE DE SU CONTRADICCI�N CON ORDENAMIENTOS SECUNDARIOS O PACTOS ECON�MICOS.? (se transcribe su texto).

"Adem�s, los t�rminos en que se expida una ley local no se encuentran sujetos a lo dispuesto en las leyes federales, pues el Tribunal P. estableci� claramente que entre las legislaciones federal y local no existe relaci�n jer�rquica, sino competencia determinada por la Constituci�n General de la Rep�blica. Este criterio est� contenido en la tesis de jurisprudencia 186, visible en la p�gina 185, Tomo I, Materia Constitucional, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, con el rubro y texto siguientes:

"?LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACI�N JER�RQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCI�N.? (se transcribe su texto).

"En otro aspecto, en cuanto a la facultad del Congreso del Estado para imponer el impuesto cedular por actividades empresariales, ha de sostenerse que s� tiene esa facultad, pero derivada de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y no con base en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como pretende el Juez de Distrito.

"Ante la existencia de diferentes �mbitos espaciales de aplicaci�n de la ley en el Estado mexicano, donde existen normas tanto de car�cter federal, que valen para todo el territorio nacional como de car�cter local, al aplicarse en las entidades federativas, se hizo necesario que por encima de todas ellas, se creara otra que las delimitara, la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dando as� origen a tres �mbitos normativos, el constitucional, el federal y el local de donde surge la necesaria jerarqu�a del primero sobre los dos restantes y la independencia entre los �ltimos, sin preeminencia de alguno de ellos sobre el otro.

"Por lo que, la Federaci�n no puede sin violar la soberan�a de los Estados, prohibirles el establecimiento de determinados impuestos, siendo entonces la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos la que puede establecer tales limitaciones.

"Es decir, aquellos campos que han quedado fuera de las prohibiciones constitucionales los Estados pueden libremente establecer los impuestos que estimen necesarios, -en el caso el impuesto cedular- sin que la ley federal o un convenio de colaboraci�n puedan establecer limitaci�n alguna.

"Es cierto que el Estado de Guanajuato y la Federaci�n celebraron el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en el que el Estado se oblig� a no imponer contribuciones que concurran con los impuestos federales que se especifican en la cl�usula tercera, pero no se le impuso prohibici�n alguna, es decir, fue una expresi�n de voluntad por parte del Gobierno del Estado, con la finalidad de obtener mayores participaciones de la Federaci�n, pero sin inhibir esa facultad legislativa en imposici�n tributaria, porque precisamente el Congreso Local al ejercer su facultad legislativa no puede estar supeditado a la voluntad de otro orden normativo, a excepci�n de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Por lo que, ante tales razonamientos, el Congreso del Estado de Guanajuato al crear el impuesto cedular por actividades empresariales para el ejercicio de dos mil cinco, debe entre otras y para el caso, respetar la garant�a de equidad tributaria.

"Sobre este tema, se citan los siguientes criterios:

"Jurisprudencia por reiteraci�n P./J. 42/97, emitida por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 36, Tomo V, junio de 1997 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca.

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES.? (se transcribe su texto).

"Tesis 2a. XCV/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 560, Tomo XX, diciembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca.

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. OPERA NO S�LO EN RELACI�N CON LOS SUJETOS PASIVOS DEL TRIBUTO, SINO TAMBI�N RESPECTO DE SITUACIONES QUE SI SON IGUALES DEBEN RECIBIR EL MISMO TRATAMIENTO.? (se transcribe su texto).

"Las emitidas por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a foja 240, Tomo I, Materia Constitucional, y la visible a foja 239, ambas del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, con el rubro y textosiguientes:

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.? (se transcribe su texto).

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES.? (se transcribe su texto).

"As�, tal como lo sostuvo el Juez de Distrito, ?... el principio de equidad se traduce en igualdad ante la ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc�tera, pudiendo �nicamente variar las tarifas tributarias aplicables, si a trav�s de esa variaci�n se consigue que los contribuyentes tributen de acuerdo con su capacidad econ�mica ...?

"?El requisito de equidad tributaria que debe cumplir toda ley fiscal, de conformidad con lo establecido en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional y que exige el debido respeto al principio de igualdad, que se traduce en dar trato similar a los iguales y diferenciando a los desiguales no requiere como presupuesto para su posible transgresi�n el que la norma legal relativa establezca diversas categor�as de contribuyentes o diferenciaci�n entre ellos, pues basta con que determine un derecho que no pueda ser ejercido por todos los contribuyentes, sino s�lo por aquellos que se coloquen en la hip�tesis de causaci�n que d� lugar a su ejercicio, o bien prevea reg�menes diversos, aunque �stos sean aplicables a todos los contribuyentes sin distinci�n, seg�n la hip�tesis legal en que se coloque y puedan, incluso, ser aplicables a un mismo sujeto del impuesto, para que se d� la posibilidad de inequidad, ya que tal diferenciaci�n en los reg�menes o en el ejercicio del derecho s�lo por algunos pueden ser, en s� mismos, violatorios de ese principio al ocasionar, seg�n la aplicaci�n que corresponda de los reg�menes o el derecho, un trato diferencial a similares o uno igual a desiguales.?

"Los art�culos cuya inconstitucionalidad se plantea por la recurrente son:

"De la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato para el ejercicio de 2005:

"?Art�culo 23.?(se transcribe su texto).

"?Art�culo 24.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 25.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 26.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 27.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 28.? (se transcribe su texto).

"De la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio de 2005:

"?Art�culo 1o.? (se transcribe su texto).

"De lo anterior, se advierte que los elementos del tributo, fueron considerados por el Congreso del Estado de Guanajuato, as�:

"Se estableci� en su art�culo 23 que el objeto del tributo son los ingresos derivados de la realizaci�n de actividades empresariales, en ese mismo art�culo, se prev� que los sujetos obligados son las personas f�sicas que obtengan ingresos derivados de la realizaci�n de actividades empresariales, contempl�ndose en �ste tambi�n como base del impuesto, la suma de la utilidad gravable de la actividad empresarial; y establece, por �ltimo el art�culo 4o., inciso b), de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio 2005, la tasa del impuesto fijada en 2%.

"Si el principio de equidad tributaria consiste en el derecho que tienen todos los gobernados de recibir el mismo trato al encontrarse ubicados en similar situaci�n de hecho, en el caso no se da.

"Ello es as�, porque el impuesto se cre� no para un universo de personas que estuvieran ubicadas en un mismo supuesto, sino que se consideraron �nicamente como sujetos pasivos a las personas f�sicas, excluyendo a las personas morales, sin dar raz�n o justificaci�n alguna por parte del legislador.

"Si el objeto del impuesto cedular son los ?ingresos derivados de la realizaci�n de actividades empresariales?, tal objeto puede realizarse no s�lo por las personas f�sicas sino tambi�n es una actividad que puede ser efectuada por las personas morales, por lo que al estar colocadas en el mismo supuesto, se debe para respetar el principio de equidad tributaria, imponer la obligaci�n a ambos sujetos, es decir, tanto a las personas f�sicas como a las morales.

"Ello, para que los sujetos pasivos que desarrollen la misma actividad objeto del tributo reciban un tratamiento id�ntico al margen si las personas morales son sujetos del impuesto al valor agregado, ya que tambi�n lo est�n las personas f�sicas, a quienes tambi�n adicionalmente son consideradas sujetos pasivos del diverso impuesto cedular, por lo que no hay raz�n fundada para que aqu�llas sean exentadas del mismo.

"Ello, aun cuando -como lo sostiene el Juez de Distrito- el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado faculta al Congreso Local a imponer el impuesto cedular s�lo a las personas f�sicas, pues como se ha sostenido, la inconstitucionalidad de los art�culos impugnados debe ser estudiada en relaci�n con la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y no con leyes de car�cter federal.

Por otro lado, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado de Circuito que el Juez de Distrito en los puntos resolutivos de su sentencia, consider� tambi�n como autoridad responsable al director del Peri�dico Oficial del Estado, sin que se haya considerado as� por la quejosa, y no existen datos en el juicio de amparo indirecto que determine considerar a dicha autoridad como responsable; sin embargo, ello no modifica el sentido de esta ejecutoria.

SEXTO

Las consideraciones que sirvieron de sustento al Quinto Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, ahora Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo de dicho circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 207/2005, son las siguientes:

"CUARTO. En el primer agravio, la quejosa recurrente sostiene que en el primer concepto de violaci�n que expuso en su demanda de amparo se refiri� a la inconstitucionalidad del impuesto impugnado en virtud de que establece una tasa fija en lugar de tarifas progresivas para el cobro del mismo, el cual fue desestimado por el Juez de Distrito, siendo que la discrepancia no radica en lo que debe entenderse por ?proporcionalidad? para efecto de las contribuciones, pues se reconoce que es un criterio definido por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que para considerar que una contribuci�n es proporcional es que cuente en primera instancia con tasas progresivas, como se determin� en el fallo impugnado, pero en lo que se difiere es con lo que luego estableci�, en cuanto a que dicho criterio no es aplicable en todos los impuestos en virtud de que la proporcionalidad y equidad deben determinarse analizando en particular cada tributo, al tener una naturaleza propia y caracter�sticas especiales; y que trat�ndose del impuesto cedular por actividades empresariales, la tasa impuesta por la ley no viola el principio de proporcionalidad exigido por la Constituci�n Federal, ya que el objeto del mismo s�lo se constituye por los ingresos que se obtengan por la realizaci�n de actividades empresariales, por lo que el legislador, al preverlo no tom� en cuenta la capacidad contributiva total del sujeto pasivo, como acontece en el impuesto sobre la renta, sino s�lo una parte de sus ingresos, a saber, los derivados de la realizaci�n de actividades empresariales.

"Sin embargo, dice la quejosa recurrente, dicho argumento carece de fundamentaci�n y motivaci�n, adem�s de evidenciar un desconocimiento del impuesto sobre la renta y de su mec�nica, de conformidad con los siguientes se�alamientos:

"a) Expone que acorde con lo que expuso el juzgador de garant�as en el sentido de que no todas las contribuciones deben contar con tasas progresivas para considerar que se cumple con el principio de proporcionalidad, ser�a necesario hacer un an�lisis del tipo de contribuciones que existen en el sistema mexicano y conforme a su naturaleza, determinar si el principio de proporcionalidad se cumple con tasas progresivas o fijas y cita como ejemplos que el art�culo 2o. del C�digo F. de la Federaci�n establece como contribuciones, los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; mientras que el C�digo F. del Estado de Guanajuato prev� una clasificaci�n similar; por tanto, dice, es evidente en dichas contribuciones la diferencia de lo que debe entenderse por proporcionalidad, pues los que cambian radicalmente son los impuestos y los derechos y ello justifica que el criterio de proporcionalidad difiera, pues si un impuesto tiene como objeto gravar el ingreso, en la medida de �ste, debe contribuir el particular, por lo que el que m�s percibe debe aportar m�s que el que menos recibe y la manera id�nea de gravarlos son las tasas o tarifas progresivas, pues, si se utilizara una sola tasa para el c�lculo del impuesto, como es, un dos por ciento general a todas las personas, independientemente de lo que perciban y, por ello, dice, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que en esos casos el principio de proporcionalidad s�lo se cumple cuando en la ley se establezcan tasas o tarifas progresivas.

"Agrega que respecto de los derechos, que son las contribuciones que se reciben por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio p�blico, as� como por los servicios que presta el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, y cita como ejemplos en el �mbito federal, la expedici�n de un pasaporte y en el �mbito local la de un certificado de liberaci�n de gravamen por el Registro P�blico de la Propiedad, por tanto, atendiendo a la naturaleza de esta contribuci�n, la fijaci�n de las tarifas para la recuperaci�n de lo invertido por el Estado para la prestaci�n del servicio y, por ello, la proporcionalidad de la contribuci�n radica en un precio que va a ser igual para todos, pues lo mismo gasta el Estado para emitir un pasaporte a una persona que gana diez mil pesos al mes que a una que gana cincuenta mil pesos mensuales, al igual que con los derechos que cobra el Registro P�blico de la Propiedad, ya que lo mismo le cuesta al Estado expedir un certificado de libertad de gravamen de un inmueble que vale cincuenta mil pesos que de otro que cuesta cinco millones de pesos; por lo que en los derechos es evidente que la proporcionalidad no radica en que los que m�s tienen contribuyan con una cantidad mayor, pues atendiendo a la naturaleza de dicha contribuci�n, lo que se pretende es la recuperaci�n de lo que el Estado gasta por la prestaci�n de servicios que son obligaciones que le imponen las leyes y lo proporcional es que se establezca una tarifa �nica para todas las personas; a�ade que no es obst�culo para lo anterior la existencia de los impuestos indirectos, como el del valor agregado en el cual el c�lculo a cubrir se realiza a trav�s de una tasa �nica y no progresiva, ya que los tributos indirectos, tienen una naturaleza diferente a los directos, siendo los primeros los que se cobran sobre los gastos o erogaciones y los segundos los que gravan los ingresos, por lo que debe establecerse si el impuesto cedular es directo o indirecto.

"b) Que la sentencia recurrida carece de fundamentaci�n y motivaci�n pues si bien el juzgador de amparo alude a los tres diferentes tipos de indicadores de riqueza, en la sentencia recurrida respecto del impuesto cedular no se estableci� a cu�l de los tres pertenece, y el argumento para desestimar el concepto de violaci�n respectivo consisti� en que como el impuesto cedular grava una parte de los ingresos del contribuyente, est� exento de someterse a tarifas progresivas; sin embargo, dice la recurrente, ese razonamiento es insuficiente para afirmar que en el citado tributo, el principio de proporcionalidad no se debe cumplir a trav�s de tasas o tarifas progresivas, pues s�lo se expuso que dicho impuesto tiene una naturaleza diferente, sin que se establezca cu�l es, ni las diferencias que hacen que el principio de proporcionalidad con base en tarifas progresivas sea inaplicable; por ello era necesario que el juzgador de amparo estableciera primero, qu� tipo de contribuci�n es el impuesto cedular, y luego de concluir qu� es un impuesto, determinara si es directo o indirecto, y con base en ello precisar si el principio de proporcionalidad se cumple con una tasa fija o si es indispensable que se grave con tarifas o tasas progresivas; que para determinar la naturaleza de dicho impuesto es necesario atender a su objeto, el cual se prev� en el art�culo 9o. de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, al establecer que est�n obligadas al pago de los impuestos cedulares previstos en esa ley, las personas f�sicas que en territorio del Estado de Guanajuato, obtengan ingresos en efectivo en bienes, en cr�dito, en servicios o cualquier otro tipo por realizar las actividades que enuncia por lo que la base del mismo son los ingresos y, acorde con la clasificaci�n antes realizada, el impuesto cedular pertenece a los que gravan los ingresos, rendimientos o utilidades no pudiendo pertenecer a las otras dos clasificaciones, es decir, a los que recaen sobre la posesi�n o propiedad de capitales o bienes y los que se cobran por los gastos o erogaciones realizadas, por tanto, es un impuesto directo, que se grava en raz�n de los ingresos, rendimientos o utilidades, entonces, el criterio de proporcionalidad que debe regirlo es el dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por lo que la ley debe establecer para su gravamen, tasas progresivas, para que sea proporcional y apegado a la Constituci�n Federal.

"En ese contexto, insiste la ahora inconforme, la resoluci�n recurrida, adem�s de carecer de fundamentaci�n y motivaci�n, viola el principio de equidad tributaria que dispone que a los que se sit�en en los mismos supuestos de derecho corresponden las mismas consecuencias jur�dicas, siendo inconstitucional que a otros impuestos cuya base lo constituyen los ingresos, utilidades o rendimientos, como sucede con el impuesto sobre la renta, se les reconozca que para cumplir con el principio de proporcionalidad, es necesario que las tasas que prevean sean progresivas; mientras que a otras leyes en las cuales la base son los ingresos, rendimientos o utilidades, como ocurre con el impuesto cedular, se establezca, sin fundamento, que su naturaleza es diferente sin que se especifique la raz�n de ello y se aplique un criterio de proporcionalidad distinto; sin que sea suficiente, dice, el argumento expuesto en el sentido de que dicha diferenciaci�n est� permitida porque el impuesto cedular s�lo grava una parte de los ingresos de los contribuyentes, mientras que el impuesto sobre la renta se aplica sobre la totalidad, pues lo trascendente es que lo que se cobra sobre el ingreso, el rendimiento o utilidad de la persona y destaca el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consistente en que los impuestos en los cuales la base se constituye por los ingresos, rendimientos o utilidades, se emiti� sin restricci�n alguna, como ser�a que es exclusivo para los casos en los que se grave la totalidad de los ingresos o s�lo una parte de los mismos, y si acorde con los principios generales de derecho, en donde la ley no distingue, no es dable que lo haga el Juez, entonces, al no establecerse en la citada jurisprudencia que el criterio de proporcionalidad consistente en que las tasas progresivas s�lo son aplicables en aquellos impuestos en los que se cobrar� la totalidad de los ingresos de una persona, la determinaci�n del juzgador de garant�as en el sentido de que dicha jurisprudencia es inaplicable porque el impuesto cedular s�lo grava parcialmente los ingresos del particular, carece de fundamentaci�n, motivaci�n y tal criterio es contrario al contenido de una jurisprudencia de aplicaci�n obligatoria.

"c) Que el argumento expuesto por el Juez de Distrito en el sentido de que el impuesto sobre la renta grava la totalidad de los ingresos obtenidos por una persona es desacertado jur�dicamente pues si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta regula lo relativo a todas las actividades por las cuales se pueden obtener ingresos, no es correcto que todas las personas perciban ingresos por todas las actividades que enumera la ley; y luego describe el �ndice general del citado ordenamiento legal, al referir que est� dividido en t�tulos, de los cuales, para el caso destacan dos: el relativo a las personas morales y el que se refiere a las personas f�sicas, siendo que este segundo t�tulo se divide en cap�tulos, tomando en cuenta el tipo de actividad a la que se dedique una persona f�sica, tales como prestaci�n de servicios, actividad empresarial (en la cual se establecen tres tipos de r�gimen de c�lculo, atendiendo a los ingresos de la persona f�sica), arrendamiento y otros; por tanto, insiste, si bien la referida legislaci�n establece y regula un cap�tulo para las personas morales y otro para las f�sicas, ello no se traduce, dice, en que ambos le sean aplicables a todos los sujetos, ni tampoco los cap�tulos del t�tulo de las personas f�sicas (trabajo subordinado, actividad empresarial, arrendamiento, entre otros), pues el hecho de que est�n reguladas y contenidas en la ley no quiere decir que cobren vigencia para todas las personas, ya que dependiendo de la actividad a que se dedique en lo individual, es el cap�tulo o secci�n con base en el cual calcula sus pagos de impuesto sobre la renta, lo cual ocurre porque es evidente que no todas las personas se dedican a una misma actividad y si bien puede suceder que existan sujetos que se dediquen a m�s de una, la propia ley establece el procedimiento y las reglas para calcular el impuesto para ese caso ya que la finalidad de dicho tributo es que se cobre la totalidad de los ingresos de una persona, independientemente del n�mero de actividades de las que dichos ingresos provienen. Agrega que si un sujeto se dedica exclusivamente a la actividad empresarial y paga por la totalidad de sus ingresos el impuesto sobre la renta, tambi�n cubrir� por ellos el impuesto cedular; en esas condiciones, dice la recurrente, es incorrecta la afirmaci�n del Juez de Distrito en el sentido de que el impuesto cedular se cobra sobre una parte de los ingresos totales de la persona pues, como ya se expuso, existen quienes al dedicarse exclusivamente a la actividad empresarial lo pagan sobre la totalidad de sus ingresos.

"Lo anterior es infundado.

"Con la finalidad de ilustrar la decisi�n que se asume en el caso, es pertinente transcribir el contenido del art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal que es del siguiente contenido literal:

"?Art�culo 31.? (se transcribe su texto).

"Tambi�n es pertinente transcribir los art�culos que la quejosa inconforme tild� de inconstitucionales, mismos que se refieren al impuesto cedular por actividades empresariales y que son del siguiente contenido:

"De la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato:

"?Art�culo 9o.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 10.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 11.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 12.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 23.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 24.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 25.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 26.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 27.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 28.? (se transcribe su texto).

"De la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio dos mil cinco:

"?Art�culo 4o.? (se transcribe su texto).

"En principio se establece que, como acertadamente lo estim� el Juez de Distrito, el impuesto cedular por la realizaci�n de actividades empresariales, contenido en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, respeta el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, contrario a lo que expone la quejosa inconforme.

"La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria radica, en esencia, en que lossujetos pasivos deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestaci�n de riqueza gravada.

"De conformidad con ese principio, los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada sujeto pasivo, esto es, en funci�n de su potencialidad real para contribuir a los gastos p�blicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos; es decir, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad econ�mica de los contribuyentes para que en cada caso el impacto sea distinto no s�lo en cantidad, sino en relaci�n con el mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminuci�n patrimonial que proceda y que debe encontrarse en proporci�n a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestaci�n de riqueza gravada.

"Por tanto, para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, entendida �sta, se insiste, como la potencialidad real de contribuir a los gastos p�blicos que el legislador atribuye al sujeto pasivo en el tributo de que se trate, tomando en consideraci�n que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza econ�mica en la forma de una situaci�n o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en funci�n de esa riqueza.

"En ese contexto, la potestad tributaria implica para el Estado, a trav�s de las autoridades legislativas competentes la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva; de ah� que uno de los principios que legitima la imposici�n de las contribuciones es, precisamente, el de la identificaci�n de la capacidad para contribuir a los gastos p�blicos por parte de los gobernados.

"La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, seg�n las diversas caracter�sticas de cada contribuci�n, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad espec�fica por concepto de esos grav�menes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos, por traslaci�n que deba hac�rsele por disposici�n legal o por las caracter�sticas propias del tributo de que se trate.

"En suma, la garant�a de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar m�s quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporci�n; mientras que la capacidad contributiva es la facultad para afrontar la carga tributaria, medida ya sea en funci�n de la riqueza, de los ingresos o de los gastos, con independencia de los beneficios directos que se deriven para el contribuyente de los gastos p�blicos; cuyo principio est� contenido en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal y que se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor riqueza, mayor ingreso y a mayor gasto, corresponder� mayor gravamen.

"Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 10/2003 y 109/99, sustentadas por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicadas en las p�ginas 144 y 22 de los T.X., mayo de 2003 y X, noviembre de 1999, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"?PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.? (se transcribe su texto).

"?CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS P�BLICOS.? (se transcribe su texto).

"Tambi�n es de invocarse al respecto, la tesis LXXIX/98 del P. del m�s Alto Tribunal, publicada en la p�gina 241 del T.V., diciembre de 1998, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

"?CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.? (se transcribe su texto).

"En ese contexto, la capacidad contributiva se erige como la regla b�sica en el reparto o distribuci�n de la carga tributaria; de tal manera que ese aspecto es el sustento de los principios de proporcionalidad, equidad e igualdad considerando que la capacidad contributiva es el instrumento de dichos criterios de justicia del sistema tributario.

"Esto es as� porque la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n Federal prev� la tributaci�n seg�n la posibilidad econ�mica; por tanto, la capacidad contributiva cumple los siguientes fines:

"1. Es el fundamento de la imposici�n o de la tributaci�n;

"2. Es el l�mite para el legislador en el desarrollo de su poder tributario; y,

"3. Es una orientaci�n para el mismo legislador en el desarrollo de su poder tributario.

"Respecto al primer punto, el deber de contribuir, establecido en la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n Federal, es lo que sirve de fundamento a la imposici�n, ante la exigencia l�gica que obliga a buscar la riqueza donde �sta se encuentra.

"De igual manera, el principio de capacidad contributiva tiene una funci�n negativa, porque el legislador no puede establecer tributos si no es tomando como presupuestos, circunstancias que sean reveladoras de capacidad econ�mica, regulando la carga tributaria de cada contribuyente en funci�n de la intensidad con que �ste ponga de manifiesto el mencionado �ndice de capacidad econ�mica.

"Dentro de tales �ndices pueden citarse la renta, el patrimonio y el gasto los cuales pueden ser directos o indirectos y pueden medir la capacidad econ�mica con distinto grado de perfecci�n, pero siempre y cuando evidencien la capacidad de que se trata.

"Es decir, en el presupuesto del tributo, la circunstancia que determina la existencia de la obligaci�n debe incorporar un �ndice de capacidad econ�mica, una aptitud para contribuir.

"Tambi�n debe se�alarse que la capacidad contributiva orienta al legislador, porque �ste debe procurar que el sistema tributario, en su conjunto, sea cada vez m�s, un reflejo de la capacidad econ�mica global de los sujetos pasivos, seg�n el autor F.P.R., en su obra Derecho Financiero y T.. Parte General, octava edici�n, Sevilla, Editorial Civitas, p�ginas 35 a 37, conceptos que se comparten.

"En esas condiciones, contrariamente a lo expuesto por la recurrente, la tasa fija del dos por ciento del impuesto cedular por la realizaci�n de actividades empresariales es constitucional.

"En efecto, existen diversas v�as para establecer la tasa de un impuesto, citando entre las que ordinariamente prev�n las legislaciones fiscales la denominada doctrinalmente como de ?cuota fija?, que consiste en el establecimiento de un porcentaje espec�fico sobre el importe global del hecho generador de la obligaci�n tributaria; la que se conoce como de ?cuota progresiva?, cuyo objeto estriba en establecer tasas diferenciales cuyo impacto econ�mico se va acrecentando en la medida en que el monto del hecho generador es mayor, decreciendo por el contrario cuando dicho monto es menor y, finalmente, la denominada ?cantidad fija?, que se actualiza cuando la tasa se determina aplicando al hecho generador del tributo una cantidad exacta e invariable expresada en moneda de curso legal y no como sucede en las cuotas fijas o en las tarifas progresivas que se expresan en porcentajes.

"Ahora bien, si como lo expone la quejosa recurrente, la jurisprudencia ha establecido que una manera de gravar la capacidad econ�mica del contribuyente es a partir de tarifas progresivas, criterio que fue considerado por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia de rubro: ?IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.? en la que se sostuvo que el cumplimiento de dicho principio constitucional se realiza a trav�s de tarifas progresivas, ya que mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de m�s elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableci�ndose, adem�s, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos.

"Sin embargo, el propio M�ximo Tribunal al resolver el amparo en revisi�n 1516/94, promovido por Porcelanite, Sociedad An�nima de Capital Variable, que fue el �ltimo precedente que form� la jurisprudencia P./J. 31/97, de rubro: ?RENTA. LA TASA FIJA DEL 35% QUE ESTABLECE EL ART�CULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.?, hizo referencia al diverso amparo en revisi�n 2810/89, promovido por C.C. y G., Sociedad An�nima y consider� que el pago de los tributos en proporci�n a la riqueza gravada se puede conseguir mediante la utilizaci�n de tasas progresivas, pero precis� que esa finalidad tambi�n se logra con tasas proporcionales, ya que el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional no proh�be la instauraci�n de ese tipo de tasas, y menos aun consigna que s�lo mediante el establecimiento de tasas progresivas se satisfagan los principios tributarios contenidos en el mismo; dicha ejecutoria, en lo conducente, es del siguiente contenido literal:

"(se transcribe su texto).

"Del contenido de la parte considerativa de la ejecutoria antes transcrita, se advierte que para verificar si un tributo cumple con los principios de proporcionalidad y equidad consagrados en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional se debe atender a las caracter�sticas del impuesto y del contribuyente; naturaleza y mec�nica de causaci�n; y la finalidad del tributo, para estar en posibilidad de determinar si la carga fiscal atiende a la capacidad contributiva de los causantes.

"En esas condiciones, debe analizarse el impuesto cedular por la realizaci�n de actividades empresariales, cuyos elementos se contienen en los art�culos 9o., fracci�n III y 23 de la Ley de Hacienda, as� como el 4o. de la Ley de Ingresos, ambos para el Estado de Guanajuato, los cuales establecen lo siguiente:

"?Art�culo 9o.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 23.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 4o.? (se transcribe su texto).

"De los relatados numerales se desprenden como elementos, los siguientes:

"a) Sujetos: las personas f�sicas que obtengan ingresos derivados de la realizaci�n de actividades empresariales en el Estado de Guanajuato.

"b) Objeto: gravar la realizaci�n de actividades empresariales.

"c) Base: los ingresos obtenidos por la realizaci�n de actividades empresariales.

"d) Tasa: 2%.

"Para determinar si el aludido tributo, espec�ficamente la tasa fija y no progresiva, cumple con el principio constitucional de proporcionalidad, debe atenderse al criterio antes referido, es decir, a la naturaleza y mec�nica de causaci�n del impuesto, as� como a su finalidad y a las caracter�sticas del contribuyente.

"El tributo que se analiza est� dirigido a las personas f�sicas que en el Estado de Guanajuato, obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en cualquier otro tipo, por realizar, entre otras actividades, la realizaci�n de actividades empresariales, el cual se causar� a una tasa del dos por ciento.

"En esas condiciones, al implementar en esta entidad federativa el impuesto cedular por la obtenci�n de ingresos derivados de la realizaci�n de actividades empresariales, a una tasa del dos por ciento se advierte que el legislador tom� en cuenta el principio de proporcionalidad, en virtud de que grav� s�lo una parte de la riqueza del contribuyente, a saber, los ingresos por la realizaci�n de actividades empresariales, de manera que su causaci�n ser� conforme se actualice el hecho imponible.

"Esto es, no se tom� en cuenta el patrimonio global de los contribuyentes, como sucede con el impuesto sobre la renta, en la que se grava la totalidad de los ingresos obtenidos, sino s�lo una manifestaci�n aislada de su riqueza, como es el ingreso por la realizaci�n de actividades empresariales, por lo que el establecimiento de una tasa fija o �nica no viola el principio de proporcionalidad consagrado en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal ya que todos los sujetos deben de tributar en proporci�n directa a su propia capacidad en relaci�n con la operaci�n que se se�ala como objeto del tributo.

"En esa tesitura, contrario a lo que sostiene la quejosa recurrente, cada causante contribuir� a la hacienda estatal dependiendo del ingreso que perciba por la realizaci�n de actividades empresariales, sin que importe la actividad que realice, ya que la capacidad contributiva real de cada sujeto estar� en relaci�n directa con el ingreso derivado de la actividad desempe�ada aportando parte de su patrimonio de manera proporcional, pues la contribuci�n se incrementar� en la medida que se obtengan elevados recursos y ser� inferior para aquellos sujetos que perciban menores ingresos, lo que permite concluir que a mayores ingresos se incrementar� la contribuci�n y a menor percepci�n, desde luego, ser� inferior el gravamen, de lo que se sigue que cada sujeto pasivo participa en proporci�n directa a su propia capacidad.

"Por otra parte, si bien no todos los contribuyentes que realizan actividades empresariales, obtienen el mismo ingreso por el desempe�o de la misma o incluso s�lo perciben ingresos por esa actividad; sin embargo, lo que trasciende es que el sacrificio fiscal depender� de la percepci�n que obtengan conforme actualicen el hecho imponible, estableci�ndose as� una diferencia congruente entre los niveles de ingresos.

"Esto es, la potencialidad que tenga cada sujeto pasivo para sufragar el gasto p�blico depender� de la porci�n de riqueza que obtenga por la realizaci�n de actividades empresariales, que es la que el legislador pretende gravar, dado que es lo que evidencia de manera directa la capacidad de los particulares para contribuir en la medida de sus posibilidades.

"Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias identificadas con los n�meros 4 y 444, sustentadas por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicadas en las p�ginas 6 y 513 de los Tomos I, Materia Constitucional, de los Ap�ndices al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995 y 1917-2000, respectivamente, la primera de manera ilustrativa, que dicen:

"?ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ART�CULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE LA TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.? (se transcribe su texto).

"y,

"?RENTA. LA TASA FIJA DEL 35% QUE ESTABLECE EL ART�CULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.? (se transcribe su texto).

"En otro aspecto, no tiene raz�n jur�dica la recurrente al exponer que el tributo recae sobre la totalidad de los ingresos, sino que la afectaci�n es respecto de la utilidad gravable, como se desprende del primer p�rrafo del art�culo 23 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, adem�s de que se toman en cuenta factores como la deducci�n, tanto para efectuar los pagos provisionales como para calcular el impuesto del ejercicio, lo que se corrobora con el contenido de los art�culos 24 y 25 de dicho ordenamiento, pues el primero de los citados numerales dispone que en lo relativo a los ingresos, deducciones y p�rdidas fiscales se atender�n, adicionalmente, las prescripciones de las disposiciones generales y los cap�tulos II, secciones I y II, y X, ambos del t�tulo IV y t�tulo VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"De esta manera se concluye que fue acertada la decisi�n del Juez de Distrito, al estimar que la tasa fija del dos por ciento del impuesto cedular por la realizaci�n de actividades empresariales, respeta el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, sin que tal consideraci�n genere agravio alguno a la quejosa recurrente, y en esa medida, son infundados los argumentos que se analizan en este apartado.

"A mayor abundamiento, respecto de los ejemplos que cita la quejosa inconforme para sostener sus argumentos, debe decirse que los mismos son aspectos espec�ficos, siendo que la desproporcionalidad de un gravamen no depende de casos particulares, sino del sistema general que previene la ley en relaci�n con todos los contribuyentes a quienes afecta.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 19 del Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

"?IMPUESTOS, DESPROPORCIONALIDAD E INEQUIDAD DE LOS. DEPENDE DE SITUACIONES GENERALES.? (se transcribe su texto).

"Por otra parte, en el segundo agravio, la quejosa recurrente sostiene que indebidamente se desestim� el segundo concepto de violaci�n, sin fundamentaci�n y sin motivaci�n, porque el art�culo 9o. de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, establece las actividades por las cuales se pagar� el impuesto cedular, tales como la prestaci�n de servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes y por la realizaci�n de actividades empresariales; mientras que el diverso numeral 24 del citado ordenamiento legal, hace una remisi�n expresa a los cap�tulos II (secciones I y II) y cap�tulo X del t�tulo IV y t�tulo VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los cuales, dice, se permite lo que se denomina ?deducciones personales? y al no prever el art�culo relativo al c�lculo del impuesto cedular para las personas que se dedican a las actividades empresariales, las deducciones personales, se viola el principio de equidad, pues a sujetos que se encuentran en el mismo supuesto jur�dico, se les permite a unos llevar a cabo ciertas deducciones y a otros no, sin que exista justificaci�n jur�dica para ello; que lo determinado por el Juez de Distrito sobre dicho impuesto, se realiz� sin fundamento ni motivo para sustentar tal afirmaci�n, pues lo expuesto en torno a la doble tributaci�n, dice, no fue materia de cuestionamiento y es insuficiente para desestimar el concepto de violaci�n respectivo, ya que no se pretende que se apliquen las reglas de un impuesto federal a un impuesto local sin fundamento alguno, sino porque el propio art�culo 24 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, hace una remisi�n expresa en el caso de las deducciones para el c�lculo del impuesto cedular, a las deducciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por ello, si en el �ltimo ordenamiento legal invocado se reconoce como tales las llamadas ?deducciones personales?, entonces, acorde con el citado numeral 24 tambi�n deben ser consideradas las mismas para el c�lculo del impuesto cedular, siendo que en los art�culos relativos al aludido c�lculo para las personas que se dedican a actividades empresariales, no se les reconoce la posibilidad de restar del tributo referido, las deducciones personales, aun cuando, insiste, est� permitido por el mencionado art�culo 24, por tanto, es evidente que se viola el principio de equidad y en esas condiciones, el argumento del resolutor de amparo en el sentido de la doble tributaci�n, no guarda relaci�n con la cuesti�n efectivamente planteada, adem�s de que s� se viola el principio de equidad por la ley combatida de inconstitucional.

"Lo anterior es infundado.

"En efecto, m�s all� de lo que el resolutor de amparo estableci� respecto a la doble tributaci�n, lo trascendente para el caso es que de cualquier manera y contrario a lo que sostiene la quejosa inconforme, el art�culo 24 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, si bien prev�, entre otros aspectos, las deducciones respecto del impuesto cedular por la realizaci�n de actividades empresariales, al establecer que en lo relativo a los ingresos, deducciones y p�rdidas fiscales se atender�,adicionalmente a lo previsto en esa ley, a lo establecido en el apartado correspondiente a ?disposiciones generales? y al cap�tulo II, secciones I y II y cap�tulo X, ambos del t�tulo IV y al t�tulo VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los cuales espec�ficamente se refieren a lo siguiente:

"El t�tulo IV es el denominado ?De las personas f�sicas. Disposiciones generales?, mientras que su cap�tulo II, llamado ?De los ingresos por actividades empresariales y profesionales?, contiene la secci�n I, designada ?De las personas f�sicas con actividades empresariales y profesionales?, que comprende de los art�culos 120 a 133; mientras que la diversa secci�n II se denomina ?Del r�gimen intermedio de las personas f�sicas con actividades empresariales?, y se contiene de los numerales 134 al 136 bis; por su parte, el cap�tulo X, se nombra ?De los requisitos de las deducciones?, y va del precepto 172 al 174; el diverso t�tulo VII, se denomina ?De los est�mulos fiscales?, y abarca de los art�culos 218 al 226; en ese contexto, el numeral 176 que dice la quejosa recurrente comprende las deducciones personales que argumenta no se prev�n en el mencionado numeral 24 y que se contienen en el cap�tulo XI llamado ?De la declaraci�n anual? y comprende de los preceptos 175 al 178, siendo que se insiste, el referido cap�tulo XI no se se�ala como deducci�n en los art�culos 15, 20 y 24 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato que se refieren, entre otros aspectos, a las deducciones de los impuestos cedulares por la prestaci�n de servicios profesionales, por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles y por actividades empresariales, respectivamente, se insiste, contrario a lo que sostiene la ahora inconforme.

"A mayor abundamiento, debe precisarse que el cap�tulo XI, llamado ?De la declaraci�n anual? que abarca de los preceptos 175 al 178, entre los cuales se ubica el diverso 176 que es del siguiente contenido literal:

"?Art�culo 176.? (se transcribe su texto).

"Se comprende dentro de los lineamientos que rigen la declaraci�n anual de los contribuyentes, por tanto, el hecho de que no se hubiera incluido como deducci�n espec�fica en la ley tildada de inconstitucional, no agravia a la quejosa inconforme, pues tales deducciones se aplicar�n, en caso de que procedan, al rendir la declaraci�n anual respecto del impuesto sobre la renta, de ah� lo infundado de los argumentos que se analizan en este apartado.

"En otro aspecto, en el tercer agravio, la recurrente sostiene que el Juez de Distrito, respecto del tercer concepto de violaci�n, estableci� que los art�culos reclamados no violan el principio de equidad al establecer como sujetos de este impuesto �nicamente a las personas f�sicas y no tambi�n a las morales, argumentando que el Poder Legislativo tiene la facultad de establecer las contribuciones pertinentes y que dicho argumento es inoperante porque no se combati� el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; sin embargo, dice la ahora inconforme, ello es insuficiente para desestimar dicho concepto de violaci�n, pues si bien el Poder Legislativo tiene facultades amplias para decidir sobre que se cobrar� una contribuci�n, dicha atribuci�n no puede ser arbitraria, sino que debe ce�irse a los principios establecidos en la Constituci�n Federal, siendo uno de ellos el de equidad, el cual consiste en que a las personas que se encuentren en una misma situaci�n de hecho y derecho (recepci�n de ingresos) se les deben aplicar las mismas consecuencias de derecho; por tanto, si el impuesto cedular grava la recepci�n de ingresos por prestaci�n de servicios, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes y actividad empresarial, no existe raz�n jur�dica para que s�lo se cobre un impuesto a las personas f�sicas que se dedican a esas actividades y que las personas morales que realizan las mismas actividades est�n exentas; sin que sea obst�culo para pronunciarse al respecto, lo que adujo el resolutor de amparo en el sentido de que en el juicio de garant�as no se reclam� el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues si bien dicho numeral dio pauta para que se realice el cobro del aludido impuesto, sin embargo, la posibilidad otorgada por ese precepto a los Estados es potestativo y s�lo al emitir la ley que determine los elementos de dicho tributo, es que se causa un agravio a la quejosa, pues esa omisi�n formal no es un impedimento jur�dico para pronunciarse sobre la inequidad del cobro del tributo referido, al ser la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato en la cual se determinan los elementos del impuesto reclamado (sujetos, objeto, base y tasa).

"Lo anterior es infundado.

"Al respecto y con la finalidad de ilustrar la decisi�n que se asume, es pertinente transcribir el contenido de los art�culos 73, fracciones VII, X y XXIX, 117, 118 y 124 de la Constituci�n Federal; as� como 63, fracciones II y XXXIV, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Guanajuato, que respectivamente, establecen lo que a continuaci�n se transcribe:

"?Art�culo 73.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 117.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 118.? (se transcribe su texto).

"?Art�culo 124.? (se transcribe su texto).

"De la Constituci�n Pol�tica del Estado de Guanajuato:

"?Art�culo 63.? (se transcribe su texto).

"Del an�lisis de los preceptos transcritos se desprende que la facultad para legislar en materia impositiva no siempre es exclusiva de la Federaci�n, sino que en ocasiones concurre con los Estados quienes estar�n en condiciones de imponer tributos, con la �nica limitaci�n de que no se trate de la facultad reservada concretamente a la Federaci�n (art�culo 73, fracci�n XXIX) y de las restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (art�culos 117, fracciones IV, V, VI y VII y 118). En esas condiciones, la imposici�n de las contribuciones proviene directamente de la Constituci�n Federal.

"De la resoluci�n recurrida se advierte que el Juez de Distrito determin�, de inicio, que el tercer concepto de violaci�n era inoperante, en el cual se expuso que el tributo reclamado violaba el principio de equidad por estar dirigido a las personas f�sicas y no a las morales, porque en el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el legislador federal facult� a las entidades federativas al establecimiento de un impuesto cedular sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas que presten servicios profesionales, por lo que se debi� impugnar no solamente las disposiciones locales sino tambi�n el precepto contenido en el citado ordenamiento federal, expedido por el Congreso de la Uni�n, en el cual se facult� a los Congresos Locales para imponer el tributo cedular por la realizaci�n de actividades empresariales.

"Sin embargo, debe precisarse que el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que las entidades federativas podr�n establecer impuestos cedulares a las personas f�sicas por diversas actividades; pero la facultad originaria para hacerlo proviene directamente de la Constituci�n Federal y no propiamente del citado ordenamiento legal, al no tratarse de tributos reservados a la Federaci�n, ni de los prohibidos por la propia Carta Magna.

"Por tanto, m�s all� de que la quejosa recurrente exprese que si bien formalmente se debi� reclamar tambi�n el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el cual el legislador federal facult� a las entidades federativas al establecimiento de un impuesto cedular sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas por la realizaci�n de actividades empresariales e insiste en que la omisi�n formal no puede tener la trascendencia que pretende el resolutor de amparo, pues son las disposiciones locales que tildan de inconstitucionales las que efectivamente le agravian, al ser el sustento en el cual funda el Gobierno Estatal la imposici�n del tributo de referencia y no en la diversa de orden federal, lo trascendente para el caso es que el hecho de que el tributo reclamado est� dirigido �nicamente a las personas f�sicas y no a las morales, no viola la garant�a de igualdad prevista en el art�culo 13 constitucional al no estar en presencia de una ley privativa y que los preceptos impugnados cumplen con la garant�a de igualdad, seg�n se expondr� a continuaci�n.

"En principio es pertinente que quede establecido que el ordenamiento legal que contiene el impuesto cedular no es una ley privativa y luego se expondr�n las razones por las cuales los argumentos que se�ala la quejosa inconforme son insuficientes para declarar la inconstitucionalidad del tributo que se analiza.

"El art�culo 13 de la Constituci�n Federal establece lo siguiente:

"?Art�culo 13.? (se transcribe su texto).

"Del referido precepto, en lo conducente, se advierte la garant�a de que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que una ley es privativa cuando carece de los requisitos de generalidad, abstracci�n e impersonalidad que toda norma legal debe contener, esto es, aquellas cuyas disposiciones s�lo regulan una situaci�n concreta respecto a una persona o personas nominalmente predeterminadas atendiendo a criterios subjetivos y una vez que se han aplicado al caso espec�fico para el cual fueron creadas, pierden su vigencia; as�, para que una ley no sea privativa, es necesario que se aplique sin distinci�n de persona a todos los supuestos que previene y debe subsistir aun despu�s de aplicarse a un caso espec�fico.

"En la especie, la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato que prev�, entre otros tributos, el impuesto cedular por la realizaci�n de actividades empresariales, no se trata de una ley privativa en los t�rminos que han sido establecidos, pues dicho ordenamiento legal tiene los atributos de generalidad, abstracci�n y permanencia, en virtud de que fue estructurada para ser aplicada a un grupo indeterminado de contribuyentes relacionados con actividades espec�ficas (personas f�sicas que realicen actividades empresariales), sin contraerse a una sola persona o a una actividad determinada, y su vigencia no fenece una vez que ha sido aplicada la norma impositiva, en virtud de que perdurar� cada vez que se actualice el hecho imponible; de ah� que no se viola el citado precepto constitucional.

"Son de citarse al respecto, por sus consideraciones jur�dicas, las jurisprudencias identificadas con los n�meros 347 y 348 sustentadas por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicadas en las p�ginas 401 y 402 del Tomo I, Materia Constitucional, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, cuyo contenido es el siguiente:

"?LEYES PRIVATIVAS.? (se transcribe su texto).

"y,

"?LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES.? (se transcribe su texto).

"De igual manera, el argumento consistente en que el impuesto cedular, al estar orientado �nicamente a las personas f�sicas y no a las morales, viola el principio de equidad tributaria es insuficiente para declarar su inconstitucionalidad.

"Como premisa, debe tenerse en cuenta que, como qued� establecido con antelaci�n, el principio de equidad tributaria radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un trato fiscal igual y, consecuentemente, los que se encuentran en situaciones jur�dicas desiguales deben recibir un tratamiento distinto que refleje dichas desigualdades. De tal forma que los sujetos pasivos de un mismo tributo, a falta de diferencias que resulten relevantes desde el punto de vista fiscal, deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros aspectos, debiendo �nicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado.

"En suma, a trav�s de dicho principio, se busca alcanzar una igualdad material entre las distintas clases de contribuyentes.

"Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia identificada con el n�mero 197 del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 239 del Tomo I, Materia Constitucional del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dice:

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES.? (se transcribe su texto).

"Tambi�n debe precisarse que el principio de equidad tributaria implica el deber del Estado de procurar la igualdad jur�dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato ante la ley y ante su aplicaci�n, de lo que derivan las siguientes conclusiones:

"1. No toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable;

"2. A iguales supuestos de hecho deben corresponder id�nticas consecuencias jur�dicas;

"3. No se proh�be al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino s�lo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinci�n; y,

"4. Para que la diferenciaci�n tributaria resulte acorde con las garant�as de igualdad, las consecuencias jur�dicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relaci�n entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

"Tales razonamientos se apoyan en la jurisprudencia identificada con el n�mero 198 del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 240 del Tomo y Ap�ndice citados, cuyo contenido es el siguiente:

"?EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.? (se transcribe su texto).

"La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situaci�n de igualdad frente a la norma jur�dica que lo establece y regula.

"En esas condiciones, se procede a relacionar las consideraciones precedentes en torno al principio de equidad tributaria con el impuesto tildado de inconstitucional.

"Pues bien, del contenido de los art�culos 9o., fracci�n III y 23 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, previamente transcritos, se advierte que est�n dirigidos a las personas f�sicas que en dicho Estado perciban ingresos derivados de la realizaci�n de actividades empresariales; sin embargo, la circunstancia de que la obligaci�n tributaria no se hiciera extensiva a las personas morales no significa que se viole el principio de equidad, como lo pretende la quejosa recurrente.

"Esto es as� porque acorde con el contenido de los art�culos 73, fracciones VII, X y XXIX, 117, 118 y 124 de la Constituci�n Federal; as� como 63, fracciones II y XXXIV, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Guanajuato, previamente transcritos, se advierte que la facultad para legislar en materia impositiva no siempre es exclusiva de la Federaci�n, sino que en ocasiones concurre con los Estados quienes estar�n en condiciones de imponer tributos, con la �nica limitaci�n de que no se trate de la facultad reservada concretamente a la Federaci�n (art�culo 73, fracci�n XXIX) y de las restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (art�culos 117, fracciones IV, V, VI y VII y 118); entonces, de haberse incluido en la ley reclamada que se gravaran tambi�n los ingresos de las personas morales, entre otros provenientes de actividades empresariales, implicar�a que esta entidad federativa incumpliera con el Convenio al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. al que se encuentra adherida, pues en �ste se acord� no mantener en vigor impuestos locales o municipales sobre los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado, m�xime que las personas morales son causantes de este impuesto, en tanto que el legislador federal consider� que su imposici�n a las personas f�sicas no implicaba incumplimiento a dicho pacto.

"En efecto, desde el diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve, el Estado de Guanajuato se encuentra adherido al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. en los t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F., siendo que en el considerando quinto de dicho pacto, se acord� que las entidades federativas, en el caso, el Estado de Guanajuato, recibir�n porcentajes fijos de lo que se recaude a trav�s de los impuestos federales, a cambio de lo cual �stas se obligaban a no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que contrar�en las limitaciones se�aladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en las leyes sobre impuestos especiales que s�lo puede establecer la Federaci�n.

"Lo anterior condujo a la desincorporaci�n temporal de esta entidad federativa de su �mbito competencial, de la potestad para establecer contribuciones que graven determinados hechos imponibles sobre los que recaen los impuestos federales participables, de tal modo que si el Congreso Local hubiera creado contribuciones de esa especie, estar�a expidiendo disposiciones de observancia general que carecen del requisito de fundamentaci�n previsto en el art�culo 16 constitucional, en tanto que ser�n emitidas sin la competencia necesaria para ello.

"Al respecto debe quedar establecido que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha definido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�an dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n respectiva les confieren (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.

"En efecto, las autoridades legislativas, en la funci�n que a cada una les compete dentro del proceso de formaci�n de las leyes, no tienen la obligaci�n de explicar los fundamentos o motivos por los cuales expiden y promulgan las leyes, ya que esa funci�n s�lo requiere el respaldo de la Constituci�n Federal; por tanto, el procedimiento legislativo no exige que se tengan que explicar los motivos que cada uno de los �rganos que intervienen en aqu�l, tuvieron en cuenta para ejercitar la funci�n que tienen encomendada, es decir, trat�ndose de leyes, el fundamento de ellas no debe buscarse en cada acto legislativo sino en la Constituci�n Federal, si son federales, o en la de cada Estado, si son locales. Por cuanto a la motivaci�n basta decir que tal requisito se encuentra dentro de la esencia misma de las disposiciones legales que integran cada uno de los ordenamientos, toda vez que se refieren a las relaciones sociales que exigen ser jur�dicamente reguladas.

"En suma, en el texto de la ley no es indispensable expresar la fundamentaci�n y la motivaci�n de un ordenamiento legal determinado, pues generalmente ello se realiza en la exposici�n de motivos de la iniciativa correspondiente.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con el n�mero 226, sustentada por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 269 del Tomo I, Materia Constitucional, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dice:

"?FUNDAMENTACI�N YMOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.? (se transcribe su texto).

"Por tanto, a partir de la entrada en vigor del citado convenio, se desincorpor� de la esfera competencial del Congreso Local de esta entidad federativa, su atribuci�n para crear contribuciones que recayeran sobre los hechos imponibles gravados por los referidos impuestos federales, pues de lo contrario no podr�a cumplirse con uno de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Coordinaci�n F., que es evitar la doble o m�ltiple tributaci�n, sin que ello implique una renuncia temporal a la potestad que constitucionalmente le asiste, sino el desarrollo de �sta a trav�s de su expresi�n omisiva, con el fin de obtener recursos v�a participaciones de la recaudaci�n obtenida de los impuestos federales.

"As� pues, teniendo en cuenta que las personas morales son causantes del impuesto al valor agregado de conformidad con el art�culo 1o. de la ley que lo regula se pone de manifiesto la justificaci�n por la cual no fueron gravados dichos sujetos con la imposici�n del tributo impugnado; y si bien, acorde con dicho precepto legal tambi�n las personas f�sicas son sujetos pasivos del impuesto al valor agregado; sin embargo, lo que trasciende para el caso es que el legislador federal al trazar las directrices para permitir que las entidades federativas impusieran el gravamen cedular, entre otros, por la realizaci�n de actividades empresariales, solamente especific� sobre dichos sujetos obligados que ese proceder no constitu�a incumplimiento a los convenios celebrados con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico (entre los que se encuentra el Convenio de Coordinaci�n F., por tanto, debe concluirse que subsiste para la entidad federativa una limitaci�n en la potestad tributaria para imponer el gravamen a las personas morales, sin que pueda examinarse si ese proceder se encuentra ajustado a derecho o no en virtud de que dicho convenio no es parte de la litis constitucional, lo cual, se insiste, es la justificaci�n b�sica de la distinci�n que se analiza, y adem�s tales argumentos se plasmaron en la exposici�n de motivos con los cuales present� la iniciativa respectiva el titular del Poder Ejecutivo del Estado, seg�n se advierte de la transcripci�n que de dicha exposici�n de motivos se realizar� seguidamente en esta ejecutoria.

"Es ilustrativa de estas consideraciones, por sus razonamientos jur�dicos y en lo conducente, la tesis LI/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 450 del T.X., mayo de 2001, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

"?HONORARIOS POR SERVICIOS M�DICOS PROFESIONALES. LOS ART�CULOS 26 AL 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE EN EL 2000, QUE ESTABLECEN EL IMPUESTO QUE LOS GRAVA, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.? (se transcribe su texto).

"A�n m�s, debe tomarse en consideraci�n que conforme con los preceptos reclamados, el impuesto cedular por la realizaci�n de actividades empresariales, es deducible del impuesto sobre la renta federal, cuyo efecto fiscal es atemperar en forma notoria la carga tributaria de las personas f�sicas, beneficio que no acontece con las personas morales.

"Lo anterior se advierte del contenido del art�culo 24 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato que como previamente se expuso, establece que en lo relativo a los ingresos, deducciones y p�rdidas fiscales se atender� adicionalmente a lo establecido en el apartado correspondiente de esa ley, a ?Disposiciones Generales? y al cap�tulo II, secciones I, II y cap�tulo X, ambos del t�tulo IV y al t�tulo VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; en tanto que el art�culo 123, fracci�n VII, de este �ltimo ordenamiento, dispone que las personas f�sicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, podr�n deducir los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos que obtengan por dichas actividades.

"En ese contexto, al estar las personas f�sicas en posibilidad de deducir el impuesto cedular frente al impuesto sobre la renta, no se les genera agravio, en virtud de que mediante dicho beneficio fiscal est�n en condiciones de obtener un saldo a favor, respecto del cual pueden solicitar su devoluci�n o compensarlo contra otros impuestos, lo que no sucede con las personas morales.

"De igual manera, debe tenerse en cuenta que la desigualdad entre las personas f�sicas y las morales adem�s de reflejarse en cuanto a que estas �ltimas tienen respecto de las primeras una regulaci�n econ�mica, financiera y administrativa distinta, la imposici�n del tributo �nicamente a personas f�sicas obedece tambi�n a fines extrafiscales, lo cual es un aspecto jurisprudencialmente aceptado.

"En efecto, si bien el prop�sito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto p�blico de la Federaci�n, Estados y M., no puede pasar inadvertido que la imposici�n de contribuciones tambi�n se estructuran como instrumentos eficaces de pol�tica financiera, econ�mica y social que tenga el Estado inter�s en impulsar, tales como los denominados fines extrafiscales y que a manera de ejemplo se citan los apoyos a determinadas actividades agr�colas, educativas, sociales, clases marginadas, entre otros, siendo que al respecto, tendr� que ser el legislador quien refleje su voluntad en el proceso de creaci�n de la contribuci�n, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes, a lo que debe atenderse sustancialmente, es al producto de la voluntad del �rgano encargado de crear la ley y no a las posibles ideas que hubiera tenido o posibles finalidades (objetivos) que se haya propuesto realizar, esto es, tendr� que ser indefectiblemente el legislador quien establezca expresamente, en la exposici�n de motivos, dict�menes o en la misma ley, los fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposici�n, pues solamente de esa manera el �rgano de control constitucional contar� con otros elementos, cuyo an�lisis le permitir� llegar a la convicci�n y determinar si el precepto o preceptos reclamados se ajustan a los principios contenidos en la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n Federal.

"Es de citarse al respecto, la jurisprudencia 46/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 157 del Tomo XXI, mayo de 2005, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"?FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL �RGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACI�N DE LAS CONTRIBUCIONES.? (se transcribe su texto).

"En el caso, seg�n se desprende del proceso de creaci�n de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, la imposici�n del tributo a las personas f�sicas tuvo fines extrafiscales, entre los que se encuentran, el fortalecimiento de la hacienda p�blica estatal para disminuir su dependencia del presupuesto federal y estar en mejores condiciones de satisfacer las necesidades de la poblaci�n.

"Como sustento de lo anterior, es pertinente transcribir la exposici�n de motivos de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, en vigor a partir del primero de enero de dos mil cinco, que dispone, en lo conducente, lo que a continuaci�n se transcribe:

"(se transcribe su texto).

"En tanto que el dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Hacienda y F.�n, y de G.�n y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, es del siguiente contenido literal:

"(se transcribe su texto).

"De lo anterior se desprende que las razones principales para realizar la reforma fiscal, de la que destaca para el caso la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, derivaron de las sugerencias contenidas en la Convenci�n Nacional de la Hacienda P�blica, las cuales se advierte que son las siguientes:

"1. Fortalecer los ingresos estatales.

"2. Insuficiencia de recursos p�blicos para atender la demanda de la ciudadan�a, tanto en el Gobierno Federal, como en las entidades federativas y los M..

"3. La dependencia que tienen la mayor�a de las entidades federativas en los recursos federales.

"4. Aprovechamiento de la capacidad generadora de recursos fiscales de las entidades federativas y M., a fin de que mediante impuestos propios se contrarreste la dependencia de los recursos federales y recuperen mayor autonom�a financiera.

"Esto es, con independencia de lo previamente relatado en torno a las facultades respecto de la fijaci�n de tributos cuando cuya entidad federativa est� sujeta al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. mediante los convenios respectivos, el fin extrafiscal del tributo impugnado consiste en el fortalecimiento de la hacienda p�blica local y lograr mayor independencia frente a la Federaci�n, cuyo prop�sito solamente se puede lograr mediante la imposici�n del gravamen a las personas f�sicas por la sencillez que representa su recaudaci�n, en virtud de que las personas morales al representar una regulaci�n econ�mica, administrativa y contable distinta, tornar�a m�s compleja la recaudaci�n del tributo; tan es as� que, atendiendo a esos factores en la propia Ley del Impuesto sobre la Renta se agrupan a las personas f�sicas y a las morales en t�tulos distintos (t�tulo II para las personas morales y t�tulo IV para las personas f�sicas).

"Con base en lo previamente expuesto, los argumentos sostenidos por la quejosa inconforme en torno a considerar que no se da un trato igual a las personas f�sicas y a las morales, al no gravar a estas �ltimas con el impuesto cedular por la realizaci�n de actividades empresariales, son infundadas para declarar inconstitucionales los art�culos reclamados, pues no se controvirtieron los diversos convenios celebrados por el Gobierno del Estado de Guanajuato con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, entre los cuales se encuentra aquel en el que se oblig� a no imponer contribuciones previstas en las leyes federales, entre las cuales se ubica la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que grava, entre otras, las actividades empresariales, siendo que el Congreso de la Uni�n, reform� el art�culo 43 de dicho ordenamiento legal, seg�n publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, de primero de diciembre de dos mil cuatro, en el sentido de facultar a las entidades federativas para establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas, entre otras, por actividades empresariales, sin que se considere un incumplimiento de los convenios celebrados con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico ni del art�culo 41 de esa ley, previo cumplimiento de los requisitos ah� establecidos, pues, se insiste, de no haber acatado esa disposici�n el Congreso del Estado, e incluir a las personas morales en el gravamen de los tributos referidos, se hubieran inobservado los convenios respectivos, en contravenci�n de los diversos art�culos que regulan la suscripci�n de los mismos y con ello, las garant�as de legalidad y de seguridad jur�dica, contenidos en los preceptos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, entre otros.

En ese orden de ideas, al haber resultado infundados los anteriores agravios, debe confirmarse la sentencia recurrida.

S�PTIMO

Como cuesti�n previa, cabe determinar si la presente contradicci�n de tesis re�ne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001, sustentada por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2001, p�gina 76, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Como se ve, el criterio jurisprudencial antes transcrito, refiere a la figura jur�dica de la contradicci�n de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o m�s criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretaci�n de una misma norma jur�dica o punto concreto de derecho y que por seguridad jur�dica deben uniformarse a trav�s de la resoluci�n que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de id�ntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicci�n de tesis, como son a) que en las ejecutorias materia de contradicci�n se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

OCTAVO

En el caso s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondr�n.

  1. Los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Quinto, ahora Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo, todos del D�cimo Sexto Circuito, consideraron que el impuesto cedular sobre los ingresos de personas f�sicas, previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, no contraviene el principio de equidad tributaria al gravar solamente a las personas f�sicas en virtud de que el legislador local se encuentra impedido legalmente para gravar los ingresos de las personas morales en virtud del Convenio de Adhesi�n al Sistema de Coordinaci�n F. y en t�rminos del art�culo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado por lo que las personas morales se encuentran en una situaci�n de hecho desigual respecto de las personas f�sicas.

  2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito estim� que el impuesto cedular sobre los ingresos de personas f�sicas, previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato s� contraviene el principio de equidad tributaria en atenci�n a que �nicamente se considera como sujeto pasivo del mismo a las personas f�sicas, excluyendo a las personas morales sin dar justificaci�n alguna por parte del legislador, ya que el objeto que consiste en la obtenci�n de ingresos, se realiza tambi�n por las personas morales, por lo que se encuentran colocadas en el mismo supuesto; ello al margen de que las referidas personas morales sean sujetos del impuesto al valor agregado, ya que tambi�n lo est�n las personas f�sicas, adem�s los t�rminos en que se expida una ley local no se encuentran sujetos a lo dispuesto en las leyes federales por no existir relaci�n jer�rquica entre ellas, sino competencia determinada por la Constituci�n General de la Rep�blica.

Del an�lisis de lo expuesto se advierte la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada puesto que los �rganos colegiados mencionados se pronunciaron respecto de un mismo tema, como es el determinar si el impuesto cedular sobre los ingresos de personas f�sicas, previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, es contrario o no al principio de equidad tributaria previsto en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional por considerar como sujetos del impuesto �nicamente a las personas f�sicas y no as� a las morales; sin embargo, sustentaron criterios discrepantes, en tanto que los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Quinto, ahora Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo, todos del D�cimo Sexto Circuito, consideraron que no existe violaci�n al principio de equidad tributaria en atenci�n a que el legislador local se encuentra impedido legalmente para imponer el gravamen a las personas morales en virtud del Convenio de Adhesi�n al Sistema de Coordinaci�n F. y en t�rminos del art�culo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito estim� que s� se contraviene el principio de equidad tributaria, puesto que las personas f�sicas y las personas morales se encuentran en una misma situaci�n de hecho, adem�s de que el legislador local no justific� las razones por las que excluy� a las personas morales, aunado a que no existe relaci�n jer�rquica entre las leyes federales y locales sino competencia constitucional.

Por tanto, se pone de relieve la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada de acuerdo con el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n se citan a continuaci�n:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el P. de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Octava �poca. Cuarta Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 58, octubre de 1992, tesis 4a./J. 22/92, p�gina 22).

Por lo que el punto de contradicci�n a dilucidar consiste en determinar si el impuesto cedular sobre los ingresos de personas f�sicas, previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, es contrario o no al principio de equidad tributaria previsto en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional por considerar como sujetos del impuesto �nicamente a las personas f�sicas y no as� a las morales.

NOVENO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en esta resoluci�n.

El Tribunal P. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en relaci�n con el principio de equidad, ha establecido, entre otros, los siguientes criterios jurisprudenciales:

"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes p�blicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jur�dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situaci�n de hecho porque la igualdad a que se refiere el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, lo es ante la ley y ante laaplicaci�n de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder id�nticas consecuencias jur�dicas; c) no se proh�be al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino s�lo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinci�n; y d) para que la diferenciaci�n tributaria resulte acorde con las garant�as de igualdad, las consecuencias jur�dicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relaci�n entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." (Novena �poca, P., Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, jurisprudencia 198 [P./J. 41/97], p�gina 240).

"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci�n alguna por raz�n de nacimiento, raza, sexo, religi�n o cualquier otra condici�n o circunstancia personal o social; en relaci�n con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con car�cter general, los Poderes p�blicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situaci�n deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jur�dico, lo que significa que ha de servir de criterio b�sico de la producci�n normativa y de su posterior interpretaci�n y aplicaci�n. La conservaci�n de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad econ�mica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce impl�citamente la existencia de desigualdades materiales y econ�micas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicaci�n la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones an�logas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jur�dica." (Novena �poca, P., Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, jurisprudencia 197 [P./J. 42/97], p�gina 239).

De acuerdo con las jurisprudencias reproducidas, el principio de equidad se traduce en la igualdad ante la ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, acumulaci�n de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc�tera, pudiendo variar �nicamente las tarifas tributarias aplicables, si a trav�s de esa variaci�n se consigue que los contribuyentes tributen de acuerdo con su capacidad econ�mica, para respetar el diverso principio de proporcionalidad.

El requisito de equidad tributaria que debe cumplir toda ley fiscal, de conformidad con lo establecido en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional y que exige el debido respeto al principio de igualdad, que se traduce en dar trato similar a los iguales y diferenciado a los desiguales, no requiere como presupuesto para su posible transgresi�n el que la norma legal relativa establezca diversas categor�as de contribuyentes o diferenciaci�n entre ellos, pues basta con que determine un derecho que no pueda ser ejercido por todos los contribuyentes, sino s�lo por aquellos que se coloquen en la hip�tesis de causaci�n que d� lugar a su ejercicio, o bien prevea reg�menes diversos, aunque �stos sean aplicables a todos los contribuyentes sin distinci�n, seg�n la hip�tesis legal en que se coloquen y puedan, incluso, ser aplicables a un mismo sujeto pasivo del impuesto, para que se d� la posibilidad de inequidad, ya que tal diferenciaci�n en los reg�menes o en el ejercicio del derecho s�lo por algunos pueden ser, en s� mismos, violatorios de ese principio, al ocasionar, seg�n la aplicaci�n que corresponda de los reg�menes o el derecho, un trato diferencial a similares o uno igual a desiguales.

De esa manera, si la equidad tributaria radica en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo impuesto, los que en esas circunstancias deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, debe entenderse que en la especie se cumple con tal requisito, toda vez que los art�culos reclamados se�alan como sujetos del impuesto a las personas f�sicas que, en el Estado de Guanajuato, perciban ingresos por: la prestaci�n de servicios profesionales, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado y por la realizaci�n de actividades empresariales, tal como se desprende del art�culo 9o. de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, mismo que es del tenor siguiente:

"Art�culo 9o. Est�n obligadas al pago de los impuestos cedulares establecidos en esta ley, las personas f�sicas que en territorio del Estado de Guanajuato, obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en cr�dito, en servicios o en cualquier otro tipo, por realizar las siguientes actividades:

"I. Por la prestaci�n de servicios profesionales;

"II. Por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, ubicados en el territorio del Estado; y

"III. Por la realizaci�n de actividades empresariales.

Tambi�n est�n obligadas al pago de este impuesto, las personas f�sicas no residentes en el Estado, que realicen actividades empresariales o presten servicios profesionales en el Estado, a trav�s de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a �ste.

Luego, todas las personas que se ubiquen en la hip�tesis de causaci�n citada son contribuyentes del impuesto cedular sobre los ingresos de las personas f�sicas, raz�n por la que existe igualdad en la aplicaci�n del gravamen, atento a que hay universalidad y generalidad respecto de los sujetos que se sit�en en los supuestos se�alados.

Ahora bien, el hecho de que el legislador del Estado de Guanajuato �nicamente haya considerado gravar los ingresos por la prestaci�n de servicios profesionales, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado y por la realizaci�n de actividades empresariales de las personas f�sicas, sin considerar a las personas morales que perciben ingresos por las mismas actividades, no viola el principio de equidad tributaria consagrado en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, por las siguientes razones.

Primeramente, debe precisarse que conforme al marco jur�dico vigente en materia tributaria entre la Federaci�n y las entidades federativas, se ha establecido un sistema que gira en torno a la Ley de Coordinaci�n F. publicada el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho en el Diario Oficial de la Federaci�n.

En la exposici�n de motivos de dicho ordenamiento, el legislador ordinario tuvo en cuenta, como causas de su creaci�n, las que a continuaci�n se transcriben:

La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no ha separado las fuentes de tributaci�n que deban corresponder a cada uno de los niveles de gobierno, con la sola excepci�n de la fracci�n XXIX del art�culo 73 que se adicion� a la Carta Fundamental y que reserv� algunas fuentes que se decidi� quedaran gravadas exclusivamente por la Federaci�n; pero en dicha fracci�n no quedan comprendidos los principales impuestos federales y, por otra parte, nuestra Carta Fundamental no establece impuestos reservados en forma exclusiva a los Estados, ni a los M.. El sistema constitucional permite a la Federaci�n, en los t�rminos de la fracci�n VII del art�culo 73 establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de gastos de la Federaci�n, sin que esto quede limitado a los grav�menes enumerados en la fracci�n XXIX del propio precepto. Los Estados, con apoyo en el art�culo 124 tienen facultad para establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos estatales y el art�culo 115 da facultad a las Legislaturas de los Estados para decretar los impuestos destinados a cubrir los gastos p�blicos municipales. La circunstancia de que los textos constitucionales no delimitan campos impositivos federales; estatales y municipales, determina que tanto el Congreso de la Uni�n, como las Legislaturas de los Estados, puedan establecer contribuciones sobre las mismas fuentes. Cuando ello ocurre se da lugar a la doble o m�ltiple tributaci�n interior, consecuencia de la concurrencia o coincidencia en el ejercicio de facultades impositivas de Federaci�n y Estados. Debe reconocerse que la concurrencia impositiva est� permitida en la Constituci�n e implicada en la fracci�n IV del art�culo 31 de su texto; pero de ello no puede derivarse la conclusi�n de que el Constituyente hubiera querido que cada fuente fuera gravada con impuestos federales, estatales y municipales. La conclusi�n correcta no puede ser otra que la que el Constituyente no juzg� necesario o conveniente separar las fuentes tributarias exclusivas de Federaci�n, Estados y M.. Lo antes se�alado no impide, sino por el contrario supone, que tanto el Congreso de la Uni�n como las Legislaturas de los Estados act�en con la prudencia necesaria para no superponer grav�menes sobre la poblaci�n contribuyente. Con esta prudencia ha ocurrido que ciertos grav�menes, como los relativos a la propiedad ra�z, han venido quedando reservados, de hecho, a los Estados y otros como el de la renta que grava a las empresas, han sido establecidos �nicamente por la Federaci�n. La prudencia de los legisladores federales y estatales los ha llevado incluso a buscar acuerdos para que s�lo unos u otros graven determinada materia, compartiendo el producto de su recaudaci�n y estableciendo las bases de colaboraci�n administrativa en determinados impuestos de inter�s com�n para Federaci�n y Estados. S.� as� el procedimiento de participaciones en impuestos, expresamente reconocido en la Constituci�n Pol�tica, que ha constituido uno de los principales alivios a los problemas derivados de la concurrencia impositiva. El acuerdo entre Federaci�n y Estados no se ha limitado a las fuentes de impuestos se�aladas en la Constituci�n, sino que se ha extendido a otras contribuciones federales en las cuales los Estados y los M. reciben participaci�n a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente. Esta abstenci�n no constituye una restricci�n o limitaci�n que vulnere la soberan�a de los Estados; por el contrario, dicha soberan�a se manifiesta y se ejerce cuando una entidad federativa decide dejar en suspenso la aplicaci�n de sus propias leyes o no dictarlas, a cambio de recibir participaci�n en el impuesto establecido por la Federaci�n. El ejemplo m�s caracter�stico de armon�a o coordinaci�n entre Federaci�n y Estados en materia fiscal, lo constituy� el impuesto federal sobre ingresos mercantiles, por medio del cual se establece un gravamen sobre el comercio y la industria que se comparte entre Federaci�n, Estados y M., en relaci�n con el cual s�lo legisla la Federaci�n y los Estados han realizado una amplia colaboraci�n en tareas administrativas. La uniformidad del impuesto al comercio y a la industria ha facilitado su desarrollo, al evitar que surjan barreras o restricciones entre los Estados, las m�s severas de las cuales suelen ser las de car�cter fiscal. Ello ha hecho tambi�n innecesario que el Congreso de la Uni�n haga uso de las facultades que le concede la fracci�n IX del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica. Paralelamente y en muy diversas materias, los Estados se han venido acogiendo a participaciones otorgadas por las leyes federales, absteni�ndose de gravar las mismas materias en los t�rminos previstos en aquellas leyes; pero como el sistema de participaciones se desarroll� hist�ricamente en diversas etapas y conforme a diferentes criterios, resulta que al conjunto del sistema tributario federal, falta racionalidad en cuanto a la determinaci�n de los impuestos en que s� se otorgan participaciones y aqu�llos otros cuya recaudaci�n se destina exclusivamente a la Federaci�n. Falta tambi�n uniformidad y armon�a en cuanto al monto y procedimiento para distribuir las participaciones entre las diversas entidades federativas. Finalmente, la decisi�n de la Federaci�n de transformar y modernizar el impuesto federal sobre ingresos mercantiles y sustituirlo por el impuesto al valor agregado, como en iniciativa por separado se ha propuesto a vuestra soberan�a, obliga a revisar todos los procedimientos de participaci�n y reunirlos en un s�lo sistema al cual la presente iniciativa llama Sistema Nacional de Coordinaci�n F.. Dentro de dicho sistema, ya no se otorgan participaciones s�lo respecto de ciertos impuestos federales, sino que la parte que corresponde a Estados y M. se determina en funci�n del total de impuestos federales, incluyendo aquellos que tradicionalmente se consideraron de recaudaci�n exclusiva de la Federaci�n, como son los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. El mayor dinamismo del sistema fiscal federal en su conjunto, comparado con el de los impuestos federales participables. ... Los Estados de la Rep�blica, en ejercicio de su soberan�a, podr�n solicitar adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en cuyo caso, la S.�a de Hacienda celebrar� con ellos, un convenio de coordinaci�n fiscal que les dar� derecho a participar en un Fondo General de Participaciones formado con el 13.0% de la recaudaci�n federal total que se incrementar� con el porciento que represente en dicho ingreso de la Federaci�n la recaudaci�n de grav�menes locales o municipales que las entidades convengan en derogar o dejar en suspenso. Dicho fondo ser� distribuido entre los Estados conforme a las bases establecidas en la ley que se propone y que se desarrollen en los citados convenios. A cambio de esta participaci�n, los Estados no impondr�n grav�menes o los mantendr�n en suspenso, sobre las materias establecidas en las leyes federales relativas a impuestos participables, modalidad que no se hace extensiva en relaci�n a otros impuestos en los cuales no ha existido participaci�n a los Estados. El acto de adhesi�n por convenio al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. tiene importancia relevante para los Estados, ya que deja en suspenso, mientras dura el convenio, algunos de los impuestos establecidos por su legislatura o impone abstenci�n al propio Estado, por todo lo cual el convenio se rodea de formalidades especiales, debiendo ser aprobado, seg�n lo dispongan las normas locales, por la legislatura de cada entidad. El H. Congreso de la Uni�n es tambi�n el Poder Legislativo Local del Distrito Federal. Con base en ello, esta iniciativa propone que el propio Distrito, sin que medie convenio, quede adherido al Sistema de Coordinaci�n Nacional F. al entrar en vigor la ley a que se refiere la presente iniciativa. Los Estados de la Rep�blica, si as� lo prefieren, pueden no adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en cuyo caso, podr�n establecer libremente los impuestos que estimen convenientes, salvo los se�alados en la fracci�n XXIX del art�culo 73 constitucional, en relaci�n con los cuales seguir�n recibiendo las participaciones se�aladas en las leyes federales. Las participaciones tradicionales en impuestos federales y aun el funcionamiento del Fondo General de Participaciones que se proponen, tienen como consecuencia que las entidades que generan mayores vol�menes de impuestos federales, son las que tambi�n reciben las mayores proporciones por concepto de participaciones. Ello es natural y debido pero produce el inconveniente de que los Estados de menor desarrollo econ�mico relativo, no obtengan de la distribuci�n de participaciones, recursos que los auxilien para acelerar su desarrollo social y econ�mico. A trav�s de un largo di�logo entre los Estados y la Federaci�n, se ha encontrado un camino para aliviar situaciones como la descrita a trav�s de la creaci�n en forma permanente, de un Fondo Financiero Complementario de Participaciones que se distribuya entre los Estados en proporci�n inversa a las participaciones que reciban del fondo general y al gasto corriente en materia educativa que realice la Federaci�n en cada una de las entidades. En esta forma y tomando en cuenta adem�s, la poblaci�n de cada Estado, pueden hacerse llegar recursos adicionales a las entidades menos favorecidas con el funcionamiento normal de participaciones. Ello ya fue intentado pero por una sola vez en el ejercicio que termina. El 0.37% de la recaudaci�n total federal, que se propone en esta iniciativa para llevarla al citado Fondo Financiero Complementario, dar� a los Estados en el ejercicio de 1979 la cantidad estimada de un mil millones de pesos. Las entidades que decidan adherirse al Sistema Nacional de Participaciones compartir�n los recursos del fondo general complementario. Como el Sistema Nacional de Coordinaci�n F., que se basar� en las leyes y se desarrollar� en convenios que celebren los Estados y la Federaci�n, implica que los Estados no graven las fuentes en relaci�n con las cuales reciben participaciones, es conveniente, si se busca preservar dicho sistema y facilitar su desenvolvimiento futuro, que se establezcan procedimientos para resolver los problemas que pudieren presentarse y mantener las relaciones entre la Federaci�n y las entidades en un plano constante de entendimiento.

Con la expedici�n de la Ley de Coordinaci�n F. vigente, el Sistema Nacional de Coordinaci�n F. evolucion� hacia un sistema de participaci�n basado en la conformaci�n de un Fondo General de Participaciones que se integra con los ingresos que obtenga la Federaci�n por el cobro de sus impuestos, cuya distribuci�n, a manera de asignaci�n global, se realiza entre las entidades federativas y los M. atendiendo al n�mero de habitantes por Estado y al porcentaje en que hayan participado �stos durante el ejercicio anterior.

Este Sistema Nacional de Coordinaci�n F. tambi�n tuvo como base la emisi�n de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la del Impuesto Especial sobre Producci�n y Servicios, el primero sustituy� al impuesto sobre ingresos mercantiles, as� como a otras contribuciones y el segundo a diversos grav�menes especiales.

Cabe se�alar que el Sistema Nacional de Coordinaci�n F. ha venido evolucionando desde su creaci�n, atendiendo a las diversas circunstancias que el legislador federal ha considerado relevantes, con lo que se han modificado los fondos que se integran para efectos de la participaci�n a las entidades federativas, las operaciones para el c�lculo respectivo y otras cuestiones relativas a la distribuci�n de los recursos; sin embargo, ello no ha afectado su teleolog�a, que se traduce en establecer un sistema uniforme, menos a�n el mecanismo que origina el establecimiento de la coordinaci�n fiscal, los convenios de adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F.,incluidos sus efectos respecto de los gobernados.

De los preceptos que actualmente integran el ordenamiento legal aludido, conviene tomar en cuenta, en esta resoluci�n, lo dispuesto en los siguientes art�culos:

"Art�culo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federaci�n con los de los Estados, M. y Distrito Federal, establecer la participaci�n que corresponda a sus haciendas p�blicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboraci�n administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinaci�n fiscal y dar las bases de su organizaci�n y funcionamiento.

"Cuando en esta ley se utilice la expresi�n ?entidades?, �sta se referir� a los Estados y al Distrito Federal.

"La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico celebrar� convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. que establece esta ley. Dichas entidades participar�n en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que se�ale esta ley mediante la distribuci�n de los fondos que en la misma se establecen.

"Art�culo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituir� con el 20% de la recaudaci�n federal participable que obtenga la Federaci�n en un ejercicio.

"La recaudaci�n federal participable ser� la que obtenga la Federaci�n por todos sus impuestos, as� como por los derechos sobre la extracci�n de petr�leo y de miner�a, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

"No se incluir�n en la recaudaci�n federal participable, los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracci�n de petr�leo.

"Tampoco se incluir�n en la recaudaci�n federal participable, los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboraci�n administrativa; ni los impuestos sobre tenencia o uso de veh�culos y sobre autom�viles nuevos, de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboraci�n administrativa en materia de estos impuestos; ni la parte de la recaudaci�n correspondiente al impuesto especial sobre producci�n y servicios en que participen las entidades en los t�rminos del art�culo 3o. A de esta ley; ni la parte de la recaudaci�n correspondiente a los contribuyentes peque�os que las entidades incorporen al Registro Federal de Contribuyentes en los t�rminos del art�culo 3o. B de esta ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federaci�n por aplicar una tasa superior al 15% a los ingresos por la obtenci�n de premios a que se refieren los art�culos 130 y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"El Fondo General de Participaciones se distribuir� conforme a lo siguiente:

"I. El 45.17% del mismo, en proporci�n directa al n�mero de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.

"El n�mero de habitantes se tomar� de la �ltima informaci�n oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica, en el a�o que se publique.

"II. El 45.17%, en los t�rminos del art�culo 3o. de esta ley.

"III. El 9.66% restante, se distribuir� en proporci�n inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad, �stas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refieren las fracciones I y II de este art�culo en el ejercicio de que se trate. ..."

"Art�culo 10. Las entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. para recibir las participaciones que establezca esta ley, lo har�n mediante convenio que celebren con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, que deber� ser autorizado o aprobado por su legislatura. Tambi�n, con autorizaci�n de la legislatura podr�n dar por terminado el convenio.

"La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y el gobierno de la entidad de que se trate, ordenar�n la publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y en el peri�dico oficial de la entidad, respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la entidad se adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de los decretos de la legislatura de la entidad por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que surtir�n efectos a partir del d�a siguiente a la publicaci�n que se efect�e en �ltimo lugar.

"La adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. deber� llevarse a cabo integralmente y no s�lo en relaci�n con algunos de los ingresos de la Federaci�n.

"Las entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., participar�n en los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracci�n XXIX del art�culo 73 constitucional, en los t�rminos que establecen las leyes respectivas."

"Art�culo 25. Con independencia de lo establecido en los cap�tulos I a IV de esta ley, respecto de la participaci�n de los Estados, M. y el Distrito Federal en la recaudaci�n federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federaci�n transfiere a las haciendas p�blicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los M., condicionando su gasto a la consecuci�n y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportaci�n establece esta ley, para los fondos siguientes:

"I. Fondo de Aportaciones para la Educaci�n B�sica y N.l;

"II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

"III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

"IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M. y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

"V. Fondo de Aportaciones M�ltiples.

"VI. Fondo de Aportaciones para la Educaci�n Tecnol�gica y de Adultos, y

"VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad P�blica de los Estados y del Distrito Federal.

Dichos fondos se integrar�n, distribuir�n, administrar�n, ejercer�n y supervisar�n, de acuerdo a lo dispuesto en el presente cap�tulo.

De los fines que llevaron al legislador a establecer el actual sistema de coordinaci�n tributaria y del texto vigente de la Ley de Coordinaci�n F. se advierte que la coordinaci�n fiscal se traduce en la armonizaci�n en el ejercicio de la potestad tributaria que corresponde ejercer a la Federaci�n y a las diversas entidades federativas, cuyas razones fundamentales son, por un lado, evitar la doble o m�ltiple tributaci�n, ya que los Estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. no deber�n establecer contribuciones que graven hechos o actos jur�dicos gravados por la Federaci�n o dejar de cobrar �stas si ya existieran y, por otra, otorgar a las entidades federativas, a los M. y al Distrito Federal participaci�n en la recaudaci�n de los grav�menes, bien sea que �stos correspondan en forma exclusiva a la Federaci�n, como lo determina el art�culo 73, fracci�n XXIX, del C�digo Fundamental o bien en los tributos en los que exista concurrencia tributaria, debido a que constitucionalmente pueden ser establecidos tanto por la Federaci�n como por las entidades federativas como sucede, entre otros, con el impuesto al valor agregado.

Es importante destacar que cuando una entidad federativa se adhiere, mediante convenio, al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. se producen diversas consecuencias respecto de la potestad tributaria que corresponde ejercer al Congreso Local, pues por una parte, en cuanto a las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la adhesi�n, que establec�an tributos cuyo objeto se encuentra gravado por los impuestos federales, debe entenderse que su aplicaci�n queda suspendida, por lo que los contribuyentes, en su caso, no deber�n autodeterminar los respectivos cr�ditos fiscales, ni las autoridades administrativas ejercer�n las correspondientes facultades de determinaci�n; por otra parte, en relaci�n con la potestad tributaria local y su posible ejercicio con posterioridad a la entrada en vigor del referido convenio de adhesi�n, debe estimarse que tal atribuci�n, en cuanto a imponer contribuciones a los hechos o actos jur�dicos que sean gravados por la Federaci�n, se ejerci� en el citado acuerdo institucional, si bien no en su aspecto m�s acabado, el establecimiento de tributos, s� en uno diverso, de omisi�n, que se traduce en no establecer determinados grav�menes a cambio de recibir diversas participaciones de ingresos provenientes de la recaudaci�n de los respectivos impuestos federales.

En efecto, en el caso de los tributos que se encontraran vigentes al momento de entrar en vigor el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., como reiteradamente se sostiene en la exposici�n de motivos de la actual Ley de Coordinaci�n F., la entidad federativa dejar� en suspenso la aplicaci�n de sus propias leyes, para lo cual basta que las autoridades locales, en la esfera administrativa, se abstengan de realizar los actos tendientes a determinar los impuestos que concurran en la imposici�n de hechos o actos jur�dicos que se encuentren gravados por los impuestos federales participables.

Por otra parte, respecto del posterior ejercicio de la potestad tributaria, en aras de evitar la doble o m�ltiple imposici�n, destaca que tal facultad se entender� ejercida no en su aspecto positivo, creaci�n de tributos, ni en el negativo, exenci�n tributaria, sino en su expresi�n omisiva, que se traduce en no gravar los hechos o actos jur�dicos sobre los cuales la Federaci�n ha establecido un impuesto, lo que provocar� recibir ingresos, v�a participaciones, provenientes de la recaudaci�n de los impuestos federales que graven aquellos hechos o actos.

Con base en tales principios, para determinar si en el caso del impuesto cedular sobre los ingresos de las personas f�sicas, previsto en los art�culos 9o. a 28 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, resulta contrario al principio de equidad tributaria, es necesario atender a lo dispuesto en el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. celebrado entre dicha entidad federativa y la Federaci�n, as� como lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En ese tenor, por principio, destaca que el diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve, el Estado de Guanajuato celebr� con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el veintiocho de diciembre del propio a�o; de su texto conviene reproducir lo siguiente:

"Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. que celebran la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Gobierno del Estado de Guanajuato.

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

"Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. que celebran la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Gobierno del Estado de Guanajuato.

"La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a la que en lo sucesivo se le denominar� la ?secretar�a?, representada por su titular, el C: Licenciado D.I.M.�oz, y el C. Licenciado Guillermo Prieto Fort�n, subsecretario de ingresos, y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, al que en lo sucesivo se le denominar� el ?Estado?, representado por los CC. Licenciado E.V.I., doctor C.M.M.�n del Campo y licenciado y diputado �scar C.P., en su car�cter de gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y tesorero general del Estado, respectivamente; con fundamento en los siguientes art�culos de la legislaci�n federal: 31 fracci�n XV de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, en relaci�n con los art�culos 2o., 10, 11 y 12 de la Ley de Coordinaci�n F.; y en la Legislaci�n Estatal: art�culos 80, fracciones I y XXV y 82 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Guanajuato, 4o. fracci�n III de la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo y art�culos 11, 18 y 29 del C�digo F. del Estado y,

"Considerando:

"Primero. Que el Pacto Federal establecido en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos requiere una mejor distribuci�n de recursos fiscales entre Federaci�n, Estados y M.; pues s�lo fortaleciendo las haciendas p�blicas de los diversos niveles de gobierno se puede aspirar a sustentar en realidades la soberan�a de los Estados y la autonom�a pol�tica y administrativa de los M..

"Segundo. Que el sistema fiscal nacional debe ser arm�nico, evitando en lo posible la superposici�n de grav�menes federales, estatales y municipales, cuyo conjunto puede producir cargas fiscales excesivas en los contribuyentes, adem�s de m�ltiples intervenciones de vigilancia por parte de las diversas autoridades en esta materia.

"Tercero. Que los convenios �nicos de coordinaci�n celebrados entre el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de los Estados, en los a�os de 1977 y 1978, consignaron el compromiso del propio Ejecutivo Federal de proponer al H. Congreso de la Uni�n la expedici�n de una Ley de Coordinaci�n F. entre la Federaci�n y los Estados, que regulen las relaciones fiscales entre ambos �rdenes de gobierno y fortalezca las finanzas p�blicas locales y que el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de dicho compromiso present� al H. Congreso de la Uni�n en noviembre de 1978 la iniciativa de referencia, la cual fue aprobada.

"Cuarto. Que las participaciones en impuestos federales a favor de Estados y M. se han venido estableciendo s�lo sobre algunos de los impuestos de la Federaci�n en proporciones y conforme a procedimientos de distribuci�n que var�an en cada una de las leyes que las otorgan y que, en su conjunto dichas participaciones, si bien han venido en aumento el incremento de las mismas representa una proporci�n cada vez menor de los recursos fiscales totales de la Federaci�n.

"Quinto. Que la nueva Ley de Coordinaci�n F. establece un Sistema Nacional de Coordinaci�n F., al que se pueden adherir los Estados mediante convenios que celebren con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, de acuerdo con los cuales las entidades recibir�n por cientos fijos de todos los impuestos federales, lo que representar� para las entidades federativas, no s�lo mayores recursos, sino proporciones constantes de la recaudaci�n federal, a cambio de lo cual dichas entidades se obligan a no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que contrar�en las limitaciones se�aladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en las leyes sobre impuestos especiales que s�lo puede establecer la Federaci�n, de acuerdo con la Constituci�n Pol�tica.

"...

M.�n, Sin., a 19 de octubre de 1979. Por el Estado: el Gobernador Constitucional, E.V.I.. R�brica. El S. General de Gobierno, C.M.M.�n. R�brica. El tesorero general del Estado, Dip. �scar C.P.. R�brica. Por la S.�a: El secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, D.I.. R�brica. El subsecretario de ingresos, G.P.F.R.�brica.

Como se advierte de las anteriores transcripciones, el Estado de Guanajuato se encuentra adherido al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en t�rminos de lo dispuesto en el convenio reproducido y en la Ley de Coordinaci�n F..

De la lectura del quinto punto considerativo del referido convenio de adhesi�n, se advierte que como consecuencia de su celebraci�n, el Estado de Guanajuato recibe porcentajes fijos de lo que se recaude a trav�s de los impuestos federales, a cambio de lo cual �ste se oblig� a no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que contrar�en las limitaciones se�aladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en las leyes sobre impuestos especiales que s�lo puede establecer la Federaci�n.

De lo anterior deriva, impl�citamente, el que a partir de la entrada en vigor del mencionado convenio de adhesi�n se desincorpor� de la esfera competencial del Congreso Local de esa entidad federativa, su atribuci�n para crear contribuciones que recaigan sobre los hechos imponibles gravados por los referidos impuestos federales; sin que ello implique una renuncia temporal a la potestad que constitucionalmente le asiste, sino el desarrollo de �sta a trav�s de su expresi�n omisiva, con el fin de obtener recursos v�a participaciones de la recaudaci�n obtenida de los impuestos federales.

En atenci�n a lo dispuesto en el citado convenio y para conocer las limitaciones que rigen a la potestad tributaria que corresponde ejercer al Congreso del Estado de Guanajuato, resulta necesario acudir a lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, espec�ficamente a sus art�culos 41 y 43, que establecen lo siguiente:

"Art�culo 41. La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico celebrar� convenio con los Estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. para recibir participaciones en los t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F., conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales sobre:

"I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos, ni sobre la producci�n de bienes cuando por su enajenaci�n deba pagarse dicho impuesto, excepto la prestaci�n de servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido.

"Para los efectos de esta fracci�n, en los servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido, s�lo se considerar� el albergue sin incluir a los alimentos y dem�s servicios relacionados con los mismos.

"Los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas en la enajenaci�n de bienes o prestaci�n de servicios mencionados en esta fracci�n, no se considerar�n como valor para calcular el impuesto a que se refiere esta ley. ..."

"Art�culo 43. Las entidades federativas podr�n establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas que perciban ingresos por la prestaci�n de servicios profesionales, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenaci�n de bienes inmuebles, o por actividades empresariales, sin que se considere un incumplimiento de los convenios celebrados con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico ni del art�culo 41 de esta ley, cuando dichos impuestos re�nan las siguientes caracter�sticas:

"I.T.�ndose de personas f�sicas que obtengan ingresos por la prestaci�n de servicios profesionales, la tasa del impuesto que se podr� establecer ser� entre el 2% y el 5%.

"...

"II. En el caso de personas f�sicas que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, la tasa del impuesto que se podr� establecer ser� entre el 2% y el 5%.

"...

"III. En el caso de personas f�sicas que obtengan ingresos por enajenaci�n de bienes inmuebles, la tasa del impuesto que se podr� establecer ser� entre el 2% y el 5%, y se deber� aplicar sobre la ganancia obtenida por la enajenaci�n de inmuebles ubicados en la entidad federativa de que se trate, con independencia de que el contribuyente tenga su domicilio fiscal fuera de dicha entidad federativa.

IV. Trat�ndose de personas f�sicas que obtengan ingresos por actividades empresariales, la tasa del impuesto que se podr� establecer ser� entre el 2% y el 5%. ...

De la interpretaci�n sistem�tica de lo dispuesto en los preceptos transcritos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deriva lo siguiente:

  1. Los Estados que han celebrado convenio de adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., se encuentran constre�idos a no establecer contribuciones que graven actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado.

  2. Asimismo, por virtud de la reforma realizada al art�culo 43, antes transcrito, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el primero de diciembre de dos mil cuatro y derivado de los acuerdos aprobados en la Convenci�nNacional de la Hacienda P�blica, se permite que las entidades federativas establezcan impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas, espec�ficamente por la prestaci�n de servicios profesionales, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenaci�n de bienes inmuebles o por actividades empresariales.

Los anteriores supuestos fueron contemplados en el dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda y F.�n y de G.�n y Puntos Constitucionales, que dieron origen al impuesto en comento, en los t�rminos siguientes:

"II. Consideraciones.

"El Congreso del Estado resulta competente para conocer y analizar la iniciativa objeto del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 31 fracci�n IV de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 63 fracci�n II de la Constituci�n Pol�tica para el Estado de Guanajuato.

"II.2. Consideraciones particulares.

"II.2.1. Impuestos cedulares.

"Se�ala la exposici�n de motivos que la iniciativa encuentra sustento en los acuerdos aprobados en la Convenci�n Nacional de la Hacienda P�blica, pues el prop�sito general de la convenci�n fue coadyuvar a impulsar un desarrollo econ�mico m�s din�mico y justo, definir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades b�sicas en materia social y de infraestructura de cada uno de los tres �rdenes de gobierno, as� como generar los recursos necesarios y suficientes dentro de un nuevo federalismo.

"Los resultados de la convenci�n, se traducir�an en propuestas en su caso, encauzadas como iniciativas legislativas ante el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas Locales, seg�n correspondiera. Asimismo, encuentra soporte en lo dispuesto por el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de 1o. de diciembre de 2004, cuya exposici�n de motivos se�ala:

"?Asimismo, el diagn�stico que elabor� la primera convenci�n nacional hacendaria en materia de ingresos p�blicos fue de particular importancia, toda vez que constituy� el marco de referencia para las propuestas tributarias que se generaron. El diagn�stico arroj� los resultados siguientes:

"?? Insuficiencia de los ingresos fiscales del pa�s.

"?? C.�n de la pol�tica fiscal.

"?? Limitaci�n extraconstitucional de las facultades de las entidades federativas.

"?? Dependencia excesiva de los derechos de hidrocarburos y sobrecarga fiscal a PEMEX.

"?? E.�n y elusi�n importantes.

"?? Sistema fiscal con elementos innecesariamente complejos y costosos.

"?...

"?2. Establecer un impuesto de car�cter estatal, en forma cedular, para las personas f�sicas que obtengan ingresos por: salarios (respetando la exenci�n constitucional a un salario m�nimo), honorarios profesionales, arrendamiento de inmuebles, enajenaci�n de inmuebles y actividades empresariales. Tendr�a una tasa �nica entre 2 y 5%, su base se homologar�a a la base del impuesto sobre la renta federal, del cual ser�a deducible.

"?El impuesto que se propone, en su parte salarios, permitir�a eliminar, en su caso, los impuestos sobre n�minas que actualmente tienen los Estados, con lo que se mejora la competitividad del Estado que haga la sustituci�n.?

"?Ley del Impuesto al Valor Agregado

"?...

"?Por otra parte, y conforme a las propuestas de la primera convenci�n nacional hacendaria, se establece el art�culo marco que permita a las entidades federativas establecer impuestos cedulares al ingreso de las personas f�sicas que obtengan ingresos por honorarios profesionales, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles y por la enajenaci�n de inmuebles, as� como por las actividades empresariales, sin que dichos grav�menes contravengan las limitaciones que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que reciban participaciones conforme al Sistema Nacional de Coordinaci�n F.. Al respecto, debe mencionarse que dentro de esas limitaciones no se encuentra alguna respecto de salarios, habida cuenta de que el servicio personal subordinado no forma parte del objeto del impuesto al valor agregado, por lo que siempre las entidades federativas han tenido la posibilidad de gravar esa fuente con impuestos locales. As�, no es necesario efectuar modificaci�n alguna en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que las entidades federativas adopten la recomendaci�n de la primera convenci�n nacional hacendaria para establecer un impuesto cedular a los salarios, lo cual s� es necesario trat�ndose de las otras fuentes de ingreso mencionadas: honorarios profesionales, arrendamiento y enajenaci�n de inmuebles, as� como de actividades empresariales, toda vez que las actividades mencionadas son objeto del impuesto al valor agregado. De esta forma se plantea que las entidades federativas podr�n establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas que perciban ingresos por dichas actividades, sin que se considere un incumplimiento de los compromisos en materia de coordinaci�n fiscal.

"?Las caracter�sticas b�sicas que deben reunir estos impuestos cedulares son las siguientes:

"?En materia de servicios profesionales se debe afectar la utilidad gravable de los contribuyentes que provenga de las bases fijas que �stos tengan en cada entidad federativa; en el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los ingresos de los inmuebles ubicados en la entidad federativa de que se trate; en enajenaci�n de bienes inmuebles, la ganancia que se obtenga por la enajenaci�n de aquellos ubicados en la entidad federativa que corresponda; y, en actividades empresariales, la utilidad gravable que obtengan los contribuyentes por los establecimientos, sucursales o agencias que se encuentren en la entidad federativa de que se trate. Cabe mencionar que por lo que hace a los peque�os contribuyentes, se establece que las entidades federativas podr�n estimar su utilidad fiscal y determinar el impuesto mediante el establecimiento de cuotas fijas.

"?Para que los impuestos cedulares tengan caracter�sticas homog�neas y evitar distorsiones en su aplicaci�n, se establece que para determinar su base, se deber�n considerar los mismos ingresos y las mismas deducciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta federal, para los ingresos similares a los contemplados en los impuestos cedulares, sin que se incluyan la exclusi�n general ni el impuesto cedular local.

"?Otro aspecto importante es que, en todos los casos, la tasa en cada impuesto cedular sea una tasa m�nima del 2% y m�xima del 5%, adem�s de que las entidades federativas podr�n establecer distintas tasas por impuesto cedular.?

"La iniciativa de reforma fue aprobada tanto en la C�mara de Diputados como en el Senado de la Rep�blica.

"Refiere la exposici�n de motivos, donde se cita a E.M.M., que los impuestos directos adquirieron relevancia durante el siglo XX, comentando la evoluci�n de la figura del impuesto sobre la renta, se�alando como antecedente primordial de los denominados ?impuestos cedulares? la Ley de 30 de diciembre de 1953, misma que agrup� a los causantes en siete c�dulas:

"I.Comercio; II. Industria; III. Agricultura, ganader�a y pesca; IV. R.�n del trabajo personal; V. Honorarios de profesionistas, t�cnicos, artesanos y artistas; VI. Imposici�n de capitales y VII. R.�as y enajenaci�n de concesiones. S.F. de la Garza se�ala al comentar la Tercera Convenci�n Nacional F. de 1947 que ?... como fuentes privativas de ingresos del Gobierno Federal se reconocieron el impuesto sobre la renta, aun cuando los Estados participar�an en su producto, particularmente en las c�dulas relativas a servicios personales y a inversiones de capital.? Estableciendo la misma exposici�n de motivos que el r�gimen cedular estuvo vigente hasta diciembre de 1964, en que se crea un r�gimen global que a futuro generar�a los dos grandes rubros para el pago de contribuciones: personas f�sicas y personas morales.

Esta incorporaci�n encuentra correlaci�n con la modificaci�n a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada tambi�n en el Diario Oficial de la Federaci�n del 1 de diciembre de 2004 donde se reduce la tasa de dicho impuesto en forma gradual; durante 2005 la tasa ser� del 30%, de 29% en 2006 y del 28% en 2007. Esta reforma tiene implicaci�n con los impuestos cedulares, ya que derivado de la baja en la tasa del ISR, es que se contemplaron los impuestos cedulares, mismos que son deducibles del ISR.

De las consideraciones transcritas, se evidencia que la Legislatura del Estado de Guanajuato tom� en consideraci�n, para el establecimiento del impuesto cedular sobre los ingresos de las personas f�sicas, tanto los acuerdos aprobados en la Convenci�n Nacional de la Hacienda P�blica, como lo dispuesto en el art�culo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en virtud de los cuales se permite a las entidades federativas, sin contravenir el compromiso contra�do al adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., el establecimiento de un impuesto cedular sobre los ingresos de las personas f�sicas, manteni�ndose vigente la obligaci�n de no establecer impuestos estatales por los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado, siendo de se�alar que entre estos conceptos se encuentran precisamente los ingresos que obtienen la personas morales.

En efecto, la potestad tributaria de la Legislatura del Estado de Guanajuato se encuentra limitada en raz�n de las obligaciones que asumi� esa entidad federativa al celebrar el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. y atento a lo establecido en el art�culo 41, fracci�n I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues convino en no mantener impuestos locales o municipales sobre los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos.

Luego, si por virtud del referido convenio, la Legislatura del Estado de Guanajuato, en relaci�n con los ingresos que deriven de la prestaci�n de servicios profesionales; el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, ubicados en el territorio del Estado; y por la realizaci�n de actividades empresariales, s�lo puede establecer impuestos sobre los ingresos que obtengan las personas f�sicas, en tanto que respecto de las personas morales su facultad impositiva se encuentra limitada en virtud de la reserva expresa y concreta a favor de la Federaci�n, resulta justificado que en el impuesto local en cuesti�n s�lo se consideren como sujetos del impuesto a las personas f�sicas, ya que de no limitarse a �stos, el acto legislativo carecer�a de fundamentaci�n.

A mayor abundamiento, debe se�alarse que en virtud de dicha limitaci�n, las personas morales no se encuentran sometidas a su potestad tributaria y por ello, en modo alguno puede considerarse que est�n en igualdad de circunstancias que las personas f�sicas, pues no obstante que por cuanto hace a la situaci�n de hecho, relativa a la obtenci�n de ingresos por las actividades que constituyen el objeto del impuesto cedular sobre los ingresos de las personas f�sicas, lo cierto es que jur�dicamente se encuentran en situaciones dispares frente al �rgano legislativo, en la medida en que �ste carece temporalmente de la referida potestad tributaria para imponerles alg�n impuesto por dichas actividades.

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por esta Segunda Sala, cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n son del siguiente tenor:

"COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. EFECTOS DE LA CELEBRACI�N DE LOS CONVENIOS DE ADHESI�N AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO RESPECTO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL.-Cuando una entidad federativa celebra un convenio de adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. se generan diversas consecuencias respecto de la potestad tributaria que corresponde ejercer al Congreso Local de que se trate. En principio, dicha facultad, en aras de evitar la doble o m�ltiple imposici�n, no podr� desarrollarse en su aspecto positivo, relativo a la creaci�n de tributos, en cuanto a los hechos imponibles que se encuentren gravados por un impuesto federal participable, ya que al celebrarse la mencionada convenci�n debe entenderse que la potestad tributaria se ha ejercido no en su aspecto positivo, ni en el negativo, correspondiente a la exenci�n de impuestos, sino en su expresi�n omisiva que se traduce en la abstenci�n de imponer contribuciones a los hechos o actos jur�dicos sobre los cuales la Federaci�n ha establecido un impuesto, lo que provocar� la recepci�n de ingresos, v�a participaciones, provenientes de los impuestos federales que graven aquellos hechos o actos. Por otra parte, en raz�n de que al adherirse la respectiva entidad federativa al se�alado Sistema de Coordinaci�n F., el �rgano legislativo local renunci� a imponer las contribuciones que concurran con los impuestos federales participables, ello conlleva, incluso a la desincorporaci�n temporal de su �mbito competencial de la potestad relativa, por lo que si aqu�l crea contribuciones de esa especie, estar� expidiendo disposiciones de observancia general que carecen del requisito de fundamentaci�n previsto en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que ser�n emitidas sin la competencia para ello, tal como deriva del contenido de la tesis jurisprudencial n�mero 146 del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 149 del Tomo I del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, de rubro: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.?." (Novena �poca. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., mayo de 2001, tesis 2a./J. 17/2001, p�gina 293).

En raz�n de lo expuesto, el impuesto cedular sobre los ingresos de las personas f�sicas no resulta contrario al principio de equidad tributaria, previsto en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos por gravar �nicamente los ingresos de las personas f�sicas y no a los que perciben las personas morales, puesto que el legislador del Estado de Guanajuato ten�a una justificaci�n objetiva y razonable para no considerarlos como sujetos de dicho tributo, atendiendo a que no se encuentran en igualdad de circunstancias frente a la potestad tributaria del �rgano legislativo de dicha entidad.

D�CIMO

Por lo anterior, el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, es el sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se redacta en los siguientes t�rminos:

GUANAJUATO. EL IMPUESTO CEDULAR SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS F�SICAS QUE ESTABLECEN LOS ART�CULOS 9o. AL 28 DE LA LEY DE HACIENDA PARA ESE ESTADO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.-La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que el principio de equidad tributaria previsto en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos radica, esencialmente, en la igualdad de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un trato id�ntico, es decir, los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situaci�n de igualdad frente a la norma que los crea y regula, lo que implica, adem�s, que para poder cumplir con ese principio, el legislador est� obligado a crear categor�as o clasificaciones de contribuyentes, sin que �stas sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categor�a, y que puedan responder a finalidades econ�micas o sociales, razones de pol�tica fiscal e, incluso, extrafiscales. En congruencia con tal criterio, si la facultad de la Legislatura del Estado de Guanajuato de crear contribuciones est� limitada, por el Convenio de Adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. y por el art�culo 41, fracci�n I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que le impiden mantener impuestos locales o municipales sobre los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de ellos, y toda vez que de acuerdo con el diverso art�culo 43 de la Ley citada, se permite a las entidades federativas, sin contravenir el compromiso contra�do al adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., el establecimiento de un impuesto cedular sobre los ingresos de las personas f�sicas, con la obligaci�n de no establecer impuestos estatales por los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado, entre los que se encuentran los ingresos que obtienen la personas morales, se concluye que los art�culos 9o. a 28 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato que prev�n el impuesto cedular sobre los ingresos de las personas f�sicas, no transgreden el principio constitucional citado, pues por virtud de dicha limitaci�n, las personas morales no est�n sometidas a su potestad tributaria y, por ello, no puede considerarse que est�n en igualdad de circunstancias que las personas f�sicas; pues no obstante que por cuanto hace a la situaci�n de hecho, relativa a la obtenci�n de ingresos por las actividades que constituyen el objeto del impuesto cedular referido, lo cierto es que jur�dicamente se encuentran en situaciones dispares frente al �rgano legislativo, en la medida en que �ste carece temporalmente de la referida potestad tributaria para imponerles alg�n impuesto por dichas actividades.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Quinto, ahora Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo, todos del D�cimo Sexto Circuito, en contra del sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase la tesis de jurisprudencia aprobada, al P. y a la Primera Sala de este Alto Tribunal, a los Tribunales Colegiados de Circuito, a los Juzgados de Distrito y al Semanario Judicial de la Federaci�n, para su publicaci�n; a su vez rem�tanse testimonios de esta resoluci�n a los �rganos colegiados que sostuvieron los criterios contradictorios y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.D.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidenta M.B.L.R..