Ejecutoria num. 2a./J. 41/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823004

Ejecutoria num. 2a./J. 41/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 41/2006
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 199/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. PROCEDIMIENTO AGRARIO. DEBE SUSPENDERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY AGRARIA, CUANDO AL CELEBRARSE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, UNA DE LAS PARTES SE ENCUENTRA ASESORADA Y LA OTRA NO.CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 199/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIO: ALBERTO D�AZ D�AZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio del a�o dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta S..

SEGUNDO

Carece de legitimaci�n el denunciante de la presente contradicci�n de tesis.

La denuncia fue formulada por el Magistrado R.G.�a V.G.�lvez, presidente del Tribunal Superior Agrario, con el car�cter de representante legal de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 25, con residencia en San Luis Potos�, San Luis Potos� y 29, con sede H., S., invocando como fundamento legal de su personalidad los art�culos 11, fracci�n VII, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios y 28 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios.

Los preceptos invocados son, respectivamente, del tenor siguiente:

"Art�culo 11. Corresponde al presidente del Tribunal Superior Agrario:

"...

"VII. Llevar la representaci�n del Tribunal."

Art�culo 28. El presidente tiene la representaci�n legal de los tribunales agrarios y podr� delegarla en los servidores que acuerde el Tribunal Superior. El presidente podr� asistir con la representaci�n del Tribunal Superior a las ceremonias y actos a los que este sea invitado, o delegarla en uno de los Magistrados.

El promovente manifest� que acud�a en representaci�n de los Tribunales Unitarios Agrarios del Distrito 25 con sede en la ciudad de San Luis Potos� y del Distrito 29 con residencia en H., S., que figuraron como autoridades responsables, respectivamente, en los juicios de amparo 84/2005 del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y 271/93 del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito.

Al caso, debe tenerse en cuenta que el art�culo 197-A de la Ley de Amparo dispone:

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. ...

Como puede verse, el anterior precepto otorga legitimaci�n para denunciar la contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, a los Ministros de este Alto Tribunal, al procurador general de la Rep�blica, a los Magistrados de los referidos tribunales y a �stos, as� como a las partes, quedando incluidas entre estas �ltimas, desde luego, a las autoridades responsables, en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 5o. de la Ley de Amparo.

Lo anterior se corrobora con la tesis de la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, del tenor siguiente:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. LA AUTORIDAD SE�ALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENT� UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACI�N PARA DENUNCIARLA. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la cual decidir� la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde deriv� una de las tesis sustentadas est� legitimada para hacer la denuncia respectiva." (Novena �poca, Primera S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2005, tesis 1a. LV/2005, p�gina 295).

Ahora bien, el art�culo 19 de la Ley de Amparo dispone: "Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo ...".

Con base en los anteriores elementos y disposiciones legales debe concluirse que si bien los Tribunales Unitarios Agrarios, en su calidad de autoridades responsables, s� se encuentran legitimados para denunciar la posible contradicci�n de tesis, dicha legitimaci�n no alcanza al presidente del Tribunal Superior Agrario, en virtud de que en el derecho de amparo, dentro del cual se encuentra el proceso de integraci�n de la jurisprudencia, no cabe la representaci�n de las autoridades responsables, en t�rminos del invocado art�culo 19 de la ley de la materia.

Por tanto, con fundamento en los art�culos 197-A y el precitado 19, ambos de la Ley de Amparo, el promovente no tiene legitimaci�n para formular la denuncia que origin� la presente contradicci�n de tesis.

No obstante lo anterior y en pos de la seguridad jur�dica que tutela la instituci�n de la contradicci�n de tesis, al dilucidarse cu�l es el criterio que debe prevalecer cuando dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito han sustentado criterios que se estiman opuestos o divergentes, el se�or M.G.I.O.M., ponente en el presente asunto, hace suya la denuncia de contradicci�n de tesis de que se trata, a fin de que la Segunda S. de este Alto Tribunal efect�e el pronunciamiento que corresponda.

TERCERO

A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los �rganos colegiados que participan en la presente contradicci�n de tesis.

El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potos�, San Luis Potos�, al resolver el juicio de amparo directo n�mero 84/2005, promovido por H�ctor L.L. y otros, en lo conducente, determin�:

"SEXTO. Es innecesario el estudio de los conceptos de violaci�n, porque supliendo la falta de los mismos sobre el particular, de conformidad con los art�culos 76 Bis, fracci�n III y 227 de la Ley de Amparo, en el caso se aprecia una violaci�n a normas esenciales que rigen el procedimiento del juicio agrario, que dej� sin defensa a la parte quejosa, por las razones que enseguida se precisan.

"Para una mejor ilustraci�n del asunto, se considera pertinente citar los antecedentes m�s relevantes del mismo, como sigue:

"Mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil tres ante el Tribunal Unitario Agrario del Vig�simo Quinto Distrito (fojas 1 a 16 del expediente SLP 915/2003), H�ctor L.L. y las personas que �ste representa en el juicio de amparo que ahora se resuelve, demandaron al Ejido Garita de Jalisco, as� como a los integrantes de su comisariado ejidal y consejo d de vigilancia, la nulidad (total) del acta de asamblea general de ejidatarios celebrada por parte de ese n�cleo de poblaci�n el veintid�s de octubre de dos mil tres en la calle de Basalenque n�mero 1023 de la colonia V. de esta ciudad.

"La demanda fue aclarada por la parte actora a trav�s del escrito presentado el quince de enero de dos mil cuatro, en el cual se nombr� como representante com�n al ahora signante del amparo H�ctor L.L. (fojas 29 a 33), por lo que el tribunal responsable la admiti� a tr�mite mediante auto de quince de enero de dos mil cuatro (fojas 38 a 41), en el cual orden� emplazar a la parte demandada; se�alando las once horas treinta minutos del diecis�is de febrero de dos mil cuatro para la celebraci�n de la audiencia a que se refiere el numeral 185 de la Ley Agraria.

"Llegada la fecha de celebraci�n de la audiencia (fojas 52 a 55), �sta fue diferida en virtud de que �nicamente el representante com�n de los actores compareci� asistido jur�dicamente, no as� su contraparte, por lo que se fijaron las doce horas del veinticuatro de febrero de dos mil cuatro para su celebraci�n.

"Fecha esta �ltima en la que el representante com�n de la parte actora y los integrantes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia del ejido demandado acudieron asesorados jur�dicamente, por lo que se procedi� al desahogo de la audiencia (fojas 58 a 64), pero como la parte demandada reconvino a la actora en los t�rminos del escrito respectivo (fojas 141 a 145), el expresado representante com�n solicit� el diferimiento de la diligencia, por lo que la misma fue aplazada para las trece horas del diecisiete de marzo de dos mil cuatro.

"En esta �ltima data comparecieron el representante com�n de la parte actora y los integrantes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia del n�cleo de poblaci�n demandado (ambas partes con sus respectivos asesores jur�dicos), pero debido a que en ese momento no se contaba con los autos del expediente agrario, en virtud de que se hab�a remitido como informe justificado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con motivo del juicio de amparo indirecto 210/2004-V, promovido por uno de los integrantes de dicho consejo que aleg� la falta de emplazamiento al juicio agrario, se hizo saber a los litigantes que cuando se recibieran los autos del citado expediente se les notificar�a la reanudaci�n de la audiencia (fojas 208 y 209).

"Mediante acuerdo de veinte de agosto de dos mil cuatro (foja 183), en virtud de que caus� ejecutoria la sentencia de sobreseimiento dictada en el citado juicio de garant�as y como fueron devueltos los autos del expediente agrario al tribunal responsable, se fijaron las once horas treinta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil cuatro para llevar a cabo la audiencia de ley, notific�ndose personalmente ese prove�do a las partes.

"Una vez llegada la fecha programada H�ctor L.L., representante com�n de la parte actora, acudi� a la audiencia sin asesor legal, en tanto que los integrantes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia del ejido demandado comparecieron junto con su asesora jur�dica; motivo por el cual, en el momento en que se dio el uso de la voz al primero de los nombrados para que contestara la demanda reconvencional, expuso lo siguiente:

"?En la audiencia de hoy se�alada a las once treinta horas del veintiuno de septiembre, present� una promoci�n designando como nuevo abogado al licenciado R.M.M., por lo cual no est� presente y solicito a este H. Tribunal el diferimiento de esta audiencia por no poder estar sin asesoramiento en esta audiencia. Siendo todo lo que tengo que manifestar.? (foja 187).

"Con dicha manifestaci�n se dio vista a la parte demandada, la que a trav�s de su asesor jur�dico expres� lo siguiente:

"?Que en este momento manifestamos que no estamos de acuerdo en que se suspenda la audiencia por motivos de que el abogado de la parte actora no se encuentra presente, toda vez que la audiencia en la que se comparece no es la primera ni el actor goza de las prerrogativas legales para la suspensi�n o diferimiento de la audiencia, esto aunado a que en diversos acuerdos que obran en autos se desprende claramente que la continuidad de la audiencia se dar� con la presencia de o sin la presencia de un abogado, por lo que solicitamos se d� continuidad de la presente diligencia, apegados al principio de celeridad en la cual se basan los tribunales agrarios. Siendo todo lo que tenemos que manifestar.? (foja 187).

"A continuaci�n, el tribunal responsable acord� lo siguiente:

"?PRIMERO. Vistas las manifestaciones de las partes, queda advertido de autos que de la demanda inicial aparece que los actores del juicio contaban con asistencia jur�dica lo cual qued� corroborado en la audiencia inicial celebrada con fecha veinticuatro de febrero del a�o en curso y que para el d�a de hoy queda acreditado que cuenta con abogado, seg�n se demuestra con la promoci�n que el representante com�n present� para esta diligencia, lo cual conlleva a precisar adem�s que se encuentra en igualdad de condiciones con la parte contraria y como consecuencia no est� en el supuesto que establece el art�culo 179 de la Ley Agraria para que en este caso se suspenda la audiencia por no contar con abogado, siendo que est� demostrado de autos que desde el escrito inicial de demanda, contaban con asesor jur�dico, el cual compareci� a las audiencias de diecis�is y veinticuatro de febrero de dos mil cuatro; siendo aplicable al caso el siguiente criterio jurisprudencial: �PROCEDIMIENTO AGRARIO, ASESORAMIENTO EN EL. ART�CULO 179 DE LA LEY AGRARIA EN VIGOR.� (se transcribe) (se citaron los datos de localizaci�n de dicha tesis aislada) ... �AGRARIO. FALTA DE COMPARECENCIA DEL ASESOR JUR�DICO DE UNA DE LAS PARTES EN UNA DETERMINADA DILIGENCIA, NO HA LUGAR A LA SUSPENSI�N DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO, CONFORME AL ART�CULO 179 DE LA LEY AGRARIA� (se transcribe) (se citaron los datos de localizaci�n de dicha tesis aislada) ... "?Como consecuencia de lo anterior, se ordena el seguimiento de la audiencia concedi�ndole el uso de la voz a la parte demandada en lo reconvencional para que d� contestaci�n a la misma, ofreciendo los medios de prueba que a su inter�s y defensa convengan ...? (fojas 188 y 189).

"Acto seguido, en uso de la voz, H�ctor L.L. manifest� lo siguiente:

"?Referente a la reconvenci�n planteada por la parte demandada, objeto cada una de las partes de las acciones que en ella contienen. Siendo todo lo que tengo que manifestar? (foja 189).

"Posteriormente, durante la misma audiencia, se llev� a cabo la fase conciliatoria, en la que las partes no lograron una amigable composici�n, procedi�ndose a la admisi�n de las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional ofrecidas por la parte actora en su escrito de veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, as� como a la admisi�n de las pruebas documentales, instrumental de actuaciones, presuncional, confesional y testimonial propuestas por los demandados en su escrito de reconvenci�n; hecho lo anterior, se desahogaron la prueba confesional con cargo al representante com�n de la parte actora y la testimonial ofrecida por su contraparte; pas�ndose a la fase de alegatos, en la cual H�ctor L.L. manifest� que no era su deseo formularlos, en tanto que la asesor jur�dico de los demandados formul� las conclusiones que estim� pertinentes; y por �ltimo, se decret� que en virtud de haberse agotado la fase de instrucci�n, se turnaran los autos a la secretaria de Estudio y Cuenta para que se emitiera la sentencia definitiva correspondiente.

"Dicha sentencia, ahora reclamada, se dict� el ocho de noviembre de dos mil cuatro (fojas 869 a 901), en la cual, por una parte, se declar� la nulidad parcial de la asamblea impugnada, en virtud de que la persona nombrada en ella como tesorero suplente del comisariado ejidal, M.�n B.M., no cumpli� todos los requisitos legales para ser electo como tal; y por otra parte, se decret� la procedencia de la reconvenci�n para que H�ctor L.L. y sus representados respetaran los acuerdos tomados en esa asamblea, con la salvedad del asunto concerniente a M.�n B.M..

"Ahora bien, se sostiene que se violaron las normas esenciales del procedimiento que rigen el juicio agrario, pues al emitirse el transcrito acuerdo, en el cual se determin� que no hab�a lugar a suspender la audiencia por haber asistido a la misma la parte actora sin asesor�a legal, se transgredi� lo dispuesto por el art�culo 179 de la Ley Agraria el cual establece lo siguiente:

"?Ser� optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensi�n del procedimiento, se solicitar�n de inmediato los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozar� de cinco d�as, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento.?

"Precepto de cuya lectura se desprende, en principio, que ser� optativo para las partes acudir asesoradas, pero que en caso de que una de ellas est� asesorada y la otra no, con suspensi�n del procedimiento, se pedir�n de inmediato los servicios de un abogado de la Procuradur�a Agraria, quien tendr� cinco d�as para enterarse del negocio, contados a partir de la data en que se apersone al juicio agrario.

"Es decir, tal dispositivo prev� el respeto a la garant�a de igualdad, prevista por el art�culo 1o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y recoge la garant�a de defensa que a favor de la clase campesina contempla la fracci�n XIX del numeral 27 la propia Ley Suprema, en el sentido de que ?El Estado dispondr� las medidas para la expedita y honesta impartici�n de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jur�dica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la peque�a propiedad, y apoyar� la asesor�a legal de los campesinos.?.

"Por tanto, son incorrectos los razonamientos que sustentan ese acuerdo, pues la circunstancia de que la parte actora contara con abogados desde el momento en que present� su demanda, as� como de que �stos hayan comparecido a las audiencias celebradas previamente a la de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, no quiere decir que en esta �ltima se encontrara asesorado legalmente, cuando a la misma no compareci� ninguno de sus defensores.

"De ah� que el prove�do de m�rito se aparta de lo dispuesto por los art�culos 27, fracci�n XIX, de la Constituci�n Federal y 179 de la Ley Agraria, ya que en acatamiento a lo que sin excepci�n alguna ordena este �ltimo dispositivo, el tribunal responsable debi�, ante la petici�n de la parte actora, suspender el procedimiento y solicitar de inmediato los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, d�ndole a �ste, para enterarse del asunto, un plazo de cinco d�as, contados a partir de la fecha en que se apersonase al procedimiento; ello a fin de no dejar a la parte aqu� quejosa en estado de indefensi�n y desigualdad jur�dica.

"Sin que sea �bice para estimarlo as�, el contenido de las tesis aisladas invocadas por el tribunal responsable, pues si bien es cierto que el art�culo 17 constitucional establece la garant�a de pronta y expedita impartici�n de la justicia, tambi�n lo es que al prever el citado numeral 27, fracci�n XIX, de la Ley Fundamental del pa�s la garant�a espec�fica de defensa de los campesinos en los juicios agrarios, recogida por el normativo 179 de la Ley Agraria, resulta evidente que a efecto de que ninguno de los contendientes quede en estado de indefensi�n y desigualdad por s�lo haber acudido asesorado legalmente uno de los litigantes a la audiencia, es que ha de respetarse el texto �ntegro de la citada disposici�n legal, el cual no contempla el caso de excepci�n hecho valer por la autoridad responsable y en las tesis aisladas que cit� como apoyo de su determinaci�n; de ah� que, so pretexto de dar celeridad al juicio, no debe soslayarse la inequidad procesal que provoca la anotada circunstancia y, por ende, la consecuente indefensi�n de la parte que durante la audiencia se encuentra en desventaja frente a aquella que s� comparece a la misma con abogado.

"Desigualdad e indefensi�n que se ponen de manifiesto con la lecturadel acta de audiencia en cuesti�n en la que se advierte que H�ctor L.L., al contestar la reconvenci�n, se limit� a decir que objetaba ?cada una de las partes de las acciones que en ella contienen?, sin ofrecer pruebas que apoyaran su contestaci�n (las ofrecidas en el escrito de veinticuatro de febrero de dos mil cuatro s�lo ten�an relaci�n con la acci�n principal); como tambi�n se aprecia que de las dos repreguntas que hizo al testigo J.O.M.�nez y de las tres que formul� al testigo J.O.V.�zquez, solamente le fueron calificadas de procedentes la primera de las repreguntas que plante� a cada uno de ellos; y adem�s se observa que en la fase de alegatos no formul� ninguno.

"Deficiencias las aqu� anotadas que se explican por la circunstancia de que el representante com�n de la parte actora no estuvo asesorado jur�dicamente en el momento de la audiencia, lo cual trascendi� al resultado del fallo reclamado, pues en �ste se valoraron a favor de la parte ahora tercero perjudicada los testimonios de que se trata, adem�s de que la acci�n principal s�lo se declar� procedente en parte, en tanto que la reconvenci�n s� procedi� con la salvedad del asunto relativo a M.�n B.M..

"Violaci�n procesal que se ubica en la fracci�n XI del art�culo 159 de la Ley de Amparo por ser an�loga a la prevista por la fracci�n II de dicho precepto, el cual dispone que ?En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerar�n violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate.?.

"En consecuencia, resulta evidente que se conculcaron en perjuicio de los agraviados las garant�as de igualdad, defensa, legalidad y seguridad jur�dicas previstas por los art�culos 1o., 27, fracci�n XIX, 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se impone otorgarles el amparo, para restituirlos en el pleno goce de dichas garant�as individuales que se le vulneraron, tal como lo dispone el numeral 80 de la Ley de Amparo.

"Sirven de apoyo en la especie, las tesis aisladas sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicadas respectivamente, con los n�meros IV.2o.A.107 A, III.1o.A.22 A, II.2o.P.A.24 A y VI.2o.13 A, en la p�gina 2304 del Tomo XX, octubre de 2004, p�gina 770 del Tomo III, junio de 1996, p�gina 710 del Tomo III, mayo de 1996, y p�gina 661 del Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que a la letra dicen:

"?AGRARIO. ES ILEGAL PREVENIR A LOS CAMPESINOS DE TENERLES POR PERDIDO EL DERECHO DE ESTAR LEGAL Y T�CNICAMENTE ASESORADOS EN EL JUICIO.? (se transcribe).

"?AGRARIO, VIOLACI�N AL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO. LA CONSTITUYE EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA SIN ASESOR�A JUR�DICA DE UNA DE LAS PARTES, SI ADEM�S EL FALLO RECLAMADO SE APOYA, ENTRE OTROS ELEMENTOS, EN TAL PROBANZA.? (se transcribe).

"?TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. VIOLA EL ART�CULO 179 DE LA LEY AGRARIA AL NO SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO S�LO UNA DE LAS PARTES ACUDE ASESORADA.? (se transcribe).

"?TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. CUANDO SE PERCATA QUE UNA DE LAS PARTES NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN EL JUICIO. (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 179 DE LA LEY AGRARIA).? (se transcribe).

"Tambi�n son aplicables al caso, las tesis aisladas sostenidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultables respectivamente, en la p�gina 471 del Tomo XV-II, febrero de 1995, p�gina 423 del Tomo XIV, septiembre de 1994, y p�gina 630 del T.X., junio de 1994, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"?PROCEDIMIENTO AGRARIO SUSPENSI�N DEL, CUANDO UNA DE LAS PARTES NO CUENTA CON LA ASESOR�A LEGAL.? (se transcribe).

"?REPRESENTANTE LEGAL. FALTA DE. VIOLACI�N AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES.? (se transcribe).

"?PROCEDIMIENTO AGRARIO. AUDIENCIA. DEBE SUSPENDERSE CUANDO UNA DE LAS PARTES SE ENCUENTRE ASESORADA Y LA OTRA NO (ART�CULO 179 DE LA LEY AGRARIA).? (se transcribe).

Bajo esa perspectiva, lo procedente es conceder la protecci�n constitucional solicitada, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar ordene la reposici�n del procedimiento en el juicio de origen, a partir de la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, a fin de que se celebre la misma respetando lo dispuesto por el art�culo 179 de la Ley de Agraria, el cual deber� aplicarse de la manera que se indica en el presente fallo protector, y una vez que se lleven a cabo los tr�mites legales correspondientes, emita con plenitud de jurisdicci�n la nueva sentencia que en derecho proceda.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, con residencia en H., S., al fallar el amparo directo 271/93, interpuesto por S.H.�ndez de la Cruz, sostuvo:

"QUINTO. Son infundados los conceptos de violaci�n esgrimidos por el quejoso.

"En efecto, de las constancias que integran el expediente agrario del cual emana el acto reclamado, se desprende que mediante escrito presentado el trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno, ante la comisi�n agraria mixta, C�sar P.R.�rez promovi� juicio de controversia agraria por conflicto de posesi�n parcelaria en contra de S.H.�ndez de la Cruz; que mediante oficio n�mero 110776, el secretario de la comisi�n agraria mixta en el Estado, le se�al� al presidente del comisariado ejidal del Poblado Ocuiltzapotl�n, Municipio del Centro, Tabasco, que citara a una junta conciliatoria a las partes en dicho expediente, y en caso de no llegar a un arreglo, levantara acta de inconformidad, en t�rminos de los art�culos 434 a 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y que en caso contrario se iniciara el juicio de controversia respectivo; mediante escrito fechado el trece de enero de mil novecientos noventa y dos, el demandante solicit� a la comisi�n agraria mixta en el Estado, que comisionara personal de esa comisi�n para levantar el acta de inconformidad, ya que el presidente del comisariado ejidal se neg� a hacerlo, argumentando carecer de competencia para ello; a dicha petici�n recay� acuerdo favorable en la misma fecha, comision�ndose al licenciado C.M.R.R., quien a las once horas del veinte de febrero del a�o en cita, constituido en compa��a de C�sar P.R.�rez, C.R.M.�n del consejo de vigilancia, S.H.�ndez de la Cruz y Domingo M�ndez Cruz del comisariado ejidal levant� un acta en la cual se asent� que los contendientes no llegaron a ning�n acuerdo; en prove�do de veintiuno de febrero del mismo a�o, y ante el resultado del acto anterior se instaur� el expediente de posesi�n, goce y disfrute de unidad de dotaci�n de que se trata; mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y dos, la comisi�n agraria mixta en el Estado estim� carecer de competencia al haberse emitido nueva legislaci�n agraria. El Tribunal Unitario Agrario, por acuerdo de siete de octubre de mil novecientos noventa y dos, tuvo por recibida las anteriores constancias, y se declar� competente para conocer del citado asunto, ordenando su radicaci�n; por diverso auto de cinco de noviembre del mismo a�o, declar� nulo todo lo actuado por la comisi�n agraria mixta y tomando en consideraci�n que la controversia planteada no se encuentra prevista en ninguna de las hip�tesis que establece el art�culo tercero transitorio de la Ley Agraria, orden� subsanar el procedimiento conforme a esta nueva legislaci�n, admitiendo a tr�mite la demanda y ordenando correr traslado al demandado, asimismo, tuvo por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por el actor, y por autorizados indistintamente de su parte a los licenciados A.M.G.�mez y G.C.L.�n; seguida que fue la secuela procesal el dieciocho de febrero del a�o en curso se dict� la resoluci�n que ahora constituye el acto reclamado, estimando que el actor prob� su acci�n y por tanto result� procedente condenar a S.H.�ndez de la Cruz a la entrega real y material de las dos hect�reas que se pactaron para usarse por el t�rmino de un a�o.

"Ahora bien, dicha sentencia se encuentra ajustada a derecho, pues efectivamente como se sostiene en la misma, de autos se desprende que C�sar P.R.�rez y S.H.�ndez de la Cruz celebraron un convenio, mediante el cual el primero concedi� en uso al demandado, dos hect�reas de su unidad de dotaci�n, quien se oblig� a devolver las mismas al t�rmino de un a�o, lo cual no efectu�, lo anterior se evidencia de la documental visible a fojas once, en la cual se hace constar ante el presidente del comisariado ejidal tal acuerdo de voluntades, de la confesi�n t�cita del demandado, al hab�rsele tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo, de la testimonial desahogada a cargo de �lvaro R.M.�ndez, quien entre otras cosas dijo constarle la celebraci�n del referido convenio y que �l lo firm� en su calidad de presidente del comisariado ejidal. Con dichos elementos de prueba, como ya se dijo, C�sar P.R.�rez acredit� ser titular de las dos hect�reas en litigio y por tanto deben serle entregado (sic) en forma real y material, sin que importe en contrario, como correctamente lo sostiene el tribunal responsable, las documentales exhibidas por el demandado, pues si bien es cierto que de �stas se desprende que en la investigaci�n del usufructo parcelario celebrado a las diez horas del veintinueve de enero del a�o de mil novecientos noventa y dos, (fecha posterior a la solicitud presentada por el demandante ante la comisi�n agraria mixta, ya que �sta fue recibida el trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno), la asamblea de ejidatarios lo propuso como nuevo ejidatario y su adjudicatario, fue de una parcela distinta a la que usufruct�a, C�sar P.R.�rez en donde se incluyen las dos hect�reas materia del conflicto, toda vez que aqu�llas son las que ten�a en posesi�n C�ndida de la Cruz Mar�n con certificado de derechos agrarios n�mero 3048830.

"En relaci�n al primer concepto de violaci�n debe decirse que contrariamente a lo que alega, el tr�mite en cuesti�n relativo a la controversia sobre de posesi�n, que se llev� a cabo conforme a lo establecido en los art�culos 434 al 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria abrogada, esto es que en su oportunidad la comisi�n agraria mixta turn� la queja formulada por C�sar P.R.�rez, contra el hoy quejoso al comisariado ejidal, a efecto de que citara a las partes a una junta de avenimiento dando por terminado el conflicto, y en caso de no llegar a un acuerdo resolviera la controversia dicha comisi�n agraria mixta; se dice lo anterior ya que por una parte, s� tuvo oportunidad de defender los derechos que alega, durante la tramitaci�n del juicio, habida cuenta de que en �ste es donde se ventila la controversia y no en la citada junta, pues la misma �nicamente tiene como finalidad un arreglo conciliatorio, pero no dirimir en ella qui�n de los contendientes tiene mejor derecho; y, por otra, como puede apreciarse a foja veintiuno, el once de febrero de mil novecientos noventa y dos, se levant� un acta en presencia de un representante del comisariado ejidal, uno del consejo de vigilancia, el comisionado por la comisi�n agraria, el demandante C�sar P.R.�rez y �l, en la cual manifestaron no llegar al acuerdo y ninguno de los dos cedi� en sus pretensiones, por lo que queda demostrado que s� se dio cumplimiento al requisito previo para que la comisi�n agraria mixta iniciara el procedimiento respectivo, y en todo caso, esa oportunidad de conciliaci�n la volvi� a tener durante la celebraci�n de las diligencias llevadas a cabo por la responsable el veinticuatro de noviembre y primero de diciembre de mil novecientos noventa y dos, manifestando en la primera continuar con pl�ticas tendientes a un arreglo y, en la segunda, no presentarse las condiciones para llegar a un arreglo. En ese orden de ideas, cabe se�alar que por las mismas razones no le asiste raz�n al manifestar que el Tribunal Unitario viol� las formalidades esenciales del procedimiento, ya que en contra de su aseveraci�n, seg�n se ha visto, el expediente de que se trata s� se encontraba debidamente integrado al momento de su remisi�n a dicho tribunal, por lo cual queda satisfecha la exigencia establecida en el art�culo quinto transitorio de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, y no como lo expresa la Ley Agraria, en el sentido de que los expedientes de controversia parcelaria que se encuentren en tr�mite se remitir�n debidamente integrados al Tribunal Superior Agrario para que en su oportunidad se turnen para su resoluci�n a los Tribunales Unitarios de acuerdo con su competencia territorial, en cuyas condiciones, no es procedente como lo pide, ordenar la reposici�n del procedimiento a partir de la diligencia en la cual debe estar presente el comisariado ejidal representado por sus tres integrantes, y no como lo pretendi� el tribunal responsable en la audiencia celebrada el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en que s�lo compareci� el presidente de dicho comisionado a ratificar el convenio que celebr� con el actor y que nunca fue aprobado por la asamblea general de ejidatarios; a mayor abundamiento, resulta improcedente ordenar la reposici�n del procedimiento, a virtud de que es inexacto, como lo pretende el hoy quejoso, que en la audiencia aludida deban necesariamente estar presentes los tres integrantes del comisariado ejidal, ya que dicha audiencia vers� sobre el desahogo de la testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de �lvaro R.M.�ndez, y no del comisariado ejidal, por lo que no era necesario que estuvieran los tres integrantes del comisariado.

"Por otra parte, en relaci�n a que se viole el procedimiento agrario, al celebrarse la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en la cual la parte actora estuvo asesorada por dos abogados, y al no tener �l qui�n lo defendiera, en t�rminos del art�culo 179 de la Ley Agraria se debi� suspender el procedimiento y solicitar de inmediato los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, para enterarse del asunto, concedi�ndole cinco d�as para que se apersonara al procedimiento, y al no hacerlo el Tribunal Unitario Agrario no le dio oportunidad de defenderse ni de que lo defendiera un abogado; es de concluirse que no le asiste raz�n jur�dica al inconforme, en atenci�n a que como se desprende de autos, durante el procedimiento s� se encontr� asesorado por abogados, seg�n consta en las diversas diligencias de veinticuatro de noviembre y primero de diciembre, en las que figur� como su abogado patrono al licenciado R.R. �lvarez, y la circunstancia de que �ste no compareciera por razones desconocidas, seg�n el propio dicho del ahora quejoso a la diligencia de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, no encuadra dentro del supuesto establecido por el art�culo 179 de la Ley Agraria, ya que �ste debe ser interpretado para su aplicaci�n, ante la ausencia total de un asesor durante el procedimiento cuando su contraparte se encuentra asesorado pero no al extremo de que por cada diligencia o actuaci�n que no asista el asesor de una de las partes, y la otra se encuentre asesorada, deba suspenderse obligatoriamente el procedimiento para solicitar los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, quien para enterarse del asunto, gozar� de cinco d�as contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento, pues ello equivaldr�a a alargar en perjuicio de la contraparte de manera indefinida los procedimientos en esta materia, a voluntad de una de las partes o de su asesor, por la sola inasistencia de �ste, lo cual redundar�a inevitablemente en contra de lo establecido por el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expedida dentro de los plazos y t�rminos que fijen las leyes; adem�s de que el sentir del legislador al establecer esa norma, debe entenderse con el fin de guardar el equilibrio procesal entre las partes, esto es, de que cada una en su caso, cuente con el debido asesoramiento durante el conflicto agrario en cuesti�n, y lo que aconteci� en la especie, a contar las partes con su particular asesor; por tanto, debe concluirse que la resoluci�n reclamada no es violatoria de garant�as en perjuicio del quejoso.

En las relatadas consideraciones, habiendo resultado infundados los conceptos de violaci�n y no advertir este tribunal deficiencia alguna a suplir, en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n III, y 227 de la Ley de Amparo procede negar a S.H.�ndez de la Cruz, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal.

Las anteriores consideraciones originaron la tesis de rubro, texto y datos de localizaci�n, siguientes:

"PROCEDIMIENTO AGRARIO, ASESORAMIENTO EN EL. ART�CULO 179 DE LA LEY AGRARIA EN VIGOR. Si de autos se advierte que las partes contendientes en un juicio agrario se encontraban asesoradas por sus respectivos representantes, la circunstancia de que una de ellas hubiese concurrido sola a determinada diligencia, manifestando ignorar las causas por las cuales no se present� su asesor, ello no da lugar a suspender el procedimiento en t�rminos del art�culo 179 de la Ley Agraria en vigor, para solicitar los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, quien en t�rminos de dicha norma, para enterarse del asunto, gozar� de cinco d�as contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento, ya que dicho numeral debe ser interpretado para su aplicaci�n, ante la ausencia total de un asesor durante el procedimiento agrario cuando su contraparte as� lo sostenga, pero no al extremo de que por cada diligencia o actuaci�n que no comparezca el asesor de una de las partes, deba ordenarse la suspensi�n aludida y solicitar los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, pues ello equivaldr�a a alargar injustificadamente el procedimiento de la materia, a voluntad de las partes o de su asesor, por la sola inexistencia de �ste lo cual redundar�a inevitablemente en contra de lo establecido en el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expedita." (Octava �poca, Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n, T.X., abril de 1994, p�gina 417).

CUARTO

Con el fin de corroborar si existe la contradicci�n de tesis denunciada es necesario constatar que se encuentran cumplidos todos los requisitos que determinan su existencia, trat�ndose de criterios emanados de Tribunales Colegiados de Circuito, a saber:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos, se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las resoluciones respectivas; y,

  3. Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior se deriva de la naturaleza y caracter�sticas propias de los conflictos de contradicci�n de tesis, as� como de la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo rubro, texto y datos de identificaci�n, son los siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. Deconformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76).

Los requisitos enunciados se surten en la especie.

Por principio, debe precisarse que los actos reclamados en las demandas de garant�as que originaron los asuntos que conocieron los Tribunales Colegiados, fueron una sentencia definitiva dictada en un juicio agrario por un Tribunal Unitario de esa materia.

Ahora bien, los Tribunales Colegiados participantes emitieron sus pronunciamientos relativos a si proced�a o no suspender el procedimiento en t�rminos del art�culo 179 de la Ley Agraria, cuando una de las partes acude a la audiencia sin asistencia de un asesor, ya que mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sostuvo que "la circunstancia de que la parte actora contara con abogados desde el momento en que present� su demanda, as� como de que �stos hayan comparecido a las audiencias celebradas previamente a la de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, no quiere decir que en esta �ltima se encontrara asesorado legalmente, cuando a la misma no compareci� ninguno de sus defensores", por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito afirm� que la circunstancia de que no comparecieran el abogado patrono de una de las partes "no encuadra dentro del supuesto establecido por el art�culo 179 de la Ley Agraria ya que �ste debe ser interpretado para su aplicaci�n, ante la ausencia total de un asesor durante el procedimiento cuando su contraparte se encuentra asesorada, pero no al extremo de que por cada diligencia o actuaci�n que no asista el asesor de una de las partes, y la otra se encuentre asesorada, deba suspenderse obligatoriamente el procedimiento para solicitar los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, quien para enterarse del asunto, gozar� de cinco d�as contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento, pues ello equivaldr�a a alargar en perjuicio de la contraparte de manera indefinida los procedimientos en esta materia, a voluntad de una de las partes o de su asesor, por la sola inasistencia de �ste, lo cual redundar�a inevitablemente en contra de lo establecido por el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos".

Como puede verse, los referidos �rganos emitieron sus respectivas resoluciones examinando cuestiones jur�dicas iguales por tratarse de los mismos elementos, como son los siguientes:

? El art�culo 179 de la Ley Agraria.

? La procedencia de la suspensi�n del procedimiento.

? Si se actualiza la hip�tesis legal cuando una de las partes que acude a la audiencia de ley se encuentra asesorada y la otra no, cuando con antelaci�n hab�a comparecido con asesor.

Ahora bien, la valoraci�n de los anteriores elementos, condujo a los �rganos jurisdiccionales a conclusiones opuestas, en tanto el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito consider�, en esencia, que proced�a suspender la audiencia y solicitar un defensor de la Procuradur�a Agraria para que asistiera a la parte cuyo asesor no compareci�; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito estim� que no proced�a la suspensi�n de la audiencia.

En consecuencia, el punto de derecho en el que se centra la presente contradicci�n de tesis, consiste en:

? Si en t�rminos del art�culo 179 de la Ley Agraria, cuando una de las partes que con antelaci�n ha comparecido con asistencia de un asesor, acude sin �ste a la audiencia de ley, procede o no decretar la suspensi�n del procedimiento para los efectos contemplados en dicho numeral.

QUINTO

La presente contradicci�n ha de resolverse conforme al criterio que sobre el tema a debate sienta esta S. al tenor de las consideraciones que enseguida se expresan.

El art�culo a partir del cual los Tribunales Colegiados efectuaron sus pronunciamientos es el 179 de la Ley Agraria, del tenor siguiente:

"Ser� optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensi�n del procedimiento, se solicitar�n de inmediato los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozar� de cinco d�as, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento."

De la lectura del anterior precepto se advierte que se encuentra integrado por dos partes. En la primera de ellas, se establece "ser� optativo para las partes acudir asesoradas".

De esta previsi�n se obtiene, en primer lugar, que la ley no dispone que necesaria e indefectiblemente las partes deben acudir con asesor; ergo, la norma acepta y reconoce como derecho el decidir si se acude o no con asesoramiento, esto es, que "ser� optativo", como lo dice el primer se�alamiento del art�culo en cita.

En consecuencia, esa expresi�n inicial no contempla ninguna obligaci�n ni para las partes ni para el tribunal, sino por el contrario refleja, en principio, la libertad de decisi�n de aqu�llas sobre el tema del asesoramiento.

Esa libertad de decisi�n se corrobora al tenerse en cuenta que si las partes contendientes la ejercen en forma coincidente, la norma de que se trata no contempla ninguna consecuencia procesal. Lo anterior se explica en virtud de que al coincidir los litigantes en su voluntad de no acudir asesoradas, o bien, asistir con asesoramiento, se encuentran en igualdad de circunstancias frente al tribunal, esto es, se respeta el principio de equilibrio procesal derivado del art�culo 17, en relaci�n con el 27, fracci�n XIX, de la Constituci�n Federal.(1)

Ahora bien, cuando las partes no coinciden en el ejercicio de la referida libertad de decisi�n, lo que acontece "en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no", provoca que se active el mecanismo procesal previsto en la segunda parte del numeral analizado.

En efecto, cuando esa divergencia se materializa, cobra vigencia el supuesto atinente a que "con suspensi�n del procedimiento, se solicitar�n de inmediato los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozar� de cinco d�as contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento".

En los casos que motivaron el pronunciamiento de los Tribunales Colegiados que participan en el presente asunto, en la audiencia correspondiente una de las partes no se encontraba asistida con asesor en ese momento, sin embargo, la variante que en ambos casos califica ese hecho es que con antelaci�n, se hab�an celebrado otras audiencias en la que esa parte (ahora sin la asistencia del asesor) hab�a acudido asesorada.

Con base en lo anterior, debe tenerse en cuenta que si bien se admite la posibilidad procesal de las partes de acudir sin asesor y que ello no tenga ninguna consecuencia procesal, concretamente que no conduzca a la suspensi�n del procedimiento, sin embargo, un supuesto distinto se integra "cuando una de las partes se encuentre asesorada y la otra no", pues en tal caso, por disposici�n expresa del legislador, debe suspenderse el procedimiento, habi�ndose precisado que el objetivo espec�fico de esa determinaci�n es que "se solicitar�n de inmediato los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozar� de cinco d�as contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento".

Como puede verse, la finalidad de dicho precepto es clara, a saber, conservar el equilibrio procesal entre las partes, el cual, desde luego, se afecta cuando una de ellas se encuentra asesorada y la otra no.

No obsta a lo anterior el que, en fecha o fechas anteriores, la parte que al momento de celebrarse la audiencia se encuentre sin asesoramiento, haya acudido con asesor, pues ese evento s�lo refleja que de haberse llevado a cabo en aquellas ocasiones la correspondiente diligencia, dicha litigante hubiera estado asesorada; sin embargo, lo jur�dicamente relevante es que tal situaci�n no aconteci�.

As� pues, si una de las partes se encuentra asesorada y la otra no, se impone atender a lo dispuesto por el art�culo 179 de la Ley Agraria y, en consecuencia, deber� suspenderse el procedimiento, para los efectos contemplados en dicho numeral.

Resulta oportuno puntualizar que la suspensi�n en comento no puede estimarse atentatoria del principio de celeridad procesal, pues en el caso debe evitarse la afectaci�n de otros principios que se estiman de mayor entidad como lo son el de equilibrio procesal y debida defensa, mismos que deben prevalecer, m�xime que la referida suspensi�n del procedimiento, en todo caso, no generar�a un impacto en la esfera jur�dica de los litigantes de la misma magnitud que lo causar�a el permitir que una parte, sin encontrarse asesorada, participe e intervenga en la audiencia de ley, prevista en el art�culo 185 de la ley de la materia,(2) en la que se fijan pretensiones, desahogan pruebas y reciben alegatos, con las consecuencias negativas que pueden causarle, mientras que su contraparte s� est� asesorada, trastocando el aludido principio de equilibrio procesal que pretenden salvaguardar los invocados art�culos 179 de la Ley Agraria, en concordancia con el 17 y 27, fracci�n XIX, de la Constituci�n Federal.

Sobre el particular, por los motivos que las informan, resultan ilustrativas las tesis del Tribunal Pleno y de la Primera S., del tenor siguiente:

"AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANT�A POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR. La garant�a de audiencia tiene como parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas por este Alto Tribunal como aquellas etapas o tr�mites que garantizan una adecuada defensa. Lo anterior no implica que el legislador est� obligado a establecer en los ordenamientos procesales la facultad ilimitada de ofrecer pruebas y el consiguiente deber jur�dico del �rgano jurisdiccional de desahogarlas y valorarlas, ya que es l�gico que el propio legislador, en aras de un adecuado equilibrio procesal y por respeto a la garant�a de administraci�n de justicia expedita y a los principios procesales de econom�a y celeridad, establezca l�mites a la actividad probatoria, los cuales no pueden ir, desde luego, al extremo de dejar sin defensa a las partes. De esta forma, las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acci�n o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensi�n a las partes y, por el otro, aseguren una resoluci�n pronta y expedita de la controversia." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., septiembre de 1997, tesis P. CXXXII/97, p�gina 167).

"SEGURIDAD P�BLICA. EL ART�CULO 51, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS� (ABROGADA), CONTRAVIENE EL ART�CULO 14 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 51 de la Ley de Seguridad P�blica del Estado de San Luis Potos�, vigente hasta el 30 de agosto de 2003, regula la audiencia celebrada ante la Comisi�n de Honor y Justicia, la cual concentra en s� el proceso, en tanto que en ella se confrontan las posiciones de las partes y se contiende por la demostraci�n f�ctica y legal de sus respectivas pretensiones. Por ello no se trata de una conciliaci�n, sino de un debate contradictorio en el cual existen formalidades preestablecidas para llevarlo a cabo, como son los tiempos en que cada parte puede intervenir y la finalidad de cada oportunidad. En congruencia con lo anterior, se concluye que el art�culo 51, inciso c), de la citada ley, al eliminar la posibilidad de que el sujeto sometido al referido procedimiento acuda a la audiencia acompa�ado de su abogado patrono, asesor o apoderado -a fin de que pueda ser orientado para definir una estrategia de defensa-, transgrede el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal prohibici�n implica que la audiencia no se desarrolle bajo el formato de un debate de alegatos y de ofrecimiento de pruebas con la garant�a de que al sujeto se le brind� la oportunidad de asesorarse para entender los alcances jur�dicos de sus manifestaciones y actos. Adem�s, el aludido art�culo 51, inciso c), tambi�n es inconstitucional en virtud de que rompe el equilibrio procesal entre el incoado y su contraparte, pues mientras a aqu�l se le niega la posibilidad de acudir a la audiencia acompa�ado por un abogado, asesor o apoderado, a �sta se le autoriza ratificar su demanda o imputaci�n, replicar y ofrecer pruebas por ella o por conducto de su representante, siendo que aun cuando el elemento sujeto al procedimiento pueda contestar por escrito a los hechos que se le atribuyen, para lo cual puede ser orientado por un patrono o asesor, tal circunstancia no puede entenderse como una verdadera garant�a de defensa, la cual no debe limitarse a la contestaci�n producida fuera del sometimiento de la autoridad, sino que debe darse en todo el desarrollo del procedimiento." (Novena �poca, Primera S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., julio de 2005, tesis 1a. LX/2005, p�gina 443).

Por todo lo expuesto, la tesis que debe prevalecer es la sustentada por esta Segunda S., que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con car�cter jurisprudencial, del rubro y texto siguientes:

PROCEDIMIENTO AGRARIO. DEBE SUSPENDERSE EN T�RMINOS DEL ART�CULO 179 DE LA LEY AGRARIA, CUANDO AL CELEBRARSE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, UNA DE LAS PARTES SE ENCUENTRA ASESORADA Y LA OTRA NO. Conforme al citado precepto, cuando una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, debe suspenderse el procedimiento, con el objeto de que se soliciten inmediatamente los servicios de un defensor de la Procuradur�a Agraria, quien para enterarse del asunto gozar� de cinco d�as contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento, para as� conservar el equilibrio procesal entre las partes. En ese sentido, se concluye que la suspensi�n del procedimiento agrario no es atentatoria del principio de celeridad procesal, pues en el caso debe evitarse la afectaci�n de otros principios que se estiman de mayor entidad, como lo son el de equilibrio procesal y el de debida defensa, los cuales deben prevalecer, m�xime que la referida suspensi�n, en todo caso, no generar�a un impacto en la esfera jur�dica de los litigantes de la misma magnitud que el causado por permitir que una parte, sin encontrarse asesorada, participe e intervenga en la audiencia de ley prevista en el art�culo 185 de la Ley Agraria, en la que se fijan pretensiones, se desahogan pruebas y se reciben alegatos, con las consecuencias negativas que pueden causarle, mientras que su contraparte s� est� asesorada, trastocando los aludidos principios que pretenden salvaguardar los art�culos 179 de la ley citada, en concordancia con los numerales 17 y 27, fracci�n XIX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Carece de legitimaci�n el promovente de la denuncia de la presente contradicci�n de tesis, empero la hace suya el se�or Ministro ponente.

SEGUNDO

S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito.

TERCERO

Debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio que en esta resoluci�n se sustenta.

N.�quese; rem�tase de inmediato al Semanario Judicial de la Federaci�n la tesis de jurisprudencia que se sustenta, h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica, para los efectos establecidos en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, y env�ese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados participantes; en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente en funciones Juan D�az R.. La se�ora Ministra M.B.L.R. estuvo ausente previo aviso dado a la presidencia. Fue ponente el M.G.I.O.M..

_______________

  1. "Art�culo 17. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

    "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

    "Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.

    "Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil."

    "XIX. Con base en esta Constituci�n, el Estado dispondr� las medidas para la expedita y honesta impartici�n de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jur�dica en la tenencia de le (sic) tierra ejidal, comunal y de la peque�a propiedad, y apoyar� la asesor�a legal de los campesinos."

  2. "Art�culo 185. El tribunal abrir� la audiencia y en ella se observar�n las siguientes prevenciones:

    "I.E.�n oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestaci�n y ofrecer�n las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentar�n a los testigos y peritos que pretendan sean o�dos;

    "II. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos y, en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego;

    "III. Todas las acciones y excepciones o defensas se har�n valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar art�culos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepci�n dilatoria, el tribunal lo declarar� as� desde luego y dar� por terminada la audiencia;

    "IV. El Magistrado podr� hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieren en la audiencia, carear a las personas entre s� o con los testigos y a �stos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos;

    "V. Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podr� tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareci� por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal; y

    (Reformada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

    "VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortar� a las partes a una composici�n amigable. Si se lograra la aveniencia, se dar� por terminado el juicio y se suscribir� el convenio respectivo, el que una vezcalificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendr� el car�cter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oir� los alegatos de las partes, para lo cual conceder� el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciar� su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

    (Adicionado, D.O.F. 9 de julio de 1993).

    En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el Magistrado, lo actuado en ella no producir� efecto jur�dico alguno.