Ejecutoria num. 2a./J. 11/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823141

Ejecutoria num. 2a./J. 11/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 11/2006
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.REVISIÓN AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REVERSIÓN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 212/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL D�CIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL D�CIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 471/2002, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:

"SEXTO. En su primer y segundo conceptos de violaci�n el quejoso aduce, sustancialmente, que la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario es violatoria del contenido de los art�culos 14, 16, 17 y 27 constitucionales, por los siguientes motivos:

"a) Porque en contra de la sentencia dictada en un juicio agrario en el que se ejercit� la acci�n de reversi�n, no cabe recurso alguno, sino que para impugnarla el �nico medio posible lo es el juicio de amparo, seg�n lo establecido por el art�culo 200 de la Ley A., lo que se corrobora con el contenido de los art�culos 198 de la misma ley (que �nicamente prev� tres acciones que hacen procedente el recurso de revisi�n, entre las que no se encuentra la reversi�n), 18, fracciones I, II, IV y XII, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios (que hace procedente el recurso de revisi�n �nicamente respecto de las tres primeras fracciones y no respecto de la �ltima) y 9o. de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios (del que no se desprende que el Tribunal Superior Agrario tenga facultades para conocer de ese tipo de materia en los recursos), motivo por el cual la sentencia reclamada es ilegal al haberse ocupado de la revisi�n de un juicio que no es impugnable por medio del recurso ordinario;

"b) Porque el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., no faculta al Tribunal Superior Agrario para conocer del recurso de revisi�n interpuesto en contra de la resoluci�n emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9o., pues el fideicomiso ahora quejoso, al haber ejercitado la acci�n de reversi�n no busc� la nulidad de alguna resoluci�n emitida por autoridades en materia agraria, sino por el contrario, busc� la aplicaci�n adecuada del art�culo 126 de la Ley Federal de Reforma A., 97 de la Ley A. y del decreto expropiatorio de doce de noviembre de mil novecientos setenta;

"c) Porque al considerar procedente el recurso de revisi�n interpuesto por el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de M�xico, se transgredi� el contenido de los preceptos constitucionales se�alados, pues el procedimiento que se sustanci� fue distinto a los que se refiere el art�culo 198 de la Ley A.; esto es, se�ala, la litis resuelta por el Tribunal Unitario Agrario no vers� sobre un juicio de conflicto por l�mites, ni de nulidad contra la resoluci�n emitida por autoridad en materia agraria que afecte intereses colectivos de los n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales, as� como tampoco sobre una restituci�n de tierras a favor del n�cleo de poblaci�n o sus integrantes contra actos de autoridad administrativa o jurisdiccional o de particulares, por lo que dicho medio de defensa resultaba improcedente.

"De la sentencia reclamada se desprende que el Tribunal Superior Agrario, en el considerando segundo, se�al�: (se transcribe).

"Los preceptos a que alude la autoridad responsable a la letra establecen: (se transcriben los art�culos 198, fracci�n III, de la Ley A. y 9o., fracci�n III, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios).

"...

"Por su parte, el art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios determina la competencia de los Tribunales Unitarios, conforme al texto siguiente: (se transcribe).

"Por otra parte, de las constancias que integran el expediente tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9o., espec�ficamente del escrito que obra a fojas uno a catorce, se desprende que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, por conducto de su representante legal, solicit� al mencionado �rgano jurisdiccional:

"?I. La declaratoria judicial de que ha operado la reversi�n de tierras en favor (sic) de mi representado, respecto de las 50-00-00 hect�reas, o las que resulten que no hayan sido utilizadas para el cumplimiento de la causa de utilidad p�blica invocada en el decreto presidencial de 12 de noviembre de 1970, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 28 del mismo mes y a�o, mediante el cual se afect� la superficie de 50-00-00 hect�reas del n�cleo agrario �S.O.�, del Municipio de El Oro, Estado de M�xico, en favor (sic) del Gobierno del Estado de M�xico, quien de conformidad con lo ordenado en el resolutivo primero del aludido decreto, deber�a destinarse a la creaci�n de una zona industrial.

"?II. La declaratoria judicial de que ha procedido la incorporaci�n al patrimonio de mi representado, de las 50-00-00 hect�reas o las que resulten en las que se haya dejado de cumplir con la causa de utilidad p�blica referida en la prestaci�n n�mero I ...?

"Como se puede advertir de lo anteriormente transcrito, lo que se solicit� al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9o., fue la declaratoria judicial de que hab�a operado la reversi�n de tierras a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a que alude el art�culo 97 de la Ley A..

"De igual forma conviene tener presente que en el considerando primero de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9o. (que fue precisamente la que dio origen al recurso interpuesto ante el Tribunal Superior Agrario), se advierte que indic� que resultaba competente para conocer y resolver el juicio con apoyo en diversos numerales, entre otros, en el art�culo 18, fracci�n XII, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios; asimismo, del diverso considerando sexto se desprende que se determin� procedente la acci�n de reversi�n de tierras parcialmente a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, bajo el argumento de que una parte de las tierras expropiadas no hab�an sido utilizadas para el fin para el cual fueron expropiadas.

"Lo anteriormente expuesto lleva al conocimiento de que le asiste la raz�n al fideicomiso quejoso cuando manifiesta que el recurso de revisi�n que interpuso el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de M�xico, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9o., era improcedente, en virtud de que la acci�n de reversi�n a que alude el art�culo 97 de la Ley A., no se encuentra contemplada como hip�tesis de procedencia del recurso de revisi�n ante el Tribunal Superior Agrario.

"En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado el criterio de que el recurso de revisi�n previsto en los art�culos 198, fracci�n III, de la Ley A. y 9o, fracci�n III, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, �nicamente es procedente cuando el juicio natural se tramit� con base en el art�culo 18, fracci�n IV, de esta �ltima ley, cuesti�n que no se satisface en el presente caso pues, como se ha referido, lo resuelto por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9o., en la sentencia de primera instancia evidencia que la tramitaci�n se llev� a cabo con base en la fracci�n XII del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios.

"El anterior criterio a que se hizo alusi�n en p�rrafos precedentes se encuentra contemplado en la jurisprudencia 2a./J. 34/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., agosto de dos mil uno, p�gina doscientos seis, con rubro y texto: ?TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN LOS ART�CULOS 198, F.I., DE LA LEY AGRARIA Y 9o., F.I., DE LA LEY ORG�NICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS S�LO ES PROCEDENTE CUANDO EL JUICIO SE TRAMIT� CON BASE EN EL ART�CULO 18, F.I., DE LA MENCIONADA LEY ORG�NICA.? (se transcribe).

"As� como en la diversa tesis 2a. CX/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., septiembre de dos mil dos, p�gina trescientos cuarenta y ocho, que se lee: ?RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN LOS ART�CULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORG�NICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. S�LO ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RESOLVI� UN JUICIO SEGUIDO ANTE UN TRIBUNAL UNITARIO, EN LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN EL NUMERAL 18, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA MENCIONADA LEY ORG�NICA.? (se transcribe).

"Es por las razones que se contienen de manera espec�fica en la jurisprudencia que qued� invocada, que los argumentos que hace valer el fideicomiso quejoso son fundados, pues como se ha verificado la tramitaci�n del expediente de nulidad no se llev� a cabo con base en la fracci�n IV del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, motivo por el cual procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra tomando en cuenta las consideraciones vertidas a lo largo de esta sentencia.

Sin que resulte �bice a lo anteriormente resuelto el que la autoridad responsable haya pretendido justificar la procedencia del recurso de revisi�n que fue sometido a su consideraci�n, con el argumento de que si bien era cierto que en la litis natural se hab�a demandado la acci�n de reversi�n a que se refer�a el art�culo 97 de la Ley A., tambi�n lo era que la consecuencia de dicha reversi�n impon�a la nulidad del decreto presidencial expropiatorio de doce de noviembre de mil novecientos setenta, en virtud de que, como lo sostiene el fideicomiso quejoso, lo que solicit� ante el Tribunal Unitario Agrario no fue la nulidad de ese decreto, sino la declaratoria de que hab�a operado una acci�n que la propia Ley A. le concede en trat�ndose de expropiaciones que no cumplen con el fin cometido. ...

CUARTO

El Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 233/2005, se bas� en las siguientes consideraciones:

"�NICO. Este Tribunal Colegiado de Circuito es legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por lo siguiente.

"En el caso, Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal demand� la reversi�n de tierras de una superficie de 67-71-09.61 hect�reas, expropiadas al n�cleo de poblaci�n ejidal denominado ?Teacap�n?, Municipio de Escuinapa, Sinaloa, mediante decreto de doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete siguiente, para destinarlas a la construcci�n de una pista de aterrizaje e instalaciones inherentes y su zona de protecci�n ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con residencia en esta ciudad de Mazatl�n, Sinaloa, cuyo n�mero de expediente fue TUA39-597/2002.

"Seguido en sus tr�mites se dict� sentencia el diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, en la que se determin� que: ?PRIMERO. Es procedente la acci�n agraria ejercitada por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), a trav�s de su representante legal H�ctor P.T., y por ello se determina que ha operado en su favor la reversi�n de una fracci�n de 5-85-68.57 hect�reas, del total de las 69-71-09.61 hect�reas expropiadas ... SEGUNDO. Como consecuencia tambi�n se determina que opera la incorporaci�n de la fracci�n de 5-85-68.57 hect�reas aludida (sic), al patrimonio de la parte actora. ...?

"Ahora bien, los art�culos 107, fracci�n III, inciso a), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, a trav�s de los cuales se fija la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, disponen: (se transcriben).

"Por otra parte, los art�culos 44 y 46 de la Ley de Amparo establecen: (se transcriben).

"En ese contexto, el amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos que pongan fin al juicio o aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ning�n recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

"Luego entonces, la sentencia dictada por un Tribunal Unitario Agrario que declara parcialmente procedente la acci�n de reversi�n de tierras de una fracci�n de 5-85-68.57 hect�reas, del total de las 69-71-09.61 hect�reas, expropiadas al n�cleo de poblaci�n ejidal denominado ?Teacap�n?, Municipio de Escuinapa, Sinaloa, no constituye una resoluci�n de la �ndole precisada, porque respecto de tal fallo, la Ley A. establece el recurso de revisi�n en virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada.

"As� es, el art�culo 198, fracci�n II, de la ley federal invocada, dice: (se transcribe).

"Del contenido del numeral en cita se advierte que siempre que se reclame en un juicio agrario la restituci�n de tierras ejidales, proceder� el recurso de revisi�n.

"Ahora bien, el t�rmino ?restituci�n? se refiere a la devoluci�n o reversi�n de un derecho a favor de aquel que ha sido privado del mismo; de ah� que el juicio agrario de reversi�n de tierras, se puede interpretar como el juicio en el cual se reclama la restituci�n de tierras que se estima por parte del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (�rgano legalmente facultado para ejercitar esta acci�n) no se destinaron para el fin que fueron expropiadas y que solicita sean incorporadas a su patrimonio, para el efecto de que inmediatamente se reintegren a su titular, de acuerdo a lo que se establece en el �ltimo p�rrafo del art�culo 98 del Reglamento de la Ley A. en Materia de Ordenamiento de Propiedad Rural.

"De lo que se sigue que la impetrante antes de acudir a la v�a constitucional, debi� haber agotado el recurso ordinario en comentario, acorde al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por encontrarse o surtirse el supuesto contemplado por la fracci�n II del citado precepto 198, recurso que conoce el Tribunal Superior Agrario, conforme a lo estatuido por el art�culo 9o., fracci�n II, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios.

"Encuentra apoyo lo anterior en la tesis que se comparte, n�mero II.1o.P.A. 29 A, publicada en la p�gina 844 del Tomo V, marzo de 1997, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y contenido son: ?REVISI�N, RECURSO DE, ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO. ALCANCE DEL T�RMINO �RESTITUCI�N� DE TIERRAS EJIDALES.? (se transcribe).

"As� como en la diversa que tambi�n se comparte, n�mero XI.3o. 12 A, editada en la p�gina 912 del Tomo IX, de enero de 1999, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ?REVISI�N, RECURSO DE. ES PROCEDENTE EN LA TRAMITACI�N DE UN JUICIO AGRARIO EN QUE SE RECLAME CUALQUIER ACCI�N TENDIENTE A AFECTAR DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS DE N�CLEOS DE POBLACI�N EJIDAL O COMUNAL.? (se transcribe).

"De ah� que este tribunal carezca de competencia legal para conocer del presente asunto.

En las relatadas condiciones, lo que procede es remitir la demanda con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que proceda conforme a sus atribuciones en el �mbito de su competencia; ello, con fundamento en el art�culo 47, tercer p�rrafo, de la Ley de Amparo. ...

QUINTO

El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 289/2005, se bas� en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Son inoperantes los agravios que hace valer el recurrente, por las razones que a continuaci�n se exponen:

"De las constancias que integran el juicio de amparo n�mero 417/2005, del �ndice del Juzgado D�cimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se desprende que el ahora recurrente present� la demanda de garant�as que le dio origen a dicho juicio, como amparo directo, de la cual le toc� conocer al Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, en esta ciudad, quien por auto de veintinueve de abril de dos mil cinco la admiti� a tr�mite y, posteriormente, por resoluci�n de quince de junio de dos mil cinco, declar� carecer de competencia legal para conocer del asunto, al considerar que la sentencia dictada por un Tribunal Unitario Agrario, que declara parcialmente procedente la acci�n de reversi�n de tierras de una fracci�n de 5-85-68.57 hect�reas, del total de las 69-71-09.61 hect�reas, expropiadas al n�cleo de poblaci�n ejidal denominado ?Teacap�n?, del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, no constituye una sentencia definitiva que ponga fin al juicio, porque respecto de tal fallo, la Ley A. establece el recurso de revisi�n en virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada; y que, por tanto, la impetrante del amparo, antes de acudir a la v�a constitucional, debi� haber agotado el recurso de revisi�n a que se refiere el art�culo 198, fracci�n II, de la ley federal invocada, acorde al principio de definitividad que rige al juicio de amparo.

"En atenci�n a lo anterior, el Tercer Tribunal Colegiado orden� remitir la demanda de amparo con sus anexos al Juez de Distrito en turno para su conocimiento, toc�ndole conocer de la misma al Juez D�cimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatl�n, quien por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil cinco, se aboc� al conocimiento de la misma, registr�ndola bajo el n�mero 417/2005, y considerando que la demanda de amparo era improcedente la desech� de plano, bajo el argumento de que antes de acudir el impetrante de garant�as a la v�a constitucional, debi� haber agotado el recurso ordinario que establece el art�culo 198, fracci�n II, de la Ley A.; esto es, el de revisi�n, que tiene como objeto nulificar, modificar o revocar la resoluci�n que ahora se reclama, acorde al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por encontrarse o surtirse el supuesto establecido en el citado numeral.

En estas condiciones, como se adelant�, resulta inconcuso que los motivos de agravio tendientes a combatir la determinaci�n del Juez D�cimo de Distrito en el Estado, devienen inoperantes, en virtud de existir cosa juzgada, ya que los argumentos vertidos por el Juez Federal ya no pueden estar sujetos a discusi�n ni mucho menos reexaminarse, toda vez que el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, al dictar su resoluci�n de fecha quince de junio de dos mil cinco, ya se pronunci� en ese sentido, resolviendo que en relaci�n con el acto reclamado por el quejoso aqu� recurrente, procede el recurso de revisi�n a que se refiere el art�culo 198, fracci�n II, de la Ley A., y que, por tanto, antes de acudir a la v�a constitucional, debi� haber agotado tal medio de impugnaci�n, acorde al principio de definitividad. ...

SEXTO

No es obst�culo para resolver lo que en derecho proceda, el hecho de que los criterios contendientes no hayan integrado jurisprudencia, ya que dicha circunstancia no es necesaria para la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/93 sustentada por esta Segunda Sala, visible en la p�gina 41, T.X., diciembre de 1993, correspondiente a la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo texto se�ala:

CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU RESOLUCI�N NO ES NECESARIO QUE �STAS TENGAN EL CAR�CTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el car�cter de jurisprudencia, pues los art�culos 107, fracci�n XIII de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen as�.

S�PTIMO

Con el prop�sito de dilucidar si existe la contradicci�n de tesis denunciada, se toma en consideraci�n, en primer lugar, lo dispuesto en el art�culo 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n General de la Rep�blica, as� como el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, que regulanespec�ficamente la hip�tesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, al se�alar lo siguiente:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer.

"...

La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ...

Como se advierte, los preceptos transcritos se refieren espec�ficamente a aquellos casos en que existe contradicci�n o discrepancia entre tesis o criterios jur�dicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, porque la finalidad de dichos preceptos, constitucional y legal, es unificar criterios ante los �rganos de impartici�n de justicia en la interpretaci�n de un determinado precepto, instituci�n o problema jur�dico. Ello, porque la resoluci�n que se dicte, por mandato constitucional, s�lo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar v�lidamente las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.

Sentado lo anterior, debe precisarse que el Pleno de este tribunal ha sostenido que para que se configure una contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es menester que se actualicen los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Sobre el particular tiene aplicaci�n la jurisprudencia del Tribunal Pleno n�mero P./J. 26/2001, publicada en la p�gina 76 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, Novena �poca, con el rubro y texto que enseguida se reproducen:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Una vez expuesto lo anterior, se estima que no existe la contradicci�n denunciada entre el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, pues mientras el primero analiz� el fondo del asunto al resolver el amparo directo 471/2002, el segundo de los tribunales mencionados se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno, al declarar la inoperancia de los agravios esgrimidos por la recurrente en el amparo en revisi�n 289/2005.

En efecto, el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo esencialmente que el recurso de revisi�n a que se refiere el art�culo 198 de la Ley A. es improcedente en contra de resoluciones dictadas por Tribunales Unitarios Agrarios donde la materia principal hubiere sido una acci�n de reversi�n.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno al respecto, pues �nicamente declar� la inoperancia de los agravios esgrimidos por la recurrente, ya que �stos iban encaminados a combatir cuestiones que constitu�an cosa juzgada, derivada de la diversa resoluci�n dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito en el amparo directo 233/2005.

En este orden de ideas, si uno de los tribunales contendientes analiz� el fondo del asunto, mientras que el otro se abstuvo de realizar dicho an�lisis al declarar inoperantes los agravios relativos, se arriba a la conclusi�n de que no existe la contradicci�n de criterios entre el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CLXXIII/2001 sustentada por esta Segunda Sala, visible en la p�gina 519, T.X., septiembre de 2001, correspondiente a la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGUMENTOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA. De lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo que regulan espec�ficamente las hip�tesis en que existe contradicci�n entre las tesis o criterios jur�dicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito y del contenido de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que ha interpretado dichos art�culos, de rubro: ?CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.?, se sigue que se presenta la contradicci�n o discrepancia entre tesis o criterios jur�dicos, siempre que exista oposici�n entre ellos respecto de una misma cuesti�n jur�dica; que dicha oposici�n se suscite en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas y, adem�s, que los criterios en oposici�n deriven del examen de los mismos elementos. Consecuentemente, cuando uno de los tribunales en conflicto no entra al fondo de la controversia planteada, por haber declarado inoperantes los argumentos expuestos en la instancia relativa y el otro �rgano colegiado s� aborda la litis propuesta, es claro que no se da la oposici�n de criterios, ya que en las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito no se examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, ni se sostuvieron criterios contradictorios, por lo cual debe declararse que no existe contradicci�n de tesis.

Independientemente de lo anterior, esta Segunda Sala estima que s� existe la contradicci�n de criterios entre los sustentados por el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, si se toma en consideraci�n que dichos �rganos jurisdiccionales analizaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y adoptaron posturas divergentes.

En efecto, del an�lisis de las ejecutorias se advierte que tanto el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito como el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, analizaron una cuesti�n jur�dica esencialmente igual, esto es, determinar la procedencia del recurso de revisi�n en contra de resoluciones dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios, en donde se hubiere ejercitado la acci�n de reversi�n a que se refiere el art�culo 97 de la Ley A..

El D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estim� que dicho medio de impugnaci�n resultaba improcedente, pues las resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario Agrario con motivo del ejercicio de la acci�n de reversi�n no se encuentran espec�ficamente previstas dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revisi�n.

A mayor abundamiento, el tribunal en comento sostuvo que la procedencia del citado recurso no pod�a derivar de lo dispuesto en los art�culos 198, fracci�n III, de la Ley A. y 9o., fracci�n III, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, que se refieren a la nulidad de resoluciones emitidas por autoridades en materia agraria; lo anterior, si se toma en consideraci�n que la acci�n de reversi�n no implica que se demande la nulidad del decreto expropiatorio.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito estim� que el recurso de revisi�n resultaba procedente, pues la acci�n de reversi�n impl�citamente se encuentra contenida en el supuesto previsto en los art�culos 198, fracci�n II, de la Ley A. y 9o., fracci�n II, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, que hace referencia a la tramitaci�n de juicios agrarios en los que se reclame la restituci�n de tierras ejidales.

De este modo, el tribunal de m�rito arrib� a la conclusi�n de que la acci�n de reversi�n entra�aba en s� un conflicto de restituci�n, por lo que se surt�an los supuestos de procedencia del recurso de revisi�n.

Cabe se�alar que la divergencia de criterios entre los tribunales contendientes se manifest� expresamente en los considerandos de las ejecutorias respectivas, am�n de que partieron del an�lisis de los mismos elementos, pues en ambos casos la procedencia del recurso de revisi�n se analiz� en funci�n de una resoluci�n dictada por un Tribunal Unitario Agrario, con motivo del ejercicio de la acci�n de reversi�n por parte del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

As�, el punto concreto de contradicci�n que corresponde dilucidar a esta Segunda Sala, consiste en determinar si en contra de la sentencia emitida por un Tribunal Unitario Agrario con motivo del ejercicio de una acci�n de reversi�n, resulta o no procedente el recurso de revisi�n ante el Tribunal Superior Agrario.

OCTAVO

Con el prop�sito de resolver la contradicci�n de tesis planteada conviene hacer referencia, en primer t�rmino, al art�culo 198 de la Ley A., el cual contempla la procedencia del recurso de revisi�n en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 198. El recurso de revisi�n en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre:

(Reformada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

"I. Cuestiones relacionadas con los l�mites de tierras suscitadas entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales, o concernientes a l�mites de las tierras de uno o varios n�cleos de poblaci�n con uno o varios peque�os propietarios, sociedades o asociaciones;

"II. La tramitaci�n de un juicio agrario que reclame la restituci�n de tierras ejidales; o

III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.

Por su parte, el art�culo 9o. de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, al establecer la competencia del Tribunal Superior Agrario, en la parte que interesa, dispone lo siguiente:

"Art�culo 9o. El Tribunal Superior Agrario ser� competente para conocer:

(Reformada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

"I.D. recurso de revisi�n en contra de sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de l�mites de tierras suscitados entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales, o concernientes a l�mites de las tierras de uno o varios n�cleos de poblaci�n con uno o varios peque�os propietarios, sociedades o asociaciones;

(Reformada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

"II.D. recurso de revisi�n de sentencias de los Tribunales Unitarios relativas a restituci�n de tierras de n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal;

III.D. recurso de revisi�n de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias; ...

Del an�lisis conjunto de los preceptos antes se�alados, se advierte que el Tribunal Superior Agrario es competente para conocer del recurso de revisi�n a que se refiere el art�culo 198 de la Ley A., el cual resulta procedente en contra de sentencias de los Tribunales Unitarios que resuelvan sobre lo siguiente:

  1. Cuestiones relacionadas con los l�mites de tierras suscitadas entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales, o concernientes a l�mites de las tierras de uno o varios n�cleos de poblaci�n con uno o varios peque�os propietarios, sociedades o asociaciones.

  2. La tramitaci�n de un juicio agrario que reclame la restituci�n de tierras ejidales o comunales.

  3. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.

Resulta conveniente se�alar que la procedencia del recurso de revisi�n �nicamente se establece respecto de casos espec�ficos, pues esa fue precisamente la intenci�n del legislador al establecer una segunda instancia, seg�n se advierte de la exposici�n de motivos de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, de la cual se transcribe, en la parte que interesa, lo siguiente:

"En la iniciativa se propone que el Tribunal Superior Agrario conozca del recurso de revisi�n s�lo en casos espec�ficos, en los que por su naturaleza se haga indispensable. Ello es congruente con el procedimiento �gil y expedito que debe regir a la administraci�n de justicia y, de manera especial, a los juicios de naturaleza agraria. De esta manera, el procedimiento jurisdiccional agrario ser�a, por regla general, uni-instancial y, por excepci�n, bi-instancial.

As�, el tribunal resolver�a los recursos de revisi�n interpuestos en contra de sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios, en los juicios por conflictos de l�mites de dos o m�s n�cleos de poblaci�n entre si o con terceros, as� como de los juicios relativos a restituci�n de tierras de los n�cleos de poblaci�n.

Siguiendo con este criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que el recurso de revisi�n �nicamente es procedente en contra de sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios, en los casos expresamente previstos en las fracciones I, II y IV del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios.

Lo anterior se desprende de la tesis 2a. CX/2002, visible en la p�gina 348, T.X., septiembre de 2002, correspondiente a la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN LOS ART�CULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORG�NICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. S�LO ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RESOLVI� UN JUICIO SEGUIDO ANTE UN TRIBUNAL UNITARIO, EN LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN EL NUMERAL 18, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA MENCIONADA LEY ORG�NICA. De la interpretaci�n conjunta y sistem�tica de los preceptos citados, se desprende que la revisi�n agraria no es un recurso que proceda para inconformarse contra toda sentencia que sea dictada por Tribunales Unitarios Agrarios en primera instancia, sino que se trata de un medio de impugnaci�n excepcional que s�lo es viable en el supuesto de sentencias dictadas por los mencionados tribunales, en las siguientes hip�tesis, a saber: a) Conflictos por l�mites de tierras entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal, o entre uno o varios de estos sujetos colectivos de derecho agrario y uno o varios peque�os propietarios, sociedades o asociaciones; b) Juicios relativos a la acci�n de restituci�n de tierras, bosques y aguas, y c) Juicios de nulidad intentados contra actos de autoridades del Estado en materia agraria, raz�n por la que, si la sentencia que se impugna no fue dictada en un juicio identificado con alguna de las mencionadas hip�tesis previstas en el art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, dicho recurso resulta improcedente.

De este modo, es conveniente se�alar que la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de la acci�n de reversi�n no se encuentra prevista en las fracciones I, II y IV del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, sino que se encuentra contemplada en la diversa fracci�n XII, seg�n se advierte del precepto en comento, el cual dispone:

"Art�culo 18. Los Tribunales Unitarios conocer�n, por raz�n del territorio, de las controversias que se les planteen con relaci�n a tierras ubicadas dentro de su jurisdicci�n, conforme a la competencia que les confiere este art�culo.

"Los Tribunales Unitarios ser�n competentes para conocer:

(Reformada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

"I. De las controversias por l�mites de terrenos entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal, y de �stos con peque�os propietarios, sociedades o asociaciones;

(Reformada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

"II. De la restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares;

"III.D. reconocimiento del r�gimen comunal;

"IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligaci�n;

"V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;

"VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre s�; as� como las que se susciten entre �stos y los �rganos del n�cleo de poblaci�n;

"VII. De controversias relativas a la sucesi�n de derechos ejidales y comunales;

"VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, as� como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;

"IX. De las omisiones en que incurra la Procuradur�a A. y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, peque�os propietarios, avecindados o jornaleros agr�colas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas;

"X. De los negocios de jurisdicci�n voluntaria en materia agraria; y,

(Reformada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

"XI. De las controversias relativas a los contratos de asociaci�n o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el art�culo 45 de la Ley A.;

(Adicionada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

"XII. De la reversi�n a que se refiere el art�culo 97 de la Ley A.;

(Adicionada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

"XIII. De la ejecuci�n de los convenios a que se refiere la fracci�n VI del art�culo 185 de la Ley A., as� como de la ejecuci�n de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinaci�n de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y

(Adicionada, D.O.F. 9 de julio de 1993)

XIV. De los dem�s asuntos que determinen las leyes.

Siguiendo con el criterio sustentado por esta Segunda Sala, toda vez que la acci�n de reversi�n a que se refiere el art�culo 97 de la Ley A., no se encuentra prevista expresamente en lasfracciones I, II y IV del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, sino que se contempla en la diversa fracci�n XII, resulta claro que la sentencia dictada en dichos procedimientos no es recurrible a trav�s del recurso de revisi�n, pues no encuadra en ninguno de los casos contemplados en el art�culo 198 de la Ley A., ni en aquellos a que se refiere el art�culo 9o, fracciones I, II y III, de la ley org�nica.

No es �bice a la determinaci�n que antecede, la consideraci�n sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito en el sentido de que la reversi�n constituye en realidad un conflicto de restituci�n, por lo que la procedencia del recurso de revisi�n podr�a derivar de lo dispuesto en el art�culo 198, fracci�n II, de la Ley A., que establece:

"Art�culo 198. El recurso de revisi�n en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre:

"...

"II. La tramitaci�n de un juicio agrario que reclame la restituci�n de tierras ejidales. "

Se estima que el argumento vertido por el tribunal de m�rito es inexacto pues, en primer t�rmino, si el legislador hubiere contemplado que la acci�n de reversi�n en realidad constitu�a un conflicto de restituci�n, no habr�a ninguna raz�n para que este tipo de procedimientos se diferenciaran en las fracciones II y XII del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios.

Si bien es cierto que mediante la acci�n de reversi�n se pretende la devoluci�n de bienes expropiados que no fueron destinados a una causa de utilidad p�blica en el plazo previsto por la ley, o bien, que fueron empleados para un fin distinto del que justific� la expropiaci�n, tambi�n lo es que el t�rmino "restituci�n" en materia agraria tiene una connotaci�n espec�fica.

El Constituyente de mil novecientos diecisiete, consciente del problema agrario, y bas�ndose en el proyecto de Ley A. del seis de enero de mil novecientos quince elaborado por L.C., redact� el art�culo 27 constitucional en los t�rminos siguientes:

"Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la naci�n, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"Esta no podr� ser expropiada sino por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n.

"La naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, para hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica y para cuidar de su conservaci�n. Con este objeto se dictar�n las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la peque�a propiedad; para la creaci�n de nuevos centros de poblaci�n agr�cola con las tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y los da�os que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancher�as y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su poblaci�n, tendr�n derecho a que se les dote de ellas, tom�ndolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la peque�a propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915. La adquisici�n de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados, se considerar� de utilidad p�blica.

"...

"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la naci�n, se regir� por las siguientes prescripciones:

"...

"VI. Los condue�azgos, rancher�as, pueblos, congregaciones, tribus y dem�s corporaciones de poblaci�n que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendr�n capacidad para disfrutar en com�n las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren, conforme a la ley de 6 de enero de 1915; entre tanto la ley determina la manera de hacer el repartimiento �nicamente de las tierras.

"VII. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI, ninguna otra corporaci�n civil podr� tener en propiedad o administrar por s�, bienes ra�ces o capitales impuestos sobre ellos, con la �nica excepci�n de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la instituci�n. Los Estados, el Distrito Federal y los territorios, lo mismo que los Municipios de toda la Rep�blica, tendr�n plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes ra�ces necesarios para los servicios p�blicos.

"...

"Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones de deslinde, concesi�n, composici�n, sentencia, transacci�n, enajenaci�n o remate que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, bosques y aguas, a los condue�azgos, rancher�as, pueblos, congregaciones, tribus y dem�s corporaciones de poblaci�n, que existan todav�a, desde la ley de 25 de junio de 1856; y del mismo modo ser�n nulas todas las disposiciones, resoluciones y operaciones que tengan lugar en lo sucesivo y produzcan iguales efectos. En consecuencia, todas las tierras, bosques y aguas de que hayan sido privadas las corporaciones referidas, ser�n restituidas a �stas con arreglo al decreto de 6 de enero de 1915, que continuar� en vigor como ley constitucional. En el caso de que, con arreglo a dicho decreto, no procediere, por v�a de restituci�n, la adjudicaci�n de tierras que hubiere solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, se le dejar�n aqu�llas en calidad de dotaci�n sin que en ning�n caso deje de asign�rsele las que necesitare. Se except�an de la nulidad antes referida, �nicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos a virtud de la citada ley de 25 de junio de 1856 o pose�das en nombre propio a t�tulo de dominio por m�s de diez a�os, cuando su superficie no exceda de cincuenta hect�reas. El exceso sobre esa superficie deber� ser vuelto a la comunidad, indemnizando su valor al propietario. Todas las leyes de restituci�n que por virtud de este precepto se decreten, ser�n de inmediata ejecuci�n por la autoridad administrativa. S�lo los miembros de la comunidad tendr�n derecho a los terrenos de repartimiento y ser�n inalienables los derechos sobre los mismos terrenos mientras permanezcan indivisos, as� como los de propiedad, cuando se haya hecho el fraccionamiento.

"...

Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el a�o de 1876, que hayan tra�do por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la naci�n, por una sola persona o sociedad, y se le faculta al Ejecutivo de la Uni�n, para declararlos nulos, cuando impliquen perjuicios graves para el inter�s p�blico.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de diez de enero de mil novecientos treinta y cuatro, se reform� el art�culo 27 constitucional, a efecto de reconocer personalidad y capacidad jur�dica a las comunidades agrarias. De esta forma, la fracci�n VII del precepto en comento dispuso:

"Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"...

"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la naci�n, se regir� por las siguientes prescripciones:

"...

VII. Los n�cleos de poblaci�n, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendr�n capacidad para disfrutar en com�n las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren.

Por su parte, la fracci�n VIII del citado precepto qued� redactada en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 27. ...

"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la naci�n, se regir� por las siguientes prescripciones:

"...

"VIII. Se declaran nulas:

"a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancher�as, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes pol�ticos, gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravenci�n a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y dem�s leyes y disposiciones relativas;

"b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretar�as de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el d�a primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de com�n repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancher�as, congregaciones o comunidades, y n�cleos de poblaci�n.

"c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracci�n anterior, por compa��as, Jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federaci�n, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de com�n repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a n�cleos de poblaci�n.

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, �nicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y pose�das en nombre propio a t�tulo de dominio por m�s de diez a�os cuando su superficie no exceda de cincuenta hect�reas.

Durante el periodo comprendido entre mil novecientos diecisiete y mil novecientos treinta y tres se emitieron diversos ordenamientos en materia agraria, los cuales fueron unificados mediante la expedici�n del primer C�digo Agrario, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de doce de abril de mil novecientos treinta y cuatro, en cuyo art�culo 20 se contempl� la acci�n de restituci�n en los siguientes t�rminos:

Art�culo 20. Los n�cleos de poblaci�n que hayan sido privados de sus tierras, bosques o aguas, por cualquiera de los actos a que se refiere el art�culo 27 constitucional, tendr�n derecho a que se les restituyan esos bienes en la forma que este c�digo establece.

El veintinueve de octubre de mil novecientos cuarenta se expidi� un nuevo C�digo Agrario, en cuyos art�culos 59 y 61 se dispuso lo siguiente en relaci�n con la acci�n de restituci�n:

"Art�culo 59. Los n�cleos de poblaci�n que hayan sido privados de sus tierras, bosques o aguas, por cualquiera de los actos a que se refiere el art�culo 27 constitucional, tendr�n derecho a que se les restituyan sus bienes en la forma que este c�digo establece."

Art�culo 61. La restituci�n de aguas proceder� siempre que los interesados comprueben sus derechos sobre las aguas reclamadas, y que fueron despojados de ellas con posterioridad al 25 de junio de 1856, por cualquiera de los actos enumerados en el art�culo 27 constitucional. ...

Por otro lado, el veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y tres se public� otro C�digo Agrario, en el cual se regul� nuevamente lo relativo a la acci�n de restituci�n, al disponer en su art�culo 46 lo siguiente:

"Art�culo 46. Los n�cleos de poblaci�n que hayan sido privados de sus tierras, bosques o aguas, por cualquiera de los actos a que se refiere el art�culo 27 constitucional, tendr�n derecho a que se les restituyan, cuando se compruebe:

"I. Que son los propietarios de las tierras, bosques o aguas cuya restituci�n solicitan;

"II. Que fueron despojados por cualquiera de los actos siguientes:

"a) Enajenaciones hechas por los jefes pol�ticos, gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local, en contravenci�n a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 y dem�s leyes y disposiciones relativas.

"b) Concesiones, composiciones o ventas hechas por la Secretar�a de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el d�a 1o. de diciembre de 1876 hasta el 6 de enero de 1915, por las cuales se haya invadido u ocupado ilegalmente los bienes objeto de la restituci�n.

c) Diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere el inciso anterior, por compa��as, Jueces u otras autoridades de los Estados, de la Federaci�n, con los cuales se haya invadido u ocupado ilegalmente los bienes cuya restituci�n se solicite.

El C�digo Agrario antes mencionado fue derogado el diecis�is de abril de mil novecientos setenta y uno, cuando se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n la Ley Federal de Reforma A., en cuyo art�culo 191 se regul� lo relativo a la restituci�n, al disponer:

"Art�culo 191. Los n�cleos de poblaci�n que hayan sido privados de sus tierras, bosques o aguas, por cualquiera de los actos a que se refiere el art�culo 27 constitucional, tendr�n derecho a que se les restituyan cuando se compruebe:

"I. Que son propietarios de las tierras, bosques o aguas cuya restituci�n solicitan; y

"II. Que fueron despojados por cualesquiera de los actos siguientes:

"a) Enajenaciones hechas por los jefes pol�ticos, gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local en contravenci�n a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y dem�s leyes y disposiciones relativas;

"b) Concesiones, composiciones o ventas hechas por la Secretar�a de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el d�a 1 de diciembre de 1876 hasta el 6 de enero de 1915, por las cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente los bienes objeto de la restituci�n; y

c) Diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo a que se refiere el inciso anterior, por compa��as, Jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federaci�n, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente los bienes cuya restituci�n se solicite.

Como se puede observar, desde la expedici�n del C�digo Agrario de doce de abril de mil novecientos treinta y cuatro, hasta la emisi�n de la Ley Federal de Reforma A. de diecis�is de abril de mil novecientos setenta y uno, la acci�n de restituci�n fue conferida a favor de los n�cleos de poblaci�n que hubieren sido privados ilegalmente de sus tierras, bosques y aguas, por cualesquiera de los actos previstos en el art�culo 27 constitucional.

El veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y dos se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n la Ley A., cuyo art�culo segundo transitorio derog�, entre otras, la Ley Federal de Reforma A..

La emisi�n de este ordenamiento resulta interesante, pues en lo que se refiere a la acci�n de restituci�n, ampli� su procedencia al disponer en su art�culo 49, lo siguiente:

"Art�culo 49. Los n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podr�n acudir, directamente o a trav�s de la Procuradur�a A., ante el tribunal agrario para solicitar la restituci�n de sus bienes."

Como se puede apreciar, el citado precepto no limit� la procedencia de la acci�n de restituci�n a los casos en que los n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales hubieren sido privados ilegalmente de sus tierras o aguas, sino que permiti� el ejercicio de la acci�n relativa contra actos futuros, al establecer claramente que resultaba procedente "cuando hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras y aguas".

No obstante la adici�n de m�rito, existe un elemento com�n que limita la procedencia de la acci�n de restituci�n, consistente en que la privaci�n de las tierras y aguas se hubiere llevado a cabo de forma ilegal.

Como se aprecia de la rese�a antes mencionada, los conflictos de restituci�n en materia agraria fueron plasmados tanto en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, como en las distintas normas secundarias que han regido hasta la fecha.

Ahora bien, en forma paralela a los conflictos de restituci�n, el legislador ordinario previ� la existencia de una acci�n de reversi�n, derivada de la expropiaci�n de bienes ejidales o comunales.

En este sentido, conviene hacer referencia, en primer t�rmino, al art�culo 93 de la Ley A. en vigor, que dispone lo siguiente:

"Art�culo 93. Los bienes ejidales y comunales podr�n ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad p�blica:

"I. El establecimiento, explotaci�n o conservaci�n de un servicio o funci�n p�blicos;

"II. La realizaci�n de acciones para el ordenamiento urbano y ecol�gico, as� como la creaci�n y ampliaci�n de reservas territoriales y �reas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo;

"III. La realizaci�n de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservaci�n de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros;

"IV. Explotaci�n del petr�leo, su procesamiento y conducci�n, la explotaci�n de otros elementos naturales pertenecientes a la naci�n y la instalaci�n de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones;

".R.�n de la tenencia de la tierra urbana y rural;

"VI. Creaci�n, fomento y conservaci�n de unidades de producci�n de bienes o servicios de indudable beneficio para la comunidad;

"VII. La construcci�n de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y dem�s obras que faciliten el transporte, as� como aquellas sujetas a la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n y l�neas de conducci�n de energ�a, obras hidr�ulicas, sus pasos de acceso y dem�s obras relacionadas; y

VIII. Las dem�s previstas en la Ley de Expropiaci�n y otras leyes.

El precepto en comento establece las causas de utilidad p�blica que justifican la expropiaci�n de bienes ejidales o comunales, para lo cual debe estarse al tr�mite previsto en el diverso art�culo 94 de la Ley A., que se�ala:

"Art�culo 94. La expropiaci�n deber� tramitarse ante la Secretar�a de la Reforma A.. Deber� hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad p�blica y los bienes por expropiar y mediante indemnizaci�n. El monto de la indemnizaci�n ser� determinado por la Comisi�n de Aval�os de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracci�n V del art�culo anterior, para la fijaci�n del monto se atender� a la cantidad que se cobrar� por la regularizaci�n. El decreto deber� publicarse en el Diario Oficial de la Federaci�n y se notificar� la expropiaci�n al n�cleo de poblaci�n.

"En los casos en que la administraci�n p�blica federal sea promovente, lo har� por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, seg�n las funciones se�aladas por la ley.

Los predios objeto de la expropiaci�n s�lo podr�n ser ocupados mediante el pago o dep�sito del importe de la indemnizaci�n, que se har� de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garant�a suficiente.

Finalmente, en cuanto al pago de la indemnizaci�n derivada de una expropiaci�n, el art�culo 96 de la ley mencionada, dispone lo siguiente:

Art�culo 96. La indemnizaci�n se pagar� a los ejidatarios atendiendo a sus derechos. Si dicha expropiaci�n s�lo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, �stos recibir�n la indemnizaci�n en la proporci�n que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuradur�a A. intentar� la conciliaci�n de intereses y si ello no fuera posible, se acudir� ante el tribunal agrario competente para que �ste resuelva en definitiva.

Del an�lisis de los preceptos referidos se arriba a la conclusi�n de que los bienes ejidales y comunalespueden ser sujetos de expropiaci�n en los casos previstos en las distintas fracciones del art�culo 93 de la Ley A., para lo cual, las autoridades deben sujetarse al procedimiento previsto en el diverso art�culo 94, as� como pagar la indemnizaci�n relativa en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 96 del ordenamiento en comento.

Ahora bien, en caso de que las autoridades hubieren destinado los bienes expropiados a un fin distinto del se�alado en el decreto expropiatorio, o bien, si transcurrido el plazo de cinco a�os no se ha cumplido con la causa de utilidad p�blica que justific� la expropiaci�n, el art�culo 97 de la Ley A. contempla la procedencia de una acci�n para revertir, en forma parcial o total, los bienes expropiados. El precepto se�alado dispone lo siguiente:

Art�culo 97. Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del se�alado en el decreto respectivo, o si transcurrido un plazo de cinco a�os no se ha cumplido con la causa de utilidad p�blica, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitar� las acciones necesarias para reclamar la reversi�n parcial o total, seg�n corresponda, de los bienes expropiados y opere la incorporaci�n de �stos a su patrimonio.

En cuanto al tr�mite relacionado con el ejercicio de la acci�n de reversi�n, los art�culos 90 a 98 del Reglamento de la Ley A. en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, disponen lo siguiente:

"Art�culo 90. El fondo vigilar� que los bienes expropiados a ejidos y comunidades se destinen al fin se�alado en el decreto expropiatorio y se cumpla con la causa de utilidad p�blica del mismo."

"Art�culo 91. Para la investigaci�n correspondiente, el fondo podr� allegarse los medios de prueba que estime necesarios."

"Art�culo 92. Dentro de la investigaci�n a que se refiere el art�culo anterior, el fondo podr� requerir a la beneficiaria de la expropiaci�n, para que dentro del t�rmino de treinta d�as naturales, contado a partir del requerimiento, le manifieste lo que a su derecho convenga y aporte pruebas en relaci�n con el uso y destino de la superficie expropiada."

"Art�culo 93. Si derivado de la investigaci�n se demuestra que el beneficiario cumpli� en tiempo y forma con el fin se�alado en el decreto expropiatorio y que se cumpli� con la causa de utilidad p�blica, el fondo integrar� el expediente respectivo y acordar� su archivo."

"Art�culo 94. Si como resultado de la investigaci�n se desprende que el beneficiario de la expropiaci�n destin� la totalidad o parte de los bienes a un fin distinto al se�alado en el decreto respectivo, o que transcurrido el plazo de cinco a�os no se satisfizo la causa de utilidad p�blica, el fondo ejercitar� las acciones judiciales o administrativas para revertir, total o parcialmente, los bienes expropiados, los que se incorporar�n a su patrimonio."

"Art�culo 95. Independientemente del ejercicio de la acci�n de reversi�n, el fondo deber� cerciorase de que la indemnizaci�n por concepto de expropiaci�n fue cubierta totalmente y, en su caso, deber� requerir el pago correspondiente, en los t�rminos del art�culo 80 de este reglamento."

"Art�culo 96. Para la incorporaci�n de bienes al patrimonio del fondo, derivada de la reversi�n, resuelta por sentencia definitiva de los tribunales agrarios o por convenio ratificado ante �stos, deber�n inscribirse dichos instrumentos jur�dicos en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio de la localidad donde se ubiquen los bienes."

"Art�culo 97. Para el caso de que el beneficiario de la expropiaci�n manifieste expresamente encontrarse en alguno de los supuestos del art�culo 94 de este reglamento, el fondo podr� emitir un acuerdo administrativo de reversi�n y celebrar convenio en el que se pacte la entrega y recepci�n de los bienes expropiados, los cuales incorporar� a su patrimonio.

"En dicho convenio deber� establecerse por parte del beneficiario de la expropiaci�n, la entrega voluntaria de los bienes, la renuncia a interponer en un futuro cualquier acci�n legal en contra de la transmisi�n del dominio de los bienes, y la obligaci�n de responder de cualquier adeudo o gravamen contra�do antes de la celebraci�n del convenio.

"Dicho convenio deber� inscribirse en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio de la localidad de que se trate."

"Art�culo 98. El fondo demandar� la reversi�n de los bienes expropiados ante los tribunales agrarios competentes, cuando se cumplan la totalidad de las condiciones siguientes:

"I. Que no haya sido cubierta la indemnizaci�n;

"II. Que no haya sido ejecutado el decreto;

"III. Que los afectados conserven a�n la posesi�n de las tierras de que se trate, y

"IV. Que hayan transcurrido cinco a�os, a partir de la publicaci�n del decreto expropiatorio.

"De ser procedente la reversi�n, la resoluci�n ejecutoriada se inscribir� en el registro, en los Registros P�blicos de la Propiedad y del Comercio correspondiente, y de la Propiedad Inmobiliaria Federal.

La reversi�n de los bienes expropiados a que se refiere el presente art�culo, tendr� por efecto que una vez incorporados al patrimonio del fondo, �ste de inmediato reintegre su titularidad a los afectados.

Del an�lisis de los preceptos se�alados, se arriba a la conclusi�n de que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal tiene facultades para investigar si los bienes expropiados fueron destinados a la causa de utilidad p�blica que justific� la expropiaci�n, y en caso de que no hubiere sido as�, o bien, si transcurrieron cinco a�os sin que se hubiere satisfecho dicha causa de utilidad, se otorga al fideicomiso en comento la posibilidad de ejercitar la acci�n de reversi�n, a efecto de que ingresen en su patrimonio los bienes expropiados.

Como se puede advertir, la procedencia de la acci�n de reversi�n no deriva de un acto privativo ilegal como ocurre en los conflictos de restituci�n, pues en el procedimiento relativo no se discute la legalidad del decreto expropiatorio (acto privativo), sino �nicamente que los bienes afectados no fueron destinados en el plazo de cinco a�os a satisfacer la causa de utilidad p�blica que justific� la expropiaci�n, o bien, que fueron empleados en un fin distinto.

Ahora bien, ha quedado precisado que la intenci�n del legislador al prever la existencia de una segunda instancia en los juicios agrarios fue limitar la procedencia del recurso de revisi�n a casos espec�ficos, previstos en las fracciones I, II y III del art�culo 198 de la Ley A., los cuales se identifican con los supuestos a que se refieren las fracciones I, II y IV del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios.

En este sentido, si la intenci�n del legislador hubiera sido que en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios derivadas del ejercicio de una acci�n de reversi�n fuera procedente el recurso de revisi�n, as� lo hubiera se�alado expresamente, sin que pueda realizarse una interpretaci�n forzada a efecto de incluir supuestos de procedencia que no fueron originalmente contemplados.

Derivado de lo anterior, debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el siguiente criterio:

REVISI�N AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LA ACCI�N DE REVERSI�N.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis 2a. CX/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., septiembre de 2002, p�gina 348, sostuvo que el recurso de revisi�n previsto en los art�culos 198 de la Ley A. y 9o., fracciones I, II y III, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, s�lo procede contra la sentencia que resolvi� un juicio seguido ante un Tribunal Unitario, en los casos expresamente establecidos en el numeral 18, fracciones I, II y IV, de la mencionada Ley Org�nica. En ese sentido, se concluye que si la acci�n de reversi�n no est� comprendida en los supuestos contenidos en las fracciones se�aladas, sino en la diversa fracci�n XII, es evidente que no procede el recurso de revisi�n. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la fracci�n II del precepto invocado prevea la procedencia del citado medio de defensa, trat�ndose de resoluciones que diriman conflictos de restituci�n pues la acci�n de reversi�n no puede encuadrarse en ese tipo de controversias.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

No existe la contradicci�n de tesis que se denuncia entre el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito.

SEGUNDO

S� existe la contradicci�n de tesis que se denuncia entre el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito y el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia la tesis de esta Segunda Sala que aparece en la parte final del �ltimo considerando de este fallo.

N.�quese; rem�tase la tesis jurisprudencial aprobada por esta Segunda Sala al Pleno y a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicci�n y al Semanario Judicial de la Federaci�n para su correspondiente publicaci�n; por otro lado, env�ese testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en esta contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros Juan D�az R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidenta M.B.L.R..