Ejecutoria num. 2a./J. 8/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823158

Ejecutoria num. 2a./J. 8/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 8/2006
Localizacion:GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA DERIVEN. SU PRÁCTICA NO DEBE ESTAR PRECEDIDA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL NI DE CITATORIO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 193/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO DEL D�CIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIO: R.A.F.S.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de verificar la existencia de la contradicci�n denunciada, se hacen las siguientes transcripciones.

El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en el recurso de revisi�n fiscal 162/2005, resuelto por unanimidad de votos el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, sostiene:

SEXTO. Los agravios que expresa el director general de Delitos Federales contra el Ambiente y L., de la Subprocuradur�a Jur�dica de la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Ambiente, en representaci�n de las autoridades demandadas, resultan fundados a juicio de este tribunal federal. Industria Forestal del Guadiana, Sociedad An�nima de Capital Variable, por conducto de su representante, acudi� ante la Primera Sala Regional Norte Centro II, del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, a demandar la nulidad de la resoluci�n administrativa dictada en el expediente 074/2002, por la Delegaci�n Durango de la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Ambiente, en la que se imponen diversas multas a la empresa actora. La autoridad administrativa contest� la demanda sosteniendo la legalidad del acto impugnado. La Primera Sala Regional Norte Centro II, dict� sentencia de tres de mayo de dos mil cinco, en la que declar� la nulidad del acto impugnado con fundamento en los art�culos 238, fracci�n IV y 239, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n. Esta resoluci�n constituye la materia del presente recurso de revisi�n fiscal. Expresa la autoridad recurrente que se viola en su contra el art�culo 237 del C�digo F. de la Federaci�n, por falta de aplicaci�n del art�culo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, as� como por indebida aplicaci�n del art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que en la sentencia que se recurre se omite considerar lo dispuesto por el art�culo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, el que refiere las formalidades que deber�n cubrirse con motivo de una visita de inspecci�n, y del cual no se desprende la obligaci�n de la autoridad de notificar la orden de inspecci�n al representante legal de la persona moral, antes de que se realice la visita de inspecci�n, ni tampoco establece que debe dejarse citatorio para entender la diligencia con el representante legal del visitado, lo anterior en atenci�n al car�cter sorpresivo de las visitas de inspecci�n en materia ambiental, a fin de verificar el cumplimiento de la legislaci�n de protecci�n al ambiente que es de orden p�blico e inter�s social; que el precepto que cita en sus agravios, �nicamente establece la obligaci�n de entregar la orden de inspecci�n con firma aut�grafa a la persona con quien se entienda la diligencia, pero no requiere que sea al representante legal. Sostiene el recurrente que el art�culo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, no exige que las �rdenes de inspecci�n deban notificarse previamente a la verificaci�n, ya que esto contraviene el esp�ritu sorpresivo de las visitas en materia ambiental, puesto que las visitas de inspecci�n en materia ambiental requieren que el visitado no sea prevenido a trav�s de la previa notificaci�n. Que en la sentencia se incurre en indebida aplicaci�n del art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que los requisitos para llevar a cabo las visitas de inspecci�n y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislaci�n ambiental se encuentran regulados de manera integral por los art�culos del 161 al 169 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, sin que se d� la aplicaci�n supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo que ata�e a la previa notificaci�n de la orden de inspecci�n, lo que no se establece en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico, por lo que no puede aplicarse supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Que al no derivarse de la legislaci�n ambiental la obligaci�n de notificar previamente la orden de inspecci�n a quien se pretende verificar, es infundado que se exija a la autoridad observar formalidades de la ley procedimental, pues aunque en algunos aspectos sea supletoriamente aplicable a la legislaci�n ambiental, uno de los requisitos para la supletoriedad es que la ley lo prevea, y en el caso la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente no establece la previa notificaci�n de la orden de inspecci�n. Cita como apoyo el criterio de rubro: ?VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR. INTER�S P�BLICO DIRECTO.?, asimismo, cita los criterios del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, de rubros: ?INSPECCI�N EN MATERIA AMBIENTAL, NO REQUIERE PREVIO CITATORIO PARA REALIZARSE.?, ?ORDEN DE INSPECCI�N EN MATERIA AMBIENTAL, NO REQUIERE SE�ALAR FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVAR� A CABO.?, ?ACTAS DE INSPECCI�N. PARA SU LEGALIDAD NO ES NECESARIO QUE LA DILIGENCIA SE ENTIENDA CON EL VISITADO O SU REPRESENTANTE LEGAL.? y ?VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR. INTER�S P�BLICO DIRECTO.?. En primer t�rmino, debe dilucidarse el argumento del recurrente en el que sostiene la indebida aplicaci�n del art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, considerando que las visitas de inspecci�n y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislaci�n ambiental se encuentran �ntegramente reguladas por los art�culos del 161 al 169 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, estimando por ello que en este aspecto no procede la aplicaci�n supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo que ata�e a la previa notificaci�n de la orden de inspecci�n, lo que no se establece en la Ley General de Equilibrio Ecol�gico, por lo que no puede aplicarse supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Resultan fundados los agravios planteados, en efecto, la aplicaci�n de una ley de manera supletoria a otra se actualiza cuando en la ley especial se establece la supletoriedad a favor de un cuerpo de leyes, asimismo, cuando en la ley especial se encuentra una determinada instituci�n deficientemente regulada, por tanto, para establecer si en el caso opera la supletoriedad de normas que aplic� la Primera Sala Regional Norte Centro II, deben analizarse las disposiciones tanto de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, como las contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El art�culo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente dispone: ?Art�culo 160.? (se transcribe). Del precepto legal transcrito, se desprende que la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente establece la regulaci�n exclusiva de los actos de inspecci�n y vigilancia, ejecuci�n de medidas de seguridad, determinaci�n de infracciones administrativas y de comisi�n de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulado por esa ley, haciendo la salvedad en el caso de que otras leyes regulen en forma espec�fica las cuestiones relativas, en relaci�n con esa materia. Asimismo, se advierte del mencionado precepto legal, que la aplicaci�n supletoria que se establece en favor de las Leyes Federal de Procedimiento Administrativo y de M.�a y N.�n, pudiera actualizarse cuando respecto a las materias de inspecci�n y vigilancia, ejecuci�n de medidas de seguridad, determinaci�n de infracciones administrativas y de comisi�n de delitos y sus sanciones fueran contempladas espec�ficamente por estos dos diversos cuerpos legales, lo que no se precisa en el acto recurrido, en el que la Sala estim� la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo atinente a las notificaciones, no obstante que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no regula espec�ficamente lo referente a las inspecciones y verificaciones, en efecto, el precepto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que se aplica de manera supletoria en la sentencia recurrida establece: ?Art�culo 36.? (se transcribe). Como puede verse de la transcripci�n que antecede, el precepto legal regula la forma en que deben efectuarse las notificaciones y no se ocupa en manera alguna de la forma que deben revestir las visitas de inspecci�n y verificaci�n; aunado a lo anterior, el precepto legal aplicado en la sentencia, se encuentra el hecho de que las inspecciones y verificaciones tienen una �ntegra regulaci�n en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, respecto de la forma en que deben efectuarse, raz�n por la que se llega al convencimiento de que, como lo sostiene la autoridad recurrente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es supletoria en esa materia, a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, cuyas disposiciones no contemplan la existencia del citatorio previo. En efecto, la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, para regular la visitas de inspecci�n y vigilancia determina: inspecci�n y vigilancia. ?Art�culo 161.? (se transcribe). ?Art�culo 162.? (se transcribe). ?Art�culo 163.? (se transcribe). ?Art�culo 164.? (se transcribe). ?Art�culo 165.? (se transcribe). ?Art�culo 166.? (se transcribe). ?Art�culo 167.? (se transcribe). ?Art�culo 168.? (se transcribe). ?Art�culo 169.? (se transcribe). De las disposiciones legales que anteceden, se advierte la completa regulaci�n que se contiene en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, respecto de las diligencias que deben practicarse con motivo de una inspecci�n y verificaci�n, y de tales disposiciones tambi�n se conoce el car�cter sorpresivo de tales diligencias, pues se se�ala la forma y t�rminos en que la autoridad debe proceder al realizar una visita de inspecci�n o al ejercer la vigilancia, y desde luego no establece obligaci�n alguna del inspector o verificador de alertar al particular realizando una notificaci�n previa de la orden de inspecci�n, ya que �nicamente se�ala que al iniciar la inspecci�n, el funcionario que la practique se identificar� debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibi�ndole para tal efecto, credencial vigente con fotograf�a expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspecci�n en la materia, y le mostrar� la orden respectiva, entreg�ndole copia de la misma con firma aut�grafa, requiri�ndola para que en el acto designe dos testigos. El car�cter sorpresivo de la diligencia encuentra su justificaci�n en la materia de la inspecci�n o verificaci�n, que es el equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente, cuyo quebrantamiento las autoridades est�n obligadas a prevenir, pues inclusive la inobservancia de sus normas puede dar lugar a la comisi�n de delitos al atentar gravemente en contra de la salud p�blica, pues de encontrarse el particular realizando actos atentatorios en tales materias, la notificaci�n previa servir� para cesar u ocultar los actos indebidos, haciendo nugatoria la acci�n de la autoridad, y en tal caso la colectividad se ver� afectada ya que las disposiciones en materia ecol�gica establecen derechos de la comunidad, esto es, a favor de las personas f�sicas y morales que la integran. El criterio que antecede se corrobora con el hecho de que en materia de la protecci�n al equilibrio ecol�gico, basta que la autoridad competente presente la orden de inspecci�n y verificaci�n, en la que se contiene la facultad para verificar el exacto cumplimiento a las normas que regulan el equilibrio ecol�gico y la protecci�n al medio ambiente, y en la que se encuentre determinado el lugar y el objeto de la inspecci�n, que el verificador se identifique con la persona que le atienda para que se cumpla la garant�a de legalidad, sin necesidad de que previamente se cite al particular o a su representante legal para recibir la orden en cuesti�n, ya que tal exigencia no se prev� en la ley respectiva, en atenci�n a la importancia de verificar el estricto cumplimiento a las normas ambientales, pues entender de diversa manera la garant�a de legalidad pugnar�a con el inter�s y el derecho comunes de evitar que se realicen actividades que produzcan o puedan producir graves da�os a la ecolog�a o al medio ambiente, al no acatarse las disposiciones que tienden a preservar derechos como los de salud y la conservaci�n del ambiente. Es de aplicaci�n al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la p�gina 229 Vol�menes 109-114, Sexta Parte, de la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que se�ala: ?VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR. INTER�S P�BLICO DIRECTO.? (se transcribe). Conforme a todo lo que ha quedado expuesto, este tribunal estima que no opera en el caso la aplicaci�n supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues la ley especial contiene normatividad espec�fica, en tanto que no hay laguna, duda en su interpretaci�n, omisi�n o insuficiencia para su aplicaci�n al caso concreto, ni contradicci�n con las bases esenciales del sistema legal de sustentaci�n y por ello debe prevalecer la ley especial sobre la ley general supletoria. Es de aplicarse al caso, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la p�gina 713 del T.V., de la Octava �poca del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dice: ?SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CU�NDO OPERA.? (se transcribe). No se desconoce la existencia del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al resolver la revisi�n fiscal 54/2002, en el cual, el hom�logo referido, de manera sustancial estim� que si dentro del cap�tulo II, referente a la inspecci�n y vigilancia, de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente no se establecen las formalidades a seguir, cuando deba practicarse una inspecci�n debe atenderse lo previsto en los art�culos 35 y 36 de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, criterio que no comparte este Tribunal Colegiado, por las razones que se han plasmado en el cuerpo de la presente resoluci�n. Por lo anterior, no obstante que en el caso se act�a en una revisi�n fiscal, se estima que es aplicable el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, por identidad de razones jur�dicas y, por tanto, debe denunciarse la existencia de criterios contradictorios. En m�rito de lo anterior y habiendo resultado fundados los agravios planteados por la autoridad recurrente, lo procedente es revocar la sentencia impugnada para el efecto de que la Primera Sala Regional Norte Centro II, del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, deje insubsistente la sentencia recurrida y en su lugar emita otra en la que al analizar el s�ptimo concepto de nulidad propuesto, determine que al realizar una visita de inspecci�n en materia de equilibrio ecol�gico y protecci�n al medio ambiente, la ley no exige notificaci�n previa por no ser aplicable supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y atendiendo a lo dispuesto por el art�culo 237 del C�digo F. de la Federaci�n, analice conforme a derecho los restantes conceptos de nulidad. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia n�mero 6/91, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en la p�gina 48 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V., noviembre de mil novecientos noventa y uno, que dice: ?REVISI�N FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.? (se transcribe).

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al resolver la revisi�n fiscal 54/2002-I, por unanimidad de votos, en sesi�n del diecis�is de octubre de dos mil dos, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

QUINTO. Son infundados los agravios expresados por el procurador federal de Protecci�n al Ambiente, por conducto del director general de Delitos Ambientales Federales y L. de la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Ambiente. De las constancias que conforman el juicio de origen, se advierte que la empresa Besk Mexicana, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal interpuso demanda de nulidad en contra de la resoluci�n administrativa de fecha doce de julio del a�o dos mil uno, contenida en el oficio n�mero PFPA-DBC/SJ/TJ/-A/042/01, en la que se le impuso una multa por la cantidad de $60,525.00 pesos, as� como diversas normas y/o medidas t�cnicas que debe cumplir, la anterior resoluci�n deriva de la pr�ctica de la orden de inspecci�n n�mero PFPA-DBC/UJ/I/TIJ/145/99, de fecha diez de junio del a�o de mil novecientos noventa y nueve, practicada a dicha empresa por la autoridad inconforme. Ahora bien, la Sala Regional en la resoluci�n que se revisa, toralmente sustent� que, como la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente no establece las formalidades que deben seguirse para la notificaci�n de una orden de inspecci�n cuando el notificador o personal comisionado no encuentra a la persona a quien deba notificarse o al representante legal, cuando se trate de una persona moral, se debe acudir a lo dispuesto en la Ley Federal de Protecci�n (sic) Administrativa, concretamente a los cap�tulos d�cimo primero denominado ?De las visitas de verificaci�n? y al sexto relativo a las notificaciones y con base en lo dispuesto en dichas disposiciones, se�al� que las visitas domiciliarias deb�an cumplir con los requisitos: a) Presentarse en el domicilio designado en la orden (cercior�ndose que dicho domicilio corresponde a la persona a quien pretende notificar); b) Requerir la presencia de la persona a quien deba notificar o de su representante; c) En caso de no encontrar a quien deba notificar, dejar� citatorio para que espere en ese domicilio, a hora fija del d�a siguiente; d) Si la persona a quien deba notificarse no acude a la citaci�n, se proceder� a desarrollar lo encomendado en la orden de visita de inspecci�n, con la persona que se encuentre; e) De todo lo anterior, debe quedar constancia por escrito. Luego, estableci� que la orden de inspecci�n practicada por el funcionario adscrito a la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Ambiente no satisfac�a los requisitos en alusi�n, dado que hab�a sido notificada a la persona que se encontr� en el domicilio, sin que previamente hubiere dejado citatorio al representante legal de la persona moral a quien se le orden� practicar la visita, por lo que concluy� que si la notificaci�n que dio inicio a la visita de inspecci�n fue dirigida a un domicilio espec�fico y no se practic� con el representante de la demandante a pesar de tratarse de visitas de inspecci�n reguladas por el art�culo 16 constitucional, la misma, dijo, era ilegal al no haberse respetado las formalidades del procedimiento que se�ala el art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; por ello, declar� nula la visita de inspecci�n y, por ende, todo lo actuado con posterioridad a la misma, as� como y (sic) la resoluci�n impugnada contenida en el oficio no. PFPA-DBC/SJ/TJ/-A/042/01, por derivar de actos viciados de origen. Para impugnar la determinaci�n antes precisada, alega en s�ntesis que, contrario a lo sostenido por la Sala Regional, las visitas de inspecci�n deben cumplir con los requisitos que se�ala el art�culo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, con los cuales cumple la orden de verificaci�n de fecha cuatro dejunio del a�o de 1999 contenida en el oficio n�mero PFPA-DBC/UJ/I/TIJ/145/99, dado que, aduce, el dispositivo legal citado se�ala cu�les con las formalidades que deben cubrirse con motivo de la visita de inspecci�n, sin que del mismo se desprenda que las �rdenes de inspecci�n deban notificarse previamente a la celebraci�n de la diligencia de verificaci�n, por lo que lo sostenido por la Sala Regional resulta inaplicable la supletoriedad del art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; asimismo, aduce que las visitas de inspecci�n en materia ambiental se convierten en un elemento indispensable que el visitado no sea prevenido a trav�s de la previa notificaci�n, sin que ello, dice, vulnere la esfera jur�dica del gobernado. Primeramente, cabe aclarar que la orden de verificaci�n a que se refiere no es de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, sino de fecha diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, as� se desprende de la propia actuaci�n que obra de la foja 48 a la 76 del sumario. Ahora bien, es infundado su agravio, en raz�n de que tal como lo precis� la Sala responsable si dentro del cap�tulo II, referente a la inspecci�n y vigilancia, de la Ley General del Equilibrio y la Protecci�n al Ambiente no se establecen las formalidades a seguir, cuando deba practicarse una inspecci�n concretamente en el supuesto de que no se encuentre al representante legal de la persona moral a inspeccionar, si �sta debe notificarse o no; se conviene con lo establecido por la Sala Regional en cuanto a que debe atenderse lo previsto en los art�culos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cuanto a que una vez constituido en el domicilio correcto, el funcionario deba solicitar la presencia del representante legal de la persona moral y, en caso de no encontrarse presente, se le deje citatorio para que espere al funcionario a una hora fija del d�a siguiente para hacer entrega de la orden de inspecci�n y as�, en caso de no esperar, desahogar la misma con la persona que se encuentre presente, ello con el prop�sito de que la inspecci�n se practique en presencia del representante de la persona moral, sin violaci�n al contenido del art�culo 16 constitucional que protege al gobernado contra los actos autoritarios que constituyeren molestias en su persona, familia, papeles o posesiones, pues en el resto de su contenido dicho dispositivo prev� las condiciones bajo las cuales se podr�n emitir, v�lidamente, tales actos de molestia. As�, en su p�rrafo antepen�ltimo, dispone que la autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias sin hacer distinci�n alguna sobre la naturaleza jur�dica de las visitas domiciliarias, mismas que pueden ser de auditor�a, inspecci�n o verificaci�n, pues en forma general se refiere a las visitas domiciliarias para comprobar que se han acatado determinadas disposiciones, sujet�ndose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos; lo anterior, para evitar violaciones a las garant�as constitucionales, de tal suerte que la determinaci�n de la Sala es correcta. Por �ltimo, este cuerpo colegiado no comparte lo sostenido en las tesis que cita la recurrente, criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las tesis de los rubros: ?VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR.?. ?INTER�S P�BLICO DIRECTO. VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDEN ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR.?. ?INTER�S P�BLICO DIRECTO.? (sic), en las que se sostiene que para que sean eficaces las visitas tendientes a controlar precios o contaminaci�n ambiental o alguna cosa (sic) semejante, las visitas deben poder ser aun sorpresivas; en virtud de que este Tribunal Colegiado estima que aun y cuando dicha inspecci�n tenga esa finalidad, la misma debe ajustarse a las formalidades de las leyes y as� evitar que las autoridades administrativas cometan atropellos en contra de los gobernados, raz�n por la que se considera necesario que el desahogo de dicha diligencia se lleve a cabo con el representante legal y, que en caso de no encontrarse, previo citatorio que se deje, entonces se desahogue con quien se encuentre presente, ello, con la intenci�n de darle oportunidad de que al momento del desahogo pueda manifestar lo que a su derecho crea conveniente, y atento a que este criterio es contrario al que invoca la inconforme y que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo directo n�mero 21/78, proc�dase a formular la denuncia correspondiente en t�rminos del art�culo 196, fracci�n III, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, este cuerpo colegiado estima correcta la resoluci�n que nos mantiene ocupados, por lo que lo que procede es confirmarla en sus t�rminos.

CUARTO

Cabe aclarar que la circunstancia de que los criterios sustentados en las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados Segundo del Octavo Circuito y Primero del D�cimo Quinto Circuito, no hayan sido expuestos formalmente como tesis y, por ende, no haya publicaci�n de �stas conforme a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que este Alto Tribunal se ocupe de la denuncia de la posible contradicci�n de tesis, pues para que se determine la existencia de �sta, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias del Pleno y de esta Segunda Sala, cuyos textos y datos de identificaci�n se transcriben enseguida:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 27/2001, p�gina 77).

"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, tesis 2a./J. 94/2000, p�gina 319).

Tampoco constituye obst�culo para que esta Segunda Sala se ocupe de la posible contradicci�n de tesis, el hecho de que el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al resolver la revisi�n fiscal n�mero 54/2002-I, haya participado en la denuncia de contradicci�n de tesis que supuestamente exist�a entre el criterio de ese �rgano colegiado y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 21/78, que origin� las tesis aisladas publicadas en las p�ginas 229 y 230, Vol�menes 109-114, Sexta Parte, S�ptima �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, de rubros: "VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR. INTER�S P�BLICO DIRECTO." y "VISITAS ADMINISTRATIVAS. TESTIGOS. CASOS DE INTER�S GENERAL."

Ello, porque la citada denuncia de contradicci�n de tesis que se registr� con el n�mero 174/2003-SS, fue resuelta mediante ejecutoria dictada por esta Segunda Sala, en sesi�n p�blica del siete de marzo de dos mil tres, en el sentido de que no exist�a la contradicci�n de tesis denunciada, b�sicamente porque se consider� que el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito realiz� el an�lisis jur�dico de dos ordenamientos jur�dicos (Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), que no hab�an sido expedidos en la fecha en que se sustentaron los criterios aislados, lo que hac�a evidente que las conclusiones a las que arribaron los �rganos jurisdiccionales contendientes partieron del estudio de cuestiones jur�dicas distintas, m�xime que en las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no se mencion� qu� ordenamiento normativo fue analizado, para que, o en su caso, pudieran cotejarse las disposiciones y desentra�ar alguna divergencia de criterios.

De ah� que no exista obst�culo que impida resolver lo conducente, en relaci�n con la posible contradicci�n de criterios a que esta ejecutoria se refiere.

QUINTO

Precisado lo anterior, procede ahora analizar si existe la contradicci�n de tesis.

Al respecto, el art�culo 197-A de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

A fin de determinar cu�ndo existe contradicci�n de criterios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido la jurisprudencia cuyos texto y datos que la identifican son:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76).

Conforme a lo anterior, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que para que se configure una contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, es preciso que se actualicen los supuestos siguientes:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

A efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicci�n de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que deber� prevalecer, es menester tener en consideraci�n los antecedentes y la conclusi�n a la que cada Tribunal Colegiado arrib�, como se expone a continuaci�n:

A) En el asunto cuyo conocimiento correspondi� al Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, identificado como revisi�n fiscal 162/2005, se observa que Industrial Forestal del Guadiana, Sociedad An�nima de Capital Variable, demand� la nulidad de la resoluci�n administrativa de veintiuno de mayo de dos mil tres, dictada en el expediente 074/2002, por la Delegaci�n Durango de la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Ambiente, en la que se le impusieron diversas multas, lo cual deriv� de la pr�ctica de la inspecci�n en materia ambiental que dio cumplimiento a la orden de inspecci�n PFPA.E10.B001.0290/2002, de cinco de marzo de dos mil dos.

La Sala Regional que conoci� el asunto declar� la nulidad de la resoluci�n impugnada, con fundamento en los art�culos 238, fracci�n IV y 239, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, por considerar que la notificaci�n de la orden de visita de inspecci�n que dio sustento a aquella determinaci�n, no se ajust� a lo dispuesto en el art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicaci�n supletoria a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en tanto que la diligencia de inspecci�n no se entendi� con el representante legal de la empresa visitada, como lo exige aquel precepto supletorio y, adem�s, se llev� a cabo sin que mediara el citatorio previo a que el propio dispositivo se refiere.

Contra esa determinaci�n, el procurador federal de Protecci�n al Ambiente, por conducto de su representante, interpuso recurso de revisi�n fiscal, del cual conoci� el Tribunal Colegiado citado, en cuya resoluci�n revoc� la sentencia recurrida porque estim� fundado el argumento de la autoridad recurrente, relativo a que las visitas de inspecci�n y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislaci�n ambiental se encuentran �ntegramente reguladas en los art�culos del 161 al 169 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, por lo que -desde su perspectiva- en ese aspecto no procede la aplicaci�n supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en lo que ata�e a la previa notificaci�n de la orden de inspecci�n, no prevista en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico. Adem�s, expres� el �rgano colegiado, el art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo regula la forma en que deben realizarse las notificaciones de los actos administrativos, pero no se ocupa de la forma que deben revestir las visitas de inspecci�n y verificaci�n, las cuales est�n reguladas en forma �ntegra en el ordenamiento ecol�gico en cita, cuyos preceptos denotan el car�cter sorpresivo con que debe efectuarse la diligencia, por lo que la notificaci�n previa servir�a para ocultar los actos indebidos y har�a nugatoria la acci�n de la autoridad en detrimento de los derechos de la colectividad en materia ecol�gica.

Asimismo, el tribunal agreg� que, en esta materia, basta que el verificador se identifique con la persona que le atienda para que se cumpla la garant�a de legalidad, sin necesidad de que previamente se cite al particular o a su representante legal para recibir la orden de visita, ya que tal exigencia no se prev� en la ley especial. En apoyo a su criterio, el �rgano resolutor invoc� una tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativa a que las visitas administrativas se pueden entender con el encargado del lugar, pues el art�culo 16 constitucional dispone que tales diligencias deben realizarse con el ocupante del lugar; por �ltimo, el tribunal reiter� que no opera la aplicaci�n supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues la ley especial contiene normatividad espec�fica, sin que haya laguna, duda en su interpretaci�n, omisi�n o insuficiencia para su aplicaci�n al caso concreto, por lo que deb�a prevalecer la ley especial sobre la general supletoria.

B) Por su parte, respecto al asunto fallado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, en la revisi�n fiscal 54/2002-I, destaca que Besk Mexicana, Sociedad An�nima de Capital Variable, demand� la nulidad de la resoluci�n administrativa de doce de julio de dos mil uno, contenida en el oficio PFPA-DBC/SJ/TJ/-A/042/01, en la que se le impuso multa, as� como la obligaci�n de cumplir con diversas normas y/o medidas t�cnicas, por infracciones al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente en materia de residuos peligrosos e impacto ambiental, como resultado de la pr�ctica de la inspecci�n en materia ambiental, en cumplimiento a la orden de inspecci�n PFPA-DBC/UJ/I/TIJ/145/99, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, efectuada por la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Ambiente en el Estado de Baja California.

La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa que conoci� la demanda, mediante resoluci�n de dieciocho de marzo de dos mil dos, declar� la nulidad de la resoluci�n impugnada, porque sostuvo fundamentalmente que en el acta de visita de inspecci�n que dio origen a la resoluci�n impugnada constaba que se notific� a la persona que se encontr� en el domicilio, sin que previamente se dejara citatorio al representante legal de la empresa a la que se practicar�a la visita de inspecci�n, no obstante que se trataba de las visitas de inspecci�n reguladas en el art�culo 16 constitucional, el cual prev� que la autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias, sujet�ndose a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos; asimismo, que como la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente no establece las formalidades que deben seguirse para la notificaci�n de una orden de inspecci�n cuando el notificador o personal comisionado no encuentra a la persona a quien deba notificarse o al representante legal, si se trata de una persona moral se debe acudir alo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, concretamente al cap�tulo d�cimo primero denominado "De las visitas de verificaci�n" y al sexto relativo a las notificaciones, conforme a cuyos preceptos 35 y 36, si no se encuentra a la persona que debe ser notificada o a su representante legal, debe dejarse citatorio para que el interesado espere a hora fija del d�a h�bil siguiente, lo que no ocurri� en el caso analizado.

Contra esa determinaci�n, el procurador federal de Protecci�n al Ambiente interpuso el recurso de revisi�n fiscal que fue fallado a trav�s de la ejecutoria materia de la contradicci�n. En �sta, el Tribunal Colegiado sostuvo que las consideraciones de la Sala de origen fueron emitidas conforme a derecho, en raz�n de que si dentro del cap�tulo II, referente a la inspecci�n y vigilancia, de la Ley General del Equilibrio y la Protecci�n al Ambiente no se establecen las formalidades a seguir cuando deba practicarse una inspecci�n, concretamente en el supuesto de que no se encuentre al representante legal de la persona moral a inspeccionar, debe atenderse a lo previsto en los art�culos 35 y 36 de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cuanto a que una vez constituido en el domicilio correcto, el funcionario debe solicitar la presencia del representante legal de la persona moral y, en caso de no encontrarse presente, se le deje citatorio para que espere al funcionario a una hora fija del d�a siguiente para hacer entrega de la orden de inspecci�n y as�, en caso de no esperar, llevar a cabo la diligencia con la persona que se encuentre presente, con el prop�sito de que la inspecci�n se practique en presencia del representante de la persona moral, sin violaci�n al contenido del art�culo 16 constitucional, que protege al gobernado contra los actos autoritarios que constituyen molestias en su persona, familia, papeles o posesiones, pues dicho dispositivo prev� las condiciones bajo las cuales se podr�n emitir, v�lidamente, tales actos de molestia.

Los elementos descritos evidencian que en este caso se actualizan los supuestos previstos en la jurisprudencia invocada, para la existencia de la contradicci�n.

En efecto, los dos Tribunales Colegiados de que se trata se pronunciaron en torno a los mismos ordenamientos, a saber: la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente (publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintiocho de enero de mil novecientos noventa) y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que data del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Adem�s, analizaron casos similares en los que se adujo la nulidad de sendas resoluciones que impusieron multas por las irregularidades halladas en visitas de inspecci�n efectuadas conforme a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, concretamente porque se consider� que se incumpli� con la formalidad consistente en que la orden de visita de inspecci�n que dio origen a la resoluci�n combatida, no se notific� previamente a la pr�ctica de la diligencia, en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme a los cuales el inspector o verificador debi� acudir en busca del representante legal de la empresa visitada y, en caso de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo esperara a hora fija del d�a h�bil siguiente y s�lo en caso de que no aguardara a la cita del funcionario, la inspecci�n podr�a desahogarse con quien se encontrara presente.

Sobre el problema jur�dico expresado, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, estim� b�sicamente que las visitas de inspecci�n y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislaci�n ambiental, se encuentran reguladas en forma �ntegra en los art�culos del 161 al 169 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, por lo que no se dan los supuestos para que opere la aplicaci�n supletoria del art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, por ende, no puede sostenerse que la orden de visita deba notificarse previamente, adem�s, que dicho precepto regula la forma en que deben efectuarse las notificaciones de los actos administrativos, pero no se ocupa de la forma que deben revestir las visitas de inspecci�n y verificaci�n, las cuales est�n reguladas suficientemente en la ley de la materia, cuyos preceptos denotan el car�cter sorpresivo con que debe efectuarse la diligencia, la cual puede entenderse con la persona que se encuentre en el lugar a visitar; asimismo, afirm� el tribunal, para que se cumpla la garant�a de legalidad en esta materia, basta que el verificador presente la orden de inspecci�n, en la que se contenga la facultad para verificar el cumplimiento a las normas que regulan el equilibrio ecol�gico y la protecci�n ambiental, en la que se encuentre determinado el lugar y el objeto de la inspecci�n, as� como que el verificador se identifique con la persona que se encuentre presente sin que la ley exija notificaci�n anterior de la orden de inspecci�n y "sin necesidad de que previamente se cite al particular o a su representante legal, para recibir la orden en cuesti�n, ya que tal exigencia no se prev� en la ley respectiva ..."

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, consider� que como en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente no se establecen las formalidades a seguir cuando deba practicarse una visita de inspecci�n, concretamente en el supuesto de que no se encuentre al representante legal de la persona moral a inspeccionar, debe atenderse en forma supletoria a lo previsto en los art�culos 35 y 36 de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el sentido de que una vez constituido en el domicilio correcto, el funcionario debe solicitar la presencia del representante legal de la persona moral y, en caso de no encontrarlo presente, dejarle citatorio para que espere al funcionario a una hora fija del d�a h�bil siguiente para hacer entrega de la orden de inspecci�n y en el supuesto de que no aguarde a la cita, la diligencia podr� desahogarse con la persona que se encuentre presente.

Tales posturas evidencian que los �rganos colegiados de que se trata, al resolver los asuntos que participan en la presente contradicci�n, examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales que partieron de elementos similares y adoptaron posiciones o criterios jur�dicos discrepantes. Tal disparidad se dio en las consideraciones de las sentencias respectivas en las que se examinaron los mismos elementos, lo cual permite concluir que, en la especie, existe la oposici�n de criterios denunciada.

No es obst�culo a la determinaci�n apuntada, el hecho de que el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito haya juzgado un asunto en el que se aplic� la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en su texto anterior a las reformas contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, el cual, entre otros preceptos, en lo que interesa reform� los art�culos 162, segundo p�rrafo, 163, primer p�rrafo, 167, primer p�rrafo y adicion� el segundo p�rrafo al 161, el tercer p�rrafo al 163 y el segundo p�rrafo al 168, preceptos todos del ordenamiento citado.

Ello, porque tales reformas y adiciones no fueron sustanciales para que los puntos concretos de contradicci�n se vislumbraran desde una perspectiva distinta, por lo cual no influyeron en la adopci�n de las decisiones contrarias.

Se expone tal aserto, en virtud de que aquellas adiciones y reformas consistieron, b�sicamente, en que al art�culo 161 se le adicion� lo relativo a que en las zonas marinas mexicanas, la Secretar�a del Medio Ambiente, por s� o por conducto de la Secretar�a de M., realizar� los actos de inspecci�n, vigilancia y, en su caso, de imposici�n de sanciones; al segundo p�rrafo del 162 se le suprimi� lo atinente a que en la orden de inspecci�n deb�a precisarse tambi�n el alcance de la inspecci�n; en el primer p�rrafo del 163 se precis� con qu� documento debe identificarse el verificador, a saber, credencial vigente expedida por autoridad competente que lo faculte para realizar visitas de inspecci�n en la materia; al propio 163 se le adicion� el p�rrafo que contiene el caso en que, al momento de la inspecci�n, no sea posible encontrar persona que pueda ser designada como testigo, supuesto que as� se har� constar en el acta relativa sin que ello afecte su validez; en el p�rrafo primero del 167, que se refiere al requerimiento que con vista al acta de inspecci�n, la autoridad relativa debe formular al interesado para que adopte las medidas correctivas o de urgente aplicaci�n a fin de cumplir con las disposiciones aplicables, as� como al otorgamiento del plazo para que el interesado exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, s�lo se hicieron precisiones de redacci�n para darle claridad al texto; finalmente, al 168 se le adicion� el p�rrafo atinente al convenio que durante el procedimiento y antes de la resoluci�n, el interesado y la secretar�a pueden realizar, para llevar a cabo las acciones de restauraci�n o compensaci�n de da�os, a efecto de corregir las presuntas irregularidades.

Como se ve, estas reformas y adiciones no incidieron en forma alguna en los aspectos relevantes que dieron origen a la emisi�n de los criterios que se analizan.

Superado el aspecto referido, enseguida debe precisarse que el punto concreto de contradicci�n que corresponde dilucidar a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n consiste en determinar, si para el desahogo de las visitas de inspecci�n previstas en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, es aplicable supletoriamente o no, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, espec�ficamente sus normas que regulan las notificaciones y, por ende, si: a) la diligencia puede efectuarse con quien se halle presente, o b) previamente a efectuar la visita, la orden de inspecci�n debe notificarse personalmente por conducto de la persona a visitar o de su representante legal, con la exigencia de que, si no se les encuentra, se les deje citatorio para que aguarden al verificador a hora fija del d�a h�bil siguiente y s�lo en caso de que el citado no espere al funcionario, la visita podr� realizarse con quien se encuentre presente.

De manera que el problema a elucidar se concreta a establecer, si para la validez de las visitas de inspecci�n previstas en la ley que rige la materia de equilibrio ecol�gico y protecci�n ambiental, su pr�ctica debe estar precedida o no de notificaci�n personal y, en su caso, de citatorio dirigido al interesado o a su representante.

SEXTO

No es �bice para resolver la presente contradicci�n entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados, la circunstancia de que por decreto de treinta de noviembre de dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a siete de diciembre siguiente, se hayan adicionado los art�culos 167 Bis a 167 Bis 4, a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, que regulan las notificaciones de los actos emitidos con motivo de la aplicaci�n de tal ordenamiento, en los siguientes t�rminos:

(Adicionado, D.O.F. 7 de diciembre de 2005)

"Art�culo 167 Bis. Las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de la aplicaci�n de esta ley se realizar�n:

"I. Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de emplazamientos y resoluciones administrativas definitivas, sin perjuicio de que la notificaci�n de estos actos pueda efectuarse en las oficinas de las unidades administrativas competentes de la secretar�a, si las personas a quienes deba notificarse se presentan en las mismas. En este �ltimo caso, se asentar� la raz�n correspondiente;

"II. Por rotul�n, colocado en los estrados de la unidad administrativa competente, cuando la persona a quien deba notificarse no pueda ser ubicada despu�s de iniciadas las facultades de inspecci�n, vigilancia o verificaci�n a las que se refiere el presente t�tulo, o cuando no hubiera se�alado domicilio en la poblaci�n donde se encuentre ubicada la sede de la autoridad ordenadora;

"III. Por edicto, toda notificaci�n cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso cuando la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal o autorizado para tales efectos.

"Trat�ndose de actos distintos a los se�alados en la fracci�n I de este art�culo, las notificaciones podr�n realizarse por correo ordinario, mensajer�a, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a trav�s de telefax, medios de comunicaci�n electr�nica u otro similar o en las oficinas de las unidades administrativas de la secretar�a, si se presentan las personas que han de recibirlas a m�s tardar dentro del t�rmino de cinco d�as h�biles siguientes contados a partir del d�a en que se dicten los actos que han de notificarse. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad ordenadora lo haga por rotul�n, dentro del t�rmino de diez d�as h�biles contados a partir del d�a en que se dicten los actos que han de notificarse, el cual se fijar� en lugar visible de las oficinas de las unidades administrativas de la secretar�a.

"Si los interesados, sus representantes legales o las personas autorizadas por ellos, no ocurren a las oficinas de las unidades administrativas de la secretar�a, a notificarse dentro del t�rmino se�alado en el p�rrafo anterior, las notificaciones se dar�n por hechas, y surtir�n sus efectos el d�a h�bil siguiente al de la fijaci�n del rotul�n.

"De toda notificaci�n por rotul�n se agregar�, al expediente, un tanto de aquel, asent�ndose la raz�n correspondiente, y

IV. Por instructivo, solamente en el caso se�alado en el tercer p�rrafo del art�culo 167 Bis 1 de la presente ley.

(Adicionado, D.O.F. 7 de diciembre de 2005)

"Art�culo 167 Bis 1. Las notificaciones personales se har�n en el domicilio del interesado o en el �ltimo domicilio que la persona a quien se deba notificar haya se�alado en la poblaci�n donde se encuentre la sede de las unidades administrativas de la secretar�a, o bien, personalmente en el recinto oficial de �stas, cuando comparezcan voluntariamente a recibirlas en los dos primeros casos, el notificador deber� cerciorarse que se trata del domicilio del interesado o del designado para esos efectos y deber� entregar el original del acto que se notifique y copia de la constancia de notificaci�n respectiva, as� como se�alar la fecha y hora en que la notificaci�n se efect�a, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si �sta se niega, se har� constar en el acta de notificaci�n, sin que ello afecte su validez.

"Las notificaciones personales, se entender�n con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejar� citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del d�a h�bil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejar� en un lugar visible del mismo, o con el vecino m�s inmediato.

"Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificaci�n se entender� con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse �sta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizar� por instructivo que se fijar� en un lugar visible del domicilio, o con el vecino m�s cercano, lo que se har� constar en el acta de notificaci�n, sin que ello afecte su validez.

De las diligencias en que conste la notificaci�n, el notificador tomar� raz�n por escrito.

(Adicionado, D.O.F. 7 de diciembre de 2005)

Art�culo 167 Bis 2. Las notificaciones por edictos se realizar�n haciendo publicaciones que contendr�n un resumen de los actos por notificar. Dichas publicaciones deber�n efectuarse por dos d�as consecutivos en el Diario Oficial de la Federaci�n o en la Gaceta o P.�dico Oficial de la entidad federativa en la que tenga su sede la unidad administrativa que conozca del asunto y en uno de los peri�dicos diarios de mayor circulaci�n en la entidad federativa correspondiente.

(Adicionado, D.O.F. 7 de diciembre de 2005)

"Art�culo 167 Bis 3. Las notificaciones personales surtir�n sus efectos el d�a en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezar�n a correr a partir del d�a h�bil siguiente a aquel en que se haya surtido efectos la notificaci�n.

"Se tendr� como fecha de notificaci�n por correo certificado la que conste en el acuse de recibo.

"En las notificaciones por edictos se tendr� como fecha de notificaci�n la de la �ltima publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n o en la Gaceta o P.�dico Oficial de la entidad federativa en la que se tenga su sede la unidad administrativa de la secretar�a que orden� la publicaci�n y en un (sic) de los peri�dicos diarios de mayor circulaci�n en la entidad federativa correspondiente.

Las notificaciones por rotul�n surtir�n sus efectos al d�a h�bil siguiente al de la fijaci�n del mismo.

(Adicionado, D.O.F. 7 de diciembre de 2005)

Art�culo 167 Bis 4. Toda notificaci�n deber� efectuarse en un plazo m�ximo de quince d�as h�biles, contados a partir de la emisi�n de la resoluci�n o acto que se notifique, y deber� contener el texto �ntegro del acto, as� como el fundamento legal en que se apoye con la indicaci�n de si es o no definitivo en la v�a administrativa, y en su caso, la expresi�n del recurso administrativo que contra la misma proceda, �rgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposici�n.

Lo anterior, porque aun cuando la materia de la contradicci�n tiene que ver con la circunstancia relativa a si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo debe aplicarse supletoriamente a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente o no, espec�ficamente en materia de notificaciones, que fue el objeto de la adici�n a la ley citada en �ltimo t�rmino, lo cierto es que conforme a lo dispuesto en el art�culo �nico transitorio del decreto citado, �ste entr� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n, por lo cual, al ser reciente la reforma, algunos procedimientos que iniciaron conforme al texto legal anterior a la entrada en vigor de las adiciones de m�rito, a�n pueden encontrarse en tr�mite o pendientes de resoluci�n y como, adem�s, es evidente que tales procedimientos deben juzgarse conforme al texto que estaba vigente cuando se llevaron a cabo las diligencias respectivas; por tanto, se considera necesario, por razones de seguridad jur�dica de quienes se encuentren en este supuesto, resolver el punto de derecho sobre el cual los Tribunales Colegiados de Circuito sustentan posturas contradictorias.

Es aplicable al caso, por analog�a, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que esta Segunda Sala hace suya, cuyos texto y datos de publicaci�n son los siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicci�n de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido �nico de la resoluci�n que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 197-A de la Ley de Amparo, la definici�n del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedanencontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicci�n." (Novena �poca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., diciembre de 2003, tesis 1a./J. 64/2003, p�gina 23).

Consecuentemente, la determinaci�n que se adopte en esta ejecutoria habr� de partir del examen de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en su texto anterior a las adiciones contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de diciembre de dos mil cinco, porque es el que los tribunales contendientes analizaron.

S�PTIMO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta ejecutoria.

A efecto de obtener un panorama del tema a dilucidar, es pertinente reproducir a la letra el art�culo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, situada en el cap�tulo I (De las disposiciones generales) del t�tulo sexto de dicho ordenamiento, atinente a las medidas de control y de seguridad y sanciones, que dispone:

"Art�culo 160. Las disposiciones de este t�tulo se aplicar�n en la realizaci�n de actos de inspecci�n y vigilancia, ejecuci�n de medidas de seguridad, determinaci�n de infracciones administrativas y de comisi�n de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta ley, salvo que otras leyes regulen en forma espec�fica dichas cuestiones, en relaci�n con las materias de que trata este propio ordenamiento.

(Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

"En las materias anteriormente se�aladas, se aplicar�n supletoriamente las disposiciones de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo y sobre M.�a y N.�n.

(Adicionado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

"Trat�ndose de materias referidas en esta ley que se encuentran reguladas por leyes especiales, el presente ordenamiento ser� de aplicaci�n supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de inspecci�n y vigilancia."

Como se observa en el dispositivo transcrito, la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en las materias de inspecci�n y vigilancia, entre otras, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esa ley, autoriza la aplicaci�n supletoria de las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal sobre M.�a y N.�n.

Ahora bien, la supletoriedad es una figura jur�dica que implica la acci�n de suplir una deficiencia o regulaci�n incorrecta de una ley, con otra en la que se encuentre regulada la instituci�n o figura a suplir. En este contexto, deben existir dos leyes:

  1. La ley a suplir, y

  2. La ley supletoria.

    En este caso, la ley a suplir debe mencionar en su texto, de manera expresa, el ordenamiento legal que deba ser supletorio, es decir, la supletoriedad debe preverse expresamente en el ordenamiento a suplir, caracter�stica sin la cual no puede existir la figura de la supletoriedad.

    En relaci�n con el tema de la supletoriedad, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido en diversos criterios, que el legislador ordinario al dictar la norma de derecho, lo hace con un sentido abstracto; sin embargo, la aplicaci�n de la norma al caso concreto presenta dificultades frecuentemente, ya sea porque ciertos matices del hecho enjuiciado la hagan susceptible de interpretaci�n respecto a la exacta aplicabilidad de la norma, o bien, porque el legislador no haya previsto el caso, dando lugar a "lagunas" en la ley.

    As�, cuando en la distribuci�n normativa se presenta alg�n vac�o legislativo que quebranta la estructura total y continua regulada por el derecho positivo, se manifiesta el problema de la aplicaci�n individualizada de la ley. En este tenor, en la doctrina se han desarrollado diversas teor�as que explican la individualizaci�n normativa al caso concreto ante la existencia de "lagunas", mediante la integraci�n legislativa, asimismo, en el derecho positivo el legislador reconoce la existencia de esas "lagunas" o vac�os legislativos del sistema regulatorio puesto que, incluso, indica c�mo deben colmarse.

    Cuando tal evento sucede, al aplicar la norma el juzgador debe realizar una labor interpretativa mediante la utilizaci�n de los m�todos hermen�uticos que, desde su perspectiva, desentra�en el sentido del contexto normativo para determinar el orden mejor y m�s justo del ordenamiento correspondiente.

    Entre los m�todos hermen�uticos est� la integraci�n legislativa o supletoriedad de la norma.

    Para exponer con claridad los anteriores aspectos, es �til acudir a las posturas doctrinarias expuestas al respecto, con apoyo en lo dispuesto en la tesis de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos texto y datos que la identifican se reproducen enseguida:

    "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE AN�LISIS Y APOYO EN LA FORMULACI�N DE SENTENCIAS, CON LA CONDICI�N DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JUR�DICAS. En el sistema jur�dico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su �ltimo p�rrafo, s�lo ofrece un criterio orientador, al se�alar que ?En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o la interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta se fundar� en los principios generales del derecho.?; mientras que en su p�rrafo tercero dispone que ?En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analog�a, y aun por mayor�a de raz�n, pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.?. Sin embargo, es pr�ctica reiterada en la formulaci�n de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de an�lisis y apoyo, as� como interpretar que la regla relativa a la materia penal de car�cter restrictivo s�lo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las dem�s, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la funci�n jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de l�gica jur�dica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentra�ar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jur�dico responde a la intenci�n del legislador de que sea expresi�n de justicia, de acuerdo con la visi�n que de ese valor se tenga en el sitio y �poca en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a trav�s de la transcripci�n del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogm�tica, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jur�dicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., mayo de 2001, tesis 2a. LXIII/2001, p�gina 448).

    Al resolver por unanimidad de votos las contradicciones de tesis 43/2004-SS, en sesi�n del veintiocho de mayo de dos mil cuatro, y 60/2005, el doce de agosto de dos mil cinco, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n invoc� los siguientes criterios provenientes de la doctrina:

    F.C.V.S. establece la existencia de dos tipos de normas, a saber: las absolutas o imperativas y las supletorias, en donde las primeras contienen mandatos que no dejan lugar a dudas sobre la aplicaci�n de sus principios generales, mientras que las de �ndole supletoria permiten la aplicaci�n de tales principios a otra u otras normas.

    Entre las teor�as modernas, la de Kelsen es una de las m�s representativas en la materia, quien al respecto se�ala:

    "�C�mo deducir de la norma general de la ley, en su aplicaci�n a un caso concreto, la especial de la sentencia o el acto administrativo? As� como las leyes ordinarias se encuentran condicionadas a la Constituci�n, y las reglamentarias por las ordinarias, entre �stas y las individualizadas existe una relaci�n del mismo tipo. Toda norma de grado superior determina, en cierto modo, a la de rango inferior. Mas la determinaci�n de que hablamos no es, ni puede ser completa. En la aplicaci�n de la norma cualquiera interviene siempre, en mayor o menor grado, la iniciativa del �rgano que la aplica, porque no es posible que aqu�lla reglamente en todos sus pormenores el acto de aplicaci�n. ... Cuando se habla de lagunas, lo que quiere expresarse es que las soluciones posibles consid�rense injustas, en cuanto se piensa que si el legislador hubiera tenido presente el caso especial, lo habr�a reglamentado en forma completamente diversa de aquella o aquellas que del texto de la ley se infieren. La ?laguna? no es m�s que la diferencia entre el derecho positivo y un orden tenido por mejor y m�s justo. S�lo puede afirmarse una laguna cuando se compara el derecho existente con el que, en opini�n del sujeto, ?deb�a ser?. ... Las lagunas t�cnicas existen cuando el legislador ha omitido reglamentar algo que era indispensable para hacer posible la aplicaci�n de un precepto cuyas consecuencias del car�cter m�s o menos indeterminadas y generales de la ley. ..." (Citado por E.G.�a M�ynez, I.�n al Estudio del Derecho, Editorial Porr�a, S.A., quincuag�sima primera edici�n, M�xico, 2000, p�ginas 353 y 354).

    Por su parte, el Diccionario Jur�dico Mexicano, bajo la voz ley supletoria, explica:

    "I. D�cese de la aplicaci�n supletoria o complementaria de una ley respecto de otra. ... II. Cuando la referencia de una ley a otras es expresa, debe entenderse que la aplicaci�n de las supletorias se har� en los supuestos no contemplados por la primera ley y que la complementar� ante posibles omisiones o para la interpretaci�n de sus disposiciones. Por ello, la doctrina considera que las referencias a leyes supletorias son la determinaci�n de las fuentes a las cuales una ley acudir� para deducir sus principios y subsanar sus omisiones." (Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, Instituto de Investigaciones Jur�dicas, Editorial Porr�a, S.A., M�xico, 1997, p�ginas 1979 y 1980).

    As�, ante la existencia de un vac�o legislativo, el propio creador de las leyes dispone de la figura jur�dica de la supletoriedad, que no es otra cosa que, citando a Kelsen, la diferencia entre el derecho positivo y un orden tenido por mejor o m�s justo. Por ello, la supletoriedad de una ley a otra debe ser expresa, puesto que s�lo se aplica para integrar una omisi�n en la ley o para interpretar sus disposiciones de forma que se complemente con principios generales contenidos en otras leyes.

    De esta manera, la supletoriedad es un medio de aplicaci�n legislativa para dar debida coherencia al sistema jur�dico. El car�cter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, de una integraci�n y reenv�o de una ley a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulaci�n de la ley suplida.

    La supletoriedad es, entonces, un principio de econom�a e integraci�n legislativa para evitar, por una parte, la reiteraci�n de tales principios y, por otra, la posibilidad de confirmaci�n de los preceptos especiales en la ley suplida; por tanto, en la enumeraci�n expresa de leyes supletorias se establecen rangos prioritarios en su aplicaci�n sobre la materia de la ley que se suple.

    Ahora bien, en relaci�n con la aplicaci�n supletoria de la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado, entre otras, las tesis con los textos y datos de publicaci�n siguientes:

    "LEYES. APLICACI�N SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la instituci�n cuya reglamentaci�n se trata de completar por medio de esa aplicaci�n supletoria." (Sexta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen XXVII, Tercera Parte, p�gina 42).

    "LEYES SUPLETORIAS, APLICACI�N DE LAS. Solamente se aplicar�n las leyes supletorias en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentran carentes de reglamentaci�n o deficientemente reglamentadas." (Quinta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo CXI, p�gina 1022).

    "LEYES SUPLETORIAS, APLICACI�N DE. La aplicaci�n de leyes supletorias es para aquellos casos no comprendidos en las leyes especiales, y que requieren, para ser aplicables, que se subsanen las omisiones o deficiencias de �stas, a fin de hacer posible la resoluci�n del problema jur�dico a debate; por tanto, si la Ley del Impuesto sobre Alcoholes, especifica las infracciones que contra ella pueden cometerse y organiza los procedimientos que los productores deben seguir, para la redacci�n de los asientos en sus libros, no necesita en tales casos, ni que se complementen ni que se aclaren sus disposiciones por las de la Ley del Timbre." (Quinta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LIX, p�gina 18).

    "LEYES SUPLETORIAS. Si bien los C�digos de Procedimientos Civiles de cada Estado, son supletorios del de Comercio, esto no debe entenderse de modo absoluto, sino s�lo cuando falten disposiciones expresas sobre determinado punto en el c�digo mercantil, y a condici�n de que no pugnen con otras que indiquen la intenci�n del legislador, para suprimir reglas de procedimiento o de pruebas." (Quinta �poca, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXV, p�gina 67).

    "SUPLETORIEDAD DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. S�LO PROCEDE EN AMPARO RESPECTO DE INSTITUCIONES QUE PREV� LA LEY ESPEC�FICA. La supletoriedad del C�digo Federal de Procedimientos Civiles a la materia de amparo se produce exclusivamente cuando la ley espec�fica contempla la instituci�n pero no se se�alan algunas o todas las reglas de su aplicaci�n, mas tal supletoriedad no puede efectuarse respecto de instituciones no previstas en el ordenamiento a suplir." (Octava �poca, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, T.V., junio de 1991, tesis 3a. CX/91, p�gina 100).

    Conforme a los criterios citados, la aplicaci�n supletoria de las normas legales s�lo es v�lida cuando no obstante que la instituci�n de que se trate est� contenida en la ley originaria, �sta no la regule con la amplitud, exhaustividad y profundidad necesaria, esto es, aunque la instituci�n est� prevista, no se estructure en detalle, por tanto, para la aplicaci�n supletoria de una ley a otra es preciso que:

  3. La ley a suplir contemple la instituci�n respecto de la que se pretenda la aplicaci�n supletoria.

  4. La instituci�n comprendida en la ley a suplir no tenga la reglamentaci�n requerida, o bien, que conteni�ndola, �sta sea deficiente.

    Sin embargo, el criterio anterior ha sido superado por este Alto Tribunal, en el sentido de que en la aplicaci�n supletoria de la ley no es indispensable que el ordenamiento que permite dicha supletoriedad regule la instituci�n a suplir, con tal de que �sta sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple. As� se observa en la jurisprudencia en que se determin�, que la aclaraci�n de sentencia de amparo, aunque no est� prevista en la ley de la materia es necesaria, porque el art�culo 17 constitucional garantiza el derecho de los gobernados a que se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, por lo que al existir discrepancia entre la sentencia como acto jur�dico y la sentencia como documento, es necesario modificar este �ltimo para adecuarlo a aqu�lla. El texto y datos de identificaci�n de la tesis de m�rito, son los siguientes:

    "ACLARACI�N DE SENTENCIAS DE AMPARO. S�LO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaraci�n de sentencias es una instituci�n procesal que, sin reunir las caracter�sticas de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, as� como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garant�as, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constituci�n y en la jurisprudencia, y sus caracter�sticas de las peculiaridades del juicio de amparo. De aqu�lla, se toma en consideraci�n que su art�culo 17 eleva a la categor�a de garant�a individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la instituci�n procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilaci�n de 1995, T.V., p�gina 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jur�dico de decisi�n y como documento, que �ste es la representaci�n del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad s�lo es atribuible a �ste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el J. debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jur�dico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el J. o tribunal que las dict� puede, v�lidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, m�xime si el error material puede impedir su ejecuci�n, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podr� ser cumplido. Sin embargo, la aclaraci�n s�lo procede trat�ndose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., diciembre de 1997, tesis P./J. 94/97, p�gina 6).

    En relaci�n con el tema de la supletoriedad, esta Segunda Sala ha sustentado tambi�n el criterio relativo a que s�lo es v�lido acudir a tal figura jur�dica, cuando existe un vac�o legislativo en la ley, mas no ante el silencio del legislador respecto de situaciones que no tuvo la intenci�n de establecer en la ley que permite dicha supletoriedad.

    As� se advierte de las tesis cuyos textos y datos de identificaci�n se precisan a continuaci�n:

    "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL BUROCR�TICO. EN CONTRA DE LA RESOLUCI�N QUE DIRIME ESA CUESTI�N, PREVIAMENTE AL FONDO, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISI�N QUE PREV� EL ART�CULO 164, FRACCI�N I, DEL C�DIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. De la interpretaci�n literal de dicho precepto, se advierte que el legislador estatal otorg� competencia al Tribunal de Arbitraje de esa entidad federativa para resolver en revisi�n los conflictos individuales que se susciten entre la administraci�n o sus representantes y sus trabajadores, de donde se sigue que la procedencia de ese recurso se refiere a las controversias de naturaleza laboral que tramita y resuelve en primera instancia una Junta Arbitral, es decir, a los conflictos individuales de trabajo que, por l�gica, para ser revisados deben ser concluidos, por lo que dichorecurso no procede en contra de la resoluci�n interlocutoria que decide sobre la personalidad de una de las partes en el juicio laboral burocr�tico, en virtud de que no constituye un conflicto individual a los que alude el numeral citado. Adem�s, por las caracter�sticas del proceso laboral que regula el C�digo Administrativo del Estado de Chihuahua, el cual es predominantemente oral, no es posible considerar que el legislador haya tenido la intenci�n de hacer procedente el recurso de revisi�n en contra de aquella resoluci�n, ya que por la naturaleza de ese proceso, se restringe el empleo de medios impugnativos para combatir resoluciones intermedias, a fin de lograr su mayor econom�a, concentraci�n y sencillez, tan es as�, que la regla general es que cualquier incidencia que se presente durante la sustanciaci�n del juicio, debe ser resuelta de plano en la misma audiencia que concluye con el fallo definitivo, de tal modo que s�lo �ste sea el que, en su caso, justifique la procedencia del recurso de revisi�n, sin que exista necesidad de acudir a la figura jur�dica de la supletoriedad de leyes, porque �sta s�lo opera trat�ndose de omisiones o vac�os legislativos, mas no respecto de situaciones que el legislador no tuvo intenci�n de establecer." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., marzo de 2003, tesis 2a./J. 13/2003, p�gina 302).

    "INCIDENTE DE LIQUIDACI�N DE LAUDO. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O DEL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 164, FRACCI�N I, DEL C�DIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. De la interpretaci�n literal de dicho precepto, se advierte que el legislador estatal otorg� competencia al Tribunal de Arbitraje de esa entidad federativa para resolver en revisi�n los conflictos individuales que se susciten entre la administraci�n o sus representantes y sus trabajadores, de donde se sigue que la procedencia de ese recurso se refiere a las controversias de naturaleza laboral que tramita y resuelve en primera instancia una Junta Arbitral, es decir, a los conflictos individuales de trabajo que, por l�gica, para ser revisados deben ser concluidos. En ese tenor, el referido recurso no procede en contra de la interlocutoria que resuelve o el acuerdo que desecha un incidente de liquidaci�n de laudo, por ser posterior a la resoluci�n de fondo y no constituir un conflicto individual a los que alude el numeral citado. Lo anterior es as�, porque si en el t�tulo cuarto del c�digo administrativo citado, que se refiere a las relaciones del Estado con sus trabajadores, incluido el cap�tulo s�ptimo que alude al procedimiento laboral, el legislador no incluy� norma alguna que establezca de manera espec�fica la procedencia del recurso de revisi�n contra determinadas resoluciones, y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sostuvo en la contradicci�n de tesis 138/2002, el criterio de que el silencio del legislador implica que el citado recurso de revisi�n no procede contra resoluciones intermedias o actos intraprocesales, en raz�n de que se ver�an afectados los fines de un proceso predominantemente oral que se rige por los principios de mayor econom�a, concentraci�n y sencillez, pues ese tipo de determinaciones no constituyen el conflicto individual a que alude el referido art�culo 164, fracci�n I, es indudable que, por igualdad de raz�n, tampoco procede el mencionado recurso en contra de la resoluci�n que decide o el acuerdo que desecha un incidente de liquidaci�n de laudo, a pesar de que sea posterior a la resoluci�n de fondo, pues no ser�a l�gico ni jur�dico estimar que una norma de competencia, como lo es el art�culo �ltimamente citado, establezca la procedencia gen�rica del recurso de revisi�n contra todo tipo de resoluciones, cuando por razones de seguridad jur�dica deben fijarse normas de procedencia espec�fica, de modo que si ello no acontece, el juzgador no puede sustituir al legislador estatal en la determinaci�n de procedencia del recurso, pues la interpretaci�n extensiva de la norma afectar�a los principios procesales de un juicio predominantemente oral, sin que exista necesidad de acudir a la figura jur�dica de la supletoriedad que prev� el art�culo 77 del c�digo invocado, porque �sta s�lo opera trat�ndose de omisiones o vac�os legislativos, mas no respecto de situaciones que el legislador no tuvo intenci�n de establecer." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2003, tesis 2a./J. 28/2003, p�gina 192).

    En el contexto apuntado, a continuaci�n procede analizar el problema jur�dico a esclarecer en esta contradicci�n de tesis, con la precisi�n de que conforme a los presupuestos que rigen la figura de la supletoriedad que se han mencionado, en este caso debe destacarse nuevamente que el art�culo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente hace referencia expresa, en primer t�rmino, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como supletoria a aquella legislaci�n, es decir, la ley de que se trata admite expresamente la supletoriedad y se�ala cu�l es la ley supletoria.

    Ahora bien, los art�culos 161 a 169, integrantes del cap�tulo II "Inspecci�n y vigilancia", del t�tulo sexto denominado "Medidas de control y de seguridad y sanciones", de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en su texto anterior a las adiciones contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de diciembre de dos mil cinco, establecen lo siguiente:

    (Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    "Art�culo 161. La secretar�a realizar� los actos de inspecci�n y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, as� como de las que del mismo se deriven.

    (Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 2001)

    "En las zonas marinas mexicanas la secretar�a, por s� o por conducto de la Secretar�a de M., realizar� los actos de inspecci�n, vigilancia y, en su caso, de imposici�n de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta ley."

    "Art�culo 162. Las autoridades competentes podr�n realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspecci�n, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.

    (Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2001)

    "Dicho personal, al realizar las visitas de inspecci�n, deber� contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspecci�n o verificaci�n, as� como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisar� el lugar o zona que habr� de inspeccionarse y el objeto de la diligencia."

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2001)

    "Art�culo 163. El personal autorizado, al iniciar la inspecci�n, se identificar� debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibi�ndole, para tal efecto credencial vigente con fotograf�a, expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspecci�n en la materia, y le mostrar� la orden respectiva, entreg�ndole copia de la misma con firma aut�grafa, requiri�ndola para que en el acto designe dos testigos.

    "En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podr� designarlos, haciendo constar esta situaci�n en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspecci�n.

    (Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 2001)

    En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada como testigo, el personal actuante deber� asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la misma.

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    "Art�culo 164. En toda visita de inspecci�n se levantar� acta, en la que se har�n constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, as� como lo previsto en el art�culo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

    (Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    "Concluida la inspecci�n, se dar� oportunidad a la persona con la que se entendi� la diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relaci�n con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el t�rmino de cinco d�as siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.

    "A continuaci�n se proceder� a firmar el acta por la persona con quien se entendi� la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregar� copia del acta al interesado.

    "Si la persona con quien se entendi� la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentar�n en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio."

    "Art�culo 165. La persona con quien se entienda la diligencia estar� obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspecci�n en los t�rminos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el art�culo 162 de esta ley, as� como a proporcionar toda clase de informaci�n que conduzca a la verificaci�n del cumplimiento de esta ley y dem�s disposiciones aplicables, con excepci�n de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la ley. La informaci�n deber� mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si as� lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial."

    Art�culo 166. La autoridad competente podr� solicitar el auxilio de la fuerza p�blica para efectuar la visita de inspecci�n, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la pr�ctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2001)

    "Art�culo 167. Recibida el acta de inspecci�n por la autoridad ordenadora, requerir� al interesado, cuando proceda, mediante notificaci�n personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicaci�n que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jur�dicas aplicables, as� como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, se�alando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deber� se�alarse al interesado que cuenta con un t�rmino de quince d�as para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relaci�n con la actuaci�n de la secretar�a.

    (Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el p�rrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondr�n a su disposici�n las actuaciones, para que en un plazo de tres d�as h�biles, presente por escrito sus alegatos.

    (Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    "Art�culo 168. Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el t�rmino para presentarlos, la secretar�a proceder�, dentro de los veinte d�as siguientes, a dictar por escrito la resoluci�n respectiva, misma que se notificar� al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

    (Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 2001)

    "Durante el procedimiento y antes de que se dicte resoluci�n, el interesado y la secretar�a, a petici�n del primero, podr�n convenir la realizaci�n de las acciones de restauraci�n o compensaci�n de da�os necesarias para la correcci�n de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentaci�n y evaluaci�n de dicho convenio, se llevar� a cabo en los t�rminos del art�culo 169 de esta ley."

    "Art�culo 169. En la resoluci�n administrativa correspondiente, se se�alar�n o, en su caso, adicionar�n, las medidas que deber�n llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.

    "Dentro de los cinco d�as h�biles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, �ste deber� comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los t�rminos del requerimiento respectivo.

    (Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    "Cuando se trate de segunda o posterior inspecci�n para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podr� imponer adem�s de la sanci�n o sanciones que procedan conforme al art�culo 171 de esta ley, una multa adicional que no exceda de los l�mites m�ximos se�alados en dicho precepto.

    (Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    "En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicaci�n o subsane las irregularidades detectadas, en los plazos ordenados por la secretar�a, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, y no se trate de alguno de los supuestos previstos en el art�culo 170 de esta ley, �sta podr� revocar o modificar la sanci�n o sanciones impuestas.

    (Adicionado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    En los casos en que proceda, la autoridad federal har� del conocimiento del Ministerio P�blico la realizaci�n de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o m�s delitos.

    Los preceptos transcritos patentizan que la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente regula, en cap�tulo espec�fico, todos los aspectos atinentes a los actos de inspecci�n y vigilancia. Entre las normas citadas, la ley refiere expresamente la manera en que deben desarrollarse las visitas de inspecci�n, orientadas a verificar el cumplimiento a las disposiciones del propio ordenamiento y de las que de �ste deriven, as� como los actos que posteriormente debe emitir la autoridad administrativa en aquellos casos en que las visitas de inspecci�n arrojen la existencia de deficiencias o irregularidades.

    Se observa tambi�n, por una parte, que los art�culos 162 a 164 citados, contienen en forma detallada, el procedimiento que los verificadores autorizados deben observar para llevar a cabo las visitas de inspecci�n, con el prop�sito de comprobar el cumplimiento a la ley de la materia y a las disposiciones que de ella deriven; de igual forma, en tales preceptos se prev� la forma en que las autoridades competentes deben sortear las contingencias surgidas en el momento de la inspecci�n.

    Por su parte, el diverso precepto 165 del ordenamiento en cita, establece a cargo de la persona con quien se entienda la diligencia, la obligaci�n de permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspecci�n, as� como a proporcionar toda clase de informaci�n que conduzca a la verificaci�n del cumplimiento de la ley de la materia y dem�s disposiciones aplicables (salvo lo relativo a derechos de propiedad industrial, que sean confidenciales conforme a la ley), mientras que el art�culo 166 citado prev� la facultad de la autoridad competente para solicitar el auxilio de la fuerza p�blica, con independencia de las sanciones que corresponda, a fin de vencer la resistencia de quienes obstaculicen o se opongan a la pr�ctica de la diligencia.

    Conforme a la legislaci�n citada, para la realizaci�n de las visitas de inspecci�n previamente debe existir orden escrita, debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precise el lugar o zona que habr� de inspeccionarse y el objeto de la diligencia. Los funcionarios autorizados para efectuar las visitas de inspecci�n o verificaci�n deben contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspecci�n, as� como la orden escrita con los requisitos mencionados.

    Ahora bien, para la pr�ctica material de la diligencia de inspecci�n, el personal autorizado debe conducirse en los siguientes t�rminos:

  5. Al iniciar la inspecci�n, debe identificarse debidamente con la persona con quien entienda la diligencia, mediante la exhibici�n de credencial vigente con fotograf�a, expedida por autoridad competente, que lo acredite para realizar visitas de inspecci�n en la materia.

  6. Debe mostrarle a la misma persona, la orden respectiva y entregarle copia de �sta con firma aut�grafa, requiri�ndola para que en el acto designe dos testigos.

  7. En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal actuante puede nombrarlos, situaci�n que debe hacerse constar en el acta que se levante. Si no es posible encontrar en el lugar de la visita, persona que pudiera ser designada como testigo, tal circunstancia se debe asentar tambi�n en el acta.

  8. Debe levantarse acta de la visita de inspecci�n, en la que se hagan constar, en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se presenten en la diligencia, as� como lo previsto en el art�culo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual exige el asentamiento de los siguientes datos:

    I) nombre, denominaci�n o raz�n social del visitado;

    II) hora, d�a, mes y a�o en que se inicie y concluya la diligencia;

    III) calle, n�mero, poblaci�n o colonia, tel�fono u otra forma de comunicaci�n disponible, Municipio o delegaci�n, c�digo postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;

    IV) n�mero y fecha del oficio de comisi�n que la motiv�;

    V) nombre y cargo de la persona con quien se entendi� la diligencia;

    VI) nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;

    VII) datos relativos a la actuaci�n;

    VIII) declaraci�n del visitado, si quisiera hacerla; y,

    IX) nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluidos los de quien la haya llevado a cabo. En su caso, debe asentarse si el visitado o su representante legal se negaron a firmar.

  9. Al concluir la inspecci�n, debe darse oportunidad a la persona con la que se entendi� la diligencia, para que en el mismo acto formule observaciones en relaci�n con los hechos u omisiones asentados en el acta, as� como para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el t�rmino de cinco d�as siguientes al de la pr�ctica de la diligencia.

  10. Firmar el acta junto con la persona con quien se entendi� la diligencia y los testigos, as� como entregarle al interesado copia del acta. En su caso, debe hacerse constar que la persona con quien se entendi� la diligencia o los testigos se negaron a firmar, o que el interesado se neg� a aceptar copia de la actuaci�n de m�rito.

    Por otra parte, dentro de los preceptos transcritos de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, se advierte que tal ordenamiento establece, expresamente, los casos en que las resoluciones relativas deben notificarse personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. As� ocurre en los supuestos previstos en los art�culos 167 y 168 del ordenamiento de que se trata.

    En el primero de ellos se dispone que despu�s de recibir el acta de inspecci�n, cuando proceda, la autoridad ordenadora debe requerir (a trav�s de documento fundado y motivado) al interesado, mediante notificaci�n personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro del plazo que corresponda adopte, de inmediato, las medidas correctivas o de urgente aplicaci�n que, en su caso, resulten necesarias paracumplir con las disposiciones jur�dicas aplicables, as� como con los documentos relativos; momento en el cual debe se�alarse al interesado, que cuenta con el plazo de quince d�as para exponer lo que a su derecho convenga y, en su caso, aportar las pruebas que considere pertinentes en relaci�n con la actuaci�n de la autoridad.

    En el segundo precepto citado, se establece que la resoluci�n que se emita en el procedimiento derivado de la visita de inspecci�n debe notificarse al interesado, personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo.

    El panorama expuesto permite advertir que la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente establece en forma pormenorizada, las formalidades que el personal autorizado debe observar al momento de efectuar una visita de inspecci�n o verificaci�n; asimismo, dicho ordenamiento prev� expresamente, cu�les son las resoluciones respecto de las que debe efectuarse notificaci�n personal al interesado.

    No obstante esta previsi�n acerca de las resoluciones que deben notificarse personalmente, la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, hasta antes del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de diciembre de dos mil cinco, no conten�a reglas espec�ficas, conforme a las cuales debieran llevarse a cabo las notificaciones ordenadas en tal legislaci�n.

    Ante esa laguna legal, indudablemente que para realizar alguna notificaci�n ordenada de manera expresa en la ley de m�rito, conforme a su texto anterior al decreto de adiciones citado, est� justificado a plenitud que se acuda, en forma supletoria, a las normas integrantes del cap�tulo sexto (De las notificaciones) del t�tulo tercero (Del procedimiento administrativo) de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por disposici�n expl�cita del art�culo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, pues aunque esta �ltima ordena que determinados actos se notifiquen personalmente o por correo certificado a los interesados, en su texto anterior a las adiciones del decreto publicado el siete de diciembre de dos mil cinco, no conten�a reglas que, en forma concreta, especificaran la manera de efectuar tales notificaciones.

    Consecuentemente, en el caso de los actos emitidos en el procedimiento administrativo iniciado con la visita de inspecci�n, previstos en los art�culos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, es decir: a) el requerimiento al interesado para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicaci�n relativas y para comunicarle que cuenta con quince d�as para exponer lo que a su derecho convenga y, en su caso, aportar las pruebas que considere pertinentes, y b) la resoluci�n emitida en el procedimiento al que la visita de inspecci�n haya dado origen; la notificaci�n personal ordenada por la ley de la materia (en su texto anterior a las adiciones del decreto publicado el siete de diciembre de dos mil cinco) debe realizarse en los t�rminos prescritos en los art�culos 35 a 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicaci�n supletoria, conforme al precepto 160 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente.

    Los preceptos citados de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo -supletoria- prev�n que las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podr�n realizarse: personalmente; mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo; mediante telefax, medios de comunicaci�n electr�nica o cualquier otro conducto (cuando as� lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse en forma fehaciente la recepci�n de los mismos); as� como por edicto. Para actos distintos, tales dispositivos autorizan que sean notificados: por correo ordinario, mensajer�a, telegrama o previa solicitud escrita del interesado, a trav�s de telefax, medios de comunicaci�n electr�nica u otro medio similar.

    Ahora bien, en cuanto a las notificaciones personales y por correo certificado, los preceptos invocados disponen, sustancialmente, que:

    - Salvo cuando exista impedimento jur�dico para hacerlo, la resoluci�n administrativa definitiva debe notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajer�a, en ambos casos con acuse de recibo, siempre que los solicitantes hayan adjuntado al promover el tr�mite el comprobante de pago del servicio respectivo.

    - Las notificaciones personales deben realizarse en el domicilio del interesado o en el �ltimo domicilio que la persona a quien se deba notificar haya se�alado ante los �rganos administrativos, en el procedimiento de que se trate.

    - El notificador debe cerciorarse del domicilio del interesado y entregar copia del acto que se notifique, as� como se�alar la fecha y hora en que la notificaci�n se efect�a, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia, cuya negativa debe hacerla constar en el acta de notificaci�n.

    - Las notificaciones personales deben entenderse con la persona que deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador debe dejar citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del d�a h�bil siguiente. Si el domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se dejar� con el vecino m�s inmediato.

    - Si el interesado no atendiere el citatorio, la notificaci�n se entender� con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y de negarse �sta a recibirla o de encontrarse cerrado el domicilio, la notificaci�n se debe realizar por instructivo que se fijar� en lugar visible del domicilio. De todo ello, el notificador debe tomar raz�n por escrito.

    - Cuando las leyes respectivas as� lo determinen y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, la segunda publicaci�n del acto respectivo en el Diario Oficial de la Federaci�n tendr� efectos de notificaci�n personal.

    - Las notificaciones personales surten efectos el d�a en que hubieren sido realizadas y los plazos empezar�n a correr a partir del d�a siguiente.

    - Se tendr� como fecha de notificaci�n por correo certificado, la que conste en el acuse de recibo.

    - Toda notificaci�n debe efectuarse dentro del plazo de diez d�as, a partir de la emisi�n de la resoluci�n o acto relativo y deber� contener el texto �ntegro del acto, as� como el fundamento legal en que se apoye, con la indicaci�n de si es o no definitivo en la v�a administrativa y, en su caso, la expresi�n del recurso administrativo que en su contra proceda, �rgano ante el cual deba presentarse y el plazo para su interposici�n.

    Las formalidades precisadas, en lo conducente, son aplicables de manera supletoria para establecer en qu� lapso y c�mo se deben llevar a cabo las notificaciones de los actos emitidos en el procedimiento administrativo al que la visita de inspecci�n haya dado origen, que la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente prev�, expresamente, que deben realizarse en forma personal o por correo certificado, con acuse de recibo; as� como para determinar, cu�ndo surten efectos tales notificaciones y a partir de qu� momento inicia el c�mputo del plazo que se otorga al interesado, para que adopte las medidas correctivas o de urgente aplicaci�n correspondientes, as� como del diverso lapso de quince d�as que la ley le otorga para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere pertinentes, en relaci�n con la actuaci�n de la autoridad administrativa y del plazo legal para interponer el recurso de revisi�n, previsto en el art�culo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, contra la resoluci�n emitida en el procedimiento al que la visita de inspecci�n haya dado origen.

    Todo lo anterior es necesario que quede debidamente clarificado, puesto que la notificaci�n es un acto procesal vinculado a la garant�a de audiencia consagrada en el art�culo 14 constitucional, cuyo prop�sito fundamental consiste en que ninguna persona pueda ser afectada en su vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, mediante actos de privaci�n definitivos sin haber tenido la oportunidad de defenderse en forma adecuada.

    De este principio constitucional deriva que el acto procesal de la notificaci�n constituye el medio espec�fico mediante el cual se crea la certeza (o cuando menos se presume, salvo prueba en contrario) que el particular afectado por el acto que se notifica, tuvo pleno conocimiento del mismo, lo que supone que su realizaci�n no deje lugar a dudas para que aqu�l se encuentre en posibilidad de defenderse del acto relativo.

    En ese tenor, la notificaci�n s�lo puede existir cuando se han cumplido los dos momentos que la integran, esto es, que se haya dado a conocer conforme a las reglas procesales respectivas, el acto o resoluci�n de que se trate y que tal actuaci�n haya surtido sus efectos legales, lo que implica que se hayan generado los efectos y consecuencias jur�dicas del acto puesto en conocimiento del interesado.

    En tal virtud, se reitera, ante la falta de reglas que establezcan tales cuestiones en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en su texto anterior al decreto de adiciones publicado el siete de diciembre de dos mil cinco, debe acudirse en forma supletoria a los art�culos del 35 al 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por remisi�n expresa del precepto 160 de la ley citada en primer t�rmino, para determinar en qu� lapso y c�mo se deben realizar las notificaciones personales y por correo certificado con acuse de recibo, de las resoluciones emitidas en el procedimiento originado por una visita de inspecci�n, que la ley de la materia ordena que se efect�en de la manera apuntada, as� como para clarificar cu�ndo surten efectos tales notificaciones y, por ende, para saber cu�ndo inicia el c�mputo de los plazos previstos en la propia Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, entre ellos, el que el interesado tiene para hacer valer el medio de defensa que dicho ordenamiento prev�.

    Ahora bien, aun cuando esta Segunda Sala estima que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo debe aplicarse supletoriamente, en materia de notificaciones, a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en su texto anterior a las adiciones contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de diciembre de dos mil cinco, en los t�rminos apuntados, tal circunstancia no implica, en modo alguno, que para la validez de las visitas de inspecci�n orientadas a verificar el cumplimiento a las normas en materia de equilibrio ecol�gico y protecci�n ambiental, se requiera adicionalmente a las formalidades establecidas expresamente en las normas que regulan tales visitas, la relativa a que deba notificarse personalmente al interesado o a su representante, la orden de visita expedida por la autoridad competente, ni que, ante su ausencia, deba cit�rseles para que atiendan la visita de inspecci�n.

    Es as� porque, como ya se vio, esta Segunda Sala ha sustentado que s�lo es v�lido acudir a la supletoriedad, cuando existe un vac�o legislativo en la ley, mas no ante el silencio del legislador respecto de situaciones que no tuvo la intenci�n de establecer en la ley que permite dicha supletoriedad.

    Luego, en el caso de las visitas de inspecci�n o verificaci�n previstas en la Ley del Equilibrio Ecol�gico que se analiza, no se advierte que el legislador haya tenido la intenci�n de exigir que la orden de inspecci�n debe notificarse personalmente en forma previa ni que, en consecuencia, conforme a las reglas previstas en el art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no encontrar presente al sujeto a visitar o a su representante se deba dejar citatorio para que aguarde a hora fija del d�a siguiente al verificador y que, s�lo en caso de que no espere a la cita, la diligencia de inspecci�n pueda entenderse con quien se halle presente.

    Efectivamente, si el legislador guard� silencio al respecto, no obstante que respecto a determinadas resoluciones s� estableci�, en forma expresa, la formalidad relativa a que deben notificarse al interesado, personalmente o por correo certificado, es patente entonces que no tuvo el prop�sito de exigir la formalidad atinente a que la orden de visita de inspecci�n debiera notificarse previamente y en forma personal al interesado o a su representante legal, para que la diligencia relativa pudiera desahogarse v�lidamente.

    Ello, toda vez que si el legislador lo hubiera pretendido as�, habr�a exigido tal notificaci�n personal previa en forma expl�cita. Al no hacerlo en esos t�rminos y, en cambio, ordenar la notificaci�n personal respecto a diversas resoluciones espec�ficas, es evidente que dicho legislador no incurri� en olvido u omisi�n en cuanto a la inclusi�n del requisito precisado, para la validez de las visitas de inspecci�n o verificaci�n en materia de equilibrio ecol�gico y protecci�n ambiental; por el contrario, la no inclusi�n de tal exigencia se debe interpretar, en el sentido de que se dej� de establecer deliberadamente, porque se ten�a la intenci�n de que no se previniera o alertara al sujeto a visitar, de que habr�a de practicarse la visita de inspecci�n, a fin de evitar que las posibles deficiencias o irregularidades fueran ocultadas y con ello, la visita resultara ociosa, al no poder lograr su finalidad de detectar la verdadera situaci�n del lugar visitado.

    Luego, en este caso es claro que el legislador tuvo la intenci�n deliberada de que la verificaci�n en materia de equilibrio ecol�gico y protecci�n ambiental, efectuada a trav�s de visitas de inspecci�n, satisficiera en la mayor medida posible su objetivo principal de detectar deficiencias e irregularidades, pues en la b�squeda de �stas, la secrec�a de la orden de inspecci�n y el car�cter sorpresivo y espont�neo con que la visita debe realizarse son, indudablemente, factores fundamentales para que el sitio a visitar no sea alterado ni se hagan desaparecer, temporalmente y en forma artificiosa, los actos que constituyan infracciones a la legislaci�n ambiental; m�xime que en materia de verificaci�n del cumplimiento a las disposiciones que regulan el equilibrio ecol�gico y la protecci�n ambiental, los bienes jur�dicos tutelados son el equilibrio al entorno ecol�gico y el derecho fundamental que la poblaci�n en general tiene a gozar de un medio ambiente adecuado, garantizado en el art�culo 4o., p�rrafo cuarto, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ser�a transgredido si se propiciara la simulaci�n de los probables infractores.

    El car�cter citado, con el cual el legislador tuvo la convicci�n de que se realizaran las visitas de inspecci�n en la materia referida, se corrobora con el hecho de que tales actuaciones pueden ser aptas, incluso, para advertir la realizaci�n de actos u omisiones que pudieran configurar uno o m�s delitos, como se observa en el p�rrafo �ltimo del art�culo 169 de la ley en materia de equilibrio ecol�gico citada.

    Ahora bien, con el prop�sito de corroborar la afirmaci�n anterior, es oportuno acudir a la exposici�n de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal de cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, que a la postre dio origen a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente. En tal documento se expres�:

    "... a lo largo de todo el proyecto, se prev� que las acciones de los poderes p�blicos se concierten, en la medida de lo posible, con la sociedad y en su caso se adopten las medidas necesarias para inducir las conductas que sean apropiadas en funci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n del ambiente.

    Es tambi�n preocupaci�n del proyecto de ley, la informaci�n y vigilancia sobre la evoluci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n del ambiente en todo el pa�s y en cada una de las localidades. Pero lo primero, se establece que peri�dicamente se elabore un informe sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional; para lo segundo, se prev� un sistema de visitas de inspecci�n, que permitir�n detectar oportunamente los desequilibrios ecol�gicos que deben prevenirse o corregirse sin dilaciones.

    En el dictamen de la C�mara de Diputados emitido el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, al respecto se argument�:

    "El cap�tulo II, Inspecci�n y vigilancia, regula en forma precisa las visitas de inspecci�n necesarias para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la iniciativa.

    "De acuerdo con lo prescrito por el art�culo 16, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen que para la realizaci�n de tales actos de inspecci�n, deber� contarse con mandamientos escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, en el que se precise el lugar o zona que habr� de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y alcance de �sta.

    "El personal que lleve a cabo la visita deber� identificarse plenamente, levantar� acta administrativa ante los testigos designados en el acto y har� constar en forma circunstanciada los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia; concluida la inspecci�n, se dar� oportunidad a la persona con la que se entendi� la diligencia, para manifestar lo que a su derecho convenga.

    "En relaci�n a lo anteriormente expuesto, la diputaci�n del Partido Acci�n Nacional, ha hecho llegar a la comisi�n una propuesta para la modificaci�n del art�culo 165 de la iniciativa, para que el acceso del personal autorizado al lugar o lugares sujetos a inspecci�n sea en los t�rminos de la orden escrita mencionada en el art�culo 162.

    Toda vez que la modificaci�n explicita la sujeci�n del acto de inspecci�n a la orden escrita de autoridad competente, y que ello es plenamente coincidente con lo dispuesto por el art�culo 16 constitucional, esta comisi�n ha estimado que es procedente; por esta raz�n, se propone su aprobaci�n ...

    En el dictamen de la C�mara de Senadores de dieciocho de diciembre de la anualidad citada, se afirm� lo siguiente:

    El t�tulo sexto se denomina ?Medidas de control y de seguridad y sanciones?. Una de las caracter�sticas esenciales de todo orden jur�dico que se precie de serlo es precisamente el de la coercibilidad, es decir, que se tengan los medios para lograr el efectivo cumplimiento de las obligaciones que derivan del mismo. Se establece la facultad de realizar visitas domiciliarias, de inspecci�n y vigilancia con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta iniciativa. Para ello se tomar�n en cuenta los principios establecidos en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y del art�culo 162 de la iniciativa ...

    En la discusi�n que tuvo lugar en la C�mara de Senadores el veintid�s de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, la senadora S.H.�ndez G. intervino en los siguientes t�rminos:

    "... el Ejecutivo Federal al presentar la iniciativa lo que realmente quiso fue entregar a la sociedad mexicana un arma, sancionada en el derecho, que hiciera posible algo mucho m�s eficiente que la defensa del medio ambiente. Ese mucho m�s es la defensa de la sociedad y la creaci�n paralelamente, de un patrimonio jur�dico que haga posible el cambio de las prioridades por una v�a pac�fica y revolucionaria.

    "La ecolog�a es una ciencia que convierte el h�bitat humano en una parte interdependiente con el ecosistema. La ecolog�a es una pol�tica y una estrategia que revelan, sin m�s, que la destrucci�n del medio ambiente -con el asalto acelerado a los espacios exteriores de la Tierra- no es s�lo el resultado de las t�cnicas, sino de las t�cnicas de lairresponsabilidad y la despolitizaci�n de las mayor�as del planeta ..."

    Los textos parcialmente transcritos patentizan que en el proyecto de ley y en el proceso legislativo que prosigui�, se puso �nfasis en que el sistema de visitas de inspecci�n que se propon�a, estaba orientado a la detecci�n oportuna de los desequilibrios ecol�gicos y a su prevenci�n o correcci�n sin retraso alguno, en congruencia con la protecci�n al medio ambiente que se buscaba con la ley de que se trata, en beneficio de la sociedad en general.

    De manera que en cuanto al desarrollo y las formalidades de las visitas de inspecci�n previstas en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, no se justifica la aplicaci�n supletoria de las normas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que regulan las notificaciones personales y que en el caso del art�culo 36 de este �ltimo ordenamiento, prev� la manera en que debe efectuarse materialmente tal diligencia, con la obligaci�n de dejar citatorio al interesado o a su representante cuando no se les halle presentes, toda vez que, como se ha explicado, las leyes supletorias son aplicables en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, carecen de reglamentaci�n o est�n reguladas deficientemente, o bien, en los casos en que aun cuando la instituci�n jur�dica a suplir no est� comprendida en la ley relativa, aqu�lla sea necesaria para lograr la eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que se suple.

    En el caso, las normas que prev�n las formalidades de las visitas de inspecci�n en materia de verificaci�n del cumplimiento a las normas de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente y a las disposiciones que de ella deriven, no carecen de reglamentaci�n ni est�n reguladas en forma deficiente. Tampoco puede afirmarse que la notificaci�n personal previa de la orden de visita sea necesaria para lograr la eficacia de aquellas normas, como ha quedado analizado.

    Por el contrario, sostener que para la validez de las visitas de inspecci�n tendentes a verificar el cumplimiento a las disposiciones que rigen en materia de equilibrio ecol�gico y protecci�n ambiental, es precisa la notificaci�n personal previa de la orden de visita, resulta adverso al car�cter con que fue concebido el sistema normativo que regula las visitas de inspecci�n precisadas, en atenci�n a los bienes jur�dicos de gran entidad tutelados en estos casos.

    La conclusi�n anterior se refuerza si se toma en consideraci�n que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dentro del t�tulo tercero denominado "Del procedimiento administrativo", contiene el cap�tulo d�cimo primero nombrado "De las visitas de verificaci�n", el cual comprende los art�culos 62 a 69, que se ocupan de regular, precisamente, lo relativo a ese tipo de visitas, como son las formalidades para su desahogo, los hechos y circunstancias que deben asentarse en el acta que se levante con motivo de la inspecci�n, entre otras cuestiones, pero en tales disposiciones no se exige tampoco, que las diligencias de verificaci�n deban llevarse a cabo previa notificaci�n personal de la orden de visita, ni mediante el citatorio relativo, en su caso.

    En efecto, debe destacarse que los art�culos 63 a 65 del ordenamiento invocado prev�n la manera en que los verificadores deben proceder en el desahogo de la diligencia de m�rito. Tales preceptos son del tenor siguiente:

    "Art�culo 63. Los verificadores, para practicar visitas, deber�n estar provistos de orden escrita con firma aut�grafa expedida por la autoridad competente, en la que deber� precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten."

    "Art�culo 64. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificaci�n estar�n obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor."

    "Art�culo 65. Al iniciar la visita, el verificador deber� exhibir credencial vigente con fotograf�a, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempe�ar dicha funci�n, as� como la orden expresa a la que se refiere el art�culo 63 de la presente ley, de la que deber� dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento."

    Como se ve, la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo no contiene menci�n alguna acerca de que las visitas de verificaci�n deban llevarse a cabo previa notificaci�n personal de la orden de verificaci�n, o que deba dejarse citatorio previo para que el interesado o su representante puedan estar presentes en el momento de la diligencia, ni se ordena tampoco que s�lo en caso de que la persona citada no aguarde al funcionario, la visita pueda efectuarse con quien se halle presente.

    De ah� que si en su cap�tulo atinente a las visitas de verificaci�n, la ley que se pretende aplicar en forma supletoria no contiene mandato expreso en el sentido apuntado, mucho menos puede argumentarse, bajo la figura de la supletoriedad, que las visitas de inspecci�n previstas en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente deban efectuarse con las formalidades mencionadas.

    Otro motivo que fortalece la postura adoptada por esta Segunda Sala -en cuanto a que el legislador no tuvo la intenci�n de que las visitas de inspecci�n orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente y de las dem�s que de ella emanen, se llevaran a cabo con las formalidades relativas a que la orden de inspecci�n se notifique personalmente al interesado, con citatorio previo en caso de que el sujeto a visitar o su representante legal no est�n presentes-, es el relativo a que en las adiciones recientes que se efectuaron a la ley que rige la materia del equilibrio ecol�gico, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de diciembre de dos mil cinco, el legislador s�lo agreg� a aquel ordenamiento los preceptos 167 Bis a 167 Bis 4, los cuales, como se vio en el considerando sexto de esta ejecutoria, est�n dedicados a regular las notificaciones de los actos emitidos con motivo de la aplicaci�n de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente; normas entre las cuales se prev� la manera en que habr�n de efectuarse las notificaciones personales, pero lo que conviene resaltar es que, entre las adiciones precisadas, no se incluy� la exigencia relativa a que en las visitas de inspecci�n de que se trata deban realizarse previa "notificaci�n personal", lo cual, sin lugar a dudas, confirma el car�cter sorpresivo y espont�neo con que el legislador concibi� a las visitas de inspecci�n de que se trata.

    Adem�s, no existe base constitucional alguna para que pueda sostenerse la postura relativa a que para la validez de las visitas de inspecci�n en materia de equilibrio ecol�gico y de protecci�n al ambiente, previamente deba notificarse en forma personal la orden de inspecci�n, en los t�rminos previstos en el art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

    En efecto, las visitas de inspecci�n constituyen actos de molestia regulados en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los cuales, la garant�a de legalidad prevista en dicho precepto constitucional exige �nicamente que sean emitidos por escrito y por autoridad competente, en forma debidamente fundada y motivada.

    Tal dispositivo constitucional exige tambi�n que respecto a visitas domiciliarias, la autoridad administrativa las puede practicar para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a, as� como para exigir la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, casos en los cuales deben sujetarse a las leyes respectivas, sin que el precepto en cita exija la formalidad de que la pr�ctica de la visita est� precedida de notificaci�n personal ni de citatorio.

    As� se observa en los p�rrafos primero, octavo y d�cimo primero del precepto constitucional mencionado, del tenor siguiente:

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 3 de septiembre de 1993)

    "Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

    "...

    "En toda orden de cateo, que s�lo la autoridad judicial podr� expedir y que ser� escrita, se expresar� el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia, levant�ndose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

    "...

    La autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias �nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a; y exigir la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujet�ndose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescriptas (sic) para los cateos.

    De manera que para los actos de molestia, espec�ficamente para las visitas domiciliarias que las autoridades administrativas practiquen, el art�culo 16 constitucional no exige m�s requisitos que aquellos que la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente prev� en sus art�culos 162 a 164, para llevar a cabo las visitas de inspecci�n tendentes a verificar que se cumplan las disposiciones de esa ley y las que de ella deriven.

    Cabe destacar que respecto a la interpretaci�n del art�culo 16 de la Constituci�n Federal, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que la visita domiciliaria puede efectuarse con la persona que se encuentre en la negociaci�n, no espec�ficamente con el interesado o su representante legal. Tal criterio se observa en la tesis de jurisprudencia cuyos texto y datos de publicaci�n son del tenor siguiente:

    "VISITAS DOMICILIARIAS. SE PUEDEN ENTENDER CON QUIEN SE ENCUENTRE AL FRENTE DE LA NEGOCIACI�N. El encargado o dependiente de una negociaci�n o establecimiento pertenece al grupo de los llamados auxiliares de comercio que, en materia mercantil, representan de manera general, aunque limitada a las funciones que les sean propias, al propietario o titular del que dependen, como se desprende de lo establecido por el art�culo 309, segundo p�rrafo, del C�digo de Comercio. Por tanto, para que las visitas domiciliarias practicadas por autoridades administrativas sean eficaces, satisfagan su objetivo y al propio tiempo cumplan con los requisitos exigidos por el art�culo 16 de la Constituci�n Federal, es suficiente que el legislador disponga que tales visitas se entiendan, no s�lo con el propio visitado, con el administrador o con su representante legal sino tambi�n con el encargado o dependiente que se encuentre al frente de la negociaci�n." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P./J. 16/2000, p�gina 82).

    De igual forma, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se ha pronunciado acerca de que el art�culo 16 constitucional no establece como requisito, para la pr�ctica de las visitas domiciliarias o de inspecci�n, que previamente al inicio de la visita, los �rganos de autoridad a quienes se encomiende su realizaci�n se deban cerciorar de que la diligencia se lleve a cabo con el propietario, administrador o representante legal del visitado, ni tampoco que por ausencia de cualquiera de ellos, deban dejar citatorio para que las personas indicadas esperen con posterioridad a los visitadores.

    En congruencia con lo anterior, este Alto Tribunal ha sostenido, respecto a determinados preceptos legales que regulan visitas de inspecci�n en materia administrativa, que la circunstancia de que no prevean la entrega de citatorio previo a la visita de verificaci�n, no resulta contraria a la Constituci�n, m�xime que en el ordenamiento relativo se prev�n los medios de defensa al alcance del afectado, para el caso de que en la visita se determine infracci�n a las leyes o reglamentos aplicables.

    As� se observa en las jurisprudencias y tesis del Tribunal en Pleno y de esta Segunda Sala, respectivamente, cuyos textos y datos que las identifican, son los que se transcriben a continuaci�n:

    "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ART�CULO 49, F.I., DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, NO ES VIOLATORIO DEL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL. El art�culo 16 de la Constituci�n Federal no establece como requisito para la pr�ctica de las visitas domiciliarias o de inspecci�n, que previamente al inicio de la visita, los �rganos de autoridad a quienes se encomiende su realizaci�n se cercioren de que la diligencia se lleve a cabo con el propietario, administrador o representante legal del visitado y, en el supuesto de que esto no ocurra, por ausencia de cualquiera de ellos, dejen citatorio para que las personas indicadas esperen con posterioridad a los visitadores; en estas condiciones, la circunstancia de que el art�culo 49 del C�digo F. de la Federaci�n prevea que dichas visitas pueden entenderse, adem�s de con el propio visitado, administrador o representante legal, con el encargado o quien se encuentre al frente de la negociaci�n, no resulta contraria a la Carta Magna, pues la ausencia del due�o o representante de la negociaci�n no es causa que impida la realizaci�n de la visita." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P./J. 15/2000, p�gina 73).

    "VISITAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACI�N DE EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES. EL ART�CULO 49 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N NO ES VIOLATORIO DEL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL, POR NO ESTABLECER EL REQUISITO DE CITATORIO PREVIO A UNA INSPECCI�N. El art�culo 16 constitucional no establece como requisito para las visitas domiciliarias o de inspecci�n, que sean precedidas de un citatorio, sino que est�n expedidas por escrito, por una autoridad competente, en el que se exprese el lugar que ha de inspeccionarse y la persona a la que se dirige, as� como el objeto que persiga la visita, levant�ndose acta circunstanciada al efecto. En estas condiciones, la circunstancia de que el art�culo 49 del C�digo F. de la Federaci�n no prevea la entrega de citatorio previo a la visita de verificaci�n, no resulta contraria a la Constituci�n, ya que el precepto se dirige al visitado, su representante legal, el encargado, o quien se encuentre al frente del establecimiento, de lo que se desprende que no es necesario que se establezca que la diligencia se entienda previo citatorio. Adem�s, en el mismo ordenamiento se prev�n los medios de defensa, al alcance del afectado, para el caso de que en la visita se determine infracci�n a las leyes o reglamentos aplicables." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, tesis P./J. 139/99, p�gina 11).

    "ZONIFICACI�N PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL REGLAMENTO RELATIVO NO ES VIOLATORIO DEL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL, AUNQUE NO ESTABLECE EL REQUISITO DE CITATORIO PREVIO A LAS VISITAS DE INSPECCI�N. El art�culo 16 constitucional no establece como requisito para las visitas domiciliarias o de inspecci�n, que sean precedidas de un citatorio, sino que est�n expedidas por escrito, por una autoridad competente, en el que se exprese el lugar que ha de inspeccionarse y la persona a la que se dirige, as� como el objeto que persiga la visita, levant�ndose acta circunstanciada al efecto; en estas condiciones, la circunstancia de que el Reglamento de Zonificaci�n para el Distrito Federal no prevea la entrega de citatorio previo a la inspecci�n, no resulta contraria a la Constituci�n, ya que el precepto se dirige a los propietarios o sus representantes, los encargados, los directores responsables de obras y los auxiliares de �stos, as� como a los ocupantes de los lugares donde se vaya a practicar la inspecci�n; de lo que se desprende que no es necesario que se establezca que la diligencia se entienda previo citatorio. Adem�s, el mismo reglamento prev� en su art�culo 49 la posibilidad de defensa del afectado, para el caso de que en la visita se determine infracci�n a las leyes o reglamentos aplicables, seg�n puede verse de su contenido." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., diciembre de 1997, tesis 2a. CXLV/97, p�gina 376).

    De manera que, en el caso concreto, el contenido del art�culo 16 de la Constituci�n Federal no es apto para sostener que las visitas de inspecci�n en materia de equilibrio ecol�gico y protecci�n ambiental deban ser precedidas de notificaci�n personal de la orden de inspecci�n ni de citatorio previo, pues tal dispositivo de la Ley Fundamental no establece como requisito para la pr�ctica de las visitas domiciliarias o de inspecci�n, que las preceda citatorio, sino que consten en escrito emitido por autoridad competente, en el que se exprese el lugar que ha de inspeccionarse y la persona a la que se dirige, as� como el objeto que persiga la visita, de la que debe levantarse acta circunstanciada.

    Adem�s, tampoco puede sostenerse que al visitado deba otorg�rsele la garant�a de audiencia previa, contenida en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, pues �sta se encuentra prevista para los actos de privaci�n definitiva y no para los actos de molestia a que se refiere el art�culo 16 de la propia Carta Magna.

    A mayor abundamiento, no se deja en estado de indefensi�n al afectado, puesto que la citada garant�a de audiencia se otorga al interesado, cuando se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, en aquellos casos en que de la visita de inspecci�n derive la probable existencia de deficiencias o irregularidades, ya que en este supuesto, el art�culo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente dispone que recibida el acta de inspecci�n, cuando proceda, la autoridad ordenadora debe requerir (a trav�s de documento fundado y motivado) al interesado, mediante notificaci�n personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro del plazo que corresponda adopte, de inmediato, las medidas correctivas o de urgente aplicaci�n que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jur�dicas aplicables y con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivos; asimismo, que en ese momento debe se�alarse tambi�n al interesado, que cuenta con el plazo de quince d�as para exponer lo que a su derecho convenga y, en su caso, aportar las pruebas que considere pertinentes, en relaci�n con la actuaci�n de la autoridad.

    De igual forma, en la propia ley que se analiza se prev� la oportunidad de defensa del afectado, para el caso de que con motivo de la visita de inspecci�n y despu�s de que �ste tuvo oportunidad de exponer manifestaciones, ofrecer pruebas y alegar, en la resoluci�n prevista en el art�culo 168 del ordenamiento invocado se le impongan sanciones por la infracci�n a normas de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente o a las disposiciones que de ella deriven. Tal oportunidad se encuentra en el art�culo 176 de la ley en cita, del tenor siguiente:

    (Reformado, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

    "Art�culo 176. Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicaci�n de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podr�n ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisi�n, dentro de los quince d�as h�biles siguientes a la fecha de su notificaci�n, o ante las instanciasjurisdiccionales competentes.

    El recurso de revisi�n se interpondr� directamente ante la autoridad que emiti� la resoluci�n impugnada, quien en su caso, acordar� su admisi�n, y el otorgamiento o denegaci�n de la suspensi�n del acto recurrido, turnando el recurso a su superior jer�rquico para su resoluci�n definitiva.

    De modo que en el procedimiento que se origina con motivo de las visitas de inspecci�n en materia de equilibrio ecol�gico y protecci�n ambiental, tampoco se deja en estado de indefensi�n al sujeto visitado, pues se le otorga la oportunidad de defenderse previamente al acto de privaci�n definitivo, que ocurre hasta que se emite la resoluci�n prevista en el art�culo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, adem�s, se prev� el medio impugnativo para combatir tal determinaci�n.

    Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, cuyos texto y datos de identificaci�n son:

    "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.-La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ?se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento?. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P./J. 47/95, p�gina 133).

    Conforme a todo lo expuesto, cabe concluir que el cap�tulo de notificaciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, espec�ficamente el art�culo 36 de este ordenamiento, que prev� la manera en que deben efectuarse las notificaciones personales, as� como que al no encontrar al interesado o a su representante legal, debe dejarse citatorio para que espere a hora fija del d�a h�bil siguiente, es aplicable supletoriamente a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente (en su texto anterior al decreto que la adicion�, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de diciembre de dos mil cinco) en cuanto a la manera en que deben efectuarse las notificaciones ordenadas por este �ltimo ordenamiento; pero no resulta aplicable a las visitas de inspecci�n previstas en los art�culos 162 a 164 de la ley que rige la materia de equilibrio ecol�gico, en virtud de que tales dispositivos regulan suficientemente la manera en que deben desarrollarse las visitas de inspecci�n, orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones del propio ordenamiento y de las que de �ste deriven, sin que tal supletoriedad se justifique, ni aun sobre la base del art�culo 16 constitucional, como ya se analiz� exhaustivamente.

    Cabe precisar que si bien conforme al texto de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, adicionado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de diciembre de dos mil cinco, el cap�tulo de notificaciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ya no es aplicable supletoriamente a aquel ordenamiento en materia de equilibrio ecol�gico y protecci�n al ambiente, por contener �ste su propia regulaci�n respecto a las notificaciones, lo cierto es que al no haber sufrido modificaci�n o adici�n en las normas relativas a las visitas de inspecci�n para verificar el cumplimiento de las disposiciones en la materia de que se trata, el criterio relativo a que tales visitas no deben estar precedidas de notificaci�n personal ni de citatorio previo tiene aplicaci�n tambi�n, para los casos que se rijan conforme a la ley adicionada mediante el decreto precisado, que entr� en vigor el ocho de diciembre de dos mil cinco.

    En atenci�n a lo antes considerado, esta Segunda Sala establece, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio que aqu� se sustenta, el cual queda redactado con el rubro y texto que a continuaci�n se indican:

    VISITAS DE INSPECCI�N PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOL�GICO Y LA PROTECCI�N AL AMBIENTE Y DE LAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA DERIVEN. SU PR�CTICA NO DEBE ESTAR PRECEDIDA DE NOTIFICACI�N PERSONAL NI DE CITATORIO.-El art�culo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece c�mo deben efectuarse las notificaciones personales, as� como que al no encontrar al interesado o a su representante debe dejarse citatorio para que espere a hora fija del d�a h�bil siguiente, es aplicable supletoriamente, por remisi�n expresa del art�culo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en su texto anterior al decreto de adiciones publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de diciembre de 2005, �nicamente para los casos en que esta �ltima legislaci�n ordene que determinada resoluci�n se notifique personalmente, pues antes del referido decreto dicha ley no conten�a reglas para efectuar las notificaciones; sin embargo, el citado art�culo 36 no es aplicable supletoriamente respecto a las visitas de inspecci�n previstas en los art�culos 162 a 164 de la ley relativa, en virtud de que estos dispositivos regulan suficientemente la forma en que tales visitas deben desarrollarse; adem�s, la circunstancia de que el legislador no haya establecido que la orden de inspecci�n se notifique personalmente, ni que la diligencia se efect�e previo citatorio, no se debe a olvido u omisi�n, sino a la intenci�n deliberada de evitar que el visitado, al ser alertado, oculte los hechos violatorios, impidiendo que la diligencia de inspecci�n satisfaga su objetivo primordial de detectar la verdadera situaci�n del lugar visitado. Lo anterior deriva de que en esta materia el bien constitucional protegido es el derecho de la poblaci�n a gozar de un medio ambiente adecuado, garantizado en el art�culo 4o., p�rrafo cuarto, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Adem�s, el Tribunal en Pleno, al interpretar el art�culo 16 constitucional, entre otras, en la tesis P./J. 15/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, marzo de 2000, p�gina 73, con el rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ART�CULO 49, F.I., DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, NO ES VIOLATORIO DEL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL.", consider� que dicho precepto no establece como requisito para la pr�ctica de las visitas domiciliarias o de inspecci�n, que previamente a su inicio las autoridades relativas se cercioren de que la diligencia se lleve a cabo con el propietario, administrador o representante del visitado, ni que por ausencia de cualquiera de ellos deban dejar citatorio; de ah� que tampoco haya base constitucional que justifique la supletoriedad invocada.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala que ha quedado redactado en el �ltimo considerando de esta ejecutoria.

N.�quese; rem�tase de inmediato la jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como su distribuci�n al Tribunal Pleno y a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.D.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidenta M.B.L.R.. Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..