Ejecutoria num. 1a./J. 153/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823303

Ejecutoria num. 1a./J. 153/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 153/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.DECLARACIÓN RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO SE EFECTÚA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 41/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Los criterios materia de an�lisis, en lo que a esta contradicci�n de tesis interesa, se sintetizan y transcriben, en lo conducente, a continuaci�n:

  1. El Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 442/2004, sustent� las consideraciones siguientes:

    Seg�n se desprende de la ejecutoria dictada por la autoridad responsable, la quejosa fue detenida, junto con su progenitora y diversas personas de nacionalidad guatemalteca que se encontraban en calidad de indocumentadas en territorio mexicano, por servidores p�blicos de la Secretar�a de G.�n, al inferir que se estaba cometiendo el delito previsto en el art�culo 138 de la Ley General de Poblaci�n,(1) consistente en introducir y transportar a territorio nacional a extranjeros sin la documentaci�n correspondiente, con el prop�sito de tr�fico y con el fin de ocultarlos para evadir la revisi�n migratoria, por lo que ante tal evento fueron puestos a disposici�n del Ministerio P�blico y se orden� el inicio de la averiguaci�n previa.

    El agente del Ministerio P�blico Federal hizo constar que, por v�a telef�nica, el jefe de Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jur�dicos del Instituto Nacional de Migraci�n manifest� que no formular�a querella en contra de los extranjeros.

    Una vez definida la situaci�n jur�dica de los indocumentados, en la misma fecha y dos horas despu�s de la referida llamada telef�nica, el Ministerio P�blico tom� las declaraciones de los extranjeros codetenidos. Dichas declaraciones, a juicio del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, no las emitieron en ning�n momento en calidad de coinculpados de la parte quejosa, sino en calidad de testigos de cargo, por conocer los hechos, en t�rminos del numeral 289 del C�digo Federal de Procedimientos Penales.(2)

    Por consiguiente, su versi�n ante el agente del Ministerio P�blico bien pudo tomarse respetando los lineamientos previstos en el art�culo 127 Bis del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que prev� los requisitos necesarios para el desahogo de la testimonial. El precepto de m�rito dispone lo siguiente:

    "Art�culo 127 Bis. Toda persona que haya de rendir declaraci�n, en los casos de los art�culos 124 y 125, tendr� derecho a hacerlo asistido por un abogado nombrado por �l.

    El abogado podr� impugnar las preguntas que se hagan al declarante si �stas son inconducentes o contra derecho. Pero no puede producir ni inducir las respuestas de su asistido.

    Dichas declaraciones, claro est�, conformaron parte del material probatorio que sustent� la acci�n penal seguida en contra de la quejosa.

    La quejosa estim� que tales testimoniales estaban viciadas, pues debieron rendirse en t�rminos del art�culo 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, el cual establece lo que sigue:

    "Art�culo 128. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio P�blico Federal, se proceder� de inmediato en la siguiente forma:

    "I. Se har� constar por quien haya realizado la detenci�n o ante quien aqu�l haya comparecido, el d�a, hora y lugar de la detenci�n o de la comparecencia, as� como, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado. Cuando la detenci�n se hubiese practicado por una autoridad no dependiente del Ministerio P�blico, se asentar� o se agregar�, en su caso, la informaci�n circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al detenido;

    "II. Se le har� saber la imputaci�n que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante;

    "III. Se le har�n saber los derechos que le otorga la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguaci�n previa, de los siguientes:

    "a) No declarar si as� lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor;

    "b) Tener una defensa adecuada por s�, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designar� desde luego un defensor de oficio;

    "c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguaci�n;

    "d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguaci�n, para lo cual se permitir� a �l y su defensor consultar en la oficina del Ministerio P�blico y en presencia del personal, el expediente de la averiguaci�n previa;

    "e) Que se le reciban los testigos y dem�s pruebas que ofrezca y que se tomar�n en cuenta para dictar la resoluci�n que corresponda, concedi�ndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguaci�n y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aqu�lla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador resolver� sobre la admisi�n y pr�ctica de las mismas; y

    "f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo cauci�n, conforme a lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 20 de la Constituci�n y en los t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 135 de este c�digo.

    "Para efectos de los incisos b) y c) se le permitir� al indiciado comunicarse con las personas que �l solicite, utilizando el tel�fono o cualquier otro medio de comunicaci�n del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes.

    "De la informaci�n al inculpado sobre los derechos antes mencionados, se dejar� constancia en las actuaciones;

    "IV. Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad ind�gena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el espa�ol, se le designar� un traductor que le har� saber los derechos a que se refiere la fracci�n anterior. T.�ndose de ind�genas, el traductor y el defensor que deber�n asistirle, deber�n tener adem�s conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detenci�n se comunicar� de inmediato a la representaci�n diplom�tica o consular que corresponda, y

    V. En todo caso se mantendr�n separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detenci�n o reclusi�n.

    Sin embargo, el Tribunal Colegiado de m�rito estim� que no ten�a por qu� haberse tomado la declaraci�n de los testigos de cargo en t�rminos del referido numeral, porque este �ltimo alude a la forma en que debe desarrollarse la declaraci�n ministerial de un inculpado en el procedimiento de averiguaci�n previa, as� como los derechos y obligaciones que le asisten durante esa diligencia, no se refiere a la prueba testimonial. En consecuencia, la declaraci�n de los testigos no est� viciada en modo alguno.

    La conclusi�n alcanzada por dicho �rgano colegiado se corrobora con la siguiente transcripci�n de su ejecutoria de amparo:

    "QUINTO. Son infundados los agravios vertidos por la parte recurrente, por las razones que se se�alan a continuaci�n.

    "Ante todo es pertinente destacar que el tribunal de amparo estuvo en lo correcto al negar la protecci�n constitucional solicitada, toda vez que en el caso concreto a revisar, se colman tanto los elementos del cuerpo del delito como la probable responsabilidad de ... en la comisi�n de los il�citos de introducci�n a territorio nacional de extranjeros sin la documentaci�n correspondiente expedida por autoridad competente y, transportar por territorio nacional a uno o varios indocumentados sin la documentaci�n correspondiente con �nimo de tr�fico y con el fin de ocultarlos de la revisi�n migratoria, previstos y sancionados ambos en el segundo p�rrafo del art�culo 138 de la Ley General de Poblaci�n, que es del tenor siguiente:

    "?Art�culo 138. Se impondr� pena de seis a doce a�os de prisi�n y multa de cien a diez mil d�as de salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar su conducta a quien por s� o por interp�sita persona con prop�sito de tr�fico pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro pa�s sin la documentaci�n correspondiente; igual pena se impondr� a quien por s� o por medio de otro u otros introduzca sin la documentaci�n correspondiente expedida por autoridad competente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, o con prop�sito de tr�fico los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisi�n migratoria.?

    "En efecto, los elementos del cuerpo del delito de introducci�n a territorio nacional de extranjeros sin la documentaci�n correspondiente expedida por autoridad competente, son los que cit� la autoridad responsable como:

    "a) Que un sujeto activo por s� introduzca a territorio nacional a varios extranjeros; y

    "b) Que esas personas no cuenten con la documentaci�n correspondiente expedida por autoridad competente;

    "Y respecto al delito de transporte de extranjeros por territorio nacional con prop�sito de tr�fico, con el fin de ocultarlos de la revisi�n migratoria:

    "a) Que un sujeto activo efect�e actos de transportaci�n dentro del territorio nacional, con respecto de extranjeros indocumentados;

    "b) Que esa conducta sea con prop�sito de tr�fico; y,

    "c) Que se ejecute con el fin de ocultar a los extranjeros indocumentados para evadir la revisi�n migratoria.

    "Esos elementos fueron debidamente colmados con los elementos de prueba que refiri� el juzgador y el tribunal de amparo en primera instancia, como son:

    "El oficio DRCH/JUR/00095/04, suscrito por el jefe de Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jur�dicos del Instituto Nacional de Migraci�n, con el que puso a disposici�n del Ministerio P�blico Federal a la quejosa y los indocumentados presentados.

    "El parte informativo suscrito por los agentes de migraci�n ... y ... en el que en s�ntesis hicieron saber que la quejosa y ... hicieron pasar como su esposo e hijo a los indocumentados ... .

    "La versi�n ministerial de ... quien se�al� a la quejosa y su acompa�ante como las personas que le dijeron que los introducir�an a M�xico para que consiguieran trabajo, y que por ello les cobrar�a la cantidad de mil quinientos quetzales.

    "La declaraci�n ministerial de ... quien en esencia adujo estar de acuerdo con la tarjeta informativa y que el veinte de enero de dos mil cuatro la se�ora ... y su acompa�ante les dijeron que pod�an traerlos a Tapachula para conseguir trabajo, por lo que les cobrar�a mil quinientos quetzales, relatando la manera en que fueron introducidos al pa�s, as� como el transporte que llevaron en territorio mexicano, manifestando tambi�n que ... le hab�a comunicado que en caso de problemas dijera que era su hijo con nombre ... entreg�ndole un acta de nacimiento de nacionalidad mexicana.

    "La declaraci�n ministerial de ... quien sostuvo que desde el diecisiete de enero se internaron en Guatemala en busca de su hijo, retornando el d�a veinte, tomando un taxi en la frontera, el cual fue detenido m�s adelante por elementos de migraci�n donde les pidieron que bajaran a su hijo y dos hombres que iban en los asientos de atr�s, manifestando en las oficinas que no los conoc�a, agregando que el acta de nacimiento encontrada era de su nieto.

    "La versi�n ministerial de la quejosa, quien se manifest� en los mismos t�rminos de ... y la fe ministerial de los documentos retenidos.

    "Pruebas que no se transcriben en atenci�n a que su contenido �ntegro se tiene por reproducido de la sentencia del tribunal de amparo, en obvio de repeticiones innecesarias, pero que en general, como sostuvo el juzgador de amparo, son suficientes, atendiendo a la valoraci�n que de los elementos probatorios se�alan los numerales que van del 279 al 290 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, para tener por acreditados los elementos del cuerpo de los delitos imputados a la quejosa, que quedaron se�alados con anterioridad, puesto que ponen de realce diversas circunstancias que as� lo permiten concluir, y que se estimaron como las siguientes:

    "?... que el veinte de enero de dos mil cuatro, como a las diecisiete horas con treinta minutos, ... agentes del Servicio Nacional de Migraci�n, al estar comisionados en el punto de revisi�n y verificaci�n migratoria �El Manguito�, Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, detuvieron a ... cuando viajaban en un transporte p�blico de la ruta Tapachula-T.�n, y al solicitarles su respectiva identificaci�n, la primera exhibi� tarjeta de residencia americana expedida a su favor ... �ste present� acta de nacimiento con folio ... expedida en el Estado de Veracruz ... con la credencial de elector ... expedida en el Estado de Veracruz, y ... no portaba identificaci�n, y al preguntar a ... si ten�a otra identificaci�n con foto ... asever� que era su hijo y estaba mal de sus facultades mentales, al solicitar identificaci�n a ... la aludida quejosa volvi� a intervenir manifestando que esta persona era su esposo y tambi�n estaba mal de sus facultades mentales, que ... refiri� que las dos personas citadas, eran su nieto y su yerno, al volver a entrevistar a la quejosa, acept� que estaba haciendo favor de internar a dichas personas al pa�s, como sus familiares, que hab�a entregado a uno de ellos el acta de nacimiento de su hijo, despu�s el que dijo llamarse ... indic� que su verdadero nombre es ... de nacionalidad guatemalteca y que ... le estaba cobrando la cantidad de mil quinientos quetzales a cada uno por internarlos a M�xico; estableci�ndose por conducto de los ilegales ... que el veinte de enero del a�o en curso, salieron de San Mart�n Sacatepequez Departamento de Quetzaltenango y se dirigieron a Coatepeque, Guatemala, en busca de trabajo, all� se entrevistaron con la quejosa, quien era acompa�ada de otra persona, la que les dijo que si quer�an los pod�a transportar a Tapachula, donde iban a encontrar trabajo y les cobrar�a mil quinientos quetzales por los dos, dici�ndole que s�, en ese lugar tomaron un veh�culo que los transport� a la frontera �El Carmen�, Guatemala, de ese lugar los pas� caminando por el puente �T.�n�, sin hacer ning�n tr�mite migratorio, despu�s en la frontera mexicana abordaron otro veh�culo con destino a Tapachula, pero al llegar a una zona de revisi�n migratoria, les preguntaron de d�nde eran y respondieron que eran de Guatemala, pero ... habl� con los agentes de migraci�n, agregando ... que escuch� cuando la hoy quejosa le dijo a los de migraci�n que su compa�ero �era su hijo y que yo era su marido�, pero no es verdad; por su parte ... agreg�, que al llegar al puesto de revisi�n les preguntaron por su nacionalidad, respondieron que eran de Guatemala, que en el trayecto de �T.�n� a la caseta migratoria ... le dio un acta de nacimiento y le dijo que dijera que era su hijo ... al ser revisado, el oficial de migraci�n le encontr� en la bolsa de su pantal�n el acta de nacimiento que le hab�a entregado la peticionaria de garant�as, de la que se dio fe ministerial ...?

    "Tambi�n, se colma en el caso la probable responsabilidad de ... en la comisi�n de los il�citos de introducci�n a territorio nacional de extranjeros sin la documentaci�n correspondiente expedida por autoridad competente y, transportar por territorio nacional a uno o varios indocumentados sin la documentaci�n correspondiente con �nimo de tr�fico y con el fin de ocultarlos de la revisi�n migratoria, tal como sostuvo el titular del tribunal federal, con las propias pruebas antes referidas, las cuales se reproducen en obvio de repeticiones necesarias, pero que se citan para mejor esclarecimiento del asunto, y que son:

    "El oficio DRCH/JUR/00095/04, suscrito por el jefe de Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jur�dicos del Instituto Nacional de Migraci�n, con el que puso a disposici�n del Ministerio P�blico Federal a la quejosa y los indocumentados retenidos.

    "El parte informativo suscrito por los agentes de migraci�n ... en el que en s�ntesis hicieron saber que la quejosa y ... hicieron pasar como su esposo e hijo a los indocumentados ... y ...

    "La versi�n ministerial de ... quien se�al� a la quejosa y su acompa�ante como las personas que le dijeron que los introducir�an a M�xico para que consiguieran trabajo, y que por ello les cobrar�a la cantidad de mil quinientos quetzales.

    "La declaraci�n ministerial de ... quien en esencia adujo estar de acuerdo con la tarjeta informativa y que el veinte de enero de dos mil cuatro la se�ora ... y su acompa�ante les dijeron que pod�an traerlos a Tapachula para conseguir trabajo, por lo que les cobrar�a mil quinientos quetzales, relatando la manera en que fueron introducidos al pa�s, as� como el transporte que llevaron en territorio mexicano, manifestando tambi�n que ... le hab�a comunicado que en caso de problemas dijera que era su hijo con nombre ... entreg�ndole un acta de nacimiento de nacionalidad mexicana.

    "La declaraci�n ministerial de ... quien sostuvo que desde el diecisiete de enero se internaron en Guatemala en busca de un hijo de ... retornando el d�a veinte, tomando un taxi en la frontera, el cual fue detenido m�s adelante por elementos de migraci�n donde les pidieron que bajaran a su hijo y dos hombres que iban en los asientos de atr�s, manifestando en las oficinas que no los conoc�a, agregando que el acta de nacimiento encontrada era de su nieto.

    "La versi�n ministerial de la quejosa, quien se manifest� en los mismos t�rminos de ... y la fe ministerial de los documentos retenidos.

    "Tales pruebas acreditan los elementos de tiempo, modo y lugar del hecho inquirido, as� como la participaci�n de la quejosa en t�rminos del numeral 13, fracci�n II, del C�digo Penal Federal, por haber realizado de motu proprio la conducta imputada; tal como se�alara el juzgador de segunda instancia del juicio natural al referir:

    "?... se advierte que el veinte de enero de dos mil cuatro, la procesada en frontera El Carmen introdujo a territorio mexicano a dos extranjeros indocumentados, atravesando a pie un puente que los condujo a T.�n, y que a partir de que se consum� dicha introducci�n, llev� a cabo el transporte de ... y ... desde aqu�l lugar hasta el sitio en que se llev� a cabo su detenci�n, es decir, el puesto denominado �El Manguito�, perteneciente al Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, vali�ndose para ello de un veh�culo de transporte p�blico denominado �colectivo�, traslado que realiz� con el prop�sito de tr�fico y con la finalidad de ocultar a los extranjeros de la revisi�n migratoria, estos �ltimos aspectos por las razones expuestas en su oportunidad en el considerando que antecede y a los que nos remitimos para evitar repeticiones excesivas.?

    "Conforme con lo anterior, es obvio que si el auto de formal prisi�n analizado por el Tribunal Unitario del Vig�simo Circuito, en el amparo indirecto promovido por la aqu� recurrente, se ajust� estrictamente a lo que se�ala el numeral 19 constitucional, como requisitos indispensables para su emisi�n, como son el acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado, estableci�ndose los elementos de tiempo, modo y lugar del hecho inquirido, debe confirmarse el fallo en revisi�n.

    "Por tanto, los agravios de la recurrente son infundados.

    "Aduce por una parte (la quejosa), que al verter su declaraci�n ... y ... (los extranjeros indocumentados), lo hicieron en calidad de codetenidos, no por su probable responsabilidad en la comisi�n de los delitos investigados, sino por estar retenidos por el Ministerio P�blico, pues no existe constancia de que hayan sido puestos en libertad antes de deponer ante el fiscal.

    "Que por tanto el investigador ten�a obligaci�n de obtener la declaraci�n en t�rminos del numeral 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, ya que al no hacerlo, no se condujeron con independencia e imparcialidad, pues no existe prueba ni argumento que demuestre que los detenidos o retenidos no se encontrabanprivados de su libertad.

    "Que la versi�n de los extranjeros debieron ser hechas conforme al numeral 128, toda vez que declararon privados de su libertad, omitiendo ordenar su deportaci�n con la consecuente libertad, ya que lo hizo hasta el auto de inicio de la averiguaci�n previa, o sea, despu�s de que rindieran su declaraci�n los extranjeros, y de que emitiera su consideraci�n el jefe de Departamento de Asuntos Migratorios, el veintid�s de enero de dos mil cuatro, en el que comunicara que no formular�a querella; por lo que, si al deponer ante el Ministerio P�blico hubieren confesado su participaci�n en alg�n delito, la querella hubiere podido entablarse contra ellos, o de oficio lo hubiere hecho el Ministerio P�blico, raz�n mayor para estimar que debieron emitir su deposado conforme al numeral 128 citado.

    "Que la certificaci�n era insuficiente para presumir que los extranjeros al emitir su deposado carec�an del car�cter de inculpados, pues estaban privados de su libertad en calidad de detenidos o retenidos, debi�ndose comunicar ello a la representaci�n diplom�tica o consular que corresponda.

    "Que se viol� el contenido de los art�culos 193 y 196 de la Ley de Amparo, pues dej� de aplicar el criterio cuyo rubro es: ?TESTIMONIAL A CARGO DE CODETENIDOS, SI NO SE CUMPLE CON LO SE�ALADO EN EL ART�CULO 128 DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SU TESTIMONIO CARECE DE VALIDEZ, VIOL�NDOSE, EN CONSECUENCIA, LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICAS PREVISTAS EN LOS ART�CULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.?

    "La anterior manifestaci�n es infundada, toda vez que contrario a lo sostenido por la recurrente, el tribunal de amparo estuvo en lo correcto al afirmar que los testigos de cargo no emitieron su deposado en calidad de inculpados, sino de testigos de cargo, tal como se desprende de lo siguiente:

    "Mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil cuatro, el agente del Ministerio P�blico con sede en Tapachula de C�rdova y O., Chiapas, E.F.R.B. (fojas 2 a 4), orden� el inicio de la averiguaci�n previa TAP. 34/I/2004, con motivo de la puesta a disposici�n de la quejosa y los codetenidos ... y ...

    "Mediante certificaci�n de veintiuno de enero de dos mil cuatro, levantada a las diez treinta horas, el aludido agente del Ministerio P�blico Federal hizo constar que mediante llamada telef�nica al jefe de Departamento de Control Migratorio y Asuntos Jur�dicos, del Instituto Nacional de Migraci�n, �ste se�al� que no formular�a querella en contra de los extranjeros ... y ... ya que �nicamente fueron presentados como testigos de los hechos.

    "Posteriormente, en la misma fecha, a las trece horas con treinta minutos y catorce horas, respectivamente, se tom� la versi�n de los testigos ... y ... seg�n consta en sendas actas levantadas a fojas 36, 37, 38 y 39, de la causa penal de que deriva este asunto; lo que implica que efectivamente, los extranjeros declarantes no emitieron su deposado en calidad de coinculpados de la parte quejosa, sino en calidad de testigos de cargo, por conocer los hechos, en t�rminos del numeral 289 del C�digo Federal de Procedimientos Penales.

    "Por consiguiente, su versi�n ante el agente del Ministerio P�blico no ten�a porqu� haberse tomado en t�rminos del numeral 128 del c�digo adjetivo de la materia, que se refiere a la forma en que debe desarrollarse la declaraci�n ministerial de un inculpado en el procedimiento de averiguaci�n previa, y a los derechos y obligaciones que tiene en esa diligencia el mismo.

    "No obsta a lo anterior, que el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito haya emitido la jurisprudencia XV.1o. J/11, visible en la p�gina 605 del Tomo XV, junio de 2002, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo rubro es: ?TESTIMONIAL A CARGO DE CODETENIDOS. SI NO SE CUMPLE CON LO SE�ALADO EN EL ART�CULO 128 DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SU TESTIMONIO CARECE DE VALIDEZ, VIOL�NDOSE, EN CONSECUENCIA, LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICA PREVISTAS EN LOS ART�CULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.?; que se refiere al hecho de que los codetenidos y el inculpado, deban declarar en los t�rminos del numeral 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, pues esta versi�n por ser de otro Tribunal Colegiado no obliga a este tribunal, cuyo criterio es el que prevalece en la resoluci�n de sus asuntos, adem�s porque a juicio de los que resuelven no se comparte el criterio contenido en la jurisprudencia, por omitir diversas circunstancias que ahora se detallan.

    "Si bien es cierto que quienes son detenidos junto con el directo inculpado, pudieran estimarse en primera instancia como inculpados hasta que el Ministerio P�blico no determine su libertad por falta de elementos; tambi�n lo es que esta premisa es falsa, por cuanto no toda persona retenida en una acci�n determinada es inculpado en una averiguaci�n previa, sino que precisamente la retenci�n y traslado ante el agente investigador, genera la necesidad de determinar su situaci�n jur�dica o su relaci�n con el directamente inculpado o bien su conocimiento de los hechos, la cual puede �nicamente ser en calidad de testigo; para as� determinar de igual manera si al tomar su declaraci�n, lo debe hacer en calidad de inculpado o de testigo, y hacerle saber las obligaciones y derechos que le otorga la Constituci�n y el C�digo Federal de Procedimientos Penales, en sus art�culos 127 Bis o 128, seg�n corresponda.

    "En efecto, los art�culos 123 y 124 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, establecen:

    "?Art�culo 123. Inmediatamente que el Ministerio P�blico Federal o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguaci�n previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictar�n todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las v�ctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; saber qu� personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general impedir que se dificulte la averiguaci�n, procediendo a la detenci�n de los que intervinieron en su comisi�n en los casos de delito flagrante.

    "?Lo mismo se har� trat�ndose de delitos que solamente puedan perseguirse por querella, si �sta ha sido formulada.

    "?El Ministerio P�blico s�lo podr� ordenar la detenci�n de una persona, cuando se trate de delito flagrante o de caso urgente, conforme a lo dispuesto por el art�culo 16 de la Constituci�n y en los t�rminos de los art�culos 193 y 194 respectivamente.?

    "?Art�culo 124. En el caso del art�culo anterior, se proceder� a levantar el acta correspondiente, que contendr�: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos; el nombre y el car�cter de la persona que dio noticia de ellos, y su declaraci�n, as� como la de los testigos cuyos dichos sean m�s importantes y la del inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo �tnico ind�gena al que pertenece, en su caso; la descripci�n de lo que haya sido objeto de inspecci�n ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar; el resultado de la observaci�n de las particularidades que se hayan notado a ra�z de ocurridos los hechos, en las personas que en ellas intervengan; las medidas y providencias que se hayan tomado para la investigaci�n de los hechos, as� como los dem�s datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar.?

    "De la interpretaci�n y an�lisis sistem�tico y gramatical de los art�culos 123 y 124, ambos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se advierte que el agente investigador, debe, como imperativo legal que no admite espera, cuando se ha puesto a su disposici�n a un inculpado, ya sea por delito perseguible de oficio o por querella, cuando se ha cumplido el requisito correspondiente; entre otras cosas: impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; saber qu� personas fueron testigos; en general, impedir que se dificulte la averiguaci�n; a levantar el acta correspondiente en que se haga saber la fecha, hora y modo en que se tuvo conocimiento de los hechos; a obtener el nombre y car�cter de la persona que dio noticia de los hechos, as� como su declaraci�n; a obtener la declaraci�n de los testigos cuyos dichos sean m�s importantes; la versi�n del inculpado; los nombres y domicilios de los testigos que no hayan podido declarar; y, las medidas y providencias que se hayan tomado para la investigaci�n de los hechos, as� como los dem�s datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar.

    "Atendiendo a lo anterior, podemos concluir que el Ministerio P�blico tiene la obligaci�n legal de obtener las declaraciones del o los inculpados, as� como del o los testigos de cargo, cuando �stos se encuentran en su presencia por haber sido retenidos y puestos a su disposici�n por los captores, cuando ello resulta urgente o tenga como fin evitar que se dificulte la averiguaci�n, se pierdan o alteren los efectos y objetos del delito, o por las particularidades que medien respecto a las personas que intervengan en los hechos que se investigan; como ocurre en el caso concreto, en el que, por las particularidades del caso, y la urgencia de tomar la declaraci�n de personas que pod�an ser deportadas y cuya obtenci�n de su versi�n con posterioridad atrasar�an o dificultar�a la investigaci�n, alterando incluso los hechos o la forma en que sucedieron por el transcurso del tiempo, era preciso tomarles la declaraci�n antes de deportarlos u otorgarles su libertad plena, seg�n corresponda.

    "Por tanto, la versi�n ministerial de los codetenidos en un solo evento, no debe hacerse exclusivamente en t�rminos del numeral 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, como establece la jurisprudencia antes referida, publicada por el Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, sino que para determinar el art�culo aplicable al caso (127 Bis o 128), debe atenderse a la calidad con que comparece la persona que fue codetenida o presentada con el o los inculpados, ya sea de testigo de cargo o de coinculpado, pues es inconcuso que el numeral 127 Bis, que se refiere a la declaraci�n de testigos, establece ciertos derechos y obligaciones que son diferentes a los del numeral 128, que se ubica en la hip�tesis de quienes declaran en calidad de inculpados.

    "Ahora bien, establecido lo anterior, es inconcuso que a pesar de que los testigos de cargo ten�an la calidad de codetenidos con la inculpada aqu� quejosa, no hab�a raz�n para que su versi�n ministerial se tome en t�rminos del numeral 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, ya que su deposado era necesario para determinar la probable responsabilidad de la quejosa y as� consignar los hechos a la autoridad judicial correspondiente, pero no para determinar si ellos ten�an responsabilidad o no en el caso, ya que incluso se hab�a obtenido mediante comunicaci�n telef�nica, que se encuentra permitida por el numeral 78 del c�digo procesal citado, pues trat�ndose de casos urgentes como lo era el que se analiza, se obtuvo la comunicaci�n del jefe de Departamento de Migraci�n y Asuntos Jur�dicos del Instituto Nacional de Migraci�n, en la que manifest� que no iba a querellarse en contra de los extranjeros que fungieron como testigos de cargo; seg�n se desprende de la constancia ministerial que obra a foja 35 de la causa penal.

    "Por tal motivo, como de las constancias de autos se advierte que el agente investigador hizo saber a los extranjeros (testigos de cargo), los derechos que les conced�a el numeral 127 Bis del C�digo Federal de Procedimientos Penales, de rendir declaraci�n asistido de un abogado nombrado por ellos si lo consideraban necesario, sin que ellos hayan hecho manifestaci�n alguna al respecto, por lo que es inconcuso que no puede concluirse que su versi�n se encuentre viciada por falta de independencia o imparcialidad, como pretende la quejosa.

    "Conforme con lo anterior, es inconcuso que resulta infundada la diversa inconformidad de la quejosa en la que plante� que la autoridad investigadora omiti� hacerles saber a los testigos de cargo el derecho que les confer�a el numeral 127 Bis del C�digo Federal de Procedimientos Penales, de ser asistidos de un abogado nombrado por ellos, pues esa manifestaci�n s� les fue hecha, y si bien s�lo se refiri� a que ten�an los derechos del numeral en cuesti�n, sin especificar en el acta en qu� consist�a tal derecho, lo cierto es que tanto las actuaciones como las manifestaciones del fiscal federal son de buena fe y, por tanto, debe entenderse que hizo saber ese derecho al declarante; por lo que si la quejosa pretende que se considere nula la declaraci�n en cuesti�n, por considerar que el fiscal no cumpli� con su deber de comunicar en qu� consist�a ese derecho, debe probar tal circunstancia, siendo que mientras ello no suceda, la determinaci�n del agente del Ministerio P�blico debe estimarse ajustada a derecho y con el valor otorgado por la autoridad jurisdiccional.

    "Tambi�n sostiene la inconforme, que la responsable dej� de aplicar la tesis ?testigos sospechosos?; que le hiciera valer, pues los agentes aprehensores se condujeron en los mismos t�rminos y en forma id�ntica, por lo que exist�a sospecha sobre su sinceridad y llevaba a la presunci�n de que fueron aleccionados.

    "Que el tribunal de amparo se constri�� a destacar que la responsable ya hab�a contestado esa circunstancia, transcribiendo al caso la parte que estimaba lo hac�a, violando con ello diversos art�culos de la Ley de Amparo, pues de contestar el concepto de violaci�n hubiere llegado a la conclusi�n de que s� era aplicable esa jurisprudencia.

    "La anterior manifestaci�n es infundada.

    "En efecto, si bien resulta cierto que la autoridad de amparo estim� que tal circunstancia ya hab�a sido contestada por la responsable, transcribiendo al caso la parte en la que estim� que as� se destacaba, y tambi�n es cierto que el tribunal de amparo s� cumpli� con lo dispuesto por los numerales 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, pues no obstante de que no dio argumentos suyos por los que estimaba que era infundado el concepto de violaci�n, es inconcuso que al haberse remitido a los argumentos de la autoridad responsable, e incluso transcribirlos para mejor entendimiento, hizo suyos los mismos por considerar que eran adecuados para ello; y por tanto estaba emitiendo a su juicio la raz�n por la que era infundada la pretensi�n de la quejosa.

    "Ahora bien, no obstante lo anterior, debe decirse que la declaraci�n de los testigos, que en el caso son los agentes aprehensores, si bien estan redactados en t�rminos similares, pues as� se desprende de la lectura de los autos de la causa penal a estudio; lo cierto es que los mismos no pueden estimarse sin valor para probar lo que ah� vierten, pues la sospecha de aleccionamiento no se destaca por esa circunstancia espec�fica, que en realidad puede obedecer �nicamente a la forma de redactar del escribiente que las tom�, siendo que si la quejosa y recurrente estima que los aprehensores fueron aleccionados, debe probar esa circunstancia con otros medios probatorios y no constre�irse a destacar que as� fue por la similitud en que fueron redactados.

    "Es aplicable en este aspecto, la jurisprudencia III.1o.P. J/8, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, la cual se comparte, visible en la p�gina 445 del Tomo IX, abril de 1999, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es:

    "?TESTIGOS DE CARGO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS TESTIMONIOS EST�N REDACTADOS EN T�RMINOS SIMILARES, ES INSUFICIENTE PARA DECLARARLOS NULOS DE PLENO DERECHO.? (Se transcribe)

    "Que se dej� de estudiar, analizar y responder en su totalidad los razonamientos que formulara, en el sentido de que la diligencia mediante la cual los testigos reconocieron a la inculpada, no constitu�a un simple reconocimiento, porque no la reconocieron mediante una fotograf�a, video u objeto puesto a la vista, sino que fue a trav�s de su presencia f�sica, lo que t�cnica y procesalmente era una confrontaci�n, la cual no se apeg� a los lineamientos legales.

    "La anterior inconformidad es infundada.

    "Se dice que es infundado, por cuanto si bien resulta cierto que en el caso concreto, la autoridad investigadora llev� a cabo el reconocimiento de la quejosa por los testigos, mediante el hecho de poner en presencia de los testigos a la quejosa, lo cual como adujo, t�cnicamente no es una confrontaci�n que cumpla con los t�rminos del C�digo Federal de Procedimientos Penales siendo que tiene el valor de un indicio; tambi�n lo resulta el hecho de que tal prueba no es trascendente para considerar acreditados los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad de la quejosa, pues los testigos de cargo adujeron que la quejosa era la persona que hab�a ofrecido introducirlos a territorio mexicano para conseguir trabajo en Tapachula de C�rdova y O.��ez, lo cual se corrobor� con el deposado de los aprehensores, quienes se�alaron que los testigos de cargo les hicieron esa manifestaci�n, por lo que con independencia de que a la confrontaci�n no se le otorgara valor, no obstante que bien pudiera otorg�rsele, dado que existen datos que la corroboran; ello no trascender�a al resultado del fallo que se analiza.

    "Tambi�n sostiene que se dej� de contestar el concepto de violaci�n que hizo en el sentido de que en la especie no se integraba la prueba circunstancial de valor probatorio pleno que invocara la responsable, pues se hab�a omitido especificar cu�les fueron los hechos conocidos que reflejaban los medios de convicci�n, y cu�les los no conocidos que se demostraban con el enlace de esas probanzas.

    "La anterior manifestaci�n es fundada pero inoperante.

    "En efecto, del an�lisis de los conceptos de violaci�n que se hicieron valer ante el tribunal de amparo, se advierte que la quejosa manifest� lo siguiente:

    "?b) No obstante lo anterior, al se�alar la autoridad responsable ordenadora en la resoluci�n reclamada, que concaten� entre s� los medios de convicci�n que cita en la misma, en su debido orden l�gico, jur�dico y natural, para conformar la prueba circunstancial perfecta de valor probatorio pleno que invoca en dicha resoluci�n, para tener por demostrado tanto los elementos de los delitos que se me imputan, como la probable responsabilidad que se me atribuye en la comisi�n de los mismos, omiti� mencionar cu�les son los hechos conocidos que reflejan los medios de convicci�n que cita en dicha resoluci�n y sobre todo, cu�les son los hechos no conocidos que se demuestran con el enlace de dichas probanzas, para obtener as� una verdad resultante y tener por acreditado con los mismos, tanto los citados delitos como la probable responsabilidad que se me atribuye en la comisi�n de los mismos, de lo que se infiere que la autoridad responsable ordenadora, al invocar en mi agravio la citada �prueba circunstancial�, pasa por alto que la concatenaci�n legal de las pruebas con relaci�n a la multicitada prueba, exige como condici�n l�gica, que en cada indicio, exista un determinado papel incriminador, para evitar incurrir en un grave error judicial, al articularse falsos indicios para pretender construir la prueba de la responsabilidad. Incriminaciones que no se aprecian ante las omisiones en que incurri� la citada autoridad.?

    "De igual manera, al estudiarse los argumentos vertidos por el Magistrado de amparo, no se advierte que �ste haya analizado y resuelto sobre el concepto de violaci�n se�alado, lo que, dada la incongruencia por omisi�n, determina considerar fundado el agravio hecho valer en esta alzada; sin embargo, ello no es suficiente para concederla protecci�n constitucional solicitada, por lo siguiente:

    "En el caso concreto la responsable adujo que deb�a tomarse en consideraci�n la prueba circunstancial de hechos para tener por acreditada la probable responsabilidad del inculpado, lo cual se estima correcto, pues como aduce la quejosa, la prueba circunstancial es aquella que se basa en hechos conocidos para determinar otros que no se pueden acreditar con pruebas fehacientes y que por tanto deben presumirse con la aludida prueba circunstancial.

    "Ahora bien, es correcta esa determinaci�n, por cuanto de las constancias de autos, y como se hizo constar con anterioridad, existen pruebas como la testimonial de los extranjeros y la versi�n de los agentes aprehensores, que si bien no alcanzan el rango de prueba plena por no haberse valorado en la sentencia conforme al c�mulo probatorio del proceso, si son indicios incriminadores que en su conjunto llevan a determinar la prueba circunstancial de hechos, para presumir que la inculpada es quien probablemente llev� a cabo la conducta de introducir a los extranjeros al pa�s, as� como el de transportarlos por territorio con el fin de ocultarlos de la revisi�n migratoria; siendo que por ahora dicha prueba es suficiente para el dictado del auto de formal prisi�n, ya que para �ste s�lo se requiere que existan pruebas que acrediten los elementos del cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad de la inculpada en su comisi�n, y no que sean plenas de responsabilidad.

    "Es aplicable en este aspecto la tesis sustentada por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 1057, del Tomo LXXII, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo tenor literal es:

    "?AUTO DE FORMAL PRISI�N.? (Se transcribe)

    "Por �ltimo, la inconforme alega que el Magistrado de amparo dej� de suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de su representada, y en cambio, trat� de perfeccionar la resoluci�n reclamada.

    "Esta manifestaci�n es infundada.

    "En efecto, por una parte es preciso destacar que la deficiencia de los conceptos de violaci�n, en materia penal es posible suplirla de conformidad con el art�culo 76, Bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo, tal como aduce la quejosa en cuanto a que era posible suplir en su deficiencia sus conceptos de violaci�n.

    "Sin embargo, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario no supli� deficiencia alguna de esos conceptos de violaci�n, pues no consider� que exista deficiencia alguna que suplir, y con base en ello, emiti� la sentencia que ahora se recurre, y que, conforme con los lineamientos de esta ejecutoria, result� acertada pues no se advierte deficiencia alguna.

    "Conforme con lo anterior, y toda vez que el criterio sostenido en esta ejecutoria resulta contradictorio con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito en la jurisprudencia bajo el rubro: ?TESTIMONIAL A CARGO DE CODETENIDOS. SI NO SE CUMPLE CON LO SE�ALADO EN EL ART�CULO 128 DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SU TESTIMONIO CARECE DE VALIDEZ, VIOL�NDOSE, EN CONSECUENCIA, LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICA PREVISTAS EN LOS ART�CULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.?; den�nciese la contradicci�n en t�rminos del numeral 197-A, ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para los efectos legales correspondientes.

    En consecuencia, se impone confirmar la sentencia sujeta a revisi�n.

  2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al resolver los amparos directos penales n�meros 824/2001, 791/2001, 823/2001, 825/2001, 7/2002 y 351/2004, sostuvo las siguientes consideraciones:

    Los quejosos fueron detenidos por las autoridades migratorias junto con los mexicanos a quienes pretend�an introducir a los Estados Unidos de Am�rica en calidad de indocumentados, por lo que ante tal evento el Ministerio P�blico orden� el inicio de la averiguaci�n previa.

    Bajo esas condiciones, el Ministerio P�blico tom� la declaraci�n de todos los detenidos y la autoridad responsable hizo hincapi� de que en el caso de los indocumentados:

    "... en ning�n momento rindieron sus testimonios en calidad de detenidos, sino de presentados, como se desprende de las diligencias en las cuales intervinieron, en las cuales se aprecia que en ning�n momento se les precis� que existiera en su contra se�alamiento alguno como autores o part�cipes de alg�n il�cito, por el contrario, se hizo saber en t�rminos del art�culo 127 Bis del C�digo Federal de Procedimientos Penales, el derecho que ten�an para ser asistidos por un abogado o persona de su confianza. Asimismo, rindieron su declaraci�n a virtud de la obligaci�n expresa que establece el art�culo 242, primer p�rrafo, del c�digo adjetivo de la materia, que establece que toda persona que sea testigo est� obligada a declarar sobre los hechos investigados ..."(3)

    Ahora bien, durante el proceso penal seguido en contra de los quejosos, se invoc� como material probatorio las declaraciones de los referidos indocumentados, mismas que a juicio del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, las emitieron en calidad de codetenidos, pues tales personas se encontraban completamente privadas de su libertad al momento de rendir su testimonio.

    Por consiguiente, su versi�n ante el agente del Ministerio P�blico no ten�a porqu� haberse tomado en t�rminos del numeral 127 Bis del c�digo adjetivo de la materia, que se refiere a la forma en que debe desahogarse la declaraci�n ministerial de un testigo, sino en t�rminos del art�culo 128 del mismo ordenamiento legal, que se refiere a la hip�tesis de los inculpados, por lo que la declaraci�n de los testigos se encuentra viciada y en casos como �stos debe concederse el amparo, por estimarse violadas las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica en perjuicio de los quejosos.

    Lo anterior queda evidenciado seg�n la siguiente transcripci�n, en la conducente, de la ejecutoria dictada al resolver el amparo directo penal 824/2001:

    "CUARTO. Los conceptos de violaci�n expuestos por el quejoso son los siguientes: ?VII. Garant�as procesales violadas. Y 168, 279, 285, 286, 287, 289, del C�digo Federal de Procedimientos Penales. �Art�culo 168. El Ministerio P�blico acreditar� los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base del ejercicio de la acci�n; y la autoridad judicial, a su vez, examinar� ambos requisitos en autos. El cuerpo del delito se entiende en conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley se�ale como delito, as� como los normativos en el caso de que la descripci�n t�pica lo requiera. La probable responsabilidad del indiciado se tendr� por acreditada cuando de los medios probatorios existentes, se deduzca su participaci�n en el delito, la comisi�n dolosa y culposa del mismo y, no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. El cuerpo del delito de que trate la probable responsabilidad se acreditar� con cualquier medio probatorio que se�ale la ley.�. En efecto, del contenido del art�culo 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se desprende que los elementos del tipo penal, en t�rminos generales, pueden ser de car�cter objetivo, o de �ndole subjetiva, adem�s de diferenciar entre los que son constantes o comunes a todo tipo penal y los que solamente se plantean en los casos en que el tipo as� lo exija expresamente. Entre los elementos subjetivos destaca la propia acci�n u omisi�n as� como el resultado de la misma. �Art�culo 279. La autoridad judicial calificar� el valor de la confesi�n, tomando en cuenta los requisitos previstos en el art�culo 287 y razonando su determinaci�n, seg�n lo dispuesto en el art�culo 290. Se deroga.�. (Diario Oficial de la Federaci�n del 10 de enero de 1994). �Art�culo 285. Todos los dem�s medios de prueba o de investigaci�n y la confesi�n, salvo lo previsto en el segundo p�rrafo del art�culo 279, constituyen meros indicios.�. �Art�culo 286. Los tribunales, seg�n la naturaleza de los hechos y el enlace l�gico y natural, mas o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciaran en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena.�. �Art�culo 287. La confesi�n ante el Ministerio P�blico y ante el J. deber� reunir los siguientes requisitos:�. �Art�culo 289. Para apreciar la declaraci�n de un testigo el tribunal tendr� en consideraci�n:�. El ad quem para confirmar la sentencia condenatoria dictada por su inferior jer�rquico C. J. Quinto de Distrito se bas� principalmente en lo siguiente: A) Informe policiaco suscrito en la ciudad de Tecate el d�a 11 de febrero de 1999, por los agentes de Instituto Nacional de Migraci�n adscritos al Grupo Alfa ... en el que manifiestan entre otras cosas y en lo que interesa que en un recorrido de vigilancia, al efectuarlo por el rancho El Rodeo detectaron a 44 personas que se hallaban a una distancia de cien metros sobre la l�nea internacional de los cuales tres de ellos daban indicaciones al grupo que se apuraran, siendo en ese momento en que se acercaron dos individuos que preguntaron sino hab�an tenido problemas en el camino a la vez que daban indicaciones de que se llevaran a los migrantes hacia el arroyo para que los ocultaran y no los mirara la migra, que por ese motivo se entrevistaron con los ... quienes en forma acorde se�alaron a ... como las personas que con prop�sito de tr�fico los llevaron a internarse sin la documentaci�n correspondiente (fojas 1 a 4) Ratificado ministerialmente (fojas 34 a 37 bis). B) Querella formulada por el delegado regional del Instituto Nacional de Migraci�n en contra de ... por realizar actos de los previstos por el art�culo 138 p�rrafo primero. C) Declaraci�n ministerial de ... D). Testimonios de ... y ... E) Testimonio ministerial de ... F) Testimonio de ... J) Declaraci�n ministerial de ... G) Declaraci�n ministerial de ... H) Testimonio de ... I) Declaraci�n ministerial de ... en la que dijo que el d�a anterior aproximadamente a las 6:00 horas lleg� al monte cerca del lugar de su detenci�n en compa��a de sus hermanos ... con la intenci�n de ingresar en forma ilegal al vecino pa�s del norte que aproximadamente a las 8:00 de la ma�ana baj� a la tienda a comprar una cajetilla de cigarros, y que su hermano y ... lo esperaron como a unos cincuenta metros aproximadamente, que cuando caminaba fue detenido por los agentes del Grupo Alfa, percat�ndose de que �stos ten�an detenidos a varias personas que al parecer ten�an la intenci�n de introducirse en forma ilegal al vecino pa�s del norte a lo que les pidi� cigarros, diciendo los agentes que era el que llevaba a la gente que en el crucero conocido como 5 y 10 contrat� un sujeto para que los introdujera a territorio extranjero en forma ilegal, que aqu�l le dio un croquis para que se trasladara al lugar donde fue detenido dici�ndole que ah� lo esperara (foja 43). J) Declaraci�n ministerial de ... en el que expuso su inconformidad con lo anotado en el parte informativo que el d�a anterior aproximadamente a las cinco horas lleg� a su domicilio su hermano ... quien le pregunt� si estaba preparado para internarse en forma ilegal al vecino pa�s del norte dado que hab�a contactado a quien los ayudara a lograr su intenci�n que de ah� se trasladaron a la casa de ... quien vive cerca de su domicilio junto con el cual se trasladaron hasta la ciudad de Tecate, B.C., especialmente a la zona de v�as del ferrocarril, donde fueron interceptados por los agentes del Grupo Alfa; que su hermano iba a pagar seiscientos d�lares por su internaci�n ilegal a la Uni�n Americana (foja 44). K) D.�menes m�dicos practicados a ... L) Declaraci�n judicial de ... en la que dijo no estar de acuerdo con el parte informativo, ratificando su declaraci�n ministerial, agregando que iba de ilegal junto con ... y su amigo ... que no conoce el resto de las personas que se se�alan como aspirantes a ilegal (foja 58). M) Declaraci�n judicial de ... en la que dijo no estar de acuerdo con el parte informativo; que era un ilegal m�s junto con ... y ... que al resto de las personas no las conoce; que era la primera vez que pretend�an ingresar al vecino pa�s del norte; que ratificaba su declaraci�n ministerial (foja 59). N) Declaraci�n judicial de .... O) Declaraci�n judicial de ... P) Documental consistente en cartas de recomendaci�n a nombre del procesado ... y un certificado de constancia de haber tomado un curso de soldadura. Q) Documental consistente en fichas signal�ticas de los procesados ... R) Testimonial del agente aprehensor ... quien manifest� que fue �l quien dict� el parte informativo a la secretaria y que personalmente detuvo a ... que s� cuestionaron al ahora detenido y a las otras cuarenta y cuatro personas que se mencionan en el parte informativo, que detuvo los anteriormente nombrados el d�a 11 de febrero del a�o pr�ximo pasado como a las 11:00 horas a cien metros de la l�nea divisoria por el rancho El Rodeo, cuando llevaban a un grupo de 44 personas, que fueron se�alados por las mismas que los llevaban para los Estados Unidos y ese fue el motivo de la detenci�n (fojas 164 y 165); que se encontraban infiltrados entre ellos cuando se percataron que les daban instrucciones al grupo, que les daba indicaciones con adem�n de mano que los siguieran y que se encontraba como a uno o dos metros cuando los dos sujetos que se acercaron al grupo les preguntaban si no hab�an tenido problemas con el camino, que transcurrieron como cinco o diez minutos de la hora que se percataron del grupo de personas para que se infiltraran en ellos, que la manera en que daban indicaciones para que los ocultaran en el arroyito y la migra no los mirara era en forma verbal (fojas 168 vuelta). S) Testimonial de ... quien dijo que elabor� el parte informativo y que s� detuvo a ... pero no los interrog� y a las otras cuarenta y cuatro solamente interrog� a algunos de ellas y no les asegur� cantidad alguna de dinero, que detuvo a los procesados en el rancho El Rodeo, como a cien metros de la l�nea divisoria y porque los acusados eran las personas que iban dando instrucciones y dirigiendo al grupo (fojas 165 vuelta y 166); que se encontraba como a veinte metros de las cuarenta y cuatro personas cuando se dio cuenta de que tres sujetos les daban indicaciones, que los estaban reuniendo y les estaban diciendo para donde se ten�an que dirigir y en ese momento llegaron dos personas m�s fue cuando aseguraron a los cinco, que estaba como a tres o cuatro metros cuando los dos sujetos que se encuentran les preguntaban si no hab�an tenido problemas en el camino, que faltan como cinco minutos para las doce cuando se infiltraron en el grupo, que de forma verbal y a se�as estas personas les dec�an al grupo que se escondieron en el arroyito para que no viera la migra (fojas 167 vueltas). T) Testimonial de ... en que manifest� que �l no elabor� el parte informativo, y que �l personalmente detuvo a ... y no los interrog� pero s� a alguna de las cuarenta y cuatro personas y no se les asegur� cantidad alguna de dinero y la detenci�n de los procesados fue en el rancho El Rodeo, el 11 de febrero a las doce horas aproximadamente, como a cien metros de la l�nea divisoria y el motivo fue porque las personas se�aladas a los ahora detenidos como las personas que los llevaba a los Estados Unidos (fojas 166 vuelta); que se encontraba como a treinta metros cuando se percat� que tres personas daban instrucciones a un grupo de personas, d�ndole se�as con las manos de que se apuraran, que ya estaban infiltrados dentro del grupo cuando se dio cuenta de los dos sujetos que les preguntaron si no hab�an tenido problemas con el camino, que tardaron como cinco a diez minutos de la hora en que se infiltraron al grupo, las dos personas que llegaron al grupo les daba indicaciones a los otros tres de que ocultaron a los migrantes en el arroyito para que no los viera la migra (fojas 166 vuelta y 167). U) Testimonial de ... en que manifest� que conoce a ... y ... y a ... V) Testimonial de ... W) Testimonial de ... X) Testimonial de ... Y) Careo directo entre el procesado ... y el agente aprehensor ... Z) Careo directo entre el procesado ... y el agente aprehensor ... 1) Careo directo entre el procesado ... y el agente aprehensor ... 2. Careo directo entre los procesados ... con los gentes aprehensores ... y ... 3. Careo directo entre los procesados ... con el agente aprehensor ... 4) Careo directo entre los procesados ... y con el agente aprehensor ... 5) Careos supletorios entre los procesados ... con la de los testigos ausentes ... 6) Documental consistente en 2 cartas de recomendaci�n del procesado ... y dos cartas a favor del procesado ... 7) Testimonial de ... quien expuso que conoce a ... y a ... 8) Se remiti� exhorto al C. J. de Distrito en el Estado de Jalisco. 9) Careo directo entre los procesados ... 10) Careo directo entre los procesados ... y ... 11) Careo directo entre los procesados ... y ... 12) Careo directo entre los procesados ... y ... 13) Testimonial de ... quien manifest� que ... trabajo para �l desde mil novecientos noventa demostrando ser una persona trabajadora y honrada, y siempre �l manifest� que �l desear�a irse a trabajar a los Estados Unidos en un futuro, a principios del a�o como el diez de enero se fue y se despidi� de �l como a los tres d�as regres� y le dijo que estaba bien duro que no pudo cruzar si le volv�a dar trabajo y se lo dio, como a las tres o cuatro semanas le dijo que hab�a contactado a una persona que lo iba a cruzar por Tecate, a principios de febrero como el 8 o el 9 ya no volv� a saber nada de �l hasta que su mam� me dijo que estaba detenido y lo acusaban de pollero, que es propietario de la refaccionaria S.P.B.B., y se encontraba ubicada en boulevard margen izquierdo primera secci�n, que el tiempo que el procesado estuvo trabajando en su negociaci�n no tuvo conocimiento de que lo detuvieran, siempre fue trabajador y sin problemas con las autoridades pero que s� es muy nervioso, que percib�a setecientos pesos semanales y que nunca interrumpi� su trabajo con �l desde la fecha anteriormente mencionada al mes de febrero, que nunca tuvo conocimiento si el procesado estuvo anteriormente en los Estados Unidos incluso no ten�a pasaporte (fojas 464 a 465.) As� tambi�n con el razonamiento subjetivo de que el relato de los agentes aprehensores adquiere el car�cter de testimonio que le confiere el art�culo 287 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, al ser ratificado ministerialmente constituyendo un indicio conforme al art�culo 285 del mismo ordenamiento legal dado que quienes lo hacen conocieron los hechos en forma personal, al haberlos apreciado a trav�s de los sentidos y en ejercicio de sus funciones, adem�s de que no se encuentra controvertido con otro medio de prueba, sino por el contrario se reitera se vio complementado con lo expuesto por los aspirantes a emigrar ilegalmente, quienes fueron coincidentes en se�alar a los inculpados como las personas que los llevaron de esta ciudad al lugar de su detenci�n, con la finalidad de ingresarlos a territorio de la Uni�n Americana, por lo que les cobrar�an de dicha cantidad de d�lares a cada uno testimonio que adquiere tambi�n el valor de indicio que les confiere el art�culo 285 del c�digo adjetivo de la materia, dado que los emitentes conocieron los hechos que expusieron, en raz�n de que los aqu� inculpados los condujeron de esta ciudad al lugar de su aprehensi�n, con la marcada intenci�n de introducirlos a los Estados Unidos de Am�rica, declaraciones que se ajustan a las exigencias que al efecto prev� el art�culo 289 de la ley invocada. Mientras que lo expuesto por ... tiene valor preponderante al advertirse rendidos con las formalidades exigidas por el art�culo 285 del c�digo adjetivo de la materia, de este modo adminiculando los indiciosrese�ados se concluye que ... el once de febrero del a�o de 1999, pretendieron internar a territorio extranjero a un grupo de connacionales sin la documentaci�n correspondiente con �nimos de tr�fico al acreditarse que ten�an un arreglo econ�mico con aqu�llos para la realizaci�n del hecho antijur�dico robusteci�ndolo con una jurisprudencia �POLIC�AS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal debe de darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye como testigos de los hechos il�citos que conocieron.�. As� como la tesis jurisprudencial n�mero 357 consultable a p�gina 197 del Tomo II parte SCJN, de la Sexta �poca del rubro �TESTIGO RETRACTACI�N DE. Las retractaciones de los testigos s�lo se admiten en el enjuiciamiento penal cuando adem�s de fundarse tales retractaciones est�n demostrados los fundamentos o los motivos invocados para justificarlas.�. No es obst�culo a la anterior conclusi�n, la negativa de los acusados respecto a su partici�n del hecho delictivo al afirmar todos ellos que tambi�n pretend�an alcanzar territorio extranjero, afirmando ... que su participaci�n en el evento delictivo era �nicamente la de guiar a las personas detenidas en su compa��a hasta al lugar de su captura donde estar�a el encargado de llevarlos a territorio extranjero, para judicialmente negar esa circunstancia y afirmar que era un ilegal m�s y retirar su imputaci�n, mientras que ... se limit� a decir que no ten�a ninguna relaci�n con las personas detenidas en el lugar de los hechos, sino �nicamente los empez� a seguir que tambi�n pretend�a alcanzar territorio de la uni�n americana, por su parte ... y ... dijeron que iban solos, se�alando el primero a ... como el que iba a cobrar seiscientos d�lares por llevarlo al vecino pa�s del norte en forma ilegal, para judicialmente afirmar que era un tercero el que los iba a introducir ilegalmente y que ellos iban con el resto de las personas que fueron detenidas en el lugar empero cada uno de ellos es omiso al aportar pruebas aptas y bastantes que no s�lo justifiquen lo que alegan en su defensa, sino tambi�n que demeriten lo expuesto por los aprehensores, quienes afirmaron haberlos visto dar instrucciones a los connacionales detenidos en su compa��a, y principalmente a lo expresado ante el representante social federal por los aspirantes a indocumentados quienes coincidiendo en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los se�alan como quienes a bordo de autobuses de servicio p�blico los llevaron de esta ciudad al lugar de su captura con la finalidad de introducirlos a la uni�n americana por lo que pagar�an una suma de d�lares, probanzas que como ya se estableci�, ponen de manifiesto la participaci�n de los procesados en la comisi�n del evento delictivo que se les atribuye. Asimismo, durante la secuela procesal desarrollada en la causa penal en que se act�a, no fue acreditado que la Secretar�a de G.�n, a trav�s del Instituto Nacional de Migraci�n hubiese autorizado a persona alguna la internaci�n a los Estados Unidos de Am�rica, de ... y del resto de aspirantes a indocumentados cuyos nombres obran en el parte informativo, resultando ilegal por ende la conducta atribuida por dichos aspirantes a indocumentados a los actuales enjuiciados, ya que en su contra obra una querella formulada por el delegado regional del instituto aludido para esta entidad, ratificada ante la representante social federal consignador, en la que se les reprocha la realizaci�n de actos previstos como delictivos y sancionados en la Ley General de Poblaci�n. Por otro lado, las testimoniales y los careos directos entre los aprehensores ... con los procesados (fojas 170 a 178), robustecen la capacidad incriminatoria de la intervenci�n de dichos agentes en los hechos criminosos que nos ocupan, puesto que ante la reiteraci�n de los enjuiciados en su declaraci�n judicial, los oficiales antes nombrados sostuvieron uniformemente que la detenci�n de ... se debi� a que los migrantes que los acompa�aban se�alaron que aqu�llos los conduc�an al vecino pa�s del norte en forma ilegal, lo que desde luego, no introduce al sumario dato convictivo que beneficie a los acusados. Adem�s de los careos supletorios desahogados entre los procesados con los pretendientes a indocumentados ausentes ... no es dable desprender elemento de prueba que obren a favor de los procesados fojas 178 a 190, dado que en dichas diligencias los actuales acusados se limitaron a reproducir sus manifestaciones esenciales vertidas en v�a de preparatoria siendo destacable que este juzgado federal agot� los medios a su alcance para lograr la comparecencia de los pretendientes a indocumentados de referencia, pues luego de girar los exhortos 24/99, 25/99 y 26/99 a los Jueces de Distrito competentes, seg�n el lugar de residencia manifestado ministerialmente por dichos migrantes, result� que el C. J. de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, que por razones del turno toc� conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, mismos que no se desahogaron en virtud de que los Jueces de Primera Instancia de Tamazula de Gordiano y Menor de El Grullo, ambos del Estado de Jalisco, inform� que no existen los domicilios proporcionados para la localizaci�n de los testigos ... (foja 283), as� como exhorto al C. J. Primero de Distrito en el Estado de M�xico con residencia en la ciudad de Naucalpan de Ju�rez, manifest� que se present� ante este Juzgado ... esposa de ... donde dijo que su esposo se fue de su casa hacia cinco meses sin saber donde localizarlo, que de lo �nico que se hab�a enterado era que se fue para Tijuana (foja 426), asimismo, el diverso exhorto al J. Primero de Distrito en Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mismos que no se celebraron en virtud de que no fue posible la localizaci�n de los testigos ... y ... (foja 354) informando al respecto el jefe del grupo de la Polic�a Judicial de ese Estado, que los citados se encuentran radicando en los Estados Unidos de Norteamericana sin que deba pasarse por alto que en el presente caso la intervenci�n activa de ... en la comisi�n del il�cito que se tuvo por demostrado no surge exclusivamente de las declaraciones ministeriales de los aspirantes a ilegales nombrados, sino que se adminicula primordialmente con el informe de los agentes aprehensores del Grupo Operativo Alfa Tecate, del Instituto Nacional de Migraci�n, por lo cual dichos elementos de prueba, que si bien tienen separadamente el valor de indicios no se valoran en forma aislada sino con base de su concatenaci�n l�gica y natural, los que les permite producir plena convicci�n probatoria en contra de los aqu� enjuiciados, esto conforme a los preinvocados numerales 285 y 286 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. Tampoco les favorece a los procesados lo manifestado testimonialmente por ... (fojas 240 y 241) ... (fojas 464 a 465), pues las mismas solamente se refieren a la conducta de los inculpados antes de los hechos sin que tengan injerencia alguna para la responsabilidad que le resulta en los hechos a estudio. Por �ltimo, las documentales ofrecidas a favor de los procesados (fojas 84 y 855, 199 a 201 y 305), durante la secuela procesal, en nada les favorecen, pues solamente se refieren a cartas de recomendaci�n en su favor por quienes las suscriben, debi�ndose destacar que no se requiere que los ahora acusados desplieguen la conducta criminosa que se les reprocha de manera habitual, es decir, que sustenten su forma de vida en tal actividad il�cita, sino basta tener por demostrado que en el caso concreto, los hechos delictuosos analizados se encuadran en el tipo penal en comento, as� como acredita la participaci�n activa de los encausados en su comisi�n. Y tambi�n con el razonamiento subjetivo que hace el ad quem al mencionar y razonar que no importa que los sentenciados ... al rendir sus declaraciones ministeriales y preparatorias hayan manifestado que no tienen nada que ver con los hechos, que ellos tambi�n iban de ilegales, que los detuvieron porque iban con el grupo de ilegales dici�ndoles los de Grupo Operativo Alfa que ellos iban guiando al grupo pero que ellos no llevaban a nadie y lo �nico que quer�an era internarse de manera ilegal a territorio del vecino pa�s del norte para trabajar, que no conocen a sus codetenidos, a�adiendo el primero de los mencionados, que �l se encontraba en el crucero conocido como la cinco y diez en la ciudad de Tijuana, donde abord� el autob�s, que se junt� con el grupo porque se dio cuenta de que era mucha gente y lo m�s seguro que eran ilegales, que por eso decidi� seguirlos mientras que los segundos refirieron que contactaron a un pollero del que no saben su nombre, pero que les cobrar�a seiscientos d�lares por internarlos, que dicha persona les dio un croquis y por eso llegaron al lugar de su detenci�n que ellos iban con el de nombre ... porque es su amigo y tambi�n iba a cruzar de manera ilegal, lo anterior, en raz�n de que dichas versiones se aprecian emitidas con �nimo de defensa, dado que carecen de sustento en el sumario, ya que ni los sentenciados de referencia ni sus defensores ofrecieron durante la instrucci�n probanza alguna tendiente a acreditar la veracidad de dichas probanzas y en esa medida resulta acertada la decisi�n del J. de la causa al no concederles ning�n valor convictivo. A contrario sensu los directamente agraviados consideramos una violaci�n a nuestras garant�as individuales procesales en las siguientes consideraciones: pues en primer t�rmino en ning�n momento se acreditan los elementos del tipo penal como err�neamente consider� el ad quem al tener como acreditado los elementos del tipo penal que tutela el art�culo 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, pero cosa que no se da ya que no se encuentran debidamente acreditados, para la configuraci�n del il�cito mencionado que debe establecerse los elementos convictivos del tipo penal. A) La existencia de persona o personas de nacionalidad mexicana. B) Que el activo pretenda llevar a dichas personas a territorio extranjero. C) Que tal conducta la realice con el prop�sito de tr�fico. D) Que para lo anterior no se cuente con la documentaci�n correspondiente. En el mismo orden de ideas se deben de acreditar los elementos del tipo penal que se�ala el art�culo 168 del c�digo adjetivo de la materia, que versa sobre la acreditaci�n de los elementos del tipo penal lo cual le corresponde al Ministerio P�blico de la Federaci�n acreditar dichos elementos, y la en especie no ha ocurrido, pues en el peor de los casos no existe la certeza de que se acredita dicho delito en la forma, tiempo, modo, ocasi�n, lugar y circunstancias de ejecuci�n, inherentes como se verificar�a dicha internaci�n para que se pudiera materializar la conducta de que se viene hablando a mayor abundamiento y con independencia de lo anterior, debe quedar establecido que de acuerdo a las constancias que engrosan el sumario ... realizaba actos preparatorios y a�n no penetraba al n�cleo del delito, pues la realizaci�n de �ste era incierto, ya que depend�a de diversos factores que hasta este momento no se actualizaban, entre los que por su importancia destaca primeramente el hecho de precisarse con exactitud el sitio, por ende, se llevar�a a cabo la internaci�n ilegal hacia territorio norteamericano, y como se dirigir�an a este lugar en forma directa para lograr su prop�sito, quedando la conducta desplegada por el inodado, ya que en ning�n momento se agota el �pretender� o sea es necesario que la conducta del sujeto activo trascienda al mundo f�ctico, en acciones directamente encaminadas al logro del prop�sito delictivo de manera un�voca, dicho de otra manera que deben reunirse las mismas exigencias inherentes a una tentativa sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis n�mero 51 de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, p�gina 23, Vol�menes 169-174, S�ptima �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, bajo el rubro �BRACEROS, ALCANCE DEL T�RMINO PRETENDER EN EL ART�CULO 118, ACTUALMENTE 138, DE LA LEY GENERAL DE P.�. En las condiciones antes se�aladas es necesario establecer que es requisito indispensable para la integraci�n del tipo penal no se integran en su totalidad aparte que de conformidad con el art�culo 285 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, son insuficientes para acreditar que mi persona haya agotado la conducta descrita en el tipo penal del il�cito que se le imputa, en virtud de que tales testimonios no se desprende de que mi persona haya efectuado actos encaminados de manera un�voca a la realizaci�n de este pretender, aun cuando lo anterior se corrobore con el parte informativo de los elementos del Grupo Beta, comisionados en la ciudad de Tecate. Por otra parte en ning�n momento procesal he aceptado la m�nima responsabilidad del delito que dolosamente se nos imputa m�s a�n corroboramos con testimoniales a cargo de ... y el testimonio de ... quien manifest� que fue detenido el d�a 11 de febrero en una ca�ada de Tecate que vio a los sentenciados cuando estaban detenidos, y nunca antes los hab�a visto, que nunca rindi� su declaraci�n ministerial ante el fiscal de la Federaci�n, y que dict� atesto no se desprende ning�n indicio de haber estado en el lugar de los hechos sin justificar el motivo de su estancia. As� mismo la autoridad revisora le dio un valor probatorio preponderante al parte informativo suscrito y ratificado por los agentes del Instituto Nacional de Migraci�n adscritos al Grupo Alfa ... y ... adscrito al Grupo Alfa, quienes mencionan que el d�a 11 de febrero de 1999 al efectuar un recorrido de vigilancia sobre el rancho El Rodeo detectaron 44 personas que se hallaban a una distancia aproximada de cien metros en relaci�n con la l�nea internacional, de las cuales 3 de ellas daban indicaciones al grupo de que se apuraran siendo esos momentos que se acercaron otros dos individuos que preguntaron que si no hab�an tenido problemas en el camino a la vez que daban indicaciones de que se llevaran a los migrantes hacia el arroyo para que los ocultaran y no los mirara la migra que por ese motivo se entrevistaron con los 44, a lo que se contrapone con las mismas testimoniales de los agentes aprehensores antes mencionados ya que en testimonial de los primeros mencionados manifiesta que �l personalmente dict� el parte informativo a la secretaria que personalmente detuvo a los suscritos ... y que si cuestionaron a los ahora detenidos y a las 44 personas, que ese d�a 11 de febrero de 1999, como a las doce horas a cien metros de la l�nea divisoria por el rancho El Rodeo, cuando llevaban a un grupo de 44 personas, que fueron se�aladas por las mismas que los llevaban para los Estados Unidos, lo cual motiv� su detenci�n, ya que se encontraban infiltrados entre ellos cuando se percataron que les daban instrucciones al grupo que les daban indicaciones con adem�n de mano para que siguieran y que se encontraba como a dos metros cuando los dos sujetos que se acercaban al grupo les preguntaban que si no hab�an tenido problemas, y con la declaraci�n testimonial del otro agente aprehensor de nombre ... quien manifest� que �l elabor� el parte informativo que s� detuvo a los suscritos y a ... pero que no los interrog� que nom�s interrog� a algunos de las 44 personas, que no les aseguro cantidad alguna de dinero, que detuvo a los procesados en el rancho El Rodeo, como a cien metros de la l�nea divisoria, que faltaban como cinco minutos para las doce cuando se infiltraron en el grupo que de forma verbal y a se�as estas personas les dec�an al grupo de que se escondieran en el arroyito para que no los viera la migra. Y por �ltimo la testimonial del agente ... que �l no elabor� el parte informativo que �l personalmente detuvo a ... y a los suscritos quejosos y que no lo interrog� pero s� algunos de los aspirantes a ilegales, pero no les encontr� ninguna cantidad de dinero y que la detenci�n se efectu� en el rancho El Rodeo el d�a 11 de febrero aproximadamente a las doce del d�a como a cien metros de la l�nea divisoria y el motivo por el cual fue porque las 44 personas se�alaron a detenidos como las personas que los llevaban hacia los Estados Unidos, que �l personalmente se encontraba como a treinta metros cuando se percat� que tres personas daban instrucciones a un grupo de personas d�ndoles se�as con las manos de que se apuraran, ya estaban infiltrados dentro del grupo cuando se dio cuenta de los otros dos sujetos que les preguntaron si no hab�an tenido problemas en el camino que tardaron cinco o diez minutos de la hora en que se infiltraron al grupo, las dos personas que llegaron al grupo les daban indicaciones a los otros tres de ocultar a los migrantes en el arroyito para que no los viera la migra, se transcribi� lo anterior fue para dar una muestra de que los agentes aprehensores se est�n conduciendo mendazmente, y es falso y fuera de todo contexto legal de que el J. natural y el H. Magistrado le den valor preponderante diciendo que colman los requisitos que se�ala el art�culo 289 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, al decir que por su probidad, por su investidura, por su imparcialidad los testimonios de los antes mencionados son aptos para tener como prueba contundente y que el dicho de los directamente agraviados no obstante de no aceptar en ning�n momento procesal ning�n tipo de responsabilidad sobre el injusto por el cual nos confirmaron una sentencia por un delito que no cometimos ya que como consta en autos y en los razonamientos que hace el ad quem en nuestra contra menciona que nuestras declaraciones son confesiones calificadas divisibles, pues en ning�n momento desvirtuamos para su arbitrio, la acusaci�n que hace la representaci�n social, pero llendonos al fondo del asunto tampoco la representaci�n social demuestra plenamente nuestra responsabilidad, pues si bien para el H. Magistrado nuestras confesiones son divisibles, tambi�n lo son el parte informativo de los agentes aprehensores, pues por un lado mencionan en su parte informativo que en un recorrido de vigilancia nos miran a una distancia de cien metros de la l�nea divisoria y es cuando nos detienen en el rancho El Rodeo, y en sus testimoniales mencionan que ven�an infiltrados en el grupo pero en ning�n momento especifican c�mo se introdujeron al grupo, y mencionan una serie de cosas que se contraponen a su mismo parte informativo a lo que es necesario para robustecer lo del parte informativo divisible la siguiente jurisprudencia cuya sin�psis es la siguiente: �POLIC�A JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE. SU VALORACI�N PUEDE SER EN FORMA DIVISIBLE. Los art�culos 285 y 290 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, disponen que todos los dem�s medios de prueba o investigaci�n (que no tengan se�alada regla especial), constituyen meros indicios y que los tribunales impondr�n en sus resoluciones los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jur�dicamente las pruebas, el parte informativo rendido por agentes aprehensores, debe considerarse como un mero indicio, ya que su valoraci�n no se rige por un precepto espec�fico y la ley no proh�be que su contenido se divida y se le d� cr�dito a una parte, mientras se le niega a otra, con tal de que el juzgador exprese las razones tenidas en cuenta y que �stas no sean contrarias a los principios de la l�gica y la experiencia, por ello, este tribunal no comparte el criterio acerca de que la probanza de m�rito deba considerarse indivisible, de tal modo que si una de sus partes resulta inveros�mil, se le deba negar credibilidad integrante, sobre todo si las razones tenidas en cuenta por el J., se fundan en la relaci�n de congruencia que tal probanza guarda con otras que obren en autos.�. Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. (cita precedentes). Aunado a loanterior tampoco es cierto lo que afirman los multimencionados razonamientos subjetivos ya que a los agentes aprehensores no les consta en totalidad los hechos de que efectivamente los directamente agraviados hayamos ido al aeropuerto por los aspirantes a ilegales ... y que los hayamos transportado desde la ciudad de Tijuana hasta el lugar donde fuimos detenidos, sino que a ellos nom�s les consta lo que les manifestaron algunos aspirantes a ilegales, a lo que se infiere que los testimonios de los agentes aprehensores no colman la fracci�n III, y IV del art�culo 289 del c�digo adjetivo de la materia, y son �testigos de o�das�, y sus testimonios deben apreciarse de acuerdo a sus declaraciones, que el testigo de o�das su testimonio carecer� de valor probatorio y se transcribe lo siguiente: �Art�culo 289. Para apreciar la declaraci�n de un testigo el tribunal tendr� en consideraci�n: fracci�n III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por s� mismo y no por inducciones ni referencias de otro. F.�n IV. Que la declaraci�n sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales.� y �TESTIGOS DE O�DAS. INEFICACIA DEL DICHO DE LOS.�-Con referencia a estos testimonios, puede observarse que son respecto a hechos ajenos a la conducta t�pica, hechos anteriores al delito que no demuestran la participaci�n de los quejosos, hechos irrelevantes, ind�neos, ajenos a la culpabilidad, puesto que los testigos son de o�das. El primero lo que narra dice que lo supo y que quien presenci� los hechos fue otro, y �ste, por su parte, manifiesta que vio s�lo a uno de los coacusados en un cayuco rumbo a ... y que llevaba unos bultos, sin poder precisar lo que era, y segundo, su versi�n la constituye lo que le dijo el hoy occiso, de lo que se infiere la irrelevancia de los mismos en orden a la conducta criminal que se da por establecida en contra de los quejosos (cita precedentes). �TESTIGOS. APRECIACI�N DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestiguan en proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciaci�n concretamente especificados en las normas positivas de la legislaci�n aplicable, como todas las dem�s circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso l�gico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio sub j�dice.� (cita precedentes). En el mismo orden de ideas los dichos de los agentes aprehensores en ning�n momento se condujeron en una forma imparcial como menciona err�neamente en sus razonamientos pues en primer lugar, como ya se mencion�, los agentes captores son testigos de o�das, pues como ellos mencionan en su testimonial ?que interrogaron algunos de los aspirantes a indocumentados? y ellos fueron los que les dijeron que eramos cinco los que los llev�bamos a los Estados Unidos, por otra parte, es cuestionable la participaci�n de dichos agentes en el evento de nuestra detenci�n pues por una parte mencionan que andaban en un recorrido de vigilancia cuando nos detienen, y en la testimonial mencionan que se encontraban infiltrados en el grupo, el d�a que fuimos detenidos, a lo que yo le pregunto a usted se�or Magistrado, que por una parte ratifican su parte informativo, como verdad de los hechos y por otra parte dicen que estaban infiltrados en el grupo de aspirantes ilegales, entonces �cu�l es la verdad? entonces �cu�l es la probidad? Entonces por qu� miden con dos reglas las testimoniales de descargo y de cargo, es obvio que nos encontramos ante un parte informativo divisible, pues se tom� en cuenta nom�s para perjudicarnos y dicho parte se contradice con la misma testimonial de los mismos agentes, con el dicho de los suscritos directamente agraviados, y con las mismas declaraciones de los aspirantes a ilegales ya que el de nombre ... menciona, entre otras cosas, que lleg� a la ciudad de Tijuana v�a a�rea que un desconocido, lo mir� en el centro de la ciudad y le dijo que si quer�a ir a Estados Unidos y que fue llevado a una casa fuera de la ciudad, que lleg� como a las cinco de la ma�ana ... quien manifest� ser la persona que lo llevar�a a los Estado Unidos, al mirar a ... los reconoce como quienes guiaban al grupo de connacionales con la finalidad de internarlos al vecino pa�s del norte, en el mismo tenor declararon ... quienes manifiestan que los suscritos quejosos hab�an ido a recogerlos al aeropuerto, que ... son las personas que reconocen quienes guiaban al grupo de connacionales con la finalidad de internarlos a los Estados Unidos de una manera ilegal as� como tambi�n ... que manifest� que ... hab�a ido a recogerlo al hotel Guadalajara con la finalidad de introducirlo a los Estados Unidos de Am�rica y que reconoce a ... como las personas que los llevaban y dieron instrucciones a toda la gente de c�mo se iban a distribuir para internarse a la Uni�n Americana, con el testimonio de ... que lleg� a la ciudad de Tijuana v�a terrestre que en la central camionera fue abordado por ... quien le pregunt� si quer�a introducirse a los Estados Unidos, que lo podr�a llevar por setecientos d�lares que reconoce a ... que las reconoce como quienes en compa��a de ... guiaban a todo el grupo de connacionales con la finalidad de internarlos a los Estados Unidos, como podr� observarse no se necesita ser muy suspicaz para observar que dichos testimonios de los aspirantes se contraponen en una forma totalmente contradictoria con el parte informativo pues �l mismo dice de que el d�a 11 de febrero de 1999, en un recorrido de vigilancia sobre el ?Rancho El Rodeo? detectaron a cuarenta y cuatro personas que se hallaban a una distancia aproximadamente de cien metros en relaci�n l�nea internacional, de las cuales tres de ellas daban indicaciones al grupo de que se apuraran, siendo en ese momento cuando se acercaron dos individuos que preguntaron si no hab�an tenido problemas en el camino a la vez que daban indicaciones de que se llevaran a los migrantes al arroyo para que los ocultaran y no los mirara la migra, a lo que yo le pregunto a usted H. Magistrado humildemente c�mo es posible que los testimonios de los agentes aprehensores se sigan valorando como probos si se ha demostrado que se han conducido mendazmente con las mismas declaraciones de los testigos de cargo aspirantes a ilegales, porque c�mo es posible que han preparado todo ese tipo de mentiras con el af�n de perjudicarnos, porque como consta en autos en las mismas testimoniales de los aprehensores manifiestan de que interrogaron a los aspirantes a ilegales, siendo que no ten�an ninguna autorizaci�n legal ni jur�dica para interrogar como lo se�ala claramente el art�culo 287, �ltimo p�rrafo donde dice la Polic�a Judicial podr� rendir informes pero no obtener confesiones, si lo hace �stas carecer�n de valor probatorio, y el ad quem dice tambi�n que todas las personas que declararon en la presente causa, declararon como presentadas, mas no como detenidas, raz�n muy cuestionada, ya que inclusive en los dict�menes m�dicos se encuentra un dictamen con lesiones que aunque nunca se objet� como ocasionadas por los aprehensores por falla de la misma defensa. En el mismo orden de ideas el ad quem le da un valor preponderante al dicho de los aspirantes a ilegales ... quienes dijeron que los suscritos hab�amos ido al aeropuerto por ellos y les preguntaron si ellos eran las personas que ven�an de Guanajuato para que los cruzaran al vecino pa�s del norte, que se los llevaron a una casa a la ciudad, la cual no saben su ubicaci�n porque no conocen la ciudad, estando en el domicilio de ... dijo que los internar�a por el cerro y que al otro d�a en la ma�ana se dirigieron a una calle que no saben su ubicaci�n donde se encontraba un grupo de aproximadamente 40 personas abordando un autob�s color blanco con verde, pagando cada quien su boleto, traslad�ndose a la ciudad de Tecate donde se percataron que eran otras tres personas las que acompa�aban y daban instrucciones junto con ... quienes les dijeron que descendieran del autob�s y que abordaran otro cami�n traslad�ndose hasta un lugar donde hay unas v�as del tren, donde les indicaron las cinco personas, entre ellas ... y ... que caminaron sobre �stas y que al estar cerca de la l�nea aproximadamente como a unos cien metros los abordaron unas personas que se identificaron como agentes del Grupo Operativo Alfa, quienes al enterarse de sus intenciones los condujeron a sus oficinas. Asimismo, al pon�rsele a la vista a los de nombre ... los reconocieron sin temor a equivocarse como las personas que guiaban a todo el grupo de connacionales para internarlos a los Estados Unidos sin la documentaci�n correspondiente, agregando que a ... y a su esposa les cobrar�an la cantidad de mil d�lares a cada uno por llevarlos a la ciudad de San Jos� California, que dichos testimonios tienen el car�cter de testimonio de cargo de acuerdo a lo establecido por el art�culo 289 del C�digo Federal de Procedimientos Penales pues fueron hechos por personas que por su edad, capacidad e instrucci�n, tuvieron el criterio necesario, para juzgar el acto, asimismo existe la presunci�n de que sus declaraciones son imparciales puesto que no existen datos en el sumario que acrediten lo contrario ello aunado a que el evento delictivo fue susceptible de ser apreciado por los sentidos, adem�s de que tuvieron conocimiento directo del mismo, puesto que participaron de forma pasiva durante su desarrollo, de tal suerte que sus declaraciones fueran claras y precisas sin duda ni reticencias en cuanto a la sustancia y sobre sus circunstancias esenciales sin que exista hasta al momento prueba alguna que acredite que fueron obligados por la fuerza o miedo. A contrario a lo manifestado y razonado por los testigos de cargo ... los directamente agraviados, consideramos que dicho testimonio en ning�n momento llena requisitos del art�culo 289 del c�digo adjetivo de la materia, puesto que es un mero indicio, aparte de que dichos testigos se condujeron mendazmente porque cuando declararon ante la representaci�n social federal ni siquiera dieron su domicilio, exacto aparte de que el J. de los autos no agot� los medios para localizar a los testigos antes mencionados como err�neamente subraya el ad quem ya que debi� mandar v�a exhorto para que se agotara sobre el domicilio de los testigos antes mencionados, a la Comisi�n Federal de Electricidad, al Instituto Federal Electoral, sobre si exist�an dichos nombres y por tanto sus domicilios, cosa que no hizo el J. natural, ya que los exhortos diligenciados dicen que ni siquiera se encontr� los domicilios de los testigos de cargo a lo que es necesario aplicar la siguiente jurisprudencia. �TESTIGOS. CASO EN EL QUE SI SU DICHO SE REDUCE A SIMPLES INDICIOS. Cuando de las constancias de autos, se advierte que los testigos de cargo, nunca fueron localizados para la pr�ctica de los careos correspondientes con el inculpado en raz�n de que nunca radicaron en los domicilios que se�alaron, tal circunstancia inhabilita de pleno derecho el valor probatorio que pudiera corresponder a los aludidos deposados, lo que los reduce a simples indicios que si fueron eficaces para la misi�n del auto de prisi�n preventiva resultan insuficientes si no existen otros elementos de convicci�n que los corrobore para fincar en definitiva participaci�n activa material en la comisi�n de los il�citos que se les imputa.� Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito (cita precedentes). En el mismo tenor el J. natural y el ad quem le da un valor preponderante a los dichos de los coindiciados y sentenciados ... sobre las imputaciones que nos hacen en sus declaraciones ministeriales y en particular ... al declarar de que ... y los directamente agraviados �ramos los que guiaban al grupo de indocumentados a la vez que fueron los que dieron indicaciones al grupo de connacionales de que abordaran un cami�n de servicio p�blico y debido a que se sab�a el camino los llev� al lugar de su captura, que su trabajo consisti� en llevar a los connacionales de esta ciudad al �rea de v�as de Tecate, Baja California, por lo que le har�an una rebaja de cien d�lares por el pago de su introducci�n ilegal al vecino pa�s del norte, y tambi�n con la declaraci�n de ... quien declar� no estar de acuerdo con el parte informativo agregando que quien llevaba las personas a los Estados Unidos es su coacusado ... y quien lo contact� con ... fue su hermano ... quien le dijo que su hermano le podr�a hacer un paro refiri�ndose a cruzarlo a los Estados Unidos por lo que le cobrar�a setecientos d�lares, que pagar�a ... esposo de su hermana y que quien tambi�n llevaba gente era ... es obvio que nuestros coacusados en su af�n de salvarse y de querer excluirse de su probable responsabilidad, tal vez porque fueron presionados y no pudieron aguantar la presi�n y quisieron culparnos para salvarse, cosa que nosotros todo el tiempo manifestamos que desconoc�amos por qu� causa o motivo nos inculpaban nuestros codetenidos a los que es aplicable la siguiente jurisprudencia sobre testigo, valor del dicho de coacusado. Cuando una persona declara ante el J. y admite su responsabilidad y de su coacusado estamos ante un dicho que se le deber� tomar valor probatorio respecto a la responsabilidad de quien acusa. Ignoro la causa por la cual me se�alan al quejoso los codetenidos ... quiz�s para evadir su responsabilidad e ignoro los motivos que los orillaron a declarar en contra del quejoso y de mi hermano, lo �nico que s�, es que tanto mi hermano y el suscrito fuimos sentenciados injustamente donde inclusive ya tenemos dos a�os nueve meses, o sea mil cien d�as detenidos que aunque se escucha f�cil son muchos d�as y se basaron fundamentalmente en lo siguiente: como corolario de que la sentencia no est� fundada ni motivada, la cual se bas� en un parte informativo divisible, en tres testigos de o�das agentes del Grupo Alfa dependientes de la Secretar�a de G.�n, en el dicho indiciario de ... y ... que ni siquiera dieron su domicilio verdadero ya que no se corrobor� en el exhorto que fue diligenciado a la ciudad de que dijeron que proven�an, en el dicho de coacusados donde me inculpan para evadir su probable responsabilidad, y asimismo en la negativa de todo valor probatorio de las testimoniales a favor de ... as� tambi�n con razonamientos subjetivos y con el �nimo de prejuzgarnos culpables porque en ning�n momento se robustece la cadena indiciaria como incorrectamente lo reclama el ad quem pues aunque sea repetitivo y reiterativo el parte informativo se contrapone con los mismos dichos de los testimonios de los aspirantes a ilegales, se contrapone con la misma testimonial de los que dijeron llamarse ... ya que los aspirantes a ilegales mencionaron en su declaraci�n que ... ven�an en el cami�n blanco con verde de la ciudad de Tijuana a Tecate, y los agentes aprehensores mencionaron que ven�an infiltrados y que tres personas tra�an a los aspirantes a ilegales y en ese momento llegaron dos m�s preguntando que c�mo les hab�a ido en el camino es obvio que se contrapone con el parte informativo y con su misma testimonial por esas razones antes expuestas consideramos que dicha sentencia no est� fundada ni motivada y est� fuera de todo contexto legal y jur�dico ya que el directamente agraviado todo manifest� que era un aspirante m�s a ilegal y que iba en el grupo como un ilegal m�s y no con la sarta de mentiras que quieren hacer creer a su se�or�a los agentes captores. IX. T�tulo de suspensi�n: se solicita la suspensi�n del acto reclamado con fundamento en el art�culo 122 de la nueva legislaci�n de amparo reformada. X. T�tulo de la suplencia de la queja. Se supla la deficiencia de la queja a favor del directamente agraviado con fundamento en el art�culo 76 bis de la nueva legislaci�n de amparo reformada. Que el art�culo 193 de la nueva legislaci�n de amparo reformada, considera obligatoria para los Juzgados Federales, Unitarios, del fuero Com�n, y Administrativos, las tesis jurisprudenciales que emitan los Tribunales Colegiados a lo que es m�s obligatorio tomar en cuenta las tesis jurisprudenciales de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, independientemente de los criterios jur�dicos que tengan cada Tribunal Colegiado de Circuito, a lo que solicito que se tome en cuenta todas las jurisprudencias aportadas al sumario y que est�n apegadas a derecho y a los principios generales de derecho.?

    "QUINTO. No se analizar�n las consideraciones de la sentencia reclamada, ni los conceptos de violaci�n, por no hacerse necesario el estudio de los mismos, al advertir este Tribunal Colegiado una violaci�n en perjuicio del impetrante de amparo, aunque para ello tenga que suplirse la deficiencia de la queja, en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo.

    "Conforme a las constancias que integran los autos del proceso penal n�mero 73/1999, instruido a ... y otros, por el delito de violaci�n a la Ley General de Poblaci�n, as� como las del toca penal n�mero 278/2000-II, constancias que analizadas a la luz de lo dispuesto por los art�culos 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria de la Ley de Amparo por disposici�n de su numeral 2o. se advierte que la sentencia reclamada, es violatoria de las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica que consagran los art�culos 14 y 16 constitucionales.

    "En efecto, el Quinto Tribunal Unitario responsable al efectuar el an�lisis de los elementos materiales que integran el cuerpo del delito previsto y sancionado por el p�rrafo primero del art�culo 138 de la Ley General de Poblaci�n, as� como la plena responsabilidad del ahora impetrante de garant�as ... en su comisi�n, consider� como pruebas aptas y suficientes para tener por demostrado los anteriores, el parte informativo que obra a fojas 1 a la 4, suscrito y ratificado por ... agentes del Grupo Alfa del Instituto Nacional de Migraci�n, as� como las declaraciones de los testigos de cargo codetenidos ... que emitieron ante el fiscal federal el d�a once de febrero del a�o de mil novecientos noventa y nueve en que ocurrieron los hechos, fojas 20 a la 28 del proceso penal.

    "Primeramente, cabe aclarar que a los referidos testigos se les da la calidad de codetenidos, pues aun cuando aluden estar de acuerdo con lo se�alado en el parte informativo respecto de la detenci�n por parte de los aprehensores, tambi�n lo es que ese testimonio no puede ser tomado en cuenta virtud a que de autos no se aprecia que los referidos testigos se hubieren presentado por iniciativa propia ante el Ministerio P�blico investigador, sino porque al haber sido interceptados y detenidos junto con el quejoso, fueron presentados ante el fiscal investigador para efecto de que depusieran; pues en el citado parte informativo se hizo constar las personas que fueron interceptadas por los elementos aprehensores el d�a de los hechos en los que aparecen los testigos de referencia, por ende, debe considerarse as�, toda vez que, como ya se dijo, en autos no existe constancia alguna que demuestre que hayan sido liberados previo a su declaraci�n.

    "Ahora bien, de las diligencias que obran a fojas 20 a la 28, del proceso penal n�mero 73/1999, en las que los referidos codetenidos ... emitieron su testimonio ante el Ministerio P�blico investigador, este Tribunal Colegiado advierte que las mismas se llevaron a cabo con franca violaci�n a las garant�as de los codetenidos, toda vez que el fiscal integrador no cumpli� con los requisitos que establece el art�culo 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que en lo que interesa dispone;

    "?Art�culo 128.? (se transcribe).

    Luego, de la anterior transcripci�n se desprende claramente que los mencionados codetenidos ten�an el derecho de ser asistidos por un defensor al momento de emitir su dicho ante el fiscal, yafuera por abogado o persona de su confianza y, en caso de que se negare a designarlo, el propio dispositivo se�ala la obligaci�n que tiene el Ministerio P�blico de designarle al detenido el defensor de oficio, lo que en el caso que nos ocupa no aconteci�, pues basta remitirse a los autos del juicio principal donde obran las diligencias para cerciorarse que los codetenidos no fueron asistidos al momento de declarar ante la autoridad investigadora, no obstante que el precepto legal de referencia es claro y preciso en se�alar los derechos que tiene todo detenido, sin embargo, el representante social federal no cumpli� con esa obligaci�n, situaci�n que no advirti� el tribunal responsable; de tal suerte que al no cumplir las actuaciones a que nos hemos referido con la exigencia del dispositivo legal antes transcrito, esos testimonios carecen de validez, toda vez que ninguno de los testigos, en su calidad de detenidos, pudieron haberse conducido con independencia y completa imparcialidad, al no haber sido asistidos en sus respectivas declaraciones ministeriales por un abogado o por el defensor p�blico de oficio, no obstante lo anterior, como ya se precis�, el Tribunal Unitario del conocimiento otorg� pleno valor probatorio al dicho de los ya mencionados, actuar que conlleva a concluir que en la sentencia combatida, se violaron en perjuicio del quejoso las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica previstas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo que, en reparaci�n a dichas violaciones, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y con plenitud de jurisdicci�n dicte otra, pero sin tomar en cuenta los testimonios que ante el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n emitieron los codetenidos ... .

    Las consideraciones sustentadas en los amparos 791/2001, 823/2001, 824/2001, 825/2001 y 7/2002 dieron lugar al siguiente criterio jurisprudencial:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XV, junio de 2002

    "Tesis: XV.1o. J/11

    "P�gina: 605

    "TESTIMONIAL A CARGO DE CODETENIDOS. SI NO SE CUMPLE CON LO SE�ALADO EN EL ART�CULO 128 DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SU TESTIMONIO CARECE DE VALIDEZ, VIOL�NDOSE, EN CONSECUENCIA, LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICA PREVISTAS EN LOS ART�CULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. Cuando en una averiguaci�n previa, quienes declaran como testigos de cargo, fueron presentados ante el representante social, con el car�cter de codetenidos del indiciado, es decir, no comparecieron por iniciativa propia y no existe constancia alguna de que hubieran sido liberados previamente a sus declaraciones, debe cumplirse con lo establecido en el art�culo 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales que, en lo conducente, dispone: ?Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio P�blico Federal, se proceder� de inmediato en la siguiente forma: ... III. Se le har�n saber los derechos que le otorga la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguaci�n previa, de los siguientes: a) No declarar si as� lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor; b) Tener una defensa adecuada por s�, por abogado o persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designar� desde luego un defensor de oficio ...?. Luego, si los citados codetenidos tienen derecho a ser asistidos por un defensor al emitir su declaraci�n ante el fiscal, ya sea por abogado o por persona de su confianza y, en caso de negarse a designarlo, la propia autoridad investigadora debe nombrarles un defensor de oficio, por lo que si esto no acontece tales atestos carecen de validez, porque en esas circunstancias los testigos no pueden conducirse con independencia y completa imparcialidad, y si no obstante lo anterior, la autoridad judicial en su sentencia les otorga pleno valor probatorio, viola con ello las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica contenidas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal."

CUARTO

En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicci�n de criterios, pues s�lo en tal supuesto es factible que esta S. emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido de la jurisprudencia P./J. 26/2001, sostenida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, identificable bajo el rubro "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2001, p�gina 76, la cual establece que para que exista contradicci�n de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

  1. Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En la especie, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que s� se surten los extremos anteriores y que, por tanto, existe la contradicci�n de tesis planteada.

Lo anterior es as� porque ambos Tribunales Colegiados se enfrentan a una misma situaci�n jur�dica, a saber, si las declaraciones que rindan las personas que a�n se encuentran privadas de su libertad con motivo de la averiguaci�n previa y contra quienes no se ejercitar� acci�n penal, debe realizarse con base en el art�culo 127 Bis o el art�culo 128, ambos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, en especial porque en el primero de los preceptos se concede el derecho del testigo de rendir declaraci�n asistido de un abogado s�lo si lo considera necesario, en cambio, el segundo de los preceptos reitera las prerrogativas constitucionales que asisten al inculpado, consistentes en: (i) no declarar si as� lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor; y, (ii) tener una defensa adecuada por s�, por abogado o persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, con el correlativo de que se le designe uno de oficio. Lo anterior con el prop�sito de determinar el alcance legal de la testimonial rendida bajo cualquiera de esos dos lineamientos.

Asimismo, se advierte que los razonamientos que sustentan las conclusiones discrepantes se contienen en cada una de las ejecutorias y, finalmente, que ambos Tribunales Colegiados analizan los mismos elementos, al referirse a hechos similares y a las hip�tesis previstas en los art�culos 127 Bis y 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales.

Es conveniente reiterar que de la lectura integral de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados en conflicto, se advierte que dichos �rganos jurisdiccionales coinciden en estimar que los indocumentados retenidos ante el Ministerio P�blico rindieron sus declaraciones aun privados de su libertad, en su car�cter de "testigos de cargo" y no de inculpados; pero que dada precisamente la particularidad de encontrarse retenidos, es necesario pronunciarse sobre las formalidades especiales bajo las cuales se debe rendir dicho testimonio.

Por lo ya expuesto, esta Primera S. estima que la problem�tica por resolver consiste en determinar si los codetenidos, contra quienes no se ejercitar� en modo alguno acci�n penal, deben rendir su declaraci�n o testimonio bajo las reglas previstas en el art�culo 127 Bis del C�digo Federal de Procedimientos Penales, dirigidas a los testigos, o bien, bajo los lineamientos establecidos en el art�culo 128 del mismo ordenamiento legal, que se refiere a los derechos que asisten al inculpado en un proceso penal.

QUINTO

En atenci�n a la complejidad de la problem�tica planteada, esta Primera S. estima que en primer lugar ser� conveniente determinar lo que se entiende por indiciado, con el prop�sito de diferenciarlo de la persona del testigo, asimismo, se dejar� establecida la condici�n en la que se encuentra un testigo que es retenido por la autoridad administrativa a fin de declarar sobre los hechos delictuosos y, posteriormente, se analizar� el contenido de los art�culos 127 Bis y 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, para concluir cu�les de los derechos contemplados en tales preceptos deben aplicarse al caso a estudio.

La doctrina, en t�rminos generales, ha coincidido en se�alar que el sujeto pasivo de la relaci�n procesal penal reciba diferentes nombres, seg�n la etapa por la que se vaya transitando: indiciado, durante la averiguaci�n previa; procesado, una vez que se encuentra a disposici�n del J.; acusado, desde el momento en que el Ministerio P�blico formula conclusiones acusatorias en el proceso; encausado, incriminado o imputado, es una denominaci�n com�n que puede ser usada indistintamente, hasta ese momento procesal; en cambio, sentenciado se emplea al dictarse sentencia definitiva; condenado o reo, si esa resoluci�n es condenatoria, y compurgado, si ha cumplido la condena impuesta.

Tambi�n es importante distinguir, desde un punto de vista doctrinal, entre el sujeto activo del delito y el imputado, pues a primera vista podr�an confundirse, pues aunque a menudo suelen ser la misma persona, pueden presentarse sensibles diferencias. En efecto, el sujeto activo del delito es quien particip�, de alg�n modo, en la comisi�n del hecho delictivo, es decir, es la persona f�sica que como autor, part�cipe o encubridor, intervino en la comisi�n del delito. En cambio, el imputado es contra quien se dirige la pretensi�n punitiva y puede serlo hasta una persona que de ninguna manera haya participado en la realizaci�n del hecho delictivo, un inocente, una v�ctima del error o la calumnia.

Por lo que se refiere al testigo, debe decirse, en primer lugar, que en el m�s amplio sentido de la palabra, testimonio significa simplemente declarar. Sin embargo, en el procedimiento penal, com�nmente se emplea la palabra testimonio en su sentido m�s estricto, esto es, no como cualquier declaraci�n, sino s�lo a la que produce el tercero que conoce de los hechos delictivos.

El testimonio, al igual que lo expuesto por el imputado, coinciden en ser declaraciones y medios de prueba personales; no obstante, difieren en cuanto al sujeto que produce la declaraci�n, el inter�s en el fallo final y el nexo con el litigio (adem�s, uno posee y el otro carece de legitimaci�n procesal).

En el caso del testigo, los hechos son ajenos al declarante; es decir, no aluden a hechos propios, sino s�lo a los que normalmente ha percibido por medio de los sentidos.

Una de las clasificaciones del testimonio es la invocada por los Tribunales Colegiados ahora en conflicto, que consiste en las declaraciones de cargo y de descargo. Son de cargo aquellas que apoyan el hecho u hechos en que se funda la pretensi�n del acusador y de descargo las que apoyan los hechos en que se funda la defensa, o que contrar�an a los de la acusaci�n.

Es importante mencionar que la prueba testimonial, como toda probanza rendida en un juicio penal, tiene como prop�sito espec�fico coadyuvar en la b�squeda de la verdad hist�rica, esto es, de lo que realmente sucedi�, para el efecto de calificar y, en su caso, sancionar punitivamente los hechos.

No cabe duda que existen notorias diferencias entre la persona del imputado y del testigo, pues esencialmente el primero es parte en el litigio y el segundo no, de donde se concluye que persiguen finalidades distintas al rendir sus respectivas declaraciones. Sin embargo, en la problem�tica planteada en la presente contradicci�n de tesis, ambos sujetos tienen un nexo en com�n: los dos fueron detenidos en el momento de estarse cometiendo el delito y se encuentran retenidos ante la autoridad administrativa para rendir una declaraci�n sobre los mismos hechos.

De ah� que sea preciso dilucidar bajo qu� condiciones legales deben encontrarse de ordinario los referidos testigos de cargo, quienes en principio son detenidos y retenidos por el Ministerio P�blico en tanto que conocen de manera directa los hechos delictivos y es preciso esclarecer su participaci�n y responsabilidad en ellos.

Se dice con frecuencia que una de las finalidades del proceso penal es hacer efectivo el ius puniendi del Estado, lo cual implica, conforme a la llamada garant�a de audiencia, que primeramente deber� llevarse a cabo el correspondiente proceso legal, antes de sancionar penalmente. No obstante, el natural curso del proceso y su tardanza har�an pr�cticamente imposible aplicar la sanci�n si antes no se aplica una medida que garantice la factibilidad de tal sanci�n.

De esta manera se justifica la existencia de medidas cautelares a lo largo del procedimiento penal. Desde un punto de vista doctrinal, las medidas de esta naturaleza pueden ser de tres tipos:

  1. Para asegurar pruebas y el cuerpo del delito;

  2. Para asegurar la satisfacci�n de obligaciones civiles; y,

  3. Para impedir el alejamiento del inculpado.

    Asimismo, las medidas cautelares pueden clasificarse de la siguiente manera:

  4. Reales o patrimoniales, que tienden a asegurar responsabilidades de tipo econ�mico, restringen o privan de la libertad de disposici�n patrimonial; y,

  5. Personales, se ejecutan restringiendo la libertad personal, la comunicaci�n con otras personas, a examinarlas anticipadamente, etc�tera.

    Una medida de esa naturaleza, a su vez, posee las siguientes caracter�sticas:

    ? Es una acci�n aseguradora.

    ? Es de car�cter provisional, ya que sus efectos est�n limitados en el tiempo hasta en tanto se pronuncie la providencia definitiva.

    ? Est� orientada a la tutela del proceso.

    ? Est� ligada a una providencia principal.

    ? T.a de evitar que se agrave el da�o marginal que se podr�a producir de no imponerse una medida provisional.

    ? Nunca alcanza la categor�a de cosa juzgada, y por tanto es susceptible de ser alterada o revocada.

    Desde luego, estas medidas cautelares pueden actualizarse durante la etapa de un procedimiento administrativo, como el seguido, por ejemplo, por las autoridades administrativas en ejercicio de sus facultades de revisi�n y control y, finalmente, en la averiguaci�n previa. De hecho, la doctrina ha llegado a estimar que se trata de actos "connaturales" de prevenci�n policial. Estas acciones policiales muchas veces llevan consigo la restricci�n de la voluntad ambulatoria del ciudadano y, desde ese punto de vista, todas estas situaciones podr�an ser calificadas como detenci�n cuando se efect�an contra la voluntad de los sujetos pasivos.

    Ahora bien, como se advierte de los antecedentes que informan a las ejecutorias en contradicci�n, las autoridades migratorias mexicanas advirtieron irregularidades en las fronteras norte y sur de este pa�s, de tal modo que detuvieron a los participantes quedando claramente sentado que s�lo en contra de quienes traficaban con indocumentados se ejercit� acci�n penal.(4)

    Una vez puestos a disposici�n del Ministerio P�blico, se inici� la averiguaci�n del delito en cuesti�n, en acatamiento al mandato expreso previsto en el primer p�rrafo del art�culo 21 constitucional, que dispone lo siguiente:

    "Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas. ..."

    En este aspecto, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya ha establecido claramente que toda averiguaci�n previa se inicia con la noticia que el representante social federal tiene sobre la existencia de un delito. Ahora bien, cuando aunado a esa noticia del hecho investigado existen una o m�s personas detenidas, o mejor dicho, retenidas, el mecanismo real a seguir es que la polic�a o autoridades remitentes formulen un parte informativo sobre esos hechos dirigido al Ministerio P�blico Federal y pongan a su disposici�n al o a los presentados, los objetos e instrumentos materiales del delito y dem�s elementos afectados que se considere sean necesarios para acreditar la existencia del cuerpo del delito de que se trate.(5)

    As� lo refiere el art�culo 123 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, ya transcrito con anterioridad, mismo que se encuentra inserto dentro del cap�tulo dedicado a las reglas especiales para la pr�ctica de diligencias y levantamiento de actas de averiguaci�n previa.

    Recibidos por el representante social el parte informativo y los dem�s objetos afectados a la investigaci�n, se inicia la averiguaci�n previa federal respectiva, sin que todav�a el servidor p�blico ministerial pueda estar en posibilidades reales de tener la certeza de que esos hechos investigados son o no delictivos, pues no obstante que hubiesen recibido ese tratamiento por parte de la polic�a remitente, es de se�alarse que esa autoridad polic�aca no es la competente para calificarlos; por tanto, y como consecuencia l�gica, la autoridad ministerial procede inicialmente a cerciorarse del estado f�sico de los presentados y decreta su retenci�n, ordenando simult�neamente la pr�ctica de diligencias necesarias para esclarecer y poder determinar si se est�, primeramente, ante la presencia de un hecho delictivo, o en su caso, ante un hecho lesivo no penal.

    Esto es, desde que el representante social federal tiene noticia de un hecho presumiblemente delictivo, sea de oficio o de querella, lo primero que debe ordenar es la pr�ctica de diligencias tendientes a comprobar, primeramente, si existe cuerpo del delito federal denunciado, y subsecuentemente el desahogo de todas aquellas diligencias tendientes a demostrar la probable responsabilidad del o los indiciados.

    Una vez desahogadas las diligencias ministeriales de m�rito, es cuando jur�dicamente el agente del Ministerio P�blico se encuentra en aptitud real, no s�lo de saber si los hechos denunciados eran constitutivos de un il�cito, sino tambi�n si los presentados ten�an la calidad de inculpados, o bien, de testigos sobre esos hechos. Es aqu� en donde cobra relevancia el contenido del art�culo 124 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que fue transcrito en p�ginas anteriores.

    Esto es, s�lo hasta que son obtenidos los resultados de las diligencias ordenadas y el se�alamiento hecho por los captores, adem�s de la querella cuando se trata de delitos que requieren de este requisito de procedibilidad y dem�s elementos de convicci�n desahogados, es posible que el Ministerio P�blico del conocimiento est� en posibilidad real de conocer si las declaraciones que correr�n a cargo de los presentados sobre los hechos que se investigan deben de desahogarse ya sea en calidad de testigos o de inculpados y as� colmar, en su caso, la garant�a de defensa.

    Bajo ese orden de ideas, puede darse la situaci�n de que el agente del Ministerio P�blico inicialmente decrete la retenci�n de todos los codetenidos del indiciado, si esto es as� -tal como parece ser que aconteci� en todos los casos analizados por los Tribunales Colegidos en conflicto-, del resultado de las diligencias que tuvo a bien desahogar la autoridad ministerial podr� percatarse de qui�n o qui�nes de los retenidos tienen la calidad de testigos de cargo y qui�nes la deinculpados.

    De ah� que si el agente del Ministerio P�blico Federal determin� en inicio la "retenci�n" de los presentados, en este caso, los indocumentados, y posteriormente estima que de la investigaci�n de la averiguaci�n previa se desprende que ellos no tienen responsabilidad en la comisi�n del hecho investigado, o bien, por qu� no se formul� querella de la autoridad competente, entonces debe pronunciarse en el sentido de que no ha lugar a ejercer acci�n penal en su contra y, consecuentemente, debe ordenarse su libertad.

    S�lo bajo ese orden de ideas es posible estimar que los codetenidos del indiciado dejan de tener la calidad de retenidos para pasar a ser testigos de cargo, pues no es compatible en nuestro orden jur�dico que un testigo, que se precie de serlo, encuentre restringida su libertad al momento de declarar.

    Para sustentar la informaci�n anterior, conviene comenzar por invocar el art�culo 125 del C�digo Federal de Procedimientos Penales:

    Art�culo 125. El Ministerio P�blico que inicie una averiguaci�n previa podr� citar para que declaren sobre los hechos que se averig�en, a las personas que por cualquier concepto participen en ellos o aparezcan (sic) tengan datos sobre los mismos. En el acta se har� constar qui�n mencion� a la persona que haya de citarse, o por qu� motivo el funcionario que practique las diligencias estim� conveniente hacer la citaci�n.

    Asimismo, el art�culo 242 del mismo ordenamiento legal dispone en lo que se refiere a los testigos, lo siguiente:

    "Art�culo 242. Toda persona que sea testigo est� obligada a declarar respecto a los hechos investigados. Las preguntas que formulen las partes deber�n guardar relaci�n con los hechos.

    El J. o tribunal desechar� �nicamente las preguntas que sean objetadas por impertinentes o inconducentes para los fines del proceso. El acuerdo de desechamiento ser� revocable. En todo caso el testigo dar� raz�n de su dicho. Si el testigo no comparece a la primera citaci�n, sin causa justificada, el J. ordenar� que sea presentado a declarar.

    De la lectura de los preceptos anteriores se advierte que los testigos deben ser citados para declarar sobre los hechos que les constan, lo que permite pensar que de ordinario, los testigos se encuentran en plena libertad.

    Ahora bien, dentro del proceso penal es posible que el J. ordene la presentaci�n del testigo que no comparece, seg�n se infiere de la fracci�n V del art�culo 289 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, para lo cual cuenta con las medidas de apremio a que se refieren los art�culos 33 y 42 del mismo ordenamiento legal:

    "Art�culo 33. Los tribunales tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde, tanto a ellos como a las dem�s autoridades, el respeto y la consideraci�n debidos, aplicando en el acto, por las faltas que se cometan, las correcciones disciplinarias que este c�digo se�ala."

    "Art�culo 42. Son correcciones disciplinarias:

    "I.A.;

    "II. Multa por el equivalente a entre uno y quince d�as de salario m�nimo, vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite correcci�n. T.�ndose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deber� exceder de un d�a de salario y trat�ndose de trabajadores no asalariados el de un d�a de ingreso;

    "III. Arresto hasta de treinta y seis horas, y

    "IV. Suspensi�n.

    "La suspensi�n s�lo se podr� aplicar a servidores p�blicos, con la duraci�n prevista por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos."

    Sin embargo, dentro de dichas medidas de apremio no se contempla la de retenerlo o privarlo temporalmente de su libertad, durante la averiguaci�n previa, hasta que rinda el testimonio. En todo caso, agotados los medios de apremio, lo que procede es la deserci�n de la prueba ante la imposibilidad de presentar al testigo, con la consecuente responsabilidad penal que ello implique para �l, a causa de su desacato.

    Por tanto, si los codetenidos ten�an ese car�cter durante la averiguaci�n previa, ello era justificable s�lo en tanto se determinaba qui�nes ten�an que fungir como testigos y qui�nes eran los imputados. Dicho en otras palabras, su calidad de codetenidos �nicamente fue una medida precautoria restrictiva de la libertad que, como tal, ten�a que ser provisional y estaba sujeta a la determinaci�n del Ministerio P�blico en cuanto a la situaci�n jur�dica de los retenidos.

    As�, una exigencia jur�dica para que los retenidos, quienes a la postre ser�n considerados como testigos de cargo, rindan sus declaraciones, es la de que previamente exista constancia de que se ha decretado su libertad por falta de elementos para consignar, pues de otro modo no existe una constancia legal plausible que permita suponer que ha operado un cambio de situaci�n jur�dica, entre mero "codetenido" y "testigo".

    Es de suma importancia abundar en este punto, pues como se dijo en l�neas anteriores, si el prop�sito que se persigue con el desahogo de una testimonial es conocer la verdad hist�rica de los hechos, �ste resulta incompatible con la circunstancia f�ctica de que el testigo se encuentre privado de su libertad.

    Lo anterior es as� partiendo de la reflexi�n de que el solo hecho de encontrar restringida la libertad personal, coloca al sujeto en un estado de vulnerabilidad f�sica y emocional, que puede poner en tela de juicio la espontaneidad, veracidad e imparcialidad de lo declarado. En este aspecto, resulta ilustrativa la definici�n del t�rmino "libertad":

    "Libertad. f. Facultad que tiene el ser humano de obrar de una manera o de otra y de no obrar. Estado o condici�n del que no est� prisionero o sujeto a otro: libertad provisional. Falta de coacci�n o subordinaci�n. Confianza: puedes cont�rmelo con toda libertad ..."(6)

    As� lo confirma el sentido que informa a las fracciones II y V del art�culo 289 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que conviene transcribir de nueva cuenta:

    "Art�culo 289. Para apreciar la declaraci�n de un testigo el tribunal tendr� en consideraci�n:

    "...

    "II. Que por su probidad, la independencia de su posici�n y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;

    "...

    V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por enga�o, error o soborno. El apremio judicial no se reputar� fuerza.

    De hecho, la falta de libertad y de asesoramiento legal durante la declaraci�n ministerial, ha sido un problema ampliamente abordado por el Constituyente Permanente y esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, si bien no refiri�ndose propiamente al testigo privado de la libertad -�ste es un tema novedoso- pero s� al imputado retenido durante la averiguaci�n previa.

    Resulta muy interesante transcribir, en lo conducente, las consideraciones reca�das al resolver el d�a diez de noviembre de dos mil cuatro, por unanimidad de cinco votos, el amparo directo en revisi�n 1236/2004, bajo la ponencia del se�or Ministro J.R.�n C.�o D�az:

    "Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a trav�s de la Primera S., ha fijado los alcances de la llamada ?defensa adecuada? en la etapa de averiguaci�n previa que, como garant�a, prev� expresamente la fracci�n IX del art�culo 20, apartado A, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. Disposici�n �sta que ha sido interpretada en relaci�n con las diversas fracciones II y X.

    "As�, en relaci�n a la ?defensa adecuada? se determin� por este M�ximo Tribunal del pa�s, que:

    "a) Del an�lisis sistem�tico y teleol�gico del contenido de la exposici�n de motivos que dio origen a las reformas al art�culo 20 de la Constituci�n Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n de tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, as� como de los dict�menes de las comisiones del Congreso de la Uni�n y de sus debates, se advierte que con la finalidad de regir las necesidades sociales y econ�micas imperantes en nuestro pa�s y erradicar viejas pr�cticas vejatorias e infamantes a que se encontraba sujeta una persona en la investigaci�n de los delitos, el Poder Constituyente sent� las bases para que en la fase jurisdiccional el presunto responsable de un delito contara con una defensa adecuada

    "...

    "Esto es as�, pues lo preceptuado en las reformas que se hicieron a las fracciones II, IX y X del precepto constitucional en comento, se observa como respuesta del Constituyente a uno de los m�s grandes cuestionamientos y reclamos sociales en materia de procuraci�n y administraci�n de justicia, esto es, las conductas lesivas y vejaciones cometidas cotidianamente por las autoridades investigadoras de hechos delictivos, entre ellas, la ancestral tortura.

    "En efecto, con el establecimiento de estas disposiciones es incuestionable que lo que busca combatir el Constituyente son todos esos vicios e irregularidades a las que se encontraban expuestas las personas que estuvieran involucradas en ese tipo de investigaciones, pues de otra forma no se explica el porqu� del contenido normativo de la primera de las fracciones mencionadas, fracci�n II, en la que se establece con meridiana claridad que toda confesi�n rendida ante autoridad distinta del Ministerio P�blico o de un J., o ante �stos, sin la asistencia de su defensor, carecer� de todo valor probatorio.

    "Lo que significa, que constitucionalmente se proh�be a las corporaciones polic�acas desahogar este tipo de declaraciones, pues era un secreto a voces, que generalmente eran obtenidas mediante violencia f�sica o moral ejercida en contra de los inculpados, para lograr triunfos espectaculares en el ramo.

    En ese contexto, al haberse garantizado constitucionalmente a todo inculpado el derecho de designar defensor o persona de su confianza durante esa etapa previa, y posteriormente a los procesados en el juicio que en su caso se les instruya, esta medida, sin duda, constituye uno de los instrumentos jur�dicos m�s eficaces para poder combatir con eficiencia y eficacia a esas reprochables conductas, lo cual seguramente se deber� reflejar positivamente en su incidencia, evitando que cada d�a, m�s personas inocentes est�n sujetas inicialmente a una averiguaci�n previa ama�ada y, posteriormente, a un proceso penal injusto, con el viacrucis que �stos representan, no s�lo a nivel personal, sino tambi�n por la afectaci�n familiar que implica dada su trascendencia social y econ�mica, situaci�n que se agudiza en trat�ndose de personas de escasos recursos, los cuales debido a su precaria situaci�n econ�mica se encuentran impedidos o imposibilitados para contratar a profesionales que las defiendan de esas injusticias.

    De la transcripci�n antes realizada, se concluye que el derecho de ser asistido por un defensor est� �ntimamente asociado con el concepto de libertad, en virtud de que a trav�s de dicho defensor se pretende sustraer al individuo de lo que es arbitrario o de lo que tienda a destruir los derechos que le otorgan las leyes, especialmente durante la averiguaci�n del delito. As�, la defensa es considerada como derecho natural e indispensable para la conservaci�n de las personas, de sus bienes, de su honor y de su vida.

    En este punto resulta ilustrativo el contenido de la siguiente jurisprudencia de esta Primera S.:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primera S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XXI, abril de 2005

    "Tesis: 1a./J. 124/2004

    "P�gina: 193

    DECLARACI�N MINISTERIAL RENDIDA SIN LA ASISTENCIA DE DEFENSOR. CARECE DE EFICACIA PROBATORIA, ANTES DE LA REFORMA AL ART�CULO 20 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993 (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA). Los art�culos 70, fracciones III y V, 73 (interpretado a contrario sensu) y 126, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, vigentes hasta el 1o. de julio de 1994 establec�an, entre otros derechos a favor del inculpado, el de asistirse por un defensor desde la averiguaci�n previa, estando obligada la autoridad correspondiente a requerirlo en esa etapa para que desde ese momento nombrara uno, y en caso de no querer o no poder hacerlo, a asignarle un defensor de oficio; de ah� que la declaraci�n rendida ante el Ministerio P�blico sin la presencia del defensor carecer� de valor probatorio, por incumplir las reglas relativas previstas en el c�digo adjetivo citado. Lo anterior, porque aun cuando el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 3 de septiembre de 1993, no establec�a a favor del indiciado la garant�a de defensa adecuada desde la averiguaci�n previa, el legislador local sent� en los mencionados preceptos legales las bases para ello, de manera que la autoridad destinataria estaba obligada a acatarla.

    Es bajo las consideraciones anteriores como se proceder� a decidir si es correcto que la persona retenida con el prop�sito de que rinda su testimonio, debe declarar con base en el art�culo 127 Bis del C�digo Federal de Procedimientos Penales, o bien, en t�rminos del 128 del mismo ordenamiento legal.

    Con el prop�sito de ser claros en la exposici�n, se transcribe de nueva cuenta dicho precepto legal:

    "Art�culo 127 Bis. Toda persona que haya de rendir declaraci�n, en los casos de los art�culos 124 y 125, tendr� derecho a hacerlo asistido por un abogado nombrado por �l.

    El abogado podr� impugnar las preguntas que se hagan al declarante si �stas son inconducentes o contra derecho. Pero no puede producir ni inducir las respuestas de su asistido.

    Tal como lo han reconocido de alguna manera los tribunales en conflicto, este precepto legal contempla la mera potestad del declarante de designar a un abogado, por lo que basta con informar al declarante de que cuenta con ese derecho para tener por satisfecha esa formalidad, sin que sea requisito sine qua non que la referida declaraci�n sea tomada con la asistencia del referido profesional.

    Esta situaci�n se justifica porque, como ya se dijo, el testigo de ordinario se encuentra en plena libertad para manifestar la verdad hist�rica, adem�s de que no es parte en el proceso penal ni debe tener inter�s alguno en la forma en que se resuelva el asunto.

    En cambio, es claro que cuando la declaraci�n es rendida por el inculpado que est� detenido, deben adoptarse otras formalidades, previstas en el art�culo 20 de la Constituci�n Federal y, en espec�fico, las reiteradas por el art�culo 128, fracci�n III, del C�digo Federal de Procedimientos Penales:

    "Art�culo 128. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio P�blico Federal, se proceder� de inmediato en la siguiente forma:

    "...

    "III. Se le har�n saber los derechos que le otorga la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguaci�n previa, de los siguientes:

    "a) No declarar si as� lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor;

    "b) Tener una defensa adecuada por s�, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designar� desde luego un defensor de oficio;

    "c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguaci�n; ..."

    As�, el inculpado, en tanto se encuentra privado de su libertad, tiene derecho ineludible a una defensa adecuada, requisito sin el cual la declaraci�n es ineficaz.

    Ahora bien, si la persona que fue puesta a disposici�n contin�a retenida ante el Ministerio P�blico, so pretexto de obtener su declaraci�n o la prueba id�nea para consignar y procesar al imputado, entonces se encuentra en la misma situaci�n de vulnerabilidad f�sica y emocional que el inculpado, lo que autoriza a estimar que su declaraci�n debe rendirse con base en las formalidades especificadas en el art�culo 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, especialmente por lo que se refiere a ser asistido por un defensor.

    En efecto, hay que tomar en cuenta que desde un punto de vista formal, mientras la persona puesta a disposici�n del Ministerio P�blico se encuentra privada de su libertad y no exista constancia de lo contrario, contin�a sujeta a investigaci�n ministerial; de donde se concluye que, al igual que el inculpado, debe procurarse en todo momento un trato justo, digno y respetuoso de sus derechos fundamentales, que consisten, entre otras cosas, en permitirle que declare en forma libre o espont�nea, por s�, a trav�s de su abogado o persona designada como de su confianza.

    De igual manera, es posible concluir que si la autoridad ministerial toma la declaraci�n de la persona puesta a disposici�n privada de su libertad, en t�rminos del art�culo 127 Bis del C�digo Federal de Procedimientos Penales, so pretexto de que no ejercitar� acci�n penal en su contra y que tomar� en cuenta su declaraci�n s�lo en calidad de testimonio, entonces la misma estar� viciada por falta de independencia o de imparcialidad, pues en realidad el declarante no est� bajo la condici�n ordinaria del testigo, sino del imputado, por lo que en ese supuesto su declaraci�n carecer� de validez.

    Por las consideraciones antes expuestas, la tesis de jurisprudencia que debe prevalecer es la siguiente:

    DECLARACI�N RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO DURANTE LA AVERIGUACI�N PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO SE EFECT�A EN T�RMINOS DEL ART�CULO 128 DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Si durante la averiguaci�n previa los codetenidos del indiciado -contra quienes no se ejercer� acci�n penal- declaran en su car�cter de testigos de cargo, deber�n hacerlo en t�rminos del art�culo 128 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, especialmente por lo que se refiere al requisito procesal de informar al inculpado su derecho (i) a no declarar si as� lo desea o, en caso contrario, a hacerlo asistido por su defensor, y (ii) a tener una defensa adecuada por s�, por abogado o persona de su confianza, o si no quisiera o no pudiere designar defensor, a que se le designe uno de oficio. Lo anterior es as� porque si bien es cierto que formalmente existen notorias diferencias entre un imputado y un testigo, pues mientras aqu�l es parte en el litigio �ste no, tambi�n lo es que en algunos casos ambos pueden tener un nexo en com�n y quedar retenidos por la autoridad administrativa para rendir una declaraci�n sobre los mismos hechos; de manera que en estos supuestos, al encontrarse privados de su libertad, los declarantes est�n en un estado de vulnerabilidad f�sica y emocional que puede poner en tela de juicio la espontaneidad, veracidad e imparcialidad de sus declaraciones, y por lo tanto, estar sujetos a vicios e irregularidades durante la investigaci�n ministerial, coloc�ndose en la misma situaci�n f�ctica que un imputado, raz�n por la cual carecer� de validez el testimonio rendido s�lo bajo las formalidades del art�culo 127 bis del citado c�digo, que se refiere al caso de los testigos, en el cual no es indispensable la asistencia de un abogado, y no del numeral 128 del mismo ordenamiento legal.

    Por lo expuesto y fundado se

    resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, por las razones que se expresan en el considerando cuarto de esta ejecutoria.

SEGUNDO

Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

P.�quese la tesis aprobada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, y rem�tase al Tribunal Pleno y a la Segunda S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como a los Tribunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito, en acatamiento alo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; env�ese testimonio de esta resoluci�n a los tribunales contendientes y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V..

_______________

  1. "Art�culo 138. Se impondr� pena de seis a doce a�os de prisi�n y multa de cien a diez mil d�as de salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por s� o por interp�sita persona, con prop�sito de tr�fico, pretenda llevar o lleve a mexicanos o extranjeros a internarse a otro pa�s, sin la documentaci�n correspondiente.

    "Igual pena se impondr� a quien por s� o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentaci�n correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con prop�sito de tr�fico, los albergue o transporte por el territorio nacional con e fin de ocultarlos para evadir la revisi�n migratoria.

    "A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los p�rrafos anteriores, se le impondr� pena de uno a cinco a�os de prisi�n y multa hasta el equivalente a cinco mil d�as de salario m�nimo conforme al que est� vigente en el Distrito Federal.

    "Se aumentar�n hasta en una mitad las penas previstas en los p�rrafos precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el autor del delito sea servidor p�blico."

  2. "Art�culo 289. Para apreciar la declaraci�n de un testigo el tribunal tendr� en consideraci�n:

    "I. Que por su edad, capacidad e instrucci�n, tenga el criterio necesario para juzgar del acto;

    "II. Que por su probidad, la independencia de su posici�n y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;

    "III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por s� mismo y no por inducciones ni referencias de otro;

    "IV. Que la declaraci�n sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y

    "V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por enga�o, error o soborno. El apremio judicial no se reputar� fuerza."

  3. ADR 824/2001-I, foja 22. Esta misma afirmaci�n es consultable en las ejecutorias dictadas en el ADP 791/2001, foja 13; ADP 351/2004-I, foja 8 vuelta; AD 7/2002-I, foja 14 vuelta; ADP 351/2004, foja 8 vuelta; ADP 823/2001-I, foja 21 vuelta; ADP 825/2001-1, foja 21 vuelta.

  4. En lo que se refiere a la materia de esta contradicci�n, es conveniente precisar que el Instituto Nacional de Migraci�n, dependiente de la Secretar�a de G.�n, tiene entre otros objetivos ejercer las atribuciones de control y verificaci�n migratoria en territorio nacional con apego a la Ley General de Poblaci�n, su reglamento y dem�s disposiciones aplicables, con pleno respeto a los derechos humanos, seg�n lo dispone el art�culo 134 del reglamento de la ley de la materia. Asimismo, el referido instituto cuenta con la atribuci�n de investigar si los extranjeros cumplen con las obligaciones migratorias establecidas, y en caso de violaci�n a las disposiciones sobre la materia, presentarlos ante las autoridades competentes, seg�n lo dispone el art�culo 57, fracci�n XVIII, del Reglamento Interior de la Secretar�a de G.�n.

  5. Sobre este tema, puede consultarse el contenido de las ejecutorias que informan a la jurisprudencia de esta Primera S., n�mero 1a./J. 31/2003, identificable bajo el rubro: "DEFENSA ADECUADA. DIFERENCIAS ENTRE LOS ALCANCES Y EFECTOS DE LAS GARANT�AS CONSAGRADAS EN LAS FRACCIONES IX Y X, P�RRAFO CUARTO, APARTADO A, DEL ART�CULO 20 CONSTITUCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., junio de 2003, p�gina 49.

  6. Diccionario de la Lengua Espa�ola, Espa�a, Espasa Calpe, S.A., 2000.