Ejecutoria num. 1a./J. 181/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823444

Ejecutoria num. 1a./J. 181/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 181/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCIÓN O CONMUTACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, IMPLICA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 110/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (denunciante), al resolver, entre otros, el amparo directo 372/2005, sostuvo en lo medular el siguiente criterio:

CUARTO. Es innecesario rese�ar las pruebas que el tribunal de apelaci�n tom� en consideraci�n para emitir la resoluci�n reclamada y los conceptos de violaci�n formulados al respecto, dado que se advierte una causal de improcedencia cuyo estudio exige atenderse de manera preferente y oficiosa, de conformidad con el art�culo 73, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, el motivo de improcedencia que se actualiza es el previsto en la fracci�n XI del numeral y legislaci�n invocados, cuyo texto dice: (se transcribe). Para estar en oportunidad de exponer las consideraciones por las que se llega a tal conclusi�n, es necesario precisar lo siguiente: a) La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante resoluci�n de siete de febrero de dos mil tres, en el toca 1572/2002, formado con motivo del recurso de apelaci�n interpuesto por el defensor de oficio del impetrante de garant�as, modific� la resoluci�n de primera instancia y en su lugar le impuso al quejoso las penas de cuatro a�os seis meses veintid�s d�as de prisi�n y noventa y tres d�as multa, equivalentes a tres mil novecientos diecinueve pesos con noventa y cinco centavos, por su plena responsabilidad en la comisi�n de los delitos de robo calificado y lesiones agravadas; entre otras cuestiones, le concedi� la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena mediante la garant�a de cinco mil pesos, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, previo pago de la reparaci�n del da�o. b) El impetrante de amparo, por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil tres en la Oficial�a de Partes del Juzgado D�cimo Tercero Penal del Distrito Federal, exhibi� las garant�as exigidas para cubrir la reparaci�n del da�o y garantizar el monto fijado para acceder a la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena (fojas 365-367 de la causa). c) El veintinueve del citado mes, el Juez de la causa tuvo al peticionario de garant�as acogi�ndose a la citada suspensi�n condicional y orden� su inmediata libertad (fojas 372 y 373 de la causa). Como se observa de las constancias rese�adas, el amparista se acogi� a la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena, lo que implica su consentimiento con la sentencia reclamada, ya que manifiesta su aceptaci�n y sometimiento a �sta; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el juicio de garant�as, de conformidad con el precepto 74, fracci�n III, de la citada legislaci�n.

El Tribunal Colegiado de referencia, con anterioridad al asunto transcrito, ya hab�a sustentado dicho criterio, lo que origin� la emisi�n de la jurisprudencia siguiente:

"Octava �poca

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: VII, abril de 1991

"Tesis: I.2o.P. J/23

"P�gina: 87

"CONDENA CONDICIONAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANT�AS CUANDO EL SENTENCIADO SE ACOGE A LA (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL). El que el acusado se haya acogido al beneficio de la condena condicional concedido en sentencia, implica su consentimiento total con el fallo de la que el mismo emana, puesto que para que el juzgador est� en aptitud de suspender las penas restrictivas de libertad y de multa (art�culo 90 fracci�n III del C�digo Penal aplicable), es menester que el fallo emitido cause ejecutoria y adquiera el car�cter de ejecutable y de cosa juzgada (art�culo 443 fracci�n II del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal) para todos los efectos legales a que hubiera lugar; pues en forma alguna se podr�a dividir ese fallo para que, por una parte tuviera el car�cter de ejecutoria a fin de que el sentenciado se acogiera al beneficio, y otra, que careciera de esos efectos para que al mismo tiempo acudiera al juicio de amparo y se examinara su constitucionalidad, no obstante que por l�gica, aquella sentencia que impone penas, �stas s�lo son suspendibles cuando son ejecutables, no antes; por lo que el quejoso, al manifestar expresamente su anuencia con la resoluci�n definitiva, resulta improcedente el juicio de amparo contra la misma, acorde a lo dispuesto en la fracci�n XI del art�culo 73 de la Ley de Amparo y por tanto debe sobreseerse, conforme a lo estipulado en la fracci�n III del art�culo 74 del preindicado ordenamiento legal.

"Amparo directo 704/89. S.�n K.S.. 11 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: G.B.T.. Secretaria: Mar�a del P.V.C..

"Amparo directo 84/90. E.J.�s H. Z��iga. 14 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: G.B.T.. Secretaria: Mar�a del P.V.C..

"Amparo directo 144/90. J.V.�zquez B.�n. 28 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J.J.�s D.C.. Secretario: R.A.S.V..

"Amparo directo 948/90. P.R.�guez R.�guez. 15 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J.J.�s D.C.. Secretario: A.E.E. �ngeles.

Amparo directo 108/91. E.C.C.. 28 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: G.B.T.. Secretario: J.L.G.C..

CUARTO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por su parte, al resolver el amparo directo 266/2004, consider� lo siguiente:

SEXTO. Previo al estudio de los conceptos de violaci�n propuestos por la parte quejosa, a criterio de este �rgano colegiado, resulta conveniente realizar de oficio el estudio correspondiente a una causal de improcedencia que podr�a ser aplicable en este asunto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 102/2003-PS, en lo conducente estim�: (se transcribe). Asimismo, dicha Primera Sala emiti� la tesis n�mero 15, visible a foja 157, T.X., mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, bajo el rubro y texto siguientes: ?AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL HECHO DE QUE SE HUBIESE CUBIERTO LA SANCI�N PECUNIARIA IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LA QUE TAMBI�N FUE CONDENADO EL REO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQU�L.? (se transcribe). De las consideraciones antes transcritas se desprende que la Primera Sala sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: a) Que el hecho de que un sentenciado d� cumplimiento a la sanci�n pecuniaria impuesta en la sentencia reclamada, no implica un sometimiento general a los t�rminos, consideraciones y dem�s puntos resolutivos de que consta la resoluci�n definitiva, dado que ello es solamente un cumplimiento parcial de la sentencia. b) Que cada una de las penas afectan bienes jur�dicos de importancia y trascendencia, la libertad personal y el patrimonio del activo. c) Que el cumplimiento parcial de la sentencia no lleva a considerar su consentimiento en relaci�n con el acto reclamado en un juicio de amparo directo, sin que se actualice la causal de improcedencia consagrada en la fracci�n XI del art�culo 73 de la Ley de Amparo. d) Que los bienes jur�dicos afectados por una y otra sanci�n p�blica son de gran trascendencia e importancia, y aun cuando la sentencia combatida constituye un solo acto reclamado, las afectaciones diversas e independientes que �sta produce en la esfera jur�dica del quejoso, deben legitimarlo tambi�n para que acuda en protecci�n de la Justicia de la Uni�n, en relaci�n con la que estime le causa agravio, aun en el supuesto de que se haya mostrado conformidad parcial con dicha resoluci�n. e) Que respecto de ambas garant�as, la libertad personal es de mayor importancia y trascendencia en nuestro sistema jur�dico penal mexicano, por ello se justifica plenamente el derecho de todo procesado, de agotar todos y cada uno de los recursos y medios de impugnaci�n que la ley ponga a su alcance y que tiendan a obtener el logro de tan preciado bien. f) Que al interpretar una ley, en trat�ndose de procesos de car�cter penal, la interpretaci�n y aplicaci�n de la ley se debe estar a lo m�s favorable al reo. g) Que cuando al sentenciado por haber sido sentenciado con una pena corporal no mayor de tres a�os de prisi�n, se le sustituya la misma, tal cumplimiento sustituto de ninguna manera significa que no pueda verse afectada o vulnerada la esfera jur�dica del impetrante de garant�as y, por tanto, tambi�n en este supuesto debe ser conservado expedito el derecho del sentenciado para poder acudir al juicio de garant�as en demanda de la protecci�n de la Justicia de la Uni�n, impugnando dicha sentencia condenatoria. h) Que trat�ndose de defender su libertad, el inculpado puede hacer uso de todos los medios que la ley pone a su alcance. Expuesto lo anterior, este tribunal hace suyas las referidas consideraciones, y con base en las mismas estima que no obstante que el ahora quejoso haya consentido parcialmente la sentencia, acogi�ndose al beneficio de la conmutaci�n de la pena, mediante escrito presentado ante el Juez del proceso, el cual obra a foja 336, ello no hace improcedente su derecho a accionar el juicio de amparo, porque el cumplimiento parcial de la sentencia reclamada no debe ser tomado como una manifestaci�n de voluntad que involucre su consentimiento t�cito con todas las consideraciones y determinaciones concedidas en tal sentencia, acredit�ndose de esta manera su no sometimiento al acto reclamado, y dado que la interpretaci�n penal debe ser en beneficio del reo, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tampoco consider� como excepci�n a la procedencia del juicio de amparo, los casos en que el reo obtiene, en raz�n de la pena privativa de libertad impuesta, el derecho a sustituirla mediante una condena condicional; dado que tal cumplimiento sustituto de ninguna manera significa que no pueda verse afectada o vulnerada la esfera jur�dica del solicitante de garant�as, se estima que, tambi�n en este supuesto debe ser conservado expedito el derecho del sentenciado para poder acudir en demanda de protecci�n de la Justicia Federal, contra la sentencia que considera violatoria de garant�as, por ello no se surte la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo.

El criterio anterior origin� la emisi�n de la tesis siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXI, marzo de 2005

"Tesis: VI.1o.P.233 P

"P�gina: 1065

"AMPARO DIRECTO. PROCEDE AUN CUANDO EL QUEJOSO SE HAYA ACOGIDO AL BENEFICIO DE LA CONMUTACI�N DE LA PENA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 102/2003-PS, emiti� el criterio jurisprudencial de rubro: ?AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL HECHO DE QUE SE HUBIESE CUBIERTO LA SANCI�N PECUNIARIA IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LA QUE TAMBI�N FUE CONDENADO EL REO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQU�L.?, en cuya ejecutoria expuso, entre otras consideraciones, las siguientes: a) que las penas de prisi�n y pecuniaria afectan los bienes jur�dicos de libertad personal y patrimonio, respectivamente; b) que entre ambos bienes, el de libertad personal es de mayor importancia y trascendencia, y por ello se justifica plenamente el derecho de todo procesado de agotar cada uno de los recursos y medios de impugnaci�n que la ley ponga a su alcance y que tiendan a obtener el logro de tan preciado bien; c) que el hecho de que un sentenciado d� cumplimiento a la sanci�n pecuniaria impuesta en la sentencia reclamada, no implica un sometimiento general a los t�rminos, consideraciones y dem�s puntos resolutivos de que consta la sentencia definitiva, dado que ello es solamente un cumplimiento parcial de la sentencia; d) que el cumplimiento parcial de la sentencia no lleva a considerar su consentimiento en relaci�n con el acto reclamado en un juicio de amparo directo, sin que se actualice la causal de improcedencia consagrada en la fracci�n XI del art�culo 73 de la Ley de Amparo; e) que si el reo obtiene, en raz�n de la pena privativa de la libertad impuesta, el derecho a sustituirla mediante una condena condicional, reemplazando el cumplimiento efectivo de la pena de prisi�n impuesta, ello de ninguna manera significa que no pueda verse afectada o vulnerada la esfera jur�dica del impetrante de garant�as. Ahora bien, con base en dichas consideraciones, es de estimarse que no obstante que el sentenciado se hubiera acogido al beneficio de la conmutaci�n de la pena, ello no hace improcedente su derecho a accionar el juicio de amparo, porque el cumplimiento parcial de la sentencia reclamada no debe ser tomada como una manifestaci�n de voluntad que involucre su consentimiento t�cito con todas las consideraciones y determinaciones contenidas en tal sentencia, y dado que la interpretaci�n penal debe ser en beneficio del reo, y que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tampoco consider� como excepci�n para la procedencia del juicio de amparo cuando el reo obtiene, en raz�n de la pena privativa de libertad impuesta, el derecho de sustituirla mediante una condena condicional, dado que tal cumplimiento sustituto de ninguna manera significa que no pueda verse afectada o vulnerada la esfera jur�dica del impetrante de garant�as, se estima que tambi�n en el supuesto de que el sentenciado se acoja al beneficio de la conmutaci�n de la pena debe ser conservado expedito su derecho para poder acudir en demanda de garant�as contra la sentencia que se considera violatoria de �stas y, por ello, no se surte la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo.

Amparo directo 266/2004. 11 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: J.M.T. P�rez. Secretaria: R.�o V.V..

QUINTO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 127/2004, estim� lo siguiente:

V.P. al estudio del caso, procede mencionar que mediante oficio n�mero 5030, de fecha primero de octubre de dos mil cuatro, la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima remiti� copia certificada de la interlocutoria en la que se concedi� al quejoso el beneficio de la sustituci�n de la pena de prisi�n por tratamiento en libertad, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 70, fracci�n II, del C�digo Penal Federal, por haberlo solicitado el quejoso mediante escrito de fecha primero de septiembre del mismo a�o, seg�n se especifica en la propia interlocutoria. Empero, aun cuando el quejoso solicit� el beneficio mencionado despu�s de la emisi�n de la sentencia reclamada, ello no implica una manifestaci�n de voluntad que entra�e el consentimiento de la misma, de acuerdo con lo establecido por el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo. Esto es as�, porque el beneficio de la sustituci�n de la pena de prisi�n, como al que se acogi� el inculpado, procura su libertad cuando �ste satisface los requisitos legales para su procedencia y el juzgador, con base en su arbitrio, estima oportuno otorg�rselo, de tal forma que a pesar de que se le hubiere considerado responsable de un il�cito, el reo puede evitar un estado de reclusi�n. Por tanto, es injusto estimar que el hecho de que el quejoso hubiere solicitado un beneficio de esa naturaleza o se hubiere acogido a uno ya otorgado oficiosamente por el juzgador, inclusive hasta otorgando la garant�a condigna o pagando la multa sustitutiva, implique una manifestaci�n de voluntad que entra�e el consentimiento de la sentencia de segunda instancia contra la que se promueve amparo directo; porque con ese proceder lo que el inculpado hace es �nicamente salvaguardar su libertad o incluso, recuperarla. Cierto, se afirma lo anterior porque si el quejoso se encuentra gozando de la libertad bajo cauci�n al concluir su proceso, si no se acoge a alg�n beneficio cuando re�na los requisitos de ley, el juzgador puede revocarle la libertad caucional y ordenar su reaprehensi�n. En otro supuesto, si por alguna raz�n el quejoso durante todo el proceso estuvo recluido, esto es, no pudo gozar de su libertad caucional, y a la postre satisface los requisitos para gozar de un beneficio sustitutivo de la pena de prisi�n, no ser�a l�gico considerar que la solicitud o acogimiento a ese beneficio entra�a el consentimiento de la sentencia reclamada, cuando es evidente que formular�a tal promoci�n con la clara intenci�n de obtener su libertad de forma inmediata, independientemente de que puede subsistir su inconformidad contra ella. Luego, un criterio contrario impedir�a a los quejosos que estuvieran en este �ltimo supuesto, es decir, detenidos durante todo el proceso y que en la sentencia definitiva alcanzaran un beneficio sustitutivo, extender su derecho de defensa hasta el juicio de amparo directo, porque es razonable estimar que aunque no estuvieran de acuerdo con la condena, les ser�a m�s favorable inmediatamente promover lo conducente para que se les otorgara ese beneficio y gozar de su libertad lo antes posible, a abstenerse de solicitarlo hasta que se resuelva la instancia constitucional, con tal de no incurrir en la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo, dado que es obvio que esto �ltimo ser�a en su perjuicio, pues tendr�an que permanecer recluidos mientras se resuelve. Adem�s, el criterio del que ahora este Tribunal Colegiado se aparta, al limitar el derecho de defensa del quejoso, quien busca salvaguardar su libertad haciendo uso de los beneficios sustitutivos de la pena, resulta opuesto a las bases que la Ley de Amparo establece para proteger ese alto valor en el juicio constitucional, las que se caracterizan en otorgar una amplitud en su defensa al gobernado cuya libertad se ve afectada por un acto de autoridad, en virtud de que puede promoverlo en cualquier tiempo, cualquier persona distinta al quejoso puede presentar la demanda a su favor cuando est� detenido e incomunicado, opera la suplencia absoluta de sus agravios y conceptos de violaci�n y la no exigencia de agotar los recursos ordinarios previo al juicio constitucional en determinados supuestos, por ejemplo. As� las cosas, es injusto considerar que el quejoso consiente la sentencia de condena reclamada cuando solicita o se acoge a alg�n beneficio sustitutivo de la pena de prisi�n, dado que en ese caso s�lo hace lo necesario para conservar su libertad o, incluso, para recuperarla y como se ve, no constituye una manifestaci�n inequ�voca de tener la voluntad de aceptar las consecuencias del fallo condenatorio; de ah� que esa circunstancia no sea apta para actualizar la causal de improcedencia de que se trata. As� lo sustent� este tribunal en el diverso amparo directo n�mero 127/2004, resuelto por mayor�a de votos en sesi�n de fecha veintiuno de mayo de dos mil cuatro; de ah� que no se est� en el caso de decretar el sobreseimiento en el presente asunto.

El Tribunal Colegiado de referencia emiti� la tesis que es del tenor siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXI, marzo de 2005

"Tesis: III.2o.P.143 P

"P�gina: 1143

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARODIRECTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ART�CULO 73, FRACCI�N XI, DE LA LEY DE AMPARO, POR EL HECHO DE QUE EL SENTENCIADO SE ACOJA A ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSTITUIR O SUSPENDER LA PENA DE PRISI�N IMPUESTA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, PORQUE NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA MANIFESTACI�N INEQU�VOCA QUE ENTRA�E EL CONSENTIMIENTO DEL ACTO. La legislaci�n penal sustantiva, en aras de equilibrar la facultad que el Estado tiene de sancionar a una persona que comete un delito, con la pena de esa especie y la tutela de ese alto valor como lo es la libertad, instituye beneficios que sustituyen, suspenden o, incluso, prescinden de dicha sanci�n, con esto el Estado busca una pol�tica criminal flexible, adem�s de justa para dejar en reclusi�n a quien lo amerita, as� como que un sujeto goce de libertad o semilibertad aunque se le condene por reunir determinadas condiciones que le favorecen, pues dichos beneficios tienen por objeto procurar la libertad del inculpado cuando �ste satisface los requisitos legales para su procedencia y el juzgador, con base en su arbitrio, estima oportuno otorgarlos, lo que significa que a pesar de que se le considere responsable de un il�cito, el reo puede evitar un estado de reclusi�n para el cumplimiento de la sanci�n corporal; de tal suerte que debe estimarse que para efectos de la procedencia del amparo, el hecho de que el quejoso solicite un beneficio de esa naturaleza o se acoja a uno ya concedido oficiosamente por el juzgador, inclusive aunque otorgue la garant�a condigna o pague la multa sustitutiva, no implica una manifestaci�n de voluntad inequ�voca que entra�e el consentimiento de la sentencia reclamada, porque en el supuesto de que el quejoso goce de la libertad caucional durante el proceso, al acogerse al beneficio, evita una posible reaprehensi�n; en cambio, si durante todo el proceso est� recluido y promueve lo conducente para gozar de alguno de esos beneficios, es obvio que lo �nico que procura es que su detenci�n cese de forma inmediata, por lo que en ambos supuestos, con la aplicaci�n del beneficio, lo �nico que hace el quejoso es apartarse de un perjuicio mayor, como lo es el que se provoca con su reclusi�n, pues aun, como en el asunto, si el Juez de la causa declara suspendida la pena privativa de libertad, no implica que quede sin efectos �sta o se hubiere consumado, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el art�culo 71 del C�digo Penal para el Estado de Jalisco, la suspensi�n tiene una duraci�n igual a la de la pena, la cual se considera extinguida si durante el t�rmino de la sanci�n, contado a partir de la fecha en que se conceda en definitiva el beneficio, el reo no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria; en caso contrario, seg�n establece el precepto, se har� efectiva la primera sentencia, adem�s de la segunda, en la que al reo se le considera reincidente, lo que se traduce en que los efectos de la pena de prisi�n es que s�lo se encuentre en suspenso y pueda reactivarse si el reo diere lugar a otra condena por delito doloso, lo anterior patentiza que el sentenciado, no obstante de solicitar o acogerse a un beneficio, debe conservar expedito el derecho de inconformarse contra la sentencia reclamada, pues trat�ndose de la materia penal, bajo los supuestos precisados, debe prevalecer la garant�a de acceso efectivo a la justicia, la cual se ver�a violentada al hacer nugatoria la posibilidad del quejoso a que se resuelva en definitiva sobre su responsabilidad en la comisi�n del il�cito que se le atribuye mediante la promoci�n del juicio de amparo directo, ello en atenci�n a los valores fundamentales que se encuentran en juego, entre otros, la libertad.

Amparo directo 127/2004. 21 de mayo de 2004. Mayor�a de votos. Disidente: H.R.R.C.P.: J.H.B.P.. Secretario: O.R.�n C.�o Mu�oz.

SEXTO

Con el prop�sito de verificar si en el presente caso existe contradicci�n entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

De lo anterior se obtiene que para que exista la contradicci�n de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se hayan examinado cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En el caso s� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jur�dicos sometidos a la consideraci�n de los Tribunales Colegiados, se examin� una cuesti�n jur�dica esencialmente igual, relativa a determinar si el acogerse a los beneficios de la condena condicional o sustituci�n o conmutaci�n o suspensi�n de sanciones constituye o no el consentimiento del reo con la sentencia definitiva que hace improcedente el juicio de amparo directo en contra de �sta.

Al respecto, los Tribunales Colegiados en menci�n adoptaron posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consider� que lo anterior implica el consentimiento total con el fallo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo; mientras que, por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito emitieron posici�n contraria, considerando, respectivamente, que el cumplimiento parcial de la sentencia reclamada no debe ser tomado como una manifestaci�n de voluntad que involucre su consentimiento t�cito con todas las consideraciones y determinaciones contenidas en la sentencia, asimismo, que lo anterior no puede considerarse como una manifestaci�n inequ�voca que entra�e el consentimiento del acto, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia de m�rito.

Como se advierte del an�lisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relaci�n con el mismo tema jur�dico.

Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; como se advierte de las ejecutorias que obran en copias certificadas en el expediente en que se act�a y de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios, plasmados en las propias tesis que emitieron.

Por �ltimo, tambi�n se acredita el requisito consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior, pues el estudio que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes parti� del mismo acto reclamado, sentencia definitiva condenatoria en materia penal.

Asimismo, los �rganos colegiados partieron del an�lisis del mismo ordenamiento legal, pues para sustentar sus posturas se basaron en lo que dispone el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo.

Ello permite concluir que, en este caso, s� existe contradicci�n de tesis en el punto medular, como qued� apuntado con anterioridad.

S�PTIMO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos de las consideraciones siguientes:

Como una cuesti�n previa, debe destacarse que la base jur�dica que sustenta el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, requiere una precisi�n por parte de esta Primera Sala.

Dicho Tribunal Colegiado, al resolver el asunto sometido a su consideraci�n, hizo referencia a la contradicci�n de tesis 102/2003-PS, resuelta por esta Primera Sala el diecisiete de marzo de dos mil cuatro, de la que eman� la jurisprudencia que qued� registrada con el n�mero 15/2004.

En la mencionada contradicci�n de tesis se precis� el punto de contradicci�n en el sentido siguiente:

En esas condiciones se concluye que en este asunto se configura la contradicci�n de tesis denunciada y que la problem�tica a dilucidar por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se circunscribe a determinar: Si se actualiza o no la causal de improcedencia prevista en la fracci�n XI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, cuando se acude al juicio de garant�as reclamando �nicamente la pena de prisi�n impuesta como sanci�n principal en la causa penal natural, no obstante que el promovente hubiese cumplido parcialmente dicha resoluci�n por haber cubierto el monto de la sanci�n pecuniaria (la reparaci�n del da�o y la multa) a que tambi�n fue condenado.

No obstante, adem�s de resolver el caso concreto de acuerdo a como qued� fijada la materia de la contradicci�n de tesis, se hizo alusi�n a una diversa hip�tesis, en el sentido siguiente:

Por otro lado, tampoco puede considerarse como excepci�n a este criterio de procedencia del juicio de amparo, los casos en que el reo obtiene en raz�n de la pena privativa de libertad impuesta el derecho a sustituirla mediante una condena condicional; es decir, cuando por el hecho de haber sido sentenciado con una pena corporal no mayor de tres a�os de prisi�n le sea aplicada una medida que sustituya al cumplimiento efectivo de la pena de prisi�n impuesta, dado que tal cumplimiento sustituto de ninguna manera significa que no pueda verse afectada o vulnerada la esfera jur�dica del impetrante de garant�as con base en las consideraciones que anteceden, por tanto, es de concluirse que tambi�n en este supuesto debe de ser conservado expedito el derecho del sentenciado para poder acudir al juicio de garant�as en demanda de la protecci�n de la Justicia de la Uni�n impugnando dicha sentencia condenatoria.

Hip�tesis que tambi�n fue incluida en la tesis jurisprudencial en el sentido siguiente:

Lo anterior con independencia de que el cumplimiento de esa sanci�n privativa de la libertad le haya sido sustituida por cualquier medida o condena, de conformidad con lo dispuesto por la ley penal que resulte aplicable.

Lo anterior permite apreciar que se hizo referencia a un tema diverso a la contradicci�n de tesis, pues estableci� la procedencia del amparo directo cuando la sanci�n privativa de libertad haya sido sustituida por cualquier medida o condena, cuando la problem�tica que se plante� s�lo se refer�a a la procedencia del juicio cuando el quejoso previamente a su promoci�n cubre la sanci�n pecuniaria a la que fue condenado.

En estas condiciones, debe precisarse que el primer tema se�alado con antelaci�n no forma parte propiamente de la contradicci�n de tesis 102/2003-PS y de la jurisprudencia 15/2004, que se emiti� con motivo de su resoluci�n; aspecto que resulta de suma importancia, porque dicho tema, en concreto, es lo que constituye, precisamente, la materia de estudio en el presente asunto y que, por lo mismo, amerita un pronunciamiento por parte de este cuerpo colegiado, con la finalidad de otorgar mayor seguridad jur�dica.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis del tenor siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XV, febrero de 2002

"Tesis: 2a. V/2002

"P�gina: 72

"JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCI�N. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE SOSTUVO EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER, LE DIO UN ALCANCE INDEBIDO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N DEBE CORREGIRLO, ESTABLECIENDO, CON EL MISMO VALOR, LA TESIS CORRESPONDIENTE. Cuando existe una contradicci�n de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, de acuerdo con lo establecido por la fracci�n XIII del art�culo 107 de la Constituci�n y 197-A de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n debe decidir la tesis que prevalezca como jurisprudencia. Ahora bien, si al tomar esa decisi�n advierte que el tribunal que sostuvo el criterio correcto le dio un alcance equivocado debe hacer la correcci�n pertinente, con el mismo valor jurisprudencial, ya sea en la propia tesis o en una distinta, si la claridad lo recomienda, pues de lo contrario no s�lo se afectar�a la seguridad jur�dica que se busca salvaguardar al resolver este tipo de asuntos sino tambi�n la justicia, al no definirse un problema que podr�a dar lugar a la aplicaci�n incorrecta de la tesis jurisprudencial y de las normas jur�dicas interpretadas en ella.

Contradicci�n de tesis 105/2001-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 25 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Ver�nica N.R.�rez.

Ahora bien, realizada la anterior precisi�n, procede llevar a cabo el estudio correspondiente en el presente asunto.

El punto jur�dico a dilucidar en este asunto radica en determinar si el acogerse a los beneficios de la condena condicional o sustituci�n o conmutaci�n o suspensi�n de la pena privativa de libertad, constituye o no el consentimiento del reo con la sentencia definitiva que hace improcedente el juicio de amparo directo en contra de �sta, en t�rminos de la fracci�n XI del art�culo 73 de la Ley de Amparo.

Esta Primera Sala, en relaci�n con la causa de improcedencia prevista en el art�culo de referencia, ha sostenido que respecto del consentimiento, el art�culo 1803 del C�digo Civil Federal establece que �ste ser� expreso, cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electr�nicos, �pticos o por cualquier otra tecnolog�a, o por signos inequ�vocos; y que el t�cito resultar� de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.

Un acto consentido expresamente, es aquel respecto del cual no puede admitirse duda o equivocaci�n sobre si se consinti� o no, y t�citamente ante actitudes que lo presuponen.

El art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo se�ala que el amparo es improcedente:

Art�culo 73. ... XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entra�en ese consentimiento.

De lo antes transcrito se desprende que el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con �l, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento.

As� que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jur�dica y que �ste se haya conformado expresamente con �l o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entra�en ese consentimiento.

La expresi�n del consentimiento del acto reclamado por parte del quejoso a que alude el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a trav�s de signos externos inequ�vocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jur�dica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ileg�timamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espont�nea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero para ello se requiere que exista el acto (en trat�ndose de leyes que la hip�tesis que ella establece se actualice) y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringir�a el acceso a la jurisdicci�n constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en t�rminos de los art�culos 17, 103 y 107 de la Carta Magna.

El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley reclamada, pues s�lo en ese supuesto puede afirmarse que la promoci�n del juicio se tornar�a ileg�tima en cuanto a que con ella se pretender�a sustraer de su conducta precedente.

Ello es as�, porque de conformidad con lo dispuesto por los numerales 4o. y 73, fracci�n VI, de la ley de la materia, el juicio de garant�as �nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acci�n constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, de ah� la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en cuanto a que �ste �nicamente pueda promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto; en tal virtud, es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la causaci�n de un perjuicio en contra del particular.

En segundo t�rmino, lo dispuesto por la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, tambi�n lleva a considerar que para la procedencia del juicio constitucional se requiere previamente que el gobernado tenga inter�s jur�dico para reclamar su derecho y que �ste resulte afectado por la ley o el acto, los cuales deben darse al momento en que la ley entre en vigor o en que se d� el acto concreto de aplicaci�n; por ello, para la procedencia del juicio de garant�as se requiere, entre otras cuestiones, la afectaci�n a los intereses jur�dicos del quejoso.

As� pues, tomando en cuenta lo expuesto, se puede considerar que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espont�nea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se est� cumpliendo una orden de autoridad o se est� sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento; en tanto que el acto se consiente de manera t�cita o impl�cita cuando se realizan manifestaciones de voluntad.

Resulta aplicable al caso la siguiente tesis:

"S�ptima �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Vol�menes: 139-144, Primera Parte

"P�gina: 13

"ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o t�citamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que�ste haya tenido conocimiento de �l sin haber deducido dentro del t�rmino legal la acci�n constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.

Amparo en revisi�n 4395/79. S.L.S.. 19 de agosto de 1980. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez.

Las consideraciones anteriores fueron sostenidas por esta Primera Sala al resolver la contradicci�n de tesis 123/2003-PS, el d�a once de agosto de dos mil cuatro, por unanimidad de cuatro votos, siendo ponente la se�ora Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V..

Ahora bien, en el caso, los Tribunales Colegiados emitieron su criterio partiendo del supuesto de si el acogerse a los beneficios de la condena condicional o sustituci�n o conmutaci�n o suspensi�n de la pena privativa de libertad, constituye o no el consentimiento del reo con la sentencia definitiva y, consecuentemente, es improcedente o no el juicio de amparo directo en contra de �sta, en t�rminos de la fracci�n XI del art�culo 73 de la Ley de Amparo.

Ahora bien, cuando el quejoso se acoge a los beneficios de la condena condicional o sustituci�n o conmutaci�n o suspensi�n de la pena privativa de libertad, ya sea que se hayan concedido de oficio, o bien, que as� los haya solicitado, constituye el consentimiento expreso de la sentencia reclamada.

As� es, si respecto de la sentencia en la que se impone una pena privativa de libertad, el �rgano jurisdiccional concede los beneficios de la condena condicional o sustituci�n o conmutaci�n o suspensi�n de la misma, ya sea de oficio o previa solicitud, y el quejoso se acoge a los mismos, manifiesta su voluntad en el sentido de aceptarlos, consintiendo, por tal motivo, la sentencia reclamada, actualiz�ndose la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo.

De esta manera, se evita que el quejoso acuda al juicio de amparo desconociendo los efectos que derivan de dicho acogimiento que exterioriz� de manera libre y espont�nea con arreglo a la sentencia reclamada.

Sirve de apoyo a lo anterior, por mayor�a de raz�n sustancial jur�dica, la tesis cuyo contenido es el siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: IX, marzo de 1999

"Tesis: 2a. XXVII/99

"P�gina: 313

"CONSENTIMIENTO EXPRESO. SE PRESENTA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO SE ENCUENTRA CONDICIONADO POR LA OBLIGACI�N O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.-El art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entra�en ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento est� condicionado necesariamente a la aceptaci�n del perjuicio o agravio, una vez que el quejoso haya aceptado aqu�l, dicha conducta supone tambi�n la aceptaci�n de este �ltimo, por lo que el juicio resulta improcedente en los t�rminos del precepto antes citado.

Amparo en revisi�n 3277/98. F.C.�rdenas P�rez y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: G.I.O.M. y J.V.A.A.�n, quien fue suplido por J.V.C. y C.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: E.M.A..

No debe soslayarse que cuando el �rgano jurisdiccional concede los beneficios de la condena condicional o sustituci�n o conmutaci�n o suspensi�n de la pena privativa de libertad, de oficio o previa solicitud, respecto de los cuales el quejoso decide no acogerse a los mismos, ello no constituye la actualizaci�n de la causa de improcedencia se�alada, porque en estos casos no puede establecerse que se est� en presencia de un consentimiento expreso o t�cito de la sentencia reclamada, ya que ello s�lo acontecer�, como se precis� anteriormente, cuando el quejoso manifieste su voluntad en el sentido de acogerse a los mismos.

En estas condiciones, esta Primera Sala considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio redactado con el siguiente rubro y texto:

AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCI�N O CONMUTACI�N O SUSPENSI�N DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, IMPLICA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO.-Cuando el quejoso se acoge a los beneficios de la condena condicional o sustituci�n o conmutaci�n o suspensi�n de la pena privativa de libertad, ya sea que se hayan concedido de oficio, o que as� los haya solicitado, ello se traduce en el consentimiento expreso de la sentencia reclamada, y, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo. De esta manera, se evita que el quejoso acuda al juicio de garant�as desconociendo los efectos derivados de la aceptaci�n que exterioriz� libre y espont�neamente con arreglo a la sentencia reclamada.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere, en los t�rminos del considerando sexto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sostenido por esta Primera Sala, en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el expediente relativo a la presente contradicci�n de tesis como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros: S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. (ponente) y presidenta O.S.C. de G.�a V., en contra de los votos emitidos por los se�ores Ministros Jos� Ram�n C.�o D�az y Jos� de Jes�s G.�o P., quienes manifestaron que formular�an voto particular.