Ejecutoria num. 1a./J. 112/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823635

Ejecutoria num. 1a./J. 112/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 112/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. SUCESIONES. LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS CONTRATADOS POR EL ALBACEA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO RESPECTIVO SON CON CARGO A LA MASA HEREDITARIA, AUN CUANDO NO EXISTA ACUERDO PREVIO DE LOS HEREDEROS, SIEMPRE Y CUANDO SE SUJETEN AL ARANCEL RESPECTIVO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE SAN LUIS POTOSÍ).

 
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 30/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En principio debe se�alarse que no impide efectuar el an�lisis de la contradicci�n de tesis a estudio, la circunstancia de que ninguna de las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes haya integrado jurisprudencia, toda vez que los art�culos 107, fracci�n XII, p�rrafos primero y tercero, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., que establecen el procedimiento para dirimir una contradicci�n de tesis, no exigen dicho requisito.
Criterio que se refleja en la tesis jurisprudencial P./J. 27/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, localizable en la p�gina 77, T.X., abril de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dice:
"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A. establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuesti�n, para establecer si existe o no la contradicci�n de tesis denunciada, ya que s�lo en tal hip�tesis ser� posible efectuar pronunciamiento en relaci�n al fondo del asunto.
Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha sustentado el criterio de que para que exista contradicci�n de criterios, es necesario que concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, cabe citar las tesis jurisprudenciales P./J. 26/2001 y 1a./J. 5/2000, sustentadas por el Tribunal Pleno y por esta Primera Sala, p�ginas 76 y 49, T.X., abril de 2001 y XI, junio de 2000, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dicen:
"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
"CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n y dentro de la Ley de A., no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza, sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones., razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la substancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con car�cter de tesis de jurisprudencia."
QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el cinco de enero de dos mil cinco, resolvi� el juicio de amparo directo 519/2004, promovido por E.D.�n Cruces, que en su parte conducente, textualmente dice:
"SEXTO. Los conceptos de violaci�n, aunque parcialmente fundados, son suficientes para conceder la protecci�n constitucional.
"El inconforme sustancialmente aduce que la autoridad responsable efectu� una interpretaci�n subjetiva del art�culo 1552 del C�digo Civil para el Estado, porque este precepto no es atendible en el caso, debido a que los compromisos efectuados entre el albacea y su mandatario est�n regulados por el diverso numeral 1536 de la legislaci�n en cita, el cual autoriza al primero a obrar por conducto del segundo, pero sin que en el texto de la ley se exija que esa facultad deba ser sometida al consenso de los herederos, como lo apunt� la Sala del conocimiento.
"Agrega el quejoso que el albacea tiene absolutas facultades para nombrar a los mandatarios o procuradores que sean necesarios en el juicio sucesorio para cumplir con su cometido de administrador de los bienes y liquidador de la masa hereditaria, sin intervenci�n o consulta de los herederos o legatarios, de ah� la ilegalidad de la sentencia reclamada, am�n de que, en contra de lo establecido por la responsable, no existe precepto que establezca que el albacea es quien debe pagar con su propio peculio los honorarios del mandatario, pues el art�culo 1572 del C�digo Civil literalmente establece que tales gastos son con cargo a la masa hereditaria.
"El sintetizado motivo de queja es fundado y suficiente para conceder la protecci�n constitucional solicitada.
"Ahora bien, es importante establecer que del texto de los art�culos 1536 y 1572 del C�digo Civil para el Estado de San Luis Potos� se concluye que los albaceas se encuentran facultados para otorgar mandato con cargo a la sucesi�n, ya que en dichos dispositivos se establece, respectivamente, que aqu�l no est� obligado a ejercer el albaceazgo de manera personal, sino que puede hacerlo por conducto de un mandatario, y que los gastos hechos por el albacea, incluidos los honorarios de los abogados, se pagar�n de la masa hereditaria, en tanto que, a la letra, rezan:
"?Art�culo 1536.? (se transcribe)
"?Art�culo 1572.? (se transcribe)
"Como se ve, es inconcuso que la ley faculta a los albaceas para otorgar mandato con cargo a la sucesi�n, tal como lo destaca la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se encuentra publicada en la p�gina 1140, Tomo LXXVIII, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:
"?ALBACEAS, MANDATO OTORGADO POR LOS.? (se transcribe).
"Es menester puntualizar que el contenido del art�culo 1736 de la codificaci�n del Distrito Federal a que se refiere la tesis previamente transcrita es id�ntico en su redacci�n al numeral 1572 del C�digo Civil estatal, y si bien el criterio de m�rito se refiere a un precedente fallado por ese Alto Tribunal de la naci�n en mil novecientos cuarenta y tres, resulta aplicable al caso, ya que el precepto en comento no ha sido reformado, incluso, desde el inicio de la vigencia de tal legislaci�n que data del uno de octubre de mil novecientos treinta y dos.
"Ahora bien, el hecho de que el diverso art�culo 1552 del C�digo Civil potosino establezca que ?El albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijar�, de acuerdo con los herederos, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administraci�n y el n�mero y sueldo de los dependientes?, no implica, como lo determin� la Sala responsable, que se requiera del acuerdo previo con los herederos para que el mandatario designado por el albacea tenga derecho a cobrar sus honorarios con cargo a la masa hereditaria.
"Lo anterior es as�, ya que adem�s de que el art�culo 1572 del C�digo Civil de esta entidad federativa es claro en establecer que los gastos efectuados por el albacea en cumplimiento de su cargo, incluidos los honorarios de abogados, ?...se pagar�n de la masa de la herencia...?, el diverso numeral 1552 de la propia codificaci�n sustantiva estatal no establece como sanci�n que, en caso de no haberse efectuado dicho acuerdo con los herederos, la remuneraci�n del mandatario contratado por el albacea sea a cargo del peculio de �ste.
"Como se ve, en contra de lo establecido por la autoridad responsable, los honorarios de los abogados en las sucesiones, no requieren del acuerdo previo de los herederos con el albacea.
"Es m�s, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis publicada en la p�gina 3490, Tomo LXXXII, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, determin� que el acuerdo en comento �nicamente es necesario, seg�n lo dispuesto por la propia legislaci�n civil, en el caso de que para hacer el pago de una deuda u otro gasto urgente, sea necesario vender algunos bienes.
"El criterio de m�rito, de manera literal establece lo siguiente:
"?HONORARIOS DE LOS ABOGADOS EN LAS SUCESIONES, FIJACI�N DE LOS.? (se transcribe).
"Es importante puntualizar que los art�culos 1717 y 1736 del C�digo Civil para el Distrito Federal a que hace referencia la tesis transcrita, son id�nticos en contenido al de los numerales 1553 y 1572 de la codificaci�n estatal, as� como que aquellos preceptos no han sufrido ninguna reforma desde su interpretaci�n por parte de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las tesis transcritas en l�neas precedentes, de ah� su aplicabilidad al caso.
"En tal contexto, es inconcuso que este �rgano jurisdiccional no comparte el criterio emitido por su hom�logo, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis del rubro ?SUCESIONES, GASTOS EN LAS. SE REQUIERE EL ACUERDO DE LOS HEREDEROS PARA QUE SE PAGUEN CON CARGO A LA MASA HEREDITARIA (ART�CULOS 1716 Y 1736 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).?, y en la cual se sustent� la responsable para emitir el fallo reclamado.
"Lo anterior as� resulta, porque, adem�s de las consideraciones hasta aqu� emitidas por este tribunal, debe destacarse que el contenido del art�culo 1716 del C�digo Civil para el Distrito Federal (1552 del c�digo potosino) tampoco ha sido reformado desde que entr� en vigor, esto es, el contenido del referido art�culo no fue determinante para que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en las tesis invocadas y transcritas en la presente ejecutoria, concluyera que no es necesario el acuerdo previo de los herederos para el pago de los servicios profesionales de los abogados que ocupa el albacea de una sucesi�n.
"Adem�s, es imperativo establecer que dicha conclusi�n tambi�n deviene del hecho de que los numerales 1552 y 1572 del C�digo Civil para el Estado de San Luis Potos� no son dispositivos que se encuentran en contravenci�n, sino que de su an�lisis sistem�tico, junto con el diverso 1536 de la propia codificaci�n en cita, se arriba a la conclusi�n de que se trata de preceptos que se complementan entre s�.
"Efectivamente, el art�culo 1536 el C�digo Civil en vigor en el Estado, que autoriza al albacea a obrar a trav�s de mandatario tiene el prop�sito de evitar que la sucesi�n quede desprotegida, porque con dicha facultad se permite que el representante de la sucesi�n, mediante su apoderado, tome las decisiones necesarias para el funcionamiento y buena marcha de los negocios del haber hereditario, los cuales pudieran peligrar en caso de que el consenso de los herederos sobre los gastos de esa administraci�n se prolongara en el tiempo, de ah� que los gastos de m�rito, incluidos los honorarios del abogado contratado por el albacea, deben ser solventados por la masa hereditaria, tal como lo previene el diverso numeral 1572 del c�digo citado.
"Por otra parte, ese acuerdo entre el albacea y los herederos para fijar los gastos de administraci�n a que se refiere el art�culo 1552 del propio c�digo sustantivo en comento, tiene como finalidad proteger la masa hereditaria, mas no se encuentra en contraposici�n, como ya se dijo, con lo dispuesto por los diversos numerales 1536 y 1572 de dicha legislaci�n, porque en todo caso, el albacea responde de la actuaci�n del abogado por �l nombrado; m�xime que los honorarios devengados por el quejoso derivan de un convenio l�cito que no impone una carga a la sucesi�n sobre su monto, de ah� que, en todo caso, deban fijarse acorde al arancel respectivo y hasta el l�mite de su intervenci�n, seg�n se determinar� m�s adelante. En conclusi�n, es jur�dicamente factible que en los t�rminos precisados se reciban los honorarios demandados en el sumario.
"Aunado a lo anterior, es menester reiterar que la falta de programaci�n de los gastos de administraci�n con los herederos no se encuentra sancionada en ning�n precepto diverso del C�digo Civil en vigor para el Estado con el no pago al abogado que fue designado por el albacea y que actu� l�citamente en su encargo sin imponer ninguna carga a la sucesi�n, am�n de que el art�culo 1572 de la referida codificaci�n sustantiva establece de manera expresa que ?Los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su cargo, incluso los honorarios de abogados y procurador que haya ocupado, se pagar�n de la masa de la herencia.?
"En las condiciones relatadas, la resoluci�n reclamada deviene violatoria de la garant�a de legalidad contenida en el art�culo 14 de la Constituci�n General de la Rep�blica. ..." (fojas 41 reverso a 45 reverso �dem).
Con base en dicho precedente sustent� la tesis que a la letra dice:
"SUCESIONES, GASTOS EN LAS. NO SE REQUIERE EL ACUERDO PREVIO DE LOS HEREDEROS PARA QUE SE PAGUEN CON CARGO A AQU�LLA LOS HONORARIOS DEL ABOGADO DESIGNADO POR EL ALBACEA, PARA LA TRAMITACI�N DEL JUICIO SUCESORIO. Del texto de los art�culos 1536 y 1572 del C�digo Civil para el Estado de San Luis Potos� se concluye que el albacea se encuentra facultado para otorgar mandato con cargo a la sucesi�n, ya que en dichos dispositivos se establece, respectivamente, que aqu�l no est� obligado a ejercer el albaceazgo de manera personal, sino que puede hacerlo por conducto de un mandatario, y que los gastos hechos por el albacea, incluidos los honorarios de los abogados, se pagar�n de la masa hereditaria. Por tanto, el hecho de que el diverso art�culo 1552 del C�digo Civil potosino establezca que el albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijar�, de acuerdo con los herederos, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administraci�n y el n�mero y sueldo de los dependientes; no implica que se requiera del acuerdo previo con los herederos para que el mandatario designado por el albacea tenga derecho a cobrar sus honorarios con cargo a la masa hereditaria, sobre todo si estos no constituyen una carga lesiva para la sucesi�n; adem�s de que ese precepto no establece como sanci�n, en caso de no haberse efectuado dicho acuerdo con los herederos, que la remuneraci�n del mandatario contratado por el albacea para hacerse cargo de la tramitaci�n del juicio sucesorio, sea a cargo del peculio de �ste."
SEXTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisi�n civil 4036/98, promovido por E.I.d.P.F.�o, con fecha veintitr�s de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en la parte que interesa, textualmente expuso:
"... Por raz�n de m�todo, se estudia enseguida el agravio relativo a que en el juicio intestamentario a bienes de V�ctor M.d.P.F.�o, secci�n segunda, de donde derivan los actos relacionados, los herederos manifestaron su conformidad con las cuentas de la administraci�n que la revisionista present� en su car�cter de albacea, ante la falta de oposici�n a los mismos en el plazo que para tal efecto se les concedi�; adem�s, que la coheredera Filadelfa �vila A. fue declarada confesa f�ctamente, entre otras posiciones de la n�mero cuatro, en el sentido de que los dem�s herederos estuvieron de acuerdo con el pago de honorarios profesionales en favor del licenciado H.�n G.I.�n, por lo que la revisionista, en su car�cter de albacea, no contrat� en forma unilateral al profesionista mencionado y que deb�a aprobarse el pago de sus honorarios con cargo a la masa hereditaria, que al no haberlo estimado as�, el J. de Distrito infringi� los art�culos 1706, 1716, 1720, 1736 y 1831 del C�digo Civil para el Distrito Federal; los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles; y los art�culos 77, fracciones I y II, y 78 de la Ley de A..
"Es infundado el concepto de violaci�n en comento, en primer t�rmino, porque el art�culo 1736 del C�digo Civil para el Distrito Federal, dice:
"?Art�culo 1736.? (se transcribe) .
"De la transcripci�n anterior, se sigue que la albacea, en cumplimiento de su cargo, puede contratar los servicios jur�dicos de un abogado e inclusive un procurador, y que sus honorarios profesionales se pagar�n de la masa de la herencia; sin embargo, este precepto legal forma parte del cap�tulo IV, ?De los albaceas?, luego no debe interpretarse en forma aislada como la revisionista err�neamente pretende, sino en relaci�n con los dem�s preceptos legales de ese cap�tulo, en particular el art�culo 1716, que es del tenor literal siguiente:
"?Art�culo 1716.? (se transcribe).
"De la interpretaci�n arm�nica de ambos preceptos legales, se infiere que debe existir un acuerdo previo de los herederos, que no necesariamente debe constar por escrito, sobre los gastos necesarios para la administraci�n de los fines de la herencia, en la especie, la contrataci�n de los servicios de un abogado o procurador para que auxilie al albacea en la tramitaci�n del intestado, y la cantidad que deba pag�rsele por concepto de honorarios profesionales, y s�lo que se cumpla con ese requisito podr�n pagarse los honorarios profesionales con cargoa la masa hereditaria.
"Ahora bien, de la circunstancia de que los dem�s herederos C.M.�a y Rosa Mar�a de apellidos del P.F.�o, y la sucesi�n de L. de los mismos apellidos, no se hayan opuesto a las cuentas que rindi� la revisionista, en su car�cter de albacea, en las que incluy� los honorarios del abogado que contrat� para tramitar el intestado, no se sigue que hayan dado su consentimiento para contratar los servicios de ese profesionista, ni que estuvieran de acuerdo con el monto de sus honorarios profesionales y, menos a�n, que se le pagaran con cargo a los bienes de la masa hereditaria, habida cuenta que la preclusi�n de su derecho para oponerse a las cuentas, en particular la partida relativa a los honorarios profesionales, no constituye un hecho o acto que presuponga o autorice a presumir un consentimiento t�cito con la contrataci�n del profesionista mencionado, realizada por la albacea, y el pago de los honorarios correspondientes con cargo a la masa hereditaria en t�rminos del art�culo 1803 del C�digo Civil para el Distrito Federal, sino tan s�lo la p�rdida del derecho a oponerse a la aprobaci�n de las cuentas y en particular la partida relativa a los honorarios profesionales.
"A mayor abundamiento, cabe agregar que la coheredera Filadelfa �vila A. se opuso a la aprobaci�n de las cuentas rendidas por la revisionista, precisamente por no haber consentimiento previo de los herederos, para la contrataci�n de los servicios de un abogado en la tramitaci�n de su sucesi�n intestamentaria, y el pago de sus honorarios, por lo que dicho pago no pod�a hacerse con los bienes de la herencia de acuerdo con la recta interpretaci�n de los art�culos 1716 y 1736 del C�digo Civil y, en consecuencia cabe arribar a la conclusi�n en el sentido de que el J. y la Sala responsables estuvieron en lo correcto al no aprobar la partida respectiva, como el J. de Distrito acertadamente estim�, para negar el amparo solicitado por la albacea, en la sentencia que se revisa.
"Por otra parte, cabe decir que no es �bice a la conclusi�n anterior, el hecho de que la heredera F.�.A., quien se opuso a las cuentas rendidas por la revisionista, haya sido declarada confesa f�ctamente de las posiciones que se le articularon en el incidente de oposici�n, en particular por la n�mero cuatro, que dice: ?Que usted tiene conocimiento que los dem�s herederos reconocidos se pusieron de acuerdo en los honorarios del licenciado H.�n G.I.�n?, habida cuenta que el pretendido consentimiento de los otros herederos con el pago de los honorarios profesionales, no es un hecho propio de la absolvente, luego su confesi�n ficta no es una prueba id�nea para acreditar ese supuesto consentimiento de los dem�s herederos y, por ello, el J. de Distrito estuvo en lo correcto y legal al estimar que la consideraci�n esencial de la sentencia se�alada como acto reclamado, en el sentido de no haber habido la conformidad previa de los herederos para el pago de honorarios profesionales que contrat� la revisionista, no estaba desvirtuada por prueba alguna en contrario y, por lo mismo, es infundado este agravio.
"En esta tesitura, es tambi�n infundado lo que aduce la revisionista de que aun cuando hubiera contratado unilateralmente los servicios de un abogado, para la tramitaci�n del intestado, que la ley la facultaba para hacerlo y que por ello, los honorarios deb�an pagarse con cargo a la masa hereditaria, pues como ya se dijo, debi� existir un acuerdo previo de los herederos en tal sentido de acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto (sic) por los art�culos 1716 y 1736 del C�digo Civil para el Distrito Federal.
"Por razones similares, es infundado el agravio concerniente en que por una parte el J. de Distrito estim� que la sucesi�n result� beneficiada con los servicios del abogado que contrat� la revisionista, pero por otra, que el pago de sus honorarios podr� generar perjuicios al patrimonio de la sucesi�n, puesto que ser�a una injusticia que s�lo la albacea tuviera que pagar los honorarios profesionales.
"En efecto, es infundado este agravio, porque no existe la aparente contradicci�n a que hace referencia la revisionista, porque es ella la beneficiaria directa de los servicios del profesionista que contrat�, habida cuenta que en su car�cter de albacea tiene el deber de llevar a cabo la tramitaci�n del procedimiento de la sucesi�n intestamentaria hasta la partici�n y adjudicaci�n de los bienes hereditarios, en tanto que la sucesi�n se beneficia s�lo en forma indirecta con los servicios profesionales; adem�s, al pago de los honorarios del abogado que la revisionista contrat�, para cumplir con su encargo debe solventarlos la propia albacea que lo contrat�, salvo que hubiera habido un acuerdo previo de los herederos para pagar esos honorarios a t�tulo de gastos hechos en la administraci�n de los bienes de la sucesi�n, lo que no se dio en el presente caso y, por ello, no pueden ser a cargo de la masa de la herencia esos honorarios profesionales, como ya se dijo...". (fojas 79 reverso a 82 reverso �dem).
Al respecto, sustent� la tesis que dice:
"SUCESIONES, GASTOS EN LAS. SE REQUIERE EL ACUERDO DE LOS HEREDEROS PARA QUE SE PAGUEN CON CARGO A LA MASA HEREDITARIA (ART�CULOS 1716 Y 1736 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). De la interpretaci�n arm�nica de ambos preceptos, se sigue que si bien el albacea puede contratar los servicios de un abogado, para que lo auxilie en la tramitaci�n del juicio sucesorio intestamentario, tambi�n lo es que se requiere el acuerdo previo de los herederos para que los honorarios correspondientes se paguen con cargo a la masa hereditaria o, en caso contrario, ser�n por cuenta del albacea."
S�PTIMO. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n arriba a la conclusi�n de que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada y que la materia de la misma se constri�e a determinar si se requiere o no el acuerdo previo de todos los herederos para que se paguen con cargo a la sucesi�n los honorarios del abogado contratado por el albacea para la tramitaci�n del juicio respectivo.
Ciertamente, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en lo que corresponde a la materia de la contradicci�n de tesis, sostuvo el criterio de que no es necesario el acuerdo previo de los herederos para que se paguen con cargo a la masa hereditaria los honorarios del abogado contratado por el albacea para la tramitaci�n del juicio sucesorio, porque de lo dispuesto en los art�culos 1536 y 1572 del C�digo Civil para el Estado de San Luis Potos�, se desprende que el albacea se encuentra facultado para otorgar mandato con cargo a la sucesi�n, adem�s de que los gastos, incluidos los honorarios del abogado, son con cargo a la sucesi�n.
Expuso el citado Tribunal Colegiado, que no era impedimento el hecho de que el diverso art�culo 1552 del propio ordenamiento legal, estableciera que, el albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijar�, de acuerdo con los herederos, la cantidad que haya que emplearse en los gastos de la administraci�n y el n�mero y sueldo de los dependientes; porque dicho numeral no establec�a ninguna sanci�n para el caso de que no existiera acuerdo de los herederos al respecto, y que por ello los honorarios del abogado contratado por el albacea deb�an ser con cargo a la sucesi�n.
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en lo que corresponde a la materia de la contradicci�n de tesis, sostuvo el criterio de que si bien de los art�culos 1716 y 1736 del C�digo Civil para el Distrito Federal se desprend�a que el albacea pod�a contratar los servicios de un abogado, para que lo auxilie en la tramitaci�n del juicio sucesorio, tambi�n era ver�dico que se requer�a el acuerdo previo de los herederos para que los honorarios correspondientes se pagaran con cargo a la masa hereditaria, y en caso contrario eran por cuenta del albacea.
De lo anteriormente expuesto se desprende inobjetablemente que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios precisados en los p�rrafos anteriores, ya que los Tribunales Colegiados contendientes, en las resoluciones de referencia, analizaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y adoptaron criterios jur�dicos discrepantes, porque mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, sostiene el criterio de que no es necesario el acuerdo previo de los herederos para que los honorarios del abogado contratado por el albacea corran a cargo de la sucesi�n; el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene un criterio opuesto, en el sentido de que s� es necesario el citado acuerdo de los herederos, porque si no existe, entonces los honorarios del abogado contratado por el albacea son a cuenta del mismo y no de la sucesi�n.
Adem�s, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jur�dicas de las sentencias que emitieron al respecto, y los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, ya que ambos Tribunales Colegiados analizaron asuntos en los cuales se controvirti� a cuenta de qui�n corr�an los honorarios del abogado contratado por el albacea para la tramitaci�n del juicio sucesorio, y aun cuando se apoyaron en diversa legislaci�n, de su lectura se advierte que son de similar contenido, como se demuestra con el siguiente cuadro comparativo.


OCTAVO. Precisada la existencia y el tema de la contradicci�n de tesis, y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, esta Primera Sala considera que debe prevalecer el criterio de este �rgano colegiado, de acuerdo con las consideraciones que a continuaci�n se formulan:
En primer lugar, debe decirse que conforme a lo dispuesto por el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, en materia civil las sentencias definitivas deben ser conforme a la letra o a la interpretaci�n de la ley, y a falta de �sta debe fundarse en los principios generales del derecho.
Ahora bien, de una interpretaci�n gramatical de los art�culos 1736 del C�digo Civil para el Distrito Federal y 1536 y 1552 del C�digo Civil para el Estado de San Luis Potos�, que ya fueron transcritos con anterioridad, se desprenden dos hip�tesis normativas fundamentales:
Primera. Que el albacea no se encuentra obligado a desempe�ar ese cargo de manera personal, puesto que puede contratar los servicios de abogados o designar mandatarios.
Segunda. Que todos los gastos efectuados por el albacea en el cumplimiento de su cargo, incluso los honorarios de los abogados o procuradores que haya ocupado, ser�n a cuenta de la masa hereditaria.
Al respecto, por el sentido que las informa, tienen aplicaci�n las tesis que dicen:
"Sexta �poca
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Volumen: CXXVIII, Cuarta Parte
"P�gina: 11
"ABOGADOS, PAGO DE HONORARIOS A LOS, EN MATERIA DE SUCESIONES. En el art�culo 1655 del C�digo Civil, se dispone que los gastos hechos por el albacea en cumplimiento de su encargo, incluso los honorarios de abogado y procurador que haya ocupado, se pagar�n de la masa hereditaria. Entonces, el pago de los honorarios del abogado constituye una carga com�n, que gravita sobre el patrimonio de la sucesi�n, no como una deuda del de cujus, sino porque la ley afecta al pago de dichos honorarios, al caudal hereditario; y si el albacea, como representante de la sucesi�n, no cumpli� con ese compromiso, terminada esta por la divisi�n y partici�n de los bienes y desaparecida la personalidad de albacea, como tal, este carece de legitimaci�n pasiva para ser llamado a juicio, como demandado, con una representaci�n que ya no existe, ni puede revivir, porque no hay disposici�n alguna que autorice esa reviviscencia y, en tales condiciones, la carga del pago de honorarios del abogado, queda bajo la responsabilidad de los herederos, de acuerdo con lo que dispone el art�culo 1258 del C�digo Civil. Por otro lado, seg�n lo dispuesto en el art�culo 1780 del ordenamiento en cita, las disposiciones legales sobre contratos ser�n aplicables a todos los convenios y a otros actos jur�dicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. En tal virtud, resulta aplicable al caso el art�culo 1717 del mismo c�digo, en el que se dispone, que desde que se celebra un contrato con los requisitos necesarios para su existencia, obliga no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que seg�n su naturaleza sean conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Ahora bien, ni a la naturaleza de la partici�n de los bienes hereditarios entre los herederos, ni a disposici�n alguna de las que reglamentan dicha distribuci�n, se opone la aplicaci�n del principio contenido en el invocado art�culo 1717; por el contrario, es conforme a la buena fe y de acuerdo con la ley, que los herederos deban pagar los honorarios, que son una carga com�n de la masa hereditaria.
"A. directo 2655/66. M.F. viuda de G.S., por si y por su representaci�n y coags. 26 de febrero de 1968. Cinco votos. Ponente: M.R.V.�zquez."
"Quinta �poca
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Tomo: LXXXII
"P�gina: 3490
"HONORARIOS DE LOS ABOGADOS EN LAS SUCESIONES, FIJACI�N DE LOS. El art�culo 1736 del C�digo Civil del Distrito Federal, otorga al albacea el derecho de contratar los servicios de abogados para que gestionen la tramitaci�n de la sucesi�n, por lo que debe estimarse que aqu�l est� capacitado para fijar por convenio, el monto de los honorarios de los �ltimos. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por los art�culos 2606 del C�digo citado y 271 y 272 de la Ley Org�nica de los Tribunales de Justicia del Fuero Com�n del Distrito y Territorios Federales, pues seg�n el primero de dichos preceptos, el que presta y el que recibe los servicios profesionales, pueden fijar, de com�n acuerdo, la retribuci�n debida por ellos, y de acuerdo con los otros art�culos invocados, los honorarios de los abogados ser�n fijados en los t�rminos del art�culo 2606 del C�digo Civil, por convenio de los interesados, y a falta de convenio, se sujetar�n a las disposiciones del arancel, sin perjuicio de los preceptos relativos del C�digo de Procedimientos Civiles. Por otra parte, es inexacto que para la validez del convenio que celebre el albacea, sea necesario el consentimiento de los herederos por tratarse de un acto de dominio y no de administraci�n, pues el pago de los servicios profesionales de los abogados que ocupa el albacea de una sucesi�n, por ning�n concepto puede tener el car�cter de acto de dominio, como no lo tienen tampoco los pagos que hacen por deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, ni los de los salarios devengados por los trabajadores en una negociaci�n. El acuerdo de los herederos s�lo es necesario, seg�n lo dispuesto por el art�culo 1717 del C�digo Civil, en el caso de que para hacer el pago de una deuda o de otro gasto urgente, sea necesario vender algunos bienes.
"A. civil en revisi�n 1365/44. P. viuda de G.�a B�rcena C�ndida. 17 de noviembre de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."
"Quinta �poca
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Tomo: LXXVIII
"P�gina: 1140
"ALBACEAS, MANDATO OTORGADO POR LOS. De acuerdo con lo dispuesto por los art�culos 3754 del C�digo Civil del Distrito Federal, de mil ochocientos ochenta y cuatro, y 1736 del C�digo Civil vigente, los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su encargo, incluso los honorarios de abogados procuradores que haya ocupado, se pagar�n de la masa de la herencia, disposiciones de las que se deduce, que la ley s� faculta a los albaceas para otorgar mandato con cargo a la sucesi�n.
"A. civil directo 3244/42. Su�rez L.G., sucesi�n de. 15 de octubre de 1943. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."
"Quinta �poca
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Tomo: LIX
"P�gina: 2063
"ALBACEAS, GASTOS HECHOS POR LOS. Si bien el art�culo 1736 del C�digo Civil del Distrito Federal, establece que los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su cargo, inclusive los honorarios de abogado y procurador que haya ocupado, se pagar�n de la masa de la herencia, para tal efecto es necesario que al cubrir o cargar en cuenta esos gastos y honorarios, se justifiquen detalladamente los mismos, lo cual requiere de una planilla en que puntualicen, pues de otra manera no podr�a saberse si los gastos hechos por el albacea, lo han sido realmente en el cumplimiento de su cargo, ni si los servicios de abogado fueron prestados en efecto a la sucesi�n o en beneficio exclusivo de los intereses particulares y personales del albacea o de alguno de los herederos, y para determinar uno y otro de estos extremos, no basta la calidad de peritos juristas de los Jueces, ni su capacidad para efectuar, por s� solos, la valoraci�n, y apreciar si son justas las asignaciones que por honorarios se reclaman, porque tales aptitudes y capacidades necesitan, como materia de aplicaci�n, el detalle de los trabajos concretos realizados por el abogado y la prueba de la realidad de los mismos.
"A. civil en revisi�n 4089/38. Carre�n J.N., sucesi�n de. 23 de febrero de 1939. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Alonso P�rez Gasga, no vot� por las razones que constan en el acta del d�a. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."
Por otro lado, de una interpretaci�n gramatical de los art�culos 1716 y 1572 de los propios ordenamientos legales, respectivamente, que tambi�n ya fueron transcritos con anterioridad, se desprende que el albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, de acuerdo con los herederos, debe fijar la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administraci�n y el n�mero y sueldo de los dependientes.
Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, considera que lo dispuesto en los numerales citados en el p�rrafo anterior, no se contrapone con las hip�tesis normativas fundamentales a que se hizo referencia con anterioridad, por tres motivos diversos:
El primero de ellos, porque lo dispuesto en dichos numerales s�lo resulta aplicable a los gastos de administraci�n de la masa hereditaria, entre los cuales no puede ubicarse a los honorarios de los abogados contratados por el albacea para la tramitaci�n del juicio sucesorio, porque la sustanciaci�n de un juicio sucesorio bajo ninguna circunstancia puede catalogarse como un acto de administraci�n de la masa hereditaria, que se refiere propiamente, entre otros, a la posesi�n, conservaci�n y usufructo de los bienes hereditarios; mientras que en el juicio principalmente se busca la designaci�n de herederos, y la repartici�n y adjudicaci�n de los bienes de la herencia.
En segundo lugar, porque los art�culos en cuesti�n no establecen ninguna sanci�n para el caso de que no haya existido acuerdo previo de los herederos al respecto, de tal manera que subsistir�a la hip�tesis normativa fundamental que establece que todos los gastos efectuados por el albacea en el cumplimiento de su cargo, incluso los honorarios de los abogados o procuradores que haya ocupado, ser�n a cuenta de la masa hereditaria.
Y en tercer y �ltimo t�rmino, porque de sustentarse el criterio de que s� es necesario el acuerdo previo de los herederos para que los honorarios de los abogados contratados por el albacea corran con cargo a la sucesi�n, se estar�a contrariando el texto expresado de los art�culos 1736 y 1572 de las legislaciones en cuesti�n, respectivamente, en cuanto a que "los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su cargo, incluso los honorarios de abogado y procurador que haya ocupado,se pagar�n de la masa de la herencia", en franca violaci�n a las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica previstas y tuteladas por el art�culo 14 constitucional, adem�s de que se retrasar�a injustificadamente la tramitaci�n del juicio respectivo, puesto que el albacea no podr�a iniciar o continuar la tramitaci�n del juicio hasta que los herederos acordaran los honorarios de los abogados, prolong�ndose indefinidamente, en caso de no existir dicho acuerdo, ya que no puede obligarse al albacea a que tramite un juicio sucesorio de manera personal, si no tiene los conocimientos jur�dicos necesarios para ello, porque nadie est� obligado a lo imposible, adem�s de que tampoco puede oblig�rsele a que sufrague de su propio peculio los gastos de los abogados que al respecto contrate.
Sin embargo, es pertinente precisar que aun cuando el albacea es legalmente el representante de la sucesi�n, ello no implica que pueda disponer libremente de la masa hereditaria, estableciendo los honorarios convencionales que estime pertinentes con cargo a la misma, sino que debe de limitar dichos honorarios a lo que establezca el arancel respectivo, ya que solamente con el acuerdo previo de todos los herederos es factible pactar honorarios convencionales superiores a los establecidos en el correspondiente arancel.
En consecuencia, el criterio que debe prevalecer es el sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que queda redactado de la siguiente manera:
SUCESIONES. LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS CONTRATADOS POR EL ALBACEA PARA LA TRAMITACI�N DEL JUICIO RESPECTIVO SON CON CARGO A LA MASA HEREDITARIA, AUN CUANDO NO EXISTA ACUERDO PREVIO DE LOS HEREDEROS, SIEMPRE Y CUANDO SE SUJETEN AL ARANCEL RESPECTIVO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE SAN LUIS POTOS�).-Del art�culo 1736 del C�digo Civil para el Distrito Federal, as� como de los diversos 1536 y 1572 del C�digo Civil para el Estado de San Luis Potos�, se advierte que el albacea no est� obligado a desempe�ar su cargo personalmente, sino que puede hacerlo por conducto de mandatarios o abogados, y que los gastos generados por el cumplimiento de su cargo, incluidos los honorarios de los abogados o procuradores, se pagar�n de la masa hereditaria; sin que sea �bice a lo anterior el hecho de que los art�culos 1716 y 1552 de las citadas legislaciones establezcan, respectivamente, que dentro del primer mes de ejercer su cargo el albacea fijar�, de acuerdo con los herederos, la cantidad a emplearse en los gastos de administraci�n y el n�mero y sueldo de los dependientes, por tres motivos: 1) porque dichos numerales se refieren a la administraci�n de la masa hereditaria, hip�tesis en la cual no encuadra la tramitaci�n del juicio sucesorio; 2) porque los referidos art�culos no establecen alguna sanci�n para la falta de acuerdo previo de los herederos al respecto, y 3) porque de sustentarse el criterio de que s� es necesario el acuerdo previo de los herederos para que los honorarios del abogado contratado por el albacea corran con cargo a la sucesi�n, se contravendr�a lo que al efecto disponen expresamente los mencionados art�culos 1736 y 1572 y, por ende, se violar�an las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica previstas en el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, adem�s de que ello tampoco implica que el albacea pueda disponer libremente de la masa hereditaria, estableciendo los honorarios convencionales que estime pertinentes con cargo a �sta, sino que debe limitarlos a lo que determine el arancel respectivo, ya que solamente con el acuerdo previo de todos los herederos es factible pactar honorarios convencionales superiores a lo establecido en el correspondiente arancel.
Lo resuelto no afecta las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios de amparo en revisi�n en los cuales se dictaron las ejecutorias materia de la contradicci�n, por as� ordenarlo el art�culo 197-A, segundo p�rrafo, de la Ley de A..
Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO.-S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Se declara que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que se sostiene por esta Primera Sala en la presente resoluci�n, en t�rminos del �ltimo considerando de esta ejecutoria.
TERCERO.-Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales de Circuito y a los Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de A..
N.�quese; rem�tase testimonio de este fallo a los Tribunales Colegiados de Circuito que sostuvieron las tesis contradictorias y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.
As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), S.A.V.H.�ndez y presidenta O.S.C. de G.�a V.. Votaron en contra los se�ores Ministros Jos� Ram�n C.�o D�az y J.N.S.M., e indicaron que formular�an voto de minor�a.
Nota: Las tesis de rubros: "SUCESIONES, GASTOS EN LAS. NO SE REQUIERE EL ACUERDO PREVIO DE LOS HEREDEROS PARA QUE SE PAGUEN CON CARGO A AQU�LLA LOS HONORARIOS DEL ABOGADO DESIGNADO POR EL ALBACEA, PARA LA TRAMITACI�N DEL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACI�N DE SAN LUIS POTOS�)." y "SUCESIONES, GASTOS EN LAS. SE REQUIERE EL ACUERDO DE LOS HEREDEROS PARA QUE SE PAGUEN CON CARGO A LA MASA HEREDITARIA (ART�CULOS 1716 Y 1736 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)." citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas con los n�meros IX.2o.30 C y I.6o.C.158 C en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomos XXI, marzo de 2005 y IX, enero de 1999, p�ginas 1242 y 920, respectivamente.