Ejecutoria num. 1a./J. 94/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823668

Ejecutoria num. 1a./J. 94/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 94/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.FIANZAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICA LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. ES DE NATURALEZA ACCESORIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 29/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y D�CIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO

Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, a fin de establecer si en este asunto existe o no la contradicci�n de tesis denunciada.

  1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo n�mero 874/2004, el veinte de enero de dos mil cinco, promovido por M.G.H.�ndez, en representaci�n del Instituto Mexicano del Seguro Social, sustent�, en lo que interesa, lo siguiente:

    "... debe se�alarse que el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas regula la caducidad como una figura que extingue la acci�n de pago del importe garantizado que tiene a su favor el beneficiario y libera a la afianzadora de su obligaci�n correlativa. As�, lo ha estimado este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.182 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, julio de dos mil, p�gina 747, que se reitera y que se�ala: ?CADUCIDAD. EL TRANSCURSO DEL TIEMPO LIBERA A LA COMPA��A AFIANZADORA OBLIGADA POR TIEMPO INDETERMINADO, Y EXTINGUE EL DERECHO DEL BENEFICIARIO.? (se transcribe). El mencionado art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dispone: ?Art�culo 120.? (se transcribe). De ese precepto, se desprende que la instituci�n afianzadora quedar� libre de su obligaci�n, por caducidad, en dos supuestos: 1. Si la instituci�n de fianzas se oblig� por tiempo determinado, la liberaci�n de su obligaci�n se dar� ante la falta de presentaci�n de la reclamaci�n, por parte del beneficiario, dentro del plazo estipulado en la p�liza, o dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la terminaci�n de la vigencia de la fianza. 2. Si la afianzadora se oblig� por tiempo indeterminado, la liberaci�n de su obligaci�n se producir� cuando el beneficiario omita presentar la reclamaci�n dentro del t�rmino de ciento ochenta d�as naturales siguientes a la fecha en que la obligaci�n garantizada se haya vuelto exigible, por incumplimiento del fiado. Interesa para el presente asunto, entre esos supuestos, el se�alado en �ltimo t�rmino, es decir, el plazo de ciento ochenta d�as naturales siguientes a la fecha de exigibilidad de la obligaci�n garantizada, ante el incumplimiento del fiado, evento que se encuentra previsto para el caso de las fianzas por tiempo indeterminado, pero que, tambi�n, puede ser fundamental para computar el t�rmino establecido en las fianzas por tiempo determinado, cuando exista un acuerdo de voluntades expreso al respecto en la p�liza de fianza, que es la expresi�n escrita del contrato de fianza. El incumplimiento de la obligaci�n garantizada, de acuerdo con lo anterior, sirve como detonante de la exigibilidad de la fianza, pero ese incumplimiento debe establecerse conforme a lo previsto en el acto jur�dico generador de esa obligaci�n principal, ya que no debe perderse de vista que el contrato de fianza es un contrato de garant�a y accesorio, por cuanto que la validez del mismo depende por fuerza de una obligaci�n principal que puede dimanar de diversas fuentes, como el contrato y la ley. Esa naturaleza de la fianza, se desprende de los art�culos 2794 y 2797 del C�digo Civil Federal, que establecen: ?Art�culo 2794.? (se transcribe). ?Art�culo 2797.? (se transcribe). El car�cter accesorio de la fianza en relaci�n con la obligaci�n principal y la necesidad de atender al mismo para que esa garant�a pueda ser exigible, ha sido destacada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis P./J. 6/96, localizable en la p�gina 39 del Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que establece: ?FIANZA, EXIGIBILIDAD DE LA. DEBE ATENDERSE AL CAR�CTER ACCESORIO QUE GUARDA RESPECTO DE LA OBLIGACI�N PRINCIPAL.? (se transcribe). ... De modo que, en estricto sentido, no podr� hablarse de un incumplimiento sino hasta que se haya seguido el procedimiento rescisorio que concluya con el acto administrativo que declare ese incumplimiento, con la consiguiente rescisi�n; antes de ese momento, existir� un hecho generador del incumplimiento, pero no �ste como hecho jur�dico relevante, en tanto su calificaci�n depende de la administraci�n despu�s de seguir un determinado procedimiento. Emitido el acto administrativo de rescisi�n, es el momento en que el incumplimiento genera la consecuencia de que la obligaci�n principal, o sea, la que se pact� en el contrato de obra p�blica, sea exigible, ya que su pago no podr� rehusarse conforme a derecho. La exigibilidad de las garant�as otorgadas en relaci�n con esa obligaci�n principal, entre ellas, las fianzas, se produce, entonces, hasta el momento en que se declara la rescisi�n por incumplimiento del contratista o fiado, dada la imperiosa necesidad de llegar a esa declaraci�n para conformar la voluntad de la administraci�n. Tan es as�, que el contrato de obra p�blica a precios unitarios y tiempo determinado n�mero 1-97-27-01-01, celebrado el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, es decir, bajo la vigencia de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y Constructores Escopsa, Sociedad An�nima de Capital Variable, cuyo texto se ha transcrito anteriormente, contempla en su cl�usula d�cimo octava que, tras declararse la rescisi�n, se podr�n hacer efectivas las garant�as, fijando as� la condici�n a que est� sujeta la exigibilidad de la fianza. Ese pacto contractual, adem�s, es coherente con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, que en sus art�culos 40, 72 y 73, establece: ?Art�culo 40.? (se transcribe). ?Art�culo 72.? (se transcribe). ?Art�culo 73.? (se transcribe). La lectura sistem�tica de esos preceptos, permite advertir que las dependencias y entidades se encuentran facultadas para declarar la rescisi�n administrativa de los contratos de obra p�blica, gener�ndose con ese acto administrativo diversas consecuencias, de las cuales interesa, para efectos del presente asunto, la prevista en la fracci�n II del art�culo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, respecto de la necesidad de hacer efectivas las garant�as otorgadas por el contratista, en caso de que, por causas imputables a �ste, se produzca la rescisi�n del contrato, ya que ello fija el momento a partir del cual es exigible la obligaci�n garantizada, y en consecuencia, la fianza, como accesoria de aqu�lla. Sobre la validez y justificaci�n de la facultad rescisoria de que se trata, se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis 2a. IV/2001, localizable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., febrero de dos mil uno, p�gina 292, que se�ala: ?OBRAS P�BLICAS. LOS ART�CULOS 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS P�BLICAS Y 52, FRACCI�N II, DE SU REGLAMENTO, QUE FACULTAN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA FEDERAL PARA DECLARAR LA RESCISI�N DE LOS CONTRATOS RELATIVOS, NO VIOLAN LOS ART�CULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCI�N GENERAL DE LA REP�BLICA.? (se transcribe). Las anteriores consideraciones permiten colegir que, atendiendo a la naturaleza del contrato de obra p�blica y de la rescisi�n administrativa, al pacto contenido en el contrato de obra p�blica exhibida en el juicio de origen y a la regulaci�n aplicable al mismo, la exigibilidad de la obligaci�n garantizada s�lo puede producirse hasta que el incumplimiento genere el acto administrativo de la rescisi�n, de tal forma que esa declaraci�n marca el inicio del t�rmino para que la dependencia o entidad beneficiaria de la p�liza de fianza reclame su pago, o en sentido negativo, para que opere la caducidad liberadora de obligaciones a cargo de la afianzadora, a que se refiere el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. De esa guisa, el t�rmino de ciento ochenta d�as naturales previsto en los dos primeros p�rrafos del art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, con el matiz antes realizado en cuanto al primero de ellos que tiene lugar en caso de existir estipulaci�n en el contrato de fianza, para que el beneficiario de la fianza presente su reclamaci�n de pago y, transcurrido el cual sin la formulaci�n de esa reclamaci�n, la instituci�n afianzadora quede liberada de su obligaci�n por caducidad. Debe computarse a partir de que el �rgano de la administraci�n p�blica contratante notifica su resoluci�n de rescisi�n contractual por incumplimiento del fiado, ya que en ella se establece que se ha realizado el incumplimiento de alguna obligaci�n a cargo del contratista, a quien se le hace saber, por virtud de esa decisi�n administrativa, la voluntad de dar por resuelto el contrato, con todas sus consecuencias inherentes, como la exigibilidad de las garant�as otorgadas por el causante de la rescisi�n, incluyendo las p�lizas de fianzas. En ese sentido, se ha pronunciado este Tercer Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.292 C, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XV, abril de dos mil dos, p�gina 1263, que se reitera y que es del tenor siguiente: ?FIANZA PARA EL CONTRATO DE OBRA P�BLICA. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TUVO LUGAR LA NOTIFICACI�N DE LA RESOLUCI�N DE LA RESCISI�N.? (se transcribe). Resulta necesario aclarar que el plazo de ciento ochenta d�as naturales posteriores a la rescisi�n del contrato de obra p�blica, durante el cual puede presentarse la reclamaci�n por parte del �rgano p�blico beneficiario, es aplicable y preferente sobre el diverso plazo de cuarenta d�as naturales siguientes a la fecha de notificaci�n de la rescisi�n, previsto contractualmente y en la fracci�n II del art�culo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, atendiendo al principio de especialidad de las leyes, a la prohibici�n de omitir la observancia de la ley a trav�s de la voluntad de los particulares y al principio de no contravenci�n de las normas jur�dicas que rigen a los contratos. En efecto, el art�culo 6 del C�digo Civil Federal, de aplicaci�n supletoria, prev� que la voluntad de los particulares no puede evitar cumplir la ley, alterarla o modificarla, el diverso art�culo 11 del mismo c�digo sustantivo civil federal, dispone la aplicaci�n restringida de las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, y el art�culo 1851 del propio ordenamiento, cuyo texto se ha citado con antelaci�n, establece el principio de no contravenci�n a las normas jur�dicas que rigen a los contratos. Los dos preceptos citados en primer t�rmino, son del tenor siguiente: ?Art�culo 6o.? (se transcribe). ?Art�culo 11.? (se transcribe). La Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, prev� en su art�culo 72, fracci�n II, un plazo para hacer efectivas las garant�as otorgadas por el contratista causante de una rescisi�n administrativa, es decir, se trata de una disposici�n general. A su vez, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, contempla en su art�culo 120, los plazos que se deben tener en cuenta para reclamar el pago de una fianza, esto es, se trata de una disposici�n especial aplicable a las garant�as consistentes en fianzas. Por consiguiente, esa norma especial, que establece una excepci�n a la regla general que rige a los contratos de obra p�blica, debe prevalecer sobre esta �ltima y resulta aplicable a los casos expresamente previstos en ella, a saber, cuando se trata de hacer efectiva una fianza. No puede obrar en contra de esa disposici�n legal especial, el pacto de voluntades contenido en la cl�usula d�cimo octava del contrato de obra p�blica, ya que si bien es cierto que deben respetarse las normas convencionales, tambi�n es verdad que el pacto de voluntades no puede eximir de la observancia de la ley especial que, en el caso, es la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Con base en las anteriores consideraciones, no se comparte el criterio que invoca el Tribunal Unitario responsable para establecer el momento en que una fianza es exigible y, por ende, respecto del instante en que inicia el plazo para hacer la reclamaci�n de pago, transcurrido el cual operar� la caducidad prevista en el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que el �rgano de apelaci�n toma en consideraci�n el evento generador del incumplimiento, pero no se atiende a las particularidades que reviste el contrato de obra p�blica y el procedimiento que debe seguir la formaci�n de la voluntad de la administraci�n, tanto para celebrar ese acuerdo, como para determinar su resoluci�n ante el incumplimiento del contratista que, s�lo hasta que sea declarado por el ente administrativo como generador de la rescisi�n, ser� susceptible de generar la exigibilidad de la obligaci�n principal, ergo, de la accesoria, que es la adquirida por la afianzadora. No obsta para estimarlo as�, el hecho de que el Tribunal Unitario haya se�alado que sus razonamientos se apoyaron en la sentencia de siete de mayo de dos mil cuatro, emitida por el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 336/2004, promovido por Fianzas Monterrey, Sociedad An�nima, ya que este Tercer Tribunal Colegiado no comparte las consideraciones emitidas por el �rgano hom�logo. Las razones de esa divergencia de criterio, son las expresadas a lo largo de los p�rrafos precedentes de esta ejecutoria, y en particular, las referentes a que no se trata de aplicar supletoriamente la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en relaci�n con la sustanciaci�n del juicio especial de fianzas, como estima el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, sino que la aplicaci�n de esa legislaci�n administrativa se dar� en suplencia de la voluntad de las partes celebrantes del contrato de obra p�blica. Ello es as�, no porque en el juicio de fianzas se ejercite una acci�n rescisoria del contrato de obra p�blica, como apunta el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado, sino porque la propia legislaci�n de fianzas hace alusi�n a la exigibilidad de la obligaci�n principal o garantizada, por incumplimiento del fiado, y esa exigibilidad se determina conforme a las normas que regulan la obligaci�n principal, mismas que trascienden a la fianza, en tanto �sta es accesoria de aqu�lla, conforme a su naturaleza legalmente delineada. En ese tenor, si la obligaci�n principal est� regida por la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, la misma es aplicable para determinar la exigibilidad de esa obligaci�n, en ausencia de pacto expreso de las partes, y si la formaci�n de la voluntad de la administraci�n, bien sea para celebrar el contrato de obra p�blica o para rescindirlo, requiere de un procedimiento, es menester la realizaci�n de �ste para establecer que la obligaci�n garantizada es exigible, y por tanto, debe tenerse en cuenta para establecer cu�ndo ha iniciado el t�rmino de caducidad previsto en el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. A mayor abundamiento, en el presente asunto se observa que en el punto cuarto de las estipulaciones contenidas al reverso de la p�liza de fianza n�mero GA 33910, exhibida en el juicio de origen, que forma parte �ntegra del contrato de fianza, se indica: (se transcribe). Ese texto constituye un reconocimiento de la necesidad de sujetarse a disposiciones que regulen no s�lo la fianza sino, tambi�n, la obligaci�n principal garantizada, lo que es explicable, atendiendo al car�cter accesorio de la fianza que se ha destacado a lo largo de este considerando." (fojas 63 a 94 de la contradicci�n de tesis 29/2005-PS).

    El mismo �rgano colegiado, el diecis�is de agosto de dos mil uno, por unanimidad de votos, resolvi� el amparo directo n�mero 11643/2000, promovido por G.B.T., en representaci�n de Afianzadora Insurgentes, Sociedad An�nima de Capital Variable, considerando lo siguiente:

    "... en su segundo concepto de violaci�n la parte quejosa aduce, en esencia, que la Sala responsable viola en su perjuicio la garant�a de legalidad prevista en el art�culo 16 constitucional, puesto que respecto de la p�liza de fianza 5382-30-35-003447 a que fue condenado, qued� libre de su obligaci�n por caducidad, pues los ciento ochenta d�as naturales que refiere el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, corren a partir de que el fiado incumpli� con la obligaci�n garantizada y no hasta que dicho incumplimiento se consigna en alg�n documento, en este caso la bit�cora de obra como lo determin� la autoridad responsable. El art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dice: ?Art�culo 120.? (se transcribe). Del art�culo transcrito se desprende que la instituci�n de fianzas quedar� libre de su obligaci�n, por caducidad, en dos supuestos: 1. Cuando la instituci�n de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedar� libre de su obligaci�n por caducidad, si el beneficiario no presenta la reclamaci�n de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la p�liza o dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la terminaci�n de la vigencia de la fianza. 2. Si la afianzadora se hubiese obligado por tiempo indeterminado, quedar� liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamaci�n de la fianza dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligaci�n garantizada, se vuelva exigible por incumplimiento del fiado. El caso de que se trata, se ubica en la segunda hip�tesis precisada, en virtud de que la afianzadora se oblig� por tiempo indeterminado a garantizar la debida amortizaci�n o devoluci�n del anticipo que se le otorg� en el contrato de obra p�blica n�mero 1-96-29-02-01, lo anterior se corrobora con el contenido de la p�liza de fianza n�mero 5382-3035-003447, que dice: (se transcribe). Ahora bien, para hacerse efectiva una fianza donde el afianzador se hubiere obligado por tiempo indeterminado deber� el beneficiario presentar su reclamaci�n dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la fecha en que la obligaci�n garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado, ya que en caso contrario operar� la caducidad a favor del afianzador. En lo que toca a la figura jur�dica de la reclamaci�n, se estableci� que dicho requisito es necesario para interrumpir la caducidad y hacer efectiva la fianza, trat�ndose de procedimientos ordinarios o generales previstos en los art�culo 93 y 94 de la ley especial, que resulta opcional para la Federaci�n, Distrito Federal, Estados o Municipios, cuando pretendan exigir el cobro de esta clase de garant�as expedidas a su favor; entonces, la reclamaci�n ante la instituci�n de fianzas respectiva es un acto previo y necesario, para que se ocurra ante los tribunales ordinarios a demandar la garant�a. En ese sentido, trat�ndose de exigibilidad de fianzas, para determinar el c�mputo de los ciento ochenta d�as a partir de la fecha en que exista el incumplimiento del fiado y, en el caso espec�fico, de contratos de obra p�blica, deber� verificarse a partir de que el �rgano de la administraci�n p�blica contratante emite su resoluci�n de rescisi�n de ese contrato, porque al ser de car�cter unilateral dicha decisi�n, en ella se establece el perjuicio econ�mico al acreedor, por incumplimiento de alguna obligaci�n pactada y se hace saber a la contratista la voluntad de dar por terminada la obligaci�n principal que motiv� el nacimiento de dicho contrato, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de alguna pena convencional establecida. No puede tomarse como base para determinar la temporalidad de los ciento ochenta d�as naturales a que alude el p�rrafo segundo del art�culo 120 dela Ley Federal de Instituciones de Fianzas, las bit�coras de obra que se llevan en la realizaci�n de los trabajos contratados, menos la fecha en que materialmente o f�sicamente se dej� de cumplir con una obligaci�n contractual, pues ah� �nicamente nacen los elementos de una hipot�tica rescisi�n de contrato y, solamente este �ltimo es el que unilateralmente reconoce el incumplimiento del contratista, actualiz�ndose en ese momento el supuesto previsto en ese precepto, es decir, ser� procedente la reclamaci�n durante los ciento ochenta d�as naturales despu�s de la rescisi�n del contrato de obra p�blica. Asimismo, resulta indispensable establecer que aun cuando las partes contratantes hubiesen convenido la figura administrativa de la rescisi�n del contrato en cl�usula espec�fica, no debe entenderse que para efectos de hacer efectiva una fianza se deba de hacer dentro de los cuarenta d�as naturales a la fecha de notificaci�n de la rescisi�n, de conformidad con el art�culo 72, fracci�n II, de la entonces Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, debido a las siguientes consideraciones: a) De aceptarse un criterio contrario, se permitir�a violar el principio de no contravenci�n a las normas jur�dicas que rigen a los contratos, que establece el art�culo 1851 del C�digo Civil Federal de aplicaci�n supletoria. b) Las leyes especiales son las que rigen una situaci�n determinada, ostentando las particularidades de toda ley, como son la abstracci�n, la generalidad y la impersonalidad; adem�s, de que crean, extinguen o modifican un estado general determinado en el cual las personas y sus actividades pueden estar colocadas. Ahora bien, cada ley especial tiene su campo de vigencia en una situaci�n determinada en cuanto a tal; es decir, regula un conjunto de relaciones que surgen bajo una situaci�n jur�dica espec�fica, y esta �ltima, es la caracter�stica que distingue a esta clase de leyes de las dem�s que bien podr�an denominarse leyes generales. En estas condiciones, es evidente que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas es una ley especial, aplicable para exigir la entrega de la cantidad garantizada en cualquier fianza y, por tanto, se trata de una norma aut�noma de la entonces Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, resultando insostenible admitir que se deba aplicar �sta cuando alguna de las partes lo hayan pactado, para hacer efectiva una fianza, pues al ser dicha cl�usula contraria a la norma especial, no debe tomarse como base para determinar el plazo a partir del cual sea exigible una garant�a, adem�s de que la ley prevalecer� siempre en contra de la voluntad de los particulares de manera coercitiva. Finalmente, cabe mencionar que si la fecha de resoluci�n de rescisi�n del contrato de obra p�blica n�mero 1-96-29-02-01, se dict� el seis de agosto de mil novecientos noventa y siete, y la reclamaci�n fue presentada el siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante la afianzadora quejosa, es innegable, que se promovi� en tiempo, es decir, dentro de los ciento ochenta d�as naturales despu�s de la resoluci�n de rescisi�n, lo que interrumpi� la caducidad que se alega, siendo entonces infundado el segundo concepto de violaci�n." (fojas 242 a 246 de la contradicci�n de tesis 29/2005-PS).

    El mismo �rgano colegiado por unanimidad de votos, en sesi�n de ocho de marzo de dos mil uno, resolvi� el amparo directo n�mero 7563/99, promovido por Pemex-E.�n y P.�n, por conducto de su apoderado A.A.P. P�rez, y expres� las consideraciones siguientes:

    "... de las constancias exhibidas en el juicio, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad a lo dispuesto en los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a lo que establece que el art�culo segundo de esta �ltima, se advierte que P.E.�n y P.�n, y Constructora Azul, S. de C.V., celebraron un contrato de obra p�blica de precios unitarios y tiempo determinado, con n�mero COTD000694, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo objeto fue la instalaci�n de tanques de desfogue al quemador de baja y alta presi�n en tr�pode de POOL-A, por un monto total de N$4,109,186.34 (Cuatro millones ciento nueve mil ciento ochenta y seis nuevos pesos 34/100 M.N.), fijando como plazo de terminaci�n de la obra el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, exhibi�ndose las p�lizas de fianzas n�meros VIH005-006561-00 y VIH005-006561-00 y con n�meros de folios A32604 y A54617, respectivamente, a fin de garantizar su cumplimiento, mismas que en lo conducente se�alan en su orden lo siguiente: (se transcribe). Y (se transcribe). Por otra parte, en la cl�usula d�cimo sexta del acuerdo de voluntades cuyo cumplimiento se garantiz� con las p�lizas de fianza transcritas con anterioridad, se establece en lo conducente lo siguiente: (se transcribe). De autos se pone de manifiesto que, despu�s del incumplimiento en que incurri� el fiado, mediante oficio n�mero JIC-DDBD-0124/95, de dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, P.E.�n y P.�n inform� a la empresa Constructora Azul, S. de C.V. que se hab�a colocado en los supuestos de la cl�usula d�cima sexta del referido contrato, concedi�ndole veinte d�as a fin de que alegara lo que a su derecho conviniera y presentara pruebas para desvirtuar el incumplimiento que se le atribuy�, inici�ndose en su contra el procedimiento administrativo rescisorio del contrato de referencia. Posteriormente en diverso oficio n�mero RICDDB0319/95 de veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco se notific� a la contratista, de nueva cuenta la instauraci�n del procedimiento administrativo de rescisi�n de contrato confiri�ndole veinte d�as para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Finalmente mediante oficio n�mero SRM/SO/0097/96 de veintis�is de julio de mil novecientos noventa y seis, P.E.�n y P.�n concluy� con el procedimiento administrativo de rescisi�n, comunicando a Constructora Azul, S. de C.V. que de conformidad a lo dispuesto por el art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, en sesi�n ordinaria n�mero 148 del Comit� T�cnico para la Contrataci�n de Obras, Bienes o Servicios, realizada el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, se autoriz� la rescisi�n administrativa del contrato n�mero COTD000694, por lo que fue a partir de esa fecha cuando se debi� computar el plazo a fin de que operara la caducidad de la obligaci�n a cargo de la afianzadora, por lo que si a la afianzadora se le comunic� formalmente la rescisi�n del contrato de obra p�blica citada, hasta el treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis (fecha �sta en que recibi� el oficio n�mero SRM/SO/0097/96); a esta fecha no hab�a operado la figura de la caducidad que prev� el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en que se present� a Fianzas M�xico, S., ahora Fianzas M�xico Bital, S. de C.V., Grupo Financiero Bital, la formal reclamaci�n de pago con cargo a las p�lizas de fianzas ya referidas; a esta fecha s�lo hab�an transcurrido 96 d�as, contrariamente a lo resuelto por el Tribunal Unitario responsable, que tom� un dato err�neo para computar el plazo de caducidad. Ello es as�, porque en la p�liza de fianza n�mero VIH005-006561-00, se se�al� que la misma se expidi� de entera conformidad con las cl�usulas del propio contrato de obra a que se ha hecho referencia, lo que significa que la afianzadora expresamente se oblig� a garantizar el cumplimiento del contrato respectivo, en los t�rminos en que fueron pactadas las cl�usulas con las que se integr�, cl�usulas entre las que se encuentran las inherentes a la rescisi�n del contrato, por causas imputables al contratista por lo que seguido el procedimiento de rescisi�n establecido por las propias contratantes, v�lidamente P.E.�n y P.�n pudo hacer efectivas las garant�as en comento, es decir, que la efectividad de las garant�as, s�lo se podr�an exigir hasta que se rescindiera administrativamente el contrato de obra p�blica de que se trata, por lo que ser�a hasta ese momento cuando se podr�an hacer efectivas las p�lizas de fianza que se otorgaron para garantizar el cumplimiento del contrato de referencia, m�xime que es en la propia cl�usula d�cimo sexta del contrato en menci�n, en donde las partes convinieron que la rescisi�n operar�a de pleno derecho y sin necesidad de declaraci�n judicial y que para efectuarla P.E.�n y P.�n s�lo comunicar�a por escrito las razones que tuvo para iniciar el procedimiento rescisorio, lo que s� se actualiz� en la especie, de tal manera que, como ya se apunt�, la fecha con la que concluy� el procedimiento administrativo de rescisi�n de contrato, lo fue el veintis�is de julio de mil novecientos noventa y seis, de manera que a la notificaci�n de reclamaci�n formal a la afianzadora, de fecha treinta de octubre de ese a�o, no hab�a transcurrido el t�rmino de 180 d�as naturales para que operara la caducidad que se hizo valer como excepci�n. De lo que resulta incuestionable que en la especie, se trata de un contrato de fianza celebrado entre la quejosa y la ahora tercera perjudicada Fianzas M�xico, S., hoy fianzas M�xico Bital, S. de C.V., para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contra�das por la contratista (fiada), Constructora Azul, S. de C.V., respecto del cumplimiento del contrato de obra p�blica n�mero COTD000694, mismo que fue objeto de diversos convenios modificatorios, celebrados y cuyas fechas de ampliaci�n de t�rminos concluyeron sucesivamente, y en forma previa al momento en que se realiz� el procedimiento administrativo de rescisi�n de contrato. Por lo que, ante tal circunstancia debe concluirse que en el asunto a estudio, la beneficiaria de la p�liza de fianza, materia de la controversia, no lo es la Federaci�n, por lo que resulta ajustado a derecho el proceder de la autoridad se�alada como responsable al determinar que fue indebida la aplicaci�n de lo dispuesto por el art�culo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues consider� que el procedimiento para la reclamaci�n del pago de la fianza de que se trata est� regulado, por lo que para el caso establece el diverso art�culo 93, del propio ordenamiento legal en menci�n. Consideraciones todas �stas, con las que de ninguna manera se transgreden los acuerdos celebrados entre las partes, para el cumplimiento, modificaci�n y ampliaci�n de lo pactado en el contrato de referencia, pues no obstante que la contratista se haya obligado a iniciar la obra objeto de dicho pacto, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, comprometi�ndose a terminarla el trece de julio de ese mismo a�o; lo cierto es que de las propias constancias que obran en autos se advierte que los pactantes, con fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, celebraron la �ltima modificaci�n del contrato, mediante la cual prorrogaron el t�rmino de conclusi�n de obra convenido en el pacto original quedando como nueva fecha de conclusi�n de la obra el veintitr�s de enero de mil novecientos noventa y cinco, por lo que si en esta �ltima fue la propia quejosa quien acepta que la contratista fiada incumpli� con la entrega de la obra, es evidente que a partir de ese momento en que se actualiz� el incumplimiento de una de las partes, P.E.�n y P.�n, v�lidamente pudo iniciar el procedimiento administrativo de rescisi�n que qued� establecido en las cl�usulas 16 y 17 del propio contrato y, por ello, debe considerarse que si como ya se apunt�, dicho procedimiento concluy� con la sesi�n ordinaria n�mero 148 del Comit� T�cnico para la Contrataci�n de Obras, Bienes y Servicios de Pemex E.�n y P.�n, celebrada el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, lo que se comunic� el veintis�is de ese mismo mes y a�o por ser �sta la fecha en que se acord� formalmente la rescisi�n del contrato de obra de que se trate (foja 16 del legajo de pruebas), debido al incumplimiento en que incurri� la fiada, es a partir de ese momento cuando se debe computar el t�rmino previsto por lo dispuesto en el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para que se actualice la figura jur�dica de la caducidad. Por lo que resulta incuestionable que si como ya se ha dicho, P.E.�n y P.�n present� su formal reclamaci�n de pago hasta el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y seis (foja 19 del legajo de pruebas), es incuestionable que en esa fecha no hab�an transcurrido los 180 d�as a que alude el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Esto es as�, porque la obligaci�n de pago se hizo exigible conforme a lo estipulado en la cl�usula d�cimo sexta del contrato de obra p�blica, en cuyo p�rrafo quinto se�ala que en caso de remitirse resoluci�n de rescisi�n administrativa por causas imputables al contratista, P.E.�n y P.�n, proceder� a hacer efectivas las garant�as, puesto que la afianzadora expidi� las marcadas con los n�meros VIH005-006561-00, y VIH005-006561-00 la primera del uno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, y la segunda del quince de diciembre del mismo a�o en cita, en t�rminos de lo pactado en la propia cl�usula en comento. Es menester aclarar que el hecho de que este Tribunal Colegiado considere que el plazo para que opere la caducidad de las fianzas, debe computarse a partir de la fecha en que tuvo lugar la rescisi�n del contrato de obra p�blica, se debe interpretar en relaci�n con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, puesto que la rescisi�n del contrato de que se trata, qued� pactada por las contratantes tanto en el contrato de obra p�blica, como en p�liza en comento, de conformidad con dicha ley cuyo contrato se sujet� al art�culo 72 aplicable en la �poca de los hechos en donde se establece la rescisi�n de los contratos de obra p�blica, de manera anticipada, ante el incumplimiento del contrato, por causa imputable al contratista y procede a hacerse efectivas las garant�as a partir de esa rescisi�n. Cabe precisar que por regla general, la misma p�liza de fianza debe reclamarse desde el incumplimiento del fiado, pero en trat�ndose de contratos de obra p�blica, en su caso de excepci�n, por disposici�n de la ley la p�liza debe reclamarse a partir de la rescisi�n del contrato. En ese contexto, siendo fundados los conceptos de violaci�n expresados que se estudiaron en conjunto, lo procedente es conceder el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal solicitado, por virtud de que en la especie, no ha transcurrido el t�rmino de ciento ochenta d�as a que se refiere el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para que opere la caducidad del derecho que tiene la beneficiaria de la garant�a para exigir el pago de la misma, por el incumplimiento en que incurri� la fiada. Por lo que la autoridad responsable debe conducirse en t�rminos de esta ejecutoria y en su oportunidad resuelva lo que en derecho procede." (fojas 126 a 133 de la contradicci�n de tesis 29/2005-PS).

    El mismo �rgano colegiado por unanimidad de votos, en sesi�n de veinticinco de agosto de dos mil, resolvi� el amparo directo n�mero 7403/99, promovido por Fianzas M�xico Bital, S., Grupo Financiero Bital, por conducto de su apoderado A.H.�ndez D�az, y expres� las consideraciones siguientes:

    "... de las constancias que se exhibieron en el juicio, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el art�culo 2o. de esta �ltima, se advierte que P.E.�n y P.�n, y Constructora Sepia, S. de C.V., celebraron contrato de Obra P�blica a precios unitarios y tiempo determinado, n�mero CORS-261/95, el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, cuyo objeto fue la correcci�n de anomal�as en las instalaciones del distrito de Comalcalco, en el Estado de Tabasco, por un monto total de un mill�n setecientos sesenta mil veintid�s pesos con cuarenta y un centavos, y en un plazo de ejecuci�n de doscientos cuarenta d�as calendario, con fecha tentativa de inicio de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, y terminaci�n de diecis�is de abril de mil novecientos noventa y seis, expidi�ndose las p�lizas de fianzas n�meros VIH005-008320 y VIH005-008321-00, para garantizar su cumplimiento, mismas que en lo conducente se�alan, respectivamente: (se transcribe). Por otra parte, el segundo p�rrafo de la cl�usula vig�sima s�ptima del acuerdo de voluntades cuyo cumplimiento se garantiz� con las p�lizas transcritas con anterioridad, se�ala: (se transcribe). De lo anterior se advierte, que no era forzoso para P.E.�n y P.�n en caso de incumplimiento del fiado, agotar inmediatamente el procedimiento de rescisi�n administrativa del contrato, ya que pod�a optar por exigir su cumplimiento y el pago de las penas convencionales; sin embargo, mediante oficio n�mero CO.28500/JRFF/SCU/1450/95, de veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, recepcionado por la fiada Constructora Sepia, S. de C.V., el tres de octubre del mismo a�o, notific� a �sta el atraso de obra del contrato, y en consecuencia que se hace acreedora a las sanciones correspondientes conforme a las cl�usulas vig�sima sexta y vig�sima s�ptima del contrato de obra p�blica. Asimismo, mediante oficio n�mero 28000/GSTRS/96, de fecha primero de marzo de mil novecientos noventa y seis, P.E.�n y P.�n, comunic� a Constructora Sepia, S. de C.V., que se decidi� formalmente la rescisi�n administrativa del contrato de obra p�blica, a partir del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis; fecha esta �ltima a partir de la cual comenz� a correr el plazo por virtud del cual opera la caducidad de la p�liza. Ello es as�, porque en la p�liza de fianza n�mero VIH005-008320-00, se se�ala que la misma se expide de entera conformidad con las cl�usulas del propio contrato, esto es, la afianzadora expresamente se oblig� a garantizar el cumplimiento de la obligaci�n relativa, conforme a las cl�usulas vig�sima s�ptima y vig�sima octava del contrato de obra p�blica, respectivo, aunque no haya intervenido en �l como parte; cl�usulas que se�alan que en caso de rescisi�n del contrato por causas imputables al contratista P.E.�n y P.�n, proceder� a hacer efectivas las garant�as, es decir, que una vez que se haya formalmente rescindido el contrato de obra p�blica, se pod�an hacer efectivas las p�lizas de fianza que se otorgaron para garantizar el cumplimiento del contrato de obra p�blica; sin que obste a lo anterior, lo se�alado en la misma, en el siguiente sentido: ?Esta compa��a afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento de nuestro fiado (a) Constructora Sepia, S. de C.V., cuando sean formuladas dentro de los plazos que otorga la ley aplicable en la materia?, porque si mediante oficio de fecha primero de marzo de mil novecientos noventa y seis, recepcionado por la parte quejosa el doce de marzo del mismo a�o, P.E.�n y P.�n comunic� a la empresa fiada la rescisi�n administrativa del contrato objeto de las p�lizas en conflicto, al quince de julio del mismo a�o, (fecha en que P.E.P. present� a la afianzadora la reclamaci�n formal de pago de dichas p�lizas), es evidente que no hab�an transcurrido los ciento ochenta d�as naturales siguientes a partir de que la obligaci�n garantizada se hizo exigible conforme al art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que dice: (se transcribe), puesto que la obligaci�n de pago de las fianzas se hizo exigible, hasta que se declar� formalmente rescindido el contrato de obra p�blica, conforme al texto expreso de la p�liza se�alada. Esto es, la obligaci�n de pago se hizo exigibleconforme a lo estipulado en la cl�usula vig�sima s�ptima del contrato de obra p�blica, que se�ala que en caso de rescisi�n del contrato por causas imputables al contratista, Petr�leos Mexicanos, proceder� a hacer efectivas las garant�as, puesto que la afianzadora expidi� la fianza n�mero VIH005-008320-00 de entera conformidad con la cl�usula de m�rito, es decir, la afianzadora se oblig� a acatar las cl�usulas insertas en el contrato de obra p�blica de que se trata, en cuanto a la exigibilidad de la obligaci�n que asumi� en la p�liza; y en consecuencia, se concluye que una vez que se lleve a cabo la rescisi�n por mandato de ley deben hacerse efectivas las garant�as, y no antes, por lo que, si a la afianzadora se le comunic� formalmente la rescisi�n del contrato de obra p�blica citado, hasta el doce de marzo de mil novecientos noventa y seis (fecha en que recibi� el oficio n�mero 28000/GSTRS/96); por tanto no hab�a operado en su contra la figura de la caducidad que prev� el numeral invocado al quince de julio del mismo, en que se present� a Fianzas M�xico Bital, S. la formal reclamaci�n de pago de dichas p�lizas, puesto que s�lo hab�an transcurrido ciento veinticinco d�as a esa fecha, como atinadamente lo consider� el tribunal responsable. Adem�s, el hecho de que se estime que el plazo para que opere la caducidad de las fianzas debe computarse a partir de la fecha en que se rescindi� el contrato de obra p�blica de que se trata, no implica que el contrato de fianza se rija por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, puesto que se pact� en la p�liza, no por disposici�n de dicha ley, sino por voluntad de la propia afianzadora quejosa, que la obligaci�n garantizada naciera a partir de la rescisi�n del contrato, indicativo de incumplimiento de la fiada respecto de sus obligaciones; m�xime que el cumplimiento de la obligaci�n garantizada se exigi� en t�rminos de lo dispuesto por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y en ning�n momento se ha precisado que deba ser conforme a la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas." (fojas 299 a 304 de la contradicci�n de tesis 29/2005-PS).

    Las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directo n�meros 7403/99, 7563/99 y 11643/2000, dieron origen a la siguiente tesis aislada:

    "Novena �poca

    "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XV, abril de 2002

    "Tesis: I.3o.C.292 C

    "P�gina: 1263

    "FIANZA PARA EL CONTRATO DE OBRA P�BLICA. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TUVO LUGAR LA NOTIFICACI�N DE LA RESOLUCI�N DE LA RESCISI�N. Si en un contrato de obra p�blica la entidad de la administraci�n p�blica inicia el procedimiento administrativo rescisorio, y comunica a la fiada la rescisi�n del contrato, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 72, fracci�n II, de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, es a partir de esa fecha en que se debe computar el plazo para que opere la caducidad de la obligaci�n a cargo de la afianzadora. Lo anterior deriva de la interpretaci�n de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, ya que si la rescisi�n del contrato de que se trata qued� pactada por los contratantes tanto en el contrato de obra p�blica como en la p�liza, de conformidad con dicha ley y, adem�s, el contrato se sujet� al art�culo 72 del ordenamiento en cita, estableciendo la rescisi�n de manera anticipada, ante el incumplimiento del contrato por causa imputable al contratista, legalmente procede hacer efectiva la garant�a a partir de esa rescisi�n; no obstante que, por regla general, la p�liza de fianza debe reclamarse desde el incumplimiento del fiado, pues trat�ndose de contratos de obra p�blica, se trata de un caso de excepci�n, en que por disposici�n de la ley la p�liza debe reclamarse a partir de la rescisi�n del contrato con que concluye el procedimiento."

    "TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

    "Amparo directo 7403/99. Fianzas M�xico Bital, Grupo Financiero Bital. 25 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jos� �lvaro V.O., secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempe�ar las funciones de Magistrado. Secretaria: M.A.G.�a G.�lez.

    "Amparo directo 7563/99. Pemex, E.�n y P.�n. 8 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Mar�a S.H.�ndez de M.. Secretario: Ra�l G.�a R..

    Amparo directo 11643/2000. Afianzadora Insurgentes, S. de C.V. 16 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: A.C.�s G.S.: I.F.R.�guez.

  2. Por otro lado, el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesi�n de veinte de mayo de dos mil cuatro, el amparo directo 336/2004, promovido por Fianzas Monterrey, Sociedad An�nima, por conducto de su apoderada Amelia Flores P�rez; en lo conducente, sostuvo lo siguiente:

    "... al analizar el segundo de los agravios que le fueron planteados por la parte apelante, el Tribunal Unitario responsable aplica indebidamente el art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas y, por tanto, deja de atender al contenido de los art�culos 113 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al haber tenido como infundado dicho agravio y al haber determinado que el c�mputo del t�rmino de diez meses pactado en la fianza base de la acci�n se debe computar a partir de la notificaci�n que la actora le hizo a la fiada de la rescisi�n del contrato de obra p�blica que ten�an celebrado y que por ello la fianza se hizo exigible no a partir del abandono de la obra, sino a partir de que ese incumplimiento se hizo exigible al haberse determinado administrativamente su rescisi�n y que, por ello, la reclamaci�n se encontraba presentada dentro del t�rmino pactado; por lo que, con tal determinaci�n, no se hace una correcta apreciaci�n y valoraci�n de las pruebas aportadas al juicio por las partes, espec�ficamente la p�liza de fianza base de la acci�n, la constancia de notificaci�n de rescisi�n del contrato de obra n�mero OPAT-065/99, de dieciocho de diciembre del dos mil y la documental consistente en el acta circunstanciada del aludido contrato, de fecha veintinueve de enero del dos mil uno; por lo que resulta evidente que se han violado en perjuicio de la aqu� inconforme las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica previstas en los art�culos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior es as�, porque aun cuando es cierto lo que sostiene el tribunal responsable en el sentido de que el indicado art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, vigente en el a�o de mil novecientos noventa y nueve, que fue la fecha en que se celebr� el contrato de fianza que nos ocupa, establec�a que en la suspensi�n, rescisi�n administrativa o terminaci�n anticipada de los contratos de obra p�blica, se deber�a tener en cuenta, entre otras hip�tesis, que en el caso de rescisi�n del contrato por causas imputables al contratista, la dependencia o entidad proceder�a a hacer efectivas las garant�as y se abstendr�a de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados a�n no liquidados, hasta que se otorgara el finiquito correspondiente, lo que deber�a efectuarse dentro de los cuarenta d�as naturales siguientes a la fecha de notificaci�n de la rescisi�n; sin embargo, tambi�n es cierto que tal disposici�n legal no es aplicable al caso que nos ocupa, puesto que la misma s�lo tiene aplicaci�n para las partes que suscribieron el contrato de obra p�blica de m�rito y rige para el caso de que la dependencia contratante tenga que rescindir administrativa o judicialmente dicho contrato por causas imputables a la contratista, en donde se tendr� que seguir el procedimiento de rescisi�n especificado en dicha legislaci�n a efecto de que se puedan hacer exigibles las fianzas que al efecto se hubieren otorgado. Adem�s, debe tenerse en cuenta que la acci�n que aqu� se est� ejercitando no es la de rescisi�n del contrato de obra p�blica a precios unitarios y tiempo determinado n�mero OPAT-065/99, celebrado entre Pemex E.�n y P.�n como contratante, e H.J.V.T., como contratista, el veintitr�s de julio de mil novecientos noventa y nueve, sino la acci�n de pago del monto de la fianza n�mero 000FN283010, en la v�a especial de fianzas, cuyas regulaci�n y procedimiento se rige por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, como expresamente lo se�ala el art�culo 113 de dicho ordenamiento legal, en donde de igual forma se establece que en lo no previsto en esa ley se aplicar� la legislaci�n mercantil, es decir, el C�digo de Comercio y que a falta de disposici�n expresa, se aplicar� el C�digo Civil Federal, precisando tambi�n que ser�n aplicables a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas, las disposiciones establecidas en dichos ordenamientos legales, mientras no se opongan a lo dispuesto por esa ley. En esa virtud, si la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, no contempla la aplicaci�n supletoria de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas para efectos de la sustanciaci�n del juicio especial de fianzas que nos ocupa, evidentemente que no tiene aplicaci�n al caso el art�culo 72, fracci�n II, de este �ltimo ordenamiento legal, por lo que si el Tribunal Unitario responsable resolvi� en forma contraria a ello, evidentemente que su decisi�n no se encuentra apegada a derecho, puesto que la liberaci�n de obligaciones a favor de las instituciones de fianza, por caducidad, se encuentra expresamente regulada por el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y la actualizaci�n de dicha figura jur�dica debe atenderse de acuerdo a lo que hayan pactado las partes en el contrato de fianza o bien, de acuerdo a lo previsto en dicho ordenamiento legal. Lo anterior trae como consecuencia que no resulta factible tomar en cuenta, para efectos de la extinci�n de la obligaci�n de pago a favor de la afianzadora quejosa, la fecha de la notificaci�n realizada por la parte actora a la fiada respecto de la rescisi�n del contrato de obra p�blica que se le hizo por oficio de fecha dieciocho de diciembre del dos mil y recibido por ella hasta el trece de enero del dos mil uno, puesto que para ese caso, las partes se deben estar a la disposici�n legal antes indicada, as� como a lo expresamente pactado por ellas en el contrato de fianza que fue exhibido como base de la acci�n; aspecto que, como se ver� m�s adelante, no fue pactado as� en la fianza que constituy� el documento base de la acci�n. As� se tiene que el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece que existen dos supuestos para que las afianzadoras puedan quedar liberadas de las obligaciones que adquieren con el otorgamiento de las fianzas, relativos, el primero, cuando se pactan obligaciones por tiempo determinado y el segundo, al pacto de obligaciones por tiempo indeterminado, al precisar dicho precepto legal en el primero y segundo p�rrafos lo siguiente: (se transcribe). En el caso se tiene que para el efecto de que se pueda determinar sobre los plazos previstos por la ley para la procedencia o improcedencia de la figura de la caducidad que ah� se establece, se debe atender precisamente al contenido y literalidad del documento que sirve como base de la acci�n especial de fianzas que al efecto se ejercita, puesto que del mismo se va a desprender sin lugar a dudas la existencia o no de obligaciones por tiempo determinado o indeterminado a cargo de la instituci�n de fianzas; enti�ndanse dichas obligaciones las derivadas de la fianza, pactadas entre los ah� contratantes y no a las que provienen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza. En la especie se advierte que, se est� ante la presencia de una obligaci�n por tiempo determinado adquirida por Fianzas Monterrey, Sociedad An�nima, antes Fianzas Monterrey Aetna, Sociedad An�nima, por lo que para determinar el plazo ah� previsto para efectos de la caducidad que pudiera darse a su favor a fin de que se extinga la obligaci�n que adquiri�, se debe aplicar el contenido del primer p�rrafo del art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. ... Asimismo, atendiendo a la literalidad de la p�liza de fianza de m�rito, se puede apreciar que las partes contratantes expresamente externaron su voluntad al haber precisado cu�l era el momento en que se har�a exigible el cumplimiento de la obligaci�n de pago contenido en dicha fianza y el momento a partir del cual se extinguir�a dicha obligaci�n de pago a favor de la afianzadora quejosa; hip�tesis de entre las que no se encuentra la aludida por el tribunal responsable en la sentencia reclamada relativa a que el plazo de diez meses pactado en la p�liza para la extinci�n de las obligaciones a cargo de la afianzadora contar�a a partir de que se notificara a la fiada formalmente la rescisi�n administrativa del contrato de obra materia de la garant�a; pues al respecto en tal documento se precis� que esa p�liza se podr�a hacer efectiva sin que previamente existiera compensaci�n; que deb�a liquidarse esa fianza al beneficiario, en caso de incumplimiento del fiado, independientemente de que se le hubieren aplicado a �ste las penas convencionales estipuladas en el contrato de obra de referencia; que el beneficiario dispondr�a de un t�rmino de diez meses para formular la reclamaci�n de esa p�liza, el cual se computar�a a partir de su exigibilidad; que adicionalmente, tal p�liza se har�a efectiva dentro de los plazos especificados en la misma, en caso de que el contratista o prestador de servicios abandonara la obra o la suspendiera injustificadamente; que la afianzadora se obligaba a pagar la fianza de m�rito independientemente de que su fiado interpusiera cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrar�a supeditado a la resoluci�n respectiva, siempre y cuando el fiado lo hubiere aceptado expresamente en el contrato garantizado; y que las obligaciones derivadas de esa fianza se extinguir�an autom�ticamente una vez que transcurrieran diez meses contados a partir del vencimiento del t�rmino pactado en el contrato para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus pr�rrogas o bien, a partir de la fecha del incumplimiento del fiado, si era anterior al vencimiento del plazo indicado y si era causa de rescisi�n del contrato, sin que se hubiera presentado reclamaci�n en dicho plazo. Las obligaciones antes precisadas se encuentran as� pactadas en la mencionada p�liza de fianza, cuyo texto, en lo que interesa, es el siguiente: (se transcribe). Precisado lo anterior, debe atenderse al contenido del art�culo 78 del C�digo de Comercio, que establece que en las convenciones mercantiles, como es el caso del contrato de fianza, por tratarse de un acto mercantil en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 2o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, cada una de las partes contratantes se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados; y as� se tiene que en la p�liza de fianza cuyo an�lisis nos ocupa, las partes contratantes convinieron en el sentido de que el beneficiario de la fianza dispondr�a de un t�rmino de diez meses para formular la reclamaci�n correspondiente, el cual se computar�a a partir de su exigibilidad y que adicionalmente, esa p�liza se har�a efectiva dentro de los plazos establecidos en ella, en caso de que el contratista o prestador de servicios abandonara la obra y/o prestaci�n del servicio o suspendiera injustificadamente la misma; adem�s, se pact� que las obligaciones derivadas de dicha fianza se extinguir�an autom�ticamente una vez que hubiere transcurrido el plazo de diez meses contados a partir del vencimiento del t�rmino pactado en el contrato para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus pr�rrogas o a partir de la fecha del incumplimiento del fiado si tal incumplimiento era anterior al vencimiento del plazo indicado y si era causa de rescisi�n del contrato, sin que se hubiera presentado reclamaci�n en ese plazo; de donde resulta inconcuso que a ese pacto deben estarse las partes, puesto que el cumplimiento del contrato de fianza que concertaron no puede quedarse al arbitrio de uno de ellos; por lo que, ante tal situaci�n, se reitera, la fecha de notificaci�n a la fiada de la rescisi�n administrativa del contrato, no puede servir de base para realizar el c�mputo del plazo pactado por las partes para efectos de la extinci�n de la obligaci�n del pago de la fianza, dado que ello no fue convenido as� por los contratantes de la fianza b�sica. ... As� las cosas, si la fiada se oblig� a ejecutar la obra contratada relativa a la ?protecci�n anticorrosiva de correcci�n de anomal�as detectadas en instalaciones de producci�n del sector operativo Cerro Azul-Naranjos?, en un plazo espec�fico de ochocientos ochenta y tres d�as, el cual iniciar�a el dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve y concluir�a el treinta y uno de diciembre del dos mil uno; y como lo precis� la parte actora en las pruebas que aport�, sin que exista en autos otra prueba en contrario que la contradiga, la contratista H.J.V.T. abandon� la obra y suspendi� injustificadamente los trabajos que le hab�an sido encomendados, desde el seis de junio del a�o dos mil, resulta inconcuso que es a partir del d�a siguiente de esa fecha en que se debe contar el t�rmino para efectos de la caducidad prevista en el art�culo 120 de la Ley de Federal de Instituciones de Fianzas, pues a partir de ese momento se hizo exigible el pago de la fianza ante el incumplimiento de la fiada de sus obligaciones pactadas en el contrato materia de la garant�a; y de igual forma empez� a correr el plazo de diez meses pactado en la fianza para la extinci�n de dicha obligaci�n de pago a favor de la afianzadora quejosa, dado que as� se precis� en la p�liza respectiva, al haberse pactado por las partes, como ya se indic� con antelaci�n, que el beneficiario dispondr�a de un t�rmino de diez meses para formular su reclamaci�n, contados a partir de su exigibilidad y que de igual forma se har�a efectiva la p�liza dentro de dicho plazo en caso de que la contratista o prestador de servicios abandonara la obra y/o prestaci�n del servicio o suspendiera injustificadamente la misma; y adem�s, que las obligaciones derivadas de la fianza se extinguir�an autom�ticamente una vez que hubieren transcurrido diez meses contados a partir de la fecha del incumplimiento del fiado, si tal evento era anterior al vencimiento del plazo pactado y si era causa de rescisi�n del contrato, sin que se hubiere presentado la reclamaci�n correspondiente; como en el caso ocurri� al haberle notificado la actora a la fiada tanto el inicio de procedimiento de rescisi�n, como la rescisi�n misma del contrato de obra n�mero OPAT-065/99, con fechas veinticinco de octubre del dos mil y trece de enero del dos mil uno, a trav�s de los oficios n�meros: 240-25420-5-2813/00 y 240-25420-5-3746/00, fechados el veinticinco de septiembre y dieciocho de septiembre del a�o dos mil, respectivamente; es decir, en fechas anteriores a la pactada para el cumplimiento del aludido contrato de obra p�blica que concluir�a el treinta y uno de diciembre del dos mil uno. De todo lo anteriormente considerado se puede concluir que si la afianzadora demandada, al momento de emitir la fianza que se le reclama, se oblig� a mantener vigente la fianza para garantizar las obligaciones de su fiada adquiridas con la parte actora, desde la fecha de su expedici�n que fue el catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve y hasta diez meses despu�s de la fecha en que la fiada haya incumplido en las obligaciones pactadas en el contrato de obra del que deriva la fianza, cuyo incumplimiento se dio el seis de junio del a�odos mil, en que la indicada fiada abandon� la obra que ten�a que ejecutar, resulta evidente que la afianzadora de m�rito queda libre de esa obligaci�n que se le reclama, por caducidad en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, puesto que el t�rmino de diez meses posteriores al incumplimiento de la fiada para que la beneficiaria de la p�liza pudiera hacer su reclamaci�n de pago corri� del siete de junio del dos mil, al siete de abril del dos mil uno y la reclamaci�n de m�rito fue presentada ante la afianzadora demandada hasta el d�a cinco de junio del dos mil uno, lo que pone en evidencia su extemporaneidad." (fojas 182-192 del juicio de amparo 336/2004).

QUINTO

Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicci�n, es conveniente establecer cu�les son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposici�n de criterios entre Tribunales Colegiados.

Al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cu�l criterio debe prevalecer, debe existir cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta una misma cuesti�n legal; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los �rganos jurisdiccionales.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n anterior cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Es aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIII, abril de 2001

    "Tesis: P./J. 26/2001

    "P�gina: 76

    "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

    Efectuada la anterior precisi�n, debe establecerse si los criterios, cuya aparente contradicci�n se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia transcrita, y para ello, es necesario hacer las siguientes precisiones:

    1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para resolver el amparo directo n�mero 874/2004, promovido por M.G.H.�ndez, en representaci�n del Instituto Mexicano del Seguro Social, tom� en cuenta los siguientes antecedentes.

      1. Ante el Juzgado D�cimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado M.G.H.�ndez, demand� en la v�a especial de fianzas, de Fianzas M�xico Bital, Sociedad An�nima, Grupo Financiero Bital, el pago de la cantidad de $1,642,600.00, por concepto de saldo del anticipo no amortizado, con cargo a la p�liza de fianza n�mero DFR221-015643-00, de fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que expidieron para garantizar por parte de la contratista Constructores Escopsa, S. de C.V., la aplicaci�n debida y oportuna del anticipo que se le otorg� al fiado de dicha constructora, correspondiente al 20% de la asignaci�n autorizada para el ejercicio presupuestal de mil novecientos noventa y nueve, en el contrato de obra p�blica a precios unitarios y tiempo determinado n�mero 1-96-02-02-04; el pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses bancarios y de cargos financieros pactados sobre la cantidad no amortizada; el pago de intereses legales, sobre la obligaci�n denominada en unidades de inversi�n; la aplicaci�n de una sanci�n, para el caso de que el pago se realice despu�s del plazo concedido; y el pago de gastos y costas.

      2. Mediante sentencia de once de marzo de dos mil cuatro, dictada en el expediente 118/2003-B, se conden� a la demandada Fianzas M�xico Bital, S., Grupo Financiero Bital, al pago de la cantidad de $1'642,600.00, por concepto de saldo del anticipo no amortizado por incumplimiento al citado contrato y al pago del inter�s generado.

      3. El Instituto Mexicano del Seguro Social, recurri� en apelaci�n la resoluci�n anterior, cuyo conocimiento correspondi� al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, que dict� resoluci�n el veintisiete de octubre de dos mil cuatro, modificando la sentencia de primera instancia para absolver a la demandada del pago de las prestaciones reclamadas.

      4. Inconforme con esa sentencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, promovi� juicio de amparo, en el que se dict� la resoluci�n que contiene el criterio denunciado como contradictorio.

        En la resoluci�n en an�lisis, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, concedi� el amparo y protecci�n a la parte quejosa, apoy�ndose en las siguientes consideraciones:

        1. Que el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas regula la caducidad como una figura que extingue la acci�n de pago del importe garantizado que tiene a su favor el beneficiario y libera a la afianzadora de su obligaci�n pactada por tiempo determinado ante la falta de presentaci�n de la reclamaci�n por parte del beneficiario, dentro del plazo estipulado en la p�liza, o dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la terminaci�n de la vigencia de la fianza; o bien, por tiempo indeterminado cuando el beneficiario omita presentar la reclamaci�n dentro de ciento ochenta d�as naturales siguientes a la fecha en que la obligaci�n garantizada se haya vuelto exigible, por incumplimiento del fiado.

        2. Que la exigibilidad de la fianza por tiempo determinado se produce hasta el momento en que se declara la rescisi�n por incumplimiento del contratista o fiado, toda vez que en la cl�usula d�cimo octava del contrato de obra p�blica se establece que despu�s de declararse la rescisi�n, se podr�n hacer efectivas las garant�as, fijando as� la condici�n a que est� sujeta dicha exigibilidad.

        3. Que las dependencias y entidades se encuentran facultadas para declarar la rescisi�n administrativa de los contratos de obra p�blica, gener�ndose diversas consecuencias, como es la prevista en la fracci�n II del art�culo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, respecto a la necesidad de hacer efectivas las garant�as otorgadas por el contratista, en caso de que, por causas imputables a �ste, se produzca la rescisi�n del contrato, ya que ello fija el momento a partir del cual es exigible la obligaci�n garantizada y, en consecuencia, la fianza.

        4. Que el t�rmino de ciento ochenta d�as naturales previstos en los dos primeros p�rrafos del art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, debe computarse a partir de que el �rgano de la administraci�n p�blica contratante notifique la resoluci�n de rescisi�n contractual por incumplimiento del fiado.

        5. Que el art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, es una disposici�n de car�cter general, al establecer un plazo para hacer efectivas las garant�as otorgadas por el contratista causante de una rescisi�n administrativa; en tanto que el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas es una disposici�n especial aplicable a las consistentes en fianzas, por lo que el plazo de ciento ochenta d�as naturales posteriores a la rescisi�n del contrato de obra p�blica, durante el cual se puede presentar la reclamaci�n por parte del beneficiario, previsto en el citado art�culo 120, es aplicable y preferente sobre el diverso plazo de cuarenta d�as naturales siguientes a la fecha de notificaci�n de la rescisi�n, previsto en la fracci�n II del art�culo 72, atendiendo al principio de especialidad de leyes, a la prohibici�n de omitir la observancia de la ley a trav�s de la voluntad de los particulares y al principio de no contravenci�n de las normas jur�dicas que rigen los contratos.

        6. Que cuando la obligaci�n principal est� regida por la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, la misma es aplicable para determinar la exigibilidad de esa obligaci�n, en ausencia de pacto expreso de las partes; en cambio cuando la formaci�n de la voluntad de la administraci�n, bien sea para celebrar el contrato de obra p�blica o para rescindirlo, requiera de un procedimiento administrativo, ser� necesaria la realizaci�n de �ste para establecer que la obligaci�n garantizada es exigible y, por tanto, debe tomarse en cuenta para fijar el t�rmino de caducidad previsto en el art�culo 120 de la citada Ley Federal de Instituciones de Fianza.

        El mismo �rgano al resolver el amparo directo n�mero 11643/2000, promovido por G.B.T., en representaci�n de Afianzadora Insurgentes, Sociedad An�nima de Capital Variable, tom� en cuenta los siguientes antecedentes:

      5. Ante el Juzgado S�ptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado R.B.J., demand� en la v�a especial de fianzas, de Fianzas Insurgentes Serf�n, Sociedad An�nima de Capital Variable, el pago de la cantidad de $338,400.74, con cargo a la p�liza de fianza n�mero 5382-3035-003335, que expidi� la demandada para garantizar por parte de Constructora Zahori, S. de C.V., el cumplimiento de las obligaciones contra�das mediante el contrato de obra p�blica a precios unitarios n�mero 1-96-29-02-01; el pago de $597,304.11, con cargo a las p�lizas de fianza n�meros 5382-3035-003334 y 5382-3035-003447, para garantizar la aplicaci�n de los anticipos que se le entregaron en el citado contrato; el pago de $13,663.62, con cargo a la p�liza de fianza n�mero 5382-3035-003447, por concepto de intereses generados hasta el siete de octubre de mil novecientos noventa y siete sobre la cantidad no amortizada, m�s los intereses que se generen; el pago de intereses legales sobre la suerte principal; la aplicaci�n de una sanci�n para el caso de que la demandada no cubra la cantidad reclamada con sus respectivos intereses, dentro del plazo concedido; y el pago de los gastos y costas.

      6. Mediante sentencia de veintid�s de octubre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el expediente 47/98, se conden� a la demandada Fianzas Insurgentes Serf�n, Sociedad An�nima de Capital Variable, al pago de la cantidad de $610,967.73, con cargo a la p�liza de fianza n�mero 5382-3035-003447, por concepto de las cantidades no amortizadas y gastos financieros generados, y al pago de los intereses legales.

      7. La parte actora Instituto Mexicano del Seguro Social y la demandada Afianzadora Insurgentes, Sociedad An�nima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, respectivamente, recurrieron en apelaci�n la resoluci�n anterior, cuyo conocimiento correspondi� al Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, quien dict� resoluci�n el veinte de octubre de dos mil, en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia y condenar a la demandada al pago de costas en ambas instancias.

      8. Inconforme con esa sentencia, Afianzadora Insurgentes, Sociedad An�nima de Capital Variable, promovi� juicio de amparo, en el que se dict� la resoluci�n que contiene el criterio denunciado como contradictorio.

        En la resoluci�n en an�lisis, el mencionado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, neg� el amparo y protecci�n a la parte quejosa, apoy�ndose en las siguientes consideraciones:

        1. Que de conformidad con el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la afianzadora quedar� libre de su obligaci�n, por caducidad, en dos supuestos: primero cuando al haberse obligado por tiempo determinado, el beneficiario no presente su reclamaci�n dentro del plazo estipulado en la p�liza, o dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la terminaci�n de la vigencia de la fianza; y segundo, cuando se obligue por tiempo indeterminado y el beneficiario omita presentar la reclamaci�n dentro de ciento ochenta d�as naturales siguientes a la fecha en que la obligaci�n garantizada se haya vuelto exigible, por incumplimiento del fiado.

        2. Que en el presente caso la afianzadora se oblig� por tiempo indeterminado a garantizar la amortizaci�n o devoluci�n del anticipo que se le otorg� en el contrato de obra p�blica; y para hacerse efectiva la fianza es necesario que el beneficiario presente su reclamaci�n dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la fecha en que la obligaci�n garantizada se vuelva exigible, debiendo computarse a partir de que el �rgano de la administraci�n p�blica contratante emita su resoluci�n de rescisi�n de ese contrato, y no as� en la fecha en que material o f�sicamente se dej� de cumplir la obligaci�n, ya que dicho incumplimiento es un elemento para la rescisi�n del contrato.

        3. Que aun cuando las partes contratantes hubieran convenido la figura administrativa de la rescisi�n del contrato en cl�usula espec�fica, no debe entenderse que para hacer efectiva una fianza se deba hacer dentro de los cuarenta d�as naturales a la fecha de notificaci�n de la rescisi�n, de conformidad con la fracci�n II del art�culo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, toda vez que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas es una ley especial aplicable para exigir la entrega de la cantidad garantizada en cualquier fianza, atendiendo al principio de no contravenci�n de normas jur�dicas que rigen los contratos y al principio de especialidad de leyes.

        El mismo �rgano colegiado, al resolver el amparo directo 7563/99, promovido por A.A.P. P�rez, en representaci�n de Pemex-E.�n y P.�n, tom� en cuenta los siguientes antecedentes:

      9. Ante el Juzgado S�ptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Pemex-E.�n y P.�n, por conducto de su apoderado L.C.G., en la v�a especial de fianzas, demand� de Fianzas M�xico, Sociedad An�nima, el pago de la fianza n�mero VIH005-006561-00, de fecha primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por la cantidad de $410,918.63, y endoso por aumento de monto de la p�liza de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, por la cantidad de $42,319.32, ambas para garantizar el debido cumplimiento del contrato n�mero COTD-00694; el pago de intereses de la citada fianza que se liquidar�n en la ejecuci�n de sentencia, y el pago de da�os y perjuicios.

      10. Mediante sentencia de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el expediente 101/97, se absolvi� a la demandada Fianzas M�xico, Sociedad An�nima, hoy Fianzas M�xico Bital, Sociedad An�nima, Grupo Financiero Bital, del pago de las prestaciones reclamadas.

      11. Pemex-E.�n y P.�n, recurri� en apelaci�n la resoluci�n anterior, cuyo conocimiento correspondi� al Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito, que dict� resoluci�n el diecis�is de junio de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia y condenar a la parte actora al pago de costas en ambas instancias.

      12. Inconforme con esa sentencia, Pemex-E.�n y P.�n, promovi� juicio de amparo, en el que se dict� la resoluci�n que contiene el criterio denunciado como contradictorio.

        En la resoluci�n en an�lisis, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, concedi� el amparo y protecci�n a la parte quejosa, apoy�ndose en las siguientes consideraciones:

        1. Que de conformidad con el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el plazo de ciento ochenta d�as naturales para que opere la caducidad del derecho que tiene la beneficiaria de la garant�a para exigir el pago de la misma, por el incumplimiento en que incurri� la fiada, debe computarse a partir de la notificaci�n de la rescisi�n del contrato.

        2. Que aun cuando el plazo para que opere la caducidad de las fianzas, debe computarse a partir de la fecha en que tuvo lugar la rescisi�n del contrato de obra p�blica, se debe interpretar en relaci�n con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, puesto que la rescisi�n qued� pactada por los contratantes tanto en las cl�usulas respectivas del citado contrato, como en la p�liza correspondiente, sujet�ndose al art�culo 72 de esta ley en donde se establece la rescisi�n de los contratos de obra p�blica, de manera anticipada, ante el incumplimiento por causas imputables al contratista.

        3. Que por regla general, la misma p�liza de fianza debe reclamarse desde el incumplimiento del fiado, pero en trat�ndose de contratos de obra p�blica, como excepci�n, debe reclamarse a partir de la rescisi�n del contrato.

        El mismo �rgano colegiado, al resolver el amparo directo 7403/99, promovido por A.H.�ndez D�az, en representaci�n de Fianzas M�xico Bital, S., Grupo Financiero Bital, tom� en cuenta los siguientes antecedentes:

      13. Ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Pemex-E.�n y P.�n, por conducto de su apoderado L.C.G., en la v�a especial de fianzas, demand� de Fianzas M�xico, S., ahora Fianzas M�xico Bital, S., Grupo Financiero Bital, el pago de la cantidad de $176,002.24, importe de la p�liza de fianza n�mero VIH005-008320-00, que garantiza el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato n�mero CORS-261/95, de fecha diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco y de sus anexos, as� como el pago de la cantidad de $303,165.46, por concepto de saldo de anticipo recibido por el contratista, equivalente al 10% del importe del contrato, para inicio de los trabajos y 20% para compra de materiales, amparada bajo la p�liza de fianza n�mero VIH005-008321-00, que garantiza la debida, correcta y total inversi�n, aplicaci�n, amortizaci�n y deducci�n del anticipo, ambas p�lizas expedidas por Fianzas M�xico S., con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a solicitud del contratista fiado Constructora Sepia, S. de C.V., y a favor de la parte actora; el pago de los intereses moratorios causados y que sigan causando; el pago de da�os y perjuicios; y el pago de gastos y costas.

      14. Mediante sentencia de veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el expediente 90/98, se absolvi� a la demandada Fianzas M�xico Bital, S., Grupo Financiero Bital, del pago de las prestaciones reclamadas, por haber acreditado la excepci�n de caducidad.

      15. Pemex-E.�n y P.�n, recurri� en apelaci�n la resoluci�n anterior, cuyo conocimiento correspondi� al Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, quiendict� resoluci�n el nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido de modificar la sentencia de primera instancia, condenando a la parte demandada Fianzas M�xico Bital, S., Grupo Financiero Bital, al pago de las sumas que amparan las p�lizas base de la litis, as� como al pago de intereses moratorios desde la constituci�n de mora y hasta la total soluci�n del adeudo, y al pago de gastos y costas que su contraria haya erogado con el tr�mite del juicio de primera instancia; y absolviendo a la misma del pago de da�os y perjuicios reclamados.

      16. Inconforme con esa sentencia, Fianzas M�xico Bital, S., Grupo Financiero Bital, promovi� juicio de amparo, en el que se dict� la resoluci�n que contiene el criterio denunciado como contradictorio.

        En la resoluci�n en an�lisis, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, neg� el amparo y protecci�n a la parte quejosa, apoy�ndose en las siguientes consideraciones:

        1. Que de conformidad con el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la obligaci�n garantizada se hace exigible dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la notificaci�n de la rescisi�n del contrato de obra p�blica.

        2. Que aunque el plazo para que opere la caducidad de las fianzas debe computarse a partir de la fecha en que se rescindi� el contrato de obra p�blica, no implica que el contrato de fianzas deba regirse por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, puesto que en la p�liza se pact� que la obligaci�n garantizada comenzar�a a partir de la rescisi�n del contrato derivada del incumplimiento por parte del contratista fiado.

        Lo hasta aqu� expuesto permite precisar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene el criterio de que trat�ndose de p�lizas de fianzas otorgadas para garantizar el cumplimiento de contratos de obra p�blica, los plazos previstos en el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para formular la reclamaci�n correspondiente y no se configure la caducidad, deben computarse a partir de que el �rgano de la administraci�n p�blica contratante notifique la resoluci�n de rescisi�n contractual por incumplimiento del fiado, emitida conforme a lo dispuesto en el art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas.

    2. El D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para resolver el amparo directo n�mero 336/2004, promovido por Fianzas Monterrey, Sociedad An�nima, tom� en cuenta los siguientes antecedentes.

      1. Ante el Juzgado D�cimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Pemex-E.�n y P.�n, por conducto de su apoderada Sof�a Rica�o R., en la v�a especial de fianzas, demand� de Fianzas Monterrey, Sociedad An�nima, el pago de la cantidad de $254,727.26, por concepto de saldo de anticipo no amortizado por el fiado de la demandada H.J.V.T., al amparo de la p�liza de fianza n�mero FN283019 expedida por la enjuiciada, a favor de Pemex-E.�n y P.�n, con fecha diecis�is de julio de mil novecientos noventa y nueve, para garantizar la debida, correcta y total inversi�n, aplicaci�n, amortizaci�n, deducci�n y devoluci�n del anticipo recibido, al amparo del contrato OPAT-065/99, formalizado en fecha veintitr�s de julio de mil novecientos noventa y nueve; el pago de los intereses moratorios generados y que se sigan causando hasta la conclusi�n del juicio; y el pago de gastos y costas.

      2. Mediante sentencia de dieciocho de julio de dos mil tres, dictada en el expediente 139/2002-A, se conden� a la demandada Fianzas Monterrey, Sociedad An�nima, a pagar a la actora la cantidad de $254,727.26, por concepto de saldo de anticipo no amortizado por incumplimiento al contrato OPAT-065/99, as� como tambi�n al pago de los intereses legales generados de dicha cantidad, sin hacer especial condena en costas.

      3. Fianzas Monterrey, Sociedad An�nima, recurri� en apelaci�n la resoluci�n anterior, cuyo conocimiento correspondi� al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, quien dict� resoluci�n el veinticinco de marzo de dos mil cuatro, en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia, y condenar a la demandada al pago de costas.

      4. Inconforme con esa sentencia, Fianzas Monterrey, Sociedad An�nima, promovi� juicio de amparo, en el que se dict� la resoluci�n que contiene el criterio denunciado como contradictorio.

      En la resoluci�n en an�lisis, el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, concedi� el amparo y protecci�n a la parte quejosa, apoy�ndose en las siguientes consideraciones:

      1. Que el Tribunal Unitario aplic� indebidamente el art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas y, por tanto, dej� de atender el contenido de los art�culos 113 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al determinar que el c�mputo de diez meses pactado en la fianza se debe computar a partir de la notificaci�n de rescisi�n del contrato de obra p�blica y no a partir del abandono de la obra; siendo incorrecto que la reclamaci�n del pago de fianza se encontrara dentro del t�rmino pactado.

      2. Que el art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, vigente en mil novecientos noventa y nueve, no es aplicable al presente asunto, puesto que s�lo tiene aplicaci�n para las partes que suscribieron el contrato de obra p�blica y rige para el caso de que la dependencia contratante tenga que rescindir administrativa o judicialmente dicho contrato por causas imputables al contratista, a efecto de hacer exigibles las fianzas otorgadas.

      3. Que la liberaci�n de obligaciones a favor de las instituciones de fianzas, por caducidad, se encuentra expresamente regulada por el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y la actualizaci�n de dicha figura jur�dica debe atenderse de acuerdo a lo que hayan pactado las partes en el contrato de fianza, o bien, a lo previsto en dicho ordenamiento legal; por lo que si �ste no contempla la aplicaci�n supletoria de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas para efectos de la sustanciaci�n del juicio especial de fianzas, es evidente que no tiene aplicaci�n la fracci�n II del art�culo 72 de esta �ltima ley.

      4. Que el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece dos supuestos para que las afianzadoras puedan quedar liberadas de las obligaciones que adquieran con el otorgamiento de fianzas; el primero al pactarse obligaciones por tiempo determinado cuando el beneficiario no presente su reclamaci�n dentro del plazo estipulado en la p�liza, o dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la terminaci�n de la vigencia de la p�liza; y el segundo, al pactarse obligaciones por tiempo indeterminado cuando el beneficiario omita presentar la reclamaci�n dentro de ciento ochenta d�as naturales siguientes a la fecha en que la obligaci�n garantizada se haya vuelto exigible, por incumplimiento del fiado.

      5. Que en el presente caso resulta aplicable el primer p�rrafo del citado precepto, que establece la obligaci�n por tiempo determinado, toda vez que las partes contratantes convinieron que el beneficiario de la fianza dispondr�a de un t�rmino de diez meses para formular la reclamaci�n correspondiente, comput�ndose a partir de su exigibilidad; por lo que el t�rmino correcto para hacer exigible la caducidad de la fianza debe contarse a partir del d�a siguiente a aquel en que la contratista abandon� la obra y suspendi� injustificadamente los trabajos encomendados, y no as� la fecha de notificaci�n de la rescisi�n administrativa del contrato.

      Lo hasta aqu� expuesto permite precisar que el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene el criterio de que trat�ndose de p�lizas de fianza por tiempo determinado, otorgadas para garantizar el cumplimiento de contratos de obra p�blica, el plazo pactado para promover la reclamaci�n correspondiente, en t�rminos de la primera parte del p�rrafo primero del art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, debe empezar a computarse a partir del d�a siguiente al que el contratista abandon� la obra y suspendi� injustificadamente los trabajos encomendados y no a partir de la notificaci�n de la rescisi�n administrativa del contrato, siendo injustificado que en el caso se aplique lo dispuesto en el art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas.

      Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, considera que s� existe contradicci�n entre los criterios sustentados, por una parte, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y, por la otra, por el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito.

      En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver los juicios de amparo n�meros 874/2004, 11643/200, 7563/99 y 7403/99, sostuvo el criterio de que trat�ndose de p�lizas de fianza otorgadas para garantizar el cumplimiento de contratos de obra p�blica, los plazos previstos en el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para promover la reclamaci�n correspondiente y no se configure la figura de la caducidad, deben empezar a computarse a partir de que el �rgano de la administraci�n p�blica contratante notifique la resoluci�n de rescisi�n contractual por incumplimiento del fiado, emitida conforme lo dispuesto en el art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas.

      Por su parte, el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo 336/2004, consider� que trat�ndose de p�lizas de fianza por tiempo determinado, otorgadas para garantizar el cumplimiento de contratos de obra p�blica, el plazo pactado para promover la reclamaci�n correspondiente, en t�rminos de la primera parte del p�rrafo primero del art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, debe computarse a partir del d�a siguiente al que el contratista abandon� la obra y suspendi� injustificadamente los trabajos encomendados y no a partir de la notificaci�n de la rescisi�n administrativa del contrato, siendo injustificado que en el caso se aplique lo dispuesto en el art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas.

      De lo anterior se obtiene que se dan los elementos que puntualiza la jurisprudencia preinserta, dado que:

  4. Al resolver los negocios que se confrontan, los Tribunales Colegiados examinaron igual cuesti�n jur�dica, esto es, la aplicaci�n del art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, trat�ndose de p�lizas de fianzas otorgadas para garantizar el cumplimiento de contratos de obra p�blica, y su consecuente repercusi�n en el c�mputo de los plazos previstos en el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para promover la reclamaci�n correspondiente y que no se configure la caducidad.

  5. La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados al resolver juicios de amparo ante ellos promovidos.

  6. Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados contendientes analizan p�lizas de fianza otorgadas para garantizar el cumplimiento de contratos de obra p�blica.

    Consecuentemente, la materia de contradicci�n de tesis radica en determinar si trat�ndose de contratos de fianza celebrados para garantizar las obligaciones adquiridas en contratos de obra p�blica, los t�rminos para formular la reclamaci�n correspondiente previstos en el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y evitar que se configure la caducidad, deben computarse a partir del acto de incumplimiento por parte del fiado o bien, hasta que el �rgano de la administraci�n p�blica contratante notifique la resoluci�n de rescisi�n del contrato, por incumplimiento del fiado, conforme al art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas (abrogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P�blico; y derogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Obras P�blicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra p�blica, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de enero de dos mil).

SEXTO

En relaci�n con la materia de la contradicci�n de tesis, resulta indispensable en primer t�rmino establecer algunos lineamientos generales acerca de la naturaleza de los contratos de obra p�blica.

Conforme a lo dispuesto en el art�culo 134 constitucional, que se�ala: "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaci�n de servicios de cualquier naturaleza y la contrataci�n de obra ... se adjudicar�n o llevar�n a cabo a trav�s de licitaciones p�blicas mediante convocatoria p�blica"; el Estado celebra contratos para ejecutar obras p�blicas, as� como para adquirir, arrendar o reparar bienes inmuebles, de acuerdo a la regulaci�n espec�fica que al respecto determina el legislador en los ordenamientos correspondientes.

Ahora bien, dichos contratos de obra p�blica son de naturaleza administrativa, ya que el Estado interviene en su funci�n de persona de derecho p�blico, soberana, en situaci�n de supraordinaci�n respecto del particular, con el prop�sito de satisfacer necesidades colectivas y proporcionar beneficios sociales; debidos precisamente a esta naturaleza presentan caracter�sticas diversas a los contratos celebrados entre particulares.

En estos contratos el particular se compromete con el Estado a realizar una obra determinada conforme a las exigencias pactadas, por lo que los contratos de fianza que al efecto se suscriben se dirigen a garantizar el pago de una cantidad de dinero para el caso de que se incumpla con los t�rminos en que se haya suscrito el contrato; sin embargo, por su propia naturaleza los contratos de obra p�blica no surgen a la vida jur�dica a partir de una decisi�n libre y espont�nea de las partes, conforme a la cual determinen con qui�n y en qu� t�rminos se comprometen, sino que la formaci�n del consentimiento var�a, ya que se sujeta al proceso de licitaci�n p�blica y adjudicaci�n, por lo que el consentimiento se hace de forma progresiva, de acuerdo a los diversos tr�mites y requisitos que implica el proceso.

As�, a diferencia de los contratos celebrados entre particulares, en este tipo de contratos la voluntad de la entidad contratante se da a partir del procedimiento administrativo correspondiente, y se declara a trav�s de un acto administrativo, como lo es la celebraci�n del contrato de obra p�blica, el cual, como todo acto realizado por el poder estatal, en su formaci�n y vigencia se encuentra regido no s�lo por las manifestaciones que las partes hubieren expresado en el propio contrato, sino por los t�rminos previstos por el legislador en el ordenamiento jur�dico aplicable, ya que, como se dijo, la voluntad del Estado no puede ser expresada de manera libre y espont�nea, sino siempre se regir� conforme a las atribuciones que se le reconocen legalmente.

En los contratos de obra p�blica, el contratista asume diversas obligaciones, entre ellas se encuentra, como obligaci�n principal, la de ejecutar la obra objeto del contrato; y como consecuencia de esta obligaci�n se generan otras, como son:

  1. Garantizar el cumplimiento de la obligaci�n principal (art�culo 59, tercer p�rrafo, de la ley).

  2. Cumplir con los reglamentos de construcci�n (art�culo 79 bis de la ley).

  3. Responder por los vicios ocultos (art�culo 75 de la ley).

Ahora bien, en relaci�n con el contrato de fianza, el art�culo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece:

Art�culo 113. En lo no previsto por esta ley, se aplicar� la legislaci�n mercantil y a falta de disposici�n expresa, el C�digo Civil Federal. Ser�n aplicables a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas, las disposiciones establecidas en dichos ordenamientos mientras no se opongan a lo dispuesto por esta ley.

En este orden de ideas, jur�dicamente es apropiado analizar la naturaleza del contrato de fianza y la exigibilidad de las obligaciones que de �l se derivan a la luz de lo dispuesto en el C�digo Civil Federal, que en sus art�culos 2794, 2797, 2190 y 2080, establece:

"Art�culo 2794. La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si �ste no lo hace."

"Art�culo 2797. La fianza no puede existir sin una obligaci�n v�lida."

"Art�culo 2190. Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho."

Art�culo 2080. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podr� el acreedor exigirlo sino despu�s de los treinta d�as siguientes a la interpelaci�n que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Trat�ndose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligaci�n.

De lo anterior se advierte que el contrato de fianza es de naturaleza accesoria, pues su vida jur�dica depende de la existencia de un diverso en el que el deudor adquiere una obligaci�n con el acreedor; siendo precisamente la falta de cumplimiento de esta obligaci�n la materia de regulaci�n en el contrato de fianza, que se traduce en la obligaci�n que adquiere la afianzadora de pagar al acreedor en caso de que el deudor no cumpliera con la obligaci�n adquirida.

Ahora bien, conforme a los preceptos transcritos, la exigibilidad del pago se dar� en funci�n de la imposibilidad jur�dica de rehusarlo, es decir, cuando exista certeza jur�dica en relaci�n al incumplimiento en que ha incurrido el deudor.

En este orden de ideas, al ser el contrato de fianza un contrato accesorio, en el presente caso, al de obra p�blica, no puede desvincularse de la naturaleza de �ste, es decir, de su naturaleza de acto administrativo, as� como tampoco de las disposiciones que lo regulan, pues, como se ha mencionado, la voluntad del Estado de obligarse se encuentra regida precisamente por dichas disposiciones.

Los contratos de obra p�blica, de los que emanan los contratos de fianza analizados por los Tribunales Colegiados contendientes se reg�an por la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas (abrogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P�blico; y derogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Obras P�blicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra p�blica, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de enero de dos mil), la cual en sus art�culos 40, 72, fracci�n II, y 73 se�alaba:

"Art�culo 40. Las dependencias y entidades podr�n rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor o contratista ..."

"Art�culo 72. En la suspensi�n, rescisi�n administrativa o terminaci�n anticipada de los contratos de obra p�blica, deber� observarse lo siguiente:

"...

"II. En caso de rescisi�n del contrato por causas imputables al contratista, la dependencia o entidad proceder� a hacer efectivas las garant�as y se abstendr� de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados a�n no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deber� efectuarse dentro de los cuarenta d�as naturales siguientes a la fecha de notificaci�n de la rescisi�n. En dicho finiquito deber� preverse el sobre costo de los trabajos a�n no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, as� comolo relativo a la recuperaci�n de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. ..."

Art�culo 73. De ocurrir los supuestos establecidos en el art�culo 72, las dependencias y entidades comunicar�n la suspensi�n, rescisi�n o terminaci�n anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo har�n del conocimiento de la Secretar�a y de la Contralor�a, a m�s tardar el �ltimo d�a h�bil de cada mes, mediante un informe que se referir� a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior.

De los preceptos anteriores se desprenden varios supuestos legales:

1) Las autoridades se encontraban facultadas para declarar la rescisi�n del contrato de obra p�blica en caso de incumplimiento del contratista.

2) En caso de rescisi�n administrativa del contrato por causas imputables al contratista, las autoridades podr�an exigir el pago de garant�as con posterioridad a ella.

3) Para el caso de que se presentara el incumplimiento, pero las autoridades no declararan la rescisi�n administrativa del contrato, la ley es omisa en cuanto a las garant�as contratadas.

Precisado lo anterior, debe puntualizarse que el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece:

"Art�culo 120. Cuando la instituci�n de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedar� libre de su obligaci�n por caducidad, si el beneficiario no presenta la reclamaci�n de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la p�liza o, en su defecto, dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la expiraci�n de la vigencia de la fianza.-Si la afianzadora se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedar� liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamaci�n de la fianza dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligaci�n garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado.-Presentada la reclamaci�n a la instituci�n de fianzas dentro del plazo que corresponda conforme a los p�rrafos anteriores, habr� nacido su derecho para hacer efectiva la p�liza, el cual quedar� sujeto a la prescripci�n. La instituci�n de fianzas se liberar� por prescripci�n cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligaci�n garantizada o el de tres a�os, lo que resulte menor.-(Reformado, D.O.F. 3 de enero de 1997) Cualquier requerimiento escrito de pago hecho por el beneficiario a la instituci�n de fianzas o en su caso, la presentaci�n de la reclamaci�n de la fianza, interrumpe la prescripci�n, salvo que resulte improcedente."

En los dos primeros p�rrafos del precepto transcrito el legislador establece tres hip�tesis:

  1. Cuando la instituci�n de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedar� libre de su obligaci�n por caducidad si el beneficiario no presenta la reclamaci�n de fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la p�liza.

  2. Cuando la instituci�n de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedar� libre de su obligaci�n por caducidad si el beneficiario no presenta la reclamaci�n de fianza dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la expiraci�n de la vigencia de la fianza.

  3. Cuando la instituci�n de fianzas se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedar� libre de su obligaci�n por caducidad si el beneficiario no presenta la reclamaci�n de fianza dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligaci�n garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado.

Trat�ndose de las hip�tesis previstas en los puntos 1 y 3 anteriores, el legislador establece a favor del beneficiario, el derecho de hacer efectiva la fianza, no a partir de un momento determinado, sino a partir de la exigibilidad de la obligaci�n en ella garantizada, de acuerdo a las circunstancias propias del caso concreto, sea dentro del plazo estipulado en el contrato, sea en el t�rmino de ciento ochenta d�as, dependiendo de si se trata de un contrato de p�liza a tiempo determinado o indeterminado.

Sin embargo, trat�ndose de contratos de obra p�blica, regidos por la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas (abrogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P�blico; y derogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Obras P�blicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra p�blica, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de enero de dos mil), que otorgaba la facultad a la entidad contratante de resolver sobre la rescisi�n del contrato, impidi�ndole, para el caso, hacer exigible cualquier garant�a hasta en tanto no fuera declarada dicha rescisi�n, debe darse una interpretaci�n congruente con esto al mencionado art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; pues, como ya se dijo, la voluntad del Estado no es aut�noma y, por tanto, no puede considerarse �nicamente al contrato como expresi�n de la misma, ya que de ser as� cualquier requerimiento de pago de garant�as previo a la declaraci�n de rescisi�n, resultar�a contrario al texto legal que reg�a los contratos de obra p�blica.

En este panorama jur�dico, resulta claro que si en los casos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes, las autoridades que fueron parte en los contratos de obra p�blica, al advertir el incumplimiento por parte del contratista ejercieron su facultad de declararlos rescindidos, legalmente se encontraban impedidas para exigir el pago de garant�a alguna previamente a que esa declaraci�n fuera notificada, pues la voluntad estatal, en este sentido se encuentra regida en los t�rminos legales precisados y no era necesario que se reiterara en el acto administrativo correspondiente.

Por tanto, la exigibilidad del pago de garant�as, en los casos regidos por la ley que se analiza, y en el supuesto de que las autoridades administrativas hubieran declarado la rescisi�n administrativa de un contrato de obra p�blica, debe considerarse a partir precisamente de la notificaci�n de esta declaraci�n al fiado y no del momento en que se realiz� el acto de incumplimiento por parte del contratista, pues legalmente dichas autoridades, en este �ltimo momento, se encontraban impedidas legalmente para exigir a la afianzadora que cubriera el monto correspondiente.

Por tanto, trat�ndose de contratos de obra p�blica regidos por la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas (abrogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector P�blico, y derogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Obras P�blicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra p�blica, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de enero de dos mil), los plazos que se prev�n en el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para que se configure la caducidad, de acuerdo al que se "haya estipulado en la p�liza" (cuando la instituci�n de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado) o de ciento ochenta d�as (cuando lo hubiera hecho por tiempo indeterminado) deben computarse a partir de que se notifique al fiado la resoluci�n de rescisi�n que prev� el art�culo 72, fracci�n II, de dicha ley, en el caso de que la autoridad contratante hubiera ejercido dicha facultad.

Por otro lado, en lo que respecta a la hip�tesis prevista en el punto 2, el legislador no considera como punto de partida la exigibilidad de la obligaci�n garantizada en la p�liza de fianza; sino que es expreso en se�alar que la instituci�n de fianzas que se hubiera obligado por tiempo determinado, quedar� libre de su obligaci�n por caducidad si el beneficiario no presenta la reclamaci�n de fianza dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a la expiraci�n de la vigencia de la fianza; esto es, deja de considerar la exigibilidad de la obligaci�n y establece un momento cierto, aquel en que expira el contrato accesorio; sin embargo, conforme a las razones que han quedado precisadas en esta ejecutoria, as� como la imposibilidad jur�dica a que se enfrenta la entidad contratante de exigir el pago de garant�as previamente a la notificaci�n de la declaratoria de rescisi�n administrativa del contrato de obra p�blica, en caso de haber ejercido tal facultad, debe considerarse que de ser ese el caso, el t�rmino de ciento ochenta d�as a que se refiere este supuesto, tambi�n debe computarse a partir de que dicha rescisi�n sea notificada al fiado.

En este orden de ideas, el criterio que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia, es el siguiente:

FIANZAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE OBRA P�BLICA. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICA LA RESCISI�N POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.-Conforme al art�culo 72, fracci�n II, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas (abrogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P�blico, y derogada por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Obras P�blicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra p�blica, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de enero de dos mil), las autoridades estaban facultadas para declarar la rescisi�n del contrato de obra p�blica en caso de incumplimiento del contratista y posteriormente exigir el pago de garant�as, por lo que los supuestos previstos en el art�culo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, deben interpretarse conjuntamente con el citado art�culo 72, toda vez que la voluntad del Estado no es aut�noma y, por tanto, no puede considerarse �nicamente al contrato como expresi�n de la misma. Consecuentemente, en el supuesto de que las autoridades administrativas hubieran declarado la rescisi�n administrativa de un contrato de obra p�blica, la caducidad de la fianza que lo garantiza se computar� a partir de la notificaci�n al fiado de esta declaraci�n y no del momento en que el contratista incurri� en incumplimiento, o cuando se extingui� la p�liza de fianza, pues previamente a dicha notificaci�n, las autoridades estaban impedidas legalmente para exigir a la afianzadora el pago del monto correspondiente.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados, por una parte, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y, por la otra, por el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo la tesis jurisprudencial que ha quedado redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

D�sele publicidad a esta ejecutoria, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; c�mplase y en su oportunidad arch�vese el expediente.

As�, lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: S.V.H.�ndez, J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V. (ponente). Ausente Jos� de Jes�s G.�o P..