Ejecutoria num. 1a./J. 29/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823885

Ejecutoria num. 1a./J. 29/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 29/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.ROBO SIMPLE ENTRE CÓNYUGES. SE CONFIGURA AUN CUANDO RECAIGA SOBRE BIENES PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y GUERRERO).

 
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 46/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el prop�sito de establecer y delimitar la materia de la contradicci�n, se estima conveniente transcribir, en la parte que interesa, los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales que emitieron los criterios contradictorios.
a) El Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n penal n�mero 379/2001, promovido por ... el veintisiete de febrero de dos mil dos, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. Son fundados los agravios hechos valer por la recurrente, suplidos en su deficiencia en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., en la medida que a continuaci�n se indica. En efecto, se considera que en el presente asunto, tanto la Juez responsable como la Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, realizaron una apreciaci�n inexacta del contenido del art�culo 177 del C�digo Penal para el Estado de Chiapas, que dispone: ?... Comete el delito de robo, el que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley ...?. De la anterior descripci�n se desprenden los siguientes elementos materiales y normativos del delito seg�n su estructura legal, que son: a) Una acci�n de apoderamiento. b) De cosa mueble. c) Que la cosa sea ajena. d) Que el apoderamiento se realice sin derecho; y, e) Que ese apoderamiento se realice sin consentimiento de la persona que puede disponer de la cosa conforme a la ley. De acuerdo con lo anterior, resulta indispensable y necesario que para la configuraci�n del il�cito de robo sea menester que concurran todos sus elementos; sin embargo, en el caso concreto no se acredita la existencia de los elementos c) y d) citados con antelaci�n. Lo anterior es as�, porque si bien es cierto obra en autos la denuncia formulada por el supuesto ofendido ... en el sentido de que la hoy recurrente ... sustrajo de su domicilio ubicado en ... de la ciudad de Tapachula de C�rdova y O., una televisi�n marca LG Goldstar de veintitr�s pulgadas, aspecto que fue corroborado por los testigos de cargo ... por cuanto fueron contestes en manifestar que aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil, la impetrante de garant�as en compa��a de otro sujeto del que desconocen el nombre, forzaron la puerta de la entrada principal del domicilio habitado por ... ubicado en el domicilio indicado y que despu�s de haber penetrado a dicha casa habitaci�n, extrajeron un televisor, sin que hayan proporcionado las caracter�sticas de �ste; con la fe ministerial del lugar de los hechos y de objetos, en la que se hizo constar que en dicho domicilio se encuentra una puerta de herrer�a en color blanco, con la chapa da�ada, y de otros bienes existentes en el interior del domicilio; sin embargo, no menos cierto resulta que la quejosa ... es esposa del denunciante como se advierte del acta de matrimonio expedida de ... por el oficial 01 del Registro Civil de Tuzant�n, Chiapas y de la propia declaraci�n ministerial del ofendido, adem�s de que consta fehacientemente que se casaron bajo el r�gimen de sociedad conyugal. En relaci�n con lo anterior, resulta pertinente precisar que el robo constituye en su esencia jur�dica un ataque da�oso a los derechos patrimoniales de cualquier persona; es decir, nadie puede robarse a s� mismo o bien que; nadie puede cometer robo en sus bienes, conclusiones que resultan evidentes, en atenci�n a las siguientes razones. La locuci�n ?cosa ajena?, empleada por la ley al tipificar el robo, s�lo puede tener una interpretaci�n racional: la de que la cosa objeto del delito no pertenezca a la sujeto activo, por ello para que se d� por comprobado este elemento normativo e imprescindible, basta que se demuestre por cualesquiera de los sistemas probatorios procesales, que el objeto mueble materia de la infracci�n no pertenece al autor. El apoderamiento sin derecho, como elemento normativo del injusto comprende el derecho mismo y la capacidad para ejercerlo, consecuentemente, es leg�timo el apoderamiento si se efect�a en el ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber legal. Por otro lado, la acci�n de apoderarse de las cosas sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley, puede manifestarse en tres diversas formas, seg�n los diferentes procedimientos de ejecuci�n, a saber: a) Contra la voluntad libre o expresa del paciente de la infracci�n, logr�ndose el apoderamiento por el empleo de la violencia f�sica o moral contra el sujeto pasivo. b) Contra la voluntad del sujeto de la infracci�n pero sin empleo de violencia personal, como en el caso de que la v�ctima contempla el apoderamiento sin poderlo impedir por la rapidez o habilidad de la maniobra de aprehensi�n o circunstancias an�logas. c) En ausencia de la voluntad del ofendido, sin conocimiento ni intervenci�n de �ste, cuando el robo se comete furtiva o subrepticiamente. De igual manera, la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, recientemente estableci� al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 89/96, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 47/2001, que la sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Lo anterior siempre y cuando no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pues de haberlo hecho a ellas debe estarse y, en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia dispone el art�culo 183 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y su correlativo 180 del C�digo Civil para el Estado de Chiapas, en el entendido de que el contrato de matrimonio celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y su existencia no est� condicionada al establecimiento de capitulaciones matrimoniales, por lo que es inconcuso que obliga a los consortes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Conforme a lo anterior disertado, este tribunal estima que si bien el C�digo Penal para el Estado de Chiapas en su art�culo 186 prev� la existencia del delito de robo entre c�nyuges, que textualmente se�ala: ?El robo se perseguir� por querella del sujeto pasivo, cuando sea cometido por parientes por consanguinidad, hasta el segundo grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado o parientes por afinidad hasta el segundo grado, o sea realizado entre c�nyuges.?; sin embargo, �ste no se configura cuando uno o ambos consortes compran bienes muebles y se encuentran casados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, porque los bienes adquiridos durante el tiempo en que subsiste la sociedad pertenecen a ambos, como lo prev� el numeral 191 del C�digo Civil para el Estado de Chiapas; de ah� que, si de las constancias procesales se conoce que la quejosa ... se encontraba casada bajo el r�gimen de sociedad conyugal con el que se dice ofendido ... y que la televisi�n marca LG Goldstar objeto material del robo pertenece a la sociedad conyugal, l�gico es que el supuesto apoderamiento resulta l�cito y no il�cito, en raz�n de que no existe en la indagatoria medio de convicci�n alguno que demuestre lo contrario, es decir, que se hubieren divorciado; que se haya liquidado la sociedad conyugal; o que existan capitulaciones matrimoniales, donde se acredite que el bien mueble pertenece exclusivamente al ofendido. Por otra parte, cabe se�alar que aun en la hip�tesis de que la sujeto activo hubiera sustra�do la televisi�n del domicilio ubicado en ... de la ciudad de Tapachula de C�rdova y O., aqu�lla en ning�n momento se apoder� de cosa ajena, sino de una propia y por ello, ten�a el derecho de disponer del bien mueble con arreglo a la ley, adem�s de que la casa donde ocurri� el supuesto evento delictivo, tambi�n es propiedad de la recurrente, por as� advertirse del testimonio p�blico n�mero ... pasada ante la fe del licenciado ... notario p�blico n�mero Cincuenta y Nueve del Estado de Chiapas, donde aparece que la recurrente ... compraron al Gobierno del Estado de Chiapas el inmueble antes referido, respecto del cual tiene la posesi�n, por as� desprenderse de las declaraciones de los testigos de descargo ... quienes afirmaron que la quejosa vive en el mismo domicilio que el denunciante, o en su defecto, aunque no estuviera acreditada la posesi�n f�sica, tendr�a la sujeto activo la originaria, como se desprende del precepto 785 del C�digo Civil de esta entidad federativa en relaci�n con el 796; en consecuencia, debe se�alarse por las consideraciones expuestas que en el caso no se acredita el cuerpo del delito de robo y, por tanto, tampoco la probable responsabilidad penal de la recurrente. Es aplicable en lo conducente la tesis VI.1o. 21 P sustentada por (sic) Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal comparte y hace suya, visible en la p�gina 539, Tomo XV-II, febrero de 1995, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?ROBO ENTRE C�NYUGES. INEXISTENCIA DEL DELITO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA). Si hubo apoderamiento por uno de los c�nyuges de cosas muebles pertenecientes a la sociedad conyugal, por as� acreditarse con la copia certificada del Registro Civil, tal conducta no encuadra dentro del supuesto que contempla el art�culo 373 del C�digo de Defensa Social que prev� el delito de robo y, por tanto, la orden de aprehensi�n decretada en su contra no se encuentra ajustada a lo preceptuado por el art�culo 16 constitucional.?. Tambi�n es aplicable por las razones que le informan la jurisprudencia 1a./J. 48/2001, emitida por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a p�gina 433, Novena �poca, T.X., septiembre de 2001, bajo el rubro y texto siguiente: ?SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A T�TULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS C�NYUGES O A T�TULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRA�DO BAJO ESE R�GIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COM�N (C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). Si se toma en consideraci�n, por un lado, que los elementos que definen a la sociedad conyugal se identifican con los de una sociedad de gananciales, que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualquiera de los c�nyuges durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos; por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad com�n; y los adquiridos por fondos del caudal com�n o adquiridos a t�tulo gratuito por ambos c�nyuges y, por otro, que el fundamento y finalidad de este tipo de comunidad consiste en sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos, si los hubiere, es inconcuso que aunque no se hubiesen formulado capitulaciones en los matrimonios celebrados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, este �ltimo se�alamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada b�sicamente, entre otros, por los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualesquiera de los c�nyuges, inclusive el producto del trabajo, las rentas y los frutos.?. De igual manera, tiene aplicaci�n por identidad jur�dica sustancial la tesis XIX.2o.5 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, que este �rgano colegiado comparte y hace suya, visible en la p�gina 626, Tomo II, octubre de 1995, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que reza: ?ROBO, INEXISTENCIA DEL DELITO DE. TRAT�NDOSE DE COPROPIETARIOS. No se configura el delito de robo previsto y sancionado en los art�culos 399 y 403 del C�digo Penal del Estado de Tamaulipas, trat�ndose de copropietarios, toda vez que, por su car�cter tienen derechos de propiedad sobre una parte al�cuota de los bienes materia del il�cito y, por ende, no se dan los elementos �cosa ajena� y �sin derecho�, necesarios para su configuraci�n.?. En m�rito de las anteriores consideraciones, lo procedente es revocar la sentencia recurrida para conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a la impetrante de garant�as ... No es obst�culo a lo anterior, el hecho de que la Juez Federal en la resoluci�n constitucional que se impugna se haya fundado en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, publicada en la p�gina 1018 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo III, marzo de 1996, Novena �poca, del tenor: ?ROBO ENTRE C�NYUGES. SU CONFIGURACI�N NO LA IMPIDE LA SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE GUERRERO). Para la configuraci�n del delito de robo es menester que la cosa objeto del mismo se encuentre en poder de persona distinta a la del agente. Por otra parte, el r�gimen de sociedad conyugal, consiste en la formaci�n y administraci�n de un patrimonio com�n, diferente de los patrimonios propios de los consortes; ahora bien, si uno de ellos, pone los bienes bajo su exclusivo control, sin el previo consentimiento del otro para ello, es inconcuso que quedan acreditados en la especie los elementos del tipo penal de robo entre los c�nyuges que prev� y sanciona el art�culo 163 en congruencia con el diverso 185 del C�digo Penal vigente en el Estado de G..?, pues el criterio de ese �rgano colegiado difiere esencialmente con lo disertado en el estudio jur�dico que se realiz� en esta ejecutoria para conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a la quejosa. En efecto, en dicho criterio el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, G., sostiene que se configura el delito de robo entre c�nyuges, cuando los bienes muebles objeto del il�cito se encuentren bajo el r�gimen de sociedad conyugal, es decir, si uno de los c�nyuges se apodera de un bien mueble de manera unilateral respecto del cual el otro ejerce el dominio, que se traduce en que la cosa se encuentra bajo su estricto control, se actualiza la conducta t�pica, antijur�dica e imputable al inculpado, porque se arguye que para que uno de los c�nyuges pueda ejercer actos de dominio respecto de los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, es requisito indispensable que cuente con la autorizaci�n y consentimiento de su consorte; sin embargo, como se dijo con anterioridad, este tribunal considera que no existe el delito de robo entre esposos, cuando se casan bajo el r�gimen de sociedad conyugal, pues los bienes que se adquieran durante ese r�gimen le pertenecen en com�n a ambos, y en esa medida, se le otorga igualdad de derechos sobre los bienes, adem�s de que el dominio de los bienes comunes como en el caso, reside en ambos c�nyuges, por ello, se considera que el bien mueble objeto del delito se encuentra en copropiedad el cual no admite c�moda divisi�n y, por tanto, no se acreditan los elementos ?cosa ajena? y ?sin derecho?, necesarios para su configuraci�n." (fojas 61 a 72 del toca de contradicci�n de tesis).
La anterior resoluci�n dio lugar a la tesis cuyos datos de identificaci�n, contenido y precedentes a la letra, dicen:
"ROBO ENTRE C�NYUGES. INEXISTENCIA DEL DELITO CUANDO HAY SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE CHIAPAS). El art�culo 186 del C�digo Penal para el Estado de Chiapas prev� la existencia del delito espec�fico de robo entre c�nyuges; sin embargo, el il�cito no se configura cuando uno o ambos consortes compran alg�n bien mueble y se encuentran casados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, porque al ser adquirido durante el tiempo en que �sta subsiste, pertenece a los dos, como lo estipula el numeral 191 del C�digo Civil para el Estado de Chiapas; por consiguiente, si de las constancias procesales se conoce que el objeto material del robo corresponde al indicado r�gimen, l�gico es que el supuesto apoderamiento resulta l�cito, si no existe en la indagatoria medio de convicci�n alguno que demuestre que en el momento en que se llev� a cabo la conducta ya se encontraban divorciados y liquidada la sociedad conyugal, o bien, la existencia de capitulaciones matrimoniales donde se acredite la pertenencia exclusiva del bien, de aquel que se dice ofendido y, en esa medida, se estima que si el dominio de los bienes comunes reside en los c�nyuges, no se justifican los elementos gen�ricos ?cosa ajena? y ?sin derecho?, necesarios para la configuraci�n del delito previsto en el art�culo 177 del ordenamiento legal invocado.
"A. en revisi�n 379/2001. 27 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: El�as �lvarez Torres. Secretario: L.E.V.E.." (Novena �poca, Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., julio de 2002, tesis XX.2o.23 P, p�gina 1399).
b) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito resolvi� el juicio de amparo n�mero 243/95, en ejecutoria de tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco, con base en las consideraciones que se insertan en la parte relacionada con este asunto:
"QUINTO. Son esencialmente fundados los motivos de inconformidad que a t�tulo de agravios esgrime la autoridad inconforme ante esta instancia revisora, mismos que se estudian en conjunto por la �ntima relaci�n que guardan las cuestiones que comprenden, con fundamento en el art�culo 79 de la Ley de A., como se ver� a continuaci�n. En efecto, asiste raz�n a la autoridad recurrente, cuando aduce que el Juez de Distrito en la sentencia protectora impugnada le causa agravios al considerar que en la especie no se actualiza el delito de robo entre c�nyuges porque el quejoso se apoder� de los bienes que son de su propiedad, es decir, de su copropiedad conyugal, y que como el apoderamiento no recay� sobre cosas ajenas, entonces existe atipicidad, por tanto, si con tales acciones se afect� el patrimonio de la sociedad conyugal respecto de la ofendida, �stas son cuestiones meramente civiles reclamables en esa v�a. Lo anterior es as�, cuenta habida que, tal como lo aduce la autoridad recurrente y contrario a lo estimado por el a quo, el mandamiento privativo de libertad que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garant�as sujeto a revisi�n, cumple cabalmente con las exigencias establecidas por el art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, dado que de dicha orden de captura se desprenden con meridiana claridad las probanzas que conducen a tener por demostrado tanto los elementos del tipo penal de robo entre c�nyuges a que aluden los numerales 163 en relaci�n con el 185 ambos del c�digo punitivo vigente en la entidad, como tambi�n la presunta responsabilidad del inculpado hoy quejoso en la comisi�n de tal antijur�dico; elementos, que sencillamente se surten desde el momento en que como lo refieren coincidentemente por un lado los testigos presenciales de los hechos ... y por el otro de los testigos de preexistencia, propiedad y falta posterior de lo robado ... corroborando ambas testimoniales de los hechos antisociales denunciados por la ofendida en la averiguaci�n n�mero 346/94, en el sentido de que el hoy quejoso en distintas fechas se apoder� de diversos bienes que pertenec�an a la sociedad conyugal, esto es, de los bienes muebles habidosdentro de �sta a que se aluden en la indagatoria en cita, sin consentimiento de su consorte para ejercer actos de dominio respecto de dichos bienes de manera unilateral; es de donde se actualiza efectivamente la conducta t�pica, antijur�dica e imputable al inculpado hoy quejoso del delito de que se trata, pues como bien lo refiere la autoridad recurrente, para que uno de los c�nyuges pueda ejercer actos de dominio respecto de los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal es requisito indispensable que cuente con la autorizaci�n y consentimiento de su consorte; lo que no ocurri� en la especie sin lugar a dudas, pues prueba de ello es que esta �ltima present� su querella oportunamente ante el �rgano investigador en contra de su propio esposo denunciando los hechos delictivos en comentario. Sin que sea �bice a lo anterior, el hecho de que, el a quo sostenga en la sentencia recurrida que los actos de dominio respecto de los bienes ejecutados por el quejoso lo fueron en relaci�n de su propiedad o bien de su copropiedad conyugal y que, por tanto, no lo fue de cosa ajena, existiendo, por tanto, atipicidad, apoyando adem�s sus consideraciones en lo establecido por el art�culo 441 del c�digo sustantivo civil vigente en el Estado; puesto que contrario a ello, como atinadamente lo expone la autoridad recurrente en su escrito de agravios, al apoderarse de manera unilateral, el inculpado hoy quejoso, de los diversos bienes muebles a que se alude en la averiguaci�n previa en comentario que pertenecen a la sociedad conyugal, sin el previo consentimiento de su c�nyuge (esposa), efectivamente existe atipicidad �nicamente en la parte que corresponde a la copropiedad del inculpado, pero no as� por lo que ve a la parte copropiedad de su consorte, pues no hay que perder de vista que el r�gimen de la sociedad conyugal, consiste en la formaci�n y administraci�n de un patrimonio com�n, diferente de los patrimonios propios de los consortes, como bien lo esgrime e interpreta la autoridad recurrente, en t�rminos de lo prescrito por el art�culo 441 del c�digo sustantivo civil vigente en la entidad. Bajo la anterior tesitura, es dable colegir que, si el inculpado hoy quejoso puso los supracitados bienes muebles detentados por la sociedad conyugal bajo su exclusivo control, ejercitando dichos (sic) sin el previo consentimiento de su consorte para ello, es inconcuso que quedaron acreditados en la especie los elementos del tipo penal de robo entre c�nyuges que prev� y sanciona el art�culo 163 en congruencia con el diverso 185 del c�digo penal vigente en la entidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis invocada por la autoridad inconforme, sustentada por el Tribunal Colegiado del Duod�cimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 217-228, Sexta Parte, p�gina 579, criterio que comparte este tribunal federal y que se aplica por analog�a en la especie, cuyo tenor literal reza: ?ROBO ENTRE C�NYUGES. SU CONFIGURACI�N NO LA IMPIDE LA SOCIEDAD CONYUGAL. Siendo que para la configuraci�n del delito de robo es menester que la cosa objeto del mismo se encuentre en poder de persona distinta a la del agente y en el caso a estudio es claro que los muebles objeto del il�cito al momento de su ejecuci�n, eran detentados por la sociedad conyugal, de ello se sigue que el citado delito se consum� en el momento en que el recurrente puso los bienes bajo su exclusivo control; considerando adem�s que el art�culo 388 del vigente C�digo Penal del Estado de Sinaloa, presupone responsabilidad criminal en el robo entre c�nyuges, previa petici�n del agraviado; sin que sea �bice para estimar demostrados el cuerpo del delito y la consiguiente responsabilidad penal del acusado el que �ste y la ofendida sostengan una relaci�n matrimonial bajo el r�gimen de sociedad conyugal y, que por ende, hicieron vida com�n durante varios a�os, puesto que en la causa qued� demostrado que los objetos del il�cito pertenec�an a la sociedad conyugal y que de los mismos se apoder� el recurrente sin consentimiento de quien pod�a disponer de ellos, ya que para ello requer�a la autorizaci�n de su c�nyuge.?. Por �ltimo, no pasa inadvertido a este tribunal federal destacar que, si bien la autoridad recurrente fund� el acto reclamado �nicamente en el art�culo 163 del C�digo Penal del Estado (robo gen�rico), omitiendo relacionar tal numeral con el diverso 185 que alude al robo entre c�nyuges, tal circunstancia no le irroga agravio alguno al inculpado hoy quejoso, lo que vale decir no obstante que el recurso que nos ocupa haya sido interpuesto por la autoridad inconforme, toda vez que de la sola lectura y motivaci�n del mandamiento privativo de libertad en comentario se desprenden hechos que se adecuan perfectamente a las hip�tesis legales a que se ha hecho m�rito. Congruente con lo anterior y al devenir infundados los agravios de la autoridad inconforme, se impone revocar la resoluci�n impugnada y negar al quejoso la protecci�n federal que le fue concedida por el a quo." (fojas 103 a 106 del toca 46/2002-PS).
Con base en las consideraciones expuestas, el tribunal de referencia sustent� la tesis que a continuaci�n se transcribe:
"ROBO ENTRE C�NYUGES. SU CONFIGURACI�N NO LA IMPIDE LA SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE GUERRERO). Para la configuraci�n del delito de robo es menester que la cosa objeto del mismo se encuentre en poder de persona distinta a la del agente. Por otra parte, el r�gimen de sociedad conyugal, consiste en la formaci�n y administraci�n de un patrimonio com�n, diferente de los patrimonios propios de los consortes; ahora bien, si uno de ellos, pone los bienes bajo su exclusivo control, sin el previo consentimiento del otro para ello, es inconcuso que quedan acreditados en la especie los elementos del tipo penal de robo entre c�nyuges que prev� y sanciona el art�culo 163 en congruencia con el diverso 185 del C�digo Penal vigente del Estado de G..
"A. en revisi�n 243/95. A.B.A.. 3 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jos� Refugio Raya Arredondo. Secretario: V�ctor H.E.P.�n.
"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicci�n n�mero 46/2002, pendiente de resolver en la Primera S.." (Novena �poca, Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, tesis XXI.1o.9 P, p�gina 1018).
CUARTO. Cabe se�alar que aun cuando los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su an�lisis y establecer si existe la contradicci�n planteada y, en su caso, cu�l criterio debe prevalecer.
Tienen aplicaci�n las siguientes tesis que a continuaci�n se transcriben:
"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal ni el art�culo 197-A de la Ley de A., lo establecen as�." (Tesis P. L/94, publicada en la p�gina treinta y cinco, N�mero ochenta y tres, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Pleno, Octava �poca de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de A., regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados." (Tesis de jurisprudencia 2a./J. 94/2000, publicada en la p�gina trescientos diecinueve, T.X., noviembre de dos mil, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta).
QUINTO. Como cuesti�n previa a cualquier otra, cabe determinar si la presente contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, re�ne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo III, abril de dos mil uno, p�gina setenta y seis, que establece:
"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Tambi�n lo previsto en los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicci�n de tesis denunciada. Dichos numerales, prev�n:
"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la S. respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195."
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, as� como el criterio jurisprudencial antes transcrito, refieren a la figura jur�dica de la contradicci�n de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o m�s criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretaci�n de una misma norma jur�dica o punto concreto de derecho y que por seguridad jur�dica deben uniformarse a trav�s de la resoluci�n que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de id�ntica o similar naturaleza.
En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicci�n de tesis, como son: a) Que en las ejecutorias materia de la contradicci�n se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
De lo anterior, cabe destacar que la existencia de la contradicci�n de tesis requiere de manera indispensable que la oposici�n de criterios surja entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretaci�n de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que, precisamente, como antes se defini�, esas consideraciones justifican el criterio jur�dico que adopta cada uno de los �rganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a trav�s de las ejecutorias de amparo materia de la contradicci�n de tesis.
Precisadas las premisas aludidas, que delimitan el marco te�rico en que se desenvuelve este asunto, debe establecerse si en el caso existe oposici�n entre los criterios denunciados y para ponerlo de manifiesto, son de considerarse los antecedentes medulares de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados que dieron origen a la presente contradicci�n, y de los cuales se advierte lo siguiente:
El Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito sostiene el criterio consistente en que si bien es cierto que el art�culo 186 del C�digo Penal para el Estado de Chiapas prev� la existencia del delito de robo entre c�nyuges, tambi�n lo es que este il�cito no se configura cuando uno o ambos consortes adquieren bienes muebles y se encuentran casados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, porque al ser adquiridos durante el tiempo en que �sta subsiste, pertenecen a los dos, como lo establece el numeral 191 del C�digo Civil de esa entidad federativa.
Adem�s, el citado �rgano jurisdiccional agrega que si de las constancias procesales se conoce que el objeto material del robo corresponde al indicado r�gimen, l�gico es que el supuesto apoderamiento resulta l�cito, si no existe en la indagatoria medio de convicci�n alguno que demuestre que en el momento en que se llev� a cabo la conducta ya se encontraban divorciados y liquidada la sociedad conyugal, o bien, la existencia de capitulaciones matrimoniales donde se acredite la pertenencia exclusiva del bien, de aquel que se dice ofendido y, en esa medida, se estima que si el dominio de los bienes comunes reside en los c�nyuges, no se justifican los elementos gen�ricos "cosa ajena" y "sin derecho", necesarios para la configuraci�n del delito de robo previsto en el art�culo 177 del ordenamiento legal invocado.
En tanto que, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito sostiene que para la configuraci�n del delito de robo es menester que la cosa objeto del mismo se encuentre en poder de persona distinta a la del agente, sin que sea �bice para considerar lo anterior que los bienes objeto del il�cito pertenezcan a la sociedad conyugal, pues si uno de los c�nyuges pone los bienes bajo su exclusivo control, sin el previo consentimiento del otro para ello, es inconcuso que se acreditan los elementos del tipo penal de robo entre c�nyuges que prev� y sanciona el art�culo 163, en congruencia con el diverso 185, ambos del C�digo Penal del Estado de G.; adem�s de que en el caso de apoderamiento por parte de uno de los c�nyuges de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal existe atipicidad �nicamente en la parte que corresponde a la "copropiedad" del inculpado, pero no as� por lo que ve a la parte de "copropiedad" de su consorte.
Del examen de las partes considerativas de las resoluciones de los dos tribunales colegiados, se advierte que ambos analizaron los siguientes elementos comunes:
a) En ambas ejecutorias se analizan casos de robo entre c�nyuges, respecto de los bienes muebles pertenecientes a la sociedad conyugal; y los estudios realizados comprendieron tanto al tipo de robo simple, como al precepto que prev� que es perseguible en este caso, a querella del ofendido (art�culos 177 y 186 del C�digo Penal del Estado de Chiapas; 163 y 185 del C�digo Penal del Estado de G.).
b) En los asuntos analizados por los Tribunales Colegiados de referencia, los bienes objeto del delito de robo pertenec�an a la sociedad conyugal, sin que en las constancias procesales se haya acreditado que se hubiere disuelto �sta al momento de realizarse la conducta t�pica, ni se hubieran efectuado las capitulaciones matrimoniales que precisaran que tales bienes se encontraran fuera de ese r�gimen, de manera que s�lo uno de los c�nyuges, por acuerdo expreso entre ambos, tuviera dominio exclusivo sobre ellos.
c) Los �rganos colegiados aludidos sostuvieron criterios antag�nicos respecto de un mismo tema, pues mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito afirma que no se configura el delito de robo cuando los bienes muebles objeto del apoderamiento pertenecen a la sociedad conyugal, porque al ser adquiridos durante el tiempo en que �sta subsiste pertenecen a los dos c�nyuges y, por ende, no existe el apoderamiento de cosa ajena. En tanto que, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito considera que s� se configura el il�cito citado aun cuando se actualice en bienes muebles que pertenezcan a la sociedad conyugal, pues el apoderamiento de cosa ajena se da respecto de la parte "copropiedad" de su consorte.
Por tanto, s� existe contradicci�n de tesis, y la materia de la misma, consiste en determinar si se configura o no, el delito de robo simple entre c�nyuges, cuando los bienes objeto del apoderamiento pertenecen a la sociedad conyugal, sin que se hubiera disuelto �sta al momento de realizarse la conducta t�pica, ni se hubieran efectuado las capitulaciones matrimoniales que precisaran que tales bienes se encontraban fuera de ese r�gimen.
No es obst�culo para concluir sobre la existencia de la contradicci�n de criterios, la circunstancia de que los tribunales contendientes analicen legislaciones penales de distintas entidades federativas, pues lo cierto es que los supuestos normativos previstos en las disposiciones legales aplicables son esencialmente coincidentes, como se advierte de la lectura de los preceptos vigentes en la fecha en que se dictaron las resoluciones que se examinan.


Como puede advertirse, ambos c�digos coinciden al se�alar que el delito de robo surge cuando el apoderamiento recae en cosa ajena mueble, precisando un ordenamiento que se proceda sinconsentimiento de la persona que puede disponer de ella conforme a la ley, y el otro de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, frases que aluden a los mismos elementos que integran el tipo penal de robo, como son: a) el apoderamiento, b) cosa ajena, c) mueble, d) sin derecho, y e) sin consentimiento de persona que puede disponer de ella.
Cabe se�alar, que no pasa inadvertido que los textos de los preceptos transcritos en l�neas que anteceden, difieren al indicar el ordenamiento del Estado de G. que el apoderamiento se haga con �nimo de dominio, y el de Chiapas, sin derecho. Sin embargo, en cuanto al primer punto, se advierte que si al redactarse el tipo, se ha utilizado el verbo apoderar, �ste implica el �nimo de dominio, pues tal vocablo es indicador de que se toma la cosa para s�, para apropi�rsela; como puede leerse de su definici�n en la acepci�n que nos interesa:
"Coger para s� [algo (compl DE)], esp. Sin derecho o por la fuerza. Tb fig. I A.3., 48: Los ladrones, que fracturaron el cristal de la puerta de entrada, consiguieron apoderarse de efectos valorados en 12,300 pesetas. T. cuadernos 11: Los estudiantes justicialistas se han apoderado de las universidades para restablecer la docencia. A.�n G. 99: Fue el primero en acomodarse entre las faldas de la camilla y en apoderarse de la badila y de las cenizas, que solo �l pod�a manejar y remover. Ybarra-Cabetas Ciencias 319: Para alimentarse [la esponja] establece en sus canalillos una corriente continua de agua y la va filtrando de manera que las c�lulas de su cuerpo se vayan apoderando de las diminutas part�culas dispersas en el l�quido." (Diccionario del Espa�ol Actual. Seco R., M.; A.�s Puente, Olimpia y R.G.�lez, G.; Grupo Santillana de Ediciones, S.A.; primera edici�n, Madrid, 1999).
En tales condiciones, el que una legislaci�n no aluda al �nimo de dominio, no la hace diferente, de la que lo incluye, porque el �nimo de dominio est� impl�cito en el apoderamiento de la cosa ajena, y los preceptos de las legislaciones mencionadas lo contemplan.
Asimismo, los preceptos mencionados son esencialmente iguales, porque si bien el art�culo 163 del C�digo Penal del Estado de G. prev� "con �nimo de dominio"; tambi�n lo es, que dicho requisito s�lo excluye del tipo de robo simple el robo de uso, que tampoco est� incluido en el tipo previsto por el art�culo 177 del C�digo Penal para el Estado de Chiapas, puesto que se contempla en el diverso precepto 188 del mismo c�digo.
Por otra parte, la menci�n del C�digo Penal del Estado de Chiapas, a que el apoderamiento sea sin derecho, corresponde a lo que en la doctrina se conoce como antijuridicidad especial tipificada, en la que el legislador subraya la ilicitud de la acci�n, pero que por otra parte, resulta innecesaria, toda vez que uno de los elementos esenciales del delito, esto es, una de sus notas caracter�sticas, sin las cuales carece de existencia, es la antijuridicidad; por lo que su inclusi�n o no en los tipos en particular, no es esencial para los efectos de la presente contradicci�n, donde se advierten supuestos fundamentales que s� son id�nticos en esencia como se ha dicho.
En relaci�n con el tema que se viene explicando, es ilustrativa la tesis de la Primera S., en la que si bien se alude al C�digo Penal del Distrito Federal, innegablemente cobra aplicaci�n, toda vez que la redacci�n de los c�digos que se analizan, coinciden esencialmente con su redacci�n:
"ROBO, ELEMENTOS MATERIALES DEL DELITO DE (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL). Si bien es cierto que el elemento esencial de dicho il�cito est� constituido por el apoderamiento con �nimo de apropiaci�n, y el mismo supone aprehensi�n de la cosa y desplazamiento de la misma siquiera m�nimo, ello no significa que necesariamente �ste se realice fuera del �mbito de las habitaciones o de la superficie en la que ejerce el dominio el ofendido; pues si bien tal desplazamiento conforme al derecho penal franc�s constituye una exigencia para que se configure el delito de robo, no lo es menos que con arreglo a la legislaci�n mexicana, no es necesario que se realice tal desplazamiento m�nimo, ya que basta la simple aprehensi�n de la cosa, es decir, no requiere aquel movimiento mec�nico que la retira del alcance material de su due�o para llevarlo al pleno dominio il�cito del ladr�n, seg�n se desprende de la redacci�n en que est� concebido el tipo penal de robo, que tiene como presupuestos el apoderamiento de cosa mueble ajena, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de la misma con arreglo a la ley, independientemente de la redundancia que implica apoderamiento sin derecho, habida cuenta de que la antijuridicidad es integrante de todos los delitos conforme a lo dispuesto por el art�culo 7o. del C�digo Penal.
"A. directo 3710/55. Por acuerdo de la Primera S., de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 2 de diciembre de 1955. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Te�filo O. y Leyva." (Quinta �poca, Primera S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo CXXVI, p�gina 657).
Asimismo, cabe se�alar que tampoco es �bice para declarar existente la presente contradicci�n el texto de los art�culos 441 y 191, respectivamente de los C�digos Civiles para los Estados de G. y de Chiapas, a los cuales debe acudirse al resolver el fondo de este asunto para determinar la naturaleza de los bienes de la sociedad conyugal como auxiliar para arribar si se da o no, la apropiaci�n de cosa ajena y, por ende, uno de los elementos que configuran el il�cito de robo, para lo cual es menester transcribir dichos numerales:


De la transcripci�n expuesta se advierte que si bien es cierto el art�culo 191 aclara que el dominio de los bienes reside en ambos c�nyuges, y el otro establece que el r�gimen de sociedad conyugal consiste en la formaci�n y administraci�n de un patrimonio com�n, diferente a los patrimonios propios de los consortes, no excluye que tengan el dominio, pues no puede existir patrimonio sin dominio, sin la disposici�n, uso y disfrute de los bienes que se comparten; habida cuenta que el patrimonio como instituci�n jur�dica es conceptuada por el derecho como el conjunto de bienes que pertenecen a una o varias personas.
Por tanto, tal concepto es indisoluble del concepto de pertenencia, propiedad o dominio. En consecuencia, un patrimonio com�n, es el que pertenece a varias personas y, por ende, �stas tienen el dominio sobre �l, siendo que la propiedad o dominio se caracteriza por reunir los tres atributos ius utendi, ius fruendi y ius abutendi, sin excluir que en el patrimonio tambi�n puedan existir otros derechos reales distintos del de propiedad de los que sean titulares, como el usufructo o la habitaci�n.
Por ello, no puede interpretarse literalmente el art�culo 191 del C�digo Civil para el Estado de Chiapas, pues con ello se rompe la instituci�n jur�dica del patrimonio y adem�s, se llegar�a al extremo de concluir que los bienes de la sociedad conyugal no tienen due�o, o que sean bienes mostrencos o vacantes, seg�n su naturaleza mueble o inmueble.
Por tanto, aun cuando la redacci�n de los textos de las disposiciones sea distinta, regulan en igual forma la propiedad en la sociedad conyugal en cuanto reside en ambos c�nyuges el dominio de los bienes comunes.
SEXTO. Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que se define en esta resoluci�n, atento a las siguientes consideraciones.
A fin de dilucidar si se configura o no el delito de robo entre c�nyuges, cuando el apoderamiento recae sobre bienes muebles pertenecientes a la sociedad conyugal sin que se hubiera disuelto �sta al momento de realizarse la conducta t�pica, ni se hubieran efectuado las capitulaciones matrimoniales que precisaran que tales bienes se encontraran fuera de ese r�gimen, es menester analizar los art�culos 177 del C�digo Penal del Estado de Chiapas y 163 del Estado de G., respectivamente, que a la letra dicen:
C�digo Penal para el Estado de Chiapas
"Art�culo 177. Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley."
C�digo Penal del Estado de G.
"Art�culo 163. Al que se apodere de una cosa mueble ajena, con �nimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se le aplicar�n las siguientes penas."
Como se desprende de los dispositivos transcritos, para que se integre el delito de robo, se requiere: a) el apoderamiento; b) de cosa ajena; c) mueble; d) sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella. Agregando la legislaci�n del Estado de G., que sea con �nimo de dominio, elemento tambi�n subyacente en el correspondiente al del Estado de Chiapas como se ha explicado.
El primero de estos elementos, el apoderamiento, significa que el agente del il�cito tome posesi�n material de la cosa y la ponga bajo su control personal. La noci�n de apoderamiento se traduce en la acci�n de aprehender o tomar directa o indirectamente la cosa.
Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido con anterioridad que dos son los elementos que integran el concepto de apoderamiento: el material o externo, que consiste en la aprehensi�n de la cosa, y el moral o interno, consistente en el prop�sito del activo (conocimiento y voluntad) de apoderarse de lo que es ajeno o no le pertenece.
El criterio de referencia se encuentra inserto en la tesis aislada que a continuaci�n se transcribe:
"ROBO, APODERAMIENTO EN EL. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Dos son los elementos integradores del apoderamiento en el delito de robo: el material o externo, que consiste en la aprehensi�n de la cosa, y el moral o interno, consistente en el prop�sito del activo. En efecto, siendo el delito un acto humano, no se le puede considerar desligado del elemento moral (conocimiento y voluntad) que es de su esencia. Tan cierto es esto, que nuestra legislaci�n penal clasifica los delitos en intencionales y no intencionales o de imprudencia, precisamente atendiendo a ese elemento interno; de lo contrario no tendr�an raz�n de ser las circunstancias excluyentes de responsabilidad, ni tendr�an existencia jur�dica algunos delitos, como el parricidio, uno de cuyos elementos es el ?conocimiento del parentesco? por parte del activo, conocimiento que lleva inherente la voluntad (o el prop�sito) de da�ar al pasivo, sin el cual dejar�a de ser ?parricidio?. As� pues, en el delito de robo, el acto material consistente en ?el apoderamiento?, lleva inherente el elemento moral o subjetivo que consiste en el prop�sito (conocimiento y voluntad) de apoderarse de lo que es ajeno, por parte del activo.
"A. directo 3565/75. J.G.H.M.�nez y E.E.L.. 8 de septiembre de 1976. Ponente: M.R.S.. Secretario: R�gulo T.M.�nez.
"Nota: En el Informe de 1976, la tesis aparece bajo el rubro ?APODERAMIENTO EN EL ROBO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.?." (S�ptima �poca, Primera S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 91-96, Segunda Parte, p�gina 46).
El segundo de los elementos que integran al tipo penal de robo, la cosa ajena, es un elemento indispensable para la configuraci�n del il�cito que se analiza, pues es evidente que nadie puede cometer robo en sus propios bienes, es decir, nadie puede robarse a s� mismo.
La locuci�n cosa ajena, a que alude el robo gen�rico, debe entenderse en el sentido de que el objeto del delito no pertenece al sujeto activo, sin importar quien sea su leg�timo propietario o poseedor.
A su vez, el elemento normativo cosa mueble, alude a que sea susceptible de trasladarse de un lugar a otro; que no es la �nica forma para distinguir un bien mueble de un inmueble, pues en estos casos, el juzgador deber� atender a la legislaci�n que regule estos conceptos.
Ilustra lo anterior, la tesis jurisprudencial de esta Primera S., cuyos datos de identificaci�n, contenido y precedentes se transcriben enseguida:
"ROBO. LA CALIDAD DE MUEBLE DE LA COSA OBJETO DEL DELITO DEBE CONFIGURARSE A LA LUZ DE LA LEGISLACI�N, AUNQUE NO SEA LA PENAL. El art�culo 14 constitucional establece en su segundo p�rrafo que nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por lo tanto, para determinar la calidad de mueble de la cosa objeto del delito de robo, calidad que una vez comprobada puede dar origen a la p�rdida de la libertad del procesado, debe estarse a lo que la legislaci�n establezca al respecto, sin que sea �bice para ello que la ley penal sea omisa en se�alar qu� bienes son muebles y cu�les no, ya que al establecer la Constituci�n que nadie podr� ser privado de su libertad sino ?conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho? no se refiere necesariamente a la ley penal. Por otra parte, ?bien mueble? es un elemento normativo, que exige para la debida integraci�n del tipo penal de robo acudir a las normas que tal concepto prevean, excluyendo la interpretaci�n subjetiva que en su caso pudiera hacer el juzgador para configurar el elemento de que se trata.
"Contradicci�n de tesis 12/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito. 2 de mayo de 1994. Unanimidad de cinco votos. Ponente: C.G. de L.. Secretario: �lvaro T.L.�n." (Octava �poca, Primera S., Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 79, julio de 1994, tesis 1a./J. 15/94, p�gina 13).
Otros de los elementos que exige la ley para la configuraci�n del delito de robo, son que el apoderamiento se realice sin derecho y sin consentimiento del titular de la cosa, que constituyen lo que la doctrina reconoce como antijuricidad especial tipificada, cuya inclusi�n resulta innecesaria, pues atendiendo a los elementos generales del delito, tendremos que el apoderamiento realizado en ejercicio de un derecho, o bien, en virtud del consentimiento t�cito o expreso del propietario o poseedor de la cosa, impide el surgimiento de la figura delictiva, ante la presencia de tales causas de licitud.
El elemento subjetivo de que el apoderamiento se lleve a cabo con �nimo de dominio, referido s�lo por el C�digo Penal para el Estado de G., consiste en el prop�sito que tiene el activo de hacer suyo el objeto del delito, y no s�lo para usar o gozar de la cosa, a no ser que se tratare de la figura de robo de uso, diversa al robo gen�rico; por tanto, como se asent� anteriormente, el tomar la cosa para s�, en concepto de due�o, est� impl�cito en el verbo apoderar.
De lo expuesto se advierte, que los supuestos normativos que se analizan prev�n el tipo de robo gen�rico que atiende a la conducta con independencia de qui�nes sean los sujetos activos del il�cito, es decir, el tipo penal no atiende de manera alguna, al car�cter o calidad que tenga el sujeto activo del delito ni establece excluyentes en virtud de tales circunstancias.
Asimismo, cabe se�alar que la intenci�n del legislador no fue excluir a los c�nyuges del tipo de robo simple o gen�rico, sino por el contrario es clara y expresa la intenci�n de incluirlos como sujetos activos y pasivos del mismo, como se corrobora con lo dispuesto por los art�culos 185 y 186, respectivamente de los C�digos Penales para los Estados de G. y de Chiapas, cuyos textos son los siguientes:
C�digo Penal del Estado de G.
"Art�culo 185. Con excepci�n del robo, el abigeato y el encubrimiento por receptaci�n que se perseguir�n de oficio, los delitos previstos en este t�tulo s�lo podr�n perseguirse por querella de la parte ofendida. Tambi�n se requerir� querella trat�ndose de cualquiera de los delitos a que alude el presente t�tulo, cuando sean cometidos por un ascendiente, descendiente, hermano, c�nyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, pariente por afinidad y por los terceros que hubieren intervenido en su ejecuci�n con aqu�llos."
C�digo Penal para el Estado de Chiapas
"Art�culo 186. El robo s�lo se perseguir� por querella del sujeto pasivo, cuando sea cometido por parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado o parientes por afinidad hasta el segundo grado, o sea realizado entre c�nyuges."
Como se advierte de los art�culos transcritos, en ambos casos el legislador reconoce que el delito de robo puede cometerse entre c�nyuges, exigiendo s�lo para proceder a su persecuci�n que se cumpla con el requisito de procedibilidad requerido, consistente en la querella de la parte agraviada; sin que por otra parte, establezcan distinci�n alguna para estar en posibilidad de que se integre esta figura delictiva, del r�gimen patrimonial elegido al celebrar el contrato de matrimonio; de ah� que, atento al principio de derecho que establece que donde la ley no distingue, no se debe distinguir ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, ha de considerarse que esos ordenamientos legales al no establecer tal distinci�n no existe �bice para que se pueda configurar el delito de robo, cualquiera que sea el r�gimen patrimonial elegido en el matrimonio.
Una vez establecido lo anterior, es necesario explicar los reg�menes patrimoniales del matrimonio, as� como a qui�n corresponden los bienes que los integran, con vista en las legislaciones civiles de los Estados de Chiapas y de G..
En ese contexto, cabe se�alar que tanto el C�digo Civil para el Estado de Chiapas en su art�culo 175, como el del Estado de G. en el art�culo 437 (cuyo espacio de validez territorial corresponde a la jurisdicci�n de los Tribunales Colegiados contendientes), prev�n que el r�gimen patrimonial del matrimonio ser� el de sociedad conyugal o el de separaci�n de bienes.

Ver tabla 3


El r�gimen patrimonial de separaci�n de bienes es aquel en virtud del cual los c�nyuges conservan individualmente la propiedad y administraci�n de los bienes que respectivamente les pertenecen, as� como sus frutos y accesorios; los sueldos, salarios, emolumentos y ganancias que cada uno reciba por servicios personales en su oficio, empleo, profesi�n, industria o comercio. De igual forma, en este r�gimen cada uno de los consortes responde personalmente por las obligaciones que haya contra�do. En suma, de los patrimonios de los c�nyuges quedan perfectamente diferenciados y los c�nyuges ser�n due�os y administradores exclusivos de los bienes que cada uno posea.
Por su parte, la sociedad conyugal, que interesa en mayor medida para el presente estudio, est� formada por una comunidad de bienes integrada por la aportaci�n de cada uno de los c�nyuges al momento de su constituci�n, de todo o parte de los que les pertenecen, y de los que se adquieran mientras dure tal r�gimen (con las excepciones que al respecto pudieran prever las leyes o las capitulaciones matrimoniales), incluyendo o no las deudas que se contraigan.
El Nuevo Diccionario Jur�dico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (Editorial Porr�a, M�xico, 2001, p. 3505), define a la sociedad conyugal: "como el r�gimen patrimonial del matrimonio formado por una comunidad de bienes aportados por los consortes y por los frutos y productos de estos bienes."
Los art�culos 180 y 450, respectivamente, de los C�digos Civiles para los Estados de Chiapas y de G., establecen que la sociedad conyugal se regir� por las capitulaciones matrimoniales y en lo que no estuviere expresamente estipulado por lasdisposiciones relativas al contrato social, de manera que en ambas legislaciones se aplica a la sociedad conyugal la regulaci�n de la sociedad civil.
Entre los autores ha sido punto de controversia la equiparaci�n y aplicaci�n de las disposiciones relativas a la sociedad civil, a la sociedad conyugal y sobre este t�pico, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia resolvi� la contradicci�n de tesis 89/96, en sesi�n de veintiocho de marzo de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos, en donde se sostuvo lo siguiente:
"... algunos autores discuten si la sociedad conyugal debe ser considerada como una sociedad. Existen varios argumentos para negarle tal car�cter: 1. Cuando se constituye una sociedad se crea una persona moral, y la sociedad conyugal no constituye una persona distinta de los c�nyuges; 2. En la sociedad civil, la aportaci�n de bienes implica la transmisi�n de su dominio a la sociedad, salvo que se pacte otra cosa, en cambio, en la sociedad conyugal no hay transmisi�n de dominio de los bienes, pues �ste reside en ambos c�nyuges desde el momento en que cualquiera de ellos adquiere un bien; 3. La sociedad se constituye por un contrato aut�nomo, la sociedad conyugal nace de un convenio realizado como consecuencia del contrato de matrimonio. ..."
En esta misma resoluci�n se afirma que: "... La sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Lo anterior siempre y cuando no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pues de haberlo hecho a ellas debe estarse y, en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil citado ..."
La anterior ejecutoria dio lugar a la tesis jurisprudencial cuyos datos de identificaci�n, contenido y precedentes, a la letra dicen:
"SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISI�N DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE R�GIMEN PATRIMONIAL (C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). La sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Lo anterior siempre y cuando no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pues de haberlo hecho a ellas debe estarse y, en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil citado, en el entendido de que el contrato de matrimonio celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y su existencia no est� condicionada al establecimiento de capitulaciones matrimoniales, por lo que es inconcuso que obliga a los consortes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la omisi�n de formular tales capitulaciones no impide que se cumpla la voluntad de los c�nyuges o que constituya un obst�culo para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede llegar al extremo de considerar al matrimonio como regido por la separaci�n de bienes, lo que ser�a contrario al consentimiento de los c�nyuges.
"Contradicci�n de tesis 89/96. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados S�ptimo y Cuarto en Materia Civil, ambos del Primer Circuito. 28 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: H.P.R.." (Novena �poca, Primera S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2001, tesis 1a./J. 47/2001, p�gina 432).
Debe se�alarse que si bien es cierto que en la resoluci�n que dio lugar a la jurisprudencia supracitada se examinaron dispositivos del C�digo Civil para el Distrito Federal, vigentes hasta el treinta y uno de mayo de dos mil, tambi�n lo es que las consideraciones expuestas en esa sentencia son aplicables para el caso que nos ocupa, pues el r�gimen de sociedad conyugal previsto en ese ordenamiento coincide sustancialmente con lo que disponen al respecto los C�digos Civiles de los Estados de Chiapas y de G..
As� pues, queda de manifiesto que en trat�ndose de la sociedad conyugal el dominio de los bienes por los que �sta se encuentra integrada pertenecen a ambos consortes en igual proporci�n, pues, como se ha mencionado, este r�gimen patrimonial se caracteriza por ser una comunidad de bienes, que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da el mismo derecho sobre ellos.
Cabe se�alar que una vez que se han revisado los C�digos Civiles de los Estados de Chiapas y de G., en cuanto a las disposiciones que regulan la sociedad conyugal, se advierte que ambas legislaciones son omisas en establecer que debe existir un c�nyuge administrador y si a �ste se le autoriza a ejercer actos de dominio sobre los bienes de esa sociedad; sin embargo, de las disposiciones que la regulan se advierte que el dominio de �stos, pertenece a ambos consortes en igual proporci�n, pues como se ha mencionado en l�neas precedentes, este r�gimen patrimonial se caracteriza por ser una comunidad de bienes, que por principio de equidad y justicia consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges les da el mismo derecho sobre ellos.
Confirma lo expuesto, el texto del art�culo 191 del C�digo Civil para el Estado de Chiapas, que prev�:
"Art�culo 191. El dominio de los bienes comunes reside en ambos c�nyuges, mientras subsista la sociedad; pero las acciones en contra de �sta o sobre los bienes sociales ser�n dirigidas contra el administrador."
Por su parte, el C�digo Civil del Estado de G., prev�:
"Art�culo 442. La sociedad conyugal podr� regirse por las capitulaciones matrimoniales que, en su caso, la constituyan y cuando hubiere �stas se observar�n las disposiciones siguientes:
"I. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deber�n contener:
"...
"VII. Los actos de dominio podr�n realizarse por ambos c�nyuges de com�n acuerdo; sin perjuicio de tercero de buena fe."
De lo anterior, se advierte que en el caso de que se haya nombrado a uno de los c�nyuges como administrador de los bienes comunes, el mismo s�lo puede llevar a cabo individualmente actos de mera administraci�n mas no as� actos de dominio o de disposici�n de esos bienes, pues para ello se requiere el consentimiento del otro c�nyuge, atento a que los actos de dominio implican por excelencia actos de disposici�n los cuales deben realizarse de com�n acuerdo por ambos c�nyuges.
En cuanto a la sociedad conyugal, es un patrimonio afecto a la realizaci�n de los fines del matrimonio, pues ese elemento teleol�gico es precisamente la justificaci�n de la existencia de dicho r�gimen, es decir hay una comunidad de bienes para una comunidad de vida y de intereses. Tales fines del matrimonio son entre otros, la colaboraci�n, asistencia y ayuda mutuas, la convivencia y la formaci�n de la familia, fines que se realizan en forma primigenia dentro de un mismo domicilio denominado conyugal, de conformidad a los art�culos 422, 424 y 425 del C�digo Civil del Estado de G. y 159, 160 y 161 del C�digo Civil para el Estado de Chiapas.
Asimismo, la finalidad de la sociedad conyugal es lograr el sostenimiento del hogar y cubrir los gastos de la familia, raz�n por la cual las aportaciones que los c�nyuges hagan a �sta, est�n destinados a esos fines comunes y bajo un dominio com�n de ambos c�nyuges, sin posibilidad de apropiaci�n o disposici�n individual por ninguno de ellos.
En este caso, los consortes son copart�cipes por igual del dominio, uso y disfrute de los bienes comunes que gravitan dentro de la sociedad conyugal. Es decir, no hay transmisi�n de propiedad o de copropiedad en virtud de la sociedad conyugal y en caso de que se transmitan bienes por un consorte a otro se configura la donaci�n entre c�nyuges, figura distinta a la que es medular en esta exposici�n (o an�lisis).
Es as�, que los bienes comunes est�n bajo tanto la propiedad como la administraci�n de ambos c�nyuges mientras subsista la sociedad conyugal.
Luego, si la finalidad de la sociedad conyugal es lograr el sostenimiento del hogar y cubrir los gastos de la familia, es decir, sobrellevar las cargas matrimoniales como son los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y de los hijos si los hubiere, es inconcuso que los bienes muebles que los c�nyuges aporten a dicha sociedad constituyen una comunidad de bienes para una comunidad de vida y de intereses, respecto de los cuales ninguno de ellos tiene individualmente la disposici�n, porque ninguno tiene el dominio absoluto y personal, y para poder disponer de esos bienes se requiere la autorizaci�n o consentimiento del otro c�nyuge.
Asimismo, los bienes adquiridos con el fondo social durante el matrimonio pertenecen a la sociedad, puesto que son frutos o utilidades de aqu�l e igualmente le pertenecen los bienes adquiridos por el trabajo de los c�nyuges, por lo que les aplican las mismas consideraciones expresadas en este criterio.
Por tanto, la circunstancia de que los bienes comunes se encuentran afectos a los fines del matrimonio y de que el dominio de los mismos resida en ambos c�nyuges, se traduce en que �stos s�lo pueden aprovecharlos o disfrutarlos, pero no disponer de ellos en lo individual con un fin distinto para el cual fueron aportados (el hogar y la familia), sin el consentimiento del otro c�nyuge, pues el derecho de propiedad de los c�nyuges recae sobre la totalidad del patrimonio com�n; terminando tal comunidad cuando se liquida la sociedad conyugal, por convenio entre los c�nyuges o disoluci�n del v�nculo matrimonial (por muerte de uno de ellos, nulidad del matrimonio o divorcio).
En este orden de ideas, debe concluirse que los c�nyuges que celebran el contrato de matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, salvo que se haya capitulado en el sentido de que determinados bienes pertenecen a uno de ellos o que por ley se excluyan, mientras dure la sociedad no tienen la disposici�n en lo individual, pues no tienen la propiedad absoluta de los bienes que la integran.
Expuesto lo anterior y bajo la premisa de que el r�gimen de sociedad conyugal consiste en la formaci�n y administraci�n de un patrimonio com�n diferente de los patrimonios propios de los consortes, respecto de cuyos bienes comunes los c�nyuges no tienen el dominio absoluto, ya que �ste reside en ambos, cuando uno de ellos se apodera, esto es, que toma para s� para ejercer el dominio absoluto sobre el bien mueble perteneciente a la sociedad conyugal con un fin distinto (el hogar y la familia), para el cual fue aportado a �sta y sin consentimiento del otro, sustray�ndolos de los fines comunes a los que est�n afectos, se tipifica el robo simple o gen�rico.
Lo anterior es as�, porque mientras perdure la comunidad de bienes un c�nyuge no puede apropiarse de los bienes s�lo para s� sustray�ndolos de la esfera del dominio del otro sin consentimiento de �ste, con lo que salen de su radio de acci�n y disponibilidad, ocasionando un menoscabo o disminuci�n del haber y patrimonio com�n.
En efecto, el c�nyuge podr� servirse del bien que pertenece a la sociedad conyugal, esto es, tendr� derecho de usar la totalidad de la cosa, pero el apoderamiento que realice de �ste sustray�ndolo del patrimonio familiar sin el consentimiento de quien por ley pueda otorgarlo (su consorte) con un fin diverso para el cual se destin� (el hogar y la familia), configura los elementos del robo, pues se apodera de un bien mueble ajeno porque no tiene la propiedad absoluta y, en consecuencia, no tiene derecho a disponer.
De ello se sigue que, contrario a lo afirmado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, en el caso concreto que se analiza s� se actualiza el elemento normativo del tipo penal de robo consistente en la "cosa ajena", pues al no tener uno de los c�nyuges la propiedad exclusiva de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, el apoderamiento que para s�, con exclusi�n del otro, realice uno de ellos respecto de dichos bienes, adem�s sin el consentimiento de su consorte, se traduce en una afectaci�n al patrimonio del c�nyuge agraviado, que es, precisamente, el bien jur�dico tutelado por el delito de que se trata.
Tampoco puede afirmarse que ese apoderamiento se realice en ejercicio de un derecho, es decir, que la conducta desplegada por el c�nyuge se halle amparada por las facultades que le asisten como tal, pues si bien es cierto que cada part�cipe podr� servirse de los bienes comunes, tambi�n lo es que el l�mite de ese derecho consiste en que disponga de los mismos conforme a su destino (el hogar y la familia), para el cual fueron aportados y de manera que no perjudique el inter�s de su consorte.
En tal orden de ideas, es claro que cuando uno de los c�nyuges se apodera de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro, poni�ndolos fuera de su radio de acci�n y disponibilidad, el sujeto activo de la conducta procede "sin derecho", al no estarle permitido evitar que su c�nyuge pueda usar la cosa com�n de acuerdo a los fines a la que est� destinada; y se configuran los elementos del robo gen�rico, consagrado en los art�culos 186 y 185 de los C�digos Penales para los Estados de Chiapas y de G., respectivamente.
En suma, la presente contradicci�n se resuelve con base en que la sociedad conyugal consiste en la formaci�n y administraci�n de un patrimonio com�n, respecto de cuyos bienes comunes los c�nyuges no tienen el dominio absoluto, pues �ste reside en ambos, cuando uno de ellos se apodera, esto es que toma para s� para ejercer el dominio absoluto sobre el bien mueble perteneciente a la sociedad conyugal con un fin distinto (del matrimonio), para el cual fue aportado a �sta y sin consentimiento del otro sustray�ndolo de los fines comunes a los que est�n afectos se tipifica el robo gen�rico, configur�ndose sus elementos conforme a lo siguiente:
a) Apoderamiento de un bien mueble: Se actualiza cuando uno de los c�nyuges lo sustraiga de la esfera del dominio del otro priv�ndolo del mismo, disponiendo para s� con exclusi�n del otro c�nyuge, un ejemplo claro se da cuando dicho apoderamiento y disposici�n para s� culmina o llega al extremo de la enajenaci�n a un tercero del bien que haga el agente activo por cualquier t�tulo, ya sea por venta, donaci�n, prenda, etc�tera, que implican actos de disposici�n y de dominio.
b) Ajeno: Es ajeno en la parte o porci�n que pertenece al otro c�nyuge, ya que la propiedad del bien no corresponde en la totalidad al sujeto activo y, por tanto, el bien le es ajeno en esa parte o porci�n propiedad del otro c�nyuge, de la que est� disponiendo indebidamente caus�ndole perjuicio patrimonial.
Esto es as�, porque el derecho de propiedad de uno de los c�nyuges termina cuando empieza el derecho de propiedad del otro c�nyuge, pues todo derecho tiene su l�mite cuando se encuentra con el derecho de otro y nadie puede ejercer su derecho en perjuicio del derecho de otro.
c) Sin consentimiento t�cito o expreso de quien por ley pueda otorgarlo (su consorte): de tal manera que si no existe ese consentimiento del otro c�nyuge se configura sin lugar a dudas este elemento.
La ausencia de ese consentimiento genera lo indebido de la conducta del autor y del perjuicio patrimonial al otro c�nyuge, y este elemento puede demostrarse con medios de prueba id�neos como pueden ser, entre otros, los testimonios de terceros inclusive familiares, los documentos, la confesi�n, etc�tera.
d) Sin derecho: Porque no exista disposici�n legal o de autoridad competente que autorice al agente activo a disponer del bien en su totalidad, dado que al no existir el consentimiento del otro c�nyuge, es indudable que hay ausencia del derecho, pues como se ha dicho el sujeto activo no es propietario del bien en su totalidad.
Por otra parte, cabe se�alar que en la presente contradicci�n no se actualizan los il�citos de administraci�n fraudulenta, abuso de confianza, ni fraude por las razones siguientes:
De conformidad con el art�culo 173 del C�digo Penal del Estado de G., comete el delito de administraci�n fraudulenta "al que teniendo a su cargo la administraci�n o el cuidado de bienes ajenos, por cualquier motivo y con �nimo de lucro perjudique al titular de �stos alterando las cuentas o condiciones de contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o emple�ndolos indebidamente, se le impondr�n las penas previstas para el delito de fraude".
Si bien este delito pudiera llegar a actualizarse entre c�nyuges, ello depende de la configuraci�n en cada caso de los elementos descritos en este tipo penal; sin embargo, en el caso de esta contradicci�n la materia es el robo simple, cuyos elementos de tipicidad son distintos al del delito de administraci�n fraudulenta.
Tampoco se actualiza el delito de abuso de confianza, porque de conformidad con los art�culos 169 y 194, respectivamente, de los C�digos Penales para los Estados de G. y Chiapas comete dicho il�cito "al que con perjuicio de alguien disponga para s� o para otro, de cualquier cosa mueble ajena, de la que se le haya transmitido la tenencia pero no el dominio ...".
De lo expuesto se advierte, que uno de los elementos que integran el tipo penal del il�cito de m�rito, es que al sujeto activo se le haya transmitido la tenencia de una cosa ajena mueble. En la sociedad conyugal los c�nyuges no transmiten la tenencia, pues en ambos reside la tenencia de los bienes comunes y el dominio de ellos, s�lo en cuanto pueden disponer y servirse de los mismos de acuerdo a los fines para los cuales fueron aportados en el matrimonio.
Igual pronunciamiento debe hacerse, en relaci�n con el il�cito previsto y sancionado por el art�culo 171 del C�digo Penal del Estado de G. y su correlativo 199 del C�digo Penal para el Estado de Chiapas, en virtud de que si bien podr�an configurarse los elementos del tipo penal de fraude, de acuerdo al primero de los citados "al que enga�ando a alguien o aprovech�ndose del error en que �ste se encuentra, obtenga il�citamente alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para s� o para otro ..."; no obstante en la especie, la materia de esta contradicci�n estriba en determinar si se actualiza o no el robo simple, cuyos elementos de tipicidad son distintos a los del fraude.
En consecuencia, esta S. arriba al criterio de que desde el punto de vista normativo y jur�dico, nada excluye a los c�nyuges de la configuraci�n del delito de robo simple o gen�rico, cualquiera que sea el r�gimen de bienes pactado en el matrimonio, con independencia de que en cada caso concreto tal configuraci�n sea sustentada con los elementos convictivos de hecho y de prueba que acrediten plenamente la adecuaci�n de la conducta del activo al tipo penal, as� como las probanzas necesarias, entre otras las testimoniales, inclusivefamiliares, y documentales que hubieren, que acrediten que el c�nyuge afectado no otorg� su consentimiento para que su consorte dispusiera ejerciendo actos de dominio sobre los bienes comunes de la sociedad conyugal para fines distintos para los cuales fueron aportados, que no sean otros que los inherentes al hogar y la familia.
Por tanto, esta S. considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado en la presente resoluci�n, el cual se plasma en la tesis que se redacta en los t�rminos que a continuaci�n se indican, debiendo ordenarse la publicaci�n de la misma en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para los efectos del art�culo 195 de la Ley de A..
ROBO SIMPLE ENTRE C�NYUGES. SE CONFIGURA AUN CUANDO RECAIGA SOBRE BIENES PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y GUERRERO).-El tipo penal de robo simple previsto en los C�digos Penales de los Estados de G. y Chiapas no atiende a la calidad o al car�cter del sujeto activo ni establece excluyentes a favor de los c�nyuges, por lo que desde el punto de vista normativo nada impide que se configure ese delito entre los consortes, m�xime si se considera que es clara y expresa la intenci�n del legislador de incluirlos como sujetos activos al se�alar en los art�culos 185 y 186 de los ordenamientos legales citados, respectivamente, que es necesaria la querella del c�nyuge ofendido, sin hacer distinci�n alguna respecto a cu�l sea el r�gimen patrimonial del matrimonio, rigiendo el principio de que cuando la ley no distingue, el int�rprete no debe hacerlo, adem�s de que en materia penal rige el diverso de exacta aplicaci�n de la ley. En ese sentido, aun trat�ndose del r�gimen patrimonial de sociedad conyugal, ya sea adoptado convencionalmente o aplicable por la ley en forma supletoria, salvo que se haya capitulado en el sentido de que determinados bienes se excluir�n de dicho r�gimen, y mientras �ste no sea disuelto, pueden integrarse los elementos t�picos del robo simple, en virtud de que los bienes comunes se encuentran destinados a la realizaci�n de fines tambi�n comunes, que son los propios del matrimonio, y en tanto que su dominio y administraci�n residen en ambos c�nyuges por igual y bajo com�n acuerdo, sin que tales atributos correspondan a uno solo en lo individual. De este modo, si uno de ellos, sin consentimiento del otro, se apodera para s� de los bienes comunes sustray�ndolos de los fines a los que est�n afectos y de la esfera de dominio del otro, se configura el referido tipo penal, de acuerdo a lo siguiente: a) apoderamiento de un bien mueble: cuando uno de los c�nyuges lo sustraiga de la esfera de dominio del otro y disponga de �l para s� con exclusi�n del otro c�nyuge; b) ajeno: ya que la propiedad del bien no corresponde en su totalidad al sujeto activo y, por tanto, le es ajeno en la parte del otro c�nyuge, de la cual est� disponiendo indebidamente, caus�ndole perjuicio patrimonial; c) sin consentimiento t�cito o expreso de quien por ley pueda otorgarlo: su consorte, y d) sin derecho: al no existir disposici�n legal o de autoridad competente que lo autorice para disponer del bien en su totalidad y al carecer del consentimiento del otro c�nyuge. Lo anterior, independientemente de que en cada caso la configuraci�n del robo simple o gen�rico sea sustentada con los elementos convictivos de hecho y de prueba que acrediten plenamente la adecuaci�n de la conducta del activo al tipo penal.
Por lo expuesto y fundado se

resuelve:
PRIMERO.-S� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito.
SEGUNDO.-Se declara que debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo la tesis jurisprudencial que ha quedado redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.
TERCERO.-Rem�tase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente resoluci�n, a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno, a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, para su conocimiento.
N.�quese; c�mplase y en su oportunidad arch�vese el expediente.
As�, lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros: J.N.S.M., S.A.V.H.�ndez y presidenta O.S.C. de G.�a V. (ponente), en contra del voto emitido por los se�ores Ministros Jos� Ram�n C.�o D�az y Jos� de Jes�s G.�o P., quienes emitir�n voto particular.