Ejecutoria num. 1a./J. 91/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824354

Ejecutoria num. 1a./J. 91/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 91/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES. LA NO INTEGRACIÓN DE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DE ESTE TIPO COMPLEMENTADO GENERA LA TRASLACIÓN AL TIPO PENAL BÁSICO Y NO ASÍ LA ATIPICIDAD.

 
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 154/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL D�CIMO S�PTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Se procede �nicamente a transcribir las consideraciones vertidas por el entonces Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito al resolver el amparo directo penal 257/2003, promovido por ... por ser en dicho asunto en donde se encuentra plasmado, m�s claramente, el criterio que dio lugar a la presente contradicci�n de tesis.
"QUINTO. Suplido en su deficiencia, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo, deviene fundado el concepto de violaci�n que se examina, y suficiente para conceder la protecci�n constitucional solicitada, en la medida en que la hoy reclamada sentencia emitida en el toca 70/2003, resulta violatoria de la garant�a de seguridad jur�dica del quejoso, prevista en el art�culo 14 constitucional. Por auto de veintinueve de junio de dos mil uno, emitido en la causa penal 131/2001, del �ndice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, fue resuelta la situaci�n jur�dica del hoy quejoso ... y de su coacusado ... a quienes se decret� formal procesamiento como probables responsables del delito de portaci�n de arma de fuego del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, previsto y sancionado por el art�culo 83, en relaci�n con el 11, incisos a) y b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Mediante sentencia de veintis�is de octubre de dos mil uno, emitida en el toca 378/2001, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el recurso de apelaci�n promovido por los procesados de antecedentes, confirm� en sus t�rminos el referido auto de formal prisi�n, afirmando en cuatro ocasiones diversas, que el hoy quejoso ... efectu� la portaci�n de la mencionada arma tipo revolver calibre .357' M.; y que su coacusado ... port� el arma tipo escuadra marca R., calibre 9 mil�metros (fojas 190 a 226). La Juez Segundo de Distrito en el Estado, en su sentencia de veintiocho de enero de dos mil tres, emiti� condena �nicamente en contra de ... (toda vez que el diverso inculpado ... se sustrajo de la acci�n de la justicia), atribuy�ndole al hoy quejoso la portaci�n de las dos armas de fuego descritas (fojas 299 a 332). En la hoy reclamada sentencia de veintinueve de abril de dos mil tres (fojas 30 a 93 del toca 70/2003), fue confirmada la diversa sentencia de primera instancia de veintiocho de enero de dos mil tres (fojas 299 a 332), por el delito previsto en el art�culo 83, fracci�n II, relacionado con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero �nicamente por la portaci�n de un arma de fuego, marca R., calibre 9 mil�metros, argument�ndose por la responsable que de las constancias de autos solamente aparec�a demostrada la portaci�n de dicha arma; y que exclusivamente por este hecho concreto formul� acusaci�n el Ministerio P�blico en su escrito de conclusiones, y no por el diverso hecho relativo a la portaci�n del arma de fuego tipo revolver calibre .357' M.. Dicho art�culo 11, inciso b), en que fue encuadrada el arma calibre 9 mil�metros, establece lo siguiente: ?Art�culo 11. Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, son las siguientes: ... b) Pistolas calibre 9 mm. P., L. y similares, las .38' Super y Comando, y las de calibres superiores. ...?. A su vez, el diverso art�culo 9o., fracci�n II, del propio ordenamiento, precept�a: ?Art�culo 9o. Pueden poseerse o portarse, en los t�rminos y con las limitaciones establecidas por esta ley, armas de las caracter�sticas siguientes: I.P. de funcionamiento semi-autom�tico de calibre no superior al .380' (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38' Super y .38' Comando, y tambi�n en calibres 9 mm., las M., L., P. y Comando, as� como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas. ...?. Luego, en los casos de portaci�n de armas de fuego calibre 9 mil�metros, dado que las mismas se encuentran referidas tanto en la fracci�n I del art�culo 9o., como en el inciso b) del art�culo 11, ambos preceptos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es indispensable que obre en el proceso un dictamen en bal�stica e identificaci�n de armas en el que los peritos describan las caracter�sticas del arma, as� como su funcionamiento y calibre, para establecer que se trata no s�lo de una pistola calibre 9 mil�metros, sino adem�s si es o no M., L., P., Comando, o un modelo o marca similar a �stas, del mismo calibre; peritaje que habr� de contener los razonamientos en que se basa la opini�n de los expertos y las operaciones o experimentos propios de su arte que los llevaron a identificar el arma, a fin de que el juzgador pueda conocerla y ubicarla en el dispositivo legal correspondiente, para determinar si la conducta del sujeto activo configura el delito tipificado por el art�culo 81, o el diverso tipo penal previsto por la fracci�n II del art�culo 83, ambos de la citada Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues de no contar con una prueba pericial emitida en estos t�rminos, se est� en la imposibilidad t�cnica de tipificar legalmente la portaci�n il�cita y el acusado queda en estado de indefensi�n, por el dogmatismo que encierra un dictamen en el que, sin m�s consideraciones, los peritos se concretan a se�alar el art�culo de la ley federal especializada de la materia en el que afirman est� clasificada el arma examinada. As� es, de la interpretaci�n l�gica, gramatical y sistem�tica de los art�culos 9o., fracci�n I, y 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se llega a la conclusi�n de que no todas las armas de calibre 9 mil�metros est�n reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del pa�s. En efecto, de la primera parte del art�culo 9o. se concluye que, por regla general, las pistolas de calibre no superior al .380 (9 mm.) pueden poseerse o portarse por los particulares, con las limitaciones de ley. Sin embargo, en este propio numeral se se�alan las armas que, en ese calibre, quedan exceptuadas de poder poseerse o portarse por los particulares, y esas armas son, espec�ficamente, las pistolas calibre .38 S�per y .38 Comando y, en calibre nueve mil�metros, las M., L., P. y Comando, as� como los modelos similares al mismo calibre de las exceptuadas, pero de otras marcas. Por otra parte, en el art�culo 11 de la propia legislaci�n se describen cu�les son las armas reservadas para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, y en el inciso b) se enumeran, espec�ficamente, en calibre 9 mm., las P., L. y similares; en calibre .38, las Super y Comando, as� como las armas en calibres superiores. De lo anteriormente analizado, es claro que el hecho de que un arma sea calibre nueve mil�metros no es determinante para concluir que su uso est� reservado para las Fuerzas Armadas del pa�s, sino que, como se describe en el inciso b) del art�culo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las armas en calibre nueve mil�metros que son de uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea son la L., P. y similares. Similar criterio han sostenido el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, respectivamente, en la jurisprudencia y tesis de la Novena �poca, publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a continuaci�n se detallan: T.X., diciembre de 2001, tesis III.1o.P. J/10, p�gina 1574, del tenor siguiente: ?PORTACI�N DE ARMAS DE FUEGO CALIBRE 9 MM. SE REQUIERE DE UN DICTAMEN RAZONADO QUE DESCRIBA SUS CARACTER�STICAS PARA QUE SE PUEDA DETERMINAR T�CNICAMENTE SI SON O NO DE USO EXCLUSIVO DEL EJ�RCITO, ARMADA Y FUERZA A�REA NACIONALES.? (se transcribe). Tomo XV, febrero de 2002, tesis IX.2o.24 P, p�gina 760, del rubro y texto siguientes: ?ARMAS DE FUEGO. NO TODAS LAS DE CALIBRE 9 MM. EST�N RESERVADAS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PA�S.? (se transcribe). Ahora, de la totalidad de pruebas relacionadas en la sentencia reclamada, las �nicas referentes a las caracter�sticas del arma de que se trata son la inspecci�n ministerial practicada el veintisiete de marzo del dos mil uno; y el dictamen rendido por el perito ... el veintis�is de marzo de dos mil uno, medios convictivos ambos que se transcriben a continuaci�n: Inspecci�n ministerial, en la que se dio fe de: (se transcribe). Dictamen pericial, emitido en los siguientes t�rminos: ?El suscrito perito en materia de bal�stica operativa, adscrito a la oficina de servicios periciales de la Procuradur�a General de Justicia en el Estado, en Hgo. del Parral, Chih., ante usted respetuosamente comparezco para emitir dictamen pericial derivado a la averiguaci�n previa que al rubro se cita. Aplicando la metodolog�a espec�fica y las normas generales que rigen la prueba pericial en cuanto a contenido, profundidad y objetividad procedimos a desahogar nuestro cometido arrojando los siguientes resultados. Problema planteado a) D. si son de las armas de uso exclusivo y Fuerza A�rea Nacional (sic). b) Su estado �til. I. Estudio de bal�stica, arma de fuego n�mero uno. 1.1. Se tuvo a la vista el arma que a continuaci�n se describe:


"?Se procedi� a la revisi�n de las condiciones mec�nicas principalmente, los mecanismos para disparo aguja percutora, extracci�n y eyecci�n, martillo y llamador, encontr�ndose en buen estado de conservaci�n. Arma de fuego n�mero dos.


"?Se procedi� a la revisi�n de las condiciones mec�nicas principalmente, los mecanismos para disparo aguja percutora, martillo y llamador, encontr�ndose en buen estado de conservaci�n. Cartuchos. Se pusieron a disposici�n las siguientes cantidades de cartuchos. 6 cartuchos calibre 9MM, de las siguientes marcas:


"?Con todo lo anteriormente expuesto, con mi conocimiento y autorizaci�n, concluyo dictaminando de la siguiente manera: Primera: Del estudio realizado a las armas de fuego que se describen en el cuerpo del presente dictamen, se concluye que s� corresponden al calibre como se confirma en la medici�n del ca��n, las cuales se encuentran encuadradas en el art�culo 11, incisos A) y B), como de uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, como se establece en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y las dos se encuentran en buen estado de conservaci�n para su uso. Segunda: Los once cartuchos, los cuales obran en autos, siendo 6 de calibre .357 M., 5 de calibre 9 mil�metros, estos s� est�n comprendidos como de uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacional, como se establece en el art�culo 11, inciso F) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.? (fojas 31 a 33). Ahora bien, el Magistrado responsable desestim� el dictamen pericial de m�rito, argumentando que resultaba inapto para determinar que la mencionada arma calibre 9 mil�metros fuese del uso exclusivo de las instituciones armadas, porque en su concepto no se describ�an adecuadamente las caracter�sticas del arma y su funcionamiento, como para establecer que no s�lo se trataba de una pistola de ese calibre, sino adem�s, si era o no L., P. o un modelo similar a �stas del propio calibre (puesto que, como qued� evidenciado, se trata de una pistola marca R.. Los razonamientos del Magistrado fueron los siguientes: ?Este peritaje, no resulta apto para determinar que el arma de fuego calibre nueve mil�metros asegurada, sea del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, de conformidad con el art�culo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ello en atenci�n a que dicho peritaje si bien concluye que el arma asegurada calibre 9 mil�metros reviste esa calidad; sin embargo, resulta dogm�tico, toda vez que no se describen adecuadamente las caracter�sticas del arma, su funcionamiento, para establecer que se trata no s�lo de una pistola calibre 9 mm, sino adem�s si es o no L., P., o un modelo o marca similar a �stas, del mismo calibre; dicho peritaje no contiene los razonamientos en que se basa la opini�n del perito y las operaciones o experimentos propios de su arte que lo llevaron a identificar el arma. Por lo cual, este peritaje no cumple con las exigencias del art�culo 234 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, por lo que atento a lo se�alado por el numeral 288 del citado c�digo adjetivo, no se le concede valor probatorio para acreditar que la pistola calibre 9 mil�metros asegurada sea del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, al no determinarse que se trate de una P., L. o similar a �stas ...?. A.� tales razonamientos en la invocada jurisprudencia del rubro: ?PORTACI�N DE ARMAS DE FUEGO CALIBRE 9 MM. SE REQUIERE DE UN DICTAMEN RAZONADO QUE DESCRIBA SUS CARACTER�STICAS PARA QUE SE PUEDA DETERMINAR T�CNICAMENTE SI SON O NO DE USO EXCLUSIVO DEL EJ�RCITO, ARMADA Y FUERZA A�REA NACIONALES.? (fojas 71 a 72 del toca penal 70/2003). No obstante lo anterior, el Magistrado responsable concluy� que dicha arma s� es de las de uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, con base en la siguiente consideraci�n: (se transcribe). Al respecto, cabe expresar que en concepto de este Primer Tribunal Colegiado, la circunstancia de omisi�n en que incurri� el perito, al no mencionar si el arma asegurada era de un modelo o marca similar a las descritas en el inciso b) del mencionado art�culo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no se subsana con la consideraci�n formulada en la sentencia reclamada, en el sentido de que dicha similitud se obtiene porque se hayan incautado cinco cartuchos marca L. calibre 9 mil�metros, que seg�n la sentencia reclamada tra�a en su cargador la referida pistola afecta, y que de ello debe deducirse que s� puede ser utilizada con cartuchos de esa marca y tipo (L., no hay duda de que es similar a las de tipo L., porque de lo contrario no podr�a ser utilizada con cartuchos como los asegurados. Efectivamente, no se comparte tal consideraci�n, por dos motivos fundamentales: El primero de ellos, debido a la inexactitud de la premisa en que se apoya la referida conclusi�n, toda vez que, como qued� evidenciado de la transcripci�n de antecedentes, en la inspecci�n ministerial ni siquiera se precis� que los cinco cartuchos �tiles, calibre 9 mil�metros, marca L., de los cuales se dio fe, hubiesen sido encontrados en el cargador de la pistola marca R. asegurada. Asimismo, el segundo de tales argumentos, deviene conjetural en atenci�n a que, de considerar que tales cartuchos hubiesen sido encontrados en el interior del cargador de la pistola marca R., aun as�, ello ser�a insuficiente para determinar que tal arma pueda percutirlos (o que como lo sostuvo el Magistrado responsable, puede ser utilizada con cartuchos marca L., si esta circunstancia no fue determinada mediante prueba pericial, que resultar�a ser el medio convictivo id�neo, dado que para verificar esa circunstancia se precisa de conocimientos especializados, diversos de los que la ley exige al juzgador para el desempe�o de su tarea. Consecuentemente, en el caso no qued� acreditado que el arma calibre 9 mil�metros, marca R., por cuya portaci�n fue sentenciado el quejoso, sea de las del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza A�rea, previstas en el art�culo 11, inciso b), de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y sancionada en el art�culo 83, fracci�n II, de la propia ley. Luego, ante la evidente violaci�n a la referida garant�a de seguridad jur�dica prevista en el art�culo 14 constitucional, procede conceder la protecci�n de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que siguiendo los lineamientos fijados en la presente ejecutoria determine la absoluci�n del hoy quejoso ... respecto de la acusaci�n que en su contra formul� el Ministerio P�blico en su escrito de conclusiones (fojas 278 a 295) por la comisi�n del delito de portaci�n de arma de fuego del uso exclusivo de las instituciones armadas, previsto en el art�culo 83, fracci�n II, relacionado con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y que hizo consistir en la portaci�n de una pistola tipo escuadra, marca R., calibre 9 mil�metros. Sin que en el caso, el Magistrado responsable pueda emitir sentencia condenatoria por la comisi�n del delito de portaci�n de arma de fuego del uso restringido a las instituciones armadas, por el diverso hecho consistente en la portaci�n del arma de fuego tipo revolver, calibre .357' M., en atenci�n a que en la sentencia reclamada ya emiti� pronunciamiento respecto de tal cuesti�n, determinando que ... no efectu� la portaci�n de dicha pistola calibre .357' M., y que, por ende, no se consideraba del todo adecuada la sentencia de primera instancia, en la que se hab�a resuelto que el hoy quejoso hab�a efectuado la portaci�n de las dos armas de fuego descritas."
CUARTO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 86/2002-4o. penal, promovido por ... sostuvo las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violaci�n esgrimidos por el quejoso ... y suficientes para concederle la protecci�n constitucional que solicita. Conviene precisar que en la especie, el sentenciado y aqu� quejoso ... se duele de la resoluci�n dictada por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario de este D�cimo Noveno Circuito, con ejercicio y residencia en esta ciudad, de treinta de enero de dos mil dos, dictada dentro del toca n�mero 356/2001, formado con motivo del recurso de apelaci�n interpuesto por el propio quejoso y su defensora p�blica federal en contra de la sentencia dictada por el Juez D�cimo de Distrito en el Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, dentro de la causa penal n�mero 15/2001, instruida en contra de aqu�l, en la que fue condenado a compurgar una pena de prisi�n de cinco a�os y al pago de multa por la cantidad de $1,897.50 (un mil ochocientos noventa y siete pesos 50/100 M.N.), equivalente a cincuenta d�as del salario m�nimo general vigente en la �poca en que sucedieron los hechos, por su plena responsabilidad en la comisi�n del delito de portaci�n de arma de fuego del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacional, previsto y sancionado en el art�culo 83, fracci�n II, en relaci�n con el ordinal 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La parte del art�culo a que se alude, establece que al que sin el permiso correspondiente porte un arma del uso exclusivo de las instituciones armadas nacionales, se le sancionar�: ?... II. Con prisi�n de cinco a diez a�os y de cincuenta a doscientos d�as multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del art�culo 11 de esta ley; ...?. De donde se sigue que los elementos que integran la descripci�n t�pica del il�cito que se atribuye al impetrante del amparo son: a) La existencia de un arma de fuego que sea del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza A�rea Nacionales. b) Que el sujeto activo porte dicha arma. c) Que tal conducta se realice sin pertenecer a las fuerzas armadas del pa�s. Pues bien, una vez analizados exhaustivamente todos y cada uno de los medios de prueba que obran dentro de la causa penal de origen, este �rgano colegiado termina por concluir que en la especie no se encuentran fehacientemente colmados todos y cada uno de los elementos aludidos, espec�ficamente el puntualizado en el inciso a), relativo a que el arma de fuego relacionada con la causa sea de las reservadas para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacionales, comoatinadamente lo sostiene el quejoso en sus conceptos de violaci�n. En efecto, el justiciable sostiene en sus conceptos de violaci�n, esencialmente, que la Magistrada responsable infringi� la reglas reguladoras de la prueba, al apoyar su sentencia de condena en un dictamen pericial en materia de bal�stica, en el que los peritos no establecen cu�les fueron las operaciones y experimentos que realizaron para concluir que el arma afecta a la causa es del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacionales, ni manifiestan los hechos y circunstancias espec�ficas para fundamentar su opini�n, todo lo cual -aduce- infringe el contenido del art�culo 234 del C�digo Federal de Procedimientos Penales; de manera que -concluye- no existe en autos pruebas aptas, contundentes y suficientes para arribar a la conclusi�n de que dicha arma sea efectivamente de las reservadas para el uso de los institutos armados del pa�s. Dicho concepto de violaci�n resulta sustancialmente fundado, tal como se hab�a adelantado, por los motivos siguientes: De las constancias que integran la causa penal de donde emana el acto reclamado, se advierte que para tener por acreditado el elemento de que se trata, la Magistrada responsable concedi� pleno valor probatorio al dictamen pericial que rindieron los agentes de la Polic�a Judicial Federal ... en su car�cter de peritos habilitados, el once de abril del a�o dos mil uno, ante el agente del Ministerio P�blico que instruy� la averiguaci�n previa, del tenor literal siguiente: ?... Que al tener a la vista en las oficinas de esta fiscal�a de la Federaci�n una pistola escuadra, calibre 9 mil�metros, marca S.&., con la leyenda marca registrada S.&.W. Springfield, Nass, con n�mero de serie TAJ 6227, modelo 469, color negra, presentando en la empu�adura del lado derecho una cacha de pl�stico color negro estrellada, falt�ndole la cacha del lado izquierdo, as� como un cargador desabastecido, misma que se encuentra en buenas condiciones de uso, concluimos que dicha arma de fuego s� es del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea por encontrarse dentro de las se�aladas por el art�culo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pericial que rendimos de acuerdo a su (sic) leal saber y entender y por los conocimientos que tienen en la materia ...? (foja 27 del proceso). Ciertamente, dicho dictamen, en los t�rminos que fue emitido, resulta insuficiente para acreditar que el arma de fuego cuya portaci�n se atribuye al quejoso es de las reservadas para el uso exclusivo de las instituciones castrenses, y se aparta de los lineamientos a que se contrae el art�culo 234 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, en donde se establece que los peritos ?... practicar�n todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiera y expresar�n los hechos y circunstancias que le sirvan de fundamento a su opini�n ...?, justo porque los agentes de la Polic�a Judicial Federal habilitados como peritos no emitieron razonamiento alguno que sustentara su opini�n de que, efectivamente, el arma afecta a la causa es de las reservadas para el uso de la milicia, pues solamente se limitaron a manifestar de manera dogm�tica, en los t�rminos expuestos, que la misma es de las que se encuentran se�aladas por el art�culo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, opini�n pericial que vertida en esos t�rminos, resulta insuficiente para los efectos pretendidos. Y es que la obligaci�n de que los peritos expresen cabalmente los hechos y circunstancias que fundamenten su opini�n, no es un capricho del legislador federal, sino, en casos como el que se enjuicia, una condici�n indispensable para acreditar la naturaleza del arma de fuego, si se parte de la base de que tanto el art�culo 9o., fracci�n I, como el 11, inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, detallan, el primero, las armas de fuego que pueden poseerse y portarse con el permiso de la Secretar�a de la Defensa Nacional y, el segundo, aquellas cuyo uso se reserva exclusivamente a las instituciones armadas, haciendo referencia a pistolas de calibre nueve mil�metros; sin embargo, la hip�tesis normativa a que se contrae el segundo de los numerales es espec�fico en se�alar que las armas reservadas ser�n ?... 9mm P., L. y similares ...?. De donde se sigue que a trav�s del peritaje de que se viene hablando, solamente se acredit� que el arma afecta a la causa es de calibre nueve mil�metros, pero, en las condiciones apuntadas, fue omiso en establecer si la misma es P., L. o similar, y si acaso fuera de estas �ltimas, en qu� aspectos reca�a su similitud; esto es, si en su funcionamiento semi o autom�tico, en la capacidad deflagrante, potencia de fuego, y dem�s caracter�sticas propias de la bal�stica; debi�ndose precisar las t�cnicas y experimentos utilizados para arribar a la conclusi�n alcanzada, a efecto de estar en posibilidad de establecer fundadamente que el arma efectivamente es de uso reservado a las fuerzas armadas pues, como se dej� visto, el s�lo grosor del calibre no es un aspecto determinante. Cobra aplicaci�n en la especie la jurisprudencia n�mero VI.2o.P. J/3, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la p�gina 1250, T.X., septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dice: ?PRUEBA PERICIAL. AL DICTAMINARSE SOBRE EL CALIBRE DE ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DE LOS INSTITUTOS ARMADOS DEL PA�S, DEBER� MOTIVARSE SOBRE SUS CARACTER�STICAS AL TRATARSE DE LAS SIMILARES A LA LUGER Y PARABELLUM, COMPRENDIDAS EN EL ART�CULO 11, INCISO B), DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.? (se transcribe). Tenemos que decir que por tales motivos la Magistrada responsable no debi� otorgarle valor probatorio pleno a dicho dictamen, y al hacerlo viol� en perjuicio del quejoso ... las reglas de valoraci�n de las pruebas que rigen en materia penal. Ahora bien, sentada la premisa de que en la especie no qued� debidamente acreditado que el arma de fuego cuya portaci�n se atribuye al justiciable sea de las reservadas para el uso de las instituciones castrenses, con el objeto de dilucidar los efectos de la protecci�n constitucional, es menester dejar puntualizadas las siguientes consideraciones: La doctrina recogida por la legislaci�n federal clasifica los delitos en orden al tipo, a partir de los tipos llamados b�sicos o fundamentales, en los cuales los elementos que los integran sirven de base para que de ellos se desprendan otras figuras t�picas; as�, por ejemplo, los tipos especiales se desprenden del b�sico al agregarle nuevos elementos, que por su propia naturaleza dan lugar a la conformaci�n de una nueva figura t�pica, aut�noma, con su propia penalidad, y pueden ser calificados seg�n la aumenten o disminuyan; mientras que, por su parte, los llamados tipos complementados (llamados tambi�n circunstanciados o subordinados) se integran cuando a la figura fundamental se le a�aden otros elementos, pero contrario a lo que sucede con los tipos especiales, en estos no se forma un nuevo tipo aut�nomo, sino que subsiste el mismo, dando lugar las circunstancias agregadas a que la penalidad se aumente o disminuya. Cabe decir que la clasificaci�n de los delitos atendiendo al tipo, a que se ha hecho referencia, fue sostenida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis consultable en la p�gina 68, Volumen XV, Segunda Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, del rubro y tenor literal siguiente: ?DELITOS. AUTONOM�A DE LOS TIPOS.? (se transcribe). Atento a las consideraciones expuestas, es v�lido concluir que trat�ndose del il�cito de portaci�n de arma, el tipo b�sico lo constituye precisamente la portaci�n de un arma de fuego, en la medida en que tanto el art�culo 81 como el 83, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sancionan la portaci�n de objetos deflagrantes, esto es, en ambos casos la portaci�n de un arma de fuego es el elemento com�n, s�lo que el primero de los art�culos castiga esa conducta cuando el agente porta un arma permitida, sin que se le haya expedido la licencia correspondiente, circunstancia que complementa al elemento b�sico de la portaci�n; mientras que las diferentes hip�tesis que se contienen en las diversas fracciones que comprende el �ltimo de los numerales en cita dan lugar a un delito complementado, al exigirse para su actualizaci�n la particularidad de que el arma de que se trate sea del uso exclusivo de las fuerzas castrenses. Tambi�n, es menester puntualizar que trat�ndose de delitos complementados, como ocurre en la especie, �ste no forma una figura t�pica aut�noma, sino que se constituye por el b�sico o fundamental, el cual es el n�cleo; es decir, el elemento fundamental (la portaci�n de arma) no desaparece, en uno y otro caso est� presente siempre, y el complemento tiene como consecuencia incidir en la pena que debe aplicarse; de ah� que cuando no se acredita uno de los elementos del tipo, ya sea complementado o especial, como sucede en el caso que se enjuicia, seg�n los razonamientos ya expuestos, lo que debe hacerse es tomar como premisa el b�sico, pues el elemento fundamental que lo constituye (la portaci�n de un arma de fuego) sigue estando presente; entonces, la no integraci�n de alguno de los elementos del tipo, ya sea �ste especial o complementado, solamente genera una traslaci�n de tipo, m�s no la atipicidad. En efecto, es claro que las figuras que derivan del fundamental o b�sico, ya sean especiales o complementadas, siempre contendr�n el elemento del tipo del cual provienen, en el caso de la portaci�n de un arma de fuego, de manera que de no presentarse las circunstancias agregadas al b�sico, �ste subsiste; esto es, que la atipicidad que pudiera surgir por falta de los elementos agregados al fundamental s�lo origina la no configuraci�n del especial o del complementado, seg�n el caso, pero sigue subsistiendo el b�sico, pues la diferencia que existe entre tales tipos es exclusivamente de grado. As�, en la especie, la traslaci�n de que se viene hablando solamente implicar�a que al no materializarse todos y cada uno de los elementos de la conducta que se atribuye al quejoso, o sea, que el arma de fuego efectivamente sea del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, se regrese al fundamental en el que se aplique la pena para �l determinada, esto es, la portaci�n de arma de fuego, pero ahora sin la licencia correspondiente, a que se contrae el art�culo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues, como se dijo, este numeral castiga la portaci�n de pistolas cuyo calibre no sea superior a los 9 mil�metros. Cobra puntual aplicaci�n en la especie, en atenci�n a los razonamientos jur�dicos que la inspiran, la jurisprudencia n�mero 1a./J. 5/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Primero, Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la p�gina 358, T.X., abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dice: ?ROBO. ART�CULO 371, P�RRAFO TERCERO, DEL C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA NO INTEGRACI�N DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS, S�LO ORIGINA LA TRASLACI�N DE TIPO AL B�SICO Y NO LA ATIPICIDAD.?."
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis cuyos datos de localizaci�n, rubro y contenido se precisan a continuaci�n:
"Novena �poca
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XVI, julio de 2002
"Tesis: XIX.4o.5 P
"P�gina: 1364
"PORTACI�N DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJ�RCITO, ARMADA Y FUERZA A�REA NACIONALES. SI NO SE ACREDITA LA CALIDAD DE PROHIBIDA DEL ARMA AFECTA, DEBE SANCIONARSE AL ACTIVO CONFORME AL TIPO B�SICO DE PORTACI�N DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. Trat�ndose del il�cito de portaci�n de arma de fuego que prev� la legislaci�n federal, el tipo b�sico lo constituye precisamente la portaci�n de un arma de fuego sin licencia, en la medida en que, tanto el art�culo 81 como el diverso 83, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sancionan la portaci�n de objetos deflagrantes; en ambos casos la portaci�n de un arma de fuego es el elemento com�n, s�lo que el primero de los art�culos castiga esa conducta cuando el agente porta un arma permitida, sin que se le haya expedido la licencia correspondiente, mientras que las diferentes hip�tesis contenidas en las diversas fracciones que comprende el �ltimo de los numerales en cita, dan lugar a un delito complementado, al exigirse para su actualizaci�n la particularidad de que el arma de que se trate sea del uso exclusivo de las fuerzas castrenses. Ahora bien, los delitos complementados no forman una figura t�pica aut�noma, sino que se constituyen por el b�sico o fundamental que, en la especie, lo es la portaci�n de arma, y el complemento, consistente en la calidad de reservada para el uso de las fuerzas castrenses; de ah� que cuando no se acredita uno de los elementos del tipo complementado, lo que corresponde es tomar como premisa el b�sico, que lo constituye la portaci�n de un arma de fuego, el que sigue estando presente como elemento fundamental; entonces, la no integraci�n de alguno de los elementos del tipo complementado, en la especie, la calidad de prohibida del arma de fuego, solamente genera una traslaci�n de tipo, mas no la atipicidad, porque de no presentarse las circunstancias agregadas al b�sico, �ste a�n sigue subsistiendo, pues la diferencia que existe entre tales tipos es exclusivamente de grado. As�, al no materializarse todos y cada uno de los elementos de la conducta que se atribuye al activo, o sea, que el arma de fuego efectivamente sea del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, la consecuencia legal no es la absoluci�n de aqu�l, sino que se le aplique la pena relativa al tipo b�sico de portaci�n de arma de fuego sin licencia a que se contrae el art�culo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO.
"Amparo directo 86/2002. 26 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: G.L.M.�nez. Secretario: D.I.D.�nguez."
QUINTO. Cabe se�alar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su an�lisis y establecer si existe la contradicci�n planteada y, en su caso, cu�l criterio debe prevalecer.
Tienen aplicaci�n las siguientes tesis que a continuaci�n se transcriben:
"Octava �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n
"N�mero: 83, noviembre de 1994
"Tesis: P. L/94
"P�gina: 35
"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal ni el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen as�.
"Contradicci�n de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: F.M.F.. Secretario: J.C.C.R.."
"Novena �poca
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XII, noviembre de 2000
"Tesis: 2a./J. 94/2000
"P�gina: 319
"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados."
SEXTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicci�n de criterios, pues s�lo en tal supuesto es dable definir cu�l es el que debe prevalecer.
Para que haya materia a dilucidar respecto de cu�l criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se analice la misma cuesti�n; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicci�n de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, y
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"P�gina: 76
"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicci�n de criterios.
El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del D�cimo S�ptimo Circuito, en esencia, sostiene que cuando no quede acreditado que el arma por cuya portaci�n fue sentenciado el quejoso sea de las del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza A�rea, previstas en el art�culo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuegoy Explosivos y sancionada en el art�culo 83, fracci�n II, de la propia ley, la protecci�n de la justicia federal se debe conceder para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que determine la absoluci�n del quejoso respecto de la acusaci�n que en su contra formul� el Ministerio P�blico en su escrito de conclusiones por la comisi�n del delito de portaci�n de arma de fuego de uso exclusivo de las instituciones armadas, previsto y sancionado en los preceptos antes se�alados.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito se�ala que cuando no quede demostrada la calidad de prohibida del arma de fuego relacionada con la causa, pero que se colmen los elementos materiales del delito de portaci�n de arma de fuego sin licencia como tipo b�sico, previsto y sancionado por el art�culo 81 en relaci�n con el 9o., fracci�n I, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la protecci�n constitucional deber� concederse para el efecto de que la Magistrada responsable deje insubsistente la sentencia combatida y emita otra en la que estime que no qued� acreditada la calidad de reservada del arma de fuego de que se trata, pero que se colman los elementos materiales del delito de portaci�n de arma de fuego sin licencia como tipo b�sico, previsto y sancionado en los preceptos antes se�alados.
En los autos de las correspondientes causas penales se emitieron dict�menes periciales en los cuales se determin� que los objetos (armas) sobre los que se practicaron eran de los comprendidos en el inciso b) del art�culo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; es decir, pistolas calibre 9 mm. (nueve mil�metros).
Es el caso que los Jueces penales de primera instancia, as� como los respectivos Tribunales Unitarios, concedieron pleno valor probatorio a los dict�menes periciales en cuesti�n, y con arreglo a ello los primeros sentenciaron a los procesados por el delito mencionado, mientras que estos �ltimos confirmaron tales resoluciones.
Ahora bien, es importante destacar que los Tribunales Colegiados en contradicci�n, al conocer de los juicios de amparo directo de los que emanaron los criterios encontrados, fueron acordes en concluir que los respectivos dict�menes periciales de referencia eran insuficientes, de acuerdo a su contenido, para que con ellos se acreditara que el objeto examinado encuadraba en la hip�tesis prevista en el art�culo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, porque, en t�rminos de ese numeral, era necesario establecer si la pistola de 9 mm. era P., L. o similar, y si acaso fuera de estas �ltimas, en qu� aspectos reca�a su similitud, y la omisi�n en se�alarse en el dictamen imped�a sostener que �sta fuera de uso exclusivo de los institutos armados del pa�s, ello dado que la primera fracci�n del art�culo en comento tambi�n contempla la posibilidad de que armas de calibre 9 mm. (.380") puedan ser pose�das o portadas por los particulares, con las restricciones que fija la propia ley de armas.
As�, tenemos que ambos �rganos colegiados coincidieron en este aspecto, sin embargo, el punto de contradicci�n se presenta en relaci�n con la forma en que fue concedida la protecci�n de la Justicia Federal.
En efecto, el actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del D�cimo S�ptimo Circuito determin� que para el caso de no acreditarse la calidad de reservada para el uso exclusivo de las fuerzas armadas, de una arma de fuego cuya portaci�n se atribuye al quejoso, por ser impreciso el dictamen en que se bas� la condena respecto de las caracter�sticas del arma, el delito por el que se ejercit� acci�n penal (art�culo 83, facci�n II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos) no existe y, por tanto, la consecuencia legal es que debe absolverse al procesado.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito estim� que el il�cito de portaci�n de arma es un tipo b�sico, de manera que si las constancias de autos son insuficientes para acreditar la calidad de reservada del arma de fuego cuya portaci�n se atribuye al quejoso, como constitutivo del delito previsto en el art�culo 83, fracci�n II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al ser �sta una cualidad que complementa al tipo b�sico, no puede sostenerse la inexistencia del delito y concederse la protecci�n constitucional para que se absuelva al reo, sino que se le debe castigar por el delito b�sico (art�culo 81 de la ley en comento), esto es, la portaci�n de arma de fuego sin licencia; por lo que al integrarse todos y cada uno de los elementos que lo constituyen el efecto de la concesi�n del amparo es para que se imponga la pena determinada en el precepto legal que contempla a esta �ltima figura delictiva.
As� las cosas, ambos Tribunales Colegiados llegan a posturas diferentes, �nicamente en cuanto a los efectos de la concesi�n del amparo, ya que mientras uno se�ala que para el caso de no acreditarse la calidad de reservada de un arma de fuego para el uso exclusivo de las fuerzas armadas, debe absolv�rsele del delito al quejoso al no haber quedado demostrada tal calidad; el otro sostiene que, no obstante no haberse demostrado esa calidad, se acreditaba el delito de portaci�n de arma de fuego sin licencia como tipo b�sico, por lo que conforme a ello le deber�a imponer a �ste las penas correspondientes. De lo anterior se advierte que en el caso concreto existe contradicci�n de criterios sobre un mismo t�pico jur�dico.
S�PTIMO. Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos de las consideraciones siguientes.
Como qued� precisado, en los antecedentes de los juicios, materia de la contradicci�n, los tribunales contendientes fueron acordes en concluir que los dict�menes periciales eran insuficientes de acuerdo a su contenido, para que con ellos se acreditara que el arma examinada encuadraba en la hip�tesis prevista en el art�culo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Es decir, ambos Tribunales Colegiados parten de la interpretaci�n de que una pistola calibre 9 mm. puede ser o no restringida para el uso exclusivo de las instituciones castrenses nacionales, ya que sostienen que el art�culo 9o., fracci�n I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tambi�n contempla en su primera fracci�n el calibre 9 mm., como para ser utilizado bajo el amparo de la expedici�n de una licencia para portar o poseer armas de tal calibre, en los t�rminos que fija la propia ley y que, por ese motivo, es indispensable que los dict�menes periciales en materia de bal�stica e identificaci�n de armas deban contener la explicaci�n t�cnica cient�fica que ilustren al juzgador sobre el porqu� el tipo de arma de fuego calibre 9 mm., objeto o materia del dictamen, es similar a las de calibre 9 mm. M., L., P. y Comando.
Los dos tribunales se�alaron que tanto el art�culo 9o., fracci�n I, como el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, detallan, el primero, las armas de fuego que pueden poseerse y portarse con el permiso de la Secretar�a de la Defensa Nacional, y el segundo aquellas cuyo uso se reserva exclusivamente a las instituciones armadas, haciendo referencia a pistolas de calibre 9 mm.; sin embargo, la hip�tesis normativa a que se contrae el segundo de los numerales es espec�fico en se�alar que las armas reservadas ser�n 9 mm. M., L., P. y Comando o similares y que, a trav�s de los peritajes respectivos, solamente se acredit� que las armas afectas a las causas penales eran pistolas calibre 9 mm., indic�ndose en cada asunto las marcas (como S.&.W. y R., pero fueron deficientes al omitir establecer si las mismas eran M., L., P., Comando o similares, y si acaso fuera de estas �ltimas, en qu� aspectos (mecanismo o caracter�sticas) reca�a su similitud; por lo que si las armas que portaban los inculpados (quejosos) no estaban inmersas dentro de las disposiciones legales que se consider� se actualizaron con las conductas desplegadas por ellos (art�culo 83, fracci�n II, de la ley en comento), no qued� fehacientemente demostrado que las armas de fuego incautadas respectivamente en cada causa correspondieran al calibre 9 mm. M., L., P., Comando o similares, lo que imped�a sostener que fueran de uso exclusivo de los institutos armados del pa�s.
Respecto de esta cuesti�n resulta indispensable precisar que esta Primera Sala en sesi�n de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro resolvi�, por unanimidad de cuatro votos, la contradicci�n de tesis 124/2002-PS, denunciada con anterioridad a la 154/2003-PS en que se act�a, en la que la materia de la misma era precisamente determinar si en t�rminos del art�culo 9o., fracci�n I, y 11, inciso b), en relaci�n con la fracci�n II del art�culo 83, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, era o no permitido que los particulares portaran armas de 9 mm., o si eran restringidas para el uso exclusivo de las instituciones castrenses nacionales.
En dicha contradicci�n se determin�, al interpretar sistem�ticamente los art�culos 9o., fracci�n I, y 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que no se permite a los particulares la posesi�n o portaci�n de armas de fuego calibre 9 mil�metros o superior, ya que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas del pa�s; con independencia de la marca de que se trate, pues el t�rmino similares se refiere al calibre, el cual puede corresponder a cualquier marca, situaci�n que se refleja en la jurisprudencia derivada de esa contradicci�n.
Ahora bien, no obstante lo anterior, en la especie subsiste el punto de discrepancia consistente en la forma en que fue concedida la protecci�n de la Justicia Federal, pues mientras uno de los Tribunales Colegiados contendientes se�ala que para el caso de no acreditarse la calidad de reservada de un arma de fuego para el uso exclusivo de las fuerzas armadas debe absolv�rsele del delito al quejoso, al no haber quedado demostrada tal calidad; el otro afirma que aunque no se demostr� esa calidad, s� se acreditaba el delito de portaci�n de arma de fuego sin licencia como tipo b�sico, por lo que conforme a ello se le deber�a imponer a �ste las penas correspondientes.
En primer lugar, resulta necesario transcribir el art�culo 10 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintid�s de octubre de 1971 dec�a:
"Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquiera clase para su seguridad y leg�tima defensa, hecha excepci�n de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la naci�n reserve para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Guardia Nacional; pero no podr�n portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de polic�a."
El texto reformado y que contin�a vigente dice:
"Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y leg�tima defensa, con excepci�n de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada, Fuerza A�rea y Guardia Nacional. La ley federal determinar� los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podr�n autorizar a los habitantes la portaci�n de armas."
Para el estudio del precepto transcrito, resulta de importancia destacar el contenido de la iniciativa de decreto que dio origen a la reforma citada.
En dicha iniciativa se se�ala:
"C�mara de Origen: Senadores
"Exposici�n de motivos
"M�xico, D.F., a 23 de diciembre de 1967
"Iniciativa del Ejecutivo
"CC. Secretarios de la
"C�mara de Senadores
"del H. Congreso de la Uni�n
"Presentes.
"Las condiciones que prevalec�an en el pa�s durante el siglo pasado y principios del actual, poco propicias para que las autoridades defendieran eficazmente a los habitantes en contra del ataque violento a su vida o derechos, determin� la necesidad de instituir como garant�a individual la de poseer y portar armas para la seguridad y leg�tima defensa, que qued� consagrada en el art�culo 10 de las Constituciones Pol�ticas de 1857 y 1917, respectivamente.
"Es indiscutible que el valor tutelado por estos preceptos es el de la seguridad personal y que, por consiguiente, la portaci�n de armas s�lo constituye uno de tantos medios para lograrla, debiendo reconocerse que la tranquilidad y la paz p�blicas son el fundamento mismo en que ha de apoyarse dicha seguridad.
"La portaci�n de armas debe quedar sujeta a las limitaciones que la paz y la tranquilidad de los habitantes exijan y, en consecuencia, s�lo se justifica en aquellos casos y en los lugares en que las autoridades del pa�s, no est�n en aptitud de otorgar a las personas una inmediata y eficaz protecci�n.
"Las nuevas condiciones sociales y econ�micas creadas por los reg�menes revolucionarios, las modernas v�as de comunicaci�n, el funcionamiento de cuerpos policiacos en todas las poblaciones de la Rep�blica, as� como el actual nivel cultural de sus habitantes que trae consigo un mayor respeto a la vida y a los derechos de los dem�s, han determinado que la inmoderada portaci�n de armas, en lugar de favorecer la seguridad, resulte contraproducente al propiciar la comisi�n de delitos, por la natural agresividad que se manifiesta en los individuos armados.
"En la actualidad, en diversas regiones del pa�s, se autoriza la portaci�n de armas, sin exigir del solicitante la satisfacci�n de condiciones m�nimas para garant�a de la sociedad, la que ha originado el fen�meno llamado ?pistolerismo? que es necesario combatir en bien de la colectividad.
"La reforma del art�culo 10 constitucional, es procedente a efecto de que el Congreso de la Uni�n, mediante una ley acorde a las circunstancias imperantes en el pa�s, determine los casos, condiciones y lugares para los que podr�n otorgarse permisos de portaci�n de armas, as� como de las autoridades competentes para expedirlos.
"El otorgamiento de derechos a los individuos debe ser siempre correlativo a las obligaciones que la mejor convivencia social requiera, ya que, en �ltima instancia, las normas jur�dicas deben tender al establecimiento de mejores condiciones de vida para el hombre; de ah� que el permiso para portar no debe de manera alguna implicar un peligro para la colectividad, sino, por el contrario crear circunstancias que propicien una mayor tranquilidad y una eficaz protecci�n personal.
"Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere la fracci�n I del art�culo 71 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter, por el digno conducto de ustedes, a la consideraci�n del Constituyente Permanente, en los t�rminos establecidos por el art�culo 135 de la propia Constituci�n, el siguiente
"Decreto que reforma el art�culo 10 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
"Recibo y a la Segunda Comisi�n de Puntos Constitucionales."
Por su parte, en el dictamen de la Comisi�n de Puntos Constitucionales, referente a la iniciativa, se estableci�:
"C�mara de Senadores
"Dictamen
"M�xico, D.F., a 26 de diciembre de 1967
"Comisi�n de Puntos Constitucionales
"H. Asamblea:
"A la suscrita Segunda Comisi�n de Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa enviada por el C. Presidente de la Rep�blica por conducto de la Secretar�a de G.�n, para que se reforme el art�culo 10 de la Constituci�n Federal que instituye como garant�a individual la de poseer y portar armas.
"La iniciativa en cuesti�n declara en sus considerandos que la portaci�n de armas debe quedar sujeta a las limitaciones que la paz y la tranquilidad de los hombres exijan y s�lo se justifica en aquellos casos y en los lugares en que las autoridades del pa�s, no est�n en aptitud de otorgar a las personas una inmediata y eficaz protecci�n; afirmando que las nuevas condiciones sociales y econ�micas creadas por los reg�menes revolucionarios, as� como el actual nivel cultural de sus habitantes, han determinado que la inmoderada portaci�n de armas en lugar de favorecer la seguridad, resulte contraproducente al propiciar la comisi�n de delitos, por la natural agresividad que se manifiesta en los individuos armados.
"En el art�culo 10 constitucional vigente, se establece como garant�a individual el derecho de poseer armas de cualquier clase, hecha excepci�n de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la naci�n reserva para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Guardia Nacional; autorizando a que se porten armas dentro de las poblaciones de acuerdo con los reglamentos de polic�a.
"La redacci�n de este precepto constitucional, ha dado lugar a que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sustente jurisprudencia en el sentido de que el contraventor a un reglamento de esa naturaleza, s�lo puede estar sujeto a las penas y sanciones que �stos establezcan, que indiscutiblemente debe tener el car�cter administrativo, pero que ni las leyes penales ordinarias del Distrito y Territorios Federales, ni las leyes penales de los Estados, pueden sancionar como delito el hecho de que una persona porte una arma que no sea de las prohibidas, para la defensa de su integridad personal y la de los suyos.
"El art�culo similar de la Constituci�n de 1857, estableci� el derecho de los hombres para portar armas para su seguridad y leg�tima defensa, dejando a la ley se�alar cu�les son las prohibidas y las penas en que incurren los que las portan. Su aprobaci�n provoc� un largo debate, expresando sus impugnadores su temor de que se abusara de este derecho concedido de una manera absoluta y quer�an que el pueblo estuviese armado en defensa de sus derechos, pero en la Guardia Nacional. El diputado Z. sin oponerse a que todos los hombres anden armados en los caminos y a que en las fronteras todos puedan defenderse de los b�rbaros, cree indigno que una naci�n civilizada que la Constituci�n declare que el poder p�blico no puede amparar a los hombres y que �stos necesitan defenderse por s� mismos; y teme que en adelante ya no haya reyertas de palabras, sino que la menor disputa se decida en estocadas y a balazos y teme tambi�n que las facciones que quieran extraviar al vulgo puedan hacer uso de este derecho-.
"Por lo que se ve la reforma propuesta al art�culo 10 constitucional coincide en el fondo con su antecedente de la Constituci�n de 1857, ya que ambas dejan a la Ley Federal y no a los Reglamentos de Polic�a como en la Constituci�n actual determinar los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podr� autorizar a los habitantes la portaci�n de armas.
"Los reglamentos de polic�a, a cuyas disposiciones deja el art�culo 10 constitucional en vigor, reglamentar la portaci�n y uso de armas, no son los instrumentos jur�dicos id�neos para tutelar uno de los m�s importantes derechos del individuo, como es el de su seguridad personal, que debe quedar al cuidado de las instituciones y ser regulados por normas de mayor jerarqu�a.
"El aspecto concreto m�s trascendente en el proyecto del Ejecutivo, consiste en dejar vigente el derecho de los individuos a poseer armas en sus domicilios y dejar a una ley reglamentaria federal determinar los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podr� autorizar la portaci�n de armas.
"Por lo antes expuesto; se somete a la consideraci�n de esta H. Asamblea el siguiente
"Proyecto de decreto que reforma el art�culo 10 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
"Art�culo �nico. Se reforma el art�culo 10 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"?Art�culo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho aposeer armas en su domicilio, para su seguridad y leg�tima defensa, con excepci�n de las prohibidas por la ley y de las reservadas para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada, Fuerza A�rea y Guardia Nacional. La ley federal determinar� los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podr� autorizar a los habitantes la portaci�n de armas.?
"Transitorio:
"�nico: La presente reforma entrar� en vigor el mismo d�a que entre en vigor la ley federal reglamentaria a que la misma se refiere.
"Sala de comisiones presidente ?S.�n L. de Tejada? de la C�mara de Senadores. M�xico, D.F., a veintis�is de diciembre de 1967. Sen. L.. R.M.V.. Sen. L.. J.J.G.B.. Sen. L.. Mar�a L.U.."
Como puede advertirse de lo transcrito, del contenido original del art�culo 10 constitucional se desprend�an indiscutiblemente tres presupuestos jur�dicos:
a) El derecho de los habitantes del pa�s para poseer armas, de cualquier clase, para su seguridad y defensa.
b) La prohibici�n de poseer determinadas armas.
c) Los requisitos para portarlas en las poblaciones, con sujeci�n a reglamentos policiacos.
La reforma a dicho precepto modific� sustancialmente dos de esos presupuestos, estableciendo nuevas modalidades a esa garant�a individual, a saber:
a) Que el derecho de poseer armas se limita al domicilio de los habitantes del pa�s; y
b) Que la portaci�n de las armas quedar� sujeta a las disposiciones de una ley federal.
Se adicion�, adem�s, la Fuerza A�rea a las instituciones militares para las que se reserva el uso exclusivo de determinado tipo de armas.
La importancia de las dos modificaciones que se propusieron en el proyecto de reformas al art�culo 10 de nuestra Carta Magna, fueron vitales para el nacimiento de la ley reglamentaria de esta disposici�n constitucional, esto es, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En efecto, dicha reforma tuvo como fin fundamental, primeramente, controlar constitucionalmente el uso indebido de toda clase de armas y proteger a la colectividad del temor, de la inseguridad y de los abusos de quienes, al amparo de una garant�a individual, que tuvo su raz�n de ser en otras �pocas, pusieron -y siguen poniendo- en peligro a los integrantes de la sociedad con la realizaci�n de actos delictivos, a veces premeditados y a veces irreflexivos, que surgen de la posesi�n y portaci�n de un arma.
Asimismo, la restricci�n de la posesi�n de las armas exclusivamente al domicilio signific� y sigue significando la adecuada, legal y justa respuesta al clamor p�blico para garantizar el orden, la paz y la seguridad de las personas y de la colectividad, con la prohibici�n expresa de una posesi�n indebida por parte de quienes, sin motivo legal alguno, tienen y utilizan armas al amparo del derecho constitucional, que antes del veintid�s de octubre de mil novecientos setenta y uno exist�a.
Por lo que respecta a la segunda modalidad de la reforma constitucional, en el sentido de que la ley federal determinar� las condiciones en que se podr� autorizar la portaci�n de armas, se consider� tambi�n de gran trascendencia y eficacia, para el absoluto control de la portaci�n de toda clase de armas.
Ante la variedad de disposiciones reglamentarias de tipo policiaco existentes, tanto en el fuero com�n como en el federal en materia de portaci�n de armas, y ante las diferentes interpretaciones a que se prest� la parte final del texto original del art�culo 10 constitucional, se estim� que desde el punto de vista jur�dico y de la realidad, fuera una ley federal, reglamentaria de un art�culo constitucional, la que rigiera sobre la materia y determinara los presupuestos jur�dicos para la portaci�n de armas.
La expedici�n de una ley federal, que coordin� y unific� todas las disposiciones y actividades sobre la materia, dio mayor eficacia a la finalidad que se persigui� con la reforma constitucional del art�culo 10, por lo que de una correcta interpretaci�n del texto vigente del referido precepto, se tiene que, en principio, establece el derecho de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y leg�tima defensa.
Que ese derecho se limit�, estableciendo como excepci�n a esa posesi�n de armas, las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea.
Asimismo, permite la portaci�n de armas, empero, tambi�n limita esa libertad a los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podr� otorgar la autorizaci�n para ese efecto; por lo que ese derecho a poseer y portar armas no es vedado, sino condicionado a lo que se establece en la ley que reglamenta el dispositivo constitucional que otorga ese derecho, atendiendo ello a las propias razones expresadas en la exposici�n de motivos ya referidos. De ah� que dejar� de ser derecho o garant�a constitucional, para transformarse en delito, la portaci�n y posesi�n de armas, cuando no se cumpla con las exigencias establecidas tanto por la propia Ley Fundamental como por la ley reglamentaria, esto es, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que es del tenor siguiente:
"Novena �poca
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XVII, abril de 2003
"Tesis: 2a. LII/2003
"P�gina: 205
"ARMAS DE FUEGO. LA GARANT�A ESTABLECIDA EN EL ART�CULO 10 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, RESPECTO DE SU PORTACI�N, NO ES ILIMITADA, SINO QUE EST� RESTRINGIDA A LOS CASOS, CONDICIONES Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA. Del an�lisis del texto del art�culo 10 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y del proceso legislativo del cual deriv�, se advierte que la garant�a de portaci�n de armas se sujet� a las limitaciones que la paz y la tranquilidad de los habitantes del pa�s exijan; y que su reglamentaci�n detallada se dej� a cargo del legislador ordinario federal, quien al emitir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, limit� la portaci�n de armas a las distintas de las prohibidas por la propia ley, as� como de las reservadas para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza A�rea Nacionales; determin� los casos, condiciones y lugares respecto de los cuales podr�n otorgarse permisos para su portaci�n e instituy� a las autoridades competentes para expedirlos. Por tanto, los habitantes del pa�s, en ejercicio del derecho p�blico subjetivo que les concede el art�culo 10 constitucional, �nicamente con el permiso o licencia relativa podr�n portar armas, en los lugares autorizados, con excepci�n de las prohibidas y de las reservadas a las instituciones armadas de referencia, previo cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidos en la ley de la materia.
"Amparo directo en revisi�n 1762/2002. 21 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: A.M.R.M.�as."
Ahora bien, en p�rrafos que preceden se dijo que la reforma al art�culo 10 de la Ley Fundamental, publicada el veintid�s de octubre de mil novecientos setenta y uno, en el Diario Oficial de la Federaci�n, dio nacimiento a su ley reglamentaria, esto es, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el once de enero de mil novecientos setenta y dos.
Los motivos que se expusieron en relaci�n con la expedici�n de dicha ley, por su importancia, procede reproducirlos:
"Desde la Constituci�n Federal de 1857 se estableci� que todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y leg�tima defensa, y que la ley se�alar�a cu�les ser�an las prohibidas y la pena en que incurrir�an quienes las portaren.
"Al expedirse la Constituci�n Federal de 1917, aun cuando eran distintas las condiciones pol�ticas, sociales y econ�micas del pa�s, tambi�n se consagr� como garant�a individual la posesi�n y portaci�n de armas. En el texto del art�culo 10 constitucional se condicion� ese derecho a la seguridad y leg�tima defensa de las personas; a la prohibici�n de las que la naci�n reservara para uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Guardia Nacional, y a las que el legislador tuviere por prohibidas. Asimismo, se sujet� la portaci�n en las poblaciones a los reglamentos de polic�a.
"Con apoyo en ese precepto constitucional se expidieron la ley que declara las armas que la naci�n reserva para uso del Ej�rcito, Armada e Institutos Armados para la Defensa Nacional, de 2 de agosto de 1933, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 9 de septiembre del propio a�o; el Reglamento para la Portaci�n de Armas de Fuego, expedido el 30 de agosto de 1933, y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 26 de septiembre de ese a�o, con las reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el 17 de junio de 1953: el Reglamento para la Compra-venta, Transporte y Almacenamiento de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Agresivos Qu�micos y A., y uso y consumo de estos tres �ltimos, del 19 de mayo de 1953, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 17 de junio del mismo a�o, y el Reglamento para la Fabricaci�n, O.�n, R.�n y E.�n de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Agresivos Qu�micos y A. del 19 de mayo de 1933, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 17 de junio de ese a�o y reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 3 de agosto de 1955.
"Las deficiencias del r�gimen jur�dico previsto en los citados ordenamientos, severamente enjuiciados a la luz de la interpretaci�n constitucional, alcanzaron la esencia del propio art�culo 10 de la Carta Magna con diferentes consideraciones acerca de los l�mites de la garant�a individual que consagra, as� como a las leyes que se derivaron del citado precepto, y a la correspondiente reglamentaci�n de polic�a.
"En tal virtud, con fundamento en el art�culo 135 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se reform� su art�culo 10 con la finalidad de combatir el pistolerismo: sujetar la posesi�n y portaci�n de armas en el pa�s a las limitaciones exigidas por la paz y la tranquilidad de sus habitantes, y para expedir una ley de car�cter federal que, acorde a las circunstancias imperantes en el territorio mexicano, determinara los casos, condiciones y lugares para que se pudieran otorgar licencias de portaci�n de armas y de actividades relacionadas.
"Por muchos a�os se sinti� la necesidad de una adecuada ley federal que armonizara la norma constitucional y el imperativo del Estado en controlar m�s efectiva y unitariamente todo lo relacionado con las armas, de acuerdo con la evoluci�n y desarrollo pol�tico, econ�mico y social del pueblo mexicano.
"Es misi�n de los Poderes de la Uni�n, garantizar el orden interior y el desarrollo pac�fico y arm�nico de las actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, y al expedirse una reglamentaci�n de todas las actividades relacionadas con las armas, se coadyuva al logro de ese prop�sito.
"La iniciativa que someto a la consideraci�n de ese H. Congreso de la Uni�n, cumple con el requisito constitucional de se�alar las armas prohibidas, y por lo que toca a las reservadas para uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, en raz�n de la tecnolog�a moderna que imposibilita enumerarlas exhaustivamente, se prefiri� se�alar a las que pueden poseer y portar los particulares, quedando por exclusi�n todas las dem�s reservadas para las Fuerzas Armadas.
"Las condiciones y requisitos para autorizar la portaci�n de armas, son objeto de una minuciosa regulaci�n, con la finalidad de garantizar la tranquilidad del pa�s, a efecto de evitar en lo posible los hechos de sangre y prevenir el pistolerismo, el mal uso de las armas y asegurar el respeto a la vida y derechos de los dem�s. Se ha buscado proteger a la colectividad del temor a la inseguridad y a los abusos de quienes ponen en peligro a la sociedad, y m�s todav�a, de quienes en uso de armas con el il�cito prop�sito de atentar contra la vida o el patrimonio de las personas, causando en ocasiones verdadero p�nico colectivo.
"Asimismo, la iniciativa de ley armoniza las disposiciones que establecen la competencia de las Secretar�as de G.�n y de la Defensa Nacional, seg�n lo establecen los art�culos 2o. fracci�n XXII y 4o. fracciones XVI y XVII de la Ley de Secretar�as y Departamentos de Estado.
"La iniciativa de ley se estructura con cuatro t�tulos:
"El primero, con un cap�tulo �nico de bases generales;
"El segundo, relativo a la posesi�n y portaci�n, con los cap�tulos:
"Disposiciones preliminares.
"Posesi�n de armas en el domicilio.
"Condiciones, casos, requisitos y lugares para la portaci�n de armas.
"El tercero, referente a la fabricaci�n, comercio, importaci�n, exportaci�n y actividades conexas, con los siguientes cap�tulos:
"Disposiciones preliminares.
"Actividades y operaciones industriales y comerciales.
"Importaci�n y exportaci�n.
"Transporte.
"Almacenamiento, y
"Control y vigilancia.
"Y el cuarto, con un cap�tulo �nico de:
"Sanciones.
"Adem�s los art�culos transitorios.
"Las disposiciones de la ley son de obvio inter�s p�blico, y as� se declara; se establece a qu� autoridades compete su aplicaci�n directa y la que corresponda a otras en el �mbito de sus respectivas atribuciones; se crea el Registro Federal de Armas, y se previenen campa�as adecuadas para reducir, por convencimiento, la posesi�n, la portaci�n y el uso de armas de cualquier tipo.
"Congruente con el precepto constitucional, la posesi�n y portaci�n de armas se otorga con excepci�n de las reservadas para uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea y de las prohibidas por la ley.
"El proyecto recoge la conveniencia de reglamentar en forma especial y bajo ciertas condiciones, la autorizaci�n para la portaci�n de armas por parte de quienes se dediquen a las actividades deportivas de cacer�a y tiro al blanco.
"Para la operabilidad funcional del registro de armas, los particulares que las adquieran o posean deben manifestarlas, obligaci�n que incluye a los funcionarios, empleados p�blicos y miembros de los cuerpos de polic�a federales, estatales y municipales.
"La formaci�n de colecciones o museos de armas, requieren de los permisos correspondientes, as� como la venta de armas que los integran.
"Se clasifican las licencias de portaci�n de armas, en dos clases: particulares y oficiales; bajo el concepto de que las particulares podr�n ser obtenidas por todo individuo que radique en los Estados Unidos Mexicanos, con la sola condici�n de acreditar su modo honesto de vivir y la necesidad de su utilizaci�n.
"Como las autoridades encargadas de la aplicaci�n de la ley realizan actividades para que los particulares obtengan su licencia de portaci�n, se establece que causa derechos la expedici�n de las mismas; pero por la desigualdad econ�mica del sector de ejidatarios y comuneros, como acto de justicia social se les exime del pago de los mismos.
"Las causas para cancelar o suspender las licencias, se regulan tomando en cuenta las transgresiones a los l�mites normales de una convivencia arm�nica, o a la realizaci�n de actos de ostensible infracci�n de las disposiciones legales.
"Es evidente que los reg�menes revolucionarios con apoyo en nuestro C�digo Pol�tico de 1917 han logrado el innegable progreso del pa�s en todos los aspectos de la vida nacional, dentro de los que destacan por su incremento extraordinario, las actividades industriales y comerciales.
"Consecuente con dicho progreso, corresponde al Estado velar porque el desenvolvimiento de actividades industriales y comerciales produzca para los habitantes de la naci�n el mayor aporte de bienes y servicios y no perjudique o restrinja su libre desarrollo, ni su seguridad, ni la del Estado, por lo que deben actualizarse las normas que lo regulan a medida que lo exija el desarrollo obtenido.
"En la iniciativa se se�alan los diversos tipos de permisos para dedicarse a las actividades y operaciones relacionadas con armas y explosivos: las normas para su importaci�n y exportaci�n, transporte y almacenamiento, y se establece el r�gimen de su control y vigilancia.
"Se tipifica como delito espec�fico, con severa penalidad, la introducci�n clandestina de armas, municiones y explosivos.
"Al sancionarse con energ�a no tan s�lo a los introductores il�citos de las armas y materiales conexos, sino tambi�n a los funcionarios y empleados que defraudan la confianza depositada en ellos por el Estado, se estima que se aporta un elemento punitivo m�s, que har� posible cumplir las finalidades de la ley y garantizar con la restricci�n y sanci�n de dicho il�cito, la seguridad de los habitantes del pa�s; como sanci�n ejemplar, se establece el decomiso y la destrucci�n de las armas y dem�s materiales a que se refiere la ley.
"El Ejecutivo Federal estima que esta iniciativa que se a (sic) consideraci�n del honorable Poder Legislativo de la Uni�n, viene a satisfacer una necesidad social en materia de seguridad de las personas y de sus bienes y es una adecuada respuesta al clamor p�blico en materia de seguridad; se hace eco del sentir nacional y en la medida de lo posible, coadyuvar� a garantizar el orden, la paz y, la seguridad de las personas y de la colectividad. ..."
Como logra apreciarse, dicha legislaci�n se refiere a relaciones sociales que requer�an ser jur�dicamente tuteladas, como lo era la necesidad de una adecuada ley federal que armonizara las disposiciones contenidas en el art�culo 10 constitucional, y el imperativo del Estado de controlar m�s efectiva y unitariamente todo lo relacionado con las armas de fuego, de acuerdo con la evoluci�n y desarrollo pol�tico, econ�mico y social del pueblo mexicano, as� como cumplir con el requisito constitucional de se�alar las armas prohibidas y las reservadas para uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea.
Y, por �ltimo, establecer las condiciones y requisitos para autorizar la portaci�n de armas con la finalidad de garantizar la tranquilidad del pa�s, a efecto de evitar, en lo posible, los hechos de sangre y el pistolerismo, el mal uso de las armas y asegurar el respeto a la vida y los derechos de los dem�s, buscando proteger a la colectividad de la inseguridad y de los abusos de quienes ponen en peligro a la sociedad, as� como de quienes usan las armas con el il�cito prop�sito de atentar contra la vida o el patrimonio de las personas.
Ahora bien, a continuaci�n, resulta indispensable acudir al contenido de los art�culos 8o., 9o., 10 y 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos referida, que se�alan.
"Art�culo 8o. No se permitir� la posesi�n ni portaci�n de las armas prohibidas por la ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, salvo los casos de excepci�n se�alados en esta ley."
"Art�culo 9o. Pueden poseerse o portarse, en los t�rminos y con las limitaciones establecidas por esta ley, armas de las caracter�sticas siguientes:
"I.P. de funcionamiento semi-autom�tico de calibre no superior al .380" (9 mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38" Super y .38" Comando, y tambi�n en calibres 9 mm. las M., L., P. y Comando, as� como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.
"II. Rev�lveres en calibres no superiores al .38" Especial, quedando exceptuado el calibre .357" M..
"Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podr�n poseer y portar con la sola manifestaci�n, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22", o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de ca��n de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729" o 18.5 mm.).
"III. Las que menciona el art�culo 10 de estaley.
"IV. Las que integren colecciones de armas, en los t�rminos de los art�culos 21 y 22."
"Art�culo 10. Las armas que podr�n autorizarse a los deportistas de tiro o cacer�a, para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes:
"I.P., rev�lveres y rifles calibre .22", de fuego circular.
"II.P. de calibre .38" con fines de tiro ol�mpico o de competencia.
"III. Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de ca��n de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729" o 18.5 mm.).
"IV. Escopetas de 3 ca�ones en los calibres autorizados en la fracci�n anterior, con un ca��n para cartuchos met�licos de distinto calibre.
(Reformada, D.O.F. 8 de febrero de 1985)
"V.R. de alto poder, de repetici�n o de funcionamiento semi-autom�tico, no convertibles en autom�ticos, con la excepci�n de carabinas calibre, 30", fusil, mosquetones y carabinas calibre .223", 7 y 7.62 mm. y fusiles G. calibre .30".
"VI. Rifles de alto poder de calibres superiores a los se�alados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacer�a de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.
(Reformada, D.O.F. 8 de febrero de 1985)
"VII. Las dem�s armas de caracter�sticas deportivas de acuerdo con las normas legales de cacer�a, aplicables por las secretar�as de Estado u organismos que tengan injerencia, as� como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.
(Reformado, D.O.F. 8 de febrero de 1985)
"A las personas que practiquen el deporte de la charrer�a podr� autoriz�rseles rev�lveres de mayor calibre que el de los se�alados en el art�culo 9o. de esta ley, �nicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados."
"Art�culo 24. Para portar armas se requiere la licencia respectiva.
(Adicionado [N. de E. Reformado], D.O. 21 de diciembre de 1995)
"Los miembros del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea quedan exceptuados de lo anterior, en los casos y condiciones que se�alen las leyes y reglamentos aplicables.
(Adicionado, D.O. 21 de diciembre de 1995)
"Los integrantes de las instituciones policiales, federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, as� como de los servicios privados de seguridad, podr�n portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establecen la presente ley y las dem�s disposiciones legales aplicables."
El art�culo 8o. antes transcrito establece una prohibici�n gen�rica para portar o poseer armas de fuego de las prohibidas por la ley y de las reservadas para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, y prev� que puede haber casos de excepci�n que establezca el propio ordenamiento.
A su vez, los art�culos 9o. y 10 enuncian un cat�logo de armas que podr�n ser portadas por los particulares, as� como diversas excepciones, siempre y cuando cuenten con la licencia correspondiente.
Asimismo, el art�culo 24 prev� la obligaci�n de contar con licencia para portar o poseer armas y establece las excepciones a esta regla, entre las que encontramos a los miembros del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, e instituciones policiales, los cuales deber�n cumplir con los requisitos que establezcan las leyes correspondientes.
Es decir, los preceptos rese�ados establecen las limitantes y los requisitos que se deben cumplir para portar un arma de fuego por parte de los particulares.
Por su parte, los art�culos 81 y 83 del mismo ordenamiento prev�n:
"Art�culo 81. Se sancionar� con penas de dos a siete a�os de prisi�n y de cincuenta a doscientos d�as multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los art�culos 9o. y 10 de esta ley sin tener expedida la licencia correspondiente.
"En caso de que se porten dos o m�s armas, la pena correspondiente se aumentar� hasta en dos terceras partes."
(Reformado, D.O.F. 24 de diciembre de 1998)
"Art�culo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza A�rea, se le sancionar�:
"I. Con prisi�n de tres meses a un a�o y de uno a diez d�as multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del art�culo 11 de esta ley;
(Reformada, D.O.F. 5 de noviembre de 2003)
"II. Con prisi�n de tres a diez a�os y de cincuenta a doscientos d�as multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del art�culo 11 de esta ley, y
(Reformada, D.O.F. 5 de noviembre de 2003)
"III. Con prisi�n de cuatro a quince a�os y de cien a quinientos d�as multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el art�culo 11 de esta ley.
"En caso de que se porten dos o m�s armas, la pena correspondiente se aumentar� hasta en dos terceras partes.
"Cuando tres o m�s personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracci�n III del presente art�culo, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentar� al doble."
El art�culo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos describe el tipo penal de portaci�n de arma de fuego, dado que �ste proporciona las bases jur�dicas sustanciales y formales sobre las que descansa el delito y, por consiguiente, pone de relieve la forma que la conducta antijur�dica de la persona ha de revestir para que pueda estimarse delictiva, asimismo, establece la sanci�n que se deber� imponer a quien porte un arma de las contenidas en los art�culos 9o. y 10 del propio ordenamiento, sin contar con la licencia respectiva, de lo contrario se impondr�n las sanciones previstas en el precepto correspondiente.
Por su parte, el art�culo 83 antes transcrito, igualmente, establece las sanciones que se deber�n imponer a quien sin el permiso correspondiente porte un arma de las del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza A�rea.
Ahora bien, es cierto que la doctrina clasifica los delitos en orden al tipo, a partir de los tipos b�sicos o fundamentales, en los cuales los elementos que los integran sirven de base para que de ellos se desprendan otras figuras t�picas; tal es el caso del art�culo 81, antes transcrito, que prev� la portaci�n de arma de fuego sin licencia y cuya sanci�n se regula en el propio precepto.
Los tipos especiales se desprenden del fundamental o b�sico, al agregarle nuevos elementos, integr�ndose as� una nueva figura t�pica aut�noma, con su propia penalidad, y que pueden ser cualificados o privilegiados, seg�n la aumenten o disminuyan.
Por otra parte, la doctrina atiende a los llamados tipos complementados, tambi�n denominados circunstanciados o subordinados, que se integran cuando a la figura fundamental se le a�aden otros elementos, pero contrario a la anterior clasificaci�n, no se forma un nuevo tipo aut�nomo, sino que subsiste el mismo, dando lugar las circunstancias agregadas a que la penalidad se aumente o disminuya, por lo que tambi�n pueden ser cualificados o privilegiados.
Cabe se�alar que la anterior clasificaci�n de los delitos, atendiendo al tipo, fue adoptada por esta Primera Sala dentro de la tesis que a continuaci�n se transcribe:
"Sexta �poca
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Volumen: XV, Segunda Parte
"P�gina: 68
"DELITOS. AUTONOM�A DE LOS TIPOS. Desde un punto de vista doctrinario en relaci�n con la autonom�a de los tipos, �stos se han clasificado en: b�sicos, especiales y complementarios. Los b�sicos se estiman tales en raz�n ?de su �ndole fundamental? y por tener plena independencia; los especiales ?suponen el mantenimiento de los caracteres de tipo b�sico, pero a�adi�ndole alguna otra peculiaridad, cuya nueva existencia excluye la aplicaci�n del tipo b�sico y obliga a subsumir los hechos bajo el tipo especial?, de tal manera que �ste elimina al b�sico; por �ltimo, los tipos complementarios ?presuponen la aplicaci�n del tipo b�sico al que se incorporaran?. Como ejemplos, para apreciar el alcance de la clasificaci�n anterior, podemos se�alar, dentro de nuestra legislaci�n federal, el homicidio como un tipo b�sico; el homicidio calificado como tipo complementario y el infanticidio como tipo especial. El peculado es un delito de tipicidad especial, en raz�n de que el tipo contiene una referencia ?al sujeto activo?, de tal manera que s�lo pueden cometer este delito aquellos que re�nan las condiciones o ?referencias t�picas en el sujeto?; lo mismo sucede en los llamados delitos de funcionarios, los cuales s�lo pueden cometer las personas que tienen tal ?calidad?.
"Amparo directo 6551/55. R.V.V.�zquez. 19 de septiembre de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: R.C.S.
Ahora bien, qued� se�alado con anterioridad que algunos de los motivos que se adujeron por el legislador al expedir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fueron emitir una minuciosa regulaci�n, con la finalidad de garantizar la tranquilidad del pa�s, a efecto de evitar en lo posible los hechos de sangre y prevenir el pistolerismo, el mal uso de las armas y asegurar el respeto a la vida y derechos de los dem�s, lo que denota que para el legislador reviste enorme gravedad el delito de portaci�n de arma de fuego de las reservadas para el Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea sin licencia, toda vez que se trata de objetos deflagrantes de alto poder, por lo que fue indispensable establecer, para tal conducta, penas m�s severas para quienes incurren en ella, a fin de garantizar el orden, la paz y la seguridad de las personas y de la colectividad.
Por otro lado, independientemente de la clasificaci�n doctrinaria que pudiera tener la conducta establecida en el art�culo 81 que se comenta, �sta siempre debe ser sancionada, contrariamente a lo que argumenta el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del D�cimo S�ptimo Circuito; en el sentido de que "... debe concluirse que no qued� acreditado que el arma calibre nueve mil�metros marca R. por cuya portaci�n fue sentenciado ... sea de las de uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, previstas en el art�culo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y sancionada en el diverso numeral 83, fracci�n II, de la propia ley, en raz�n de lo cual lo procedente es absolverlo de la acusaci�n que sobre ese particular formul� la representaci�n social de la Federaci�n en el pliego de conclusiones acusatorias correspondiente; y as�, al no demostrarse los elementos del delito en cuesti�n, es procedente revocar la sentencia condenatoria de veintiocho de enero de dos mil tres, dictada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado, en los autos de la causa penal 131/2001, en la que consider� al citado acusado penalmente responsable en la comisi�n del delito que se se�ala."
Lo anterior, en virtud de que tanto el delito complementado como el especial se integran por el b�sico o fundamental, el cual constituye su n�cleo, es decir, los elementos fundamentales no desaparecen, en un caso y en otro est�n presentes siempre, y el complemento o el requisito de especialidad vienen a presentar otro tipo de consecuencias que fundamentalmente son para la pena.
Tal afirmaci�n se robustece si del an�lisis de un caso concreto de perpetraci�n de un delito de portaci�n de arma de fuego sin licencia, advertimos que las circunstancias que pudieran surgir para que se formase un tipo especial o complementado, en nada alterar�an el hecho constitutivo del delito en la figura fundamental, que se conservar�a en todo momento, pues la conducta consistente en la portaci�n del objeto deflagrante sin autorizaci�n de la autoridad correspondiente es il�cita, independientemente de que el arma sea de las reservadas al uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza A�rea o no.
En efecto, en la medida en que tanto el art�culo 81 como el 83, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sancionan la portaci�n de objetos deflagrantes, esto es, en ambos casos la portaci�n de un arma de fuego es el elemento com�n, s�lo que el primero de los art�culos castiga esa conducta cuando el agente porta un arma permitida, sin que se le haya expedido la licencia correspondiente, circunstancia que complementa al elemento b�sico de la portaci�n; mientras que las diferentes hip�tesis que se contienen en las diversas fracciones que comprende el �ltimo de los numerales en cita dan lugar a un delito complementado, al exigirse para su actualizaci�n la particularidad de que el arma de que se trate sea del uso exclusivo de las fuerzas castrenses.
En este sentido, tambi�n es necesario precisar que trat�ndose de delito complementado, como ocurre en la especie, �ste no forma una figura t�pica aut�noma, sino que se constituye por el b�sico o fundamental, el cual es el n�cleo; es decir, el elemento fundamental (la portaci�n de arma) no desaparece, en uno y otro caso est� presente siempre, y el complemento tiene como consecuencia incidir en la pena que debe aplicarse; de ah� que cuando no se acredita uno de los elementos del tipo, ya sea complementado o especial, como sucede en el caso que se enjuicia, seg�n los razonamientos ya expuestos, lo que debe hacerse es tomar como premisa el b�sico, pues el elemento fundamental que lo constituye (la portaci�n de un arma de fuego) sigue estando presente; entonces, la no integraci�n de alguno de los elementos del tipo, ya sea �ste especial o complementado, solamente genera una traslaci�n de tipo, mas no la atipicidad.
Efectivamente, es claro que las figuras que derivan del fundamental o b�sico, ya sean especiales o complementadas, siempre contendr�n el elemento del tipo del cual provienen, en el caso de la portaci�n de un arma de fuego, de manera que de no presentarse las circunstancias agregadas al b�sico, �ste subsiste; esto es, que la atipicidad que pudiera surgir por falta de los elementos agregados al fundamental s�lo origina la no configuraci�n del especial o del complementado, seg�n el caso, pero sigue subsistiendo el b�sico, pues la diferencia que existe entre tales tipos es exclusivamente de grado.
As�, en la especie, la traslaci�n de que se viene hablando solamente implicar�a que al no materializarse todos y cada uno de los elementos de la conducta que se atribuye al quejoso, o sea, que el arma de fuego efectivamente sea del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, se regrese al fundamental en el que se aplique la pena para �l determinada, esto es, la portaci�n de arma de fuego, pero ahora sin la licencia correspondiente, a que se contrae el art�culo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues, como se dijo, este numeral castiga la portaci�n de pistolas sin el permiso correspondiente, cuyo calibre no sea superior a los 9 mil�metros.
Son aplicables al caso las tesis que a continuaci�n se transcriben:
"Quinta �poca
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Tomo: CVIII
"P�gina: 2273
"CLASIFICACI�N DEL DELITO, EL JUEZ PUEDE VARIAR LA HECHA POR EL MINISTERIO P�BLICO. La reclasificaci�n del delito por la autoridad jurisdiccional, en ninguna forma infringe el art�culo 21 constitucional, ya que si bien es cierto que la persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico como m�ximo representante de los intereses sociales, es incuestionable que al ser sancionado un acto il�cito, de acuerdo con su gravedad, lejos de implicar ello una violaci�n del precepto aludido, determina por el contrario su acatamiento, porque en nuestro sistema de acusaci�n, la acci�n p�blica no se ejercita ya por el inter�s particular del acusador, sino por el inter�s social en cuyo representante se exige al acusador.
"Amparo penal directo 5958/49. G.�a T.J.. 15 de marzo de 1951. Mayor�a de tres votos. Disidentes: L.G.C. y J.R.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."
"Novena �poca
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XVII, junio de 2003
"Tesis: 1a. XXVI/2003
"P�gina: 200
"RECLASIFICACI�N DEL DELITO. CUANDO EL JUEZ DE LA CAUSA DICTA SENTENCIA POR UNO DIVERSO AL CONTENIDO EN EL AUTO DE FORMAL PRISI�N, TENIENDO COMO BASE LOS MISMOS HECHOS, NO VIOLA LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICA (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 19 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). Dicho precepto constitucional exige, como uno de los requisitos para el dictado del auto de formal prisi�n, que se expresen el delito que se imputa al acusado y los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deber�n ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado; asimismo, establece que todo proceso se seguir� forzosamente por el delito o delitos se�alados en el auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso. Ahora bien, la palabra delito empleada en la citada disposici�n constitucional, debe entenderse no en el sentido literal del nombre con el que se denomina al hecho delictuoso (en su clasificaci�n legal), sino como el conjunto de hechos materia de la consignaci�n, y de aquellos por los que se decreta la formal prisi�n. En estas condiciones, si se dicta auto de formal prisi�n por un delito (entendido como la clasificaci�n legal contenida en los C�digos Penales) y, posteriormente, en atenci�n a que el Ministerio P�blico precis� su pretensi�n y formul� sus conclusiones acusatorias por uno diverso, con base en los mismos hechos, y a que el procesado estaba en oportunidad de formular su defensa en contra de dicha acusaci�n, el Juez de la causa dicta la sentencia correspondiente y clasifica los hechos en forma distinta a la contenida en el auto de formal prisi�n, se concluye que tal actuaci�n es acorde con lo establecido en el precepto constitucional de referencia, y que dicha reclasificaci�n no viola las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica.
"Amparo directo en revisi�n 263/2003. 12 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: J.F.C.."
"Novena �poca
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: 1a./J. 5/2001
"P�gina: 358
"ROBO. ART�CULO 371, P�RRAFO TERCERO, DEL C�DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA NO INTEGRACI�N DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS, S�LO ORIGINA LA TRASLACI�N DE TIPO AL B�SICO Y NO LA ATIPICIDAD. Al margen de la clasificaci�n doctrinaria que pudiera tener el delito establecido en el art�culo 371, p�rrafo tercero, del C�digo Penal del Distrito Federal, es de considerarse que �ste se constituye por el b�sico o fundamental de robo establecido en el art�culo 367 del se�alado ordenamiento, por tanto, la no integraci�n de alguno de los elementos del tipo de que se trata, esto es, de la conducta establecida y sancionada en el mencionado p�rrafo del art�culo 371, s�lo genera una traslaci�n de tipo al b�sico, no as� la atipicidad, sin que ello pueda considerarse como una reclasificaci�n, pues simplemente se trata de una cuesti�n de grado."
En las relatadas condiciones, debe concluirse que el delito establecido en el art�culo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es un delito que ante la no integraci�n de uno de sus elementos conduce a la traslaci�n del tipo, es decir, al fundamental o b�sico contenido en el art�culo 81, no as� a la atipicidad, pues sigue existiendo una conducta il�cita que no puede quedar impune, toda vez que el bien jur�dico tutelado por el tipo penal en comento se vulnera de cualquier manera con la simple portaci�n de arma de fuego sin licencia.
Atento a lo expuesto, se considera que si bien deber� prevalecer en lo esencial el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, esta Sala formula la siguiente tesis:
PORTACI�N DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJ�RCITO, ARMADA Y FUERZA A�REA NACIONALES. LA NO INTEGRACI�N DE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DE ESTE TIPO COMPLEMENTADO GENERA LA TRASLACI�N AL TIPO PENAL B�SICO Y NO AS� LA ATIPICIDAD. El art�culo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prev� el tipo b�sico del il�citode portaci�n de armas de fuego sin licencia, mientras que el numeral 83 del mismo ordenamiento establece el delito de portaci�n sin licencia de armas de fuego de las reservadas al uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza A�rea. En ambos preceptos la conducta sancionada es la portaci�n de un arma de fuego, s�lo que el primero castiga esa conducta cuando el agente porta un arma permitida sin que se le haya expedido la licencia correspondiente, y el segundo prev� un delito complementado al exigir para su actualizaci�n la particularidad de que el arma sea del uso exclusivo de las fuerzas castrenses. Ahora bien, en virtud de que los delitos complementados no forman una figura t�pica aut�noma, sino que se constituyen por el b�sico o fundamental que, en la especie, es la portaci�n de un arma de fuego, m�s el complemento, consistente en la calidad de reservada para el uso de las fuerzas armadas del pa�s, resulta evidente que cuando no se acredita este segundo elemento subsiste la comisi�n del previo, el cual contin�a presente en su calidad de fundamental. En consecuencia, la no integraci�n de alguno de los elementos del tipo complementado solamente genera una traslaci�n del tipo, mas no as� la atipicidad.
Por lo expuesto y fundado se

resuelve:
PRIMERO.-S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del D�cimo S�ptimo Circuito.
SEGUNDO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que ha quedado precisado en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.
TERCERO.-Rem�tase el texto de la tesis jurisprudencial a que se refiere el resolutivo anterior al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta para su publicaci�n; as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de Amparo.
N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n comun�quese a cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyas ejecutorias se examinaron y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.
As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V. (ponente).