Ejecutoria num. 1a./J. 13/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824950

Ejecutoria num. 1a./J. 13/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 13/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 31/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, EL D�CIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL D�CIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados que dieron origen a esta denuncia de contradicci�n de criterios, son las siguientes:

  1. El D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el nueve de noviembre de dos mil el amparo directo 656/2000, determin�, en la parte que interesa materia de la presente contradicci�n de criterios, lo siguiente:

    "QUINTO. Los conceptos de violaci�n hechos valer son infundados en parte e inoperantes en otra, de conformidad con las siguientes consideraciones: En el primer concepto de violaci�n, aducen los quejosos que el fallo reclamado es violatorio en su perjuicio de los art�culos 14 y 16 constitucionales ?al resolver requisitos de improcedencia de la acci�n contrariando el contenido de los art�culos 1o., 6o., 213, fracci�n XVI, 227 y 228 de la Ley de la Propiedad Industrial?, pues es err�nea la consideraci�n de la Sala responsable relativa a que no existe ning�n art�culo en la Ley de la Propiedad Industrial que establezca que previamente al procedimiento judicial debe agotarse un procedimiento administrativo, o bien, que todo tipo de acciones derivadas de la violaci�n a la referida legislaci�n sea competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; apoya su aseveraci�n en que la declaraci�n de violaci�n a los derechos de propiedad industrial reclamados por el actor corresponde a la aplicaci�n administrativa de dicha ley, y su conocimiento y resoluci�n a la autoridad administrativa; si bien no existe un art�culo que mencione la necesidad de agotar previamente el procedimiento administrativo antes de intentar el procedimiento judicial, lo cierto es que ?existe toda una Ley de la Propiedad Industrial? que as� lo dispone, porque no puede haber condena al pago de da�os y perjuicios mientras no exista infracci�n administrativa que sancionar, facultad sancionadora que corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del �mbito de la aplicaci�n administrativa de la ley de que se trata; y los casos de excepci�n se encuentran delimitados en el art�culo 227 de la misma a las controversias mercantiles y civiles, sin que la autoridad judicial tenga injerencia en la aplicaci�n administrativa de la ley, como en el caso en que se reclama violaci�n a los derechos de propiedad industrial por el supuesto uso indebido que del aviso comercial propiedad de la actora hicieron las quejosas, supuesto que est� comprendido en el art�culo 213, fracci�n XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la autoridad judicial se halla impedida para efectuar la declaraci�n de violaci�n de esos derechos, lo cual corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el que una vez declarada la infracci�n administrativa, procede a imponer la sanci�n ?sin perjuicio de que se imponga adem�s la indemnizaci�n que corresponda por da�os y perjuicios en t�rminos de la legislaci�n com�n?. Es equivocada la afirmaci�n de la responsable de que se hayan impuesto sanciones administrativas a las quejosas, porque al efecto �nicamente en contra de M.D.S. de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, existe un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual se encuentra sub j�dice, pero no existe procedimiento alguno en contra de las coagraviadas ante la autoridad administrativa para que en su caso se declare su responsabilidad en la violaci�n a los derechos de propiedad industrial del tercero perjudicado y con ese motivo le asista derecho a �sta para reclamarles el pago de da�os y perjuicios. Y que las dem�s prestaciones (adem�s de la declaraci�n de violaci�n de los derechos de propiedad industrial de la actora) s�lo ser�an procedentes como efecto de que la autoridad administrativa hiciera tal declaraci�n. No asiste raz�n a las inconformes en lo as� expuesto. Este Tribunal Colegiado estima que, contrario a lo afirmado por las quejosas, es correcta la consideraci�n de la Sala responsable relativa a que no existe disposici�n en la Ley de la Propiedad Industrial que establezca que, previamente al procedimiento judicial, debe agotarse alg�n procedimiento administrativo, o bien, que todo tipo de acciones derivadas de la violaci�n a la referida legislaci�n sea competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es cierto que a la autoridad administrativa corresponde, en el ejercicio de sus funciones, realizar la declaraci�n de infracciones administrativas cuando, en lo que aqu� interesa, se actualiza alguna de las hip�tesis previstas en el art�culo 213 de la legislaci�n en comento y, en su caso, imponer las sanciones previstas por la propia ley; sin embargo, el alcance de dicha declaraci�n est� limitado a la imposici�n de las sanciones correspondientes, es decir, el procedimiento administrativo respectivo tiene una finalidad esencialmente sancionadora al igual que el proceso penal que, en su caso, se instaure con motivo de la comisi�n de conductas il�citas previstas en la ley de que trata, empero, en modo alguno, dicho procedimiento administrativo, eminentemente sancionador, llega a constituir requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones mercantiles y civiles a que alude el diverso numeral 227 de la referida legislaci�n cuya finalidad es esencialmente conmutativa. Lo que s� acontece, por ejemplo, cuando se trata del ejercicio de la acci�n penal en los supuestos previstos en las fracciones I y II del art�culo 223 de la propia legislaci�n, caso en que �sta exige que la autoridad administrativa emita un dictamen t�cnico sobre los hechos materia de dicha acci�n, empero en el que no se prejuzgar� sobre las acciones civiles o penales que procedan. Entonces si la finalidad del procedimiento en el que se declara una infracci�n administrativa es �nicamente sancionadora, no conmutativa, y adem�s no existe disposici�n en la ley de que se trata que establezca (como pretenden las quejosas) que los da�os y perjuicios ?se ejercitan como resultado del incumplimiento de una infracci�n administrativa?, es decir, que necesariamente debe existir una infracci�n administrativa para que proceda la acci�n de da�os y perjuicios, debe concluirse de manera necesaria en la independencia entre el procedimiento administrativo y el judicial, o dicho en otras palabras, no existe dependencia de las controversias mercantiles y civiles a que alude el precepto 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relaci�n con el procedimiento de declaraci�n de infracciones administrativas. Al respecto se comparte, en lo conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, publicado como tesis I..A.372 A, en la p�gina 185 del T.X., febrero de 1995, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, del siguiente tenor literal: ?MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTER�S JUR�DICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISI�N DE NO SANCIONARLAS.? (se transcribe). Consecuencia de lo anterior es que si en la especie se reclama ante la autoridad judicial el pago de da�os y perjuicios como acci�n principal (en los t�rminos de la legislaci�n com�n), es obvio que la actora tiene la obligaci�n de probar los hechos constitutivos de la misma, al caso la conducta o actos de las demandadas que le ocasionaron da�os y perjuicios, aun cuando esos hechos puedan ser constitutivos de infracciones en el �mbito administrativo; de esta suerte, cabe establecer que la autoridad administrativa puede declarar infracciones administrativas por haber incurrido el infractor en violaci�n a los derechos de propiedad industrial y, asimismo, al ejercitarse la acci�n de da�os y perjuicios, la autoridad judicial est� en aptitud de declarar que la parte demandada incurri� en conductas que implican violaci�n de derechos de propiedad industrial de la actora y condenar al pago de los da�os y perjuicios derivados de los hechos respectivos que constituyen la causa de pedir (motivos por los cuales se acude a demandar el cumplimiento del derecho ejercido) que, conforme a la legislaci�n com�n, tiene que ser probada para la procedencia de las prestaciones reclamadas. Por lo anterior se concluye en lo correcto de la consideraci�n de la Sala responsable respecto a que el procedimiento administrativo no constituye requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acci�n de pago de da�os y perjuicios prevista en el art�culo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, queda desestimada la afirmaci�n realizada por las inconformes en el cuarto concepto de violaci�n, de que en el juicio subyacente la actora haya demandado la aplicaci�n administrativa de la Ley de la Propiedad Industrial por solicitar que se declare la violaci�n a sus derechos de propiedad industrial, as� como que necesariamente debe existir la declaraci�n administrativa de la violaci�n de los derechos de propiedad industrial de la actora. A mayor abundamiento, es menester puntualizar que adversamente a lo considerado por las peticionarias del amparo, de la lectura del art�culo 221 de la ley del caso no se advierte el orden pretendido respecto de la instauraci�n de los procedimientos administrativo y judicial, pues la preindicada independencia de los mismos se pone de manifiesto de la simple lectura de dicho precepto, el cual prev�: ?Las sanciones establecidas en esta ley y dem�s disposiciones derivadas de ella, se impondr�n adem�s de la indemnizaci�n que corresponda por da�os y perjuicios a los afectados, en los t�rminos de la legislaci�n com�n y sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo siguiente.?, transcripci�n de la cual se advierte que el adverbio ?adem�s? da una connotaci�n de separaci�n e independencia entre ambos vocablos (sanciones e indemnizaci�n), pues se refiere a la indemnizaci�n por da�os y perjuicios a los afectados, y adem�s de dicha indemnizaci�n, a las sanciones establecidas en la ley de que se trata, las cuales (sanciones e indemnizaci�n) deber�n imponerse en los t�rminos de la legislaci�n com�n y sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 221 bis. Por lo dem�s, la propia parte quejosa admite que las dem�s prestaciones (aparte de la declaraci�n de violaci�n a los derechos de propiedad industrial de la actora) ser�an procedentes como efecto de dicha declaraci�n, de modo que si, como ya se vio, �sta puede ser realizada por la autoridad judicial como base para la condena al pago de da�os y perjuicios, es evidente que las quejosas no plantean controversia sobre la procedencia de las mismas, m�xime que, como ellas mismas lo apuntan, el art�culo 228 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la autoridad judicial podr� adoptar las medidas previstas en la propia ley, la cual alude a las prestaciones reclamadas por la actora ..." (fojas 278 a 323 del expediente 31/2003-PS).

    De la citada ejecutoria deriv� la tesis que enseguida se reproduce:

    "Novena �poca

    "Instancia: D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIII, marzo de 2001

    "Tesis: I.13o.C.1 C

    "P�gina: 1797

    "PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACI�N ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACI�N. La procedencia de las acciones civiles y mercantiles a que alude el art�culo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial no est�n condicionadas a la previa declaraci�n de alguna o algunas de las infracciones administrativas previstas en el diverso numeral 213 de esa legislaci�n, pues la finalidad de �stas es eminentemente sancionadora y se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de las primeras es netamente conmutativa, cuya relaci�n ata�e s�lo a particulares; por tanto, al ser independientes unas de otras, para que proceda la acci�n de da�os y perjuicios, reclamada como suerte principal, la parte actora tendr� que probar los hechos constitutivos de la misma, es decir, la conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron, independientemente de que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas.

    A. directo 656/2000. M.D.S. de M�xico, S.A. de C.V. y coags. 9 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: G.D.G. L�pez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempe�ar las funciones de Magistrado. Secretario: B.C.A..

  2. Por otra parte, el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el treinta y uno de mayo de dos mil uno el amparo directo civil 208/2001, sostuvo, en lo que interesa del presente asunto, lo siguiente (fojas 325 a 485 del cuaderno de contradicci�n de tesis 31/2003-PS):

    "QUINTO. Antes de examinar los conceptos de violaci�n que formula la quejosa, es pertinente destacar lo siguiente. ... Son sustancialmente fundados los anteriores conceptos de violaci�n. En primer lugar, debe se�alarse que la Ley de la Propiedad Industrial se reform� (inclusive en su denominaci�n) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se�al�ndose en la exposici�n de motivos de dichas reformas en lo que trasciende, lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien, disponen los art�culos 1o. y 2o. de la Ley de la Propiedad Industrial: (se transcriben). Como se ve, dicho ordenamiento tiene entre otros objetivos proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ella o que constituyan una competencia desleal. Para ello, dicha ley instrumenta diversos procedimientos con el objeto de proteger los derechos de propiedad industrial debidamente reconocidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estableciendo que es dicha autoridad a quien en forma exclusiva corresponde la aplicaci�n administrativa de ese ordenamiento. Disponen los art�culos 6o., fracciones IV, V, VIII y IX, 79 y 155 del ordenamiento en cita: (se transcriben). Como se ve, es facultad exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conocer y resolver todos aquellos procedimientos que tengan por objeto declarar la nulidad, caducidad y cancelaci�n de los derechos de propiedad industrial, as� como para realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas e imponer las sanciones administrativas que correspondan en materia de propiedad industrial, disponiendo el art�culo 215 de la misma ley que la investigaci�n de las infracciones administrativas se realizar� por el instituto de oficio o a petici�n de parte interesada; tambi�n deber� conocer y resolver los recursos administrativos correspondientes, sujet�ndose los procedimientos respectivos a las disposiciones contenidas en los art�culos 179 a 202 de la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, podr� conocer de aquellas controversias en las que se reclame el pago de da�os y perjuicios por la violaci�n a los derechos de propiedad industrial que tutela dicho ordenamiento, siempre y cuando sea designado como �rbitro por las partes involucradas. Por otro lado, el art�culo 213 enumera las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial, mientras que el art�culo 214 establece que las sanciones administrativas ser�n las siguientes: ?Art�culo 214. (se transcribe).?. Ahora bien, de las constancias relacionadas se advierte que en el juicio ordinario mercantil de origen el debate se centr� en la reclamaci�n por parte de la actora del pago de da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a sus derechos de uso exclusivo de las marcas registradas de las que dijo ser propietaria, en virtud de que las demandadas producen y comercializan diversos art�culos iguales o semejantes en grado de confusi�n a los suyos. La Ley de la Propiedad Industrial concede acci�n para reclamar los da�os y perjuicios a los afectados en sus derechos de propiedad industrial, estableciendo al efecto los art�culos 221, 221 bis, 227, 228, 229, 26 y 131 del citado ordenamiento, lo siguiente: (se transcriben). Del examen de los anteriores preceptos, se advierte que la Ley de la Propiedad Industrial, trat�ndose de la violaci�n a los derechos que tutela, faculta a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigaci�n de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se imponga a los infractores las sanciones correspondientes; asimismo, concede acci�n civil y mercantil en t�rminos de la legislaci�n com�n para demandar ante las autoridades judiciales el pago de da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, de lo dispuesto en los anteriores preceptos, se advierte que para el ejercicio de la acci�n jurisdiccional de pago de da�os y perjuicios por la violaci�n a un derecho de propiedad industrial, el accionante deber� acreditar los siguientes elementos: 1. Que la marca de los productos o servicios que produzca o presta el actor, se encuentren debidamente registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o que se encuentre en tr�mite el procedimiento para otorgar la patente respectiva. 2. Que en virtud de la elaboraci�n o comercializaci�n de productos o prestaci�n de servicios por parte del demandado, se violen los derechos de uso exclusivo reconocidos al actor por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 3. Que con motivo de lo anterior, se ocasione al actor una p�rdida o menoscabo en su patrimonio o lo prive de cualquier ganancia l�cita que pudiera haber obtenido, lo anterior conforme a lo dispuesto en los art�culos 2108 y 2109 del C�digo Civil. Asimismo y conforme a lo dispuesto en los art�culos 227, 228 y 229 antes transcritos, las autoridades que conozcan de esas acciones civiles y mercantiles pueden hacer uso de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicaci�n de la Ley de la Propiedad Industrial, as� como de las previstas en el art�culo 199 bis del mismo ordenamiento que establece: (se transcribe). De lo expuesto, se aprecia que lo relacionado con la violaci�n a los derechos de propiedad industrial no es de la competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que como se desprende de los art�culos transcritos, de dichas cuestiones tambi�n pueden conocer las autoridades judiciales federales o comunes a elecci�n del actor, a fin de determinar si en el caso procede condenar al demandado al pago de los da�os y perjuicios que su conducta haya ocasionado al titular de esos derechos, m�xime si como se ha visto, dichas autoridades judiciales tambi�n pueden ordenar la pr�ctica de las medidas que el citado ordenamiento prev� para que cese la violaci�n a derechos de propiedad industrial. Por tanto, no puede estimarse como un presupuesto para el ejercicio de la acci�n de da�os y perjuicios la tramitaci�n previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que �sta determinara la existencia de la violaci�n a sus derechos de propiedad industrial, ya que de lo expuesto se advierte que el procedimiento administrativo de declaraci�n de infracci�n administrativa y la acci�n de da�os y perjuicios son independientes uno de otro, pues aunque los mismos tienen como finalidad determinar la existencia de una violaci�n a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, tienen finalidades distintas, ya que el primero tiene una naturaleza eminente (sic) sancionadora y con la segunda se pretende el resarcimiento al afectado de los da�os y perjuicios que le hubiera causado la violaci�n a susderechos de propiedad industrial. Lo anterior se corrobora con el hecho de que como se ha visto, las autoridades judiciales tambi�n pueden ordenar la pr�ctica de las medidas que el citado ordenamiento prev� para que cese la violaci�n a derechos de propiedad industrial, adem�s de que no existe precepto alguno en la Ley de la Propiedad Industrial que disponga que antes de intentar la acci�n de da�os y perjuicios se deba agotar procedimiento administrativo alguno ante el citado instituto para que se determine la existencia de alguna infracci�n por violaci�n a los derechos de propiedad industrial. Es aplicable, por analog�a, la tesis I..A.372 A sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.X., febrero de 1995, p�gina 185, cuyo contenido es el siguiente: ?MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTER�S JUR�DICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISI�N DE NO SANCIONARLAS.? (se transcribe). Tambi�n es aplicable la tesis I.13o.C.1 C sustentada por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., marzo de 2001, p�gina 1797, que dice: ?PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACI�N ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACI�N.? (se transcribe). Atento lo expuesto, es fundado el concepto de violaci�n en el que la quejosa se�ala que no constituye un presupuesto de procedencia para la acci�n de da�os y perjuicios que intent�, que previamente acudiera ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que �sta determinara la existencia de la violaci�n a sus derechos de propiedad industrial, en primer lugar, porque la actora no demand� la aplicaci�n de sanci�n alguna por la violaci�n a sus derechos de uso exclusivo de las marcas de las que dice ser propietaria; en segundo t�rmino, porque como se ha visto, lo relativo a la violaci�n de los derechos de propiedad industrial no es de la competencia exclusiva del referido instituto; y por �ltimo, porque la Ley de la Propiedad Industrial no establece que previo al ejercicio de esa acci�n jurisdiccional el interesado deba agotar procedimiento alguno ante dicha autoridad administrativa. Adem�s, debe se�alarse que tambi�n es fundado el argumento en el que la quejosa expresa que ese requisito de procedencia al que se refiere la responsable, s�lo es aplicable para el ejercicio de la acci�n penal conforme lo dispuesto en el art�culo 225 del ordenamiento en cita que establece: (se transcribe). Luego, contrario a lo considerado por la responsable, no exist�a impedimento legal alguno para que en la sentencia reclamada se analizara si existi� o no, por parte de las demandadas, una violaci�n en los derechos de propiedad industrial de la quejosa y, con base en ello, establecer la procedencia de la condena al pago de los da�os y perjuicios. Atento lo expuesto, son fundados los conceptos de violaci�n que se examinan, por lo que procede conceder a la quejosa el amparo y protecci�n de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada dictada en el toca 1215/2000 y en su lugar dicte otra en la que resuelva la controversia planteada conforme a sus atribuciones. Al estimarse fundados los conceptos de violaci�n examinados, ello hace innecesario el an�lisis de los dem�s que formul� la quejosa en su demanda de garant�as. Es aplicable la jurisprudencia 168 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la cual aparece publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, p�gina 113, cuyo texto es el siguiente: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.? (se transcribe)."

    Con apoyo en las anteriores consideraciones se sustent� el siguiente criterio:

    "Novena �poca

    "Instancia: D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XVI, agosto de 2002

    "Tesis: I.11o.C.17 C

    "P�gina: 1323

    "MARCAS. DA�OS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACI�N A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCI�N RELATIVA NO EST� SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los art�culos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigaci�n de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes. Asimismo, conceden acci�n civil y mercantil en t�rminos de la legislaci�n com�n para demandar ante las autoridades judiciales el pago de da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a esos derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acci�n de da�os y perjuicios la tramitaci�n previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del procedimiento administrativo previsto en los mencionados art�culos. La raz�n de ello radica en que ya que el procedimiento administrativo de declaraci�n de infracci�n administrativa y la acci�n de da�os y perjuicios son independientes el uno de la otra, pues aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una violaci�n a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado de los da�os y perjuicios que le hubiera causado la violaci�n a sus derechos de propiedad industrial. En consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial alg�n precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acci�n de da�os y perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que determine la existencia de alguna infracci�n por violaci�n a los derechos de propiedad industrial, no existe ning�n impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violaci�n a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los da�os y perjuicios reclamados.

    A. directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Mar�a C.P.V.�no de M.�as. Secretario: F.R.R.�rez.

  3. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 11902/2000 el cinco de diciembre de dos mil dos, consider�, en lo que interesa, lo siguiente (fojas 15 a 261 de los autos en que se act�a):

    VI. ... Asentado lo anterior, es procedente examinar el concepto de violaci�n de fondo expuesto por el quejoso. En el concepto de violaci�n de m�rito, esencialmente adujo el quejoso que con el dictado de la sentencia reclamada se violaron en su perjuicio las garant�as individuales contenidas en los art�culos 14, 16 y 17 constitucionales, porque al parecer del inconforme, la Sala responsable resolvi� ilegalmente confirmar la sentencia definitiva recurrida, en violaci�n de lo dispuesto por los art�culos 1o., 6o., 87, 221, 221 bis, 225, 226, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, y porque la naturaleza de los procedimientos administrativo y civil son diferentes y, en consecuencia, el juicio civil intentado era totalmente aut�nomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, y agrega el inconforme que adem�s en la Ley de la Propiedad Industrial no se condiciona la acci�n de da�os y perjuicios a la comisi�n de una infracci�n administrativa. Las anteriores alegaciones son infundadas, ya que contrariamente a lo sostenido por el quejoso, en la especie, la acci�n civil de da�os y perjuicios era improcedente, entre tanto no existiera acreditado en actuaciones el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existi� violaci�n a la ley de la materia por parte de los demandados, misma que aleg� el inconforme para justificar el reclamo de los da�os y perjuicios correspondientes. Lo anterior es as�, porque si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y que el juicio civil intentado era aut�nomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, tambi�n lo es que de acuerdo a la legislaci�n civil la responsabilidad civil para cubrir da�os y perjuicios, producto de hechos il�citos, presupone como elemento esencial fundatorio de la acci�n, la existencia y acreditamiento de un hecho il�cito. Ahora bien, si el hecho il�cito que hizo valer el quejoso en la demanda de origen consisti� en una violaci�n directa de los derechos derivados de la Ley de la Propiedad Industrial, y por disposici�n de ese cuerpo normativo el pronunciamiento de ilicitud por violaciones directas a los derechos derivados de esa ley se encuentra reservada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es inconcuso que el acreditamiento del pronunciamiento administrativo respectivo era un elemento esencial fundatorio de la acci�n de da�os y perjuicios intentada. En efecto, en primer lugar, es necesario precisar que la acci�n de da�os y perjuicios que intent� el quejoso, Grupo Victoria, Sociedad An�nima de Capital Variable, no obstante que la pretendi� fundar en el art�culo 2110 del C�digo Civil Federal, de aplicaci�n supletoria en materia sustantiva mercantil, de la exposici�n de los hechos en que fund� el pretendido derecho, se advierte que por tratarse de responsabilidad civil de car�cter extracontractual tiene regulaci�n expresa en los diversos numerales 1910 y 1915 del C�digo Civil Federal en cita, seg�n se aprecia de los numerales respectivos, los cuales se transcriben para mejor comprensi�n. El art�culo 2o. del C�digo de Comercio dispone: (se transcribe). Los art�culos 1910, 1915, en lo conducente, y 2110 del C�digo Civil Federal estatuyen: (se transcriben). En este orden de ideas, el tipo de acci�n intentada tuvo como condici�n sustancial de su procedencia en la sentencia de fondo, el acreditamiento del inter�s serio y actual para reclamar v�lidamente las pretensiones respectivas. Y para ello los elementos que establece el art�culo 1910 transcrito del C�digo Civil Federal, son los siguientes: a) Una conducta il�cita o contra las buenas costumbres. b) La causaci�n de un da�o al actor. Es decir, si en la especie las condiciones sustanciales necesarias para el pronunciamiento de la resoluci�n de fondo y para la procedencia de la acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios ocasionados por un hecho il�cito que intent� el actor eran el acreditamiento, tanto de la existencia de un hecho il�cito como de la causaci�n de un da�o en perjuicio del actor, ante la falta de acreditamiento de alguno de esos elementos, la acci�n era improcedente. Al respecto resulta ilustrativo hacer la distinci�n entre los presupuestos para el ejercicio de la acci�n, que son los requisitos para el ejercicio de la acci�n y para la admisi�n de la demanda, y las condiciones para la procedencia de la acci�n que son las condiciones necesarias para el acogimiento de la acci�n en la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analog�a, la tesis aislada n�mero I.5o.C.87 C, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con cuyo criterio comulga este tribunal, visible en la p�gina 993, Tomo X, noviembre de 1999, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice: ?LEGITIMACI�N PASIVA. ES UNA CONDICI�N NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCI�N, NO UN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE �STA Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.? (se transcribe). Ahora bien, en la especie, si el actor, ahora quejoso, Grupo Victoria, Sociedad An�nima de Capital Variable, ejercit� la acci�n de indemnizaci�n para el pago de da�os y perjuicios ocasionados por un hecho il�cito y no acredit� de manera id�nea dentro del proceso respectivo la condici�n para la procedencia de la acci�n, consistente en la existencia del hecho il�cito correspondiente imputado al demandado, lo que era un presupuesto sustancial para el dictado de la sentencia de fondo, la Sala responsable actu� apegada a derecho al confirmar la resoluci�n primaria que determin� absolver a los demandados con motivo de la improcedencia de la acci�n intentada. En segundo lugar, es importante asentar que, en la especie, el �nico medio probatorio id�neo para acreditar la existencia de un hecho il�cito derivado de una violaci�n directa de los derechos de propiedad industrial por registro de marcas, contenidos en la ley de la materia, es la declaraci�n firme del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en ese sentido. Ello es as�, porque el alcance de la expresi�n ?el que obrando il�citamente?, contenida en el art�culo 1910 del C�digo Civil vigente para el Distrito Federal, puede ser acreditado �nicamente mediante alguno de los dos supuestos siguientes: 1. Cuando los hechos que se tildan de il�citos son contrarios a las leyes de orden p�blico de naturaleza civil o de las buenas costumbres, es decir, cuando la ilicitud proviene exclusivamente de relaciones jur�dicas de naturaleza sustancialmente civil, la parte reclamante de los referidos da�os y perjuicios est� en aptitud de acudir ante el J. Civil a efecto de exponer los hechos que resultan violatorios de la ley de la materia y acreditarlos mediante los elementos de prueba que estime conducentes para obtener el pronunciamiento del juzgador mediante la aplicaci�n directa de la ley civil que le es encomendado conocer, respecto de la ilicitud alegada, como de la consecuente procedencia o no de la condena por los da�os y perjuicios correspondientes. 2. Cuando los hechos tildados de il�citos, por su naturaleza esencialmente diversa de la civil, por s� mismos no resultan violatorios de la legislaci�n civil, sino que por ser violatorios de otras disposiciones de orden p�blico diversas a la civil, dan origen al derecho civil de indemnizaci�n por pago de da�os y perjuicios, la parte reclamante de los referidos da�os y perjuicios est� en aptitud de acudir ante el J. Civil, pero ya no a exponer los hechos que violentan una ley diversa a la civil, sino �nicamente a efecto de acreditar que hubo una violaci�n a la ley de orden p�blico de materia diversa a la civil, lo que solamente se puede hacer mediante la resoluci�n firme de la autoridad judicial o administrativa competente que declare la ilicitud del hecho respectivo conforme a la ley aplicable al caso, y reclamar entonces el pronunciamiento del juzgador civil, ya no respecto de la ilicitud alegada debidamente acreditada, sino �nicamente respecto de la procedencia o no de la condena por los da�os y perjuicios correspondientes. En este orden de ideas, para un mejor entendimiento, se puede se�alar que el primero de los supuestos descritos se presenta, por ejemplo, cuando con motivo de la actualizaci�n de una conducta que penalmente corresponde a la comisi�n del delito de robo se generan da�os y perjuicios, independientemente de la responsabilidad penal del sujeto activo del delito, como sujeto de derecho, el ofendido est� en aptitud de acudir ante el J. civil, en ejercicio de la acci�n de indemnizaci�n para el pago de da�os y perjuicios, y al efecto puede exponer los hechos que estime il�citos y acreditar que fueron violatorios de la ley civil mediante los elementos de prueba que estime conducentes, as� como para acreditar que con la comisi�n de aqu�l se causaron los respectivos da�os y perjuicios, y reclamar, en consecuencia, el pronunciamiento del juzgador, tanto respecto de la alegada ilicitud como de la consecuente procedencia o no de la condena por los da�os y perjuicios correspondientes. Lo anterior con absoluta independencia de que dicha conducta est� tipificada en la legislaci�n penal como delito, ya que tal comportamiento tambi�n ser�a il�cito desde el punto de vista de la materia civil por tratarse de un bien jur�dico tutelado de manera concurrente por ambas disciplinas jur�dicas, seg�n lo disponen los art�culos 830 y 831 del C�digo Civil vigente para el Distrito Federal, y el diverso 367 del C�digo Penal de la misma entidad. El segundo de los supuestos descritos existe, por ejemplo, cuando con motivo de la imposici�n de una multa por dos mil d�as de salario m�nimo se generan da�os y perjuicios al sujeto multado, y �ste alega que la imposici�n de la multa fue il�cita porque se le impuso en contravenci�n a lo dispuesto por el art�culo 127 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en virtud de que dicho numeral dispone que �nicamente se le pod�a imponer la multa respectiva hasta por mil quinientas veces el salario m�nimo. Aqu�, por tratarse de violaciones a una ley de orden p�blico, de naturaleza esencialmente administrativa y diversa de manera absoluta a la civil, por no existir tutela concurrente respecto de ese bien jur�dico en la legislaci�n civil, no puede exigirse al J. com�n que haga un pronunciamiento de ilicitud del hecho planteado en el ejemplo, ya que si bien es cierto la ilicitud de ese hecho dar�a vida al derecho civil de indemnizaci�n por pago de da�os y perjuicios derivada de lo dispuesto por los art�culos 1910, 1925 y 1927 del C�digo Civil vigente para el Distrito Federal, por la afectaci�n indirecta al patrimonio del gobernado, tambi�n lo es que la parte reclamante de los referidos da�os y perjuicios estar�a en aptitud de acudir ante el J. Civil, �nicamente a efecto de acreditar con una resoluci�n firme emitida por la autoridad judicial o administrativa competente que hubo una violaci�n a la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, para reclamar entonces del J. Civil el pronunciamiento �nicamente respecto de la procedencia o no de la condena por los da�os y perjuicios correspondientes. La precisi�n que antecede responde a que el orden jur�dico mexicano constituye un sistema completo en el que las diversas disciplinas y autoridades deben coexistir de manera ordenada, pr�ctica y funcional, sin que se pueda hacer un an�lisis parcial del sistema al interpretar y aplicar las normas jur�dicas que regulan las diversas disciplinas jur�dicas; de tal manera que si los derechos que concede una de las disciplinas para su existencia, necesariamente requieren de un pronunciamiento respecto de la aplicaci�n de las normas de otra disciplina, tal derecho no puede ser declarado por la autoridad competente de la primera disciplina, aplicando la ley de la segunda, que le es ajena, sino que es necesario abstenerse de hacer tal pronunciamiento hasta en tanto se haya cumplido con el propio previo por parte la autoridad competente de esa segunda disciplina, en lo que a la aplicaci�n de la ley ajena corresponde, para que entonces la autoridad competente de la primera est� en aptitud de hacer el pronunciamiento respectivo, con base en lo resuelto por la autoridad competente de la segunda disciplina. No atender tal precisi�n y admitir que en todos los casos en que se ejercite la acci�n de indemnizaci�n por pago de da�os y perjuicios, la autoridad civil est� facultada para determinar la licitud o ilicitud de los hechos, con libertad de jurisdicci�n para aplicar cualquier ley de la que derive la relaci�n tildada de ilegal, llevar�a al absurdo, por una parte, de permitir la confusi�n en la aplicaci�n de dispositivos legales que no son propios de la disciplina a la que pertenece la autoridad que resuelve, bajo el argumento de que el pronunciamiento con base en las disposiciones de la disciplina que es ajena a quien resuelve, es necesario para poder pronunciarse respecto del problema planteado cuya legislaci�naplicable s� le es propia a la autoridad que resuelve. Y por otra, de admitir que la autoridad que resuelve al tener libertad para aplicar una legislaci�n cuya aplicaci�n corresponde a una autoridad diversa, puede con ello incurrir en la emisi�n de una resoluci�n que est� en franca contradicci�n con la resoluci�n que, a su vez, la autoridad competente por ley para aplicar las disposiciones contenidas en el cuerpo normativo de referencia, en ejercicio de sus funciones, emita. Lo anterior no obstante que en ambos casos se haya resuelto respecto de los mismos hechos y en aplicaci�n de la misma ley. En la especie, si la ilicitud alegada por el quejoso consisti� en violaciones a la Ley de la Propiedad Industrial, en particular al derecho de uso exclusivo de una marca y tal derecho es esencialmente administrativo sin que exista tutela concurrente del mismo en la materia civil por no existir alg�n dispositivo legal en materia civil que pudiera estimarse protector del derecho de exclusividad aludido, es innegable que se est� frente a un caso de los comprendidos en el segundo supuesto de los que se han venido refiriendo. Es decir, en la especie, el quejoso estuvo en aptitud de acudir ante el J. Civil �nicamente a efecto de exponer que hubo una violaci�n a la Ley de la Propiedad Industrial, lo que solamente pod�a ser acreditado por el inconforme mediante la resoluci�n firme del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa competente, que declarara la ilicitud del hecho respectivo conforme a la ley aplicable al caso, para que entonces el juzgador civil pudiera emitir pronunciamiento, pero ya no respecto de la ilicitud alegada que est� inexorablemente inmersa en el �mbito puramente administrativo, sino �nicamente respecto de la procedencia o no de la condena por los da�os y perjuicios correspondientes, derivados de la citada ilicitud. Lo anterior es as�, porque el derecho al uso exclusivo de una marca tiene su origen en la legislaci�n administrativa, ya que el derecho de exclusividad de una marca �nicamente se obtiene hasta que, mediante el procedimiento administrativo respectivo, se registra la misma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual, mediante la emisi�n de un acto administrativo, constituye el referido derecho, seg�n lo disponen los art�culos 87, 113, 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial. Los numerales en cita, 87, 113, 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen: (se transcriben). En efecto, contrariamente al r�gimen de propiedad que rige en el derecho privado donde la inscripci�n del derecho de propiedad en el Registro P�blico de la Propiedad, por una parte, no siempre es obligatorio, y por otra tiene como finalidad la publicidad y la posibilidad jur�dica de oponibilidad frente a terceros; en materia de propiedad industrial, el registro de la marca respectiva ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es constitutivo del derecho de exclusividad para su uso, de lo que se concluye que la naturaleza del derecho de exclusividad de una marca, por un lado, es diverso de la naturaleza de la propiedad civil, y por otro, es de naturaleza esencialmente administrativa. En consonancia con lo anterior, el art�culo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial establece, por un lado, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado, con lo que el mismo forma parte de la administraci�n p�blica paraestatal en los t�rminos que dispone el art�culo 1o. de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, y por otro, que son facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las relativas a tramitar y, en su caso, otorgar registros de marcas, as� como la relativa a sustanciar los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad, cancelaci�n, e infracciones que contravengan los derechos de propiedad industrial, y formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes. El art�culo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial precitado, en su parte conducente dispone: (se transcribe). Y el art�culo 1o. de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal establece: (se transcribe). De lo que se advierte que ese instituto es una autoridad administrativa y que adem�s es la autoridad competente para conocer de la aplicaci�n directa de la ley en materia de constituci�n, validez, eficacia, violaci�n y extinci�n de los derechos de exclusividad sobre marcas. Ahora bien, dicha competencia comprende la realizaci�n de actos de dos naturalezas, a saber: actos materialmente jurisdiccionales, cuando se trate de las solicitudes de declaraci�n administrativa de nulidad, caducidad, cancelaci�n e infracci�n administrativa de patentes o registros; y actos formal y materialmente administrativos, cuando se trate de la expedici�n de patentes, registros de modelos de utilidad, de dise�os industriales, de marcas, publicaci�n de nombres comerciales, inscripci�n de licencias de uso de marcas, entre otros. Resulta ilustrativo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada n�mero I.10o.A.31 A, del D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la p�gina 1315, T.X., abril de 2002, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice: ?PROPIEDAD INDUSTRIAL. CASOS EN QUE OPERA LA SUPLETORIEDAD DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA LEY RELATIVA.? (se transcribe). De lo que se advierte que si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene competencia para emitir actos de naturaleza materialmente jurisdiccional y determinar la comisi�n de violaci�n de derechos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial los cuales se encuentran previstos en la misma con el car�cter de infracciones, ello excluye la posibilidad de que una autoridad jurisdiccional de primer grado diversa, como lo es el J.C., pueda pronunciarse al respecto, en aplicaci�n directa de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que por una parte con ello invadir�a la competencia del referido Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y por otra, dar�a lugar al posible dictado de resoluciones contradictorias sobre la licitud o ilicitud respecto de los mismos hechos y en la aplicaci�n de la misma ley, lo que no es admisible en un orden jur�dico coherente. En ese orden de ideas, si la quejosa Grupo Victoria, Sociedad An�nima de Capital Variable, esencialmente expuso en la demanda de origen ser titular de la marca ?Festival?, la cual qued� registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a su favor, para distinguir productos de la clase 25 prevista por el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y sostuvo que las demandadas utilizaron en las envolturas, cajas, etiquetas y empaques de id�nticos productos la leyenda ?Festival?, en grado de confusi�n con la marca de la que era titular la actora sin su autorizaci�n ni consentimiento, es indudable que con ello, no obstante que su prestaci�n la concret� en la reclamaci�n de la indemnizaci�n de da�os y perjuicios, impl�citamente hizo valer una violaci�n directa a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que en la legislaci�n civil no existe dispositivo legal alguno que tutele ese derecho de exclusividad, cuya protecci�n es eminentemente administrativa y, en su caso, penal, en los t�rminos que la propia Ley de la Propiedad Industrial establece. Adem�s, la conducta descrita en el p�rrafo que antecede est� contenida como infracci�n en el art�culo 213, fracci�n IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, que dice: (se transcribe). Es decir, con lo anterior la quejosa hizo valer ante el J. Civil, en la v�a ordinaria mercantil, una violaci�n directa a una ley de naturaleza administrativa, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, lo que necesariamente requer�a de ser acreditado mediante el pronunciamiento firme en ese sentido por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que el J. Civil �nicamente puede decidir sobre cuestiones relacionadas con la aplicaci�n de la legislaci�n civil, como lo es la condena o absoluci�n en cuanto a la indemnizaci�n por da�os y perjuicios, pero no respecto de la validez, eficacia o nulidad de los derechos derivados de actos administrativos emitidos y reservados a autoridad administrativa competente, salvo que la ley de la materia dispusiera expresamente la facultad que tiene el J. Civil para hacer tal pronunciamiento, lo que no sucede en la Ley de la Propiedad Industrial respecto del tema en estudio. Y ello es as� porque, por el contrario, del texto de los numerales 221 y 221 bis de la ley en cita, si bien es cierto queda establecido que las sanciones dispuestas en esa ley se impondr�n adem�s de la indemnizaci�n que corresponda por da�os y perjuicios a los afectados, tambi�n lo es que de la misma manera disponen que dicha indemnizaci�n deber� ajustarse a los t�rminos de la legislaci�n com�n, lo que no s�lo excluye la facultad del J. Civil de aplicar la legislaci�n en materia de propiedad industrial, sino que le constri�e a pronunciarse respecto de la indemnizaci�n de m�rito, en atenci�n estricta de los t�rminos que dispone la legislaci�n civil, sin perjuicio de que, exclusivamente en lo relativo al importe de la indemnizaci�n, se aplique la regla contenida en la Ley de la Propiedad Industrial. El texto de los art�culos 221 y 221 bis en cita disponen: (se transcriben). No reconocerlo as� llevar�a al absurdo de admitir que el J. Civil del fuero com�n, a la libre elecci�n del actor, tuviera que conocer y aplicar directamente una ley de naturaleza administrativa para la constituci�n, reconocimiento, extinci�n, caducidad y eficacia de derechos de naturaleza esencialmente administrativa, como lo son los contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, lo que, por una parte, ser�a violatorio de las disposiciones contenidas en ese cuerpo de leyes administrativo que estatuye la facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para aplicarla en el �mbito administrativo. Y por otra, llevar�a a enfrentar la incongruencia de que ante la declaratoria firme administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de la ausencia de comisi�n de infracci�n atribuida a la parte acusada por encontrarse apegado a derecho el uso de una marca, la parte acusadora estuviera en aptitud de reclamar en la v�a civil o mercantil la indemnizaci�n por da�os y perjuicios en contra de la misma parte acusada, ya absuelta administrativamente, y que ello obligara al J. Civil a emitir una nueva resoluci�n, juzgando nuevamente la licitud o ilicitud de la conducta a partir de la aplicaci�n directa de la Ley de la Propiedad Industrial que es de naturaleza administrativa. Lo anterior no es admisible porque la Ley de la Propiedad Industrial lo proh�be al estatuir en el art�culo primero: (se transcribe). De lo que se advierte que fue voluntad expresa del legislador que la aplicaci�n administrativa de la ley correspondiera de manera exclusiva al Ejecutivo Federal, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A mayor abundamiento, sirve de apoyo a las consideraciones que anteceden, el criterio que sobre la materia ha sostenido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el sentido de que el titular de un registro marcario que denuncia la comisi�n de una infracci�n administrativa, tiene inter�s jur�dico para promover juicio de amparo en contra de la resoluci�n negativa que recaiga en ese procedimiento. Para llegar a esa conclusi�n, la Segunda Sala del m�s Alto Tribunal, consider� fundatorio de tal inter�s jur�dico, entre otros, el inter�s del denunciante para obtener una resoluci�n favorable a sus intereses y estar en posibilidad de demandar el pago de da�os y perjuicios. La tesis de jurisprudencia de m�rito es la n�mero 2a./J. 10/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 250, T.X., febrero de 2001, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice: ?MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO QUE DENUNCIA �STAS, TIENE INTER�S PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCI�N NEGATIVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO.? (se transcribe). Resulta ilustrativo al respecto, traer en cita el contenido de la parte conducente de la ejecutoria que dio origen a la tesis de m�rito, que dice: (se transcribe). En virtud de las consideraciones que anteceden, queda claro que asiste la raz�n al quejoso al afirmar que de la propia exposici�n de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende la facultad que tienen los tribunales del Poder Judicial para conocer de las demandas de pago de da�os y perjuicios, por parte de un infractor de los derechos derivados de la propiedad industrial, sin embargo, tal alegaci�n no combate el argumento vertido por la autoridad responsable, ya que si por derecho el J. primario era competente para conocer de la acci�n civil intentada, pero dicha acci�n fue improcedente, ello no impidi� que se siguiera el proceso respectivo hasta culminar con la sentencia, sin embargo, tal sentencia no pod�a ocuparse de la cuesti�n de fondo por no haberse acreditado de manera id�nea la ilicitud de los hechos por los que se reclam� la indemnizaci�n por da�os y perjuicios. En efecto, como se indic� al estudiar el concepto de violaci�n de tipo formal en la sentencia reclamada, la Sala responsable no hizo pronunciamiento sobre la competencia del J. de primera instancia para conocer de la acci�n civil intentada, situaci�n que estaba firme por sentencia de apelaci�n previa, sino que confirm� la resoluci�n del J. primario, en el sentido de que efectivamente la acci�n intentada fue improcedente, porque para acreditar lo il�cito del hecho fundatorio de la acci�n, era necesario exhibir la resoluci�n firme del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o autoridad judicial en materia administrativa competente que hiciera tal pronunciamiento de ilicitud. Ahora bien, es incorrecto que el quejoso pretenda fundar la procedencia de la acci�n intentada en materia de derechos marcarios, por analog�a, mediante la cita de los diversos numerales que prev� la Ley Federal de Derechos de Autor, ya que, por una parte, ambos derechos, pese a que pertenecen al g�nero de la llamada propiedad intelectual, tienen en nuestro derecho un tratamiento legal diverso; y por otra, porque es requisito esencial para la procedencia de la aplicaci�n anal�gica de disposiciones legales, que la cuesti�n cuya resoluci�n se pretende hacer de manera an�loga carezca de regulaci�n expresa, lo que no sucede en la especie. En efecto, el tratamiento legal de ambos derechos es diferente, al menos en los tres siguientes aspectos fundamentales: 1. Entre tanto la Ley Federal de Derechos de Autor se rige por el principio fundamental de reconocimiento y protecci�n de los derechos de autor y sus conexos, desde el momento en que han sido fijados en un soporte material, sin que sea requisito el registro de los mismos, ni el cumplimiento de formalidad alguna; el derecho de exclusividad de uso de una marca se rige por el principio constitutivo mediante registro administrativo, es decir, tal derecho de exclusividad no existe entre tanto la marca de referencia no sea registrada administrativamente. Lo anterior queda evidenciado con el contenido del art�culo 5o. de la Ley Federal de Derechos de Autor, que dice: (se transcribe). As� como con el contenido del art�culo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dice: (se transcribe). 2. Entre tanto la Ley Federal de Derechos de Autor se rige por el principio fundamental de reconocimiento y protecci�n de los derechos de autor, los cuales tambi�n se encuentran reconocidos y tutelados por los art�culos 747 y 758 de la legislaci�n civil federal vigente, mediante la instituci�n civil de la propiedad; el derecho de exclusividad de uso de una marca se rige por el principio constitutivo mediante el registro administrativo respectivo y carece de tutela dentro de la legislaci�n civil federal. Lo anterior queda evidenciado con el contenido de los art�culos 747 y 758 del C�digo Civil Federal, que dicen: (se transcriben). 3. Entre tanto la Ley Federal de Derechos de Autor prev� un cap�tulo especial ?Del procedimiento ante autoridades judiciales?, mediante el cual dispone expresamente que en el conocimiento de las acciones civiles en materia de derechos de autor, los tribunales federales que conozcan de las mismas, fundar�n, tramitar�n y resolver�n, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor, con supletoriedad del C�digo Federal de Procedimientos Civiles y con citaci�n necesaria para el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el cual ser� parte en el juicio; la Ley de la Propiedad Industrial en materia de derecho marcario, por una parte, dispone en el numeral 155 que la declaraci�n de nulidad, caducidad o cancelaci�n de un registro de marca, se har� administrativamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y por otra, en el diverso 221 establece que la acci�n civil de indemnizaci�n de da�os y perjuicios por violaci�n de los derechos que confiere esa ley, proceder� en t�rminos de la legislaci�n com�n, sin perjuicio de que, en cuanto a la cuant�a, se est� a lo dispuesto por el art�culo 221 bis de la ley administrativa en cita. Lo anterior queda evidenciado con el contenido de los art�culos 213 al 216 de la Ley Federal de Derechos de Autor, que dicen: (se transcriben). Y con lo dispuesto por los art�culos 155, 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, que estatuyen: (se transcriben). Aunado a lo anterior, es requisito esencial para la procedencia de la aplicaci�n anal�gica de las disposiciones legales que pretendi� hacer valer el quejoso, que la cuesti�n cuya resoluci�n se pretenda hacer de manera an�loga carezca de regulaci�n expresa, lo que no sucede en la especie, ya que, por una parte, la Ley de la Propiedad Industrial es clara al establecer que la sustanciaci�n de los procedimientos de nulidad, caducidad, violaci�n y cancelaci�n de los derechos de propiedad industrial, as� como la formulaci�n de resoluciones y emisi�n de declaraciones administrativas correspondientes, y en general la resoluci�n de las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicaci�n de la Ley de la Propiedad Industrial, es facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y por otra, la ley marcaria dispone que trat�ndose de la acci�n civil de indemnizaci�n por da�os y perjuicios con motivo de la violaci�n a los derechos derivados de esa ley, la misma proceder� en los t�rminos de la legislaci�n com�n, sin perjuicio de que para fijar la cuant�a de la indemnizaci�n la autoridad judicial civil correspondiente atienda al m�nimo fijado por el diverso 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial en cita. De lo que se advierte que la Ley de la Propiedad Industrial no contiene una omisi�n del legislador en cuanto a determinar que sea la autoridad judicial, en materia civil, la que aplique esa ley, sino que existe una manifestaci�n expresa de la voluntad del legislador, en el sentido de que la aplicaci�n de la Ley de la Propiedad Industrial sea facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que en el caso del ejercicio de la acci�n civil de indemnizaci�n por da�os y perjuicios, la misma se ejercite en aplicaci�n de la legislaci�n civil correspondiente quedando facultado el juzgador que conozca de la cuesti�n a aplicar la Ley de la Propiedad Industrial �nicamente en lo relativo a la cuant�a de la indemnizaci�n, que nunca podr� ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al p�blico de los productos o servicios que hayan sido violatorios de la ley. Por otro lado, es incorrecta la afirmaci�n que hizo el quejoso en el sentido de que si el art�culo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial establece como requisito para elejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de un derecho de propiedad industrial, que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados, las indicaciones y leyendas de ?marca registrada?, ?M.? o ?�?, entonces el �nico requisito previo que esa ley estableci� para la acci�n de da�os y perjuicios fue el acreditar que se cumpli� con la exigencia de m�rito. El art�culo en cita dispone: ?Art�culo 229. (se transcribe).?. Lo anterior es as�, porque si bien es cierto el art�culo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que el citado requisito es necesario para el ejercicio de las acciones civiles derivadas de un derecho de propiedad industrial, tambi�n lo es que no es el �nico requisito que dichas acciones deben satisfacer para su ejercicio y para su procedencia en sentencia de fondo, ya que cada acci�n por derivar necesariamente de la ley, debe satisfacer los extremos que la propia ley le fija. En la especie, como ya se dijo, por el tipo de acci�n intentada tuvo como condici�n sustancial de su procedencia en la sentencia de fondo, el acreditamiento del inter�s serio y actual para reclamar v�lidamente las pretensiones respectivas. Y para ello, los elementos que establece el art�culo 1910 del C�digo Civil Federal son: Una conducta il�cita o contra las buenas costumbres, y la causaci�n de un da�o al actor. Entonces, la naturaleza de la norma contenida en el art�culo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial no es de tipo restrictivo, sino extensivo de los requisitos para el ejercicio de la acci�n. En efecto, la norma precitada no dispone que el requisito en ella contenido sea el �nico necesario para ejercitar las acciones civiles derivadas de la violaci�n de derechos de propiedad industrial, sino que debe interpretarse en el sentido de que tal requisito ser� necesario, adem�s de los que la ley establezca para cada una de las acciones respectivas. En otro orden de ideas, no asiste tampoco raz�n al quejoso, en relaci�n con el argumento que hizo valer, en el sentido de que la Sala responsable no se percat� de que la Ley de la Propiedad Industrial prev� tanto las infracciones administrativas como las violaciones a los derechos de propiedad industrial, ya que tal distinci�n no existe porque, por una parte, la Ley de la Propiedad Industrial es administrativa, de lo que cualquier violaci�n en su contra, que no sea delito, es una infracci�n administrativa, y por otra, porque as� se desprende del texto del art�culo 213 de la citada ley. En efecto, si ya qued� asentado con anterioridad que la Ley de la Propiedad Industrial es un ordenamiento cuyo contenido es de naturaleza administrativa y que el derecho para el uso exclusivo de una marca comparte esa naturaleza porque s�lo se constituye a partir del acto administrativo en virtud del cual la marca de m�rito queda registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es indudable que las violaciones directas a ese derecho, que no est�n calificadas de manera expresa como delitos, deben ser entendidas como infracciones administrativas, por lo que �nicamente el cat�logo de violaciones contenido en el art�culo 213 y los delitos constituyen violaciones a los derechos de propiedad industrial. Y adem�s, lo anterior se confirma de la lectura de la fracci�n XXV del art�culo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone que cualquier violaci�n a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial que no constituya delito, ser� infracci�n administrativa. El art�culo 213 en la fracci�n XXV dispone textualmente: (se transcribe). Resulta igualmente incorrecta la afirmaci�n que hizo la quejosa en el sentido de que del contenido de los art�culos 227 y 225 de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende la competencia expresa de los tribunales de la Federaci�n y de los tribunales del fuero com�n en materia civil, para conocer de las controversias derivadas de las violaciones a los derechos de propiedad industrial, sin que sea necesario agotar requisito de procedibilidad alguno, ya que, por una parte, como ya se dijo en anteriores l�neas, de acuerdo al contenido de la fracci�n XXV del art�culo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, cualquier violaci�n a las disposiciones de esa ley que no sea delito, es una infracci�n administrativa; y por otra, de la correcta interpretaci�n de los numerales en cita, se evidencia que no tienen el alcance que el quejoso les pretende atribuir. Los numerales precitados de la Ley de la Propiedad Industrial disponen: ?Art�culo 225. (se transcribe).?. ?Art�culo 227. (se transcribe).?. De lo que se advierte que, por una parte, al tener un contenido esencialmente administrativo los delitos previstos en las fracciones I y II del art�culo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial para la procedencia del ejercicio de la acci�n penal, se establece el requisito de procedibilidad consistente en el dictamen t�cnico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que s�lo es trascendente para el tema en estudio, porque confirma la voluntad del legislador de dar una amplia intervenci�n al instituto como �rgano t�cnico, aun en las cuestiones que se sometan a un J.P., pero de ninguna manera concede a los tribunales federales y del fuero com�n la competencia que alega el quejoso para aplicar de manera directa la Ley de la Propiedad Industrial. Y por otra parte, del contenido del art�culo 227 transcrito, se advierte que las controversias civiles o mercantiles, y sobre las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicaci�n de la Ley de la Propiedad Industrial, ser�n competentes los tribunales de la Federaci�n o los de fuero com�n, si s�lo afectan intereses de particulares. Lo que por una parte confirma que los tribunales en cita no est�n facultados para aplicar la Ley de la Propiedad Industrial, sino que s�lo son competentes para resolver las controversias que en las materias civil y mercantil se susciten con motivo de su aplicaci�n, es decir, conocer�n de la aplicaci�n indirecta de la ley en cita; y por otro, presupone la existencia de una controversia de naturaleza civil o mercantil, como podr�a ser el caso en disputa por un contrato civil o mercantil, o la divisi�n de derechos comunes sobre un derecho de propiedad industrial, o la sucesi�n de la titularidad de una marca registrada por una persona f�sica u otra an�loga. Casos todos en los que la aplicaci�n de la Ley de la Propiedad Industrial no es aplicada por la autoridad judicial civil, sino que son resueltas por esta autoridad, controversias surgidas con motivo de la aplicaci�n de aquella ley ...

    De las consideraciones transcritas se elabor� la siguiente tesis:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XVII, marzo de 2003

    "Tesis: I..C.22 C

    "P�gina: 1680

    "ACCI�N DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DA�OS Y PERJUICIOS. VIOLACI�N AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICI�N PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL). La acci�n civil de da�os y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existi� la violaci�n a la ley de la materia por parte de los demandados, cuando en tal violaci�n se fund� la acci�n de da�os y perjuicios intentada. Lo anterior es as�, porque el pronunciamiento administrativo citado es el �nico medio probatorio id�neo para acreditar tal hecho il�cito, dado que si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y el juicio civil es aut�nomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, tambi�n lo es que de acuerdo al contenido del art�culo 1910 del C�digo Civil Federal, de aplicaci�n supletoria en materia mercantil, la responsabilidad civil por da�os y perjuicios, producto de hechos il�citos, presupone como condici�n necesaria para la procedencia de la acci�n, la existencia y acreditamiento del hecho il�cito respectivo, por lo que si �ste se hizo consistir en una violaci�n directa del derecho de uso exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que el mismo tenga tutela en la legislaci�n com�n, el J. Civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicaci�n de ese cuerpo normativo de naturaleza administrativa, dado que de la interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 1o., 6o., fracciones III, IV y V, 87, 213, fracci�n XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditamiento de la resoluci�n administrativa firme respectiva es una condici�n necesaria, esencial para la procedencia de la acci�n civil de da�os y perjuicios intentada.

    A. directo 11902/2002. Grupo Victoria, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: D.P.�o P.S.: M.G.A.J.�rez.

CUARTO

Con el prop�sito de verificar si en el presente caso existe contradicci�n entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

De esta jurisprudencia se advierte que para la configuraci�n de una contradicci�n de tesis, se requiere que haya una disparidad de criterios de los tribunales, en donde se re�nan los siguientes requisitos: 1. Que hayan analizado, en esencia, iguales cuestiones jur�dicas y adopten posturas divergentes; 2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones o interpretaciones jur�dicas realizadas en la sentencia que cada tribunal dicte; y, 3. Que los distintos criterios provengan del examen de elementos coincidentes, lo que implica que deben partir del an�lisis esencial de semejantes supuestos.

QUINTO

En este asunto s� se satisfacen los supuestos mencionados que condicionan una contradicci�n de tesis, y para constatarlo es menester examinar y sintetizar a continuaci�n la parte conducente de las ejecutorias de las que derivaron los criterios en conflicto:

  1. De la transcripci�n localizada en las p�ginas 4 a 12 del presente fallo, se aprecia que el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 656/2000, determin� los siguientes aspectos fundamentales:

    1. Que no existe disposici�n en la Ley de la Propiedad Industrial que establezca que previamente a la promoci�n del proceso judicial para reclamar indemnizaci�n por da�os y perjuicios debe agotarse alg�n procedimiento administrativo, ni que las actuaciones derivadas de la violaci�n a la referida legislaci�n son competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

    2. A la autoridad administrativa corresponde realizar la declaraci�n de la existencia de infracciones administrativas, cuando se actualiza alguna de las hip�tesis previstas en el art�culo 213 de la ley en cita y, en su caso, imponer las sanciones previstas en la propia ley.

    3. Que el alcance de dicha declaraci�n est� limitado a la imposici�n de las sanciones correspondientes, pues el procedimiento administrativo respectivo tiene una finalidad esencialmente sancionadora.

    4. En modo alguno dicho procedimiento llega a constituir un requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones mercantiles y civiles a que alude el art�culo 227 de la referida legislaci�n.

    5. Que si no existe disposici�n en la ley de que se trata, que establezca que la acci�n de da�os y perjuicios se debe ejercer como resultado de la existencia y el incumplimiento de una infracci�n administrativa, se debe concluir que existe independencia entre el procedimiento administrativo y el judicial.

    6. De esta suerte, la autoridad administrativa puede declarar infracciones administrativas por violaci�n a los derechos de propiedad industrial, pero al ejercer el afectado la acci�n de da�os y perjuicios conforme a la legislaci�n com�n, tiene que probarla para que la autoridad judicial est� en aptitud de declarar que la parte demandada incurri� en conductas que implican violaci�n de derechos de propiedad industrial, y condenarla al pago de los da�os y perjuicios derivados de los hechos respectivos.

    7. De esos razonamientos el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito deduce que el procedimiento administrativo no constituye un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acci�n de pago de da�os y perjuicios, prevista en el art�culo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial.

    De las citadas consideraciones deriv� la tesis del siguiente rubro:

    PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACI�N ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACI�N.

  2. Por otro lado, de la parte considerativa transcrita en las p�ginas 14 a 22 de la presente sentencia, se advierte que el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil 208/2001, sostuvo, en esencia, un punto de vista similar al que antecede, ya que estableci� lo siguiente:

    1. Que conforme al art�culo 215 de la Ley de la Propiedad Industrial, la investigaci�n de las infracciones administrativas se debe realizar por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de oficio o a petici�n de parte interesada, y tambi�n debe conocer y resolver los recursos administrativos correspondientes.

    2. Con apego a los art�culos 221, 221 bis, 227, 228, 229, 26 y 131 de la Ley de la Propiedad Industrial, se faculta a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigaci�n de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial, con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes.

    3. Que en los propios preceptos, a los afectados se concede acci�n civil y mercantil, en t�rminos de la legislaci�n com�n, para demandar ante las autoridades judiciales el pago de da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a los derechos de propiedad industrial.

    4. Las cuestiones relacionadas con la violaci�n a los derechos de propiedad industrial no son competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que de dichas cuestiones tambi�n pueden conocer las autoridades judiciales federales o comunes, a elecci�n del actor, a fin de determinar si en el caso procede condenar al demandado al pago de los da�os y perjuicios que su conducta haya ocasionado al titular de esos derechos.

    5. Por tanto, el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dedujo que no puede estimarse como un presupuesto para la procedencia de la acci�n de da�os y perjuicios, la tramitaci�n previa del procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que �ste determine la existencia de la violaci�n a sus derechos de propiedad industrial.

    6. Igualmente dedujo que el procedimiento administrativo de declaraci�n de infracci�n administrativa y la acci�n de da�os y perjuicios son independientes uno de otra, pues aunque ambos instrumentos jur�dicos tienen como finalidad determinar la existencia de una violaci�n a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene una naturaleza eminentemente sancionadora, y con la segunda se pretende el resarcimiento al afectado de los da�os y perjuicios que le haya causado la violaci�n a sus derechos de propiedad industrial.

    7. Para corroborar su punto de vista, el aludido tribunal se�al� que las autoridades judiciales pueden ordenar la pr�ctica de las medidas que la Ley de la Propiedad Industrial prev�, para que cese la violaci�n a los derechos de propiedad industrial, y no existe en el citado ordenamiento legal precepto alguno del que se desprenda que antes de intentar la acci�n de da�os y perjuicios, se debe agotar el procedimiento administrativo ante el preindicado instituto para que determine la existencia de alguna infracci�n por violaci�n a los derechos de propiedad industrial.

    Con base en estas consideraciones se sustent� el criterio del siguiente rubro:

    MARCAS. DA�OS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACI�N A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCI�N RELATIVA NO EST� SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

  3. En sentido opuesto a lo considerado por los dos Tribunales Colegiados que anteceden, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 11902/2002, sostuvo el siguiente criterio (v�ase la transcripci�n de las p�ginas 24 a 53 de la presente sentencia):

    1. Que la acci�n civil deducida para reclamar da�os y perjuicios por infracci�n a la Ley de la Propiedad Industrial es improcedente si no se acredita el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de que existi� una violaci�n a la Ley de la Propiedad Industrial.

    2. La responsabilidad civil de da�os y perjuicios, producto de hechos il�citos derivados de la infracci�n a la Ley de la Propiedad Industrial, presupone como elemento esencial fundatorio de la acci�n la existencia y acreditamiento del hecho il�cito declarado en el procedimiento administrativo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

    3. Que si el hecho il�cito que se invoca en la demanda de indemnizaci�n por da�os y perjuicios consiste en una violaci�n directa de los derechos derivados de la Ley de la Propiedad Industrial, dado que el pronunciamiento de ilicitud est� reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es inconcuso que el acreditamiento del propio pronunciamiento administrativo es un elemento esencial fundatorio de la acci�n de da�os y perjuicios.

    4. El �nico medio probatorio id�neo para acreditar la existencia del hecho il�cito derivado de una violaci�n directa de los derechos de propiedad industrial por registro de marcas, es la declaraci�n firme del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en ese sentido.

    5. Para este Tribunal Colegiado de Circuito, el actor est� en aptitud de acudir ante el J. Civil �nicamente a efecto de exponer que hubo una violaci�n a la Ley de la Propiedad Industrial, para que el juzgador civil emita pronunciamiento, no respecto de la ilicitud alegada que est� inexorablemente inmersa en el �mbito administrativo, sino �nicamente para que se pronuncie respecto de la procedencia o improcedencia dela condena por los da�os y perjuicios correspondientes derivados de la citada ilicitud.

    6. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito concluye que si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene competencia para emitir actos de naturaleza materialmente jurisdiccional y determinar la comisi�n de violaci�n de derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial, ello excluye la posibilidad de que una autoridad jurisdiccional como el J. Civil se pronuncie al respecto, en aplicaci�n directa de la citada ley, ya que no debe invadir la competencia del referido instituto, ni en aplicaci�n de la propia ley dictar resoluciones contradictorias sobre la licitud o ilicitud de los hechos respecto de los que haya conocido esta autoridad administrativa.

    Las consideraciones acabadas de sintetizar, dieron lugar a la tesis del siguiente rubro:

    "ACCI�N DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DA�OS Y PERJUICIOS. VIOLACI�N AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICI�N PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL)."

SEXTO

Como se aprecia del an�lisis de las ejecutorias que anteceden, s� se configura la contradicci�n de tesis denunciada, pues los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron, en esencia, iguales cuestiones jur�dicas y adoptaron posturas divergentes.

Ciertamente, al ocuparse de la acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios derivados de las infracciones administrativas por violaci�n a los derechos de propiedad industrial que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, tanto el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito como el D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, sostuvieron la siguiente postura:

Que para la procedencia en la v�a jurisdiccional de la citada acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios, no es necesaria una previa declaraci�n administrativa de la existencia de infracciones, por lo que tampoco debe agotarse alg�n procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues aunque a esta autoridad corresponde realizar la declaraci�n de la existencia de infracciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones previstas por la Ley de la Propiedad Industrial, el alcance de dicha declaraci�n se limita a la imposici�n de las sanciones correspondientes, ya que el procedimiento respectivo tiene una finalidad esencialmente sancionadora, por lo que existe independencia entre el indicado procedimiento administrativo y el judicial, en el que el J. puede determinar la existencia de la violaci�n a los derechos de propiedad industrial.

En oposici�n a esa postura, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene el punto de vista siguiente:

Que la existencia previa de una declaraci�n de un hecho il�cito en el procedimiento administrativo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial constituye un elemento esencial que es indispensable para que se haga valer y prospere la acci�n civil deducida para reclamar da�os y perjuicios por infracci�n a la Ley de la Propiedad Industrial, dado que el pronunciamiento de ilicitud est� reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y,

En consecuencia, de acuerdo con la posici�n de este tribunal contendiente, al deducir la acci�n de da�os y perjuicios el actor est� en aptitud de acudir ante el J. Civil a efecto de exponer que hubo una violaci�n a la Ley de la Propiedad Industrial, y el juzgador civil no debe emitir pronunciamiento respecto de la ilicitud administrativa ya declarada, sino que �nicamente debe pronunciarse respecto de la procedencia o improcedencia de la condena por los da�os y perjuicios derivados de la citada ilicitud.

En otro aspecto, es evidente que la diferencia de criterios en examen se present� en las consideraciones e interpretaciones jur�dicas que los tribunales realizaron a varios preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial en la sentencia que cada tribunal dict�.

Por �ltimo, se ha puesto de relieve que los distintos criterios en oposici�n provienen del examen de elementos coincidentes, dado que los tribunales que los emitieron examinaron e interpretaron los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial desde el punto de vista de la procedencia de la acci�n de da�os y perjuicios producto de infracciones a los derechos de propiedad industrial previstos en la indicada ley; por lo que al sustentar sus criterios partieron del an�lisis esencial de semejantes supuestos.

En ese orden de ideas, el tema de la presente contradicci�n de tesis versa sobre si es necesaria una previa declaraci�n en el procedimiento administrativo, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la existencia de infracciones, para la procedencia en la v�a jurisdiccional de la acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios.

S�PTIMO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n declara que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio que se establece en la presente ejecutoria.

En atenci�n a que el tema de la presente contradicci�n de tesis versa sobre si es necesaria una previa declaraci�n en el procedimiento administrativo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre la existencia de infracciones para la procedencia en la v�a jurisdiccional de la acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios, y si el J. que conozca de la demanda respectiva, con independencia de la tramitaci�n de aquel procedimiento, puede determinar la existencia de la violaci�n a los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial, es pertinente primeramente precisar los siguientes conceptos:

  1. Los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial;

  2. La declaraci�n en el procedimiento administrativo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la existencia de infracciones;

  3. La acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios; y,

  4. La legislaci�n conforme a la que el J. debe conocer y resolver la demanda respectiva.

  5. Sobre los derechos de propiedad industrial cabe precisar lo siguiente:

    De acuerdo con el art�culo 28 de la Constituci�n Federal, en los Estados Unidos Mexicanos est�n prohibidos los monopolios, los estancos y las exenciones de impuestos en los t�rminos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dar� a las prohibiciones a t�tulo de protecci�n a la industria. No constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producci�n de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

    Por su parte, el art�culo 89, fracci�n XV, de la propia Constituci�n autoriza al presidente de la Rep�blica a conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de alg�n ramo de la industria.

    A su vez, el art�culo 73, fracci�n XXIX-F, de la Carta Magna, faculta al Congreso de la Uni�n para expedir leyes tendientes a la transferencia de tecnolog�a y la generaci�n, difusi�n y aplicaci�n de los conocimientos cient�ficos y tecnol�gicos que requiere el desarrollo nacional.

    Dichas disposiciones constitucionales son las que sirven de apoyo a la legislaci�n sobre derechos de autor y propiedad industrial, y tanto la ley que regula los primeros como la que norma la segunda, tienen el car�cter de reglamentarias del art�culo 28 constitucional.

    Entre los principales ordenamientos legales que se ocupan de la propiedad industrial y de las infracciones administrativas relacionadas con la propiedad industrial, se encuentran los siguientes.

    1. Ley de Fomento y Protecci�n de la Propiedad Industrial de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintisiete de junio del propio a�o.

      Esta ley fue reformada mediante el decreto publicado en el diario mencionado de dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, y su denominaci�n fue sustituida por la de Ley de la Propiedad Industrial.

    2. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintitr�s de noviembre de dicho a�o.

    3. Decreto de veintid�s de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por el que se cre� el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

    4. Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

    5. Estatuto Org�nico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

      Las disposiciones reguladoras del derecho de la propiedad industrial han cobrado una verdadera autonom�a legislativa, pues se han independizado tanto de las normas tradicionales del derecho civil como de las correspondientes al derecho mercantil, y conforme a los citados ordenamientos legales la aplicaci�n administrativa de las normas que reglamentan la propiedad industrial est� a cargo del Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

      As� se consigna principalmente en el art�culo 1o. de la Ley de la Propiedad Industrial.

      Art�culo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden p�blico y de observancia general en toda la Rep�blica, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que M�xico sea parte. Su aplicaci�n administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

      El objeto de la mencionada ley est� precisado en su art�culo 2o., y destaca lo que estatuye en su fracci�n V, en el sentido de que esta ley tiene por objeto, entre otros eventos, proteger la propiedad industrial mediante la regulaci�n y otorgamiento de patentes de invenci�n; registros de modelos de utilidad, dise�os industriales, marcas y avisos comerciales; publicaci�n de nombres comerciales; declaraci�n de protecci�n de denominaciones de origen; y regulaci�n de secretos industriales.

      De los art�culos 6o., fracci�n III, 9o., 10, 10 bis, 15, 16, 23, 25, 38, 39 y 43 de la propia ley, se desprende que con el nombre de invenci�n se considera a toda creaci�n humana que permita transformar la materia o la energ�a que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

      Conforme a los propios preceptos la patente es el documento expedido por el Estado, a trav�s del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para hacer constar el derecho exclusivo y temporal que una persona f�sica o jur�dica tiene para explotar a nivel industrial un invento que re�na las exigencias legales.

      La vigencia de la patente est� prevista en la Ley de la Propiedad Industrial, en los t�rminos siguientes:

      Art�culo 23. La patente tendr� una vigencia de 20 a�os improrrogables, contada a partir de la fecha de presentaci�n de la solicitud y estar� sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

      En los art�culos 27, 28 y 29 de la Ley de la Propiedad Industrial se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificaci�n en su disposici�n, configuraci�n, estructura o forma, presenten una funci�n diferente respecto de las partes que lo integran o produzcan ventajas en cuanto a su utilidad.

      Son registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicaci�n industrial, y la vigencia de su registro, o sea, del t�tulo o constancia de su anotaci�n que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es de diez a�os improrrogables a partir de la fecha de presentaci�n de la solicitud de registro.

      Con el nombre de dise�o se designa al dibujo o confecci�n de una cosa. Igualmente se le identifica con el proyecto del aspecto exterior que ha de presentar un producto industrial.

      El art�culo 31 de la ley de la materia se�ala que ser�n registrables los dise�os industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicaci�n industrial, y el art�culo 32 indica los objetos que se comprenden en los dise�os industriales, en la forma siguiente:

      "Art�culo 32. Los dise�os industriales comprenden a:

      "I. Los dibujos industriales, que son toda combinaci�n de figuras, l�neas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentaci�n y que le den un aspecto peculiar y propio, y

      II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patr�n para la fabricaci�n de un producto industrial, que le d� apariencia especial en cuanto no implique efectos t�cnicos.

      En t�rminos del art�culo 36 de la citada ley, el registro de los dise�os industriales tiene vigencia de quince a�os improrrogables a partir de la fecha de presentaci�n de la solicitud respectiva.

      La marca es el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercanc�as o servicios de los de sus competidores.

      El art�culo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial consigna que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y el art�culo 87 de dicha legislaci�n previene que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

      La vigencia del registro de la marca -que da derecho a su uso exclusivo- se se�ala en el art�culo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, es de diez a�os contados a partir de la fecha de presentaci�n de la solicitud y puede renovarse por periodos de la misma duraci�n.

      El registro de la marca, sus efectos, su caducidad y renovaci�n, est�n reglamentados en varios numerales de la Ley de la Propiedad Industrial, como los siguientes.

      "Art�culo 113. Para obtener el registro de una marca deber� presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos:

      "I.N., nacionalidad y domicilio del solicitante;

      "II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

      "III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podr� ser modificada ulteriormente, o la menci�n de que no se ha usado. A falta de indicaci�n se presumir� que no se ha usado la marca;

      "IV. Los productos o servicios a los que se aplicar� las marca (sic), y

      "V. Los dem�s que prevenga el reglamento de esta ley."

      "Art�culo 125. Concluido el tr�mite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedir� el t�tulo.

      "En caso de que el instituto niegue el registro de la marca, lo comunicar� por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resoluci�n."

      "Art�culo 130. Si una marca no es usada durante tres a�os consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, proceder� la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres a�os consecutivos inmediatos anteriores a la presentaci�n de la solicitud de declaraci�n administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obst�culo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importaci�n u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca."

      "Art�culo 131. La ostentaci�n de la leyenda ?marca registrada?, las siglas ?M.? o el s�mbolo �, s�lo podr� realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada."

      Art�culo 133. La renovaci�n del registro de una marca deber� solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el instituto dar� tr�mite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminaci�n de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovaci�n, el registro caducar�.

      En lo que ata�e al aviso comercial, en el art�culo 100 de la referida ley se define como las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al p�blico, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

      El derecho de uso y la vigencia de los avisos comerciales se contemplan en los art�culos 99 y 103 de la ley en cita, de los que se aprecia que para obtener el derecho de uso de ellos en forma exclusiva es menester que se registren en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y tendr� una vigencia de diez a�os a partir de la fecha de presentaci�n de la solicitud, que podr� renovarse por periodos de la misma duraci�n.

      Por �ltimo, el derecho sobre los nombres comerciales tambi�n es objeto de regulaci�n por la Ley de la Propiedad Industrial.

      En los art�culos 105 y 112 se precisa que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estar�n protegidos sin necesidad de registro; que la protecci�n abarcar� la zona geogr�fica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial; se extender� a toda la Rep�blica si existe difusi�n masiva y constante a nivel nacional del mismo; y que se regir� en lo que sea aplicable y no haya disposici�n especial por lo establecido en esta ley para las marcas.

  6. Respecto a la segunda cuesti�n por examinar, relativa a la declaraci�n por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el procedimiento administrativo de la existencia de infracciones, cabe hacer las siguientes precisiones.

    La infracci�n administrativa es el acto u omisi�n que definen las leyes administrativas, y por constituir generalmente faltas de menor gravedad ameritan sanciones menores que las previstas para los delitos.

    A trav�s de la sanci�n de las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial se busca inhibir el enga�o por parte del infractor al p�blico consumidor, que no se aproveche del derecho que no le pertenece, del prestigio y buen nombre ajeno, as� como que no se cause perjuicio a un tercero, titular de una patente de invenci�n, del registro de modelos de utilidad, de dise�os industriales, marcas, aviso o nombre comercial registrados, etc�tera, cuyas transgresiones pueden originar la declaraci�n de ilegalidad y ameritar una sanci�n administrativa.

    Los art�culos 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen las hip�tesis de infracci�n en esa materia, as� como las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas; literalmente dicen:

    "Art�culo 213. Son infracciones administrativas:

    "I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula;

    "II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo est�n. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrir� en la infracci�n despu�s de un a�o de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaraci�n de nulidad;

    "III. Poner a la venta o en circulaci�n productos u ofrecer servicios, indicando que est�n protegidos por una marca registrada sin que lo est�n. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrir� en infracci�n despu�s de una�o de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaraci�n correspondiente;

    "IV. Usar una marca parecida en grado de confusi�n a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

    ".U., sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusi�n como elemento de un nombre comercial o de una denominaci�n o raz�n social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales est�n relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

    "VI. Usar, dentro de la zona geogr�fica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la Rep�blica, en el caso previsto por el art�culo 105 de esta ley, un nombre comercial id�ntico o semejante en grado de confusi�n, con otro que ya est� siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

    "VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, s�mbolos, siglas o emblemas a que se refiere el art�culo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del art�culo 90 de esta ley;

    "VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusi�n como nombre comercial, denominaci�n o raz�n social o como partes de �stos, de una persona f�sica o moral cuya actividad sea la producci�n, importaci�n o comercializaci�n de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

    "IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al p�blico a confusi�n, error o enga�o, por hacer creer o suponer infundadamente:

    "a) La existencia de una relaci�n o asociaci�n entre un establecimiento y el de un tercero;

    "b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaci�n de un tercero;

    "c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorizaci�n, licencias o especificaciones de un tercero;

    "d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regi�n o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al p�blico a error en cuanto al origen geogr�fico del producto;

    "X. Intentar o lograr el prop�sito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estar� comprendida en esta disposici�n, la comparaci�n de productos o servicios que ampare la marca con el prop�sito de informar al p�blico, siempre que dicha comparaci�n no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los t�rminos de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor;

    "XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o dise�o industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

    "XII. Ofrecer en venta o poner en circulaci�n productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o dise�o industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

    "XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

    "XIV. Ofrecer en venta o poner en circulaci�n productos que sean resultado de la utilizaci�n de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotaci�n;

    "XV. Reproducir o imitar dise�os industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

    "XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusi�n, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

    "XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusi�n, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

    "XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

    "XIX. Ofrecer en venta o poner en circulaci�n productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se us� �sta en los mismos sin consentimiento de su titular;

    "XX. Ofrecer en venta o poner en circulaci�n productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

    "XXI. Ofrecer en venta o poner en circulaci�n productos a los que se aplica una marca registrada, despu�s de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente �sta;

    "XXII. Usar sin autorizaci�n o licencia correspondiente una denominaci�n de origen;

    "XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizaci�n del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por s� sola, por incorporaci�n en un circuito integrado o en otra forma;

    "XXIV. Importar, vender o distribuir en contravenci�n a lo previsto en esta ley, sin la autorizaci�n del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

    "a) Un esquema de trazado protegido;

    "b) Un circuito integrado en el que est� incorporado un esquema de trazado protegido, o

    "c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido il�citamente, y

    "XXV. Las dem�s violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos."

    "Art�culo 214. Las infracciones administrativas a esta ley o dem�s disposiciones derivadas de ella, ser�n sancionadas con:

    "I.M. hasta por el importe de veinte mil d�as de salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal;

    "II.M. adicional hasta por el importe de quinientos d�as de salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal, por cada d�a que persista la infracci�n;

    "III. Clausura temporal hasta por noventa d�as;

    "IV. Clausura definitiva;

    V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

    De los dispositivos transcritos se aprecia que la autoridad administrativa puede sancionar a los infractores en materia de propiedad industrial con multa, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo.

    Las resoluciones sancionadoras en ese sentido del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son definitivas, ya que en la Ley de la Propiedad Industrial no se contempla la procedencia de alg�n recurso o medio legal ordinario para impugnarlas, y si bien en el cap�tulo III del t�tulo sexto, que comprende los art�culos 200 a 202, se establece el recurso de reconsideraci�n, es para impugnar solamente la resoluci�n que niegue una patente o registro de modelo de utilidad y dise�o industrial, como lo revela la siguiente transcripci�n.

    "Cap�tulo III

    "Del recurso de reconsideraci�n

    "Art�culo 200. Procede el recurso de reconsideraci�n contra la resoluci�n que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y dise�o industrial, el cual se presentar� por escrito ante el propio instituto en un plazo de treinta d�as, contado a partir de la fecha de notificaci�n de la resoluci�n respectiva. Al recurso se acompa�ar� la documentaci�n que acredite su procedencia."

    "Art�culo 201. Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, el instituto emitir� la resoluci�n que corresponda, la cual deber� comunicarse por escrito al recurrente."

    Art�culo 202. Si la resoluci�n que emita el instituto niega la procedencia del recurso se comunicar� por escrito al recurrente y se publicar� en la gaceta. Cuando la resoluci�n sea favorable al recurrente se proceder� en los t�rminos del art�culo 57 de esta ley.

    Por esas razones, en contra de la resoluci�n donde se decrete una multa por violaci�n a la normatividad aplicable a la propiedad industrial procede el juicio de nulidad, ya que de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 11, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, pueden impugnarse en el juicio de nulidad las resoluciones definitivas que impongan multas por infracci�n a normas administrativas federales.

    Dicho numeral, en la parte relativa, a la letra dice:

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

    "Art�culo 11. El Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuaci�n:

    "...

    "III. Las que impongan multas por infracci�n a las normas administrativas federales.

    "...

    Para los efectos del primer p�rrafo de este art�culo, las resoluciones se considerar�n definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposici�n de �ste sea optativa. ...

    Adem�s, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando se trate de la imposici�n de multas por infracciones a normas administrativas federales, el afectado debe agotar previamente al amparo el juicio de nulidad ante el Tribunal F. de la Federaci�n, ahora Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, al constituir un medio ordinario de defensa que no exige mayores requisitos para la suspensi�n del acto que los previstos en la Ley de A., seg�n puede apreciarse del contenido de la siguiente jurisprudencia.

    "Novena �poca

    "Instancia: Segunda Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: V, marzo de 1997

    "Tesis: 2a./J. 8/97

    "P�gina: 395

    MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS. De conformidad con el art�culo 3o. del C�digo F. de la Federaci�n, las multas por infracci�n a normas administrativas federales, tienen el car�cter de aprovechamientos, no as� de contribuciones, las que, por su parte, se encuentran previstas por el art�culo 2o. de dicho c�digo. El art�culo 135 de la Ley de A. vigente, no alude a cr�ditos fiscales en general, sino a una de sus especies: las contribuciones, por lo que excluye de su contenido a los aprovechamientos, entre los que se encuentran las multas administrativas. De conformidad con el art�culo 144 del C�digo F. de la Federaci�n, para suspender la ejecuci�n de una multa no fiscal, como lo es la impuesta por la Procuradur�a Federal del Consumidor, s�lo debe garantizarse el inter�s fiscal, el cual se constituye �nicamente con el monto de la sanci�n impuesta, pues las multas no fiscales no causan recargos, de acuerdo con la parte final del art�culo 21 de dicho c�digo. En materia de amparo, la suspensi�n que, en su caso, proceda contra el cobro de dichas multas, debe regirse, no por la regla especial prevista por el art�culo 135 del propio ordenamiento, sino por las reglas generales contenidas en los art�culos 124, 125 y 139 de la ley de la materia, al no participar las indicadas multas administrativas del car�cter de contribuciones, sino de aprovechamientos. As�, de acuerdo con los tres �ltimos numerales, para conceder la suspensi�n definitiva, se exige: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al inter�s social ni se contravengan disposiciones de orden p�blico; que con la ejecuci�n del acto reclamado se causen al quejoso da�os y perjuicios de dif�cil reparaci�n; y que el peticionario otorgue garant�a bastante para reparar el da�o e indemnizar los perjuicios que con la suspensi�n se causaren a alg�n tercero, en caso de que el quejoso no obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo; entendiendo por tercero, para este efecto, cualquier persona f�sica, persona moral privada u oficial, que tenga un inter�s contrario al quejoso. De acuerdo con lo anterior se concluye que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de garant�as, contenido parcialmente en la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, antes de acudir al amparo contra las multas administrativas, �stas deben ser impugnadas ante el Tribunal F. de la Federaci�n, ya que a trav�s del juicio de nulidad fiscal puede lograrse su modificaci�n, revocaci�n o nulificaci�n, y para suspender su ejecuci�n, el C�digo F. de la Federaci�n no exige mayores requisitos que los consignados por la Ley de A. para conceder la suspensi�n definitiva.

    De lo expuesto en este apartado se infiere que si el particular sujeto activo de la infracci�n no est� conforme con la sanci�n (multa), el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa es un medio de defensa que debe agotar previamente al amparo cuando impugne una resoluci�n del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que le imponga multa por infracciones en materia de propiedad industrial.

    Se debe destacar que el citado tribunal no carece de competencia para resolver respecto de la realizaci�n de las infracciones que originaron la multa, dado que las facultades jurisdiccionales de dicho �rgano se consagran en el art�culo 11, fracci�n III, de su ley org�nica, en el sentido de que conocer� de las resoluciones sancionadoras en comento, lo cual implica el estudio tanto de los hechos que originaron la imposici�n de la multa como la graduaci�n y fijaci�n de �sta, y de aceptarse que s�lo debe examinar este �ltimo aspecto sin analizar si el gobernado incurri� o no en la infracci�n advertida por la autoridad administrativa, se har�a nugatoria e ineficaz la interposici�n del medio de defensa previsto en la ley, pues quedar�a firme la determinaci�n de ilicitud o infracci�n establecida por la autoridad administrativa, con lo cual se provocar�a la indefensi�n del particular en este aspecto y se contrariar�a la voluntad del legislador al establecer el medio de impugnaci�n correspondiente.

    En cambio, por lo que hace a la imposici�n de las diversas sanciones de clausura temporal o definitiva, y el arresto por infracciones a la Ley de la Propiedad Industrial, debe decirse que del examen de las diversas fracciones que integran el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa que enseguida se transcriben, no se advierte la procedencia del juicio de nulidad contra tales determinaciones, pues ninguna de las hip�tesis normativas se refiere directa y espec�ficamente a esas decisiones.

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

    "Art�culo 11. El Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuaci�n:

    "I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales aut�nomos, en que se determine la existencia de una obligaci�n fiscal, se fije en cantidad l�quida o se den las bases para su liquidaci�n.

    "II. Las que nieguen la devoluci�n de un ingreso, de los regulados por el C�digo F. de la Federaci�n, indebidamente percibido por el Estado o cuya devoluci�n proceda de conformidad con las leyes fiscales.

    "III. Las que impongan multas por infracci�n a las normas administrativas federales.

    "IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

    "V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y dem�s prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ej�rcito, de la Fuerza A�rea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direcci�n de Pensiones Militares o al erario federal, as� como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

    (Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

    "Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor n�mero de a�os de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debi� ser retirado con grado superior al que consigne la resoluci�n impugnada o que su situaci�n militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretar�a de la Defensa Nacional o de Marina, seg�n el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarqu�a, antig�edad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa s�lo tendr�n efectos en cuanto a la determinaci�n de la cuant�a de la prestaci�n pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuraci�n.

    "VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

    "VII. Las que se dicten sobre interpretaci�n y cumplimiento de contratos de obras p�blicas celebrados por las dependencias de la administraci�n p�blica federal centralizada.

    "VIII. Las que constituyan cr�ditos por responsabilidades contra servidores p�blicos de la Federaci�n, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, as� como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.

    "IX. Las que requieran el pago de garant�as a favor de la Federaci�n, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, as� como sus organismos descentralizados.

    "X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnizaci�n a que se contrae el art�culo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos. El particular podr� optar por esta v�a o acudir ante la instancia judicial competente.

    "XI. Las que traten las materias se�aladas en el art�culo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

    "XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores p�blicos en los t�rminos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos.

    (Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

    "XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los t�rminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

    (Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

    "XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las dem�s fracciones de este art�culo.

    (Adicionada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

    "XV. Las se�aladas en las dem�s leyes como competencia del tribunal.

    "Para los efectos del primer p�rrafo de este art�culo, las resoluciones se considerar�n definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposici�n de �ste sea optativa.

    (Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

    "El Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias se�aladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

    (Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

    "Tambi�n conocer� de los juicios que se promuevan contra una resoluci�n negativa ficta configurada, en las materias se�aladas en este art�culo, por el transcurso del plazo que se�alen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocer� de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resoluci�n positiva ficta, cuando �sta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

    (Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

    No ser� aplicable lo dispuesto en el p�rrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotaci�n ante autoridad administrativa.

    Conforme a lo expuesto en torno de laimposici�n de las diversas sanciones de clausura temporal o definitiva, y el arresto por infracciones a la Ley de la Propiedad Industrial, si el particular sujeto activo de la infracci�n no est� de acuerdo con la sanci�n de ese tipo que le imponga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no tiene que promover en su contra el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa previamente a la interposici�n del juicio de amparo.

    Sobre la citada tem�tica, el objetivo de normar y registrar los derechos de propiedad industrial se alcanza mediante varios de los ya citados ordenamientos, entre los que destaca la Ley de la Propiedad Industrial, cuya aplicaci�n administrativa compete al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, seg�n estatuye el art�culo 1o. de esta ley, y dicho instituto es un organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propios que seg�n el art�culo 6o. de la propia ley tiene entre otras facultades las siguientes:

    1. Propiciar la participaci�n del sector industrial en el desarrollo y aplicaci�n de tecnolog�as que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, as� como realizar investigaciones sobre el avance y aplicaci�n de la tecnolog�a industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer pol�ticas para fomentar su desarrollo;

    2. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar y practicar visitas de inspecci�n, requerir informaci�n y datos, ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violaci�n a los derechos de propiedad industrial, o�r en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; y,

    3. F. como �rbitro en la resoluci�n de controversias relacionadas con el pago de los da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a los derechos de propiedad industrial que tutela esta ley cuando los involucrados lo designen expresamente como tal.

    En cuanto a la composici�n del citado organismo, la Ley de la Propiedad Industrial establece que los �rganos de administraci�n del instituto mencionado son la junta de gobierno y un director general (art�culo 7o.); que dicha junta de gobierno se integra con diez representantes: el secretario de Comercio y Fomento Industrial (ahora secretario de Econom�a) que la preside, un representante designado por dicho secretario, dos representantes de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y sendos representantes de las Secretar�as de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos (ahora de Agricultura, G.�a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci�n), de Educaci�n P�blica y de Salud, as� como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog�a y, finalmente, del Centro Nacional de Metrolog�a (art�culo 7o. bis).

    El director general es el representante del instituto y es designado por indicaci�n del Ejecutivo Federal a trav�s del secretario de Econom�a por la junta de gobierno (art�culo 7o. bis 1); por �ltimo, el art�culo 7o. bis 2 establece que corresponde al director general del instituto el ejercicio de las facultades que indica el art�culo 6o.

    De lo precisado hasta aqu� se infiere, en primer lugar, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un �rgano paraestatal de la administraci�n p�blica federal vinculado a la Secretar�a de Econom�a, cuyo titular depende jer�rquicamente del presidente de la Rep�blica.

    En segundo lugar, se observa que dicho instituto tiene competencia de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, para establecer las bases para el perfeccionamiento de los procesos y productos industriales y comerciales, promover y fomentar inventos y mejoras t�cnicas aplicables a la industria, proteger la propiedad industrial y, en fin, prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial, y a trav�s del procedimiento respectivo declarar la existencia de las infracciones y establecer las sanciones correspondientes, esto es, que la ley le se�ala una serie de facultades que lo vinculan a intereses administrativos de orden p�blico que predominan sobre cualquier inter�s privado.

    Es muy importante destacar que antes de emitir las resoluciones correspondientes en la realizaci�n del procedimiento de investigaci�n de presuntas infracciones administrativas, el Instituto tiene que o�r a los particulares interesados o afectados, cuyos procedimientos implican actos materialmente jurisdiccionales, pero aun en tales extremos el instituto no puede tener la naturaleza de un tribunal jurisdiccional ni equipararse a �ste, ya que constituye un �rgano administrativo subordinado jer�rquicamente al Ejecutivo Federal.

    Esos procedimientos tienen por objeto allegar los datos necesarios al �rgano administrativo para estar en aptitud de pronunciar su resoluci�n de manera informada despu�s de cumplir con las garant�as de audiencia previa y legalidad que establecen los art�culos 14 y 16 constitucionales en beneficio de los administrados, pero es claro que la finalidad principal que el instituto persigue en la hip�tesis aludida, es proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ella, a fin de resguardar los objetivos administrativos de orden p�blico que se le encomiendan legalmente.

    Es cierto que los tribunales judiciales o jurisdiccionales son aut�nomos respecto del Ejecutivo Federal en cuanto a su criterio y, siendo de naturaleza imparcial, no tienen m�s inter�s que el trato justo y equitativo entre las partes.

    Este tipo de autoridades tienen como caracter�stica esencial la imparcialidad, que es intr�nseca a la funci�n jurisdiccional, ya que tienen como finalidad la b�squeda de la verdad jur�dica mediante el ejercicio de la funci�n de decir el derecho entre las partes contendientes, con la �nica y exclusiva pretensi�n de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el inter�s p�blico, lo que les impide asimilarse a las partes.

    Sin embargo, la sustanciaci�n de los procedimientos de declaraci�n administrativa de nulidad, caducidad, cancelaci�n e infracci�n administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, as� como la formulaci�n de las resoluciones y pronunciamiento de las declaraciones administrativas correspondientes de conformidad con la ley de la materia, no est� reservada a las autoridades judiciales, sino al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que adem�s es el encargado de conceder las patentes y registros de propiedad industrial materia de las infracciones, por lo que es razonable que por su especializaci�n en esa materia sea el que debe decidir acerca de esas cuestiones.

    Luego entonces, si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque no es un tribunal jurisdiccional, sino un organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propios, de cualquier forma, entre otras facultades que la ley le confiere tiene la de sustanciar los procedimientos de declaraci�n de nulidad, caducidad, cancelaci�n e infracci�n administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, as� como formular las resoluciones y pronunciar las declaraciones administrativas correspondientes, de conformidad con la ley de su especialidad, cuyos procedimientos implican actos materialmente jurisdiccionales.

    En refuerzo de esta consideraci�n hay que mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial, en su t�tulo sexto, establece los procedimientos administrativos, y en el cap�tulo I de ese t�tulo, que comprende los art�culos 179 a 186, delinea la reglas generales de los aludidos procedimientos.

    En el cap�tulo II del t�tulo sexto de la ley en consulta se establecen las directrices del procedimiento de declaraci�n administrativa de nulidad, caducidad, cancelaci�n e infracci�n administrativa, como se aprecia de los siguientes preceptos que lo integran (se omite la transcripci�n de los que no son relevantes para la soluci�n de esta contradicci�n de tesis):

    "Art�culo 187. Las solicitudes de declaraci�n administrativa de nulidad, caducidad, cancelaci�n e infracci�n administrativa que establece esta ley, se sustanciar�n y resolver�n con arreglo al procedimiento que se�ala este cap�tulo y las formalidades que esta ley prev�, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el C�digo Federal de Procedimientos Civiles."

    "Art�culo 188. El instituto podr� iniciar el procedimiento de declaraci�n administrativa de oficio o a petici�n de quien tenga inter�s jur�dico y funde su pretensi�n."

    "Art�culo 192. En los procedimientos de declaraci�n administrativa se admitir�n toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesi�n est�n contenidas en documental, as� como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

    "Sin perjuicio de lo dispuesto en el p�rrafo anterior, para los efectos de esta ley, se otorgar� valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario."

    "Art�culo 193. Admitida la solicitud de declaraci�n administrativa de nulidad, caducidad y cancelaci�n, el instituto la notificar� al titular afectado, concedi�ndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaraci�n administrativa de infracci�n se estar� a lo dispuesto en los art�culos 209 fracci�n IX y 216 de esta ley. La notificaci�n se har� en el domicilio se�alado por el solicitante de la declaraci�n administrativa."

    "Art�culo 198. Cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse �stas en el extranjero, se le podr� otorgar un plazo adicional de quince d�as para su presentaci�n, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el se�alamiento respectivo."

    "Art�culo 199. Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la pr�rroga a que se refiere el art�culo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictar� la resoluci�n administrativa que proceda, la que se notificar� a los interesados en el domicilio se�alado en el expediente o, en su caso, mediante publicaci�n en los t�rminos del art�culo 194 de esta ley.

    "Trat�ndose de procedimientos de declaraci�n administrativa de infracci�n, en la misma resoluci�n se impondr� la sanci�n, cuando �sta sea procedente."

    "Art�culo 199 bis. En los procedimientos de declaraci�n administrativa relativos a la violaci�n de alguno de los derechos que protege esta ley, el instituto podr� adoptar las siguientes medidas:

    "I. Ordenar el retiro de la circulaci�n o impedir �sta, respecto de las mercanc�as que infrinjan derechos de los tutelados por esta ley;

    "II. Ordenar se retiren de la circulaci�n:

    "a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

    "b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeler�a, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley;

    "c) Los anuncios, letreros, r�tulos, papeler�a y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley; y

    "d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricaci�n, elaboraci�n u obtenci�n de cualquiera de los se�alados en los incisos a), b) y c), anteriores;

    "III. Prohibir, de inmediato, la comercializaci�n o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

    "IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicar� conforme a lo dispuesto en los art�culos 211 a 212 bis 2;

    ".O. al presunto infractor o a terceros la suspensi�n o el cese de los actos que constituyan una violaci�n a las disposiciones de esta ley, y

    "VI. Ordenar se suspenda la prestaci�n del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prev�n en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violaci�n a los derechos protegidos por esta ley.

    "Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendr�n la obligaci�n de abstenerse de su enajenaci�n o prestaci�n a partir de la fecha en que se les notifique la resoluci�n.

    "Igual obligaci�n tendr�n los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes ser�n responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio."

    Art�culo 199 bis 5. El instituto decidir� en la resoluci�n definitiva del procedimiento de declaraci�n administrativa de infracci�n, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

    Por otra parte, en el t�tulo s�ptimo la Ley de la Propiedad Industrial consigna las normas que rigen la inspecci�n, las infracciones, las sanciones administrativas y los delitos.

    Del cap�tulo I del indicado t�tulo conviene tener presente lo que sobre la inspecci�n establecen los siguientes art�culos.

    "Art�culo 208. De toda visita de inspecci�n se levantar� acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practic�, si aqu�lla se hubiese negado a proponerlos."

    "Art�culo 209. En las actas se har� constar:

    "I. Hora, d�a, mes y a�o en que se practique la diligencia;

    "II. Calle, n�mero, poblaci�n y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;

    "III. N�mero y fecha del oficio de comisi�n que la motiv�, incluyendo la identificaci�n del inspector;

    "IV. Nombre y car�cter de la persona con quien se entendi� la diligencia;

    ".N. y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

    "VI. Menci�n de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la pr�ctica de la diligencia;

    "VII. Datos relativos a la actuaci�n;

    "VIII. Declaraci�n del visitado, si quisiera hacerla;

    "IX. Menci�n de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del t�rmino de diez d�as, y

    "X.N. y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicaci�n de que el visitado se neg� a firmar el acta."

    Art�culo 210. Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podr�n ofrecer pruebas en relaci�n con los hechos contenidos en el acta.

    Tambi�n es de trascendencia resaltar que en t�rminos del art�culo 215 de la ley de referencia, la investigaci�n de las infracciones administrativas se puede realizar por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de oficio o a petici�n de parte interesada.

    Enseguida, el art�culo 216 autoriza que se conceda el plazo de diez d�as al presunto infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes cuando no se lleve a cabo la visita de inspecci�n.

    Art�culo 216. En caso de que la naturaleza de la infracci�n administrativa no amerite visita de inspecci�n, el instituto deber� correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracci�n, concedi�ndole un plazo de diez d�as para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

    Los siguientes preceptos de la ley que se analiza se�alan las resoluciones que puede pronunciar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el procedimiento de investigaci�n de infracciones.

    "Art�culo 217. Una vez concluido el plazo a que se refieren los art�culos 209, fracci�n IX y 216 de esta ley, el instituto con base en el acta de inspecci�n levantada, y en caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infracci�n, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictar� la resoluci�n que corresponda."

    "Art�culo 218. En los casos de reincidencia se duplicar�n las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del m�ximo fijado en el art�culo 214 de esta ley, seg�n el caso.

    "Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y dem�s disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos a�os siguientes a la fecha en que se emiti� la resoluci�n relativa a la infracci�n."

    Art�culo 219. Las clausuras podr�n imponerse en la resoluci�n que resuelva la infracci�n adem�s de la multa o sin que �sta se haya impuesto. Ser� procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos a�os, si dentro del mismo se reincide en la infracci�n, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

    Los art�culos que siguen, 221, 221 bis y 227 a 229 de la ley en cita, son de capital importancia, ya que aluden tanto a las sanciones que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede imponer, as� como a la acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios que el afectado puede ejercer ante los �rganos jurisdiccionales federales y del orden com�n, y constituyen puntos fundamentales en la resoluci�n de la presente contradicci�n de tesis.

    "Art�culo 221. Las sanciones establecidas en esta ley y dem�s disposiciones derivadas de ella, se impondr�n adem�s de la indemnizaci�n que corresponda por da�os y perjuicios a los afectados, en los t�rminos de la legislaci�n com�n y sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo siguiente."

    "Art�culo 221 bis. La reparaci�n del da�o material o la indemnizaci�n de da�os y perjuicios por la violaci�n de los derechos que confiere esta ley, en ning�n caso ser� inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al p�blico de cada producto o la prestaci�n de servicios que impliquen una violaci�n de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley."

    "Art�culo 227. Son competentes los tribunales de la Federaci�n para conocer de los delitos a que se refiere este cap�tulo, as� como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicaci�n de esta ley.

    "Cuando dichas controversias afecten s�lo intereses particulares, podr�n conocer de ellas a elecci�n del actor, los tribunales del orden com�n, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje."

    "Art�culo 228. En los procedimientos judiciales a que se refiere el art�culo anterior, la autoridad judicial podr� adoptar las medidas previstas en esta ley y en los tratados internacionales de los que M�xico sea parte."

    "Art�culo 229. Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violaci�n de un derecho de propiedad industrial as� como para la adopci�n de las medidas previstas en el art�culo 199 bis de esta ley, ser� necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los art�culos 26 y 131 de esta ley, o por alg�n otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento p�blico que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

    Este requisito no ser� exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violaci�n a un derecho de propiedad industrial.

  7. Como complemento del examen de lo establecido en estos preceptos, corresponde ahora el an�lisis y la precisi�n del tercer punto fundamental de la presente contradicci�n de tesis que se relaciona con la acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios.

    Este tema est� �ntimamentevinculado con los hechos il�citos a que se refiere el art�culo 1830 del C�digo Civil Federal.

    Conforme a este numeral el hecho il�cito es el que se realiza en contravenci�n a las leyes de orden p�blico o a las buenas costumbres.

    Los hechos il�citos son transgresiones humanas al ordenamiento jur�dico, que pueden darse tanto al realizar un acto u omisi�n ya sea tipificado como delito por la ley penal, con la ejecuci�n de un acto que a�n sin ser delito invada la esfera jur�dica de otro, o por dejar de cumplir obligaciones establecidas por la ley en forma imperativa.

    Se debe advertir que una de las fuentes de las obligaciones que contempla la ley consiste en la comisi�n de actos il�citos, de modo tal que en alusi�n a las obligaciones que nacen de este tipo de actos, el art�culo 1910 del C�digo Civil Federal estatuye lo siguiente:

    Art�culo 1910. El que obrando il�citamente o contra las buenas costumbres cause da�o a otro, est� obligado a repararlo, a menos que demuestre que el da�o se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la v�ctima.

    Sin embargo, de la lectura de los art�culos 1910 a 1934 de ese c�digo, se aprecia que la conducta de una persona que hace surgir responsabilidad a su cargo no necesariamente tiene que ser il�cita, en cuanto sea contraria a las leyes de orden p�blico o a las buenas costumbres. Para que exista responsabilidad civil basta que una persona con sus actuaciones o con sus omisiones origine da�os o perjuicios, o ambos, en la esfera jur�dica, patrimonial o moral de otra.

    As�, el art�culo 1913 previene lo siguiente:

    Art�culo 1913. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosos por s� mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energ�a de la corriente el�ctrica que conduzcan o por otras causas an�logas, est� obligada a responder del da�o que cause, aunque no obre il�citamente, a no ser que demuestre que ese da�o se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la v�ctima.

    La responsabilidad civil consiste en la obligaci�n de una persona de indemnizar a otra por los da�os que le ha causado, como consecuencia del incumplimiento de una obligaci�n, por la realizaci�n de un siniestro que deriva de un riesgo creado, o por la violaci�n del deber jur�dico de no causar da�o a nadie, pues si con la conducta il�cita se ha causado un da�o el responsable est� obligado a repararlo y a indemnizar de los perjuicios a quien los resiente.

    Esta obligaci�n de indemnizar se funda en el principio de que nadie est� facultado para perjudicar a otro, y en que cada quien es responsable de sus propios actos, por lo que si con ellos se lesiona un derecho ajeno la consecuencia l�gica consistir� en el deber de indemnizar, es decir, se incurrir� en responsabilidad civil.

    Para que un hecho il�cito sea productor de responsabilidad civil, es preciso que se den las siguientes circunstancias o elementos de la responsabilidad:

    1. La comisi�n de un hecho il�cito;

    2. La producci�n de un da�o (moral o material) en perjuicio de otra persona; y,

    3. Una relaci�n de causa a efecto entre los dos elementos anteriores (entre el hecho y el da�o).

      Sobre esta materia es ilustrativa, en lo conducente, la siguiente tesis.

      "Quinta �poca

      "Instancia: Tercera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Tomo: LXIX

      "P�gina: 2827

      "DA�OS Y PERJUICIOS, ELEMENTOS DE LA ACCI�N DE. Los elementos de la acci�n de da�os y perjuicios son, de acuerdo con lo dispuesto por los art�culos 2104 y del 2107 al 2110 del C�digo Civil vigente en el Distrito y Territorios Federales: la existencia de una obligaci�n; la falta de cumplimiento de la misma, por el demandado; la relaci�n de causalidad entre esa falta de cumplimiento y los hechos que constituyen el da�o y el perjuicio; el menoscabo que el patrimonio del demandado ha sufrido con los hechos da�osos y la privaci�n de una ganancia l�cita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligaci�n.

      A. civil directo 5454/40. Compa��a Editorial Sayrols, S.A. 21 de agosto de 1941. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

    4. En el primero de aquellos elementos quedan comprendidos tanto hechos como omisiones. Lo importante es que la conducta tenga un resultado.

      Los hechos il�citos de referencia son ajenos a todo contrato y se refieren a la culpa extracontractual, tambi�n conocida en la doctrina como culpa aquiliana, por haber estado reglamentada en sus or�genes en la Ley Aquilia, que era un plebiscito votado a propuesta del tribuno (orador) A..

      Del art�culo 1910 del C�digo Civil Federal ya transcrito, que alude al hecho il�cito, se deduce que el legislador tuvo en cuenta un actuar il�cito ajeno al cumplimiento o incumplimiento del contrato, es decir, el citado precepto contempla lo que se conoce, como se ha dicho, culpa extracontractual o culpa aquiliana.

    5. Respecto del segundo elemento no todo hecho u omisi�n il�cito produce un da�o, tal es el caso de los delitos en grado de tentativa. Lo propio se puede afirmar de ciertos il�citos civiles, y esa circunstancia no da lugar a exigir reparaci�n alguna, pues por falta del elemento da�o la responsabilidad no llega a integrarse.

      Esta aserci�n se corrobora con la siguiente tesis:

      "S�ptima �poca

      "Instancia: Sala Auxiliar

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Vol�menes: 181-186, S�ptima Parte

      "P�gina: 191

      "DA�OS Y PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE. El solo hecho de haberse condenado en la sentencia de segundo grado a una de las partes al cumplimiento de una obligaci�n, no implica que resulte procedente el pago de los da�os y perjuicios, en virtud de que para que prospere la acci�n relativa debe acreditarse fehacientemente que el perjuicio sufrido es ?consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligaci�n?, en t�rminos del art�culo 2110 del C�digo Civil para el Distrito Federal.

      A. directo 2977/80. G.R.�guez P�ez. 1o. de marzo de 1984. Mayor�a de cuatro votos. Ponente: T.M.P.. Secretaria: G.O.M.�a S�nchez.

      En cuanto al tipo de da�o, �ste puede ser material o moral, y aunque este �ltimo suele ser dif�cilmente reparable, el art�culo 1916 del citado c�digo reconoce al perjudicado el derecho de reclamar una indemnizaci�n en dinero, con independencia de la responsabilidad proveniente de cualquier da�o material causado paralelamente.

      Conforme a ese precepto el monto de la indemnizaci�n lo determinar� el J. en funci�n de los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situaci�n econ�mica del responsable y la de la v�ctima, as� como las dem�s circunstancias del caso.

    6. Se examina ahora la relaci�n de causa a efecto entre el hecho y el da�o.

      Para que la conducta de una persona origine responsabilidad a su cargo se requiere que exista una relaci�n de causa a efecto entre la conducta y el da�o producido, pero no basta una relaci�n cualquiera, sino que es preciso que el da�o sea una consecuencia inmediata y directa del hecho. As� lo establece el art�culo 2110 del C�digo Civil Federal.

      "Art�culo 2110. Los da�os y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligaci�n, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse."

      En lo que respecta a la reparaci�n del da�o, el art�culo 1915 del c�digo aludido dispone que "La reparaci�n del da�o debe consistir a elecci�n del ofendido, en el restablecimiento de la situaci�n anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de da�os y perjuicios. ..."

      Los art�culos 2108 y 2109 del C�digo Civil Federal definen lo que debe entenderse, respectivamente, por da�os y perjuicios en los siguientes t�rminos:

      "Art�culo 2108. Se entiende por da�o la p�rdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligaci�n."

      Art�culo 2109. Se reputa perjuicio la privaci�n de cualquiera ganancia l�cita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligaci�n.

      Los da�os y perjuicios, seg�n lo establece el art�culo 2110, deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligaci�n, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse, como se reitera en la siguiente tesis.

      "Sexta �poca

      "Instancia: Tercera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Volumen: XX, Cuarta Parte

      "P�gina: 63

      "DA�OS Y PERJUICIOS. La relaci�n entre la falta de cumplimiento de una obligaci�n y los da�os y perjuicios producidos por su incumplimiento, debe ser de tal manera estrecha que no deba existir alguna otra causa a la que tambi�n pueda atribuirse el origen de los da�os y perjuicios. Como lo prescribe el art�culo 2110 del C�digo Civil, debe existir una vinculaci�n causal, inmediata y directa entre la conducta del obligado y la producci�n de los da�os y perjuicios.

      A. directo 7781/57. I.V.�zquez. 9 de febrero de 1959. Mayor�a de tres votos. Ausente: M.�rez V�zquez. Disidente y ponente: J.C.E..

      Como dato adicional hay que se�alar que la Ley de la Propiedad Industrial hace alusi�n al pago de da�os y perjuicios de que se trata, en los siguientes preceptos:

      "Art�culo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jur�dica y patrimonio propio, el cual tendr� las siguientes facultades:

      "...

      "IX. F. como �rbitro en la resoluci�n de controversias relacionadas con el pago de los da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a los derechos de propiedad industrial que tutela esta ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el t�tulo cuarto del libro quinto del C�digo de Comercio; ..."

      "Art�culo 24. El titular de la patente despu�s de otorgada �sta, podr� demandar da�os y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotaci�n se haya realizado despu�s de la fecha en que surta efectos la publicaci�n de la solicitud en la gaceta."

      "Art�culo 86. La persona f�sica o moral que contrate a un trabajador que est� laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de �sta, ser� responsable del pago de da�os y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

      "Tambi�n ser� responsable del pago de da�os y perjuicios la persona f�sica o moral que por cualquier medio il�cito obtenga informaci�n que contemple un secreto industrial."

      "Art�culo 91. No podr� usarse ni formar parte del nombre comercial, denominaci�n o raz�n social de ning�n establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusi�n a otra marca previamente registrada, cuando:

      "...

      "La violaci�n a este precepto dar� lugar a la aplicaci�n de las sanciones a que se refiere esta ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresi�n de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusi�n a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominaci�n o raz�n social correspondiente y el pago de da�os y perjuicios.

      "Lo dispuesto en este precepto no ser� aplicable cuando el nombre comercial, denominaci�n o raz�n social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentaci�n o de primer uso declarado de la marca registrada."

      "Art�culo 178 bis 9. ... El titular del registro de un esquema de trazado podr� demandar da�os y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento de dicho registro hayan explotado sin su consentimiento el esquema de trazado, siempre y cuando dicha explotaci�n se haya realizado despu�s de la fecha de presentaci�n de la solicitud de registro y el esquema de trazado de que se trate cumpla con lo dispuesto en el p�rrafo anterior."

      "Art�culo 199 bis 3. El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el art�culo 199 bis ser� responsable del pago de los da�os y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando: ..."

      "Art�culo 212 bis 2. En el caso de que la resoluci�n definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracci�n administrativa, el instituto decidir�, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujet�ndose a las siguientes reglas:

      "I.P.� a disposici�n de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparaci�n del da�o material o al pago de los da�os y perjuicios; ..."

      "Art�culo 221. Las sanciones establecidas en esta ley y dem�s disposiciones derivadas de ella, se impondr�n adem�s de la indemnizaci�n que corresponda por da�os y perjuicios a los afectados, en los t�rminos de la legislaci�n com�n y sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo siguiente."

      "Art�culo 221 bis. La reparaci�n del da�o material o la indemnizaci�n de da�os y perjuicios por la violaci�n de los derechos que confiere esta ley, en ning�n caso ser� inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al p�blico de cada producto o la prestaci�n de servicios que impliquen una violaci�n de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley."

      Art�culo 226. Independientemente del ejercicio de la acci�n penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere podr� demandar del o de los autores de los mismos, la reparaci�n y el pago de los da�os y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los t�rminos previstos en el art�culo 221 bis de esta ley.

  8. En lo relativo a la cuarta y �ltima cuesti�n que debe examinarse en la presente sentencia, o sea, la legislaci�n conforme a la que el J. debe conocer y resolver la demanda de indemnizaci�n por da�os y perjuicios, esta Primera Sala puntualiza lo siguiente.

    Cuando los involucrados no designen expresamente como �rbitro al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la resoluci�n de controversias relacionadas con el pago de los da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a los derechos de propiedad industrial, como permite el art�culo 6o., fracci�n IX, de la Ley de la Propiedad Industrial, el art�culo 221 de esta ley faculta a la parte afectada para que demande el pago de da�os y perjuicios en los t�rminos de la legislaci�n com�n.

    La legislaci�n com�n es la que tiene aplicaci�n de manera ordinaria, en general; es conocida como legislaci�n civil y se identifica tambi�n con el derecho civil.

    En la antig�edad el derecho com�n era materialmente el derecho civil, y una vez que dej� de tener vigencia, debido a la expedici�n y publicaci�n de los c�digos, el derecho com�n se convirti� en el derecho civil codificado.

    Actualmente al derecho com�n se le atribuyen varios significados, entre ellos el derecho establecido en leyes generales que difiere del derecho determinado en leyes especiales, y por evocaci�n hist�rica con el nombre de derecho com�n se designa al derecho civil, y m�s concretamente al C�digo Civil aplicable, seg�n sea el caso concreto.

    En ese contexto, si el art�culo 221 de la ley mencionada faculta a la parte afectada para que demande el pago de da�os y perjuicios en los t�rminos de la legislaci�n com�n, debe entenderse que la demanda respectiva puede fundamentarse y decidirse v�lidamente conforme a las disposiciones pertenecientes al derecho civil.

    Sobre ese punto, el art�culo 227 de la propia ley confiere competencia a los tribunales de la Federaci�n para conocer de las controversias mercantiles y civiles, as� como de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicaci�n de esta ley, y cuando dichas controversias afecten s�lo intereses particulares podr�n conocer de ellas, a elecci�n del actor, los tribunales del orden com�n.

    En respaldo de estas consideraciones tienen aplicaci�n las siguientes tesis.

    "Novena �poca

    "Instancia: Segunda Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: III, febrero de 1996

    "Tesis: 2a. XII/96

    "P�gina: 265

    "COMPETENCIA. RECLAMACI�N DE DA�OS Y PERJUICIOS A UN SINDICATO, COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACI�N DE INEXISTENCIA DE UNA HUELGA, SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DE LO CIVIL. Si bien los conflictos derivados de la relaci�n de trabajo deben resolverse por los tribunales especializados, por disposici�n del art�culo 123 constitucional, las normas contenidas en la legislaci�n laboral no prev�n acciones como la de reclamaci�n de da�os y perjuicios a un sindicato de trabajadores, como consecuencia de la declaraci�n de inexistencia de una huelga, pues dicha acci�n, que repercute en el patrimonio de las personas, se encuentra regulada por el C�digo Civil y su aplicaci�n corresponde a los tribunales especializados en dicha materia; por tanto, el competente para conocer de un asunto en el que se ejercite una acci�n de esta naturaleza es un J. de lo civil.

    "Competencia 181/93. Suscitada entre la Junta Especial N�mero Ocho de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Tamaulipas y el J. Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial de Matamoros, Tamaulipas. 31 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretaria: Adela Dom�nguez S.."

    "Quinta �poca

    "Instancia: Sala Auxiliar

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: CXVIII

    "P�gina: 59

    "REPARACI�N DEL DA�O PROVENIENTE DE HECHO IL�CITO, CAR�CTER CIVIL DE LA ACCI�N DE. Si en la demanda que inici� el juicio se citaron como fundamentos de ella los art�culos 1807 y 1812 del C�digo Civil del Estado de Coahuila, que respectivamente dispone: ?El que obrando il�citamente o contra las buenas costumbres cause da�o a otro, est� obligado a repararlo, a menos que demuestre que el da�o se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la v�ctima? y ?La reparaci�n del da�o debe consistir en el restablecimiento de la situaci�n anterior a �l, y cuando ello sea imposible, en el pago de da�os y perjuicios?; la invocaci�n de tales preceptos no significa otra cosa sino que el actor, hoy quejoso, eligi� el procedimiento de exigir la reparaci�n del da�o proveniente de un hecho il�cito, independientemente de que dicho hecho il�cito fuera considerado como delito por alguna sentencia, y en esa virtud, es claro que este negocio tiene las caracter�sticas de civil. Se corrobora lo anterior con el hecho de que en el proceso instruido al tercer perjudicado, como autor de las lesiones causadas al quejoso, no se hab�a dictado sentencia condenatoria ni de otra �ndole, y sabido es que teniendo la reparaci�n del da�o exigible al inculpado el car�cter de pena p�blica, esta exigibilidad compete s�lo al Ministerio P�blico, y quedar� establecida en la sentencia condenatoria que al efecto pronuncie la autoridad que conozca del proceso respectivo.

    A. civil directo 5272/40. G.�a S. C. 7 de octubre de 1953. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

    Los elementos jur�dicos abordados hasta este momento, vinculados al tema de la presente contradicci�n de tesis, permiten arribar a la conclusi�n de que es necesaria una previa declaraci�n en el procedimiento administrativo respectivo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la existencia de infracciones para la procedencia en la v�a jurisdiccional de la acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios derivados de esas infracciones.

    Esto significa que si existe pronunciamiento firme de la autoridad administrativa de que se ha cometido una infracci�n en el campo de la propiedad industrial, el J. ya no tiene para qu� analizar si el gobernado incurri�o no en la infracci�n, puesto que ya fue declarada su existencia por la autoridad especializada en esa materia.

    En cambio, el J. que conozca de la demanda respectiva sin la previa tramitaci�n de ese procedimiento administrativo, est� impedido para determinar la existencia o inexistencia de la violaci�n a los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial, ya que como presupuesto de la acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios por infracci�n a los derechos de propiedad industrial, es necesaria la declaraci�n por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de que se cometi� la aludida infracci�n, por ser la autoridad administrativa especializada que mejor conoce de esa materia, y que por disposici�n de ley es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente.

    Esta posici�n tiene sustento en las consideraciones jur�dicas tratadas en la presente sentencia de certeza y seguridad jur�dica que, en s�ntesis, se reducen a lo siguiente:

    1. Las disposiciones reguladoras del derecho de la propiedad industrial han cobrado una verdadera autonom�a legislativa, pues se han independizado tanto de las normas tradicionales del derecho civil como de las correspondientes al derecho mercantil, y conforme a la Ley de la Propiedad Industrial la aplicaci�n administrativa de las normas que reglamentan la propiedad industrial est� a cargo del Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y esas disposiciones especiales excluyen la posibilidad de que con fundamento en una norma legal de aplicaci�n general los �rganos jurisdiccionales determinen la existencia o inexistencia de las infracciones en materia de propiedad industrial.

      Similar criterio se sostiene en las siguientes tesis de jurisprudencia y aislada.

      "Quinta �poca

      "Instancia: Pleno

      "Fuente: Ap�ndice de 1985

      "Tomo: VIII

      "Tesis: 130

      "P�gina: 194

      "DISPOSICIONES ESPECIALES. Es bien sabido en derecho que las disposiciones especiales, como casos de excepci�n, son derogatorias de las reglas generales que contradicen."

      "Quinta �poca

      "Instancia: Pleno

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Tomo: II

      "P�gina: 1007

      "LEY CIVIL, DISPOSICIONES GENERALES DE LA. Las que tienen ese car�cter, no pueden aplicarse, cuando exista otra disposici�n contraria, establecida para casos especiales.

      "A. civil en revisi�n. V�lez L.. Unanimidad de diez votos, en cuanto al auto del J. Segundo de lo Civil de Puebla y mayor�a de ocho votos, respecto de la resoluci�n de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de dicho Estado. Ausente: M.E.C.. Disidentes: S.M.A.�a y E.M.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

      Ello es as�, con mayor raz�n, porque si el derecho privado se refiere a intereses particulares exclusivamente, la autoridad judicial carece de facultades para hacer investigaciones administrativas como la relacionada con violaciones a los derechos de propiedad industrial, que no pertenece al derecho civil.

      La autoridad judicial puede resolver conflictos entre partes, pero no puede hacer investigaciones previas relacionadas con infracciones administrativas antes de resolver las controversias.

      El principio "dame los hechos y te digo el derecho" no podr�a cumplirse si el actor pide al J. que haga la investigaci�n para determinar si se cometi� la infracci�n en que pudiera apoyarse la acci�n de da�os y perjuicios, ya que, como se ha dicho, el derecho privado corresponde al derecho civil que est� integrado por el conjunto de normas que regulan las relaciones jur�dicas entre personas que se encuentran consideradas en una situaci�n de igualdad, en virtud de que ninguna de ellas act�a en dichas relaciones con la calidad de autoridad estatal, como ocurre en el procedimiento administrativo que es de orden p�blico y puede iniciarse de oficio o a petici�n de parte.

      Si se adoptara una postura contraria a la aqu� expuesta, al practicar la investigaci�n el J. no resolver�a un conflicto de intereses entre partes contendientes en el juicio, puesto que primero tendr�a que determinar si se cometi� o no la infracci�n administrativa antes de resolver la demanda de da�os y perjuicios, lo cual es jur�dicamente insustentable.

      Este razonamiento se robustece con la circunstancia de que el derecho administrativo integra la rama del derecho p�blico que tiene por objeto regular la actividad de la administraci�n p�blica, encargada de satisfacer las necesidades esenciales de la colectividad, y su principal caracter�stica radica en que el servicio p�blico constituye predominantemente el objeto de la administraci�n y del derecho administrativo que tiene por objeto regular los elementos que est�n relacionados con la administraci�n p�blica y la prestaci�n de los servicios p�blicos.

      En congruencia con este punto, el art�culo 90 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a la administraci�n p�blica federal, de la siguiente manera:

      "Art�culo 90. La administraci�n p�blica federal ser� centralizada y paraestatal conforme a la ley org�nica que expida el Congreso, que distribuir� los negocios del orden administrativo de la Federaci�n que estar�n a cargo de las secretar�as de Estado y departamentos administrativos y definir� las bases generales de creaci�n de las entidades paraestatales y la intervenci�n del Ejecutivo Federal en su operaci�n.

      Las leyes determinar�n las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre �stas y las secretar�as de Estado y departamentos administrativos.

    2. Entre los objetivos de la Ley de la Propiedad Industrial, como su nombre lo indica, se encuentran los de proteger la propiedad industrial, prevenir los actos que atenten en su contra o que constituyan competencia desleal relacionada con esa normatividad, y establecer las infracciones, as� como los procedimientos para imponer las sanciones y penas respecto a tales actos.

      En esos t�rminos, las resoluciones administrativas tienen autonom�a propia y son fuente de derechos y obligaciones al constituir declaraciones jur�dicas unilaterales con la fuerza necesaria para ser obedecidas y ejecutadas, por medio de las cuales la administraci�n p�blica puede crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jur�dicas concretas.

      En refuerzo de esta consideraci�n se cita la siguiente tesis.

      "Quinta �poca

      "Instancia: Tercera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Tomo: XLV

      "P�gina: 3612

      "ACTOS ADMINISTRATIVOS, NATURALEZA DE LOS. Los actos administrativos, en sus efectos jur�dicos, tienen autonom�a propia y son fuente de derechos y obligaciones, de acuerdo con los reglamentos expedidos por los poderes p�blicos, en uso de las facultades constitucionales de que est�n investidos, y dichos actos constituyen una declaraci�n jur�dica unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la administraci�n tiende a crear, a reconocer, a modificar o a extinguir situaciones jur�dicas subjetivas.

      A. civil directo 4940/33. Jacinto de M.. 26 de agosto de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: A.E.P.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

    3. En contra de la imposici�n de multas por violaci�n a la legislaci�n aplicable a la propiedad industrial procede el juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 11, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, por lo que de no estar conforme el presunto infractor con la determinaci�n del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene oportunidad de que un �rgano formalmente jurisdiccional la revise y pronuncie la resoluci�n en definitiva.

      En ese sentido, de llegarse a confirmar la resoluci�n administrativa no se justifica que el J. que conozca de la reclamaci�n por da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a derechos de propiedad industrial, en la v�a civil decida nuevamente sobre la existencia o inexistencia de la infracci�n administrativa, pues ya no tiene para qu� analizar si el gobernado incurri� o no en la infracci�n advertida por la autoridad administrativa especializada en esa asignatura.

      En cambio, por lo que hace a la imposici�n de las diversas sanciones de clausura, temporal o definitiva, y arresto administrativo por infracciones a la Ley de la Propiedad Industrial, no es procedente el juicio de nulidad, pero contra tales determinaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el afectado puede promover juicio de amparo indirecto, con fundamento en el art�culo 114, fracci�n II, de la Ley de A., por lo que tambi�n es factible que estas determinaciones sean revisadas por un �rgano jurisdiccional independiente del Poder Ejecutivo, y en esas condiciones la propia revisi�n de la existencia de infracciones no tiene por qu� hacerla el J. que conozca de la acci�n de da�os y perjuicios.

      En refuerzo de la postura que aqu� se adopta se cita la siguiente jurisprudencia:

      "Novena �poca

      "Instancia: Segunda Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

      "Tomo: X, octubre de 1999

      "Tesis: 2a./J. 118/99

      "P�gina: 415

      PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACI�N ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE, ADEM�S DE IMPONER MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA, DETERMINEN LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Y LA PUBLICACI�N DE LA RESOLUCI�N EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los art�culos 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen las hip�tesis de infracci�n en esa materia, as� como las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas, las cuales pueden consistir en multa, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo. Asimismo, el art�culo 8o. del propio ordenamiento legal dispone la publicaci�n, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la informaci�n de inter�s para conocimiento de terceros. Por su parte, el art�culo 11, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Tribunal F. de la Federaci�n, prev� la procedencia del juicio de nulidad ante dicho �rgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones definitivas que impongan multas por infracci�n a normas administrativas federales, sin que en ninguna de las diversas fracciones de dicho numeral se consagre la procedencia de ese juicio para impugnar sanciones y determinaciones diversas de la multa, como lo pueden ser la clausura temporal o definitiva, o la orden de publicaci�n de la resoluci�n sancionadora, pues las hip�tesis relativas no se refieren directa ni espec�ficamente a esas decisiones. En tales condiciones, si para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de A., se requiere que el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley sea procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias derivadas del acto reclamado, y el juicio de nulidad s�lo procede contra la multa impuesta por infracciones a las normas en materia de propiedad industrial, pero no respecto de las diversas sanciones o determinaciones destacadas, debe concluirse que la falta de promoci�n de dicho juicio no puede producir la improcedencia del amparo por falta de cumplimiento al principio de definitividad, m�xime si se toma en cuenta que las disposiciones del juicio contencioso administrativo no contemplan la suspensi�n de la clausura o de la publicaci�n de resoluciones determinadas por autoridades administrativas, con lo cual tambi�n se incumple con el requisito consistente en que el medio ordinario de defensa no debe exigir mayores requisitos para otorgar la suspensi�n que los se�alados para el juicio de garant�as.

      En caso de que se niegue el amparo quedar� firme la resoluci�n administrativa, y en tal supuesto tampoco se justifica que el J. que conozca de la reclamaci�n por da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a derechos de propiedad industrial, en la v�a civil decida nuevamente sobre la existencia o inexistencia de la infracci�n administrativa pues, como se ha anticipado, el �rgano jurisdiccional ya no tiene para qu� analizar si el gobernado incurri� o no en la infracci�n declarada por la autoridad especializada en la resoluci�n materia de las infracciones de referencia.

      Sobre esa cuesti�n no hay que pasar por alto el principio de que las autoridades s�lo pueden actuar dentro del �mbito de sus respectivas atribuciones legales, y s�lo pueden llevar a cabo las actuaciones que las leyes les autorizan hacer, por lo que si no existe una ley o disposici�n legal especial que faculte o d� competencia a las autoridades judiciales, no existe duda que al conocer de la demanda de da�os y perjuicios est�n impedidas para decidir si el particular incurri� o no en la infracci�n administrativa que motiv� la demanda.

      Ese principio se encuentra recogido en las siguientes jurisprudencia y tesis.

      "Octava �poca

      "Instancia: Tercera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Tomo: VIII, agosto de 1991

      "Tesis: 3a./J. 37/91

      "P�gina: 77

      "COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Es un principio jur�dico que las disposiciones espec�ficas sean de aplicaci�n preferente sobre las reglas generales que las contradicen. Por tanto para resolver un conflicto competencial no debe aplicarse la regla general de competencia cuando existan disposiciones especiales."

      "Quinta �poca

      "Instancia: Pleno

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Tomo: XV

      "P�gina: 250

      "AUTORIDADES. Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades s�lo pueden hacer lo que la ley les permite.

      A. administrativo en revisi�n. C�rdenas F.V. 23 de julio de 1924. Mayor�a de ocho votos, respecto del sobreseimiento y por unanimidad de once votos, por lo que hace al fondo del negocio. Disidentes: M.P., S.U. y Jes�s G.�n Vaca. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

      A prop�sito de las garant�as de seguridad jur�dica y de competencia legal de que se trata, el art�culo 14, segundo p�rrafo y el art�culo 16, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal decretan lo siguiente:

      "Art�culo 14. ... Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

      Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

      De estas disposiciones constitucionales se desprende que los actos de privaci�n y de molestia que realicen las autoridades deben estar inmersos en su �mbito competencial y cumplir las formalidades esenciales que les den validez jur�dica, para lo cual es necesario que se fundamente debidamente la actuaci�n de la autoridad para no dejar al afectado en estado de indefensi�n.

      En conclusi�n, la competencia de la autoridad requiere siempre de un texto expreso de la ley para que pueda existir esa atribuci�n.

      Es ilustrativa al punto competencial de referencia la siguiente tesis.

      "Octava �poca

      "Instancia: Pleno

      "Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Tomo: 77, mayo de 1994

      "Tesis: P./J. 10/94

      "P�gina: 12

      COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACI�N ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretaci�n arm�nica de las garant�as individuales de legalidad y seguridad jur�dica que consagran los art�culos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privaci�n deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jur�dica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello est� facultado expres�ndose, como parte de las formalidades esenciales, el car�cter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimaci�n. De lo contrario, se dejar�a al afectado en estado de indefensi�n, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el car�cter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuaci�n se encuentra o no dentro del �mbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constituci�n o a la ley; para que, en su caso, est� en aptitud de alegar, adem�s de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuaci�n no se adec�e exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que �stos se hallen en contradicci�n con la ley fundamental o la secundaria.

    4. Es de subrayar que en los procedimientos administrativos respectivos de los que dimane la declaraci�n de la infracci�n, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene que o�r a los particulares interesados o afectados antes de dictar su resoluci�n, cuyos procedimientos implican de cualquier manera actos materialmente jurisdiccionales, aun cuando la autoridad sustanciadora no tenga la naturaleza de un tribunal jurisdiccional.

      Luego entonces, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque no es un tribunal jurisdiccional, sino un organismo descentralizado, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, de todos modos entre otras facultades que la ley le confiere tiene la de sustanciar los procedimientos de declaraci�n de nulidad, caducidad, cancelaci�n e infracci�n administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, as� como formular las resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes de conformidad con la ley de la materia, cuyos procedimientos implican actos materialmente jurisdiccionales, lo suficientemente eficaces para que sirvan de base y prueba firme de la existencia de la infracci�n en el ejercicio de la acci�n de indemnizaci�n por da�os y perjuicios.

      V.C. recordar que para que un hecho il�cito sea productor de responsabilidad civil, es preciso que se den las siguientes circunstancias o elementos de la responsabilidad:

      1. La comisi�n de un hecho;

      2. La producci�n de un da�o, moral o material, en perjuicio de otra persona; y,

      3. Una relaci�n de causa a efecto entre los dos elementos anteriores.

      Por esos motivos, el J. que conozca de la reclamaci�n de da�os y perjuicios deber� ponderar si el da�o y perjuicio invocados fueron producto directo de la infracci�n declarada por el instituto y, en su caso, determinar y decretar el monto de la indemnizaci�n que en t�rminos del art�culo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial nunca podr� ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al p�blico de los productos o servicios que hayan sido violatorios de la ley, mas no podr� cuestionar si se cometi� o no la citada infracci�n ya declarada en resoluci�n firme por la autoridad administrativa.

    5. M�xime que no todo hecho u omisi�n il�cito produce un da�o, por lo que la circunstancia de que se haya declarado previamente la existencia de la infracci�n no necesariamente tiene que dar lugar a la condena de pago de los da�os y perjuicios demandados, pues por falta de la prueba del elemento da�o la responsabilidad puede no integrarse, tal como se precisa en la siguiente tesis.

      "Quinta �poca

      "Instancia: Tercera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Tomo: XCII

      "P�gina: 1040

      "DA�OS Y PERJUICIOS. En los juicios de da�os y perjuicios provenientes de actos extracontractuales, corresponde a la parte actora rendir las pruebas conducentes, para justificar la existencia y monto de esos da�os y perjuicios. Por otra parte, en tales juicios, no puedentener aplicaci�n los art�culos 2104 y siguientes del C�digo Civil del Distrito Federal, porque tales preceptos se refieren al incumplimiento de las obligaciones.

      "A. civil directo 9454/43. G�mez V�zquez F.. 28 de abril de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: C.I.M.�ndez. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

      En efecto, para que la conducta de una persona origine responsabilidad a su cargo se requiere que exista una relaci�n de causa a efecto entre la conducta realizada y el da�o producido, pero no basta una relaci�n cualquiera, sino que es preciso que el da�o sea una consecuencia inmediata y directa del hecho, como lo establece el art�culo 2110 del C�digo Civil Federal.

      A�n m�s, la relaci�n entre el hecho il�cito y los da�os y perjuicios producidos debe ser de tal manera estrecha que no deba existir alguna otra causa a la que tambi�n pueda atribuirse el origen de los da�os y perjuicios, como lo prescribe el indicado art�culo 2110. Por tanto, debe existir una vinculaci�n causal, inmediata y directa entre la conducta il�cita y la producci�n de los da�os y perjuicios.

    6. Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial en su art�culo 221 previene que las sanciones establecidas en esta ley y dem�s disposiciones derivadas de ella, se impondr�n adem�s de la indemnizaci�n que corresponda por da�os y perjuicios a los afectados, lo cual denota que esta acci�n de indemnizaci�n es un instrumento jur�dico adicional o extensivo a la sanci�n impuesta por la infracci�n cometida.

      Esto implica que la consecuencia de la transgresi�n administrativa no consiste �nicamente en la sanci�n decretada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sino que en t�rminos del citado numeral esa consecuencia de la infracci�n puede hacerse extensiva e integrarse tambi�n con la condena del pago de los da�os y perjuicios ocasionados por la propia falta administrativa.

      Para confirmar esta postura es pertinente resaltar que la palabra "adem�s", empleada en la redacci�n del indicado art�culo 221, desde el punto de vista gramatical constituye un adverbio afirmativo de cantidad o extensivo, con el significado de adici�n, y es compatible con las expresiones de uni�n, conjuntamente, tambi�n, igualmente, e inclusi�n.

      En ese contexto, al estar ligada estrechamente con la transgresi�n que origina la imposici�n de la sanci�n, la acci�n civil de da�os y perjuicios no puede desvincularse de la declaraci�n de infracci�n administrativa emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

      De ah� que en caso de prosperar la acci�n de referencia, por demostrarse que el da�o y el perjuicio invocados fueron producto directo de la infracci�n declarada por el instituto, esa declaraci�n administrativa, materialmente jurisdiccional, debe ser la causa eficiente y determinante para que el J. decrete el monto de la indemnizaci�n correspondiente que conforme al art�culo 221 bis de la ley de la materia, en ning�n caso ser� inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al p�blico de cada producto o la prestaci�n de servicios que impliquen una violaci�n de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley.

      A ese respecto tienen elementos ilustrativos y confirmatorios las siguientes tesis.

      "Quinta �poca

      "Instancia: Tercera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Tomo: LXXXIX

      "P�gina: 2739

      "RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE ACTOS IL�CITOS, PRUEBA DEL MONTO DE LOS DA�OS Y PERJUICIOS EN CASO DE.-La acci�n sobre reparaci�n de los da�os causados por el demandado, por la responsabilidad civil en que incurri� en la comisi�n de un acto il�cito, debe probarse en el juicio y no puede aplazarse para la ejecuci�n de la sentencia, la prueba de los elementos que fijen el monto de lo reclamado por el actor.

      "A. civil directo 255/46. Club Nacional de Remo, A.C. 11 de septiembre de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: V.S.G.. Ponente: H.M.."

      "Quinta �poca

      "Instancia: Primera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Tomo: LXXII

      "P�gina: 5877

      "DA�OS Y PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS.-Las pruebas para demostrar la existencia del da�o, tienen diferencias tan radicales de las que deben exigirse para que quede comprobado el perjuicio, que no pueden ser apreciadas con el mismo criterio. Cuando se trata de probar un da�o se est� en presencia de hechos concretos que han tenido su realizaci�n en el pasado; se trata de comprobar cu�nto ha disminuido un patrimonio por evento da�oso, y por lo mismo, la prueba exacta, matem�tica, de esa disminuci�n, es posible. Cuando se quiere demostrar un perjuicio, no tenemos como base de nuestra demostraci�n, como acontece en el da�o, dos hechos concretos y consumados que van a compararse para establecer diferencias, a saber: a cu�nto ascend�a el patrimonio antes de sufrir el da�o, y a cuanto qued� reducido despu�s de que lo sufri�. Cuando se trata de perjuicios, nos encontramos frente a hechos futuros que dejaron de realizarse (la ganancia l�cita no obtenida a consecuencia de actos u omisiones imputables a una persona). La experiencia y el buen sentido nos ense�an que en la mayor�a de los casos, no son susceptibles de demostrarse los perjuicios, con pruebas directas y rigurosas que produzcan la certeza absoluta de su existencia; y en el mayor n�mero de los casos, hay que conformarse con la certeza relativa. Es cierto que no basta una apreciaci�n abstracta sobre la existencia del perjuicio, que se necesita una prueba concreta sobre los hechos, que seg�n todas las probabilidades, demuestran la realidad de la ganancia que ha dejado de obtenerse; pero si a pretexto de que el art�culo 1466 del C�digo Civil del Distrito Federal, de 1884, ordena que el perjuicio debe ser consecuencia inmediata y directa del hecho da�oso, se exigiera la demostraci�n absoluta, incontrovertible, de que no es posible que hubiera ocurrido alg�n otro evento fuera del da�oso, que hubiera impedido obtener la ganancia l�cita que se reclama, casi nunca prosperar�a una reclamaci�n por el pago de perjuicios, y habr�a que acusar de inconsecuencia al legislador, que por una parte conced�a el derecho de exigir el pago de esos perjuicios, y por otra hac�a nugatorio ese derecho, subordin�ndolo a una demostraci�n casi imposible. Las palabras ?consecuencia inmediata y directa? que usa el citado art�culo, interpretadas correctamente, s�lo significan que el legislador quiso excluir del resarcimiento que se produjeran, el concurso de nuevas causas ex nova causa como dicen los romanistas. La opini�n generalmente admitida, sostiene que la nueva causa surge cuando entre el hecho da�oso o culposo y los da�os y perjuicios que se reclaman, sobreviene una serie de actos o eventos que no son necesariamente originados por aqu�l y que fueron los que ocasionaron la disminuci�n del patrimonio. Que el perjuicio debe ser una consecuencia inmediata y directa del evento da�oso, no quiere decir que el legislador pretendi� que la prueba del perjuicio debiera ser siempre directa, rigurosamente matem�tica y que produjera una certeza absoluta. El perjuicio debe ser consecuencia del evento da�oso, es decir, una correcta inferencia debe poner de manifiesto la relaci�n de antecedente a consecuente, y, adem�s, esa consecuencia debe ser inmediata y directa y no indirecta y remota. Nada m�s exige el art�culo 1466 del C�digo Civil, para que exista la obligaci�n de resarcir el perjuicio. Sin duda, los sue�os de ganancia deben apartarse del verdadero concepto de perjuicio; la simple posibilidad y aun una exigua probabilidad de obtener una ganancia, no es bastante para que nazca el perjuicio; pero tampoco debe caerse en el extremo opuesto, exigiendo, para que el perjuicio sea resarcible, que se demuestre de una manera directa y con exactitud absoluta, que s�lo la intromisi�n del hecho da�oso, con exclusi�n de cualquier otro posible evento, pudo impedir que se obtuviera una ganancia l�cita. Los comentaristas, al explicar las disposiciones del C�digo Civil alem�n, sobre el particular, manifiestan que no se puede exigir la absoluta seguridad de obtener una ganancia, que basta la posibilidad objetiva de obtener la que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto.

      Queja en amparo civil 78/41. Islas G.�n. 20 de junio de 1942. Mayor�a de tres votos. Ausente: C.L. �ngeles. Disidente: Te�filo O. y Leyva. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

      Consiguientemente, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los siguientes t�rminos:

      PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACI�N POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCI�N DE INDEMNIZACI�N POR DA�OS Y PERJUICIOS.-De lo dispuesto en los art�culos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaraci�n de nulidad, caducidad, cancelaci�n e infracci�n administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, as� como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendi�ndose tambi�n de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como �rbitro al citado instituto para la resoluci�n de controversias relacionadas con el pago de los da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracci�n IX del art�culo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los t�rminos de la legislaci�n com�n, que no es otra sino la legislaci�n civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposici�n de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaraci�n respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acci�n de indemnizaci�n es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaraci�n de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el J. que conozca de la reclamaci�n de da�os y perjuicios derivados de la violaci�n a derechos de propiedad industrial deber� ponderar si aqu�llos fueron producto directo de la infracci�n administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podr� cuestionar si los particulares cometieron la citada infracci�n, pues ello ya habr� sido declarado en resoluci�n firme por la autoridad administrativa; de ah� que al estar ligada estrechamente con la citada transgresi�n, la acci�n civil de da�os y perjuicios no puede desvincularse de la declaraci�n emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

      Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de A., la tesis jurisprudencial que se sustenta en este fallo deber� identificarse con el n�mero que le corresponda y remitirse a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno y a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito para su conocimiento.

      Por lo expuesto y fundado, se

      resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el D�cimo Primer Tribunal Colegiado y el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno y a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito, para su conocimiento.

N.�quese; con testimonio de la propia resoluci�n y, en su oportunidad, arch�vese el presente toca.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. (ponente) y presidenta O.S.C. de G.�a V., en contra del emitido por J.R.�n C.�o D�az. Ausente: H.R.P..