Ejecutoria num. 1a./J. 66/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825094

Ejecutoria num. 1a./J. 66/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 66/2003
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 136/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisi�n n�mero 180/2001, promovido por ... relativo al juicio de amparo indirecto n�mero 91/2001, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Como agravios el recurrente expresa los siguientes: ?... Conceptos de violaci�n. El fallo recurrido viola en mi perjuicio las disposiciones legales se�aladas, en virtud de que la sentencia en cuesti�n no se ajusta a las reglas establecidas por la ley para la resoluci�n del juicio constitucional, es decir, el J. de Distrito no se aboca a un an�lisis �ntegro y ordenado del acto reclamado y conceptos de violaci�n planteados, ya que, como es de apreciarse, el acto reclamado consiste en el auto de formal prisi�n dictado en mi contra y tal acto deb�a ser combatido por su inconstitucionalidad. Procediendo a negarme el juicio de amparo. De acuerdo con los antecedentes el auto de formal prisi�n dictado en mi contra dentro del proceso n�mero 496/98 por el C. J. S�ptimo de Defensa Social del Estado, es violatorio de mis garant�as consagradas en los art�culos 14, 16 y 19 constitucionales; en efecto, como se advierte del auto de formal prisi�n dictado en mi contra, a simple vista se advierte que dicha resoluci�n no est� fundada ni motivada, ya que �nicamente se concreta a hacer una relaci�n de la consignaci�n. De acuerdo con lo establecido por el art�culo 19 constitucional, para dictar un auto de formal prisi�n el citado art�culo exige que en lo actuado se exprese el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci�n, as� como los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deber�n ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. El honorable J. a quo, al dictar su resoluci�n donde se me niega la protecci�n de la Justicia Federal, �nicamente se concret� a hacer una relaci�n de constancias sin analizar y razonar si el auto de formal prisi�n re�ne los requisitos que exige el art�culo 19 constitucional, dej�ndome en estado de indefensi�n, ya que no analiza el informe rendido por la responsable de todo lo actuado dentro del proceso n�mero 496/98 de los del Juzgado S�ptimo de Defensa Social de esta ciudad, no tomando en consideraci�n mis conceptos de violaci�n, sino �nicamente se concret� a hacer una relaci�n de los mismos, dej�ndome en estado de indefensi�n al no haber aplicado la deficiencia de la queja en mi favor, como lo solicit� en mi demanda de amparo, y al no haberlo hecho as� me deja en estado de indefensi�n. Es as� como resulta carente de l�gica la querella presentada por el supuesto agraviado, pues basta darle una le�da a la misma y encontrar una serie de errores y contradicciones, es as� que para poder precisar lo anterior se deben de tomar en consideraci�n los elementos del cuerpo del delito de fraude gen�rico y cuyos elementos son los siguientes: 1. Una acci�n de enga�o-actividad positivamente mentirosa empleada por el sujeto que hace incurrir en una creencia falsa al sujeto pasivo. Aprovechamiento del error, actividad negativa consistente en que el autor, conociendo el falso concepto en que se encuentra la v�ctima, se abstiene de hac�rselo saber para realizar su actividad patrimonial desposesoria. 2. Que logre hacerse il�citamente de alguna cosa, es decir, de bienes corporales, de naturaleza f�sica, tanto inmuebles como muebles por no establecerse limitaci�n en el precepto, o alcanzar un lucro indebido, cualquier il�cito, beneficio, utilidad o ganancia econ�mica que se obtiene explotando el error de la v�ctima. 3. Relaci�n de causalidad, el enga�o o el error aprovechado debe ser el motivo eficiente y determinante de la entrega de las cosas y de la obtenci�n del lucro. Por lo que hace a la probable responsabilidad del suscrito en la comisi�n del il�cito que se me imputa, debe decirse que si no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito en estudio resulta ocioso analizar la probable responsabilidad. Es requisito sine qua non de un auto de formal prisi�n, conforme al art�culo 19 constitucional y 211, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social vigente en el Estado, el que est� comprobada la existencia del cuerpo del delito que merezca pena corporal. El art�culo 83 del sistema de leyes adjetivas acabada de invocar dice que el Ministerio P�blico deber�, durante la averiguaci�n previa, acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado como base del ejercicio de la acci�n penal, respetando en todo momento los ordenamientos constitucionales; a la autoridad judicial, por su parte, le corresponder� analizar si ambos requisitos se acreditan en autos, ya que por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley se�ala como delito, as� como los elementos normativos. Por su parte, la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tiene sentada jurisprudencia en el sentido de que por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyan la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal, seg�n puede consultarse a foja 183, bajo el n�mero 81 y de rubro: ?CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE.?, de la Segunda Parte del Ap�ndice 1917-1985 del Semanario Judicial de la Federaci�n. En el caso concreto que nos ocupa, contrario a lo se que se afirma en el auto de formal prisi�n reclamado, si bien es cierto que no se encuentra comprobado el cuerpo del delito del que se me acusa, tambi�n es cierto que no se encuentra comprobada mi presunta responsabilidad en los hechos que nos ocupan, por no ser responsable de los mismos. El cuerpo del delito debe probarse plenamente conforme a los art�culos 19 constitucional y 211, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social vigente para el Estado. No puede presumirse, como lo pretende el J. natural, el cuerpo del delito que se me atribuye. Las leyes primaria y secundaria que rigen un auto de formal prisi�n s�lo permiten que la responsabilidad del indiciado se presuma, pero nunca el cuerpo del il�cito penal. En el auto que impugno por este medio no se encuentra comprobado, por ning�n medio de prueba, que el suscrito haya cometido el delito que se me est� imputando por mis enemigos gratuitos. De lo anterior se colige que comprobar el cuerpo del delito es demostrar, dentro del proceso iniciado contra el inculpado, que realmente exista un hecho con todos sus elementos constitutivos, tal como lo define la ley al considerarlo como delito, y se�alar la pena correspondiente. As� lo define la Primera S. en su tesis relacionada a la jurisprudencia anterior, visible en la p�gina 184 ?CUERPO DEL DELITO, DEBE ENTENDERSE EL CONJUNTO DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE CONSTITUYEN LA MATERIALIDAD DE LA FIGURA DELICTIVA.?, descrita concretamente por la ley penal y la determinaci�n que tiene por acreditado el cuerpo del delito debe apoyarse en la demostraci�n de la existencia de un hecho, con todos sus elementos constitutivos, tal como lo define la ley al considerarlos como delictivos y se�alar la pena correspondiente. El art�culo 19 constitucional se�ala que en el auto de formal prisi�n se expresar�: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci�n, as� como los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deber�n ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado; no basta que el auto de formal prisi�n contenga la denominaci�n gen�rica de la infracci�n, sino que es preciso citar, adem�s, el precepto de la ley penal que la defina, ya que s�lo de este modo podr�n fijarse concretamente los elementos constitutivos correspondientes. Los Jueces del fuero com�n, con todo respeto pero desgraciadamente y en mi perjuicio, con mucha frecuencia, como en la especie, no comprenden el significado anterior y consideran que por el s�lo (sic) de que existe alguna denuncia, acusaci�n o querella, y existen otras pruebas, son suficientes para acreditar el cuerpo del delito. En dicha resoluci�n que estoy combatiendo por este medio, el J. a quo �nicamente se concreta a transcribir el contenido de la denuncia y de las declaraciones testimoniales o mencionar los documentos y otras pruebas para justificar su actuaci�n dictando formal prisi�n, aun cuando esas pruebas no sean suficientes o la denuncia para dictar la formal prisi�n, como en el presente caso injustamente se me est� acusando de hechos delictuosos que el suscrito en ning�n momento he cometido. Si se llegara a ese criterio, se llegar�a al absurdo jur�dico de que todos los hechos que como delictuosos se imputaran a una persona se consideraran delictuosos e invariablemente siempre, sin excepci�n, se acreditar�a el cuerpo del delito. Para que dicho il�cito sea penal se requiere, en primer lugar o t�rmino, que est� definido como delito en una ley; en segundo lugar, que la conducta de la persona se ajuste a la norma que lo defina ?tipicidad? y, en tercer lugar, que los elementos que constituyan el delito est�n plenamente demostrados, si falta uno alguno (sic) de los elementos, realmente no existe delito como en el presente caso. Desde luego que aparte, con todo respeto, el J. a quo razona por qu� llega a esa conclusi�n; en la resoluci�n hoy impugnada en este juicio de garant�as no existen todos y cada uno de los elementos del delito que se me est� imputando por parte de mis enemigos gratuitos, ya que el suscrito en ning�n momento lo comet�. No por el hecho de que una persona impute a otra hechos delictuosos ante el Ministerio P�blico debe pensarse que forzosamente esos hechos se cometieron, ya que aceptar lo anterior equivaldr�a a que cualquier persona podr� f�cilmente condenar a otra por hechos falsos, para que pueda decirse que realmente el suscrito cometi� los delitos de los cuales se me est� acusando injustamente se requiere que los hechos imputados realmente se comprueben. Asimismo, con la declaraci�n de la denunciante, esa declaraci�n, adem�s de que es inveros�mil es contradictoria y vaga, dej�ndome en completo estado de indefensi�n, porque de una manera gen�rica, vaga y unilateral se me est�n imputando hechos que no he cometido, como injustamente me los est�n o tratan de imput�rmelos mis enemigos gratuitos, y por mala fe. El suscrito no solamente he aceptado ning�n hecho imputado, sino expresamente los he negado y diciendo la verdad de los mismos; con el razonamiento del responsable J. a quo se me est� obligando a demostrar hechos negativos que l�gica y jur�dicamente no son susceptibles de prueba. Adem�s, es principio general de derecho que corresponde al Ministerio P�blico demostrar la culpabilidad del suscrito y no corresponde al suscrito demostrar su inocencia; por consiguiente, la denuncia no es un elemento de prueba sino un medio del conocimiento de un hecho �nicamente. Por lo que suponiendo que sean veraces y aun suponiendo que hubiese realizado alguna conducta indebida, no acreditan mi intervenci�n en alguno de los supuestos de responsabilidad penal que se�ala el art�culo 21 del C�digo de Defensa Social para el Estado, en la concepci�n, preparaci�n o ejecuci�n de los supuestos delitos que se me est�n imputando; consecuentemente, no est� probada en autos mi presunta responsabilidad. En efecto, al haber dictado en mi contra auto de formal prisi�n o preventiva, el J. a quo, con todo respeto, viola mis garant�as individuales, ya que no efect�a el an�lisis l�gico profundo de las constancias procesales que integran la averiguaci�n previa, tal como lo impone la ley, porque si lo hubiera hecho llegar�a a la conclusi�n de que el ?supuesto hecho punible? no se encuentra verificado concretamente. Ahora bien, el J. del conocimiento toma como base para decretar el auto de formal prisi�n o preventiva, hoy combatido, ciertos y determinados elementos que total y definitivamente no hacen presumir de alg�n modo la comisi�n del delito de fraude espec�fico, tomando en consideraci�n las siguientes pruebas: 1. Querella formulada por ... quien manifest� ser apoderado de ... acredit�ndolo con testimonio de documento notarial, y que con tal car�cter formul� querella en contra de ... en virtud de que ejercit� su poderdante juicio ejecutivo mercantil en contra del hoy suscrito, marcado con el n�mero 1220/95, del Juzgado Duod�cimo de lo Civil de esta capital, juicio que se sigui� en todos sus tr�mites dict�ndose sentencia condenatoria en contra del demandado, lleg�ndose a la liquidaci�n de sentencia durante la cual el hoy indiciado exhibi� un recibo con fecha veintis�is de julio de mil novecientos noventa y siete, en el que se se�ala el pago a la actora de doscientos setenta y siete mil pesos como finiquito de la suerte principal y prestaciones exigidas, por lo que, al ser falso el contenido de dicho documento, se promovi� el correspondiente incidente de objeci�n por falsedad del mismo en el citado juicio ejecutivo mercantil, mismo que se tramit� y desahog� legalmente dict�ndose sentencia interlocutoria en la que se hace constar que se aprob� la falsedad del documento, por lo que se estima que se cometieron los delitos de fraude y falsificaci�n de documentos. 2. Existe en autos fotocopia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas otorgado por ... a favor del querellante, la copia certificada correspondiente al juicio ejecutivo mercantil a que se hizo menci�n, promovido por los endosatarios en procuraci�n de ... en contra del suscrito. 3. Constan en autos testimoniales emitidas ante el Ministerio P�blico por ... 4. Consta en autos la diligencia practicada por el representante social en las instalaciones del Juzgado D�cimo de lo Civil de los de esta capital, en donde se le requiri� al titular de dicho juzgado el documento, el cual se extrae del secreto del juzgado y d�ndose fe de tener a la vista una hoja de papel blanco, tipo bond, cercenado aproximadamente la mitad de la hoja tama�o carta, y que contiene la leyenda: P., Pue., a 26 de julio de 1997. Recib� del se�or ... la cantidad de $277,000.00 (doscientos setenta y siete mil pesos moneda nacional) por concepto de pago total del adeudo pendiente, siendo la cantidad de $277,000.00 que cubre el pagar� suscrito el 24 de noviembre de 1994 y $50,000.00 (cincuenta mil pesos) por concepto de intereses, quedando sin efecto el juicio ejecutivo mercantil del expediente 1220/95 del Juzgado Duod�cimo de lo Civil de esta ciudad, en contra del se�or ... procediendo inmediatamente a dar intervenci�n a la perito designada para la intervenci�n solicitada, profesora ... quien se�ala a la suscrita que toda vez que existe prueba caligr�fica que corresponde a la C. ... en el juicio en comento, tomar� la misma como referencia para la confrontaci�n que corresponde, siendo as� que la suscrita procede a fedatar la foja 6, seis, frente y vuelta del cuaderno de objeci�n de documentos, donde se lee que ante la presencia judicial ... ?La C. ... comparece a estampar por cinco veces su firma, a efecto de que sirva como prueba indubitable dentro de la prueba pericial caligr�fica y grafosc�pica ofrecida por la parte actora. Teniendo como indubitable la firma de la aqu� ofendida, la impresa en dicha probanza.?. 5. Obra en autos el dictamen pericial de grafoscop�a emitido por la Profra. ... perita graf�scopa, en el cual se concluy� que no corresponde por su ejecuci�n al pu�o y letra de la se�ora ... la firma que aparece en el recibo por la cantidad de doscientos setenta y siete mil pesos a favor del se�or ... de fecha 26 de julio de 1997, cuyo original obra en el secreto del Juzgado D�cimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, bajo el n�mero 1220/95. De los elementos antes realizados y citados, la responsable jam�s entra al estudio y an�lisis, toda vez que pasa por alto lo siguiente: En ning�n momento y en la denuncia se demuestra mi responsabilidad en la comisi�n de dicho delito, ya que no soy se�alado por la agraviada, ya que no aparecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ejecuci�n del delito, ya que, como lo declar� en mi declaraci�n preparatoria, negu� las acusaciones en mi contra, ya que el J. al hacer la apreciaci�n de la respectiva denuncia y sus elementos, para acreditar el cuerpo del delito, les da un valor injusto a las mismas, puesto que dentro de la denuncia de la agraviada no se encuentran adminiculadas con ning�n medio de prueba o elementos de convicci�n, por los razonamientos expresados en los antecedentes de los actos reclamados, y que dicha denuncia no tiene ning�n elemento de apoyo que haga probable mi responsabilidad. El J. de Distrito estima que el cuerpo del delito y mi presunta responsabilidad dentro del delito de fraude se encuentran plenamente demostrados; sin embargo, al entrar al estudio de la probable responsabilidad del suscrito no est� demostrada, por lo que es incorrecto lo manifestado por el J. Federal, pues en las constancias de la averiguaci�n previa no existen indicios suficientes para presumir racionalmente que el suscrito tuvo intervenci�n en el delito, por lo que de la indagatoria surgen hechos o circunstancias accesorias que permiten suponer que el suscrito tom� participaci�n en dicho delito, pero no est� demostrado que el suscrito haya concebido, ejecutado o prestado cooperaci�n de cualquier especie por acuerdo previo o posterior, lo que no est� demostrado por el ministerio p�blico, ya que en dicha causa penal no se encuentra demostrado el detrimento patrimonial, puesto que se encuentra garantizado dicho adeudo mercantil con los bienes embargados. Por lo que respecta y al concluir el J. Primero de Distrito en el Estado, la sentencia que combato resulta ilegal en perjuicio del suscrito, toda vez que en la especie el J. Federal no realiz� un correcto an�lisis de las pruebas ofrecidas por el suscrito y en especial, de las diligencias practicadas dentro de la averiguaci�n previa fase �A�, y que en la especie debi� estimar para emitir un correcto fallo del juicio de garant�as solicitado por el suscrito, as� como para poder entrar al estudio de mis conceptos de violaci�n y declararlos fundados. En tales condiciones, es claro que en el presente caso no quedaron acreditados los elementos del cuerpo del delito y, por ende, la probable responsabilidad del suscrito. El J. Primero de Distrito est� obligado, en t�rminos del art�culo 79 de la Ley de A., a entrar al estudio de mis conceptos de violaci�n o, en caso contrario, haber suplido la deficiencia de la queja en mi favor, como lo establece el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A..?. QUINTO. Para una mejor comprensi�n del estudio que se realizar� en torno a los agravios expuestos por el recurrente, se hace necesario relatar los medios de convicci�n siguientes: 1. Denuncia presentada por ... en su car�cter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ... ante el representante social en esta ciudad, de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete, car�cter que acredito con el poder expedido ante la fe del notario p�blico n�mero cincuenta de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el n�mero de instrumento notarial ... de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la cual expuso lo siguiente: ?vengo a presentar denuncia y querella en contra del se�or ... por los hechos delictuosos que en mi concepto constituyen y tipifican los delitos de fraude, falsedad de documentos y falsedad de declaraciones judiciales ... en contra de mi poderdante ... ya que como lo acredito con la copia certificada expedida por el ciudadano J. D�cimo Segundo de lo Civil de esta capital, bajo el expediente n�mero 1220/95, mi poderdante ejercit� juicio ejecutivo mercantilen contra del multicitado ... con fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, sigui�ndose los tr�mites legales pertinentes, el multicitado se�or se aperson� en la secuela procesal dando seguimiento a �ste y agotando todos y cada uno de los recursos que la ley le otorga, tal como se desprende de las copias certificadas que anexa, recayendo sentencia condenatoria sobre �ste, y a pesar de ... los obst�culos legales que ... interpuso, la sentencia caus� ejecutoria, hasta que con fecha dos de septiembre de 1997 se present� la liquidaci�n de sentencia visible a foja 79 ... corri�ndose traslado de ley al se�or ... �ste la impugn� y exhibi� un recibo con fecha veintis�is de julio de 1997, donde seg�n �l hac�a entrega a mi poderdante de la cantidad de doscientos setenta y siete mil pesos en moneda nacional como finiquito, tal como lo etimula (sic) el suscrito, de fecha 23 de septiembre de 1997, visible a foja 81 de las mencionadas copias certificadas; al enterarse de esto mi poderdante se vio en la necesidad de interponer ante el ciudadano J. D�cimo Segundo de lo Civil, bajo el expediente n�mero 1220/95, incidente de objeci�n y falsedad de documento, con fecha 27 de febrero del a�o en curso (sic) form�ndose el cuadernillo incidental, mismo que en copia certificada anexo, expedida por el ciudadano J. D�cimo Segundo de lo Civil, admiti�ndose dicho ... accidente (sic) y desahog�ndose las pruebas ofrecidas ... presentando al ciudadano licenciado ... perito graf�scopo en documentoscop�a ... emitiendo su peritaje previo estudio con las firmas, r�bricas en cuesti�n, y dejando la contusi�n (sic) de que la firma era falsa y no correspond�a al pu�o y letra de mi poderdante, tal como se desprende de la copia certificada, dict�ndose sentencia dentro del incidente ... en el sentido de que se declara (sic) el recibo de fecha 26 de julio de 1997 que exhibi� el demandado ... no surt�a efecto legal dentro del presente juicio y causando la misma ejecutoria con fecha 28 de agosto del a�o en curso (sic) ... simulando fehacientemente en perjuicio de mi poderdante un acto o perjuicio (sic) judicial para obtener un beneficio indebido, adem�s de falsear en declaraciones rendidas ante una autoridad judicial y falsificando fehacientemente ... por todo lo anterior se desprende que los delitos cometidos en contra de mi poderdante se encuentran plenamente demostrados con las copias certificadas que exhibo en la presente denuncia (fojas 40 a 48). 2. Copias certificadas del expediente n�mero 1220/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil del �ndice del Juzgado D�cimo Segundo de lo Civil en esta ciudad, promovido por los licenciados ... y otros, endosatarios en procuraci�n de ... en contra de ... de cuyas constancias se advierte lo siguiente: a) La sentencia dictada en dicho juicio ejecutivo mercantil, el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis, en la que se conden� a ... a pagar a los endosatarios en procuraci�n de ... la cantidad de doscientos veintisiete mil pesos por concepto de suerte principal, asimismo, a la erogaci�n de los intereses moratorios pactados a raz�n del seis por ciento mensual desde que se constituyeron en incumplimiento hasta la total soluci�n del adeudo (fojas de la 138 a la 146). b) R.�n dictada en el toca n�mero 1323/96, relativo al juicio ejecutivo mercantil n�mero 1220/95, promovido por ... y otros, endosatarios en procuraci�n de ... en contra de ... del �ndice de la Primera S. del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que se advierte, en su �nico punto resolutivo, que no se revoca la sentencia definitiva de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis, pronunciada por el referido J. D�cimo Segundo de lo Civil en esta ciudad, dentro del multicitado juicio ejecutivo mercantil (fojas de la 163 a la 169). c) Acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete dictado por el J. D�cimo Segundo de lo Civil en esta ciudad, del que se advierte lo siguiente: ?... Agr�guese ... el escrito de cuenta de ... con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 1054, 1087 y 1348 del C�digo de Comercio, se tiene al promovente impugnando liquidaci�n de sentencia y planilla de gastos y costas en los t�rminos que de su escrito de cuenta se desprenden, exhibiendo un recibo por la cantidad de doscientos setenta y siete mil pesos con cero centavos, fechado el veintis�is de julio del a�o en curso; con la misma d�se vista a la parte contraria para que dentro del t�rmino de tres d�as manifieste lo que a su derecho importa ...? (foja 173). d) Acuerdo de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete, del que se desprende: ?... En virtud de que la parte contraria no manifest� nada respecto de la vista que se le orden� dar por auto de fecha veinticuatro de septiembre del a�o en curso, se le tienen por perdidos los derechos que pudo haber ejercitado en tiempo y forma legal, en consecuencia ... p�sense los autos para dictar la resoluci�n correspondiente respecto de la liquidaci�n de sentencia ...? (foja 189). e) Con fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el incidente de objeci�n de documento, relativo al juicio ejecutivo mercantil 1220/95, promovido por los endosatarios en procuraci�n de ... en contra de ... se dict� un acuerdo que a la letra dice: ?... Con el escrito de cuenta de ... e interrogatorio exhibidos, f�rmese y reg�strese bajo el mismo n�mero del principal con el cual se relaciona el presente expedientillo y con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 1349, 1351, 1352, 1353 y 1294 del C�digo de Comercio, se tiene al promovente interponiendo incidente de objeci�n y falsedad de documento, en contra de ... consecuentemente, con la copia simple de su escrito que se acompa�a c�rrase traslado a la parte contraria por el t�rmino de tres d�as para que produzca su contestaci�n; asimismo, se tienen como pruebas del ocursante: la documental privada, consistente en el documento que se objeta por esta v�a y que exhibi� el demandado; la documental p�blica, consistente en todo lo actuado en el presente juicio; la pericial cal�grafa y grafosc�pica, nombrando como perito de su parte al licenciado ... a quien se le har� saber su nombramiento por conducto del oferente de la prueba, a fin de que en el t�rmino de tres d�as comparezca ante esta autoridad debidamente identificado a aceptar y protestar el cargo conferido; en consecuencia, requi�rase a la parte contraria para que dentro de igual t�rmino nombre perito de su parte, apercibido de que no (sic) se le tendr� por conforme con el dictamen que emita el perito nombrado por el promovente, teni�ndose como firma indubitable la que comparezca a estampar su representada ... ante esta autoridad, se�al�ndose para el efecto el t�rmino de tres d�as; de igual manera, se tiene como firma dubitable la que aparece en el reverso del documento fundatorio de la acci�n y, por �ltimo, esta autoridad nombra como perito tercero en discordia a ... a quien deber� hac�rsele saber su nombramiento en el momento procesal oportuno, haci�ndose saber a los peritos que sus respectivos dict�menes deber�n rendirse al tenor del interrogatorio que se exhibe, por lo que con la copia simple que se acompa�a c�rrase traslado respectivo para que se produzcan conforme a derecho ...? (fojas 208 y 209). f) Dictamen en materia de grafoscop�a y documentoscop�a, de fecha veintitr�s de marzo de mil novecientos noventa y ocho, emitido por el perito oficial de la Procuradur�a General de Justicia del Estado ... en el que se concluy�: ?... �nica. La firma que aparece al calce del recibo de fecha veintis�is de julio de mil novecientos noventa y siete que ampara la cantidad de $277,000.00 (doscientos setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago total del pagar� con el que se ejercit� la acci�n cambiaria y directa en este juicio ejecutivo mercantil bajo el n�mero 1220/95 que se tramita en el Juzgado D�cimo Segundo de lo Civil de esta capital, es falsa y por su ejecuci�n no corresponde al pu�o y letra de la se�ora ...? (fojas 221 a 225). g) R.�n dictada con fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho dentro del incidente de objeci�n y falsedad de documento, promovido por ... dentro del expediente n�mero 1220/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil de referencia, en la que se tuvo probada la acci�n incidental de objeci�n de documento por parte del mencionado promovente, por lo que se declar� que el recibo que exhibi� el demandado ... no surti� efecto legal alguno dentro del referido juicio (fojas de la 248 a 251). h) Sentencia interlocutoria dictada con fecha veintid�s de enero de mil novecientos noventa y ocho, dentro del incidente sobre declaraci�n de nulidad de actuaciones promovido por ... como endosatario en procuraci�n de ... en su car�cter de parte actora dentro del juicio ejecutivo mercantil n�mero 1220/95 promovido en contra de ... en la que se declar� nulo todo lo actuado en el referido juicio a partir de la notificaci�n indebida de fecha veintis�is de septiembre de mil novecientos noventa y siete (fojas 273 a 279). 3. Declaraci�n ministerial a cargo de ... (testigo), de fecha veintid�s de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en la que, en s�ntesis, expuso: ?... que con fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro el se�or ... le firm� a la se�ora ... un pagar� por la cantidad de doscientos veintisiete mil pesos actuales, mismo que ten�a que ser pagado por el se�or ... el d�a veinticuatro de noviembre del mismo a�o, fijando un inter�s del seis por ciento mensual; esto se motiv� porque el se�or ... ten�a que cubrir una deuda motivo de un trato de negocios ... de su empresa denominada ... y que la se�ora ... le prest� ... para cubrir dicho compromiso. Asimismo, s� y me consta que ... se ha negado a pagarle dicha cantidad ... a pesar de que ... lo demand� por la v�a civil ... asimismo, s� y me consta que con fecha veintitr�s de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el se�or ... present� ante el J. D�cimo Segundo de lo Civil, mediante la oficial�a de partes del mismo juzgado, un recibo acompa�ado de un escrito donde supuestamente la se�ora ... recibi� la cantidad de doscientos veintisiete mil pesos como finiquito del adeudo, siendo �ste falso ... todo lo anterior me consta porque conozco a las dos personas y tengo tratos comerciales con ellos, as� como que estuve presente en el Juzgado D�cimo Segundo de lo Civil en diferentes ocasiones, por tener asuntos en ese mismo juzgado, relacionados con mi negocio ...? (foja 287). 4. Declaraci�n ministerial de ... (testigo) de fecha veintid�s de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en la que, en lo que interesa, manifest�: ?... que con fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro ... firm� a la se�ora ... un pagar� por la cantidad de doscientos veintisiete mil pesos actuales, por concepto de un pr�stamo personal, ya que al se�or ... le urg�a ese dinero ... hasta la fecha s� que no le ha pagado ... a pesar de que la se�ora ... lo demand� ante el Juzgado D�cimo Segundo de lo Civil ... sin que hasta la fecha el se�or ... le hubiese hecho el pago a pesar de estar condenado a esto. Asimismo, con fecha veintitr�s de septiembre de mil novecientos noventa y siete ... present� ante el J. ... un recibo, supuestamente donde realizaba el pago a la se�ora ... recibo que la mencionada se�ora impugn� de falso, demostrando esto en un incidente de falsedad de documento, resolvi�ndose favorablemente, donde se demuestra que ... nunca firm� el mencionado recibo ... todo lo anterior lo s� y me consta porque tengo tratos de negocio con los se�ores mencionados, as� como tengo un asunto en el mismo juzgado, donde yo promuevo ...? (foja 288). 5. Inspecci�n ministerial practicada el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho en las instalaciones del Juzgado D�cimo Segundo de lo Civil de esta ciudad capital, en donde se dio fe de tener a la vista el recibo de pago de m�rito, fechado el veintis�is de julio de mil novecientos noventa y siete, el cual contiene la siguiente leyenda: ?... P., Pue., a 26 de julio de 1997. Recib� del se�or ... la cantidad de $277,000.00 (doscientos setenta y siete mil pesos M.N.) por concepto de pago total del adeudo pendiente, siendo la cantidad de $227,000.00 que cubre el pagar� suscrito el 24 de noviembre de 1994 y $50,000.00 (cincuenta mil pesos), por concepto de intereses, quedando sin efecto el juicio ejecutivo mercantil del expediente 1220/95 del Juzgado D�cimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, en contra del se�or ... ? (foja 221). 6. Dictamen pericial en materia de grafoscop�a rendido por la perito ... de fecha uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en el que se concluy� lo siguiente: ?... �nica. Es falsa y no corresponde por su ejecuci�n al pu�o y letra de la se�ora ... la firma que aparece en el recibo por la cantidad de doscientos setenta y siete mil pesos, a favor del se�or ... falsificaci�n que ha quedado plenamente establecida en el cuerpo del presente dictamen ...? (fojas 223 a la 234). 7. Declaraci�n preparatoria rendida por ... (quejoso) el ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, en la que expuso lo siguiente: ?... que es mentira lo que dice el denunciante ... ya que el recibo que se ofreci� ... fue firmado por la se�ora ... ya que la fecha que aparece en dicho escrito fue cuando se le liquid� a la se�ora ... y que esto se hizo en el domicilio del suscrito, y que estuvieron presentes su esposa ... quien es hermana del esposo de la se�ora ... el se�or ... que incluso de mi parte hubo buena fe porque cuando a mi (sic) prestaron el dinero yo les firm� el documento seis meses despu�s, quiero aclarar que la demanda ante el J. de lo Civil se debi� a que yo no ten�a el dinero en el momento, ya que quedamos que durante el primer a�o no le iba a pagar inter�s ... que la deuda era solamente de doscientos mil pesos, que cuando le firm� el documento ... se lo firm� por doscientos veintisiete (sic) y que estos veintisiete eran los intereses, que adem�s cuando yo le liquid� totalmente, la se�ora ... qued� de que se iba a desistir, ya que dijo que le iba a comentar a su abogado que quitara la demanda ... que �l cree que la se�ora ... est� influenciada por los abogados en el sentido de querer sacarme m�s dinero ... que para una mejor comprensi�n de todo quiere que quede asentado que con fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cinco, la se�ora ... a trav�s de sus abogados, lo demandaron en la v�a ejecutiva mercantil, exigiendo el pago de un pagar� por la cantidad de doscientos veintisiete mil pesos ... con fecha 7 de junio de 1996 se dict� sentencia definitiva en la que se me conden� a pagar la cantidad antes se�alada m�s intereses del seis por ciento mensual, con fecha 23 de septiembre de 1997 impugn� la liquidaci�n de sentencia y exhib�, como ya manifest�, el recibo a donde se hac�a el pago total y se liquidaba el adeudo que ten�a con la se�ora ... que con fecha 24 de septiembre de 1997 le fue notificado al actor ... mediante instructivo que se dej� en poder de ... quien s� firm�, por lo que por auto de 21 de octubre del mismo a�o, al no manifestar nada al respecto se tuvo por perdido su derecho de impugnaci�n de la liquidaci�n de sentencia; que con fecha 2 de septiembre del a�o en curso, al no llegarle notificaci�n alguna, se present� al juzgado a revisar el expediente en el cual vio diversas actuaciones de las cuales nunca tuvo conocimiento y que, adem�s, mi sorpresa fue grande al ver que exist�a un escrito de fecha 8 de octubre donde se se�alaba como nuevo domicilio para o�r notificaciones los estrados del juzgado y una persona cuyo nombre aparece para que a mi nombre y representaci�n la recibiera, se�alando que yo no reconozco la firma que la calza porque nunca fue puesta de mi pu�o y letra, y que incluso dentro del expediente ejecutivo mercantil se est� promoviendo el incidente de nulidad de lo actuado ... queriendo que quede claro que la notificaci�n impugnada se�ala que fue recibida por ... persona que seg�n ellos no conoc�a y que estaba autorizado para recibirla, que como ya manifest�, al no ser notificado personalmente por las anomal�as existentes se promovi� con fecha siete de septiembre ... del a�o pr�ximo pasado, incidente sobre declaraci�n de nulidad de actuaciones a partir de la raz�n de notificaci�n hecha en la tabla de avisos con fecha diez de noviembre del a�o 1997, sin que se haya resuelto; que adem�s dentro del juicio ejecutivo mercantil el se�or ... sigui� recibiendo notificaciones y nunca impugnaron nada, solamente hasta que nos beneficie algo a nosotros; que en relaci�n con los testigos de nombre ... no sabe ni qui�nes sean, ya que no los conoce ...? (fojas 262 a 265 y 267). SEXTO. En atenci�n a que las causales de improcedencia son de orden p�blico y de an�lisis preferente al fondo de la cuesti�n planteada, lo aleguen o no las partes, procede entrar al estudio de la que se actualiza en la especie, con fundamento en el p�rrafo �ltimo del art�culo 73 de la Ley de A., as� como en la jurisprudencia n�mero 940, sustentada por el Pleno de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina mil quinientos treinta y ocho, Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-1988, que dice: ?IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuesti�n de orden p�blico en el juicio de garant�as.?. En el caso, se actualiza la prevista en la fracci�n IV del art�culo 73 de la Ley de A., la cual establece lo siguiente: ?Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los t�rminos de la fracci�n anterior.?. De tal precepto se desprende que para que se actualice dicha causal de improcedencia de la acci�n constitucional, la ley o acto reclamado en un juicio de garant�as debi� ser materia de una ejecutoria en otro juicio. En ese orden de ideas, este �rgano colegiado advierte en relaci�n con la orden de reaprehensi�n reclamada de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada dentro de la causa penal n�mero 496/98 del �ndice del Juzgado S�ptimo de Defensa Social en esta ciudad, que la misma ya fue materia de estudio por este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisi�n n�mero 82/2000, interpuesto en contra de la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en los autos del juicio de amparo indirecto n�mero 1278/99 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. Sin que represente obst�culo para arribar a lo anterior la circunstancia de que en autos no conste copia autorizada de la ejecutoria de amparo pronunciada por este tribunal a que se hizo alusi�n en el p�rrafo que precede, ya que se considera que son notorios para un tribunal los hechos de que tenga conocimiento por raz�n de su actividad jurisdiccional; en consecuencia, por ser quienes intervinieron en la discusi�n y votaci�n de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicci�n y en t�rminos del art�culo 88 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria, pueden oficiosamente invocar o introducir esa ejecutoria en un diverso juicio de garant�as, queja o como en el caso concreto, en un recurso de revisi�n, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jur�dica sustancial, el criterio jurisprudencial n�mero 3a./J. 2/93, sustentado por la anterior Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina treinta y seis, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, bajo el rubro y texto siguientes: ?HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEPARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO. La emisi�n de una ejecutoria por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, constituye un hecho notorio para los Ministros que lo integraron e intervinieron en la discusi�n y votaci�n de la misma en la sesi�n relativa. Por tanto el contenido y existencia de tal ejecutoria, cuando as� sea advertido por los integrantes de una S. del propio tribunal, puede introducirse como elemento de prueba en un juicio diverso, de oficio, sin necesidad de que se ofrezca como tal, o lo aleguen las partes, de acuerdo con el art�culo 88 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria en los t�rminos del art�culo 2o. de la Ley de A..?. As� como tambi�n la jurisprudencia n�mero 812 del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, que se comparte, visible en las p�ginas quinientos cincuenta y dos y quinientos cincuenta y tres, Segunda Parte, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-1995, Octava �poca, que dice: ?HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVI� UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE �STE. Se considera que son notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por raz�n de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusi�n y votaci�n de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicci�n y en t�rminos del art�culo 88 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria, pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria en un diverso juicio de garant�as, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes.?. A fin de sustentar lo anterior, se hace necesario destacar lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ante la Oficial�a de Partes Com�n de los Juzgados de Distrito en el Estado de P. ... por su propio derecho solicit� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra el acto que estim� violatorio de los art�culos 8o., 14, 16, 17 y 20 constitucionales, precisando lo siguiente: ?... Autoridades responsables ... Como ordenadora: 1. El J. S�ptimo de Defensa Social de esta ciudad. Como ejecutoras: 2. El procurador general de Justicia del Estado. 3. El director de la Polic�a Judicial del Estado ... Actos reclamados: Los hago consistir en la orden de reaprehensi�n y detenci�n dictada en mi contra por el J. S�ptimo de Defensa Social de esta ciudad, dentro del proceso 496/98 que se me instruye por el tipo penal de fraude espec�fico y que las ejecutoras pretenden darle cumplimiento en mi persona ...?. El secretario encargado del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, a quien por raz�n de turno correspondi� conocer de la referida demanda de garant�as, asign�ndole el n�mero de juicio de amparo indirecto n�mero 1278/98 con fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve dict� sentencia en los siguientes t�rminos: ?... Son infundados los conceptos de violaci�n que expresa el quejoso, sin que se est� en los supuestos del art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., que obligue a suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n. En efecto, el quejoso ... por su propio derecho, ocurre ante esta potestad federal a solicitar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, en contra de la orden de reaprehensi�n dictada por el J. S�ptimo de Defensa Social de los de esta capital, dentro del proceso 496/98 por auto de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, y en virtud de que el procesado no dio cumplimiento con el requerimiento hecho, se decret� su reaprehensi�n ... lo que constituye el acto reclamado dentro del presente juicio de garant�as ... resoluci�n que se encuentra apegada a derecho y no conculca garant�a alguna al quejoso, raz�n por la cual debe negarse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados ... No afecta a la anterior conclusi�n lo alegado por el quejoso en sus conceptos de violaci�n en el sentido de que la orden de reaprehensi�n no se encuentra ni fundada ni motivada, pues al efecto debe decirse que tal apreciaci�n es inexacta, toda vez que basta leer el auto de ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictado por el J. responsable, dentro de la causa penal 496/98, para constatar que se citan los preceptos legales que le sirven de sustento y las causas y motivos de su aplicaci�n, puesto que previamente se le apercibi� al procesado para obtener su libertad caucional sin que �ste lo hubiese hecho en el t�rmino concedido y con las formalidades exigidas, originando que se ordenara su reaprehensi�n ...?. 2. Inconforme con dicha resoluci�n ... interpuso recurso de revisi�n, el cual fue admitido a tr�mite por el presidente del entonces �nico Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, correspondi�ndole el n�mero de toca de revisi�n 82/2000, el cual se resolvi� por este �rgano colegiado mediante ejecutoria dictada el veinticuatro de noviembre del a�o dos mil, en los siguientes t�rminos: ?... PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida ... TERCERO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a ... contra el acto que reclam� del J. S�ptimo de Defensa Social de la ciudad de P., procurador general de Justicia y director de la Polic�a Judicial, ambos del Estado de P., que hizo consistir en la orden de reaprehensi�n dictada en su contra en el proceso penal n�mero 496/98 y su ejecuci�n ...?. 3. Ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado ... interpuso juicio de amparo indirecto se�alando como acto reclamado, adem�s del auto de formal prisi�n decretado en su contra en la causa penal n�mero 496/98 del �ndice del Juzgado S�ptimo de Defensa Social de esta ciudad, la orden de reaprehensi�n dictada en su contra dentro del mismo proceso, dicho juicio de amparo fue registrado bajo el n�mero 91/2001, mismo que se resolvi� el dieciocho de abril del a�o dos mil uno, neg�ndosele la protecci�n constitucional solicitada al no resultar violatoria de garant�as la orden de reaprehensi�n combatida, es decir, la dictada con fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; resoluci�n que es materia de revisi�n en el presente toca. As� las cosas, es dable afirmar que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que se advierte que el acto reclamado que expres� en la demanda de garant�as, de la cual correspondi� conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, consistente en la orden de reaprehensi�n dictada el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, es el mismo que ya hab�a se�alado en el juicio de amparo indirecto n�mero 1278/99, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, y en la que se le neg� la protecci�n constitucional solicitada, resoluci�n que fue confirmada por este �rgano colegiado al resolver el toca de revisi�n n�mero 82/2000. Cabe se�alar que la hip�tesis de improcedencia de amparo que se actualiza en el particular descansa en la figura jur�dica de la cosa juzgada, denominada en la fracci�n IV del art�culo 74 de la Ley de A. como ejecutoria en otro juicio de amparo; as�, tenemos que hay cosa juzgada cuando se ha dictado una sentencia que caus� ejecutoria, contra la que no procede recurso alguno y cuyo sentido no puede ser modificado, siempre y cuando se refiera o resuelva -como en el presente caso- la controversia principal o de fondo; de tal suerte que al solicitar de nueva cuenta el mismo quejoso la protecci�n constitucional respecto de id�ntico acto reclamado, el cual ya fue analizado y estudiado en el primer juicio de garant�as, aunque las violaciones constitucionales y los actos de ejecuci�n se�alados sean diversos, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, por haber sido el acto reclamado materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina cuarenta y uno, Tomo XCIX, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, de rubro y texto siguientes: ?IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracci�n IV del art�culo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garant�as, establece: �El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los t�rminos de la fracci�n anterior�. La fracci�n III a que alude la disposici�n transcrita se�ala: �El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resoluci�n, ya sea en primera o �nica instancia, o en revisi�n, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas�. Se establece estrecha relaci�n entre ambas causales de improcedencia, porque la se�alada en la fracci�n IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los t�rminos de la fracci�n anterior, que no puede tomarse en su integridad sino s�lo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitaci�n hace que no se confundan ambas causales y que su aplicaci�n corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracci�n III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracci�n IV s�lo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso.?. As� como tambi�n, por identidad jur�dica sustancial, la jurisprudencia n�mero 287, sustentada por la entonces Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina ciento noventa y tres, Primera Parte, T.V. del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, Quinta �poca, que dice: ?IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracci�n III del art�culo 73 de la Ley de A., sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecuci�n distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecuci�n.?. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo indirecto en cuesti�n respecto a ese acto reclamado, en t�rminos del art�culo 74, fracci�n III, de la Ley de A., al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracci�n IV del art�culo 73 de la misma ley, por haber sido el acto reclamado materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. S�PTIMO. Los agravios que hace valer el recurrente resultan sustancialmente fundados en atenci�n a las razones que se expondr�n. En efecto, debe decirse que este Tribunal Colegiado advierte que la resoluci�n de t�rmino constitucional a trav�s de la cual se decret� el formal encarcelamiento del ahora quejoso por su probable responsabilidad en la comisi�n del delito de fraude espec�fico, consistente en haber simulado actos jur�dicos en perjuicio de otro, previsto y sancionado por el art�culo 403, fracci�n III y 404, fracci�n IX, del C�digo de Defensa Social para el Estado, resulta inconstitucional, como incorrecta la sentencia en la que el J. de Distrito neg� la protecci�n constitucional en relaci�n con el delito mencionado. Lo anterior es as�, si se parte de la base que por lo que respecta al cuerpo del delito de fraude espec�fico en comento, del c�mulo de probanzas rese�adas en el considerando quinto de la presente ejecutoria no se advierte que el mismo se encuentre acreditado, por las razones que a continuaci�n se exponen. Cierto, se debe partir de la base de que para que tenga lugar el fraude por simulaci�n de un acto o escrito judicial en perjuicio de otro, o para obtener cualquier beneficio indebido, es requisito indispensable que exista una bilateralidad, entendi�ndose como tal el concierto o la inteligencia entre dos partes que cooperen entre s� en la creaci�n de un acto aparente que constituye el acto simulado y que traer� como consecuencia un perjuicio a un tercero o la obtenci�n de un beneficio indebido. As� las cosas, si tomamos en cuenta que de las constancias integradoras de la causa penal seguida al aqu� recurrente se aprecia que el aqu� quejoso ... dentro del expediente n�mero 1220/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil del �ndice del Juzgado D�cimo Segundo de lo Civil en esta ciudad, promovido en su contra por los endosatarios en procuraci�n de ... present� un escrito de fecha veintitr�s de septiembre de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual impugnaba la liquidaci�n de sentencia presentada por la parte actora en dicho juicio, exhibiendo un recibo de fecha veintis�is de julio del mismo a�o por concepto de pago de la suerte principal e intereses moratorios, aparentemente firmado por la actora ... donde le hab�a hecho la entrega de doscientos setenta y siete mil pesos, presentando, adem�s, con fecha tres de octubre de ese a�o otro escrito donde solicitaba se le tuviera a la parte actora por perdido el derecho y, como consecuencia de ello, se le tuviera conforme con lo manifestado en el escrito de veintitr�s de septiembre antes se�alado; por lo que el veintiuno de octubre siguiente se dict� un prove�do dentro del referido juicio ejecutivo mercantil, mediante el cual se tuvo por perdido el derecho que pudo haber ejercitado en tiempo y forma legal la parte actora y se le tuvo por conforme, orden�ndose pasar los autos para dictar la sentencia correspondiente; debiendo se�alar que dentro del mismo juicio ejecutivo la parte actora promovi� un incidente de objeci�n y falsedad de documento, y debido a que el perito en materia de caligraf�a y grafoscop�a designado por la parte actora concluy� que la firma que consta al calce del recibo de pago ofrecido por el aqu� quejoso no correspond�a al pu�o y letra de ... se dej� sin efecto dicho documento dentro del mismo juicio ejecutivo mercantil. En ese orden de ideas, resulta evidente que los elementos del cuerpo del delito de fraude por simulaci�n de actos o escritos judiciales en perjuicio de otro no se encuentran acreditados con el c�mulo de pruebas que existen en el sumario, tomando en cuenta que, seg�n se desprende de los hechos anteriormente rese�ados, la acci�n realizada por el aqu� quejoso fue la de comparecer en el juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra por los endosatarios en procuraci�n de ... exhibiendo un documento (privado) firmado por la actora en dicho juicio, en el que se le ten�a por pagada tanto de la suerte principal como de los intereses moratorios, documento del que pericialmente se supo era falso; de ah� que la conducta del inculpado que se se�ala como simulada no puede ser considerada como tal, toda vez que el hecho de que el aqu� quejoso haya ocurrido ante la justicia con la pretensi�n de que se reconociera que la cantidad adeudada a la parte actora del juicio ejecutivo mercantil, promovido en su contra ya hab�a sido cubierta, mostrando para ello un recibo signado por la actora ... no entra�a en s� un enga�o o aprovechamiento del error en que �sta se encuentre al haber resultado, al parecer, falso dicho documento, pues tuvo a su alcance todos los medios y defensas que establece la ley para oponerlos al demandado; o bien, visto desde otra �ptica jur�dica, su conducta no implica un enga�o al J. conocedor del juicio promovido en su contra, ya que el funcionario judicial act�a de acuerdo con los preceptos que rigen el procedimiento, por lo que no se estructura la simulatio litis, en virtud de que el demandado en el juicio no act�a de acuerdo con el J., quien por su calidad de funcionario judicial es un tercero extra�o a toda simulaci�n litigiosa. Adem�s, la simulatio litis es un delito que s�lo cometen los particulares, pues los Jueces que act�en de com�n acuerdo con una de las partes cometer�n no el delito de fraude por simulaci�n, sino los diversos delitos existentes en la administraci�n de la justicia. La doctrina ha sostenido que no puede darse una simulaci�n procesal unilateral en la que una de las partes fuera el delincuente simulador y la otra fuera la v�ctima de la simulaci�n. En consecuencia, no tipifica simulaci�n por ejemplo: el demandar el pago de un cr�dito que ya fue pagado, el hecho de que el demandado en un juicio ejecutivo mercantil se�ale para su embargo bienes que no son de su propiedad, el hecho de que el actor funde su acci�n en un documento falso o il�citamente obtenido o, como en el caso en estudio, que el demandado presente un documento al parecer falso con el fin de que se le tenga por pagado de la suerte principal e intereses moratorios por los cuales fue demandado, pues en todos los casos citados, a efecto de entender la figura delictiva en estudio, la supuesta v�ctima es parte en el juicio y, como tal, puede oponer todas las excepciones que estime procedentes, ofrecer pruebas y alegar en defensa de su derecho. Claro est� que ello no impide que la conducta del sujeto activo en cualesquiera de los casos citados pueda tipificar otros delitos como son los de falsedad en declaraciones judiciales, falsificaci�n de documentos y uso de documentos falsos, entre otros. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jur�dica sustancial, el criterio sustentado por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina veintisiete, Tomo CIV, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, de rubro y texto siguientes: ?SIMULATIO LITIS. FRAUDE CALIFICADO. Si el que inicia un juicio de intestado presenta para justificar el parentesco dos copias de actas del Registro Civil, de matrimonio y de defunci�n, una de las cuales presenta alteraciones en la hora del fallecimiento y la otra no corresponde a la realidad de los hechos, podr� incurrir en los delitos de uso de documento falso y de falsedad en declaraciones ante autoridad administrativa, pero no comete el delito de fraude gen�rico por enga�o del p�rrafo primero del art�culo 386 del C�digo Penal para el Distrito y Territorios Federales, ni en el de fraude de simulatio litis de la fracci�n X del art�culo 387 del mismo ordenamiento, puesto que, en el primer caso, la conducta del inculpado no implica enga�o al J. de la sucesi�n, ni aprovechamiento de un error, ya que el funcionario judicial act�a de acuerdo con los preceptos que rigen el procedimiento. Y, en el segundo, no se estructura la simulatio litis, toda vez que no act�a de acuerdo con el J., que por su calidad de funcionario judicial es un tercero extra�o a toda simulaci�n litigiosa, la cual �nicamente se puede presentar cuando las partes simulan una contienda judicial que en verdad no existe, ocasionando da�os a un tercero. Y, por tanto, no se est� en el caso de un procedimiento artificial y enga�oso, en el que se haga aparecer lo que en realidad no existe.?. As� como el criterio emitido por la anterior Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina quinientos ochenta y cinco, Primera Parte, Tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, que dice: ?FRAUDE POR SIMULACI�N. En el fraude por simulaci�n el acto o escrito judicial tiene apariencia real, ello es, existen materialmente y es precisamente ellolo que caracteriza en forma externa el delito de que se trata; no es que el J. simule los prove�dos que dicte; lo que se simula es la litis; en efecto, lo que exige la ley es que simule el juicio, y ya se ha dicho que la simulaci�n es tal en cuanto quienes intervienen en la misma, hacen aparecer como reales determinadas situaciones, mediante las cuales logran su prop�sito inicial de da�o en contra de alguna persona. Por ello, cuando un apoderado se colude con un falso acreedor y fragua la existencia de un cr�dito y se va al juicio y se oculta al poderdante la existencia del mismo, nada impide afirmar que sean el apoderado y quien con �l se ha coludido autores de un delito de fraude por simulaci�n, pues v�lidos los agentes de la confianza de quien ha de resultar v�ctima, ocurren a la jurisdicci�n para que se haga efectivo el cr�dito inexistente; el hecho de que el poderdante descubra la maniobra e impida que se consume el da�o no significa la ausencia de perjuicio, pues al haberse decretado el aseguramiento de bienes de su propiedad, hubo ya la afectaci�n a su esfera patrimonial impidi�ndole la libre disposici�n de sus bienes, como en el caso comentado en que el juicio civil tan s�lo se encuentra suspendido con las consiguientes molestias, en sentido econ�mico, para la denunciante.?. Consecuentemente, es dable concluir que no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude espec�fico, consistente en la simulaci�n de un acto o escrito judicial en perjuicio de otro y, por ende, la probable responsabilidad del aqu� recurrente." (fojas 21 a 43 de la contradicci�n de tesis).

La ejecutoria transcrita con antelaci�n, dio origen al criterio denunciado como contradictorio, el cual es el del tenor literal siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, septiembre de 2001

"Tesis: VI.1o.P.132 P

"P�gina: 1322

"FRAUDE POR SIMULACI�N, DELITO DE. PARA QUE SE CONFIGURE ES INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN LA CREACI�N DEL ACTO SIMULADO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA). Para tener por acreditado el delito de fraude por simulaci�n de un acto o escrito judicial, que prev� la fracci�n IX del art�culo 404 del C�digo de Defensa Social, es requisito indispensable que exista una bilateralidad en cuanto a la realizaci�n del acto o escrito simulados, es decir, que se d� el concierto entre dos personas o partes, y que ello traiga consigo un perjuicio a otro o la obtenci�n de cualquier beneficio indebido. En ese sentido, si en una controversia judicial, el quejoso exhibi� un escrito que supuestamente hab�a sido firmado por su contraparte, y que pericialmente se determin� que era falso, tal conducta no entra�a en s� el delito de fraude por simulaci�n, pues no se demostr� que haya sido elaborado de manera bilateral.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

A. en revisi�n 180/2001. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: R.R.O.. Secretario: F.C.�rdova del Valle.

CUARTO

La resoluci�n del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que contiene el criterio que aparentemente est� en contradicci�n con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, fue la dictada en el amparo en revisi�n n�mero RP. 15/96, promovido por ... en la que, en lo conducente, se sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Resultan fundados los agravios expresados por la D�cimo Segunda S. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por el agente del Ministerio P�blico Federal recurrentes, como se podr� observar en p�rrafos subsecuentes. En principio, es necesario hacer notar que el J. Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal para conceder al quejoso ... el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, esencialmente se bas� en las siguientes consideraciones: que si bien es cierto que se tienen pruebas que acreditan la existencia de un acto judicial, tambi�n lo es que no est� demostrado que este acto sea simulado; que para que exista un acto simulado se requiere acuerdo de voluntades entre las partes, encaminado a aparentar dentro de un procedimiento judicial lo que en realidad no existe; que esas situaciones no se dan porque no est� demostrado que dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ... denunciado por ... y otra persona, �stos hayan acordado voluntariamente aparentar que el autor de la sucesi�n ... hab�a fallecido el dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, seg�n aparece en el acta de defunci�n expedida por el Juzgado D�cimo S�ptimo del Registro Civil de la D.�n �lvaro O.�n, que no se puede decir que sea simulado el juicio sucesorio aludido porque ... se apoy� en la mencionada acta de defunci�n; que tambi�n existe otra acta de ... en la que consta que falleci� el veintid�s de julio de mil novecientos ochenta y que fue exhibida por el ofendido ... en averiguaci�n previa, pero que ambos documentos tienen el mismo valor probatorio hasta que no se declare la nulidad de uno o de otro; que no existe simulaci�n de acto porque el juicio sucesorio intestamentario a bienes de ... promovido por ... es tan real que materialmente existe sin que pueda afirmarse que los prove�dos dictados por la autoridad judicial en este juicio sean simulados. Agreg� que suponiendo sin conceder que el acta de defunci�n de ... en que se bas� la acci�n intestamentaria promovida por ... fuera ap�crifa y de aceptarse que como consecuencia de ello se declar� falsamente lo que no hab�a acontecido, no puede concluirse que el juicio sucesorio de referencia sea simulado, ya que esa conducta podr�a integrar los elementos del delito de fraude por simulaci�n y por ello le concedi� la protecci�n federal a ... en contra de la orden de aprehensi�n reclamada. Por su parte, esencialmente, la S. responsable, as� como el agente del Ministerio P�blico Federal, ambos recurrentes, plantean como agravios los siguientes: que s� se encuentran reunidos los elementos constitutivos del delito de fraude espec�fico por simulaci�n previsto en el art�culo 387, fracci�n X, del C�digo Penal del Distrito Federal, porque efectivamente ... simul� un acto para obtener un beneficio indebido con el que ocasion� perjuicio patrimonial al ofendido ... pues en dicho juicio intestamentario a bienes de ... sostuvo falsamente lo que en realidad no hab�a pasado, debido a que el autor de la sucesi�n ... no hab�a fallecido en el a�o de mil novecientos cuarenta y ocho como lo afirm� el promovente, ahora inculpado ... y de esta forma logr� que se le declarara heredero universal de esa sucesi�n, adjudic�ndosele el inmueble ubicado en la calle de ... n�mero ... de la colonia ... con superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros, utilizando para ello un acta de defunci�n de dudoso valor probatorio, toda vez que en contraposici�n a ello el ofendido ... demostr� ser hijo leg�timo de ... tener la posesi�n del inmueble en cuesti�n, probando adem�s que ... falleci� el veintid�s de julio de mil novecientos ochenta y no en mil novecientos cuarenta y ocho, exhibiendo el acta de defunci�n correspondiente, la que corrobor� con la inspecci�n ocular de la autoridad ministerial en los libros del Juzgado Trig�simo Tercero del Registro Civil, constatando los datos de esta acta de defunci�n y el fallecimiento de ... en el a�o de mil novecientos ochenta, as� como con el informe del jefe de la Oficina de Afiliaci�n y Vigencia del Departamento de Seguridad Social de la Comisi�n Federal de Electricidad en el que se comunic� que ... estuvo inscrito en el Seguro Social por dicha comisi�n del treinta de noviembre de mil novecientos setenta y nueve al veintid�s de julio de mil novecientos ochenta en que caus� baja por fallecimiento; con la constancia del administrador del pante�n San Rafael en la que se precis� que ... se inhum� el veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, probanzas de las que se concluye que el acta de defunci�n del dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho exhibida en el juicio intestamentario por ... es ap�crifa al contener datos falsos, producto de las maquinaciones realizadas por dicho inculpado, mismo que actu� de com�n acuerdo con otras personas a efecto de obtener dicha acta de defunci�n y, con base en ello, efectuar la simulaci�n del acto jur�dico auxiliado por otras personas, entre �stas ... quien en esa �poca fung�a como delegado pol�tico de ... por lo que es l�gico que se le haya facilitado obtener en el Registro Civil de �lvaro O.�n el acta de defunci�n en la que consta que ... falleci� el dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, ayudado tambi�n por ... el que directamente se encarg� de obtener el acta de defunci�n aludida, de lo que se desprende que ... de com�n acuerdo con los antes citados llevaron juicio sucesorio aparentando con el documento simulado que �ste hab�a fallecido cuando a�n estaba vivo; que otro dato importante es el hecho de que ... en aquel tiempo delegado pol�tico de ... es accionista de la inmobiliaria ... en la que ... ingres� como accionista aportando el inmueble relacionado que hab�a obtenido il�citamente como producto de fraude simulado; inmobiliaria que demand� al ahora ofendido ... el juicio reivindicatorio respecto del citado inmueble. Se estiman fundados los agravios expresados por los recurrentes por las razones que a continuaci�n se vertir�n. Entre las pruebas de averiguaci�n tomadas en cuenta por la S. responsable, ahora recurrente, al decretar la formal prisi�n a ... como presunto responsable del delito de fraude espec�fico previsto en la fracci�n X del art�culo 387 del C�digo Penal del Distrito Federal, destaca la denuncia formulada el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y dos por ... (foja 5, tomo I), en la que menciona que es hijo leg�timo de ... y que toda su vida ha habitado el predio ubicado en la calle de ... n�mero ... colonia ... con una superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros, que en mil novecientos noventa y dos el representante legal de inmobiliaria ... le coment� que aunque �l tuviera la posesi�n del inmueble el propietario era una persona distinta, por lo que acudi� al Registro P�blico de la Propiedad en compa��a de su abogado para revisar los antecedentes del inmueble, constatando que el predio que hab�a sido siempre de su padre ... en forma fraudulenta hab�a pasado a ser de ... quien a su vez aport� el inmueble a la inmobiliaria ... toda vez que ... conoc�a como heredero en una fecha en que su padre a�n no fallec�a, pues esto ocurri� hasta mil novecientos ochenta y el supuesto juicio intestamentario fue promovido en mil novecientos sesenta y uno con un acta de defunci�n falsa en la que se asentaba que su padre ... hab�a fallecido el dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho; que el citado ... no tiene entroncamiento alguno con el padre del externante ni con el suscrito, por lo que considera que el acta de defunci�n referida es ap�crifa y con base en �sta llevaron a cabo actos jur�dicos con el fin de quitarle el inmueble de su propiedad, por lo que denuncia los hechos cometidos por ... y la inmobiliaria ... constitutivos del delito de fraude; que incluso la inmobiliaria ... promovi� juicio reivindicatorio en su contra, expediente 701/89, ante el Juzgado Cuadrag�simo Civil del Distrito Federal; exhibi� copia certificada de las actas de defunci�n de ... del dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, y la que present� el emitente del veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, copia certificada simple de los asientos registrales del inmueble aludido en los que consta la propiedad de ... y copia certificada de las inscripciones registrales en las que se hace constar la adjudicaci�n del citado inmueble por sucesi�n intestamentaria a favor de ... a bienes de ... el cuatro de febrero de mil novecientos setenta y uno, y la copia certificada simple de la inscripci�n registral en la que aparece que ... aport� el inmueble relacionado a favor de inmobiliaria ... que a la fecha el externante tiene la posesi�n del mismo. La inspecci�n ocular ministerial practicada el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, en el interior del Juzgado del Registro Civil n�mero 33 ubicado en el deportivo los G. de la Unidad de San Juan de Arag�n, lugar en donde el J. del Registro Civil les mostr� el libro de registro de defunciones correspondiente a mil novecientos ochenta, constat�ndose que en la entidad 09, D.�n 06, Juzgado 33o., folio n�mero ... a�o 1980, clave D, se encuentra registrada el acta de defunci�n del veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, correspondiente al finado ... quien falleci� en esa fecha por shock hipovol�mico a la una horas con diez minutos (foja 56). La manifestaci�n de ... en la que esencialmente dijo que desde que tiene uso de raz�n sabe y le consta que ... y su familia siempre han tenido la posesi�n del inmueble ubicado en la calle de ... n�mero ... colonia ... pues ese inmueble colinda con la casa del externante; que el propietario del mismo siempre fue ... padre de ... y que adem�s le consta que ... falleci� en el mes de julio de mil novecientos ochenta (foja 174). Lo externado por ... en relaci�n con que le consta que ... ha pose�do junto con su familia el inmueble ubicado en calle ... n�mero ... colonia ... pues colinda con el predio de la emitente, mismo que siempre ha sido propiedad del vecino ... el que falleciera en julio de mil novecientos ochenta, pero su familia sigue viviendo en el inmueble (foja 176). La fe ministerial de la constancia expedida por el Pante�n San Rafael, suscrito por ... administrador del mismo en el que consta que ... fue inhumado el veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, en la fosa n�mero ... l�nea ... lote ... del citado pante�n (foja 181). Lo expuesto por ... en el sentido de que es administrador de inmobiliaria ... desde mil novecientos ochenta y nueve; que el terreno ubicado en la calle ... n�mero ... colonia ... lo aport� a la inmobiliaria ... en su car�cter de albacea de la sucesi�n de ... mediante la escritura n�mero ... expedida por el notario n�mero 50 del Distrito Federal, con una superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros; que dentro de esa extensi�n trescientos metros los ocupa ... que en virtud de esa aportaci�n ... ingres� como socio a la inmobiliaria y posteriormente le compraron a ... las acciones que le correspond�an (fojas 148 y 150). La manifestaci�n de ... en el sentido de que en el ejercicio profesional como notario conoci� a ... desde mil novecientos setenta y cinco, porque a �ste le hizo varias escrituras; que seguramente tuvo a la vista los t�tulos de propiedad para tirar la escritura correspondiente para adjudicar un inmueble ubicado en ... n�mero ... a favor de ... que no recuerda de qu� manera hizo la traslaci�n de dominio de ese inmueble a favor de inmobiliaria ... que s� conoce a ... desde mil novecientos ochenta y cinco, a la que tambi�n le ha elaborado varias escrituras (foja 165). Lo externado por ... en el sentido de que es sobrino de ... por la v�a materna y que el se�or ... fue abuelo materno del externante; que los padres del emitente se llaman ... ambos difuntos; que es hijo �nico y por voz de su mam� se enter� que hab�a muerto ... su abuelo, por lo que el externante denunci� ante las autoridades correspondientes un juicio intestamentario a bienes de ... en donde fue asesorado por el abogado ... sin recordar la fecha en que se present� el juicio tramitado ante el J. de primera instancia en �lvaro O.�n, que el externante s� conoc�a a ... por medio de su t�o ... pues aqu�l fung�a como delegado pol�tico en ... y acudi� con �l porque hab�a tenido muchos problemas en el juicio sucesorio con los hermanos de ... que incluso el emitente le dio un poder notarial a su t�o ... para que �ste se hiciera cargo de todo lo relacionado con el inmueble y �ste a su vez les dijo que les ayudar�a ... que no hizo aportaci�n de ese inmueble a la inmobiliaria, pues todo lo dej� en manos de ... que no fue accionista de inmobiliaria ... que el licenciado ... fue el que se encarg� de tramitar el intestado y conseguir el acta de defunci�n de ... que ignora qui�n se encarg� de esa defunci�n, pues el emitente ten�a como ocho a�os de edad; que cuando fue nombrado �nico heredero no fue al inmueble materia de la masa hereditaria porque viv�an en ella familiares de su fallecido abuelo, entre �stos ... que no tuvo ning�n nexo con inmobiliaria ... que no tiene copia certificada del juicio sucesorio ni de las escrituras del inmueble, pues todo se lo entreg� a ... que su t�o ... se puso de acuerdo con ... para que el externante denunciara el juicio intestamentario a bienes de ... que los gastos del juicio los pag� la mayor parte su t�o ... y los gastos de escrituraci�n ignora qui�n los haya hecho; que recuerda que su t�o ... acompa�ado de varios desconocidos le dijo que ten�a que ir con �l a una notar�a para que firmara unos documentos, por lo que les firm� varios ignorando de qu� se trataba; que el emitente no sab�a que su abuelo ... trabajaba en la Comisi�n Federal de Electricidad; que ignora por qu� motivo ... mencion� que el externante aport� a la inmobiliaria ... el inmueble ubicado en la calle ... n�mero ... ahora ... colonia ... y asimismo, no sabe por qu� motivo fue mencionado en la protocolizaci�n de asamblea de la inmobiliaria ... como enajenante del inmueble antes citado (fojas 183 a 186 y 207). Informe suscrito por la gerencia administrativa de la Comisi�n Federal de Electricidad, Oficina de Afiliaci�n y Vigencia en el que se�ala que ... estuvo inscrito en el r�gimen del Seguro Social por esa Comisi�n Federal con n�mero de afiliaci�n ... desde noviembre treinta de mil novecientos setenta y nueve al veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, fecha en que caus� baja por fallecimiento, anexando los oficios de alta y de baja del asegurado, el dictamen de liquidaci�n correspondiente y el acta de defunci�n del mencionado trabajador (fojas 191 a 196). Aval�o oficial practicado el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres, respecto del predio ubicado en la calle ... n�mero ... colonia ... con superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros, que tiene un valor de un mill�n doscientos ocho mil trescientos setenta y cinco nuevos pesos (foja 209). Copia certificada de la escritura n�mero ... en la que consta la protocolizaci�n del acta de asamblea general extraordinaria con aportaci�n del inmueble de la inmobiliaria ... en la que aparece, entre otras cosas, que ... transmite el inmueble ubicado en la calle ... antes ... despu�s ... y ahora ... de la colonia ... a inmobiliaria ... y que obtuvo por sucesi�n bienes de ... con superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros (fojas 43 a 57). Demanda de ... representada por ... como administradora general, en contra de ... por la acci�n reivindicatoria respecto de una parte que ocupa del inmueble ubicado en el n�mero ... de la calle ... colonia ... en donde la parte actora se�ala que es la leg�tima propietaria de ese inmueble, en virtud de la aportaci�n que hizo el se�or ... a favor de su representada el trece de noviembre de mil novecientos setenta. Como puede observarse, contrariamente a lo que se estima en la sentencia de amparo en revisi�n, las probanzas antes detalladas, integrantes de la averiguaci�n previa, son aptas y suficientes para tipificar el il�cito de fraude espec�fico (simulaci�n de acto judicial), a que se refiere el art�culo 387, fracci�n X, del C�digo Penal del Distrito Federal, cuyos elementos materiales son: a) que el sujeto activo simulare un contrato, un acto, o escrito judicial y b) que lo haga en perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido. Losanteriores elementos configurativos, en la especie, se actualizaron con la declaraci�n del inculpado ... el que advirti� que en el a�o de mil novecientos sesenta y uno inici� el tr�mite de un juicio sucesorio intestamentario a bienes de ... con base en un acta de defunci�n de �ste, en la que aparece que el mismo falleci� en el a�o de mil novecientos cuarenta y ocho, expedida por el J. del Registro Civil de la D.�n �lvaro O.�n, juicio por medio del cual logr� que se le reconociera como �nico heredero universal, adjudic�ndole el inmueble ubicado en la calle ... n�mero ... ahora ... de la colonia ... con superficie de 1,726.25 metros cuadrados; por otra parte, neg� haber aportado dicho predio a la inmobiliaria ... neg� conocer a ... administrador de dicha sociedad y acept� conocer a ... que fuere delegado de la delegaci�n pol�tica ... el que le ayud� con todo lo relacionado con el predio afecto a la causa y con el juicio intestamentario de referencia, se�alando adem�s que su abogado ... fue el que consigui� el acta de defunci�n de ... en la que aparece que falleci� en el a�o de mil novecientos cuarenta y ocho. Con la diversa acta de defunci�n exhibida por el denunciante ... en la que consta el fallecimiento de ... en el a�o de mil novecientos ochenta, y no en mil novecientos cuarenta y ocho, como lo afirm� el inculpado ... Con la inspecci�n ocular ministerial practicada en el interior del Juzgado Trig�simo Tercero del Registro Civil, lugar en el que se tuvo a la vista el libro de defunciones, apareciendo registrada el acta de defunci�n del veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, correspondiente al finado ... quien falleciera por shock hipovol�mico. El informe del jefe de la Oficina de Afiliaci�n y Vigencia del Departamento de Seguridad Social de la Comisi�n Federal de Electricidad, en el que inform� que el finado ... estuvo inscrito en el r�gimen del Seguro Social por parte de esa comisi�n del treinta de noviembre de mil novecientos setenta y nueve al veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, fecha en que caus� baja por fallecimiento. Informe del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que se�al� que en las microfilminas del once de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve est� registrado el expediente n�mero 384/67, relativo al juicio de intestado a bienes de ... Lo externado por ... referente a que desempe�aba el cargo de administrador de inmobiliaria ... desde mil novecientos ochenta y nueve, cargo que antes ocup� ... que el predio ubicado en calle ... n�mero ... colonia ... fue aportado por ... en su car�cter de heredero universal de la sucesi�n a bienes de ... lo que consta en la escritura notarial n�mero ... del trece de noviembre de mil novecientos setenta. El testimonio de la escritura notarial antes citada, n�mero ... en la que consta el acta de asamblea del trece de noviembre de mil novecientos setenta, en la que aparece que ... aport� a inmobiliaria ... el predio n�mero ... de la calle ... colonia ... convirti�ndose en accionista de la inmobiliaria. Con la demanda del juicio reivindicatorio promovido por ... en septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, en contra del ahora denunciante ... respecto del inmueble relacionado (con base en la aportaci�n de ... a dicha inmobiliaria). Y con las manifestaciones de ... quienes coincidieron al decir que son vecinos colindantes del predio n�mero ... de la calle de ... colonia ... delegaci�n ... predio que siempre fue propiedad de ... padre del ahora ofendido ... quien junto con su familia siempre ha vivido en el mismo y que acudieron al sepelio de ... en el a�o de mil novecientos ochenta. Todo ello permite concluir, tal como lo hizo la S. responsable, ahora recurrente, que presuntivamente ... logr� un beneficio indebido al obtener la adjudicaci�n a su favor del inmueble en cuesti�n, como resultado del acto jur�dico que simul� ante la autoridad judicial civil que tramit� el juicio intestamentario a bienes de ... con base en un acta de defunci�n a nombre de ... del a�o de mil novecientos cuarenta y ocho, fecha de fallecimiento que est� contradicha y desvirtuada con el acta de defunci�n de ... de veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, fallecimiento que se corrobor� con todas y cada una de las pruebas antes especificadas, de las que se obtiene que ... false� los hechos en el juicio intestamentario aludido para obtener ileg�timamente el inmueble relacionado, utilizando para ello un acta de defunci�n expedida por el J. del Registro Civil de la D.�n �lvaro O.�n, siendo ayudado en todo lo relacionado con el predio citado y con el juicio de intestado por el delegado pol�tico de esa delegaci�n ... (el que tambi�n fung�a como socio de inmobiliaria ... junto con ...); asimismo, la declaraci�n de ... est� contradicha con las probanzas antes precisadas, pues �ste neg� conocer a ... y a ... los que eran administradores de inmobiliaria ... que tampoco aport� el inmueble relacionado a dicha inmobiliaria y que su t�o ... se encarg� del juicio intestamentario y de todo lo relacionado con el terreno citado. As� las cosas, es evidente la simulaci�n dolosa de actos jur�dicos con el prop�sito alcanzado de la obtenci�n indebida del inmueble afecto a la causa, por parte de ... sin que sea v�lida la consideraci�n que se hizo en la sentencia de amparo en revisi�n referente a que como no hay bilateralidad en el juicio sucesorio no existe simulaci�n de actos jur�dicos, pues en �stos s�lo se da entre dos partes. Sobre el particular, es pertinente anotar que para la configuraci�n del tipo penal de fraude espec�fico por simulaci�n del acto jur�dico, de acuerdo con la literalidad de la fracci�n X del art�culo 387 del C�digo Penal del Distrito Federal, no se requiere la bilateralidad de partes de que se habla, puesto que la hip�tesis normativa dice: ?Al que simulare un contrato, un acto jur�dico o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.?, es decir, que de dicho texto no se obtiene la dualidad de partes, pues se�ala ?al que simulare? no ?a los que simularen de com�n acuerdo?. Lo anterior tiene una l�gica y jur�dica explicaci�n, toda vez que hay juicios, como el intestamentario en cuesti�n, en los que al no surgir otros herederos opositores (ausencia provocada por la conducta dolosa del que demanda el juicio sucesorio ...), l�gicamente �ste fue el �nico participante en el citado juicio sucesorio, de ah� que la simulaci�n que realiz� de actos jur�dicos le result� eficaz para inducir a la autoridad judicial civil de la D.�n �lvaro O.�n, a declararlo heredero universal, con la consiguiente adjudicaci�n del inmueble relacionado y el perjuicio patrimonial del ahora denunciante ... y, en consecuencia, esa simulaci�n de actos jur�dicos ejecutados por ... en contubernio con los representantes de la inmobiliaria ... y el entonces delegado pol�tico de ... es sin lugar a dudas integradora del tipo penal examinado. Por otra parte, habr� juicios en los que ambas partes contendientes (actor y demandado), previo acuerdo simulen actos jur�dicos o contratos cada uno por su cuenta, de acuerdo al papel que desempe�en en el juicio, induciendo a la autoridad judicial respectiva a resolver conforme a los fines dolosos perseguidos por ambos litigantes, con perjuicio de un tercero; simulaci�n de actos jur�dicos que tambi�n integrar� el tipo penal en cuesti�n con la �nica diferencia de que aqu� ser�n dos autores materiales de la conducta t�pica dolosa. Tambi�n es necesario apuntar que en nada afecta para la configuraci�n del tipo penal el hecho de que el art�culo 2180 del C�digo Civil establezca que es un acto simulado aquel ?en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas?, ya que del anterior contexto se entiende que cualquiera de las partes (actor o demandado) incurrir�n en acto simulado al declarar o confesar falsamente lo que en realidad no ha pasado, es decir, tampoco este art�culo exige, para que se integre simulaci�n de actos jur�dicos, la bilateralidad de que habla el J. de amparo, pues debe quedar bien claro que el acto jur�dico lo puede simular cualquiera de las partes, cada una por su cuenta y riesgo, o en com�n acuerdo, con el fin de hacerse indebidamente de una cosa en perjuicio de otro, puesto que en ambos supuestos inducir�n a la autoridad judicial de que se trata a darles validez jur�dica a esos actos simulados; validez que ser� dudosa o irreal en caso de que el afectado descubra esa conducta dolosa antijur�dica y denuncie la misma, como aconteci� en la especie, siendo inaplicables las tesis que cit� el J. de Distrito, porque se refieren a situaciones jur�dicas diversas de las que se plantearon en el acto reclamado del presente juicio de amparo. En tal virtud, siendo fundados los agravios de los recurrentes, procede revocar la sentencia de amparo que se revisa y en su lugar negarle al quejoso ... el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicit�." (fojas 510 a 533 �dem).

Lo resuelto en la sentencia ejecutoria rese�ada precedentemente motiv� la integraci�n del siguiente criterio:

"Novena �poca

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: V, enero de 1997

"Tesis: I.3o.P.12 P

"P�gina: 474

"FRAUDE POR SIMULACI�N. Para la integraci�n del tipo penal de fraude espec�fico previsto en la fracci�n X del art�culo 387 del C�digo Penal para el Distrito Federal, por simulaci�n de un acto jur�dico, no se requiere la bilateralidad para su actualizaci�n, como lo asevera el J. de amparo, toda vez que la hip�tesis normativa a la letra dice: ?Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido?; de suerte que la simulaci�n, para los efectos penales, consiste en la utilizaci�n de un documento jur�dico, en cuyo contenido consten elementos que parezcan reales, no si�ndolo, para con �l generar actuaciones judiciales en perjuicio de otro, lo cual evidentemente puede hacer una sola persona.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

"A. en revisi�n 15/96. 17 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: M.M.C.. Secretario: S.F.R.�guez H.�ndez."

QUINTO

Previamente al estudio de la cuesti�n planteada, debe decirse que al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha considerado que dichos preceptos regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma situaci�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia y que por "tesis" debe entenderse la posici�n que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el car�cter de propias, adopta el juzgador en la soluci�n de un negocio jur�dico.

De igual modo, el propio tribunal ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar cu�l tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicci�n, debe existir, cuando menos formalmente, oposici�n de criterios jur�dicos respecto de una misma situaci�n jur�dica controvertida; asimismo, para que se surta la procedencia de la contradicci�n, la oposici�n debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen la tesis sustentada por los �rganos jurisdiccionales.

Finalmente, la determinaci�n que se adopte al resolver la contradicci�n debe precisar el criterio que en el futuro deber� prevalecer con el car�cter de jurisprudencia sin afectar las situaciones jur�dicas concretas resultantes de las sentencias opuestas. De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la contradicci�n de tesis se requiere la concurrencia de los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas.

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Ahora bien, del an�lisis comparativo de las transcripciones contenidas en los considerandos tercero y cuarto de esta resoluci�n se advierte que no existe contradicci�n de tesis, por las razones que se pasan a exponer.

    A efecto de lograr una mejor comprensi�n del problema planteado, precisa establecer conceptualmente en qu� casos nos encontramos ante un contrato, acto o escrito judicial simulados; y, para ello, es menester atender a las referencias legales y doctrinarias que servir�n para alcanzar los fines que se pretenden destacar en este apartado.

    En principio, precisa determinar que los dispositivos 404, fracci�n IX, del C�digo de Defensa Social del Estado de P. y 387, fracci�n X, del C�digo Penal para el Distrito y Territorios Federales, que prev�n la conducta antijur�dica relativa al injusto de fraude espec�fico por simulaci�n, sobre las que versan los criterios a estudio, guardan identidad por cuanto a la figura t�pica a estudio se refiere, a saber: "Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido."

    La fracci�n a estudio contiene dos tipos delictuosos: la simulaci�n de un contrato y la simulaci�n de un acto o escrito judicial, de los que nos ocuparemos por separado.

    Como los c�digos sustantivos aplicables no nos proporcionan un concepto de la simulaci�n, deviene necesario recurrir a la legislaci�n civil para obtenerlo. El C�digo Civil Federal, al ocuparse de los efectos de las obligaciones en relaci�n con el tercero dispone que: "Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas." (art�culo 2180) y agrega que los actos simulados son nulos (art�culos 2182, 2183 y 2184).

    As�, se tiene que lo m�s caracter�stico en el contrato simulado es la divergencia intencional entre voluntad y declaraci�n. Lo interno, lo querido, lo externo y lo declarado est�n en oposici�n consciente.

    En efecto, con la celebraci�n del contrato simulado las partes no pretenden contraer derechos y obligaciones, sino que quieren solamente hacerlo parecer y, por eso, emiten una declaraci�n disconforme con su voluntad que predetermina la nulidad del acto jur�dico y, al mismo tiempo, sirve para provocar una ilusi�n falaz de su existencia. Los que simulan pretenden que a los ojos de los terceros aparezca formada una relaci�n que en realidad no debe existir, pero de la cual se quiere mostrar una exterioridad enga�adora mediante una declaraci�n que carece de contenido volitivo. Se trata, pues, de una declaraci�n ef�mera, vac�a, ficticia, que no representa una voluntad real y es, por lo mismo, nula, destinada �nicamente a deslumbrar al p�blico.

    Por otra parte, es pertinente anotar aqu� que el fin principal que las partes se proponen al realizar un acto simulado es el de producir una disminuci�n ficticia del patrimonio o un aumento aparente del pasivo para de este modo frustrar la garant�a de los acreedores e impedir su satisfacci�n, es decir, esta conducta es el medio al que acuden los sujetos activos del acto criminoso con el fin de que los deudores aparezcan insolventes en apariencia y escapar al cumplimiento de sus obligaciones.

    A la falsa manifestaci�n de voluntad que, por s� sola, constituye la simulaci�n civil, los c�digos punitivos agregan un elemento que, al a�adirse al tipo, lo saca del terreno de las meras deudas civiles. En efecto, los que simulan un contrato deben actuar "con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido". Debemos entender que tanto ese perjuicio como el mencionado beneficio son de �ndole patrimonial, pues el tipo a estudio se encuentra ubicado en el t�tulo que enumera los delitos cometidos en contra del patrimonio; y la tutela penal se otorga a todos aquellos que son terceros en relaci�n con el contrato simulado y no a las partes que lo celebraron. El actuar "con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido" es, pues, indispensable para que se tipifique como delictuosa la simulaci�n. Las consecuencias patrimoniales, obviamente, deben estar unidas causalmente con la conducta de los simuladores.

    Tambi�n debe destacarse que no pasa por desapercibido que el delito se consuma tan pronto como los simuladores celebran el contrato "para obtener" cualquier beneficio indebido, no es necesario que real y efectivamente lo obtengan o causen perjuicio al patrimonio de un tercero. No obstante, en la pr�ctica casi siempre se producir� el perjuicio, pues el patrimonio del acreedor resulta da�ado instant�neamente tan pronto como su deudor, mediante un contrato simulado, enajena los bienes sobre los cuales pod�a cobrar su cr�dito, o bien, incrementa su pasivo diluyendo entre un mayor n�mero de acreedores la garant�a de pago que representa su patrimonio. Mas a�n, para la consumaci�n del delito ni siquiera es necesario que los pasivos se enteren de que se ha celebrado el il�cito contrato. A mayor abundamiento, la v�ctima de la simulaci�n no realiza acto de disposici�n patrimonial alguno, pues no es parte en el contrato simulado.

    Por otra parte, es menester tambi�n que quede perfectamente establecido, que de acuerdo a las normas de interpretaci�n gramatical, sistem�tica y teleol�gica, se arriba al conocimiento pleno de que para los efectos de la disposici�n que se analiza, un pagar� en s� mismo, una letra de cambio, un recibo de pago o cualquier otro documento no constituyen propiamente un acto judicial, pues para ser considerado as� es menester que se haga valer el derecho literal que consigna ante la autoridad judicial. De manera que si en un documento privado se hace referencia a que se simul� un recibo o cualquier otro documento y en �l se dice que se realiz� el pago cubriendo el adeudo que dio origen a la acci�n ejercitada por la parte actora en el juicio natural, tal proceder, aunque un�voco, por cuanto revela la intenci�n de los que en �l intervinieron de causar un perjuicio a tercero u obtener un lucro indebido, no constituye un acto judicial para los efectos citados, pues aqu�l es el que las partes realizan con intervenci�n de la autoridad judicial en la jurisdicci�n voluntaria o contenciosa.

    Asimismo, por escrito judicial debemos entender que es todo documento que se dirige a los tribunales y que contiene un pedimento, declaraci�n o alegato, relacionados con el proceso y para que surta sus efectos en �l; en suma, es un medio de comunicaci�n de los litigantes con el J. o tribunal constituido por documentos en los cuales las partes consignan sus proposiciones de hecho o de derecho y solicitan lo que consideran correspondiente a sus pretensiones.

    Luego, si tal como se observa de los conceptos analizados la figura t�pica a estudio contempla formas diversas de comisi�n, ya mediante un contrato, ya por simular un acto judicial, o bien, mediante un escrito judicial, indiscutiblemente debe considerarse que en funci�n de la naturaleza de los diferentes medios empleados para ejecutar el il�cito, debe realizarse el estudio desde la especial perspectiva que dichos medios comisivos exigen, por lo que los medios empleados para actualizar el elemento "simulaci�n" hacen que el tratamiento respecto de la justificaci�n de la figura tambi�n sea atendiendo a la forma como se lleg� a simular el acto de que se trate.

    En efecto, por disposici�n expresa de los preceptos relativos, la simulaci�n ha de realizarse a trav�s de alguno de los medios comisivos establecidos categ�ricamente por dicha figura t�pica con la frase "Al quesimulare un contrato, un acto o escrito judicial", de lo que se infiere que el injusto en comentario puede cometerse por cualquiera de aquellos elementos de comisi�n, empero, de ning�n modo es dable concluir que �stos pueden justificarse de manera indistinta, ya que son supuestos jur�dicos diferentes convergiendo �nica y exclusivamente por cuanto hace a la acci�n de simular.

    Bajo el anterior contexto, resulta inconcuso que, respecto del criterio sustentado por el denunciante Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 180/2001, promovido por ... derivado del juicio de amparo indirecto n�mero 91/2001 y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisi�n n�mero 15/96, promovido por ... es inexistente la contradicci�n de tesis denunciada.

    En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 180/2001, promovido por ... esencialmente sostuvo que los elementos del cuerpo del delito de fraude por simulaci�n de actos o escritos judiciales en perjuicio de otro no se justificaron con los medios convictivos recabados en el sumario, cuenta habida que la acci�n realizada por el inodado se constri�� a comparecer en el juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra por los endosatarios en procuraci�n de ... exhibiendo un documento (privado) firmado por la actora en dicho juicio, en el que se le ten�a por pagada tanto de la suerte principal como de los intereses moratorios, documento del que pericialmente se supo era falso; de ah� que, consider� el tribunal denunciante, la conducta del inculpado que se se�ala como simulada no puede ser considerada como tal, toda vez que "el hecho de que el aqu� quejoso haya ocurrido ante la justicia con la pretensi�n de que se reconociera que la cantidad adeudada a la parte actora del juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra, ya hab�a sido cubierta, mostrando para ello un recibo signado por la actora ... no entra�a en s� un enga�o o aprovechamiento del error en que �sta se encuentre al haber resultado, al parecer, falso dicho documento, pues tuvo a su alcance todos los medios y defensas que establece la ley para oponerlos al demandado; o bien, visto desde otra �ptica jur�dica, su conducta no implica un enga�o al J. conocedor del juicio promovido en su contra, ya que el funcionario judicial act�a de acuerdo con los preceptos que rigen el procedimiento, por lo que no se estructura la simulatio litis, en virtud de que el demandado en el juicio no act�a de acuerdo con el J., quien por su calidad de funcionario judicial es un tercero extra�o a toda simulaci�n litigiosa". Adem�s, la simulatio litis es un delito que s�lo cometen los particulares, pues los Jueces que act�en de com�n acuerdo con una de las partes cometer�n no el delito de fraude por simulaci�n, sino los diversos delitos existentes en la administraci�n de la justicia. La doctrina ha sostenido que no puede darse una simulaci�n procesal unilateral en la que una de las partes fuera el delincuente simulador y la otra fuera la v�ctima de la simulaci�n. En consecuencia, no tipifica simulaci�n, por ejemplo, el demandar el pago de un cr�dito que ya fuese pagado; el hecho de que el demandado en un juicio ejecutivo mercantil se�ale para su embargo bienes que no son de su propiedad; el hecho de que el actor funde su acci�n en un documento falso o il�citamente obtenido; o, como en el caso en estudio, que el demandado presente un documento, al parecer, falso con el fin de que se le tenga por pagado de la suerte principal e intereses moratorios por los cuales fue demandado, pues en todos los casos citados a efecto de entender la figura delictiva en estudio la supuesta v�ctima es parte en el juicio y, como tal, puede oponer todas las excepciones que estime procedentes, ofrecer pruebas y alegar en defensa de su derecho.

    De lo anterior se obtiene que el tribunal denunciante sostiene en la ejecutoria de referencia que:

  4. Cuando la v�ctima sea parte en el juicio en el que se aporta el escrito judicial simulado no se tipifica el fraude por simulaci�n, en la medida de que en su car�cter de parte est� en posibilidad de oponer las excepciones, ofrecer pruebas y alegar en su defensa, con el fin de acreditar que, en su caso, el escrito adolece de veracidad; y,

  5. No puede darse una simulaci�n procesal unilateral.

    Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al emitir la ejecutoria en el amparo en revisi�n n�mero RP. 15/96, promovido por ... sostuvo, fundamentalmente, que en relaci�n con los hechos atribuidos al inculpado de m�rito, respecto a que presuntivamente logr� un beneficio indebido al obtener la adjudicaci�n a su favor de un inmueble como resultado del acto jur�dico que simul� ante la autoridad judicial civil que tramit� el juicio intestamentario a bienes de ... con base en un acta de defunci�n falsa a nombre de ... del a�o de mil novecientos cuarenta y ocho, y mediante la simulaci�n dolosa de actos jur�dicos alcanz� el prop�sito buscado al obtener de manera indebida el inmueble afecto a la causa; sin que para lo anterior se requiriera del elemento "bilateralidad" en el juicio sucesorio, en donde no existe simulaci�n de actos jur�dicos, pues en �stos s�lo se da entre dos partes, ya que para la configuraci�n del tipo penal de fraude espec�fico por simulaci�n del acto jur�dico, de acuerdo con la literalidad de la fracci�n X del art�culo 387 del C�digo Penal del Distrito Federal, no se requiere la bilateralidad de partes de que se habla, puesto que la hip�tesis normativa dice: "Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.", es decir, que de dicho texto no se obtiene la dualidad de partes, pues se�ala "al que simulare" no "a los que simularen de com�n acuerdo".

    De lo anterior se infiere que:

  6. Los hechos atribuidos como delictivos derivan de la tramitaci�n de un juicio sucesorio intestamentario en el que se emplearon supuestas actitudes falaces por parte del sujeto activo del delito al aportar al juicio una documental ap�crifa, consistente en un acta de defunci�n falsa con el fin de lograr el objetivo doloso perseguido, que se tradujo en la obtenci�n en el juicio de la declaratoria de heredero universal del inmueble motivo del litigio, causando el da�o patrimonial consabido en perjuicio de otro; y,

  7. Que no se requiere la dualidad de las partes para la configuraci�n del delito de fraude por simulaci�n, en virtud de que no es un requisito exigido por la norma.

    Ahora bien, de la simple confronta de los criterios detallados precedentemente se advierte que aun cuando los tribunales contendientes al emitir las ejecutorias ya transcritas abordan t�picos similares, por cuanto a que el primero de los mencionados sostiene que para que se integre la figura t�pica de que se trata es necesario que concurra el elemento bilateralidad en las partes, y el segundo establezca que no es necesaria la participaci�n de dos personas o m�s para su actualizaci�n, bastando para ello con que se justifique la unilateralidad en el actuar delictivo, ello de ning�n modo permite arribar al convencimiento de la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada.

    As� es, la pretendida contradicci�n de tesis deviene inexistente en la medida de que al resolver los asuntos referidos ambos tribunales abordaron cuestiones jur�dicas si bien en apariencia similares, su estudio y an�lisis provienen de elementos diferentes, circunstancias que impiden considerar que se trate de criterios que examinen t�picos esencialmente iguales. Lo anterior es as� porque, tal como ya se estableci� con antelaci�n, la hip�tesis legal que prev� el delito de fraude espec�fico por simulaci�n plantea la posibilidad de que �ste se ejecute por diversos medios de comisi�n, como lo es el simular un contrato, un acto judicial, o bien, mediante un escrito judicial.

    Por tanto, si el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisi�n n�mero 180/2001, promovido por ... relativo al juicio de amparo indirecto n�mero 91/2001, concluy� que se requer�a del concurso de dos o m�s personas para la actualizaci�n del delito, es decir, la bilateralidad de las partes en el escrito judicial simulado, que se hizo consistir en la exhibici�n en un juicio de un documento en el que se acreditaba ya haber cubierto el adeudo motivo del procedimiento civil de origen, es distinto al medio de comisi�n del injusto a que se refiere el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisi�n 15/96, promovido por ... pues en este �ltimo se parte de la premisa de que la conducta motivo de reproche se despleg� mediante la tramitaci�n de un juicio sucesorio intestamentario, obteniendo un beneficio indebido en perjuicio de otro, de lo que se sigue que por tratarse de cuestiones examinadas desde diferentes planos como lo son los medios de perpetraci�n del delito, evidentemente por su naturaleza distinta, su tratamiento y estudio es diferente.

    En consecuencia, al no surtirse en el caso la hip�tesis a que se contrae el art�culo 197-A de la Ley de A., por no haber sustentado los Tribunales Colegiados de Circuito criterios divergentes en los asuntos antes detallados acerca de cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, no se configura la contradicci�n de tesis denunciada.

SEXTO

En cambio, respecto de los juicios de amparo en revisi�n n�meros 445/2001, 14/2002, 371/2002, 364/2002 y 363/2002, promovidos, respectivamente, por ... ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, s� se examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adoptaron criterios jur�dicos discrepantes con el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisi�n 15/96, promovido por ... y dado que en esencia los asuntos detallados en primer t�rmino versan sobre el mismo tema deviene ocioso transcribir cada uno de ellos, por lo que s�lo se proceder� a transcribir la parte medular del primero de los mencionados.

As�, se tiene que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 445/2001, promovido por ... y otros, determin� lo siguiente:

"SEXTO. Son inoperantes por una parte e infundados por otra los agravios que expresa la autoridad inconforme, sin que en la especie se surta alguna de las hip�tesis de suplencia de la queja a que se refiere el art�culo 76 bis de la Ley de A., en virtud de que es la autoridad responsable quien recurre la resoluci�n que se revisa. En principio, conviene establecer que resulta inoperante el argumento que esgrime la autoridad recurrente en el sentido de que la J. Tercero de Distrito viol� con su actuaci�n el art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, porque de conformidad con los diversos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistem�tica, el �nico medio de defensa para reclamar las contravenciones a las garant�as individuales ante los tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federaci�n, en los t�rminos del art�culo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si se interpone el recurso de revisi�n en contra de la sentencia emitida en el juicio de garant�as de que se trata y se hace valer como agravio la contravenci�n a los derechos p�blicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si as� lo hiciere, con ese proceder desnaturalizar�a la v�a correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es s�lo el juicio de amparo; de otra suerte, se ejercitar�a un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que ser�a un contrasentido. En otro orden de ideas, el recurso de revisi�n es un instrumento t�cnico a trav�s del cual el legislador tiende a asegurar un �ptimo ejercicio de la funci�n judicial, no es un medio aut�nomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restituci�n del goce de las garant�as individuales violadas (como en el juicio de garant�as), sino s�lo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad �nicamente es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo. Es decir, con el recurso de revisi�n no se persigue la declaraci�n de nulidad de la resoluci�n materia del mismo como s� sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisi�n el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem s�lo debe examinar si el J. de Distrito hizo o no un adecuado an�lisis de la constitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los agravios relacionados con la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violaci�n e informes justificados), en relaci�n con las pruebas ofrecidas por las mismas y, en esas condiciones, resultar�a intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisi�n el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resoluci�n, en virtud de que en este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones, no conducir�an al ad quem a modificar o revocar dicha resoluci�n, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo. Por otra parte, el a quo al actuar como �rgano de control constitucional no puede violar las garant�as individuales, pues precisamente su funci�n consiste en analizar si la autoridad responsable viol� o no las citadas garant�as del quejoso al emitir el acto reclamado, y las determinaciones del J. de Distrito, de ser equ�vocas, s�lo podr�n ser violatorias de las normas rectoras del juicio de amparo, pero no vulnerar garant�as. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 35 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en las p�ginas 28 y 29 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Novena �poca, T.V., Primera Parte, Materia Com�n, enero de 1997, cuyo rubro es el siguiente: ?AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANT�AS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.? (se transcribe). Asimismo, deviene tambi�n inoperante la alegaci�n del J. revisionista cuando manifiesta que en la resoluci�n recurrida se violan los numerales 404, fracci�n IX, del C�digo de Defensa Social y 108 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social, ambos para el Estado de P.. Esto es as�, porque no es jur�dico afirmar que el juzgador federal infrinja preceptos del orden com�n, pues su actuaci�n al resolver el juicio constitucional se rige por la Ley de A., a la cual debe ce�ir su proceder, as� como a lo dispuesto por el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, como norma supletoria en t�rminos del art�culo 2o. de la ley de la materia; por tanto, las violaciones en que podr�a incurrir ser�an respecto de los dos ordenamientos legales �ltimamente citados, pero no de leyes del orden com�n. Resulta aplicable al caso la tesis aislada 176, sustentada por este Tribunal Colegiado en Materia Penal, aprobada en sesi�n plenaria de fecha tres de septiembre del a�o dos mil uno, que es del tenor literal siguiente: ?AGRAVIOS INOPERANTES, LO SON CUANDO SE IMPUTA AL JUEZ DE DISTRITO VIOLACI�N DE DISPOSICIONES DEL ORDEN COM�N.? (se transcribe). Al margen de lo expuesto y previo el an�lisis de los agravios que hace valer la autoridad recurrente, es menester establecer que es correcto el fallo que se revisa, ya que la a quo act�a acertadamente al establecer en el considerando quinto que para tener por acreditado el delito de fraude por simulaci�n de un acto o escrito judicial, previsto en la fracci�n IX del art�culo 404 del C�digo de Defensa Social para el Estado de P., es requisito indispensable que exista una bilateralidad en cuanto a la realizaci�n del acto simulado, por lo que necesariamente debe justificarse que entre los activos, en el caso concreto trabajadores y patrones, medi� un concierto previo para llevar a cabo la conducta il�cita que arroje como resultado un perjuicio a otra persona o la obtenci�n de cualquier beneficio indebido. Es igualmente correcto que se hubiese invocado como sustento del fallo sujeto a revisi�n el contenido del criterio aislado n�mero 144, emitido por este cuerpo colegiado, visible en la p�gina 1322, T.X., septiembre de 2001 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, con el rubro y texto siguientes: ?FRAUDE POR SIMULACI�N, DELITO DE. PARA QUE SE CONFIGURE ES INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN LA CREACI�N DEL ACTO SIMULADO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA).? (se transcribe). Tambi�n, es legal que la a quo afirme que las pruebas que obran en el sumario carecen de eficacia probatoria para demostrar que entre los actores en el juicio laboral ... y la parte demandada en dicha instancia constituida por ... existi� un acuerdo previo para la tramitaci�n de la providencia de embargo, pues al efecto es insuficiente la afirmaci�n formulada por el representante legal de la persona moral que se dice afectada en el sentido de que se constituy� en el domicilio de los referidos demandados el uno de mayo del a�o dos mil, a fin de hacerles una propuesta de pago del adeudo que ten�an con el banco, y que al respecto ... les manifest� que no ten�a nada que negociar, ya que despu�s de platicar con su abogada ... hab�an llegado a la conclusi�n de que su �nica alternativa era promover un juicio laboral para poder salvar algunas de sus propiedades pues, de lo contrario, el banco se quedar�a con todo. Ello es as� pues, como lo expone la J. de amparo, el citado quejoso �nicamente aludi� de manera general que promover�a dicho juicio, pero en ning�n momento especific� que hab�a promovido la providencia precautoria de embargo 14/2000 y el juicio laboral n�mero D-1/12/2000 de la Junta Especial N�mero Uno de las que integran la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, con la finalidad de causarle un perjuicio al banco agraviado, sin que tampoco se advierta que aceptara haber promovido dicho juicio, previo acuerdo con los actores de la relaci�n laboral, sobre todo que la coinculpada ... no manifest� nada al respecto. En otro orden de ideas, es igualmente cierto, como lo manifiesta la J. de Distrito, que lo declarado por los testigos de cargo ... al utilizar id�nticos t�rminos a lo largo de su deposici�n, engendra una sospecha fundada en el sentido de que se estuvo en presencia de testigos preparados, sin que obste al respecto que de conformidad con la fracci�n VI del art�culo 201 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de P., los testigos deber�n ser uniformes, conviniendo no s�lo en la sustancia, sino en los accidentes del hecho que refieran; ya que en la especie, como lo manifiesta y resalta la resolutora federal, quien incluso transcribi� los apartados relativos que sustentan su afirmaci�n, los atestes al utilizar t�rminos id�nticos engendran la sospecha en cuanto a su preparaci�n. No sobra decir al respecto que tambi�n es aplicable al criterio invocado por la referida juzgadora la tesis aislada sustentada por la anterior Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 44 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen LX, Segunda Parte, Sexta �poca, que a la letra dice: ?TESTIGOS SOSPECHOSOS.? (se transcribe.). A mayor abundamiento, es importante establecer que am�n de la utilizaci�n por parte de los testigos de cargo de id�nticos t�rminos en su declaraci�n ministerial, tambi�n se advierte que son trabajadores de la persona moral afectada y, adem�s, resulta inveros�milque hubiesen acompa�ado a ... representante legal de la instituci�n bancaria ofendida, al domicilio de los deudores ... precisamente el uno de mayo del a�o dos mil, ya que es un hecho notorio que dicha fecha corresponde a un d�a inh�bil, sin que sobre manifestar que el propio querellante y apoderado legal del banco agraviado no mencion� que el uno de mayo en menci�n hubiese sido acompa�ado de los atestes ya precisados cuando se constituy� en el domicilio de los deudores, sino que en ese apartado �nicamente estableci� que fue acompa�ado de dos personas. Luego entonces, es evidente que lo anterior, aunado al hecho de que los testigos de cargo utilizaron t�rminos id�nticos al rendir su declaraci�n ministerial, permite afirmar que efectivamente se estuvo en presencia de testigos sospechosos que fueron aleccionados para rendir su declaraci�n, m�xime que declararon casi tres meses despu�s de que dijeron haber presenciado la entrevista sostenida entre el representante legal del banco ofendido y los inculpados ... y a pesar del tiempo transcurrido narraron los acontecimientos de manera similar. Es aplicable al respecto, la tesis jurisprudencial n�mero 283, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la p�gina 69, tomo 78, junio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, misma que se comparte, y a la letra dice: ?TESTIGOS. DECLARACIONES DE LOS. RENDIDAS SOBRE HECHOS REMOTOS.? (se transcribe). En otro orden de ideas, tambi�n es correcto el criterio de la a quo, en el sentido de que del oficio suscrito por el jefe delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, del que se desprende que ... con n�mero de seguridad social ... fue dado de baja de esa instituci�n el cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, por parte del Ayuntamiento de esta ciudad, no se obtiene ninguna ?presunci�n de simulaci�n? como lo pretende el J. de la causa, ya que con dicho documento �nicamente se acredita la fecha en la que el quejoso en menci�n fue dado de baja, sin que ello signifique que con anterioridad a ese d�a trabajara para el referido cabildo y, mucho menos, que �ste coincidiera con el trabajo que menciona en su demanda laboral. A mayor abundamiento, no pasa desapercibido para este cuerpo colegiado que de conformidad con lo establecido por el art�culo 192 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de P., el que afirma est� obligado a probar y, en el caso concreto, pes� a cargo del Ministerio P�blico demostrar tanto la existencia del delito como la probable responsabilidad de los indiciados, por lo que necesariamente debi� acreditar la fecha en que ... entr� a laborar al Ayuntamiento de esta ciudad, su horario de trabajo, las labores que desempe�aba, salario devengado y, en general la informaci�n relativa para poder afirmar que el citado trabajador minti� acerca de los hechos expuestos en su demanda laboral. Todav�a m�s, para justificar los aspectos anteriormente precisados, la autoridad investigadora estuvo en libertad de girar los oficios relativos al Ayuntamiento de esta capital, a fin de allegarse esa informaci�n y, hecho lo anterior, entonces s�, se podr�a afirmar que el quejoso ... minti� en cuanto a la relaci�n laboral que afirma existe entre �l y ... al desempe�arse como veterinario en el rancho ... pero al no haber llevado a cabo lo anterior, es incuestionable que el oficio que se analiza, por s� mismo, es insuficiente para concluir en los t�rminos que lo hace el J. de la causa. Por otra parte, deviene igualmente correcto el argumento de la J. Federal en el sentido de que los oficios suscritos por el jefe delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social arrojen informaci�n en el sentido de que ... no ten�a reporte alguno, y que lo anterior de ninguna manera acredita que la relaci�n laboral que asever� que exist�a entre �l y los inculpados ... fuese simulada o inexistente pues, como lo establece, no era necesario que �stos lo dieran de alta ante el referido instituto, ya que el servicio m�dico lo pod�a recibir a trav�s de otras instituciones, adem�s de que lo anterior no demuestra la simulaci�n que se viene citando. Por �ltimo, es acertado lo esgrimido por la resolutora de amparo en cuanto a que afirma que en el caso concreto tampoco se justific� el perjuicio patrimonial causado al banco que se dice afectado, en virtud de que la tramitaci�n de la providencia precautoria de embargo en materia laboral no impide la adjudicaci�n de un bien inmueble, como indebidamente lo sostiene el J. de la causa, ya que �nicamente el dictado de un laudo firme en el que se condenara al patr�n al pago de las prestaciones reclamadas era eficaz para tal efecto; el cual, necesariamente la Junta deber�a hacer del conocimiento del J. de lo Civil para que dicha autoridad tomara en cuenta la preferencia de los derechos de los trabajadores al aplicar el producto de los bienes, atento lo dispuesto por el art�culo 981 de la Ley Federal del Trabajo, que en su primer p�rrafo dice: ?Art�culo 981. Cuando en los juicios seguidos ante la Junta se haya dictado laudo por cantidad l�quida o se haya efectuado la liquidaci�n correspondiente, la Junta lo har� saber a la autoridad judicial o administrativa que haya sido prevenida, en los t�rminos del art�culo anterior, remiti�ndole copia certificada del laudo, a fin de que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados.?. Por ello, es igualmente acertado que se invocara la tesis aislada emitida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la p�gina 555, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, bajo el rubro y tenor literal siguientes: ?PREFERENCIA DE CR�DITOS LABORALES. PROCEDIMIENTOS PARA HACERLA VALER, TRAT�NDOSE DE CR�DITOS EXIGIBLES EN EJECUCI�N DE LAUDOS Y DE CR�DITOS DERIVADOS DE RECLAMACIONES LABORALES CONTENIDAS EN UNA DEMANDA.? (se transcribe). Como agravios el J. Octavo de Defensa Social de esta capital manifiesta, en esencia, los siguientes argumentos: A. Que sostiene su resoluci�n dictada el once de junio del a�o dos mil uno, mediante la cual libra la orden de aprehensi�n en contra de los quejosos ... como probables responsables en la comisi�n del delito de fraude por simulaci�n, previsto y sancionado por los art�culos 403, fracci�n III y 404, fracci�n IX, del C�digo de Defensa Social para el Estado de P., cometido en agravio de ... ya que al respecto fueron satisfechas las exigencias de lo dispuesto por el art�culo 16 constitucional. B. Que no le asiste la raz�n a la autoridad federal en el sentido de que en la causa no se demuestra el acto de bilateralidad de los inculpados ... con los coindiciados ... ya que, contrario a lo expuesto por la autoridad federal, en la indagatoria s� se encuentra demostrado que los inculpados realizaron entre s� un acto de simulaci�n, en el que figuran los dos primeros como supuestos trabajadores de ... y que hicieron consistir en que los citados ... presentaron una demanda laboral ante la Junta Especial N�mero Uno de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje de esta ciudad, correspondi�ndole el n�mero D-1/12/2000, en contra de los patrones ... y de quien resultara ser propietario del rancho ... demanda que fue radicada el catorce de febrero del a�o dos mil, y en la que reclamaron diversas prestaciones laborales, siendo este acto el constitutivo de una simulaci�n en perjuicio de la persona moral agraviada denominada ... C. Que habi�ndose radicado la demanda en cita con el n�mero D-1/12/2000, de la Junta Especial N�mero Uno de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, los quejosos promovieron providencia precautoria de embargo n�mero 14/2000, y en el juicio laboral n�mero D-1/12/2000, de la Junta Especial de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado, para causar un perjuicio al banco agraviado, ya que ello impidi� que se ejecutara el remate de dicho bien dentro del expediente n�mero 743/93, del juicio ejecutivo mercantil radicado ante el Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad, procedimiento en el que fungen como parte demandada ... y en su calidad de parte actora la instituci�n denominada ... D. Que la anterior situaci�n hace evidente la relaci�n de bilateralidad existente entre los quejosos. E. Que respecto al criterio con el rubro: ?FRAUDE POR SIMULACI�N, DELITO DE. PARA QUE SE CONFIGURE ES INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN LA CREACI�N DEL ACTO SIMULADO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA).?, invocado por el J. Federal, debe decirse que dicha ?ejecutoria? no resulta aplicable al caso concreto, que se traduce en acreditar los elementos que constituyen el il�cito de fraude por simulaci�n, porque son totalmente diferentes los hechos y medios de prueba en que se apoy� para tenerlo por demostrado, y el aplicar tal ?ejecutoria? se har�a por analog�a, lo cual es contrario a derecho. F. Que no le asiste la raz�n l�gica y jur�dica a la J. de amparo al sostener que las pruebas que obran en el sumario carecen de eficacia probatoria para demostrar que entre los actores del juicio laboral y la parte demandada hubo un acuerdo previo para la tramitaci�n de la providencia precautoria de embargo, ya que es evidente que desde el momento mismo de la interposici�n de la demanda de juicio laboral y de la propia providencia, detuvieron la adjudicaci�n decretada por el J. Sexto de lo Civil dentro del expediente n�mero 743/93, relativo al juicio ejecutivo mercantil tramitado en contra de los inculpados ... siendo evidente la presunci�n de bilateralidad entre aqu�llos, al no haber sido emplazadas las dos personas �ltimamente mencionadas en su car�cter de patrones. G. Que la querella presentada por la persona moral afectada, a trav�s de su apoderado, re�ne todos y cada uno de los requisitos establecidos por el art�culo 62 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de P., y en la misma sostiene el querellante que el inculpado ... le dijo en tono burl�n que no hab�a nada que negociar y que despu�s de platicar con su abogada ... hab�an llegado a la conclusi�n de que su �nica alternativa era promover un juicio laboral para poder salvar algunas de sus propiedades pues, de lo contrario, el banco se quedar�a con todo. H. Que al respecto, la autoridad federal sostiene que el quejoso dijo lo anterior de manera generalizada en cuanto a que promover�a un juicio laboral para salvar sus propiedades, pero que en ning�n momento le especific� al querellante que promovi� la providencia precautoria de embargo, y que al efecto no le asiste raz�n legal, cuestionando en ese aspecto que m�s evidencia se necesitaba si se encontraba demostrado con las documentales p�blicas la existencia de una providencia precautoria de embargo y un juicio laboral radicados ante la Junta Especial N�mero Uno de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, en la que fungen como trabajadores ... y como patrones demandados ... y que no resulta necesario que ... le hubiera manifestado de qu� juicio laboral se trataba, ya que esencialmente manifest� que promover�a un juicio de esa naturaleza para salvar sus propiedades, lo cual consigui�. I. Que si bien es cierto que cuando el apoderado de la persona moral afectada se constituy� en el domicilio de los inculpados ... �sta no le manifest� nada al citado representante respecto del juicio laboral en comento, lo cual se obtiene del contenido de la querella relativa, ello hace evidente que hasta ese momento de los hechos ni los inculpados pod�an saber el n�mero de la providencia precautoria y del juicio laboral que promovieron, siendo relevante que en dicho juicio apareciera el nombre de los supuestos trabajadores y de los patrones, as� como una providencia de embargo sobre bienes inmuebles de su propiedad denominado rancho ... en el cual, con anterioridad, se hab�a decretado su adjudicaci�n en favor del banco agraviado. J. Que en lo relativo a la valoraci�n de los testigos ... no le asiste a la resolutora federal la raz�n legal al sostener que ambos atestes usan casi los mismos t�rminos en sus declaraciones y, por ello, engendran sospecha fundada de que han sido preparados, ya que, contrario a lo anterior, dichos deponentes re�nen los requisitos del art�culo 201 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de P., al haber sido realizada por personas mayores de edad, con capacidad e instrucci�n suficiente para juzgar sobre el acto sobre el que deponen; porque los hechos sobre los que declararon fue posible conocerlos por medio de los sentidos; sus declaraciones son claras, sin dudas ni reticencias, porque se advierte que ambos comparecieron a declarar por su propia voluntad; son uniformes, conviniendo tanto en la esencia como en lo accidental de los hechos que refirieron y, adem�s, porque estuvieron presentes el d�a y hora en que ocurrieron los hechos. K. Por ello, carece de raz�n la afirmaci�n de la autoridad federal en el sentido de que los testigos son sospechosos, porque no demuestra la causa o motivo en la que se sustenta y �nicamente concluye que utilizan los mismos t�rminos al declarar ante el representante social, pero sin mencionar por qu� engendran sospecha. L. Que tampoco tiene raz�n legal el hecho de que se afirme que tanto la querella como las declaraciones de los testigos de cargo son ineficaces para acreditar que ... acordaron con los actores en el juicio laboral la simulaci�n de un acto jur�dico, porque es evidente que con ello ocasionaron un perjuicio patrimonial al banco ofendido, al no poderse ejecutar la adjudicaci�n promovida en el juicio ejecutivo mercantil dentro del expediente n�mero 743/93 del Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad, en donde ... fueron demandados por la persona moral agraviada. M. Que respecto a la documental p�blica consistente en el oficio suscrito por el jefe delegacional de Servicios Jur�dicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se advierte que ... con n�mero de seguridad social ... fue dado de baja en dicho instituto el cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis por el Ayuntamiento de esta capital, y que se contrapone con el oficio n�mero 2644 suscrito por el jefe delegacional, quien informa que en esa �poca ... laboraba para el Ayuntamiento y que, por tanto, es ?cre�ble? que prestara sus servicios a una dependencia p�blica, ello es incorrecto, ya que no le asiste la raz�n a la autoridad federal al respecto, pues est� demostrado con la documental p�blica consistente en las copias certificadas del juicio laboral D-1/12/2000 de la Junta Especial N�mero Uno de las que integran la Local de Conciliaci�n y Arbitraje que el inculpado ... prestaba sus servicios para el rancho ... propiedad de ... de siete de la ma�ana a las diecisiete horas, refiriendo incluso en su demanda laboral que trabajaba dos horas extras; por lo que ello resulta un indicio de la simulaci�n de una relaci�n laboral, pues es materialmente imposible que teniendo el horario de trabajo a partir del dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis y dado de baja el d�a cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis por el Ayuntamiento, ello permite arribar a la conclusi�n en el sentido de que los hechos manifestados en la demanda laboral son falsos y no como lo hace ver la J. de amparo, que con la propia documental p�blica del jefe delegacional se demuestra que el referido inculpado bien pudiera prestar sus servicios a una dependencia p�blica, lo que no se discute, sino que se hace hincapi� en que el indiciado reclama unos derechos laborales que evidentemente nunca ha ?prestado? a los tambi�n inculpados ... siendo esto precisamente el acto de simulaci�n, al reclamarse derechos laborales mediante un escrito y que los mismos fueron reconocidos por los patrones, quedando comprobada de esta manera la presunci�n de simulaci�n. N. Que tampoco le asiste la raz�n a la autoridad federal en cuanto a que afirma que el hecho de que el jefe delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social haya informado que ... fue dado de baja en mil novecientos noventa y seis, lo cual de ninguna manera significa que antes de esa fecha dicha persona trabajara para esa dependencia, lo cual no tiene ninguna relaci�n l�gica, pues lo que se evidencia es que el inculpado est� reclamando prestaciones laborales al mismo tiempo que trabajaba para el Ayuntamiento y contrario a lo afirmado en el sentido de que el citado quejoso labor� para dicha dependencia oficial a partir del dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis, hasta el cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, y no como lo trata de relacionar la J. Federal en el sentido de que fue dado de baja a trav�s del comunicado oficial del jefe delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. O. Que sostiene la aplicaci�n de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito con el rubro: ?FRAUDE EQUIPARADO. SIMULACI�N DEL ACTO JUR�DICO. DEBE QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADA PARA QUE SE INTEGRE EL DELITO DE (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE TABASCO).?, y a pesar de que el fraude espec�fico por simulaci�n de un acto jur�dico es refractario a la prueba directa y, por tanto, la prueba recae en presunciones, lo cierto es que el elemento en menci�n debe quedar claramente demostrado en la averiguaci�n previa, de conformidad con lo establecido por el art�culo 16 constitucional, lo cual se efectu� a trav�s de la querella y de las declaraciones de los testigos de cargo, as� como con las documentales p�blicas, pruebas que fueron aptas y bastantes para justificar el evento en menci�n. P. Que tampoco le asiste la raz�n a la J. de amparo al establecer que la manifestaci�n del jefe delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el sentido de que en relaci�n con el inculpado ... no se reporta registro alguno, y que dicha circunstancia permite establecer que se acredite una relaci�n laboral inexistente, ello resulta incorrecto, ya que dicha probanza no puede ser ineficaz como se afirma, ya que �sta �nicamente result� un indicio de la simulaci�n de una relaci�n laboral, el cual fue concatenado con los dem�s medios de prueba que obran en la indagatoria, las cuales en conjunto hacen probable la responsabilidad penal del inculpado en la comisi�n del delito que se le imputa. Q. Que no le asiste la raz�n a la autoridad federal en cuanto a que afirma que no se justifica el perjuicio patrimonial, porque la tramitaci�n de la providencia precautoria de embargo no impide la adjudicaci�n del inmueble, pues esto �nicamente se lograr�a con el dictado de un laudo firme en el que se condenara al patr�n al pago de las prestaciones reclamadas, toda vez que del contenido de las copias certificadas del expediente n�mero 743/93 del Juzgado Sexto de lo Civil, as� como del expediente del juicio laboral D-1/12/2000 de la Junta Especial N�mero Uno de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, as� como de la providencia de embargo 14/2000, de la querella presentada y de los testimonios que obran en la indagatoria, se acredita plenamente que s� se le caus� al banco agraviado un perjuicio econ�mico con el escrito de demanda, tan es as� que de las copias certificadas de la referida providencia los patrones ... no han sido emplazados, consintiendo as� que siga transcurriendo el tiempo a sabiendas de que se les reclaman salarios ca�dos, de ah� que el actuar pasivo admite la bilateralidad con los tambi�n inculpados ... R. Que no tiene aplicaci�n la tesis jurisprudencial invocada por la Juzgadora Federal relacionada con la preferencia de cr�ditos laborales, ya que la misma habla de ejecuci�n de laudos y ello no es el supuesto en estudio, ya que el perjuicio se determina en una sentencia del orden civil. Son infundados los agravios que propone el J. recurrente, pues contrario a lo que manifiesta y como se expuso con antelaci�n, no se encuentra demostrado que los inculpados realizaran un acto de simulaci�n que cristaliz� con el inicio de unjuicio de orden laboral radicado ante la Junta Especial N�mero Uno de las que integran la Local de Conciliaci�n y Arbitraje con el n�mero D-1/12/2000, y en el que tambi�n se promovi� la providencia precautoria de embargo n�mero 14/2000, con la finalidad de causarle un perjuicio al banco que se dice ofendido y, a mayor abundamiento, lo anterior de ninguna forma impidi� la ejecuci�n del remate de los bienes tambi�n embargados dentro de los autos del expediente n�mero 743/93 del Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad, en el que aparecen como parte demanda los se�ores ... En efecto, si bien es cierto que consta en la indagatoria la existencia del juicio laboral n�mero D-1/12/2000, radicado ante la Junta Especial N�mero Uno de las que integran la Local de Conciliaci�n y Arbitraje en el que se tiene como actores a ... y otro, en su calidad de trabajadores, mientras que con el car�cter de demandado aparecen ... as� como quien resulte ser propietario del rancho denominado ... y que los primeros reclaman una serie de prestaciones de naturaleza laboral a los segundos; sin embargo, ello no evidencia de forma alguna que entre actores y demandados hubiese existido un acuerdo previo en el que hubiesen convenido que los primeros demandar�an a los segundos diversas prestaciones laborales con la finalidad de evitar que ... se adjudicara los bienes propiedad de los referidos patrones. Luego entonces, contrario a lo argumentado por el J. inconforme, no es evidente en la especie que efectivamente hubiese existido el aspecto de bilateralidad entre los inculpados para impedir que la persona moral afectada se adjudicara diversos bienes inmuebles propiedad de ... a quienes con antelaci�n les hab�an hecho diversos pr�stamos con motivo de cr�ditos celebrados entre ellos. No es obst�culo a lo anterior que el J. recurrente establezca que el criterio invocado por la a quo resulte inaplicable en el caso concreto alegando que los hechos que la originaron son diferentes a los que se estudian y que, por ende, su aplicaci�n ser�a por analog�a; toda vez que, efectivamente, la tesis en comento deriva de un asunto diverso; sin embargo, al respecto �nicamente es aplicable su parte inicial, en cuanto a que expresamente dispone que cuando se est� en el caso del tipo penal de fraude por simulaci�n previsto por el art�culo 404, fracci�n IX, del C�digo de Defensa Social para el Estado de P., es menester que exista la bilateralidad en cuanto a la realizaci�n del acto, para lo cual se debe dar un concierto previo entre dos personas o partes y que ello traiga consigo un perjuicio a otro o la obtenci�n de cualquier beneficio indebido, esto es, que s�lo ante la demostraci�n de dichos aspectos se podr� configurar la existencia del evento delictivo en cita. Por ello, es inexacto que se aplique por analog�a la tesis aislada de referencia, m�xime que en la especie se est� en presencia del il�cito de fraude espec�fico previsto y sancionado en la fracci�n IX del art�culo 404 del C�digo de Defensa Social para el Estado de P., y bajo esa idea es evidente que para demostrar el cuerpo del delito de dicho injusto se deben justificar los aspectos a que alude el criterio ya referido. Por otra parte, es incorrecto como lo pretende el J. natural, aqu� recurrente, que con la sola presentaci�n de la demanda del juicio laboral y de la propia providencia precautoria de embargo se detuviera la adjudicaci�n decretada por el J. Sexto de lo Civil dentro del expediente n�mero 743/93, y que dicho aspecto evidenciara la presunci�n de bilateralidad entre actores y demandados al no haber sido emplazados los segundos, toda vez que el referido emplazamiento no corre a cargo de la parte actora, sino que es una funci�n que �nicamente puede llevar a cabo el personal oficial que labore en la Junta respectiva. En efecto, de conformidad con el art�culo 685 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas tienen la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso obrero; asimismo, el diverso 873 de la referida ley dispone que el Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictar� un acuerdo en el que se�ale d�a y hora para la celebraci�n de la audiencia de conciliaci�n, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisi�n de pruebas; y a la vez, en dicho acuerdo, ordenar� la notificaci�n personal a las partes con diez d�as de anticipaci�n a la audiencia, cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y apercibi�ndolo con tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas si no concurre a la audiencia. Ahora bien, la notificaci�n de la demanda inicial propuesta por la parte actora debe ser llevada a cabo por el personal integrante de la Junta relativa, concretamente, a cargo del actuario respectivo que es a quien corresponde cumplir con dicha funci�n; por lo que, ante dicha circunstancia, es infundado lo expuesto por el J. recurrente en cuanto a que la falta de emplazamiento demuestra la relaci�n de bilateralidad entre actores y demandados en el juicio laboral al dejar transcurrir bastante tiempo para efectuar el emplazamiento pues, como se lleva dicho, los responsables de dicha omisi�n lo son los funcionarios integrantes de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje. No obsta a lo anterior que el querellante en su escrito inicial sostuviera que en la raz�n levantada por la actuaria en los autos del juicio laboral D-1/12/2000 con motivo del emplazamiento, inexplicablemente se hubiese asentado la imposibilidad de emplazar por no encontrar el domicilio de los demandados pues, como se lleva dicho, tal omisi�n es �nica y exclusivamente imputable a la funcionaria ya citada e, incluso, incurre con su conducta en una falta especial contemplada en el art�culo 640 de la Ley Federal del Trabajo. No es �bice en el presente asunto que la querella propuesta por el apoderado de la persona moral que se dice afectada satisfaga los requisitos establecidos en el art�culo 62 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de P., pues lo importante es que se acredite el contenido de los hechos que en la misma se incluyen y que, por ende, se materialice la existencia de un delito, as� como la probable responsabilidad del indiciado, circunstancia que seg�n se ha visto con antelaci�n no ocurre en la especie. A la vez, tambi�n resulta intrascendente que el inculpado ... le hubiese manifestado al querellante que no hab�a nada que negociar, puesto que hab�a hablado con su abogada y ambos concluyeron que su �nica alternativa era promover un juicio laboral para poder salvar sus propiedades, y que lo anterior se hubiese demostrado con las copias certificadas deducidas del juicio laboral respectivo y la providencia precautoria de embargo, radicados ante la Junta Especial N�mero Uno de las que integran la Local de Conciliaci�n y Arbitraje pues, seg�n se ha visto, no se demostr� en forma alguna el acuerdo previo entre actores y demandados para llevar a cabo lo anterior, y mucho menos que tuvieran como finalidad evitar la adjudicaci�n de los bienes propiedad de los demandados en el juicio laboral por parte de ... De igual forma, al respecto es importante manifestar que los hechos ocurridos el uno de mayo del a�o dos mil, cuando el querellante se constituy� en el domicilio de los inculpados ... no quedaron acreditados pues, seg�n se lleva dicho, el testimonio rendido por ... es ineficaz para corroborar lo manifestado por aqu�l y, bajo ese tenor, el dicho aislado del citado apoderado es insuficiente para acreditar lo supuestamente manifestado por ... en el sentido de que hab�a acordado con su abogada que promover�a un juicio de �ndole laboral para salvar sus propiedades. Asimismo, seg�n se ha visto con antelaci�n, es correcto que la J. Federal le negara valor probatorio al dicho de los testigos de cargo presentados por el apoderado de la persona moral que se dice ofendida, puesto que utilizaron los mismos t�rminos en sus declaraciones, am�n de que el uno de mayo del a�o dos mil result� ser inh�bil y que de lo anterior se engendr� sospecha en cuanto a su veracidad, sin que sea �bice que el J. inconforme manifieste que satisfacen los requisitos a que alude el art�culo 201 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de P. pues, se insiste, al haber utilizado id�nticos t�rminos engendran sospecha en cuanto a su veracidad y, por ende, son ineficaces para demostrar lo afirmado por el querellante ... Adolece de raz�n la autoridad inconforme en cuanto a que afirma que se caus� un perjuicio patrimonial al banco ofendido al no poderse ejecutar la adjudicaci�n promovida en el juicio ejecutivo mercantil dentro del expediente 743/93 del Juzgado Sexto de lo Civil, pues como acertadamente lo expone la a quo, atento al contenido de los art�culos 979 a 981 de la Ley Federal del Trabajo, �nicamente la existencia de un laudo firme en el que se hubiese condenado a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas evitar�a la adjudicaci�n de los bienes a favor del banco afectado y, en la especie, dicho extremo no se satisface, por lo que la providencia precautoria de embargo no pod�a de forma alguna impedir la referida adjudicaci�n. No es obst�culo a lo anterior que la autoridad inconforme exponga que carece de aplicaci�n la tesis invocada por la J. de amparo relacionada con la preferencia de cr�ditos laborales afirmando que la misma alude a la ejecuci�n de los mismos y que ello no es el supuesto en estudio, toda vez que la misma es clara en cuanto a que establece que para el caso de que los trabajadores no tengan a su favor un laudo favorable carecer�n de derecho preferente alguno en el remate o adjudicaci�n que haga la autoridad relativa, lo cual ocurre en la especie, atento a que no obra en autos la existencia de laudo firme a favor de los trabajadores que legalmente pudiese haber impedido el remate o adjudicaci�n a favor del banco ofendido. Bajo otro tenor, es igualmente infundada la afirmaci�n del J. inconforme relacionada con el contenido de los oficios suscritos por el jefe delegacional de Servicios Jur�dicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el jefe delegacional de dicho instituto, quien al efecto esgrime que no le asiste la raz�n a la autoridad federal dado que de las copias certificadas del juicio laboral D-1/12/2000 de la Junta Especial N�mero Uno de las que integran la Local de Conciliaci�n y Arbitraje se obtiene que ... prestaba sus servicios para el rancho ... propiedad de ... en un horario de las siete a las diecisiete horas incluyendo dos horas extras y que en virtud de lo anterior se obtiene un indicio de simulaci�n de la relaci�n laboral, pues es materialmente imposible que tambi�n prestara sus servicios para el Ayuntamiento de esta ciudad, toda vez que como lo afirma la J. de amparo la fecha de baja de ... no implica que prest� sus servicios para el citado Ayuntamiento hasta esa fecha, y menos que su horario coincidiera con el que mencion� en la demanda laboral y, por ende, no se justific� la simulaci�n en comento, m�xime que los inculpados a quienes se acredita la calidad de patrones no han reconocido los derechos laborales de los actores ... ya que ni siquiera han sido emplazadas y, por ende, han contestado la demanda relativa. En otro orden de ideas, respecto al criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, con el rubro: ?FRAUDE EQUIPARADO. SIMULACI�N DEL ACTO JUR�DICO. DEBE QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADA PARA QUE SE INTEGRE EL DELITO DE (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE TABASCO).?, como lo establece la J. Federal, el mismo no qued� acreditado puesto que los medios de prueba considerados por la autoridad inconforme fueron insuficientes para ello, m�xime que no se demuestra la relaci�n de bilateralidad y, por ende, el concierto previo entre los inculpados, ni tampoco se justifica que hubiesen llevado a cabo la simulaci�n del acto para perjudicar o causar un da�o a la persona moral que se dice ofendida. Por otra parte, es igualmente infundado, que el hecho de que el inculpado ... no estuviera registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social permite establecer una relaci�n laboral inexistente, como lo sostiene el J. recurrente, toda vez que dicho aspecto no demuestra que la relaci�n laboral de que se viene hablando fuera simulada, pues como lo establece al respecto la a quo, dicho quejoso bien pudo recibir sus servicios m�dicos a trav�s de alguna otra instituci�n, por lo que no es posible concatenar ese medio probatorio con los restantes que obran en la indagatoria para acreditar una simulaci�n, m�xime que, como se ha visto, son ineficaces para acreditar la materialidad del il�cito de fraude espec�fico previsto por la fracci�n IX del art�culo 404 del C�digo de Defensa Social para el Estado de P.. En las condiciones relatadas, al resultar inoperantes e infundados los agravios hechos valer, sin que en la especie se actualice hip�tesis para suplir su deficiencia, lo que se impone es confirmar el fallo que se revisa y conceder el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n solicitados." (fojas 66 vta. a 86 vta. �dem).

Para dar mayor claridad al establecer la existencia de la contradicci�n de tesis entre la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que se transcribe en el apartado que antecede y la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, conviene rese�ar de nueva cuenta la emitida por este �ltimo al resolver el amparo en revisi�n 15/96, promovido por ... misma que en lo conducente es del tenor literal siguiente:

CUARTO. Resultan fundados los agravios expresados por la D�cimo Segunda S. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por el agente del Ministerio P�blico Federal recurrentes, como se podr� observar en p�rrafos subsecuentes. En principio, es necesario hacer notar que el J. Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, para conceder al quejoso ... el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, esencialmente se bas� en las siguientes consideraciones: que si bien es cierto que se tienen pruebas que acreditan la existencia de un acto judicial, tambi�n lo es que no est� demostrado que este acto sea simulado; que para que exista un acto simulado se requiere acuerdo de voluntades entre las partes, encaminado a aparentar dentro de un procedimiento judicial lo que en realidad no existe; que esas situaciones no se dan porque no est� demostrado que dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ... denunciado por ... y otra persona, �stos hayan acordado voluntariamente aparentar que el autor de la sucesi�n ... hab�a fallecido el dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, seg�n aparece en el acta de defunci�n expedida por el Juzgado D�cimo S�ptimo del Registro Civil de la D.�n �lvaro O.�n, que no se puede decir que sea simulado el juicio sucesorio aludido porque ... se apoy� en la mencionada acta de defunci�n; que tambi�n existe otra acta de ... en la que consta que falleci� el veintid�s de julio de mil novecientos ochenta y que fue exhibida por el ofendido ... en averiguaci�n previa, pero que ambos documentos tienen el mismo valor probatorio hasta que no se declare la nulidad de uno o de otro; que no existe simulaci�n de acto porque el juicio sucesorio intestamentario a bienes de ... promovido por ... es tan real que materialmente existe, sin que pueda afirmarse que los prove�dos dictados por la autoridad judicial en este juicio sean simulados. Agreg� que suponiendo sin conceder que el acta de defunci�n de ... en que se bas� la acci�n intestamentaria promovida por ... fuera ap�crifa y de aceptarse que como consecuencia de ello se declar� falsamente lo que no hab�a acontecido, no puede concluirse que el juicio sucesorio de referencia sea simulado, ya que esa conducta podr�a integrar los elementos del delito de fraude por simulaci�n y por ello le concedi� la protecci�n federal a ... en contra de la orden de aprehensi�n reclamada. Por su parte, esencialmente la S. responsable as� como el agente del Ministerio P�blico Federal, ambos recurrentes, plantean como agravios los siguientes: que s� se encuentran reunidos los elementos constitutivos del delito de fraude espec�fico por simulaci�n previsto en el art�culo 387, fracci�n X, del C�digo Penal del Distrito Federal, porque efectivamente ... simul� un acto para obtener un beneficio indebido con el que ocasion� perjuicio patrimonial al ofendido ... pues en dicho juicio intestamentario a bienes de ... sostuvo falsamente lo que en realidad no hab�a pasado, debido a que el autor de la sucesi�n ... no hab�a fallecido en el a�o de mil novecientos cuarenta y ocho como lo afirm� el promovente ahora inculpado ... y de esta forma logr� que se le declarara heredero universal de esa sucesi�n, adjudic�ndosele el inmueble ubicado en la calle de ... n�mero ... de la colonia ... con superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros, utilizando para ello un acta de defunci�n de dudoso valor probatorio, toda vez que en contraposici�n a ello el ofendido ... demostr� ser hijo leg�timo de ... y tener la posesi�n del inmueble en cuesti�n, probando adem�s que ... falleci� el veintid�s de julio de mil novecientos ochenta y no en mil novecientos cuarenta y ocho, exhibiendo el acta de defunci�n correspondiente, la que corrobor� con la inspecci�n ocular de la autoridad ministerial en los libros del Juzgado Trig�simo Tercero del Registro Civil, constatando los datos de esta acta de defunci�n y el fallecimiento de ... en el a�o de mil novecientos ochenta, as� como con el informe del jefe de la Oficina de Afiliaci�n y Vigencia del Departamento de Seguridad Social de la Comisi�n Federal de Electricidad en el que se comunic� que ... estuvo inscrito en el Seguro Social por dicha comisi�n del treinta de noviembre de mil novecientos setenta y nueve al veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, en que caus� baja por fallecimiento; con la constancia del administrador del pante�n San Rafael en la que se precis� que ... se inhum� el veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, probanzas de las que se concluye que el acta de defunci�n del dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, exhibida en el juicio intestamentario por ... es ap�crifa al contener datos falsos, producto de las maquinaciones realizadas por dicho inculpado, mismo que actu� de com�n acuerdo con otras personas a efecto de obtener dicha acta de defunci�n y con base en ello efectuar la simulaci�n del acto jur�dico, auxiliado por otras personas, entre �stas ... quien en esa �poca fung�a como delegado pol�tico de ... por lo que es l�gico que se le haya facilitado obtener en el Registro Civil de �lvaro O.�n, el acta de defunci�n en la que consta que ... falleci� el dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, ayudado tambi�n por ... y de ... el que directamente se encarg� de obtener el acta de defunci�n aludida, de lo que se desprende que ... de com�n acuerdo con los antes citados llevaron juicio sucesorio aparentando con el documento simulado que �ste hab�a fallecido cuando a�n estaba vivo; que otro dato importante es el hecho que ... en aquel tiempo delegado pol�tico de ... es accionista de la inmobiliaria ... en la que ... ingres� como accionista aportando el inmueble relacionado que hab�a obtenido il�citamente como producto de fraude simulado, inmobiliaria que demand� al ahora ofendido ... el juicio reivindicatorio respecto del citado inmueble. Se estiman fundados los agravios expresados por los recurrentes por las razones que a continuaci�n se vertir�n. Entre las pruebas de averiguaci�n tomadas en cuenta por la S. responsable, ahora recurrente, al decretar la formal prisi�n a ... comopresunto responsable del delito de fraude espec�fico previsto en la fracci�n X del art�culo 387 del C�digo Penal del Distrito Federal, destaca la denuncia formulada el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y dos por ... (foja 5, tomo I), en la que menciona que es hijo leg�timo de ... y que toda su vida ha habitado el predio ubicado en la calle de ... n�mero ... colonia ... con una superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros, que en mil novecientos noventa y dos el representante legal de inmobiliaria ... le coment� que aunque �l tuviera la posesi�n del inmueble el propietario era una persona distinta, por lo que acudi� al Registro P�blico de la Propiedad en compa��a de su abogado para revisar los antecedentes del inmueble, constatando que el predio que hab�a sido siempre de su padre ... en forma fraudulenta hab�a pasado a ser de ... quien a su vez aport� el inmueble a la inmobiliaria ... toda vez que ... conoc�a como heredero en una fecha en que su padre a�n no fallec�a, pues esto ocurri� hasta mil novecientos ochenta y el supuesto juicio intestamentario fue promovido en mil novecientos sesenta y uno con un acta de defunci�n falsa en la que se asentaba que su padre ... hab�a fallecido el dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho; que el citado ... no tiene entroncamiento alguno con el padre del externante ni con el suscrito, por lo que considera que el acta de defunci�n referida es ap�crifa y con base en esta llevaron a cabo actos jur�dicos con el fin de quitarle el inmueble de su propiedad, por lo que denuncia los hechos cometidos por ... y la inmobiliaria ... constitutivos del delito de fraude; que incluso la inmobiliaria ... promovi� juicio reivindicatorio en su contra, expediente 701/89, ante el Juzgado Cuadrag�simo Civil del Distrito Federal; exhibi� copia certificada de las actas de defunci�n de ... del dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho y la que present� el emitente del veintid�s de julio de mil novecientos ochenta; copia certificada simple de los asientos registrales del inmueble aludido en los que consta la propiedad de ... y copia certificada de las inscripciones registrales en las que se hace constar la adjudicaci�n del citado inmueble por sucesi�n intestamentaria a favor de ... a bienes de ... el cuatro de febrero de mil novecientos setenta y uno y la copia certificada simple de la inscripci�n registral en la que aparece que ... aport� el inmueble relacionado a favor de inmobiliaria ... que a la fecha el externante tiene la posesi�n del mismo. La inspecci�n ocular ministerial practicada el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, en el interior del Juzgado del Registro Civil n�mero 33 ubicado en el deportivo los G. de la Unidad de San Juan de Arag�n, lugar en donde el J. del Registro Civil les mostr� el libro de registro de defunciones correspondiente a mil novecientos ochenta, constat�ndose que en la entidad 33o., D.�n 06 Juzgado 09 folio n�mero ... a�o ... clave ... se encuentra registrada el acta de defunci�n del veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, correspondiente al finado ... quien falleci� en esa fecha por shock hipovol�mico a la una horas con diez minutos (foja 56). La manifestaci�n de ... en la que esencialmente dijo que desde que tiene uso de raz�n sabe y le consta que ... y su familia siempre han tenido la posesi�n del inmueble ubicado en la calle de ... n�mero ... colonia ... pues ese inmueble colinda con la casa del externante; que el propietario del mismo siempre fue ... padre de ... y que adem�s le consta que ... falleci� en el mes de julio de mil novecientos ochenta (foja 174). Lo externado por ... en relaci�n con que le consta que ... ha pose�do junto con su familia el inmueble ubicado en calle ... n�mero ... colonia ... pues colinda con el predio de la emitente, mismo que siempre ha sido propiedad del vecino ... el que falleciera en julio de mil novecientos ochenta, pero su familia sigue viviendo en el inmueble (foja 176). La fe ministerial de la constancia expedida por el pante�n San Rafael, suscrito por ... administrador del mismo, en la que consta que ... fue inhumado el veintid�s de julio de mil novecientos ochenta en la fosa n�mero ... l�nea ... lote ... del citado pante�n (foja 181). Lo expuesto por ... en el sentido de que es administrador de inmobiliaria ... desde mil novecientos ochenta y nueve; que el terreno ubicado en la calle ... n�mero ... colonia ... lo aport� a la inmobiliaria ... en su car�cter de albacea de la sucesi�n de ... mediante la escritura n�mero ... expedida por el notario n�mero 50 del Distrito Federal con una superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros; que dentro de esa extensi�n trescientos metros los ocupa ... que en virtud de esa aportaci�n ... ingres� como socio a la inmobiliaria y posteriormente le compraron a ... las acciones que le correspond�an (foja 148 y 150). La manifestaci�n de ... en el sentido de que en el ejercicio profesional como notario conoci� a ... desde mil novecientos setenta y cinco, porque a �ste le hizo varias escrituras; que seguramente tuvo a la vista los t�tulos de propiedad para tirar la escritura correspondiente para adjudicar un inmueble ubicado en ... n�mero ... a favor de ... que no recuerda de qu� manera hizo la traslaci�n de dominio de ese inmueble a favor de inmobiliaria ... que s� conoce a ... desde mil novecientos ochenta y cinco, a la que tambi�n le ha elaborado varias escrituras (foja 165). Lo externado por ... en el sentido de que es sobrino de ... por la v�a materna y que el se�or ... fue abuelo materno del externante; que los padres del emitente se llaman ... ambos difuntos; que es hijo �nico y por voz de su mam� se enter� que hab�a muerto ... su abuelo, por lo que el externante denunci� ante las autoridades correspondientes un juicio intestamentario a bienes de ... en donde fue asesorado por el abogado ... sin recordar la fecha en que se present� el juicio tramitado ante el J. de primera instancia en �lvaro O.�n; que el externante s� conoc�a a ... por medio de su t�o ... pues aqu�l fung�a como delegado pol�tico en ... y acudi� con �l porque hab�a tenido muchos problemas en el juicio sucesorio con los hermanos de ... que incluso el emitente le dio un poder notarial a su t�o ... para que �ste se hiciera cargo de todo lo relacionado con el inmueble y �ste a su vez les dijo que les ayudar�a ... que no hizo aportaci�n de ese inmueble a la inmobiliaria, pues todo lo dej� en manos de ... que no fue accionista de inmobiliaria ... que el licenciado ... fue el que se encarg� de tramitar el intestado y conseguir el acta de defunci�n de ... que ignora qui�n se encarg� de esa defunci�n pues el emitente ten�a como ocho a�os de edad; que cuando fue nombrado �nico heredero no fue al inmueble materia de la masa hereditaria porque viv�an en ella familiares de su fallecido abuelo entre �stos ... que no tuvo ning�n nexo con inmobiliaria ... que no tiene copia certificada del juicio sucesorio ni de las escrituras del inmueble pues todo se lo entreg� a ... que su t�o ... se puso de acuerdo con ... para que el externante denunciara el juicio intestamentario a bienes de ... que los gastos del juicio los pag� la mayor parte su t�o ... y los gastos de escrituraci�n ignora qui�n los haya hecho; que recuerda que su t�o ... acompa�ado de varios desconocidos le dijo que ten�a que ir con el a una notar�a para que firmara unos documentos, por lo que les firm� varios ignorando de qu� se trataba; que el emitente no sab�a que su abuelo ... trabajaba en la Comisi�n Federal de Electricidad; que ignora por qu� motivo ... mencion� que el externante aport� a la inmobiliaria ... el inmueble ubicado en la calle ... n�mero ... ahora ... colonia ... y asimismo, no sabe por qu� motivo fue mencionado en la protocolizaci�n de asamblea de la inmobiliaria ... como enajenante del inmueble antes citado (fojas 183 a 186 y 207). Informe suscrito por la gerencia administrativa de la Comisi�n Federal de Electricidad, Oficina de Afiliaci�n y Vigencia en el que se�ala que ... estuvo inscrito en el r�gimen del Seguro Social por esa comisi�n federal con n�mero de afiliaci�n ... desde noviembre treinta de mil novecientos setenta y nueve al veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, fecha en que caus� baja por fallecimiento, anexando los oficios de alta y de baja del asegurado, el dictamen de liquidaci�n correspondiente y el acta de defunci�n del mencionado trabajador (fojas 191 a 196). Aval�o oficial practicado el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres, respecto del predio ubicado en la calle ... n�mero ... colonia ... con superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros, que tiene un valor de un mill�n doscientos ocho mil trescientos setenta y cinco nuevos pesos (foja 209). Copia certificada de la escritura n�mero ... en la que consta la protocolizaci�n del acta de asamblea general extraordinaria con aportaci�n del inmueble de la inmobiliaria ... en la que aparece, entre otras cosas, que ... transmite el inmueble ubicado en la calle ... antes ... despu�s ... y ahora ... de la colonia ... a inmobiliaria ... y que obtuvo por sucesi�n bienes de ... con superficie de mil setecientos veintis�is metros cuadrados con veinticinco cent�metros (fojas 43 a 57). Demanda de ... representada por ... como administradora general en contra de ... por la acci�n reivindicatoria, respecto de una parte que ocupa del inmueble ubicado en el n�mero ... de la calle ... colonia ... en donde la parte actora se�ala que es la leg�tima propietaria de ese inmueble en virtud de la aportaci�n que hizo el se�or ... a favor de su representada el trece de noviembre de mil novecientos setenta. Como puede observarse, contrariamente a lo que se estima en la sentencia de amparo en revisi�n, las probanzas antes detalladas integrantes de la averiguaci�n previa son aptas y suficientes para tipificar el il�cito de fraude espec�fico (simulaci�n de acto judicial), a que se refiere el art�culo 387, fracci�n X, del C�digo Penal del Distrito Federal, cuyos elementos materiales son: a) que el sujeto activo simulare un contrato, un acto, o escrito judicial y b) que lo haga en perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido. Los anteriores elementos configurativos en la especie se actualizaron con la declaraci�n del inculpado ... el que advirti� que en el a�o de mil novecientos sesenta y uno inici� el tr�mite de un juicio sucesorio intestamentario a bienes de ... con base en un acta de defunci�n de �ste, en la que aparece que el mismo falleci� en el a�o de mil novecientos cuarenta y ocho, expedida por el J. de Registro Civil de la D.�n �lvaro O.�n, juicio por medio del cual logr� que se le reconociera como �nico heredero universal, adjudic�ndole el inmueble ubicado en la calle ... n�mero ... ahora ... de la colonia ... con superficie de 1,726.25 metros cuadrados; por otra parte, neg� haber aportado dicho predio a la inmobiliaria ... neg� conocer a ... administrador de dicha sociedad y acept� conocer a ... que fuere delegado de la delegaci�n pol�tica ... el que le ayud� con todo lo relacionado con el predio afecto a la causa y con el juicio intestamentario de referencia, se�alando adem�s que su abogado ... fue el que consigui� el acta de defunci�n de ... en la que aparece que falleci� en el a�o de mil novecientos cuarenta y ocho. Con la diversa acta de defunci�n exhibida por el denunciante ... en la que consta el fallecimiento de ... en el a�o de mil novecientos ochenta, y no en mil novecientos cuarenta y ocho como lo afirm� el inculpado ... Con la inspecci�n ocular ministerial, practicada en el interior del Juzgado Trig�simo Tercero del Registro Civil, lugar en el que se tuvo a la vista el libro de defunciones, apareciendo registrada el acta de defunci�n del veintid�s de julio de mil novecientos ochenta correspondiente al finado ... quien falleciera por shock hipovol�mico. El informe del jefe de la Oficina de Afiliaci�n y Vigencia del Departamento de Seguridad Social de la Comisi�n Federal de Electricidad, en el que inform� que el finado ... estuvo inscrito en el r�gimen del Seguro Social por parte de esa Comisi�n del treinta de noviembre de mil novecientos setenta y nueve al veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, fecha en que caus� baja por fallecimiento. Informe del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el que se�al� que en las microfilminas del once de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve est� registrado el expediente n�mero 384/67, relativo al juicio de intestado a bienes de ... Lo externado por ... referente a que desempe�aba el cargo de administrador de inmobiliaria ... desde mil novecientos ochenta y nueve, cargo que antes ocup� ... que el predio ubicado en calle ... n�mero ... colonia ... fue aportado por ... en su car�cter de heredero universal de la sucesi�n a bienes de ... lo que consta en la escritura notarial n�mero ... del trece de noviembre de mil novecientos setenta. El testimonio de la escritura notarial antes citada, n�mero ... en la que consta el acta de asamblea del trece de noviembre de mil novecientos setenta, en la que aparece que ... aport� a inmobiliaria ... el predio n�mero ... de la calle ... colonia ... convirti�ndose en accionista de la inmobiliaria. Con la demanda del juicio reivindicatorio promovido por inmobiliaria ... en septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, en contra del ahora denunciante ... respecto del inmueble relacionado (con base en la aportaci�n de ... a dicha inmobiliaria). Y con las manifestaciones de ... quienes coincidieron al decir que son vecinos colindantes del predio n�mero ... de la calle de ... colonia ... delegaci�n ... predio que siempre fue propiedad de ... padre del ahora ofendido ... quien junto con su familia siempre ha vivido en el mismo y que acudieron al sepelio de ... en el a�o de mil novecientos ochenta. Todo ello permite concluir tal como lo hizo la S. responsable, ahora recurrente, que presuntivamente ... logr� un beneficio indebido al obtener la adjudicaci�n a su favor del inmueble en cuesti�n como resultado del acto jur�dico que simul� ante la autoridad judicial civil que tramit� el juicio intestamentario a bienes de ... con base en un acta de defunci�n a nombre de ... del a�o de mil novecientos cuarenta y ocho, fecha de fallecimiento que est� contradicha y desvirtuada con el acta de defunci�n de ... de veintid�s de julio de mil novecientos ochenta, fallecimiento que se corrobor� con todas y cada una de las pruebas antes especificadas de las que se obtiene que ... false� los hechos en el juicio intestamentario aludido para obtener ileg�timamente el inmueble relacionado, utilizando para ello un acta de defunci�n expedida por el J. del Registro Civil de la D.�n ... siendo ayudado con todo lo relacionado con el predio citado y con el juicio de intestado por el delegado pol�tico de esa delegaci�n ... (el que tambi�n fung�a como socio de inmobiliaria ... junto con ...); asimismo, la declaraci�n de ... est� contradicha con las probanzas antes precisadas, pues �ste neg� conocer a ... y a ... los que eran administradores de inmobiliaria ... que tampoco aport� el inmueble relacionado a dicha inmobiliaria y que su t�o ... se encarg� del juicio intestamentario y de todo lo relacionado con el terreno citado. As� las cosas, es evidente la simulaci�n dolosa de actos jur�dicos con el prop�sito alcanzado de la obtenci�n indebida del inmueble afecto a la causa, por parte de ... sin que sea v�lida la consideraci�n que se hizo en la sentencia de amparo en revisi�n, referente a que como no hay bilateralidad en el juicio sucesorio, no existe simulaci�n de actos jur�dicos, pues en �stos s�lo se da entre dos partes. Sobre el particular es pertinente anotar que para la configuraci�n del tipo penal de fraude espec�fico por simulaci�n del acto jur�dico, de acuerdo con la literalidad de la fracci�n X del art�culo 387 del C�digo Penal del Distrito Federal, no se requiere la bilateralidad de partes de que se habla, puesto que la hip�tesis normativa dice: ?Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.?, es decir, que de dicho texto no se obtiene la dualidad de partes, pues se�ala ?al que simulare? no ?a los que simularen de com�n acuerdo?. Lo anterior tiene una l�gica y jur�dica explicaci�n, toda vez que hay juicios como el intestamentario en cuesti�n, en que al no surgir otros herederos opositores (ausencia provocada por la conducta dolosa del que demanda el juicio sucesorio ...), l�gicamente �ste fue el �nico participante en el citado juicio sucesorio, de ah� que la simulaci�n que realiz� de actos jur�dicos le result� eficaz para inducir a la autoridad judicial civil de la D.�n �lvaro O.�n, a declararlo heredero universal, con la consiguiente adjudicaci�n del inmueble relacionado y el perjuicio patrimonial del ahora denunciante ... y, en consecuencia, esa simulaci�n de actos jur�dicos ejecutados por ... en contubernio con los representantes de la inmobiliaria ... y el entonces delegado pol�tico de ... es sin lugar a dudas integradora del tipo penal examinado. Por otra parte, habr� juicios en los que ambas partes contendientes (actor y demandado), previo acuerdo, simulen actos jur�dicos o contratos, cada uno por su cuenta de acuerdo al papel que desempe�en en el juicio, induciendo a la autoridad judicial respectiva a resolver conforme a los fines dolosos perseguidos por ambos litigantes con perjuicio de un tercero, simulaci�n de actos jur�dicos que tambi�n integrar� el tipo penal en cuesti�n con la �nica diferencia de que aqu� ser�n dos autores materiales de la conducta t�pica dolosa. Tambi�n es necesario apuntar que en nada afecta para la configuraci�n del tipo penal el hecho de que el art�culo 2180 del C�digo Civil establezca que es un acto simulado aquel ?en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.?, ya que del anterior contexto se entiende que cualquiera de las partes (actor o demandado) incurrir�n en acto simulado al declarar o confesar falsamente lo que en realidad no ha pasado, es decir, tampoco este art�culo exige para que se integre simulaci�n de actos jur�dicos la bilateralidad de que habla el J. de A., pues debe quedar bien claro que el acto jur�dico lo puede simular cualquiera de las partes, cada una por su cuenta y riesgo, o en com�n acuerdo, con el fin de hacerse indebidamente de una cosa en perjuicio de otro, puesto que en ambos supuestos inducir�n a la autoridad judicial de que se trata a darles validez jur�dica a esos actos simulados, validez que ser� dudosa o irreal en caso de que el afectado descubra esa conducta dolosa antijur�dica y denuncie la misma, como aconteci� en la especie, siendo inaplicables las tesis que cit� el J. de Distrito, porque se refieren a situaciones jur�dicas diversas de las que se plantearon en el acto reclamado del presente juicio de amparo.

Ahora bien, del an�lisis de las ejecutorias rese�adas precedentemente se obtiene que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sostiene:

  1. Que el medio comisorio del delito de fraude previsto en la fracci�n IX del art�culo 404 del C�digo de Defensa Social para el Estado de P. por simulaci�n de un acto judicial se constri�� a la tramitaci�n de un juicio laboral;

  2. Que para la integraci�n de la figura t�pica de m�rito es requisito indispensable que exista una bilateralidad en cuanto a la realizaci�n del acto simulado; y,

  3. Que para justificar la bilateralidad, necesariamente debe justificarse que entre los activos, en el caso concreto, trabajadores y patrones, medie un concierto previo para llevar a cabo la conducta il�cita que arroje como resultado un perjuicio a otra persona o laobtenci�n de cualquier beneficio indebido.

    Por su parte, de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el amparo en revisi�n n�mero RP. 15/96, promovido por ... se desprende:

  4. Que el medio para cometer el injusto de fraude por simulaci�n de un acto judicial previsto por la fracci�n X del art�culo 387 del C�digo Penal del Distrito Federal, se hizo consistir en la tramitaci�n de un juicio sucesorio intestamentario, en el que se emplearon supuestas actitudes falaces por parte del sujeto activo del delito al aportar al juicio una documental ap�crifa, consistente en un acta de defunci�n falsa con el fin de lograr el objetivo doloso perseguido, que se tradujo en la obtenci�n de la declaratoria en el juicio sucesorio como heredero universal del inmueble motivo del litigio;

  5. Que no se requiere la dualidad en las partes del acto simulado para la configuraci�n del delito; y,

  6. Que basta con que se acredite la simulaci�n de actos jur�dicos ante un �rgano jurisdiccional para la integraci�n del il�cito de referencia.

    De lo expuesto se advierte:

  7. Que al resolver los asuntos sometidos a su consideraci�n, los �rganos colegiados examinaron la misma cuesti�n jur�dica, es decir, lo relativo a la integraci�n del tipo penal del delito de fraude cometido por simulaci�n mediante un acto judicial (juicio).

  8. Que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las resoluciones respectivas.

  9. Que los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues atendiendo a lo dispuesto por la fracci�n IX del art�culo 404 del C�digo de Defensa Social para el Estado de P. y por la fracci�n X del art�culo 387 del C�digo Penal del Distrito Federal, los Tribunales Colegiados arribaron a diferentes conclusiones en virtud de que mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene que para que se pueda surtir la hip�tesis legal que prev� el delito de fraude simulado mediante un acto judicial es menester la participaci�n de dos o m�s personas, es decir la bilateralidad en las partes en el juicio simulado, en ese mismo supuesto el otro Tribunal Colegiado sostiene que no se requiere de la existencia bilateral en la tramitaci�n del juicio simulado.

    De todo lo que se lleva dicho se llega a la conclusi�n de que en este caso s� existe contradicci�n de tesis en el punto terminal, como qued� apuntado con anterioridad.

    No es obst�culo a lo anterior la circunstancia de que los criterios en contraposici�n no constituyan jurisprudencia, porque los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafos primero y tercero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de A., que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

    En relaci�n con este punto cobra aplicaci�n la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, del tenor siguiente:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIII, abril de 2001

    "Tesis: P./J. 27/2001

    "P�gina: 77

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A. establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

    "Contradicci�n de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: J.D.G.�n G.�lez.

    "Contradicci�n de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: J.� de Jes�s G.�o P.. Secretario: I.M.P.�o.

    "Contradicci�n de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.� de Jes�s G.�o P. y G.I.O.M.. Ponente: H.R.P.. Secretario: U.M.H.�ndez.

    "Contradicci�n de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.V.C. y C.. Ponente: J.V.A.A.S.: B.A.Z..

    Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C..

    Por otra parte, resulta pertinente se�alar que de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados antes citados, no necesariamente deber� declararse que debe prevalecer alguno de ellos, porque esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el an�lisis de los puntos jur�dicos controvertidos en los criterios respectivos, podr� establecer su propia tesis a prevalecer, de acuerdo con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia siguiente:

    "Octava �poca

    "Instancia: Cuarta S.

    "Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

    "N�mero: 74, febrero de 1994

    "Tesis: 4a./J. 2/94

    "P�gina: 19

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACI�N DEL PROBLEMA JUR�DICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., al otorgar competencia a las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cu�l tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretaci�n de las normas que integran el orden jur�dico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jur�dica; tan importante y trascendental prop�sito se tornar�a inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n est� obligada, inexorablemente, a decidir en relaci�n con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jur�dicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte v�lidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen l�gico y jur�dico del problema, lo que es acorde, adem�s, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la S. debe decidir ?... cu�l tesis debe prevalecer?, no, cu�l de las dos tesis debe prevalecer.

    "Contradicci�n de tesis 1/91. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos. Ponente: F.L.C.. Secretario: G.L.M.�nez.

    "Contradicci�n de tesis 24/91. Entre el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del D�cimo Noveno Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretaria: A.C. de O..

    "Contradicci�n de tesis 34/92. Entre el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 18 de enero de 1993. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: S.G.�a M�ndez.

    "Contradicci�n de tesis 35/92. Entre el Primer y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: J.A.L.D.. Secretario: F.E.V.�squez.

    "Contradicci�n de tesis 80/90. Entre el Sexto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de mayo de 1993. Cinco votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. Secretario: E.A.G.�rrez."

    Una vez establecido lo anterior, procede analizar el punto de contradicci�n que se suscita en el presente asunto.

S�PTIMO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos de las consideraciones siguientes:

Como qued� expuesto en su oportunidad, el tema de la presente contradicci�n de tesis se circunscribe a determinar si para los efectos de la integraci�n del tipo penal del delito de fraude por simulaci�n de un acto judicial, es necesario que concurra el elemento "bilateralidad", esto es, que para que se surta la hip�tesis legal aludida es menester que se d� el concierto entre dos personas o partes y que ello traiga consigo un perjuicio a otro o la obtenci�n de cualquier beneficio indebido, o bien, que para lo anterior no se requiere de la dualidad de las partes en el acto judicial simulado.

Para estar en condiciones de resolver la problem�tica planteada, resulta necesario hacer referencia a las disposiciones contenidas en los diversos ordenamientos en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito.

El art�culo 404, fracci�n IX, del C�digo de Defensa Social del Estado de P., a la letra dice:

"Art�culo 404. Las mismas sanciones se�aladas en el art�culo anterior, se impondr�n:

"...

IX. Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.

El art�culo 387, fracci�n X, del C�digo Penal del Distrito Federal establece:

"Art�culo 387. Las mismas penas se�aladas en el art�culo anterior, se impondr�n:

"...

X. Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.

La lectura de los art�culos 404, fracci�n IX, del C�digo de Defensa Social del Estado de P. y 387, fracci�n X, del C�digo Penal del Distrito Federal, anteriormente transcritos, permite advertir que el delito de fraude por simulaci�n puede cometerse mediante distintas formas de ejecuci�n, ya simulando un contrato, un acto judicial, o bien, un escrito judicial.

Los anteriores art�culos ser�n analizados llevando a cabo una interpretaci�n sistem�tica, de acuerdo al criterio contenido en la tesis que es del tenor siguiente:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: CXIX

"P�gina: 2612

"LEY PENAL INTERPRETACI�N DE LA. Una hermen�utica jur�dica que pretendiese hacer la interpretaci�n gramatical de un precepto legal, s�lo conducir�a a consecuencias funestas. Bien sabido es de acuerdo con los principios que norman la interpretaci�n de la ley, cuando su redacci�n no es clara, es decir, cuando gramaticalmente resulta oscura, el int�rprete debe atender al esp�ritu que inspira a todo el cat�logo jur�dico, es decir, debe hacer una interpretaci�n sistem�tica del ordenamiento jur�dico.

"A. penal directo 5668/50. Por acuerdo de la Primera S., de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 22 de julio de 1953. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

Como se puede observar de lo relatado, los art�culos 404, fracci�n IX, del C�digo de Defensa Social del Estado de P. y 387, fracci�n X, del C�digo Penal del Distrito Federal, son coincidentes al se�alar los elementos que informan la figura t�pica en comentario; por tanto, se precisa abundar en las consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales que habr�n de dar sustento al sentido que regir� la presente resoluci�n.

En principio, es menester destacar que, al igual que en la simulaci�n contractual, el primer elemento de la simulaci�n procesal es la bilateralidad. Entre el actor y el demandado no existe contienda alguna que haya necesidad de resolver, pero ellos se sirven del juicio como medio para conseguir otro fin, como acontece en la especie, al simular el demandado en el juicio ejecutivo mercantil que mediante un diverso juicio laboral hubiese conseguido que se le fincara un cr�dito por el pago de prestaciones laborales reclamadas por otros de manera ficticia y mentirosa, disminuyendo as� su capacidad de pago al acreedor original, merced a la proyecci�n irreal de una situaci�n jur�dica en la que se aparent� que en virtud a la sentencia qued� obligado a ceder un derecho o a tomar sobre s� una obligaci�n, aunque, en realidad, por las relaciones de derecho material existentes entre los litigantes, semejante transferencia u obligaci�n es infundada y, como ya se estableci�, s�lo querida en apariencia; ambas partes, pues, son responsables del delito, en tanto que el perjudicado es siempre un tercero que no es parte en el juicio simulado.

En el mismo tenor, es necesario insistir en que la simulaci�n de actos o escritos judiciales requieren en la mentira cierta actitud bilateral de las diversas partes con aparentes intereses opuestos, la que da por consecuencia que el J. reconozca como v�lidas sus acciones o sus excepciones fictas; esto es, que los simuladores no contienden en realidad, sino conciertan un simulacro de controversia. En efecto, el actuar criminoso de los copart�cipes en la comisi�n del multirreferido delito coincide, y sus intereses son comunes, pues actor y reo buscan un solo fin; pretenden el mismo resultado y para producirlo se requiere el previo concurso de voluntades, predeterminando as� el sentido de la sentencia. De ah� que este Alto Tribunal considere que el legislador al tipificar la conducta falaz de que se trata, primero, haya concebido la perpetraci�n de la reprochable acci�n criminosa por diversos medios de realizaci�n; y, segundo, que haya concebido como un elemento necesario para su configuraci�n la existencia de la bilateralidad en el evento delictuoso, quienes simularen en un juicio, en perjuicio de un tercero ajeno al juicio; por lo que, consecuentemente, tambi�n debe arribarse a la convicci�n de que no puede darse una simulaci�n procesal unilateral en la que una sola de las partes fuera el delincuente simulador y la otra parte fuera la v�ctima de la simulaci�n.

En m�rito de lo anterior, no tipifica simulaci�n procesal, por ejemplo: el demandar el pago de un cr�dito que ya fue pagado; el hecho de que el demandado en un juicio ejecutivo mercantil se�ale para su embargo bienes que no son de su propiedad; el hecho de que el actor funde su acci�n en un documento falso o il�citamente obtenido; pues, en todos los casos citados, la supuesta v�ctima es parte en el juicio y, como tal, puede oponer todas las excepciones que estime procedentes, ofrecer pruebas y alegar en defensa de su derecho. Sostener lo contrario nos llevar�a al absurdo de afirmar que comete delito todo aquel cuya acci�n es rechazada por el J. en la sentencia; sin embargo, tambi�n vale decir que ello no impide que la conducta del litigante falaz pueda tipificar otros delitos, como son los de falsedad en declaraciones judiciales, falsificaci�n de documentos, uso de documento falso o los delitos de abogados, patronos y litigantes.

En virtud de lo anterior, deviene corolario que el delito a estudio se consuma tan pronto como los activos, es decir, las partes en un juicio, simulan un acto o escrito judicial "con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido". Basta, pues, con que procedan con �nimo de lucro, no es necesario para la consumaci�n del delito que se cause real y efectivamente un perjuicio patrimonial. Adicionalmente, es dable sostener que de acuerdo con los preceptos ya transcritos, que contienen el tipo penal del delito a estudio, nuestro tipo de simulaci�n procesal se refiere al litigio que las dos partes aparentan, en perjuicio de un tercero ajeno al juicio, y no al caso en que una sola de las partes miente o presenta pruebas falsas en perjuicio de la otra parte, pues �ste se consuma, como arriba dijimos, tan pronto como ambas partes simulan un acto o escrito judicial con �nimo de lucro, careciendo as� de importancia si el J. fue o no enga�ado por los simuladores; en ambas hip�tesis, el delito se ha cometido.

En estas condiciones, esta Primera S. estima que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio redactado con los siguientes rubro y texto:

FRAUDE POR SIMULACI�N DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACI�N (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Para que se actualice el il�cito de fraude por simulaci�n cometido mediante la realizaci�n de un acto judicial, es requisito indispensable que exista una bilateralidad, en cuanto a la realizaci�n del acto o escrito simulados, es decir, que se d� el concierto entre dos personas o partes, y que ello traiga consigo un perjuicio a otro o la obtenci�n de cualquier beneficio indebido. Lo anterior es as�, aun cuando entre el actor y el demandado no exista contienda alguna que deba resolverse, sino que se sirven del juicio como medio para conseguir otro fin, de manera ficticia, merced a la proyecci�n irreal de una situaci�n jur�dica en la que se aparent� que en virtud de la sentencia, quedaron obligados a ceder un derecho o asumir una obligaci�n, aunque en realidad, por las relaciones de derecho material existentes entre los litigantes, dicha transferencia u obligaci�n es infundada y s�lo querida en apariencia, siendo responsables del delito ambas partes, en tanto que el perjudicado siempre es un tercero que no es parte en el juicio simulado. En otras palabras, la simulaci�n en actos o escritos judiciales requiere cierta actitud bilateral de las diversas partes con aparentes intereses opuestos, lo que da por consecuencia que el J. reconozca como v�lidas sus acciones o excepciones fictas, esto es, que los simuladores no contienden en realidad, sino conciertan un simulacro de controversia, donde el actuar criminoso de los copart�cipes en la comisi�n del delito coincide y sus intereses son comunes, pues actor y reo pretenden el mismo resultado, y para producirlo se requiere el previo concurso de voluntades, predeterminando as� el sentido de la sentencia, de manera que no es dable concebir una simulaci�n procesal unilateral en la que una sola de las partes fuera el delincuente simulador y la otra la v�ctima de la simulaci�n.

Lo anterior sin afectar las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios que dieron origen a las sentencias contradictorias, de conformidad con el segundo p�rrafo del art�culo 197-A de la Ley de A..

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

Es inexistente la contradicci�nde tesis denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 180/2001 promovido por ... derivado del juicio de amparo indirecto n�mero 91/2001 y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisi�n n�mero 15/96, promovido por ...

SEGUNDO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 180/2001, promovido por ... derivado del juicio de amparo indirecto n�mero 91/2001 y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver los juicios de amparo en revisi�n 445/2001, 14/2002, 371/2002, 364/2002 y 363/2002, promovidos, respectivamente, por ...

TERCERO

Se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sostenido por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

CUARTO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta para su publicaci�n, as� como al Pleno y a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales de Circuito y a los Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese; rem�tase copia certificada de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito de los que deriv� la presente contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., O.S.C. de G.�a V. y presidente J.N.S.M.. Ausente el M.H.R.P. e hizo suyo el asunto el M.J.N.S.M..