Ejecutoria num. 1a./J. 33/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825509

Ejecutoria num. 1a./J. 33/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 33/2003
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2003
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/98-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.INTERÉS JURÍDICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 103/98-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 138/98, promovido por ... por s� y como albacea de la sucesi�n intestamentaria a bienes de ... consider� lo siguiente:

III. Son fundados los agravios aducidos. Los actos reclamados, seg�n lo expone la parte quejosa en su demanda de garant�as, consisten en el embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil n�mero 953/93, seguido ante el Juzgado D�cimo de lo Civil del Estado de Nuevo Le�n, con residencia en la capital de dicha entidad federativa, sobre el bien inmueble identificado como lote n�mero ... de la antigua hacienda El Lim�n, ubicado en T.�n, San Luis Potos�, con una superficie de 75-00-00 hect�reas; el remate del citado bien ra�z, su adjudicaci�n en almoneda p�blica y su entrega a la parte tercero perjudicada. El Juez Tercero de Distrito en el Estado sobresey� en el juicio, por estimar que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no demostr� con las pruebas que ofreci� su car�cter de propietaria o poseedora del bien inmueble objeto del embargo verificado en el juicio mercantil de origen y, por ende, no comprob� la afectaci�n de su inter�s jur�dico. Que si bien la solicitante del amparo aport� la documental consistente en el contrato privado de compraventa, celebrado el tres de julio de mil novecientos noventa y tres, entre ... como vendedores, y por ... y la quejosa ... como compradores, respecto del bien materia del embargo reclamado; dicha documental era insuficiente por s� sola para justificar el inter�s de la parte quejosa para promover el juicio constitucional, por no encontrarse corroborada con ning�n otro elemento probatorio; sin que fuera obst�culo para as� estimarlo que el documento no hubiera sido objetado, ni la manifestaci�n de la quejosa en el sentido de que ... ya hab�a fallecido, porque a juicio del a quo, ello no bastaba para otorgarle valor probatorio al mencionado contrato, pues �ste debi� adminicularse con otras pruebas que corroboraran la posesi�n o propiedad del inmueble en cuesti�n, para tener la certeza de que los actos de autoridad reclamados afectaban el inter�s jur�dico de la parte quejosa, pues dicho inter�s debe demostrarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones. La parte recurrente aduce, en esencia, que le causa perjuicio la sentencia recurrida porque, en su concepto, contrariamente a lo argumentado por el Juez de Distrito la prueba documental privada que aport� en autos del juicio de amparo es suficiente para comprobar la operaci�n de compraventa celebrada respecto del bien inmueble que ah� se describe; que dicho documento debe considerarse de fecha cierta, no obstante que el traslado de dominio no conste en escritura p�blica, ya que la ausencia de esta solemnidad no acarrea la nulidad del contrato ni impide que produzca sus efectos, pues la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido respecto de la cosa y el precio, por lo que debe tenerse dicho contrato como un documento de fecha cierta, ya que falleci� uno de los compradores del bien inmueble, como se demostr� durante el procedimiento; por tanto, qued� demostrado que el bien embargado en el juicio de origen sali� del patrimonio del deudor con fecha anterior a la del embargo; la parte recurrente invoca en apoyo de sus argumentos el criterio sustentado por la anterior Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, contenido en la tesis cuyo rubro dice: ?DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.?; que, por tanto, el embargo reclamado s� afecta la esfera jur�dica de la parte recurrente al lesionarse los derechos que le asisten en su car�cter de representante legal de la sucesi�n a bienes de ... as� como en su propio perjuicio, como compradora, tambi�n del bien ra�z embargado en el juicio natural. Son fundados, como ya se dijo, los agravios precedentemente sintetizados. En efecto, como lo aduce la quejosa, ahora recurrente, la prueba documental que rindi� para demostrar la afectaci�n de su inter�s jur�dico, consistente en el contrato privado de compraventa, celebrado el tres de julio de mil novecientos noventa y tres, entre los se�ores ... como vendedores, y por P. ... como compradores, respecto de un predio r�stico identificado como lote n�mero ... de la Antigua Hacienda El Lim�n, ubicado en el Municipio de T.�n, San Luis Potos�, con una superficie de 75-00-00 hect�reas, con las siguientes medidas y colindancias: ?partiendo de un punto a 535.00 metros del eje de la v�a del Ferrocarril de San Luis Potos� a T. y perpendicularmente a dicha l�nea con rumbo noreste est� situado el primer lado del paralelogramo con longitud de 1500.00 metros, colindando en quinientos metros sucesivamente con las propiedades de los se�ores ... lote n�mero ... lote n�mero ... y ... lote n�mero ... perpendicularmente al anterior lado, rumbo a 57� 40? noreste y sigue el segundo lado que tiene una longitud de 5000.00 metros, colindando con el lote n�mero ... propiedad del se�or ... el tercer lado normal anterior, con longitud de 1500.00 mil quinientos metros rumbo de 32�20? sureste, limita en mil metros con lote n�mero ... propiedad del se�or ... y en los quinientos metros restantes con terrenos del se�or ... El cuarto lado con longitud de 500.00 quinientos metros perpendicular al anterior y rumbo de 47�40? suroeste, limita con terrenos del ingeniero ...?. Este documento es eficaz para demostrar el inter�s jur�dico de la parte quejosa para promover el juicio constitucional por violaci�n a las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, ya que se trata de un documento privado acorde a lo previsto en el art�culo 133 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en t�rminos de su art�culo 2o. de �sta; documento que de conformidad con lo establecido por el art�culo 205 del invocado C�digo Federal de Procedimientos Civiles, tiene valor probatorio pleno en virtud de no haber sido objetado dentro del t�rmino se�alado por el art�culo 142 del cuerpo de leyes en cita; teniendo, adem�s, el documento privado de referencia el car�cter de documento privado de fecha cierta, por la circunstancia del fallecimiento de ... uno de los contratantes que intervino como comprador, seg�n qued� acreditado con la copia certificada del acta de defunci�n correspondiente (foja 7), deceso que ocurri� el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres, es decir, en una fecha anterior a aqurlla en la cual se trab� embargo sobre el bien inmueble objeto del contrato de compraventa, tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, atendiendo al criterio sustentado por la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece contenido en la tesis publicada en la p�gina 697, Segunda Parte, S. y Tesis Comunes, letras de la D a la O, del Ap�ndice correspondiente a los a�os de 1917 a 1988, al Semanario Judicial de la Federaci�n, bajo el siguiente rubro: ?DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.?. Sin que la circunstancia de que tal contrato privado de compraventa se hubiese celebrado sin la intervenci�n de un fedatario p�blico, afecte su valor probatorio para acreditar la afectaci�n del inter�s jur�dico por parte de la recurrente, habida cuenta de que la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en reiteradas tesis jurisprudenciales, ha sostenido el criterio de que el contrato de compraventa queda perfeccionado con el consentimiento de las partes respecto del precio y la cosa, y al cual quedan obligados los contratantes aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio satisfecho, y sin que la falta de escritura p�blica ante notario exigida por la ley respecto a la compraventa de bienes inmuebles, tenga como consecuencia la nulidad absoluta del contrato, ni impida que �ste produzca sus efectos, por no ser la forma un elemento de constituci�n en la compraventa, por lo que demostrado el derecho de propiedad por parte de la quejosa, aqu� recurrente, con la prueba documental privada de referencia, y la violaci�n al citado derecho protegido en el art�culo 14 constitucional, en virtud del embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (fojas 87 y 88), sobre el bien inmueble materia del citado contrato de compraventa; teniendo la quejosa el car�cter de tercera extra�a al procedimiento de origen, dado que �ste se sigue ante el Juzgado D�cimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo Le�n, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n, por ... en su car�cter de apoderado de Fianzas M�xico, S.A., en contra de ... es de concluirse que no opera, en el caso, la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, como lo alega la recurrente, atendiendo a que �sta acredit� su inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as. Por tanto, procede revocar el fallo recurrido y entrar al estudio de los conceptos de violaci�n con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo.

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 18/94, relativo al juicio de amparo 1662/93, estim� en su parte considerativa lo siguiente:

TERCERO. Son infundados los agravios antes transcritos. El recurrente sostiene que s� demostr� su inter�s jur�dico, pues �ste consiste en la titularidad que al quejoso corresponde en relaci�n con los derechos de propiedad o de posesi�n conculcados; y que, en la especie, acredit� la propiedad sobre el inmueble en cuesti�n con la documental privada que exhibi� con su escrito de demanda de garant�as, justificando, adem�s, su posesi�n con los originales de los contratos de arrendamiento que ofreci� y con las constancias del juicio de usucapi�n que promovi� contra la sucesi�n que design� como tercero perjudicado respecto del inmueble controvertido. Al respecto, debe indicarse que es cierto que en el recibo aportado como documental privada a la demanda de garant�as se hace constar una compraventa entre ... (autora de la sucesi�n nombrada tercera perjudicada), en su calidad de vendedora, con el hoy recurrente, en su calidad de comprador, respecto de una fracci�n del inmueble ubicado en la calle ... de la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, y tambi�n cierto es que dicha documental no fue objetada. Sin embargo, ello no quiere decir que la misma tenga pleno valor de conformidad con el art�culo 435 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. En efecto, no debe pasarse por alto que en t�rminos del art�culo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposici�n expresa en este ordenamiento se debe estar a las prevenciones del C�digo Federal de Procedimientos Civiles; por tanto, la citada ley procesal civil del Estado de Tlaxcala no puede aplicarse supletoriamente al cuerpo legal reglamentario de los art�culos 103 y 107 de la Constituci�n. Y aun cuando en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados hacen prueba plena, ello no tiene aplicaci�n respecto de aquellos documentos en que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria es indispensable que sean redactados ante notario p�blico para que puedan surtir efectos contra terceros. Ciertamente, lo anterior y lo dispuesto por los art�culos 1850, 1560 y 1562 del C�digo Civil para el Estado de Tlaxcala, as� como la jurisprudencia invocada por el recurrente, que reza que el contrato de compraventa ?se perfecciona por el consentimiento de las partes respecto del precio y la cosa?, s�lo tiene aplicaci�n entre las partes en un juicio donde se dilucidan derechos de propiedad, mas no surte efectos en relaci�n con personas ajenas, ya que la �nica forma de justificar la propiedad de un inmueble frente a terceros es mediante el instrumento notarial en que se haga constar el acto traslativo de dominio (como en el caso concreto la compraventa), al tenor del art�culo 1934 del c�digo en cita. No es obst�culo para la anterior consideraci�n que en la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito a quo, cuyo rubro dice: ?DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.?, se haga alusi�n a que un documento privado tiene fecha cierta, entre otros casos, a la muerte de cualquiera de sus firmantes; criterio que tambi�n comparte este Tribunal Colegiado. Lo anterior es as�, en virtud de que si bien es cierto que de las copias certificadas remitidas por el Juez responsable, y que tienen pleno valor de conformidad con el art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al tenor del numeral 2o. de la ley de la materia, se aprecia el acta de defunci�n de quien en vida llev� el nombre de ... misma que dej� de existir el diecinueve de mayo de mil novecientos setenta y tres; como quiera que sea la referida documental privada que anex� con su demanda de garant�as el quejoso, por s� misma carece de eficacia probatoria, pues independientemente de que la �nica forma de demostrar la propiedad de un inmueble en virtud de la compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente, seg�n se precis� anteriormente, de todos modos aquel documento no se corrobora con alg�n otro dato. Para as� estimarlo, debe indicarse que en dicha documental se asienta lo siguiente: ?bueno por: $50,000.00. Recib� del se�or ... la cantidad de (cincuenta mil pesos, cero centavos) $50,000.00 como precio de la venta que le hago de una parte de mi casa de la calle ... de la ciudad de Tlaxcala, Tlax., con las medidas y colindancias siguientes: ... Le doy desde luego la posesi�n de la parte que le vendo y le hago entrega de los documentos de mi casa. C.�ndome a firmarle sus escrituras tan luego me lo solicite. Tlaxcala, Tlax., a 21 de enero de 1968.?. Es decir, en ese recibo se especifica que la operaci�n es por una fracci�n o parte del inmueble ubicado en la calle ... de Tlaxcala, Tlaxcala, mas no por todo el inmueble. Por lo mismo fue menester que el quejoso ofreciera la pericial u otra probanza para acreditar que efectivamente el bien a que se hace referencia en aquel documento es el mismo a que se refiere el auto reclamado de nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, y de esta forma tener plena certeza que el acto de autoridad afecta el inter�s jur�dico de la hoy recurrente, ya que �ste debe demostrarse fehacientemente y no inferirse por presunciones. Tiene aplicaci�n al caso la jurisprudencia n�mero 106, sustentada por este Tribunal Colegiado, que dice: ?INTER�S JUR�DICO, AFECTACI�N DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectaci�n del inter�s jur�dico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones.?. Adem�s, de conformidad con los documentos que exhibi� el propio quejoso con su demanda de garant�as, se acredita que �ste admite no ser propietario del inmueble en cuesti�n, lo anterior, en virtud que en el mismo escrito en que promovi� juicio en contra de la sucesi�n intestamentaria a bienes de ... expresamente se�al� que demandaba la usucapi�n ?para poder adquirir la propiedad a su favor?, entre otros lotes, de aquel en donde se localiza el bien controvertido (foja ocho). En otras palabras, reconoce que dicho inmueble no es de su propiedad. En contra de lo aseverado por el recurrente debe indicarse que, no obstante que la copia de su escrito de once de enero de mil novecientos noventa y tres, la copia al carb�n que como instructivo de notificaci�n dej� el diligenciario adscrito al Juzgado de Primera Instancia Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de H., con residencia en la ciudad de Tlaxcala, respecto del auto de veinte de enero de ese a�o, su escrito de veintitr�s de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y la copia al carb�n del prove�do de veintiocho de septiembre del citado a�o, que como instructivo de notificaci�n tambi�n dej� el diligenciario, aparezcan con el sello de dicho juzgado, tal circunstancia no les da el car�cter de documentales p�blicas, en virtud de que no se encuentran certificadas por el secretario del juzgado correspondiente, quien es el autorizado para dar fe de las mismas. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia n�mero 700, visible en la p�gina mil ciento sesenta y seis del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Segunda Parte, que dice: ?DOCUMENTOS P�BLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese car�cter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios p�blicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.?. A pesar de ello, el primero y segundo de los referidos documentos, as� como la copia del auto de uno de junio de mil novecientos noventa y tres, aparecen entre las constancias que remiti� la autoridad responsable y que, por ende, �stas gozan de pleno valor, as� como las restantes documentales mencionadas tambi�n tienen eficacia probatoria. Pero de cualquier modo resultan insuficientes para acreditar el inter�s jur�dico del quejoso, pues con ellos �nicamente se justifica la actividad procesal que ha desempe�ado el hoy recurrente, es decir, que denunci� la sucesi�n a bienes de ... que demand� a esta sucesi�n la usucapi�n del inmueble en cuesti�n; que sobre tales escritos recayeron acuerdos admisorios, y que en dicho juicio hereditario se reconocieron derechos a ... ambos de apellidos ... y se nombr� albacea provisional al primero de ellos; sin embargo, no acreditan el inter�s jur�dico de ... por no existir resoluci�n judicial que ampare la propiedad o posesi�n de �ste respecto del bien controvertido. Tiene aplicaci�n al caso la tesis sustentada por este �rgano colegiado al resolver los juicios de amparo en revisi�n n�meros 341/89 y 190/87, que dice: ?INTER�S JUR�DICO. El inter�s jur�dico no deduce del solo ofrecimiento de pruebas, sino requiere la demostraci�n aunque sea de manera presuntiva, de que los actos reclamados de alguna forma causan perjuicio a la parte quejosa; es decir, que el inter�s jur�dico no se infiere de la actividad procesal del afectado, sino de las pruebas que tiendan a su demostraci�n.?. Por �ltimo, debe indicarse que los documentos relativos a los contratos de arrendamiento tampoco demuestran la posesi�n del bien en cuesti�n, ni mucho menos la propiedad en favor del quejoso y, por ende, su inter�s jur�dico, porque la prueba id�nea para acreditar la posesi�n lo es la testimonial. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia n�mero 1359, consultable en la p�gina dos mil ciento noventa y uno del Ap�ndice y parte antes precisados, y la jurisprudencia n�mero 103 de este Tribunal Colegiado, que respectivamente dicen: ?POSESI�N. LA PRUEBA ID�NEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL. La Segunda S. sustenta el criterio de que la prueba testimonial es la id�nea para acreditar el hecho de la posesi�n; de manera que no desahogada esa prueba, los quejosos no acreditan en el juicio que estuvieran en posesi�n del predio a que se refiere la demanda de garant�as, en forma p�blica, pac�fica, continua, en nombre propio y a t�tulo de due�os, por un lapso no menor de cinco a�os anterior a la fecha de publicaci�n de la solicitud de dotaci�n; por lo que no satisfacen uno de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en la posesi�n, con las caracter�sticas indicadas, del predio aludido.? y ?POSESI�N CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO ES ID�NEO PARA ACREDITARLA. El contrato de arrendamiento s�lo demuestra la celebraci�n de ese convenio, pero no es prueba id�nea para acreditar la posesi�n; pues para ello se debe justificar la tenencia material del inmueble. Lo que no selogra con ese documento y en todo caso, para lograr tal fin, se debe corroborar con una testimonial.?. Y, por otra parte, porque tales documentos no pueden servir de base para considerar propietario del bien arrendado al que lo otorga en car�cter de arrendador. El recurrente asegura que los originales de los contratos de arrendamiento justifican su calidad de arrendador y, por ende, su legitimaci�n, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro dice: ?ARRENDAMIENTO, LEGITIMACI�N DEL ARRENDADOR.?. Sobre el particular, cabe establecer que el sentido de esa jurisprudencia, que tambi�n comparte este Tribunal Colegiado, es aplicable exclusivamente en aquellos juicios de arrendamiento donde una de las partes controvierte la legitimaci�n del arrendador para ejercitar alguna acci�n derivada de ese contrato; sobre lo cual, ese Alto Tribunal y este �rgano colegiado han considerado que la calidad del arrendador dimana del contrato relativo, por lo que quien se ostenta arrendador en juicio (de arrendamiento) se legitima con el simple contrato, sin necesidad de acreditar la propiedad sobre el inmueble en cuesti�n. Sin embargo, esa tesis jurisprudencial es inaplicable en casos como el de la especie, que en virtud de ese contrato pretende hacerse derivar la calidad de due�o del bien dado en arrendamiento. En conclusi�n, en virtud de que el quejoso se ostent� como propietario del bien controvertido y no acredit� tal extremo, resulta claro que el acto reclamado no afecta su inter�s jur�dico, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista por la fracci�n V art�culo 73 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer el juicio de garant�as, como bien lo hizo el Juez de Distrito a quo. Al caso tiene aplicaci�n la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo n�mero 242/89, que dice: ?INTER�S JUR�DICO. FALTA DE. Si los quejosos ocurrieron en demanda de amparo ostent�ndose como arrendatarios de un local y propietarios del negocio en �l establecido, y no acreditan ninguno de dichos caracteres, surge la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73 fracci�n V de la Ley de Amparo, pues es claro que los actos reclamados no afectan sus intereses jur�dicos en raz�n de que no acreditaron el hecho de la posesi�n ni el derecho de propiedad legalmente tutelados.?. Las anteriores consideraciones conducen a confirmar la sentencia que se revisa.

A su vez, el mismo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el toca 188/95, relativo al juicio de amparo n�mero 245/95, sostuvo:

SEXTO. Son sustancialmente fundados los agravios aducidos por las autoridades responsables ordenadoras, presidente municipal, secretario del Ayuntamiento y s�ndico municipal, en representaci�n del Ayuntamiento, todos del Municipio de Tepexi de R.�guez, P.. En efecto, las referidas recurrentes aducen que, en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, la cual debi� haber examinado la Juez de Distrito a quo, aun de oficio, por ser esa una cuesti�n de orden p�blico en el juicio de garant�as. Para una mejor comprensi�n del asunto resulta conveniente precisar que, en la demanda de garant�as, el quejoso ... reclam� de las autoridades responsables, ahora inconformes, el acuerdo o instrucciones dictadas para impedirle de cualquier forma que contin�e realizando la actividad de tianguista en el lugar denominado ?Placita El Moralillo?, de Tepexi de R.�guez, P., y la posible desposesi�n de dicho inmueble de su propiedad; igualmente, que a su referida demanda el amparista acompa�� un recibo provisional de dinero por quinientos nuevos pesos, de veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco, en el que se hizo constar que ... recibieron del amparista ... la cantidad de dinero antes mencionada como pago a cuenta de la compraventa de un terreno r�stico ubicado en el lugar conocido como ?Placita El Moralillo?, perteneciente a la fracci�n oriente de las que se dividi� la exhacienda de ?Mesa Q.?, propiedad de quienes recibieron los quinientos nuevos pesos; que dicho terreno no tiene una superficie de una hect�rea; que el monto total de la operaci�n es de mil doscientos nuevos pesos; y, que el comprador conoce la situaci�n jur�dica del terreno, autoriz�ndole a �ste a tomar posesi�n inmediata del mismo (foja 7), y copia certificada de la minuta de contrato privado de compraventa a plazos con reserva de dominio, celebrado el veintitr�s de enero de mil novecientos noventa y cinco por ... como vendedor y ... como compradores, respecto de una fracci�n de terreno que se segrega del predio denominado ?Mesa Q.?, ubicado en el Distrito Judicial de Tepexi de R.�guez, P., advirti�ndose en la cl�usula s�ptima del mismo, lo siguiente: ?S�ptima. Expresamente pactan los se�ores ... compradores con el se�or ... vendedor, que los derechos del presente contrato no los podr�n ceder, enajenar ni gravar en forma alguna, debiendo recabar el permiso previo y por escrito del se�or ... vendedor, para que pueda hacer la cesi�n a que se refiere en esta cl�usula, sin perjuicio de que los adquirentes puedan usar, disfrutar y, por tanto, arrendar el predio durante la vigencia del plazo concedido para el pago.?, plazo que fue fijado en noventa d�as, seg�n se puede ver en la cl�usula segunda del contrato privado de que se trata. Por otra parte, cabe destacar que por inter�s jur�dico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la v�a de amparo, alg�n acto de autoridad violatorio de garant�as individuales en su perjuicio, es decir, la afectaci�n a un derecho subjetivo p�blico protegido por alguna norma legal, o la ofensa, da�o o lesi�n en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia n�mero 87 de este Tribunal Colegiado, que dice: ?INTER�S JUR�DICO. EN QU� CONSISTE. El inter�s jur�dico a que alude el art�culo 73, fracci�n V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la v�a de amparo, alg�n acto violatorio de garant�as individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es: una ofensa, da�o o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garant�as individuales establecidas en la Constituci�n General de la Rep�blica, cuando la violaci�n atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusi�n, el inter�s jur�dico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garant�as y no otra persona.?. Precisado lo anterior, como bien lo argumentan las autoridades responsables recurrentes, es evidente que, en la especie, el amparista no demostr� el inter�s jur�dico que le asiste para promover el presente juicio de garant�as; esto es as� pues, en primer lugar, el quejoso no acredit� que en realidad se dedique a la actividad de tianguista en el lugar denominado ?Placita El Moralillo?, pues ninguna prueba aport� para ello, siendo menester indicar que no basta que el solicitante de amparo haya manifestado en su demanda que efectivamente se dedique a dicha actividad, sino que es indispensable que hubiese demostrado fehacientemente su afirmaci�n en tal sentido, asimismo, que contaba con la licencia o autorizaci�n respectiva, expedida por la autoridad competente; de manera que no demostrados estos extremos con elemento de convicci�n alguno, es incuestionable que el acuerdo o instrucciones que reclama no lesionan su esfera jur�dica. Y, en segundo lugar, por cuanto ve al diverso acto reclamado consistente en la desposesi�n del predio de su propiedad, es de indicarse que con las pruebas que exhibi�, y a las cuales ya se hizo alusi�n, no demuestra que el predio r�stico ubicado en el lugar conocido como ?Placita El Moralillo?, de Tepexi de R.�guez, P., sea de su propiedad, ni que hubiese estado en posesi�n del mismo, pues el recibo provisional que le extendieron ... s�lo acredita que �stos recibieron del quejoso la cantidad de quinientos nuevos pesos como pago a cuenta de la compraventa del referido terreno, pero de ninguna manera que mediante tal entrega de dinero se haya formalizado compraventa alguna, pues para ello era indispensable que se exhibiera la escritura notarial correspondiente, y aun en el supuesto de que pudiera conced�rsele validez a dicho recibo provisional y a la minuta de compraventa que tambi�n se exhibi�, y se admitiera que el predio al cual alude sea el inmueble a que se refiere aqu�l, debe destacarse que en este �ltimo documento de fecha veintitr�s de enero de mil novecientos noventa y cinco, se estipul� entre las partes que los compradores, que son quienes suscribieron el multicitado recibo provisional, de ninguna manera pod�an enajenar el predio materia de dicho contrato hasta en tanto se cubriera el costo total del mismo en el plazo convenido para ello (noventa d�as), de donde se sigue, que al no probarse que se hubiese cubierto el monto total del mencionado contrato privado de compraventa, quienes recibieron del quejoso los quinientos nuevos pesos como pago a cuenta no pod�an vender el mencionado terreno; siendo pertinente subrayar que la �nica forma de acreditar la propiedad de un inmueble adquirido por compraventa, lo es mediante el instrumento notarial respectivo; y en cuanto a la posesi�n, la prueba id�nea para demostrarla lo es la testimonial, misma que no fue ofrecida por el quejoso en el juicio de garant�as; de tal manera que, en la especie, no pod�a tenerse plena certeza de que los actos reclamados afectan el inter�s jur�dico del quejoso, ya que �ste debe demostrarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sostenidos por este �rgano colegiado en la jurisprudencia n�mero 106, y en la tesis sustentada al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 18/94, que respectivamente dicen: ?INTER�S JUR�DICO, AFECTACI�N DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectaci�n del inter�s jur�dico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones.? e ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO. INEFICACIA DEL SIMPLE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O POSESI�N DEL BIEN, Y POR ENDE EL. Aun cuando en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados hacen prueba plena, ello no tiene aplicaci�n respecto de aquellos documentos en que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria es indispensable que sean redactados ante notario p�blico, para que puedan surtir efectos contra terceros. Y si bien es cierto que un documento privado adquiera fecha cierta, entre otros casos, a la muerte de cualquiera de sus firmantes, de conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: �DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.�; como quiera que sea el contrato privado de compraventa que anex� el quejoso con su demanda de garant�as, por s� mismo carece de eficacia probatoria, pues independientemente de que la �nica forma de demostrar la propiedad de un inmueble por virtud de la compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente, seg�n se dijo, de todos modos ese documento debe de corroborarse con otros datos para justificar la propiedad o posesi�n que expresa tener sobre el inmueble en cuesti�n, y de esta forma tener plena certeza que el acto de autoridad afecta el inter�s jur�dico del quejoso, ya que �ste debe demostrarse fehacientemente y no inferirse por presunciones.?. En tales circunstancias, al haber resultado fundado el agravio expresado por las autoridades responsables recurrentes en el que invocaron la causal de improcedencia analizada, es innecesario examinar las diversas causales de improcedencia que aluden. Tiene aplicaci�n sobre el particular la jurisprudencia n�mero 171, de esta potestad federal, que dice: ?AGRAVIOS EN LA REVISI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si se revoca la sentencia dictada por el Juez de Distrito a quo, fall�ndose favorablemente a los intereses del recurrente por uno de los cap�tulos de queja, es innecesario que se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en la revisi�n, pues ello a nada pr�ctico conducir�a.?. En las condiciones anotadas, en la materia de la revisi�n procede revocar la sentencia sujeta a revisi�n, pues al actualizarse, en la especie, la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 74, fracci�n III, de la propia ley, debe decretarse el sobreseimiento del presente juicio de garant�as respecto de los actos reclamados al Ayuntamiento, presidente municipal y secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Tepexi de R.�guez, P.; sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecuci�n reclamados al director de Seguridad P�blica, coordinador de la Polic�a Judicial, ambos del Estado de P., s�ndico municipal, comandante municipal, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Tepexi de R.�guez, P., y comandante de la Polic�a Judicial de la misma localidad, pues tales actos no se combaten por vicios propios, sino como consecuencia del analizado. Es aplicable sobre el particular la jurisprudencia n�mero 7, de este Tribunal Colegiado, cuyo tenor literal es el siguiente: ?SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCI�N NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe tambi�n decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan car�cter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aqu�llos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecuci�n, si �stos no se combaten por vicios propios.?.

El mismo Tribunal Colegiado al resolver el toca 31/96, relativo al juicio de amparo n�mero 1478/95, sostuvo:

QUINTO. Son infundados en parte y fundados en otra los agravios expresados por la parte recurrente. En efecto, carece de raz�n la inconforme al aducir que el Juez de Distrito a quo viol� en su perjuicio garant�as individuales (sin precisar cu�les); lo anterior es as�, en virtud de que el Juez Federal de m�rito es el titular de un �rgano que tiene a su cargo el control constitucional, por lo que jur�dicamente no puede infringir garant�as individuales; por consiguiente, y toda vez que su actuaci�n est� sujeta a lo establecido en la Ley de Amparo, en todo caso, los preceptos que pudiera dejar de observar al resolver una controversia constitucional ser�an los relativos al referido ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia n�mero 318 de este Tribunal Colegiado, que dice: ?JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANT�AS CON SUS FALLOS. El Juez de Distrito es un �rgano que tiene a su cargo el control constitucional y jur�dicamente no puede conculcar garant�as individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, ser�an los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuaci�n.?. Ahora bien, para una mejor comprensi�n del asunto conviene destacar que del examen integral de las constancias de autos se desprende que mediante escrito presentado con fecha trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, P., ... por su propio derecho, promovi� juicio reivindicatorio en contra de ... ambas de apellidos ... as� como de ... a trav�s de su representante, exigiendo la entrega material del predio materia de la controversia; el pago de frutos y accesorios, de da�os y perjuicios, y el de gastos y costas. Como hechos de su demanda se�al� los siguientes: ?1. Como lo demuestro con la escritura p�blica de propiedad que adjunto a este ocurso como anexo, soy la leg�tima propietaria de un inmueble que se ubica en el Barrio de S.A. de esta ciudad, que se marca como sin n�mero en la esquina que forman las calles ... en esta ciudad de Tecamachalco, Distrito Judicial del mismo nombre. 2. El inmueble de referencia cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al norte. Mide cuarenta y cinco metros y linda con la propiedad de la se�ora ... al sur. Mide cuarenta y cinco metros y linda con la propiedad de ... al oriente. Mide veintis�is metros con cuarenta y tres cent�metros y linda con un predio del Barrio de S.A.; al poniente. Mide veintis�is metros cuarenta y tres cent�metros y linda con el predio de propiedad de ... con camino en medio. 3. El inmueble de referencia cuenta con diez cuartos para diferentes usos, cuatro de los cuales se encuentran en mal estado, la mayor�a de �stos construidos de adobe; de la misma forma cuenta con dos tejados para porquer�as y una provisional para un molino de nixtamal; todo el terreno se encuentra cercado en un noventa por ciento de block; todas las construcciones se encuentran ubicadas en el lado poniente del terreno de referencia. 4. A partir del d�a veinte de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, le fue prestado el inmueble por la suscrita a mi se�or hermano ... y a su esposa ... en virtud de que quer�an explotar un peque�o molino de nixtamal, que como se dijo en el punto que antecede existe en el inmueble de mi propiedad, sin que se fijara por dicho concepto ninguna renta, o bien, sin que se haya establecido por el bien alg�n lucro en mi favor, como en su oportunidad procesal se acreditar�. 5. Resulta ser que con fecha once de febrero del a�o que transcurre, mi hermano ... falleci� en esta ciudad de Tecamachalco, por lo que el inmueble de mi propiedad, desde ese momento, lo ha venido poseyendo la se�ora ... esposa de mi difunto hermano, por lo que han obtenido ganancias con la explotaci�n del molino, ocasionando una disminuci�n en mi patrimonio; asimismo, desde el fallecimiento de mi hermano se ha negado rotundamente a hacerme entrega del bien inmueble de mi propiedad, manifestando que era propiedad de su esposo, siendo �ste el motivo principal por el que acudo en esta v�a para obtener la reivindicaci�n del predio de mi propiedad.?. Admitida la demanda y emplazada que fue la demandada, produjo su contestaci�n informando que ella no estaba en posesi�n del inmueble, pues desde que muri� su esposo, las hijas de �ste ... de apellidos ... son quienes ocupan el mismo. Previa solicitud de la actora se tuvo por enderezada la demanda en contra de ... de apellidos ... quienes una vez emplazadas produjeron su contestaci�n alegando que se encontraban en posesi�n del inmueble desde hace m�s de veinte a�os, en virtud de una compraventa celebrada con el se�or ... Por otro lado, mediante escrito presentado con fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro ante el mismo Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, P. ... por su propio derecho, promovieron juicio sumario de usucapi�n en contra de ... y de los propietarios colindantes, y de quienes se creyeran con derechos, pidiendo la declaraci�n de que han adquirido la propiedad del inmueble; la expedici�n de la sentencia que se dicte para que sea inscrita como t�tulo de propiedad y el pago de gastos y costas. Se�alaron como hechos de su demanda los siguientes: ?1. Con fecha veintitr�s de agosto de mil novecientos sesenta y ocho celebramos contrato privado de compraventa con el se�or ... en su car�cter de vendedor, respecto del inmueble que se encuentra ubicado en el Barrio de S.A.de esta ciudad de Tecamachalco, P., mismo que se marca como sin n�mero en la esquina que forman las calles ... de esta ciudad de Tecamachalco, P.; contrato privado de compraventa que se acompa�a a la presente demanda como justo t�tulo. 2. Que dicho inmueble fue adquirido por nosotras por la cantidad de $4,500.00 viejos pesos cero centavos moneda nacional, entregando dicha cantidad a nuestro vendedor en la fecha se�alada en el punto que antecede. 3. Que dicho inmueble cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al norte: Mide 45.00 metros y linda con la propiedad de la se�ora ... actualmente con ... Al sur: Mide 45.00 metros y linda con la propiedad de ... camino en medio, actualmente con la se�ora ... Al oriente: Mide 26 metros cuarenta y tres cent�metros, y linda con un predio del Barrio de S.A.. Al poniente: Mide 26 metros cuarenta y tres cent�metros, y linda con un predio de G.F.�ndez camino en medio, actualmente con ... 4. Que desde esa fecha, es decir, veintitr�s de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, el vendedor, se�or ... nos dio la posesi�n de dicho inmueble de manera pac�fica. 5. La posesi�n a que hacemos referencia ha sido de manera p�blica, pues todos los vecinos saben que nosotras nos hemos manejado como propietarias de dicho inmueble. 6. Que el inmueble que pretendemos usucapir lo hemos detentado de manera continua, es decir, que siempre hemos tenido la posesi�n del mismo, desde el a�o de mil novecientos sesenta y ocho, por medio del contrato privado de compraventa realizado con el se�or ... misma que hasta la fecha ha sido de manera ininterrumpida. 7. Que hemos detentado el inmueble de buena fe, pues nos lo transmiti� quien cre�amos que era el propietario, a trav�s del contrato privado de compraventa mencionado en el punto primero de hechos de la presente demanda, comport�ndonos con �nimo de due�as, porque hemos hecho el pago de las contribuciones correspondientes por dicho inmueble, como lo es el pago del predio, mismo comprobante que acompa�amos para tal efecto a la presente demanda. 8. Cabe mencionar que la se�ora ... aparece inscrita como propietaria de dicho inmueble hasta el d�a veintitr�s de julio de mil novecientos noventa y tres, fecha que, como es de verse, es con posterioridad a la adquisici�n por parte nuestra del inmueble que pretendemos usucapir, tal como se demuestra con el certificado del Registro P�blico de la Propiedad que para tal efecto se acompa�a a la presente demanda. 9. Es por todo lo anterior que creemos reunir los requisitos que nos marca la ley para poder adquirir por usucapi�n la propiedad del inmueble que hemos descrito y que tambi�n hemos pose�do y, por tanto, recurrimos a usted se�or Juez a demandar el presente juicio de usucapi�n.?. Admitida la demanda y emplazados que fueron los demandados ... produjo su contestaci�n, se�alando que eran falsos los hechos de la demanda y que lo cierto es que ella le hab�a prestado el inmueble a su hermano ... Dentro del periodo probatorio, la actora en el juicio reivindicatorio ofreci� como pruebas de su parte la confesional y la declaraci�n de partes a cargo de las demandadas ... ambas de apellidos ... la confesi�n judicial de ... la pericial en agrimensura; la inspecci�n judicial; la pericial grafosc�pica; la testimonial; y, la presuncional en su doble aspecto. Al desahogar las demandadas referidas la prueba confesional a su cargo, el dos de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, concretamente al absolver la quinta posici�n que les fue formulada, respondieron en forma coincidente que ten�an la posesi�n del inmueble materia de la controversia desde hac�a aproximadamente veinte a�os en tanto que al desahogar en la misma fecha la prueba de declaraci�n de partes a su cargo, al responder a las dos primeras preguntas que les fueron formuladas, reiteraron que se encontraban en posesi�n del inmueble en cuesti�n desde hac�a m�s de veinte a�os. Por su parte ... ambas de apellidos ... actoras en el juicio de usucapi�n, ofrecieron como pruebas la confesional y declaraci�n de partes a cargo de ... la documental p�blica, la documental privada, la testimonial y la presuncional en su doble aspecto. El tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro ... respecto de la prueba testimonial, afirmaron al responder a la pregunta siete del interrogatorio relativo, que ... se encontraban en posesi�n del inmueble en cuesti�n. Por auto de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez de origen decret� la acumulaci�n de los indicados juicios reivindicatorio y de usucapi�n. Previos los tr�mites legales correspondientes, el trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez del conocimiento dict� sentencia definitiva declarando que ... es propietaria del inmueble materia de la reinvindicaci�n, y condenando a ... de apellidos ... a entregar a la actora, tan luego causara ejecutoria dicho fallo, el indicado bien inmueble. Inconformes con esta sentencia, las aludidas ... de apellidos ... interpusieron el recurso de apelaci�n, en cuyo tercer agravio insistieron en que se encontraban en posesi�n del multicitado inmueble, recurso del que correspondi� conocer a la Cuarta S. del Tribunal Superior de Justicia del Estado de P., en el toca 161/95, misma que el seis de abril de mil novecientos noventa y cinco pronunci� sentencia confirmando la recurrida. Inconformes con este �ltimo fallo, las referidas apelantes promovieron amparo directo en su contra, del cual correspondi� conocer a este �rgano colegiado en el expediente D.2., mismo que fue resuelto el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, y en cuya ejecutoria se desprende que se neg� el amparo solicitado a las quejosas. As�, el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el juzgador de origen, tuvo al secretario de la mencionada S. comunicando que hab�a causado ejecutoria la sentencia de alzada; por lo que el once de septiembre posterior dict� el prove�do siguiente: ?�NICO. Con fundamento en los art�culos 67, 69, 70, 540, 541 y 548 del C�digo de Procedimientos Civiles, como lo pide el actor, requi�rase a las demandadas ... de apellidos ... para que en el t�rmino de tres d�as siguientes a la notificaci�n de este auto, entreguen a la actora el inmueble materia del juicio reivindicatorio, consistente en un inmueble ubicado en el Barrio de S.A. de Tecamachalco, P., que se marca como sin n�mero en la esquina que forman las calles ... con todos sus usos, costumbres y servidumbres, apercibidas en el sentido que de no hacerlo se proceder� a la ejecuci�n con auxilio de la fuerza p�blica; en contra de dicho auto el Juez de Distrito a quo concedi� al quejoso ... el amparo solicitado; sin embargo, cabe destacar que tal acuerdo en s� mismo no afecta en modo alguno el derecho de propiedad que afirma tener el quejoso sobre el bien inmueble de que se trata (cuesti�n que debe resolverse en un juicio contradictorio), sino la posesi�n material del mismo, que el amparista no justific� tenerla en el juicio de garant�as, como lo aduce la inconforme; lo anterior es as�, en virtud de que en el mencionado prove�do se ordena requerir a las demandadas, aqu� terceras perjudicadas ... de apellidos ... para que entreguen el bien materia de la reivindicaci�n a la actora, hoy recurrente ... En efecto, el quejoso para probar el hecho de la posesi�n que afirma tener sobre el inmueble multicitado, ofreci� como pruebas de su parte en el juicio constitucional, y le fueron admitidas: La documental p�blica consistente en el instrumento n�mero once mil setecientos treinta y tres, volumen ciento ocho, de nueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco (posterior a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo n�mero 290/95, de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco), que contiene el testimonio en el que hizo constar el notario p�blico n�mero dos de San Mart�n Texmelucan, P., la protocolizaci�n del contrato privado de compraventa de veintiuno de enero de mil novecientos setenta y cuatro, celebrado por ... como comprador, e .. como vendedora, respecto de la fracci�n de terreno ubicado en el Barrio de S.A., Municipio de Tecamachalco de G., P., en el que se precisaron sus medidas y colindancias, insertas en el citado contrato, que el �nico compareciente ... exhibi� en una foja �til y que protest� haberlo celebrado; as� como la testimonial. Sin embargo, por cuanto se refiere al indicado instrumento notarial, el mismo resulta inadecuado para demostrar la posesi�n alegada del bien inmueble identificado, en virtud de que si bien es cierto se trata de un documento p�blico, empero, por contener declaraciones de verdad por parte del oferente de manifestaciones de hechos de particulares, por ello tal documento, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria en materia de amparo, �nicamente prueba con plenitud, que ante el notario p�blico que expidi� el instrumento de que se habla compareci� ... y protest� haber celebrado el contrato privado de compraventa que ante dicho fedatario present� con ... pero no resulta eficaz para justificar la posesi�n material del inmueble por parte del quejoso; m�xime que ninguna otra persona que intervino en dicho contrato compareci� ante el aludido notario a fin de ratificar lo asentado en el mismo. Sobre el particular tiene aplicaci�n el criterio sustentado por esta potestad federal al resolver los juicios de amparo en revisi�n n�meros 18/94 y 188/95, que dice: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO. INEFICACIA DEL SIMPLE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O POSESI�N DEL BIEN, Y POR ENDE EL. Aun cuando en t�rminos del art�culo 203 del C�digo de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados hacen prueba plena, ello no tiene aplicaci�n respecto de aquellos documentos en que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria es indispensable que sean redactados ante notario p�blico, para que puedan surtir efectos contra terceros. Y si bien es cierto que un documento privado adquiere fecha cierta entre otros casos, a la muerte de cualquiera de sus firmantes, de conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: �DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.�; como quiera que sea el contrato privado de compraventa que anex� el quejoso con su demanda de garant�as, por s� mismo carece de eficacia probatoria, pues independientemente de que la �nica forma de demostrar la propiedad de un inmueble por virtud de la compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente, seg�n se dijo, de todos modos ese documento debe corroborarse con otros datos para justificar la propiedad o posesi�n que expresa tener sobre el inmueble en cuesti�n, y de esta forma tener plena certeza que el acto de autoridad afecta el inter�s jur�dico del quejoso, ya que �ste debe demostrarse fehacientemente y no inferirse por presunciones.?. Y en relaci�n con la prueba testimonial, como bien lo aduce la recurrente, fue incorrectamente valorada por el Juez de Distrito; en efecto, tal probanza resulta ineficaz para demostrar que el solicitante de amparo se encuentre en posesi�n del inmueble que refiere, puesto que al responder a la pregunta directa n�mero siete del interrogatorio respectivo, que a continuaci�n se transcribe: ?VII. Qui�n es el poseedor del inmueble a que se refiere la pregunta inmediata anterior (casa actualmente marcada con el n�mero ... de la calle ... del Barrio de S.A. de Tecamachalco, P.); el testigo ... respondi�: ?Que s� lo sabe, que es el se�or ... que lo sabe y le consta porque el de la voz fue testigo de esa compra y que lo ha visto que es el poseedor.?, contestando a las repreguntas relativas, marcadas con las letras f y g consistentes en: ?f. �Cu�l es la fecha exacta en que le fue entregada la posesi�n? g. �Qui�n le otorg� la posesi�n?; a la f: ?Que no sabe si en el momento en que firm� el contrato le entregaron la casa o le dejaron unos d�as m�s.?, y a la g: ?Que no vio qui�n se la entreg�.?, respuestas que no engendran convicci�n de veracidad y s�, en cambio, de aleccionamiento, habida cuenta que dicho testigo al responder a la quinta pregunta directa y a la repregunta marcada con la letra ?a? referente a la misma, sostuvo que el domicilio del quejoso se encuentra precisamente en el inmueble en cuesti�n y que esto lo sabe desde el veintiuno de enero de mil novecientos setenta y cuatro, y despu�s sostiene al responder a la repregunta referida que no sabe desde cu�ndo tiene la posesi�n el quejoso de dicho bien, contradicciones de las que se infiere que al testigo de que se trata no le constan los hechos sobre los que depuso, y que previamente fue preparado para declarar como lo hizo. Por otra parte, en cuanto al diverso testigo ... al responder a la s�ptima pregunta directa, antes transcrita, respondi�: ?Que s� lo sabe, que es ... que lo sabe y le consta, porque el de la voz cuando pasa a ver a su t�a lo ve que est� ah� y que pone su camioneta en la calle.?; sin embargo, tal respuesta evidentemente resulta imprecisa, pues independientemente de que dicho testigo no dio la raz�n de su dicho, el hecho de que vea ?que est� ah� y que pone su camioneta en la calle? el quejoso, no implica que le conste que sea el poseedor del predio en cuesti�n, pues en absoluto refiere haber presenciado que el amparista ejerciera acto de dominio alguno sobre dicho bien. Y el tercer testigo ... a la repregunta directa transcrita, contest�: ?Que s� lo sabe, que es don ... Que lo anterior lo sabe y le consta, porque el de la voz lo va a ver all�.?; empero tal respuesta en realidad se trata de una mera afirmaci�n inatendible, en virtud de que el testigo no dio la raz�n de su dicho, es decir, no expres� el porqu� le consta que el quejoso sea el poseedor del inmueble de referencia, pues no basta que ?lo vea? en el mismo, sino que era menester que explicara porqu� afirma que le asiste el car�cter de poseedor de dicho bien; adem�s de que no expuso por qu� motivos lo ?va a ver all�?. Luego, es inconcuso que la indicada prueba testimonial no demostr� el extremo pretendido. Tiene aplicaci�n sobre el particular las jurisprudencias n�meros 145 y 350 de este Tribunal Colegiado, que respectivamente dicen: ?TESTIMONIAL. VALORACI�N DE LA PRUEBA. La valoraci�n de la prueba testimonial implica siempre dos investigaciones; la primera relativa a la veracidad del testimonio en la que se investiga la credibilidad subjetiva del testigo, la segunda investigaci�n es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la fuente de la percepci�n que el testigo afirma haber recibido como en relaci�n al contenido y a la forma de la declaraci�n.? y ?TESTIGOS. INEFICACIA PROBATORIA DE LA DECLARACI�N DE LOS. Si los testigos afirman que han visto u o�do determinados hechos o expresiones, pero no manifiestan en qu� circunstancias o por qu� medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron, o bien, como raz�n de su dicho, expresen medios o circunstancias que l�gicamente no pueden llevar al �nimo del juzgador la convicci�n de que realmente les constan esos hechos, tal probanza, por s� sola, carece de eficacia probatoria.?. Por consiguiente, si de los antecedentes del caso, relatados con antelaci�n, se desprende que quienes han detentado la posesi�n del inmueble tantas veces citado, lo son las terceras perjudicadas ... de apellidos ... y no el quejoso ... pues as� se desprende de las constancias que integran el juicio de origen, por ende, es indudable que el auto de once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por el que se requiri� a las aludidas terceras perjudicadas entregaran el bien inmueble materia de la reivindicaci�n al ahora inconforme, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en la controversia de origen, no afecta los intereses jur�dicos del impetrante de amparo, actualiz�ndose as� la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, por lo que en relaci�n con dicho acto debe revocarse la concesi�n de amparo y sobreseerse en el presente juicio de garant�as, con apoyo en el art�culo 74, fracci�n III, de la ley de la materia; sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecuci�n reclamados del diligenciario adscrito al juzgado de origen, por no combatirse por vicios propios. Se invoca por su aplicaci�n la jurisprudencia n�mero 385, visible a foja 260, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que a la letra dice: ?POSESI�N. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACI�N Y NO SE DEMUESTRA AQU�LLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTER�S JUR�DICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCI�N Y MODIFICACI�N DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL N�MERO 217, PUBLICADA EN LA P�GINA 631, CUARTA PARTE DEL AP�NDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACI�N 1917-1985). De lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relaci�n con el 73, fracci�n V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garant�as se seguir� siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acci�n constitucional es la demostraci�n plena del inter�s jur�dico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relaci�n a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, trat�ndose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto b�sico en que descansa tal reclamaci�n es la posesi�n; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el inter�s jur�dico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no ser�a l�gico negar la protecci�n constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesi�n de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jur�dica.?; as� como la diversa jurisprudencia n�mero 7 de este Tribunal Colegiado, que dice: ?SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCI�N NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretando el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe tambi�n decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan car�cter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aqu�llos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecuci�n, si �stos no se combaten por vicios propios.?.

A su vez, al resolver el toca 324/97, relativo al juicio de amparo n�mero 1366/96, dicho �rgano colegiado sostuvo lo siguiente:

TERCERO. Son infundados en parte e inoperantes en lo dem�s los agravios antes transcritos. El Juez de Distrito a quo sobresey� el presente juicio de garant�as con fundamento en el art�culo 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo, en relaci�n con el 73, fracci�n V, del mismo ordenamiento legal, al considerar, en esencia, que si bien de las constancias de autos se aprecia que el quejoso se ostenta como tercero extra�o al juicio ejecutivo mercantil n�mero 47/94, promovido por ... en su car�cter de endosatarios en procuraci�n de ... en contra de ... se�alando el inconforme que en dicho juicio se embarg� un bien de su propiedad, el cual se pretende rematar sin haber sido o�do ni vencido en juicio, acreditando su dicho con copia certificada del contrato privado de compraventa que celebraron ... en su car�cter de vendedor y el quejoso en su car�cter de comprador, respecto de dos fracciones del predio r�stico denominado ?T.?, ubicado en X.�n de V.S., P.; sin embargo, tal documento resulta ineficaz para acreditar que el peticionario de garant�as es propietario del bien embargado, pues la �nica forma de demostrar la titularidad de ese derechoreal es a trav�s de la escritura p�blica correspondiente, caracter�stica que no posee el documento exhibido por el quejoso, aunado a ello, carece de fecha cierta, dado que no fue presentado ante un funcionario investido de fe p�blica o ante el Registro P�blico de la Propiedad, a fin de que exista la certeza de que el inconforme adquiri� la propiedad de ese bien con fecha anterior al embargo y pudiera surtir efectos contra terceros, por lo que, en el presente juicio, debieron aportarse otros medios de prueba que, adminiculados con el documento exhibido por el quejoso, justificaran la propiedad o posesi�n que afirma tener sobre el inmueble en cuesti�n, con lo cual se demostrara que la diligencia de embargo practicada en el juicio de referencia realmente afecta el inmueble de su propiedad, pero al no haberlo hecho as� es evidente que no qued� acreditada la afectaci�n en la esfera jur�dica del amparista con la ejecuci�n de los actos que constituyen la litis constitucional. Asimismo, estim� que no era obst�culo para resolver en la forma anotada la existencia del dictamen que emiti� el perito oficial y al cual se adhiri� el nombrado por la parte quejosa, toda vez que esa probanza carece de eficacia al haberse emitido con base en el contrato privado de compraventa exhibido por el quejoso y en el dictamen del perito del peticionario de garant�as; aunado a ello, el perito oficial ni siquiera se constituy� en el predio sobre el cual deb�a dictaminar, apoyando tambi�n sus consideraciones en la jurisprudencia 237, publicada en la p�gina 162 del Ap�ndice del Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, bajo el rubro: ?DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.?, y en la tesis publicada en la p�gina 634 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo XIV, julio de 1994, Primera Parte, intitulada: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO. INEFICACIA DEL SIMPLE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O POSESI�N DEL BIEN, Y POR ENDE EL.?. Por su parte, el recurrente alega, en esencia, que se violan en su perjuicio los art�culos 14 y 16 constitucionales, porque el Juez de Distrito a quo celebr� la audiencia constitucional y dict� la sentencia respectiva dentro del presente juicio de garant�as sin haber desahogado las pruebas pericial y testimonial que ofreci�, lo que lo deja en estado de indefensi�n porque no estudi� dichas pruebas para acreditar la existencia del acto reclamado y su inconstitucionalidad. Ahora bien, respecto del primer argumento y todos los dem�s que giran en torno del mismo resultan infundados, pues en la �ltima parte de la sentencia sujeta a revisi�n se observa que el Juez Federal a quo se ocup� de la prueba pericial ofrecida al considerar que no era obst�culo para sobreseer el juicio constitucional de m�rito la existencia del dictamen emitido por el perito oficial y al cual se adhiri� el nombrado por la parte quejosa, toda vez que esa probanza carece de eficacia al haberse emitido con base en el contrato privado de compraventa que exhibi� el propio quejoso, aunado a que el perito oficial ni siquiera se constituy� en el predio sobre el cual deb�a dictaminar. Asimismo, no es atribuible al Juez de Distrito a quo la falta de desahogo de la prueba testimonial, pues el d�a y hora se�alados para la verificaci�n de la audiencia constitucional de m�rito, el Juez de Distrito a quo declar� abierta la misma sin la comparecencia personal de ninguna de las partes. Dicho lo anterior, debe decirse, en primer lugar, que resultan inoperantes los agravios hechos valer, en virtud de que no se expresa un razonamiento l�gico-jur�dico concreto para desvirtuar las consideraciones que extern� el Juez de Distrito a quo en la sentencia sujeta a revisi�n, motivo por el cual se impone confirmar el auto recurrido. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudenciales n�meros 322, 36 y 42 de este Tribunal Colegiado, que respectivamente dicen: ?AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus t�rminos por la insuficiencia de los propios agravios.?, ?AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISI�N. Resultan inoperantes los agravios hechos valer cuando se aprecia que no se hace un razonamiento l�gico jur�dico concreto para desvirtuar las estimaciones del Juez de Distrito, las que llevan a establecer que el acto reclamado no existe en la forma planteada; o sea, que en la revisi�n s�lo puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violaci�n de la ley, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, este tribunal no podr�a remediarlo mientras no se advierta que tal sentencia ha sido dictada con infracci�n de un precepto legal.? y, ?AGRAVIOS EN LA REVISI�N. DEBEN ATACAR LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios s�lo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su revocaci�n o modificaci�n, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.?. En segundo lugar, los agravios deben estar en relaci�n directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resoluci�n recurrida, de tal forma que cuando se sobresee el inconforme debe acreditar la ilegalidad de esa resoluci�n a trav�s de razonamientos jur�dicos concretos que tiendan a rebatir y destruir la causal de improcedencia invocada, pero si en lugar de combatir el sobreseimiento se alegan cuestiones de fondo, lo procedente es confirmar la resoluci�n recurrida. Es aplicable sobre este aspecto la jurisprudencia 38 de este propio tribunal, que dice: ?AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO. Los agravios deben estar en relaci�n directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resoluci�n combatida, de ah� que cuando se haya sobrese�do el inconforme deber� demostrar la ilegalidad de esa resoluci�n a trav�s de razonamientos jur�dicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa.?. Por otra parte, es conveniente dejar precisado que la parte de agravios en que el recurrente alega que la sentencia impugnada es violatoria de los art�culos 14 y 16 constitucionales, resulta inoperante porque de acuerdo con lo dispuesto por los art�culos 103 y 107 de la Carta Magna, el �nico medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garant�as individuales lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie no puede legalmente examinarse lo relativo a una supuesta violaci�n de las citadas garant�as por parte de la sentencia recurrida, pues el recurso de revisi�n no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento t�cnico a trav�s del cual se revisa la actuaci�n del Juez Federal que conoce del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 12/96, de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en las p�ginas 507 y 508 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que dice: ?AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANT�AS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los art�culos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistem�tica, el �nico medio de defensa para reclamar contravenciones a las garant�as individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n, en los t�rminos del art�culo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisi�n en contra de la sentencia emitida en el juicio de garant�as de que se trata y hace valer como agravios la contravenci�n a sus derechos p�blicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si as� lo hiciere, con ese proceder desnaturalizar�a la v�a correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es s�lo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitar�a un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que ser�a un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisi�n es un instrumento t�cnico a trav�s del cual el legislador tiende a asegurar un �ptimo ejercicio de la funci�n judicial. No es un medio aut�nomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restituci�n del goce de las garant�as individuales violadas (como en el juicio de garant�as), sino s�lo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad �nicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisi�n no se persigue la declaraci�n de nulidad de la resoluci�n materia del mismo, como s� sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisi�n el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem s�lo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado an�lisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz �nicamente v�a de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violaci�n, informes justificados), en relaci�n con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisi�n, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resoluci�n, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducir�an al ad quem a modificar o revocar dicha resoluci�n, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo.?. Al margen de lo anterior, este Tribunal Colegiado considera correcta la actuaci�n del Juez de Distrito a quo al haber sobrese�do el presente juicio de garant�as pues, efectivamente, para que el documento que contiene el contrato privado de compraventa que celebraron ... en su car�cter de vendedor y el ahora recurrente en su car�cter de comprador, respecto de dos fracciones del predio r�stico denominado ?T.?, ubicado en la poblaci�n de X.�n de V.S., P., que obra a foja seis del expediente de amparo que se tiene a la vista, produjera efectos contra terceros, era necesario que �ste fuera de fecha cierta, y esto se da a partir del d�a en que se incorpore o inscriba en un registro p�blico, desde la fecha en que el documento se presenta ante un funcionario p�blico por raz�n de su oficio, o bien, desde la muerte de los que firmaron; de ah� que si en la especie no se dieron estos supuestos, el documento en cuesti�n no merece valor para tener por acreditada la existencia del contrato en la fecha que se�ala el agraviado y, por ende, su inter�s jur�dico. Sirven de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisi�n n�meros 18/94, 188/95 y 31/96, as� como la jurisprudencia 115 de este propio tribunal, que respectivamente dicen: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO. INEFICACIA DEL SIMPLE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O POSESI�N DEL BIEN, Y POR ENDE EL. Aun cuando en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados hacen prueba plena, ello no tiene aplicaci�n respecto de aquellos documentos en que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria es indispensable que sean redactados ante notario p�blico, para que puedan surtir efectos contra terceros. Y si bien es cierto que un documento privado adquiere fecha cierta, entre otros casos, a la muerte de cualquiera de sus firmantes, de conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: �DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.�; como quiera que sea el contrato privado de compraventa que anex� el quejoso con su demanda de garant�as, por s� mismo carece de eficacia probatoria, pues independientemente de que la �nica forma de demostrar la propiedad de un inmueble por virtud de la compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente, seg�n se dijo, de todos modos ese documento debe corroborarse con otros datos para justificar la propiedad o posesi�n que expresa tener sobre el inmueble en cuesti�n, y de esta forma tener plena certeza que el acto de autoridad afecta el inter�s jur�dico del quejoso, ya que �ste debe demostrarse fehacientemente y no inferirse por presunciones.? y ?DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro p�blico, o ante un funcionario en raz�n de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.?. Las consideraciones que preceden conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisi�n.

Al resolver el amparo en revisi�n 799/97, relativo al juicio de amparo n�mero 1289/97, consider�:

"SEGUNDO. La parte recurrente expres� por v�a de agravios lo siguiente: (los transcribe). TERCERO. Son fundados los agravios anteriores. El recurrente alega, en esencia, que el quejoso no acredit� su inter�s jur�dico para promover el presente juicio de garant�as, pues si bien es cierto que acompa�� a su demanda un contrato privado de compraventa, tambi�n lo es que el mismo no es id�neo para justificar ni la propiedad ni la posesi�n que dice tener del inmueble materia del juicio reivindicatorio de origen. Tiene raz�n el recurrente, pues si bien el quejoso ... en sus conceptos de violaci�n se�al� que, no obstante ser el leg�timo propietario y poseedor del inmueble materia del juicio reivindicatorio de origen, se le despoj� de �ste sin haber sido o�do ni vencido en ese procedimiento, lo cual afirma haber acreditado con un contrato privado de compraventa que celebr� con ... respecto del terreno identificado como lote n�mero ... de la fracci�n n�mero ... del exrancho de San J.� La Meza, San Sebasti�n de Aparicio, Municipio de P.; sin embargo, para efectos del presente juicio de garant�as tal documento resulta ineficaz para acreditar que dicho quejoso es propietario o poseedor del mencionado bien, pues adem�s de que la forma legal de demostrar la titularidad de ese derecho real es a trav�s de la escritura p�blica correspondiente, caracter�sticas que no posee el documento exhibido por el quejoso, tambi�n carece de fecha cierta, dado que no fue presentado ante un funcionario investido de fe p�blica o inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad a fin de que existiera certeza de que el inconforme adquiri� la propiedad de ese bien con fecha anterior a la instauraci�n del procedimiento de origen, que seg�n el amparista le afecta en su esfera jur�dica; de ah� que si en la especie no se dio tal supuesto, el documento en cuesti�n resulta insuficiente para tener por acreditada la existencia del contrato en la fecha que se�ala el quejoso y, por ende, su inter�s jur�dico. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis sustentadas por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisi�n n�meros 18/94, 188/95, 31/96 y 324/97, as� como la jurisprudencia 115 de este propio tribunal, que respectivamente dicen: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO. INEFICACIA DEL SIMPLE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O POSESI�N DEL BIEN, Y POR ENDE EL. Aun cuando en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados hacen prueba plena, ello no tiene aplicaci�n respecto de aquellos documentos en que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria es indispensable que sean redactados ante notario p�blico, para que puedan surtir efectos contra terceros. Y si bien es cierto que un documento privado adquiere fecha cierta, entre otros casos, a la muerte de cualquiera de sus firmantes, de conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: �DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS�; como quiera que sea el contrato privado de compraventa que anex� el quejoso con su demanda de garant�as, por s� mismo carece de eficacia probatoria, pues independientemente de que la �nica forma de demostrar la propiedad de un inmueble por virtud de la compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente, seg�n se dijo, de todos modos ese documento debe de corroborarse con otros datos para justificar la propiedad o posesi�n que expresa tener sobre el inmueble en cuesti�n, y de esta forma tener plena certeza que el acto de autoridad afecta el inter�s jur�dico del quejoso, ya que �ste debe demostrarse fehacientemente y no inferirse por presunciones.? y ?DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro p�blico, o ante un funcionario en raz�n de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.?. No es obst�culo para lo anterior la circunstancia de que el quejoso haya ofrecido y desahogado la prueba testimonial para acreditar la posesi�n del inmueble en cuesti�n, a la que el Juez de Distrito a quo concedi� valor probatorio, pues dicha prueba no puede tener el alcance de desvirtuar las constancias de autos, entre las que se encuentran las diligencias de emplazamiento a los demandados ... efectuada el dos de abril de mil novecientos noventa y seis, la del auto que requiere a dichos demandados para que, en cumplimiento a la sentencia, restituyeran al actor el inmueble de referencia, realizada el trece de junio de mil novecientos noventa y siete, y la de ejecuci�n de la misma, efectuada el dieciocho de agosto del mismo a�o, en las que el diligenciario hizo constar que entendi� tales diligencias con ... lo que indica que ... no pudo haber sido despojado si es que no ten�a la posesi�n que alega; m�s a�n, si se toma en consideraci�n que ese hecho lo hizo depender de la propiedad que el amparista dijo tener del multicitado bien, la cual, como se demostr� con antelaci�n, no est� fehacientemente acreditada, por lo menos para efectos del presente juicio de amparo; y, finalmente, si el escrito de contestaci�n de demanda del juicio de origen en el que los demandados afirmaron que quien pose�a el inmueble era el ahora quejoso, fue desechado por extempor�neo, la Juez natural no ten�a obligaci�n legal de proveer sobre la petici�n de que fuera llamado a juicio, y mucho menos tal infracci�n puede ser suficiente para acreditar su inter�s jur�dico pues, se insiste, de todas las diligencias rese�adas se observa que a quienes se encontr� siempre en el inmueble afecto a la causa de origen fue a los demandados en la misma y en ninguna ocasi�n al ahora quejoso. En las condiciones anteriores, procede modificar el fallo que se revisa, dejando intocado el sobreseimiento decretado por no haber sido materia de impugnaci�n y revocar la concesi�n del amparo para sobreseer igualmente en relaci�n con los dem�s actos reclamados."

CUARTO

En resumen, las consideraciones que expres� el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los juicios de amparo que aqu� fueron relacionados, son las siguientes:

I.A. en revisi�n 18/94.

  1. La documental privada consistente en el contrato privado de compraventa del inmueble, carece por s� misma de eficacia probatoria, y no deviene en prueba plena por el hecho de no haberse objetado, pues dicha consecuencia no tiene aplicaci�n respecto de aquellos documentos en que se hace constar unacto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria, es indispensable que sean redactados ante notario p�blico para que puedan surtir efectos contra tercero.

  2. La norma civil sustantiva que se�ala que "el contrato de compraventa se perfecciona por el consentimiento de las partes respecto del precio y la cosa", s�lo tiene aplicaci�n entre las partes en el juicio en que se dilucidan derechos de propiedad, mas no surte efectos en relaci�n con personas ajenas, ya que la �nica forma de justificar la propiedad de un inmueble frente a terceros es mediante el instrumento notarial en que se haga constar el acto traslativo de dominio.

  3. No es obst�culo para la anterior consideraci�n el criterio citado por el Juez a quo contenido en la tesis de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.", pues aun cuando se exhibi� acta de defunci�n de una de las partes contratantes, la �nica forma de demostrar la propiedad de un inmueble en virtud de compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente.

    II.A. en revisi�n 188/95.

  4. La �nica forma de acreditar la propiedad de un inmueble adquirido por compraventa es mediante el instrumento notarial respectivo.

  5. Aun cuando los documentos privados no objetados hacen prueba plena, esto no tiene aplicaci�n respecto de aquellos documentos en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria es indispensable que sean redactados ante notario p�blico para que puedan surtir efectos contra tercero.

  6. Si bien es cierto que un documento privado adquiere fecha cierta, entre otros casos, a la muerte de cualquiera de sus firmantes, de conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.", como quiera que sea dicho contrato carece por s� mismo de eficacia probatoria.

    III.A. en revisi�n 31/96.

  7. La documental p�blica consistente en el instrumento que contiene el testimonio en el que se hizo constar la protocolizaci�n del contrato privado de compraventa (posterior a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo n�mero 290/95, de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco), resulta inadecuada para demostrar la posesi�n alegada del bien inmueble.

  8. Tal instrumento, si bien es cierto se trata de un documento p�blico, empero, por contener declaraciones de verdad por parte del oferente y manifestaciones de hechos particulares, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en la materia, �nicamente prueba con plenitud que ante el fedatario que expidi� el instrumento de que se habla compareci� el quejoso y protest� haber celebrado el contrato privado de compraventa presentado, pero no resulta eficaz para justificar la posesi�n material del inmueble por parte del quejoso, m�xime que ninguna otra persona que intervino en dicho contrato compareci� a fin de ratificar lo asentado en el mismo.

    IV.A. en revisi�n 324/97.

  9. La �nica forma de demostrar la titularidad de ese derecho real (derecho de propiedad) es a trav�s de la escritura p�blica correspondiente, caracter�stica que no posee el documento exhibido por el quejoso, aunado a ello, carece de fecha cierta pues no fue presentado ante un funcionario investido de fe p�blica o ante el Registro P�blico de la Propiedad a fin de que exista la certeza de que el inconforme adquiri� ese bien con anterioridad al acto de embargo y pudiera surtir efectos contra tercero.

  10. Si en la especie no se dieron los extremos anteriores, ni el relativo a la muerte de quienes firmaron el documento, sin que, adem�s, se aportaran otros medios de prueba que justificaran la propiedad o posesi�n anterior al embargo, se concluye que el quejoso carece de inter�s jur�dico.

    V.A. en revisi�n 799/97.

  11. El contrato privado de compraventa resulta ineficaz para acreditar que dicho quejoso es propietario o poseedor del mencionado bien, pues la forma legal de demostrar la titularidad de ese derecho real es a trav�s de la escritura p�blica correspondiente, caracter�stica que no posee el documento exhibido.

  12. Tal documento, adem�s, carece de fecha cierta, pues no fue presentado ante un funcionario investido de fe p�blica e inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad a fin de que existiera certeza de que el inconforme adquiri� la propiedad de ese bien con fecha anterior a la instauraci�n del procedimiento de origen, que seg�n el amparista le afecta en su esfera jur�dica; de ah� que, si en la especie no se dio tal supuesto, el documento en cuesti�n resulta insuficiente para tener por acreditada la existencia del contrato en la fecha que se�ala el quejoso y, por ende, su inter�s jur�dico.

    Las ejecutorias dieron origen a la tesis jurisprudencial siguiente:

    "INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL SIMPLE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O POSESI�N DEL BIEN, Y POR ENDE EL. Aun cuando en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados hacen prueba plena, ello no tiene aplicaci�n respecto de aquellos documentos en que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria, es indispensable que sean redactados ante notario p�blico, para que puedan surtir efectos contra terceros. Y si bien es cierto que un documento privado adquiere fecha cierta, entre otros casos, a la muerte de cualquiera de sus firmantes, de conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: ?DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.?, como quiera que sea, el contrato privado de compraventa que anexe el quejoso con su demanda de garant�as, por s� mismo carece de eficacia probatoria, pues independientemente de que la �nica forma de demostrar la propiedad de un inmueble por virtud de la compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente, seg�n se dijo, de todos modos ese documento debe de corroborarse con otros datos para justificar la propiedad o posesi�n que expresa tener sobre el inmueble en cuesti�n, y de esta forma tener plena certeza de que el acto de autoridad afecta el inter�s jur�dico del quejoso, ya que �ste debe demostrarse fehacientemente y no inferirse por presunciones." (Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., febrero de 1998, tesis VI.2o. J/130, p�gina 449).

    El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sostuvo el criterio que aparece resumido en la tesis que dice:

    "DOCUMENTOS PRIVADOS. CU�NDO SON DE FECHA CIERTA. Debe estimarse de fecha cierta y apto para acreditar el inter�s jur�dico de la quejosa, el contrato privado de compraventa, mediante el cual �sta y otra persona adquirieron el predio embargado, si est� acreditado en autos que el diverso comprador falleci� y las partes no objetaron el documento." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., octubre de 1998, tesis IX.1o.29 C, p�gina 1140).

    Hecha esta relaci�n, procede analizar ahora si se dan los supuestos para que exista contradicci�n de criterios y, en su caso, determinar cu�l es el que debe prevalecer.

QUINTO

Existe la contradicci�n de tesis denunciada, pues los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, tomaron en cuenta los mismos elementos y al resolver adoptaron criterios discrepantes.

As� es, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sustent� que es apto para acreditar el inter�s jur�dico del quejoso el contrato privado de compraventa de fecha cierta, entendido como aquel que no siendo objetado por las partes se vinculara con la circunstancia acreditada en autos del fallecimiento de uno de los contratantes, sin que la falta de intervenci�n de un fedatario afectara su valor probatorio para demostrar el inter�s jur�dico del promovente del amparo.

Las consideraciones que soportan tal criterio son:

  1. El contrato de compraventa es eficaz para demostrar el inter�s jur�dico del quejoso para promover el juicio constitucional por violaci�n a las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales.

  2. Se trata de un documento privado que, acorde con lo previsto en el art�culo 133 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y que de conformidad con lo establecido por el art�culo 205 del invocado ordenamiento adjetivo, tiene valor probatorio pleno en virtud de no haber sido objetado por las partes dentro del t�rmino se�alado.

  3. El documento privado de referencia tiene, adem�s, el car�cter de documento de fecha cierta derivado de la circunstancia del fallecimiento de uno de los contratantes, parte en el negocio jur�dico, en una fecha anterior a aquella en que se trab� el embargo sobre el inmueble objeto de la compraventa.

  4. La situaci�n de que dicho contrato de compraventa se hubiese celebrado sin la intervenci�n de un fedatario no incide sobre su valor probatorio para acreditar la afectaci�n del inter�s jur�dico por parte del recurrente, habida cuenta de que la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en reiteradas tesis jurisprudenciales, ha sostenido el criterio de que el contrato de compraventa queda perfeccionado con el consentimiento de las partes respecto del precio y la cosa, y sin que la falta de escritura p�blica ante notario, exigida por la ley respecto de los inmuebles, tenga como consecuencia la nulidad absoluta del contrato, ni impida que �ste produzca sus efectos.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene algo distinto:

  1. La insuficiencia per se del contrato privado de compraventa de inmueble para acreditar el inter�s jur�dico del quejoso, incluso ante la circunstancia de su fecha cierta.

  2. Por tratarse de una operaci�n traslativa de dominio, la compraventa requiere, indispensablemente, para su eficacia probatoria de su redacci�n ante notario p�blico, �nica forma de justificar la propiedad de un inmueble ante terceros.

  3. Es inaplicable la tesis cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.", proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, pues no obstante la defunci�n acreditada de una de las partes que intervino en la operaci�n de compraventa, lo cual tiene como consecuencia la adquisici�n de fecha cierta del documento privado, seg�n expone la tesis arriba citada, la �nica forma de demostrar la propiedad de un inmueble en virtud de la compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente.

Como se advierte, est�n satisfechos todos los requisitos para que exista la contradicci�n, pues al resolver los negocios jur�dicos se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron posiciones discrepantes, la diferencia de criterios se present� en las consideraciones de las sentencias y las distintas tesis provienen del examen de los mismos elementos.

Encuentra apoyo esta conclusi�n en la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo IV, Primera Parte, Tercera S., tesis CLXXIV/89, p�gina 219, con el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza, sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la sustancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con car�cter de tesis de jurisprudencia."

SEXTO

Debe prevalecer el criterio de esta S. que coincide, en esencia, con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

El inter�s jur�dico a que alude el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, no es otra cosa que el derecho que le asiste a un particular para reclamar alg�n acto violatorio de garant�as individuales en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. As�, este Alto Tribunal ha considerado que el inter�s jur�dico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya instituci�n consigna la norma objetiva del derecho.

Por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por ende, inter�s jur�dico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jur�dico para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa. El derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer.

La noci�n de inter�s jur�dico ha sido ampliamente abordada por los tribunales federales y ha dado origen a un sinn�mero de criterios y tesis jurisprudenciales, que no es el caso traer a este estudio, pues la materia de la contradicci�n de tesis no radica en el concepto de inter�s jur�dico, sino en la idoneidad de las pruebas para acreditarlo.

Sin embargo, conviene apuntar que el inter�s jur�dico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este �ltimo supone un derecho leg�timamente tutelado ante cuya transgresi�n, por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al �rgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresi�n. El perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garant�as que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el da�o irrogado no puede ser reparado por un acto jur�dico posterior.

Por otra parte, el art�culo 14 de la Constituci�n Federal dispone que nadie podr� ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En esta norma constitucional est�n consagrados diversos derechos del individuo, y com�nmente se conoce al conjunto de garant�as tuteladas por esta disposici�n como de audiencia o de debido proceso penal.

En virtud de lo dispuesto en el art�culo 14 de la Ley Suprema, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitaci�n, arrendamiento, etc., que resulte afectado sin las garant�as de audiencia y defensa que en �l se consagran.

Esa afectaci�n debe comprobarse para que prospere la acci�n de amparo, y su demostraci�n debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan s�lo por presunciones.

Ahora bien, la propiedad es un derecho real cuyos medios de adquisici�n son de �ndole muy variada: contrato, prescripci�n, adjudicaci�n, sucesi�n, accesi�n, incorporaci�n, etc., siendo el contrato, sin duda alguna, el medio m�s frecuente para adquirir la propiedad. Los C�digos Civiles regulan, as�, diversos contratos por medio de los cuales la propiedad de una cosa puede adquirirse, verbigracia, la compraventa, la permuta, la donaci�n y el mutuo, estableciendo determinadas reglas relativas a su contenido, forma y efectos jur�dicos.

La doctrina define a la compraventa como aquel contrato en virtud del cual una persona llamada vendedor se obliga a entregar una cosa o a documentar la titularidad de un derecho a la otra parte contratante, llamada comprador, quien como contraprestaci�n se obliga a pagar un precio cierto y en dinero, y que produce el efecto traslativo de dominio respecto de los bienes que sean materia del contrato. Este contrato tiene, as�, fundamentalmente dos efectos: la traslaci�n del dominio o de la titularidad de derechos y la creaci�n de obligaciones entre las partes.

Las legislaciones civiles sustantivas han reconocido normalmente eficacia instant�nea a esta traslaci�n de dominio derivada del simple consenso contractual de voluntades respecto a la cosa y precio de la compraventa. Sin embargo, trat�ndose de cierto tipo de bienes, espec�ficamente los inmuebles, la ley ha dispuesto la observancia adicional de algunas formalidades a efecto de garantizar la certeza y seguridad jur�dica en su tr�fico, en raz�n de su valor y de las importantes repercusiones sociales que conlleva la adquisici�n de estos bienes y su aprovechamiento se�orial, es decir, el jus utendi, fruendi y abutendi, lo que hace conveniente dar publicidad al dominio y a las distintas formas de su manifestaci�n, estableciendo un control minucioso y continuo sobre los actos que afecten la plena disposici�n de estos bienes patrimoniales.

Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jur�dica en el tr�fico inmobiliario, la legislaci�n se ha valido de dos importantes auxiliares: el notariado y el Registro P�blico de la Propiedad.

El primero de estos auxiliares se integra por un calificado grupo de peritos en derecho investidos de fe p�blica y facultados para autenticar y dar forma en los t�rminos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jur�dicos. En la especie analizada, la legislaci�n civil dispone que trat�ndose de operaciones relacionadas con bienes inmuebles que excedan de cierto valor, �stas deber�n hacerse constar en escritura p�blica, pretendiendo con ello dar plena certeza y perfecci�n al acto jur�dico, a su contenido y referir las circunstancias en que fue realizado, mediante la constataci�n que hace el fedatario p�blico de la identidad de las partes, la fecha y lugar de su realizaci�n, los antecedentes del bien objeto del contrato, su redacci�n e incluso su perfecci�n jur�dica intr�nseca, pues la intervenci�n del notario no se limita a autentificar documentos, �l es el responsable de su redacci�n y de su contenido, y corre a su cargo que la escritura satisfaga todos los requisitos conducentes para que los interesados que comparecieron ante �l hayan participado en un negocio jur�dico perfectamente celebrado.

La seguridad jur�dica que se pretende mediante el otorgamiento en escritura p�blica de un negocio, se apoya en dos pilares, que son la conservaci�n y la perfecci�n del documento notarial; la conservaci�n del documento es permanente y su preservaci�n corre a cargo del notario por el tiempo que la ley obliga a la custodia de los libros de protocolo. Transcurrido dicho lapso la funci�n anterior corresponder� al Archivo General de Notar�as, lugar donde quedan depositados definitivamente, pudiendo los interesados acudir al mismo ante su p�rdida o extrav�o solicitando la expedici�n de otro tanto.

La intervenci�n del notario conduce, as�, a garantizar la perfecci�n jur�dica del negocio celebrado y la conservaci�n de su constancia,produci�ndose, adem�s, un medio probatorio de la operaci�n realizada al que la ley atribuye eficacia de prueba plena, a diferencia de aquellos contratos de car�cter privado que son elaborados y celebrados por las partes a su leal saber y entender.

El Registro P�blico de la Propiedad, por su parte, es una instituci�n producto de las necesidades de la vida cotidiana para evitar que las transmisiones y grav�menes relativos a bienes inmuebles se efect�en en forma clandestina y se vea afectada o disminuida la estabilidad y seguridad que debe caracterizar a los actos traslativos de esta clase de bienes, y ante la necesidad de ponerlos jur�dicamente en circulaci�n, haciendo necesaria la intervenci�n del poder p�blico a fin de que sea el encargado de organizar su funcionamiento.

Este registro, en su car�cter de oficina p�blica, tiene como objetivo principal el dar a conocer cu�l es la situaci�n jur�dica que guardan los bienes en �l inscritos, principalmente los inmuebles, para que toda persona que tenga inter�s en efectuar una operaci�n en relaci�n con ellos conozca la verdadera situaci�n que guarda el bien aludido, como lo es: qui�n es el propietario, cu�l o cu�les son los grav�menes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir, y dem�s datos de identificaci�n que le proporcionen seguridad y plena garant�a sobre la legalidad de la transacci�n que se pretenda efectuar.

Los antecedentes de nuestro Registro P�blico de la Propiedad se remontan a las leyes hipotecarias espa�olas de los a�os de mil ochocientos sesenta y uno, y de sus funciones se derivan una serie de principios fundamentales, los que, en resumen, consisten en:

Publicidad. Conforme al cual el p�blico, adem�s de tener acceso a las inscripciones, tambi�n tiene derecho a enterarse de su contenido;

I.�n. Por �ste los derechos nacidos extrarregistralmente pueden ser oponibles a terceros;

Especialidad. Exige determinar en forma precisa el bien o derecho de que se trate;

Consentimiento. S�lo puede modificarse una inscripci�n con la voluntad de la persona titular, y el titular del registro debe consentir la modificaci�n de ese asentamiento;

Tracto sucesivo. Impide el que un mismo derecho real est� inscrito al mismo tiempo a nombre de dos o m�s personas, a menos que se trate de copropiedad, puesto que toda inscripci�n tiene un antecedente y debe extinguirse para dar lugar a una nueva;

R.P.�be al registrador practicar inscripciones motu proprio, siendo necesario para ello que quien lo solicite se encuentre legitimado, esto es, que haya sido parte en el acto, o bien, un notario autorizante de la escritura o Juez del conocimiento;

Propiedad. Ante la existencia de dos t�tulos contradictorios prevalece el primero que se hubiese inscrito;

Legalidad. Impide se inscriban en el registro t�tulos contrarios a derecho o irregulares, facultando al registrador para calificar estas circunstancias;

Fe p�blica registral o legitimaci�n registral. Su efecto es que se tenga por verdad legal, en relaci�n con un derecho real inmobiliario, lo que aparece asentado en el Registro P�blico;

Tercero registral. Conforme a �ste, para efectos del registro se entiende por tercero a quien no siendo parte en el acto jur�dico que origin� la inscripci�n tiene un derecho real sobre el bien inscrito.

En nuestro sistema legal es preciso destacar que el Registro P�blico de la Propiedad no genera, por s� mismo, la situaci�n jur�dica a la que da publicidad, esto es, no constituye la causa jur�dica de su nacimiento, ni tampoco es el t�tulo del derecho inscrito, sino que se limita, por regla general, a declarar, a ser "un reflejo", de un derecho nacido extrarregistralmente mediante un acto jur�dico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes, y la causa o t�tulo del derecho generado es lo que generalmente se inscribe o se asienta en la anotaci�n relativa, con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, declar�ndolo as�, para que sea conocido por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jur�dica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran inter�s. Los asientos registrales son meramente declarativos y no constitutivos de derechos.

As�, los efectos traslativos de dominio que tienen lugar en la compraventa, como consecuencia del acuerdo de voluntades respecto al precio y cosa, surgen instant�neamente ipso jure, sin necesidad de su asiento registral, el cual, se reitera, no tiene efectos constitutivos. La constancia de tal acto en escritura p�blica, si bien es un requisito de forma establecido en la ley, tiene tan s�lo como efecto dejar una constancia de validez plena que acredite la operaci�n realizada, circunstancia que, por otra parte, es exigible al vendedor en forma imprescriptible mediante la acci�n proforma, pues es un derecho accesorio facultativo que s�lo se extingue con el derecho principal del cual emana. De esa manera, la ausencia de estos dos extremos no impide, en forma alguna, se verifiquen los efectos traslativos de dominio, pasando la propiedad del bien del vendedor al patrimonio del nuevo adquirente del mismo.

Sin embargo, no debe desconocerse que la eficacia del contrato de compraventa, sin exigir los requisitos de que se viene hablando, conducir�a ineludiblemente a socavar la certeza y seguridad jur�dica que se pretende exista en el tr�fico inmobiliario, pues sin la intervenci�n del fedatario o la publicidad lograda mediante las inscripciones registrales nadie estar�a plenamente cierto de las operaciones de compraventa efectuadas, las cuales s�lo podr�an constar a las partes.

No obstante lo anterior, no ser�a l�cito desconocer los derechos adquiridos de buena fe por la parte compradora so pretexto de la falta de inscripci�n y formalizaci�n de la compraventa efectuada, circunstancias accesorias que -como se dijo- no son constitutivas del derecho de propiedad, y que pueden verificarse v�lidamente y reclamarse en fecha posterior a la operaci�n.

Es as� que para el efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo no pueda afirmarse categ�ricamente que el inter�s jur�dico de quien pretende defender su derecho de propiedad, en virtud de compraventa, se acredite solo mediante la escritura p�blica correspondiente.

Si bien la constancia de la compraventa contenida en la escritura p�blica y su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad constituyen un medio de prueba pleno y perfecto para acreditar el dominio adquirido sobre un bien, no constituyen documentos fundatorios cuya exhibici�n sea indispensable para acreditar el derecho real de propiedad, pues la ley reconoce otros medios de prueba que, adminiculados debidamente, pueden generar convicci�n suficiente en el juzgador para tener por acreditada la titularidad del dominio de un bien para efectos del inter�s jur�dico en el amparo.

Hay que juzgar la eficiencia de las pruebas, en este caso de la propiedad, frente a dicha autoridad y no frente a los terceros, ya que la consideraci�n de los derechos que pueda haber a favor de �stos o del quejoso es, en todo caso, materia de un juicio de contradicci�n sobre el dominio que corresponde resolver a un tribunal del fuero com�n y no una situaci�n sobre la cual deba pronunciarse el Juez de amparo.

Sobre esto resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial que a continuaci�n se reproduce:

"PROPIEDAD. PROTECCI�N DE LA, MEDIANTE AMPARO.-La Justicia Federal no puede hacer declaraci�n definitiva en cuanto a los derechos de propiedad, sino cuando ya esos derechos han sido objeto de decisi�n por las autoridades del orden com�n, que a su vez es reclamada en amparo; pero cuando un tercero extra�o, reclama la afectaci�n de sus derechos de propiedad, protegidos por el art�culo 14 constitucional, como es el embargo de sus bienes, en un juicio ejecutivo, cuyas consecuencias son el remate y la adjudicaci�n de dichos bienes, s� pueden los tribunales federales definir la existencia o inexistencia de los derechos de propiedad lesionados, solo para los efectos del amparo y sin que ello implique una decisi�n de car�cter absoluto de tales derechos, que pueden ser objeto de la controversia ante la potestad com�n." (Tercera S., Tomo LXXIII, Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, p�gina 1716).

As� pues, se obrar� correctamente si al estudiar las pruebas �stas se valoran, no para resolver qui�n resulte el leg�timo due�o definiendo la propiedad, sino para que, reconocido tal derecho en forma suficiente y con base en los medios probatorios ofrecidos, se establezca si hubo o no violaci�n de garant�as en perjuicio del aparente propietario, que en la especie analizada resulta, adem�s, ser un tercero extra�o a juicio sobre cuyo patrimonio se pretende ejecutar un cr�dito personal al que, presuntamente, resulta ajeno.

En esa tesitura, un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe de la operaci�n es su fecha cierta. Si bien el asiento registral proporciona total certidumbre sobre la fecha del documento, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido tambi�n que la fecha cierta tiene lugar cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio. Al respecto, la extinta Tercera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estableci� el criterio, que este Tribunal Pleno comparte, que aparece resumido en la siguiente tesis jurisprudencial:

"DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.-Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro P�blico, o ante un funcionario en raz�n de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de los firmantes." (Tesis de jurisprudencia n�mero 237, Tercera S., foja 162 del Tomo IV, Materia Civil, Sexta �poca, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995).

En efecto, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 52/97, en sesi�n correspondiente al d�a veintid�s de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo que los contratos traslativos de dominio no objetados gozan de efectos probatorios plenos cuando cuentan con fecha cierta. En la parte que interesa de la sentencia referida se establece que:

"... es necesario destacar que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados no objetados, pierden vigencia cuando �stos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta, como as� lo ha sustentado en reiteradas ocasiones este Supremo Tribunal en diversas ejecutorias que integran jurisprudencia ...

Ahora bien, este Supremo Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del d�a en que se incorpore o se inscriba en un Registro P�blico de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presenta ante un funcionario p�blico por raz�n de su oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes ...

Resulta aplicable al caso, precisamente, la jurisprudencia derivada de la contradicci�n de tesis aducida que se transcribe a continuaci�n:

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: X, diciembre de 1999

"Tesis: 1a./J. 46/99

"P�gina: 78

"INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.-Si bien en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en trat�ndose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del d�a en que se celebran ante fedatario p�blico o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad de su ubicaci�n, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el inter�s jur�dico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisici�n del bien litigioso, garantiz�ndose de esta manera, la legalidad y certeza jur�dica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales.

"Contradicci�n de tesis 52/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados, ambos del Cuarto Circuito. 22 de septiembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: H.R.P.. Ponente: J.V.C. y C.. Secretario: A.A.E..

"Tesis de jurisprudencia 46/99. Aprobada por la Primera S. de este Alto Tribunal, en sesi�n de veintid�s de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: presidente en funciones J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V.. Ausente: Ministro H.R.P..

Nota: Esta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, octubre de 1999, p�gina 161; por instrucciones de la propia S. se publica nuevamente con las modificaciones que ordena sobre la tesis originalmente enviada.

Por tanto, si el quejoso, en calidad de tercero extra�o al juicio, aport� como prueba en el juicio constitucional un contrato privado de compraventa, el cual no habiendo sido objetado por las partes tiene, adem�s, fecha cierta por haberse acreditado el fallecimiento de una de las partes que intervinieron en la celebraci�n de tal contrato, en fecha anterior a aquella en que se realiz� el acto reclamado, debe concluirse que el inter�s jur�dico del quejoso, para efectos del amparo, se encuentra suficientemente acreditado como resultado de estos medios de convicci�n.

De las relatadas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es la que se sustenta por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

INTER�S JUR�DICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO.-La Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la jurisprudencia n�mero 1a./J. 46/99 determin� que el contrato privado de compraventa de inmueble, no objetado, que cuenta con fecha cierta goza de plena eficacia probatoria y que una de las formas en que un documento adquiere fecha cierta es mediante el fallecimiento de uno de sus firmantes. Por tanto, un contrato como el referido, en el que una de las partes muere antes de que tenga verificativo el acto reclamado, constituye una prueba suficiente para acreditar el inter�s jur�dico en el juicio de garant�as. Lo anterior obedece a que si bien la constancia de la compraventa contenida en una escritura p�blica y su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad constituyen un medio de prueba id�nea para acreditar el dominio adquirido sobre el inmueble en cuesti�n; sin embargo, en el juicio de amparo no se resuelve en definitiva el derecho de propiedad, sino tan s�lo de manera presuntiva para efectos de determinar si el acto reclamado irrumpi� de manera inconstitucional en la esfera jur�dica del quejoso.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n entre las tesis sostenidas por los Tribunales Colegiados Primero del Noveno Circuito y Segundo del Sexto Circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos en que qued� redactada en la parte �ltima de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis de jurisprudencia a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento de lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; env�ese testimonio de la presente resoluci�n a cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyas ejecutorias se examinaron y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As�, lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., H.R.P., J.� de Jes�s G.�o P. (ponente), O.S.C. de G.�a V. y presidente J.N.S.M..