Ejecutoria num. 1a./J. 58/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825806

Ejecutoria num. 1a./J. 58/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 58/2002
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2003
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES, NO ES NECESARIO QUE EN LA DEMANDA EL ACTOR PRECISE LA FORMA O MECÁNICA PARA CALCULARLOS, NI QUE ANEXE DICTAMEN PERICIAL CONTABLE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 21/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL D�CIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito emiti� la tesis de jurisprudencia n�mero VI.3o.C. J/33, que tuvo como precedentes los amparos directos n�meros 561/96, 428/99, 500/99, 411/99 y 748/99, de los cuales se transcriben, en la parte que interesa, las consideraciones correspondientes a los expedientes 428/99 y 748/99, fallados el primero de julio y el tres de diciembre, ambos de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente:

Por su �ntima vinculaci�n, este �rgano jurisdiccional estudiar� en su conjunto los conceptos de violaci�n rese�ados en l�neas precedentes, los cuales son fundados. En efecto, el art�culo 1348 del C�digo de Comercio, antes de sus �ltimas reformas (mismo que es aplicable en t�rminos del art�culo primero transitorio del ordenamiento legal citado, porque el pagar� controvertido se suscribi� el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres) prescribe: ?Art�culo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad l�quida, la parte a cuyo favor se pronunci�, al promover la ejecuci�n, presentar� su liquidaci�n, de la cual se dar� vista por tres d�as a la parte condenada. Si �sta nada expusiese dentro del t�rmino fijado se decretar� la ejecuci�n por la cantidad que importe la liquidaci�n; mas si expresare su inconformidad, se dar� vista de las razones que alegue a la parte promovente, la cual contestar� dentro de tres d�as fallando el J. o tribunal dentro de igual t�rmino lo que estime justo. De esta resoluci�n no habr� sino el recurso de responsabilidad.?. Cabe agregar que el actual art�culo 1348 del cuerpo legal invocado establece: ?Si la sentencia no contiene cantidad l�quida la parte a cuyo favor se pronunci� al promover la ejecuci�n presentar� su liquidaci�n, de la cual se dar� vista por tres d�as a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el J. fallar� dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resoluci�n ser� apelable en el efecto devolutivo.?. Como queda de manifiesto de su transcripci�n, el precepto legal que regula la ejecuci�n de sentencia en los juicios mercantiles no establece oportunidad probatoria en el mismo, por lo que es claro que si bien en el escrito relativo se hace la liquidaci�n de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, tal liquidaci�n se realiza de acuerdo con los datos que ya fueron aportados durante el tr�mite del juicio, pues, se repite, de lo establecido en el dispositivo legal en cita no se desprende que haya oportunidad de que se conceda un t�rmino probatorio, de ah� que al no haberlo estimado as� la S. responsable, se considera que en ese sentido infringi� lo estatuido por el mismo y, por consiguiente, viol� los art�culos 14 y 16 constitucionales. No obsta para la conclusi�n anterior, el hecho de que en los art�culos 1353 y 1354 del C�digo de Comercio, anteriores a sus �ltimas reformas, as� como los reformados, mismos que regulan los incidentes en general en los juicios mercantiles, se contemple la posibilidad de aportar pruebas y se regule el procedimiento a seguir para el ofrecimiento, la admisi�n y el desahogo de �stas, pues debe tenerse en cuenta que tales preceptos se refieren, como ya se indic�, a los incidentes en general en los juicios mercantiles y no a la ejecuci�n de sentencia. Se afirma lo anterior porque los art�culos 1357 y 1414 del ordenamiento legal que se estudia, anteriores a sus �ltimas reformas, mismo que es el aplicable como ya se vio, estatuyen: ?Art�culo 1357. En los juicios ejecutivos se observar� lo dispuesto en el art�culo 1414.? y ?Art�culo 1414. Cualquier incidente que se suscitare en el juicio mercantil ejecutivo, se decidir� por el J. sin sustanciar art�culo, pero sin perjuicio del derecho de los interesados para que se les oiga en audiencia verbal siempre que as� lo pidieren.?. Asimismo, el actual art�culo 1357 del cuerpo de leyes que se comenta establece: ?Art�culo 1357. Las disposiciones de este cap�tulo ser�n aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y dem�s procedimientos especiales mercantiles que no tengan tr�mite espec�ficamente se�alado para los juicios de su clase.?; en la especie, la ejecuci�n de sentencia se encuentra expresamente regulada por el diverso 1348 transcrito, en el que, como ya se dijo, se excluye la oportunidad o t�rmino probatorio en su sustanciaci�n. Al caso resulta aplicable la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja cuatrocientos cinco del Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?ACCI�N CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACI�N REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACI�N, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR ANEXO. En el caso de que los intereses ordinarios pactados en un pagar� puedan cuantificarse por cualquier persona mediante una simple operaci�n aritm�tica, bastar� que el actor en su demanda, en forma gen�rica, reclame el pago de tales intereses, pues en tal supuesto el demandado, l�gicamente, no queda en estado de indefensi�n. Sin embargo, cuando los intereses pactados s�lo pueden ser cuantificados por un experto, por aludirse en el documento a f�rmulas que no est� al alcance del com�n de las personas conocer (como sucede con el llamado �costo porcentual promedio�), entonces resulta indispensable que el demandante precise en su ocurso inicial, tanto el monto de los intereses ordinarios reclamados, como las operaciones que lo llevaron a determinarlo, o bien, que en su demanda se remita a un certificado de contador anexo en el que se realice tal desglose, pues de otra forma el demandado queda en estado de indefensi�n al no poder impugnar en su contestaci�n la cuantificaci�n hecha por su contrario. No podr�a aducirse que la cuantificaci�n de intereses, en tal supuesto, puede ser objeto del incidente de liquidaci�n de sentencia, pues no debe perderse de vista que, conforme al art�culo 1348 del C�digo de Comercio, en dicho incidente no existe dilaci�n probatoria, lo que determina, por una parte, que el J., por no ser experto en contabilidad, estar�a imposibilitado para determinar si la cuantificaci�n de intereses hecha por el actor es o no correcta y, por otra parte, que el demandado estar�a imposibilitado para ofrecer la prueba pericial contable tendiente a desvirtuar la cuantificaci�n realizada por su contrario por concepto de los intereses reclamados. Conviene aclarar que en el caso de que el actor anexara el certificado de contador en los t�rminos antes precisados, no podr�a estimarse que el t�tulo ejecutivo lo integraran tanto el pagar� como el referido certificado, pues no se est� en el supuesto previsto por el art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito. Lo que aqu� se quiere decir, es simplemente que para la procedencia de la reclamaci�n de intereses ordinarios pactados en el pagar�, cuando la cuantificaci�n de los mismos no pueda realizarse por el com�n de las personas, es indispensable que el actor, en su demanda, precise el monto relativo a tal prestaci�n y la forma de su cuantificaci�n o, en su defecto, se remita un certificado de contador anexo que contenga tal desglose, a efecto de no dejar indefensa a su contraparte.?.

Las consideraciones medulares del amparo directo 748/99 son las siguientes:

Contrariamente a lo que se�ala la parte quejosa, como ella misma lo afirma en sus conceptos de violaci�n, la S. responsable, al igual que el J. natural, concedieron pleno valor probatorio al estado de cuenta, tan es as� que se tuvo por acreditada la acci�n ejercitada y se conden� al demandado al pago de la suerte principal y a los intereses moratorios, por lo que no se inobserv� la tesis intitulada: ?DOCUMENTOS PRIVADOS NO OBJETADOS EN MATERIA MERCANTIL.?, resultando, por tanto, infundados los conceptos de violaci�n analizados. Tambi�n son infundados los motivos de inconformidad en los que la quejosa afirma que es indebido que la S. responsable no condene al demandado al pago de intereses ordinarios, al estimar que no se pueden causar simult�neamente con los moratorios, en virtud de que los intereses ordinarios se generaron desde la fecha en que se celebr� el contrato hasta que se dio por vencido anticipadamente el mismo, y los intereses moratorios a partir del vencimiento hasta que se cubra el cr�dito; en consecuencia, se tuvo que condenar al pago de intereses ordinarios, quedando sujetos �stos a que en la liquidaci�n de sentencia se estableciera correctamente su monto y la fecha a partir de la cual se generaron. En principio, debe decirse que, como acertadamente lo consider� la S. responsable, no se puede condenar simult�neamente al pago de intereses ordinarios y a intereses moratorios, dado que del estado de cuenta de A.A.A.�mbula, expedido por la contadora de Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, se desprende que a partir del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, hasta el veintis�is de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se causaron intereses ordinarios (p�rrafos treinta y cinco al setenta de la enumeraci�n mensual) y de la misma manera, en la columna intitulada ?mora?, durante ese mismo lapso se originaron intereses moratorios sin explicaci�n alguna, por lo que fue acertada la determinaci�n del J. natural al condenar s�lo al pago de intereses moratorios. Se afirma lo anterior porque de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 362 del C�digo de Comercio debe colegirse que los intereses moratorios que tiene que cubrir el obligado se generan en virtud del incumplimiento en el pago del adeudo, comput�ndose a partir del vencimiento del pago convenido hasta que se pague el d�bito; en cambio, los intereses ordinarios o normales se devengan a cargo del deudor durante el lapso comprendido desde la fecha de otorgamiento del cr�dito hasta el vencimiento del plazo para efectuar el pago, lo que implica que no puede conceptuarse que los indicados intereses ordinarios y moratorios se devenguen simult�neamente, esto es, que los primeros se sigan generando ya en la mora junto con los segundos, puesto que con esa pretensi�n se persigue un ilegal doble cobro de tales intereses, por lo que sus conceptos de violaci�n son infundados. No es �bice a la anterior conclusi�n, el hecho de que la parte quejosa refiera que en la liquidaci�n de sentencia se establecer�a correctamente el monto y la fecha a partir de la cual se generaron los intereses ordinarios y los moratorios, porque el art�culo 1348 del C�digo de Comercio, antes de sus �ltimas reformas (mismo que es aplicable porque el contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria se suscribi� el veintid�s de diciembre de mil novecientos noventa y dos) prescribe: ?Art�culo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad l�quida, la parte a cuyo favor se pronunci�, al promover la ejecuci�n, presentar� su liquidaci�n, de la cual se dar� vista por tres d�as a la parte condenada. Si �sta nada expusiese dentro del t�rmino fijado se decretar� la ejecuci�n por la cantidad que importe la liquidaci�n; mas si expresare su inconformidad, se dar� vista de las razones que alegue a la parte promovente, la cual contestar� dentro de tres d�as fallando el J. o tribunal dentro de igual t�rmino lo que estime justo. De esta resoluci�n no habr� sino el recurso de responsabilidad.?. Cabe agregar que el actual art�culo 1348 del cuerpo legal invocado establece: ?Si la sentencia no contiene cantidad l�quida la parte a cuyo favor se pronunci� al promover la ejecuci�n presentar� su liquidaci�n, de la cual se dar� vista por tres d�as a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el J. fallar� dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resoluci�n ser� apelable en el efecto devolutivo.?. Como queda de manifiesto de su transcripci�n, el precepto legal que regula la ejecuci�n de sentencia en los juicios mercantiles no establece oportunidad probatoria en el mismo, por lo que es claro que si bien a trav�s de un incidente se puede hacer la liquidaci�n de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, tal liquidaci�n tendr�a que realizarse de acuerdo con los datos que se aportaran durante el tr�mite del juicio, pues, se repite, de lo previsto en el dispositivo legal en cita no se desprende que haya oportunidad de que se conceda un t�rmino probatorio en el cual pudieran allegarse los elementos necesarios para determinar y cuantificar las prestaciones reclamadas y, si en el caso, en la demanda no se mencionaron los datos ya referidos, tampoco podr�a hacerse mediante las probanzas ofrecidas, porque con �stas deben demostrarse los hechos de la demanda en la que se omitieron tales datos; por tanto, resultan infundados los conceptos de violaci�n en los que se alega lo contrario. Lo anterior, con independencia de que los art�culos 1353 y 1354 del C�digo de Comercio, anteriores a las reformas de que fue objeto, seg�n decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, as� como los reformados, mismos que regulan los incidentes en general en los juicios mercantiles, se contempla la posibilidad de aportar pruebas y que se regule el procedimiento a seguir para el ofrecimiento, la admisi�n y el desahogo de �stas, ya que debe tenerse en cuenta que esos preceptos se refieren, como ya se indic�, a los incidentes en general en los juicios mercantiles y no al de ejecuci�n de sentencia. Se sostiene eso porque los art�culos 1357 y 1414 del ordenamiento legal que se estudia, anterior a las reformas de que fue objeto, seg�n decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el cual es el aplicable como ya se vio, dicen: ?Art�culo 1357. En los juicios ejecutivos se observar� lo dispuesto en el art�culo 1414.? y ?Art�culo 1414. Cualquier incidente que se suscitare en el juicio mercantil ejecutivo, se decidir� por el J. sin sustanciar art�culo, pero sin perjuicio del derecho de los interesados para que se les oiga en audiencia verbal siempre que as� lo pidieren.?. Asimismo, el actual art�culo 1357 del cuerpo de leyes que se comenta establece: ?Art�culo 1357. Las disposiciones de este cap�tulo ser�n aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y dem�s procedimientos especiales mercantiles que no tengan tr�mite espec�ficamente se�alado para los juicios de su clase.?; en la especie, la ejecuci�n de sentencia se encuentra expresamente regulada por el diverso 1348 transcrito, en el que, como ya se dijo, se excluye la oportunidad o t�rmino probatorio en su sustanciaci�n. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido, la tesis que este tribunal comparte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, visible a fojas trescientos cincuenta y nueve, T.V., noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PUEDEN DEVENGARSE SIMULT�NEAMENTE. De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 362 del C�digo de Comercio, 152, fracci�n II y 174, p�rrafo segundo, de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en relaci�n con lo pactado en el documento ejecutivo base de la acci�n cambiaria deducida por el ejecutante, debe colegirse que los intereses moratorios que tiene que cubrir el obligado cambiario, se generan en virtud del incumplimiento en el pago del adeudo, comput�ndose a partir del vencimiento de aquel documento hasta que se pague el d�bito; en cambio, los intereses ordinarios o normales se devengan a cargo del deudor durante el lapso comprendido desde la fecha de suscripci�n del documento en menci�n o disfrute del cr�dito, hasta el vencimiento de aqu�l, lo que implica que no puede conceptuarse que los indicados intereses ordinarios y moratorios se devenguen simult�neamente, esto es, que los primeros se sigan generando ya en la mora junto con los segundos, puesto que con esa pretensi�n se persigue un ilegal doble cobro de tales intereses, que ri�e con el esp�ritu de los preceptos legales invocados.?. Tambi�n tiene aplicaci�n, en lo atinente, la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas cuatrocientos cinco, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?ACCI�N CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACI�N REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACI�N, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR ANEXO. En el caso de que los intereses ordinarios pactados en un pagar� puedan cuantificarse por cualquier persona mediante una simple operaci�n aritm�tica, bastar� que el actor en su demanda, en forma gen�rica, reclame el pago de tales intereses, pues en tal supuesto el demandado, l�gicamente, no queda en estado de indefensi�n. Sin embargo, cuando los intereses pactados s�lo pueden ser cuantificados por un experto, por aludirse en el documento a f�rmulas que no est� al alcance del com�n de las personas conocer (como sucede con el llamado �costo porcentual promedio�), entonces resulta indispensable que el demandante precise en su ocurso inicial, tanto el monto de los intereses ordinarios reclamados, como las operaciones que lo llevaron a determinarlo, o bien, que en su demanda se remita a un certificado de contador anexo en el que se realice tal desglose, pues de otra forma el demandado queda en estado de indefensi�n al no poder impugnar en su contestaci�n la cuantificaci�n hecha por su contrario. No podr�a aducirse que la cuantificaci�n de intereses, en tal supuesto, puede ser objeto del incidente de liquidaci�n de sentencia, pues no debe perderse de vista que, conforme al art�culo 1348 del C�digo de Comercio, en dicho incidente no existe dilaci�n probatoria, lo que determina, por una parte, que el J., por no ser experto en contabilidad, estar�a imposibilitado para determinar si la cuantificaci�n de intereses hecha por el actor es o no correcta y, por otra parte, que el demandado estar�a imposibilitado para ofrecer la prueba pericial contable tendiente a desvirtuar la cuantificaci�n realizada por su contrario por concepto de los intereses reclamados. Conviene aclarar que en el caso de que el actor anexara el certificado de contador en los t�rminos antes precisados, no podr�a estimarse que el t�tulo ejecutivo lo integraran tanto el pagar� como el referido certificado, pues no se est� en el supuesto previsto por el art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito. Lo que aqu� se quiere decir, es simplemente que para la procedencia de la reclamaci�n de intereses ordinarios pactados en el pagar�, cuando la cuantificaci�n de los mismos no pueda realizarse por el com�n de las personas, es indispensable que el actor, en su demanda, precise el monto relativo a tal prestaci�n y la forma de su cuantificaci�n o, en su defecto, se remita a un certificado de contador anexo que contenga tal desglose, a efecto de no dejar indefensa a su contraparte.?.

Las ejecutorias dictadas dieron lugar a la tesis de jurisprudencia n�mero VI.3o.C. J/33, publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, p�gina 885, que a continuaci�n se transcribe:

"ACCI�N CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACI�N REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACI�N, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADORANEXO. En el caso de que los intereses ordinarios pactados en un pagar� puedan cuantificarse por cualquier persona mediante una simple operaci�n aritm�tica, bastar� que el actor en su demanda, en forma gen�rica, reclame el pago de tales intereses, pues en tal supuesto el demandado, l�gicamente, no queda en estado de indefensi�n. Sin embargo, cuando los intereses pactados s�lo pueden ser cuantificados por un experto, por aludirse en el documento a f�rmulas que no est�n al alcance del com�n de las personas conocer (como sucede con el llamado ?costo porcentual promedio?), entonces, resulta indispensable que el demandante precise en su ocurso inicial, tanto el monto de los intereses ordinarios reclamados, como las operaciones que lo llevaron a determinarlo, o bien, que en su demanda se remita a un certificado de contador anexo en el que se realice tal desglose, pues de otra forma el demandado queda en estado de indefensi�n al no poder impugnar en su contestaci�n la cuantificaci�n hecha por su contrario. No podr�a aducirse que la cuantificaci�n de intereses, en tal supuesto, puede ser objeto de incidente de liquidaci�n de sentencia, pues no debe perderse de vista que, conforme al art�culo 1348 del C�digo de Comercio, en dicho incidente no existe dilaci�n probatoria, lo que determina, por una parte, que el J., por no ser experto en contabilidad, estar�a imposibilitado para determinar si la cuantificaci�n de intereses hecha por el actor es o no correcta; y por otra parte, que el demandado estar�a imposibilitado para ofrecer la prueba pericial contable tendiente a desvirtuar la cuantificaci�n realizada por su contrario por concepto de los intereses reclamados. Conviene aclarar que en el caso de que el actor anexara el certificado de contador en los t�rminos antes precisados, no podr� estimarse que el t�tulo ejecutivo lo integraran tanto el pagar� como el referido certificado, pues no se est� en el supuesto previsto por el art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito. Lo que aqu� se quiere decir, es simplemente que para la procedencia de la reclamaci�n de intereses ordinarios pactados en el pagar�, cuando la cuantificaci�n de los mismos no pueda realizarse por el com�n de las personas, es indispensable que el actor, en su demanda, precise el monto relativo a tal prestaci�n y la forma de su cuantificaci�n o, en su defecto, se remita a un certificado de contador anexo que contenga tal desglose, a efecto de no dejar indefensa a su contraparte.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

"A. directo 561/96. L.M.�a N��ez E. por s� y como apoderada del Colegio Franc�s de Puebla, S.C. y del Instituto Internacional de Super Aprendizaje, S.C. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: J.M.M.�n Z.. Secretaria: Luz del C.H.C.�n.

"A. directo 428/99. H. de Puebla, S.A. de C.V. y otra. 1o. de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: O.L.O.. Secretaria: V.d.P.L.V..

"A. directo 500/99. Banca S.�n, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero S.�n. 5 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: O.L.O.. Secretaria: J.E.F.�ndez G..

"A. directo 411/99. C.�n Y., S.A. de C.V. y otros. 19 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: O.L.O.. Secretaria: V.d.P.L.V..

A. directo 748/99. Banco Nacional de M�xico, S.A. 3 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: O.L.O.. Secretaria: J.E.F.�ndez G..

CUARTO

El D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DC. 843/2000-13 el dieciocho de enero de dos mil uno sostuvo, en sus consideraciones, en la parte que interesa, lo siguiente:

QUINTO. Los quejosos aducen en la parte inicial de su concepto de violaci�n que los intereses pactados no surten efectos, en virtud de que no son determinables; citan al efecto la jurisprudencia de rubro: ?ACCI�N CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACI�N REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACI�N, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR ANEXO.?, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Es infundado el motivo de inconformidad, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El art�culo 1797 del C�digo Civil para el Distrito Federal, de aplicaci�n supletoria al de Comercio establece: ?La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.?. Por su parte, el numeral 1796 del ordenamiento en cita dispone: ?Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.?. Del contenido del pagar� base de la acci�n n�mero 628-2047, se advierte que en relaci�n con los intereses las partes pactaron lo siguiente: ?... El importe de este pagar� causar� intereses ordinarios mensual vencido a la tasa que resulte mayor entre las se�aladas a continuaci�n, a la que se a�adir�n 11 puntos: 1) CPP Banxico: que para efectos de este t�tulo de cr�dito es la estimaci�n referida al costo porcentual promedio de captaci�n por concepto de tasa y, en su caso, sobretasa de rendimiento por inter�s o descuento de los pasivos en moneda nacional a cargo del conjunto de las instituciones de banca m�ltiple, correspondiente a: dep�sitos bancarios a plazo, dep�sitos bancarios en cuenta corriente, pagar�s con rendimiento liquidable al vencimiento, aceptaciones bancarias y papel comercial con aval bancario. Dicha estimaci�n el Banco de M�xico la da a conocer mensualmente a trav�s del Diario Oficial de la Federaci�n, seg�n resoluciones del propio banco publicadas en ese diario los d�as 20 de octubre de 1981 y 17 de noviembre de 1988. 2) Cetes: que para efectos de este t�tulo de cr�dito se entiende como el promedio aritm�tico de las tasas de rendimiento de los certificados de la Tesorer�a de la Federaci�n a plazo de veintiocho d�as en colocaci�n primaria que corresponda a las emisiones que se efect�en durante el mes anterior a la fecha del c�lculo de intereses. 3) TIIP o tasa de inter�s interbancaria promedio: que para efectos de este t�tulo de cr�dito se entiende que es el promedio aritm�tico de las tasas de inter�s interbancario, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n y determinadas por el Banco de M�xico, de conformidad con lo establecido en la Circular 1996/93 de fecha 13 de enero de 1993, emitida por el propio Banco de M�xico. Dicho promedio aritm�tico ser� el que resulte de las publicaciones correspondientes al mes inmediato anterior a la fecha en que se devenguen los intereses. 4) En su caso, el instrumento de mayor rendimiento que exista en ese momento en el sistema financiero mexicano, as� como cualquier otro instrumento que emita el Gobierno Federal para allegarse recursos. Los intereses ordinarios consignados en el presente pagar� ser�n pagaderos mensual vencido, en el domicilio del acreedor, seg�n se especificar� m�s adelante, los d�as �ltimos de cada mes. La falta de pago de los intereses ordinarios dar� lugar al vencimiento anticipado del presente pagar�. En caso de que el suscriptor no pague a su vencimiento el importe consignado en este pagar�, el suscriptor pagar� al acreedor, a la vista, intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada, a raz�n de multiplicar por 1.5 veces la tasa de inter�s ordinaria, independientemente del derecho del acreedor para demandar de manera anticipada el pago total insoluto de este pagar� ...?. Como se ve de lo antes transcrito, se advierte que el acreditado y su avalista (codemandados) pactaron con la acreditante (actora) los t�rminos en que ser�an los pagos por concepto de intereses ordinarios del cr�dito concedido, as� como los intereses moratorios. En efecto, el acreditado se oblig� a pagar al acreditante en el domicilio del acreedor los d�as �ltimos de cada mes con mensualidades vencidas, en t�rminos de lo transcrito en l�neas precedentes. Lo anterior pone de manifiesto que la tasa fue pactada y precisada por las partes, acreditante y acreditado, y admitida por el avalista en el pagar� base de la acci�n, se�alando un �ndice inequ�voco, que aunque es indeterminada, con una operaci�n matem�tica la hace determinada, con independencia de que los quejosos la estimen compleja, ya que el procedimiento podr� resultarlo, pero ello no lo hace impreciso. Por tanto, como la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, pues los quejosos pactaron en el pagar� base de la acci�n el tipo, modo y condiciones en que ser�a el pago de los intereses tanto ordinarios como moratorios, es claro que lo resuelto por la ad quem es apegado a derecho respecto a la determinaci�n del pago de los intereses ordinarios y moratorios. Ahora bien, sobre las tasas variables de intereses, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n emiti� la tesis jurisprudencial 54/98, derivada de la contradicci�n de tesis 31/98, publicada en la p�gina trescientos setenta y ocho, T.V., octubre de mil novecientos noventa y ocho, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?INTERESES. LAS TASAS VARIABLES EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CR�DITO SON DETERMINABLES, NO IMPRECISAS. El pacto de tasas variables, en operaciones activas se encuentra permitido, seg�n se infiere de lo dispuesto en los art�culos 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y 78 del C�digo de Comercio, relacionados con las circulares que emite el Banco de M�xico, por lo que la remisi�n a �ndices inequ�vocos no le resta precisi�n, pues si bien pudiera existir cierta dificultad sobre la forma de llegar a conocer exactamente el monto de las obligaciones de los deudores, la determinaci�n de cu�l es la tasa de inter�s aplicable a cada vencimiento es objeto de consentimiento rec�proco de las partes desde el momento del nacimiento del contrato. El banco no puede, v�lidamente, escoger a su arbitrio la tasa conforme a la cual se determinar�n los intereses, sino que debe esperar a que los datos que la realidad objetiva arroje, indiquen cu�l ser� la tasa de inter�s que resultar� aplicable para un periodo determinado, de conformidad con las reglas que, para estos efectos, los contratantes han establecido. El deudor puede llegar a conocer el monto l�quido de su obligaci�n de pago en el momento en que se genera, con recurrir a la mec�nica del instrumento de que se trate o, simplemente, acudiendo al banco para obtener la informaci�n correspondiente. Sostener lo contrario llevar�a a considerar que el establecimiento de f�rmulas que, en ocasiones, resultan complicadas para cumplir con obligaciones de pago, provocar�a que se estimaran contrarias a derecho, aun cuando con la realizaci�n de ciertas operaciones aritm�ticas y la reuni�n de determinados datos informativos, se podr�a cumplir con la obligaci�n. El hecho de que la tasa pactada sea determinable y no determinada no la hace, de suyo, imprecisa, arbitraria o ilegal. El procedimiento podr� resultar complejo, pero esa complejidad no se traduce en imprecisi�n.?. Asimismo, sobre el particular el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene la jurisprudencia publicada en la p�gina ochocientos setenta y nueve, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena �poca, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS. SI EN EL CONTRATO FUNDATORIO DE LA ACCI�N LAS PARTES PACTARON TASAS FLOTANTES EN LA MEDIDA QUE FLUCTUARA EL COSTO PORCENTUAL PROMEDIO O LOS CERTIFICADOS DE LA TESORER�A, TAL PACTO RESULTA AJUSTADO A DERECHO. Dado el principio de libertad contractual en materia mercantil, la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, por lo que si se pact� en el contrato de apertura de cr�dito, el tipo, modo y condiciones en que se har�a el pago de los intereses tanto ordinarios como moratorios con base en las tasas flotantes en la medida que fluctuara el costo porcentual promedio fijado por el Banco de M�xico o los C.tificados de la Tesorer�a, calculados sobre saldos insolutos, y en esa forma fueron reclamados, debe estimarse correcta la condena por esos conceptos pues se fijaron las bases precisas de la manera en que se cuantificar�an los intereses; costo porcentual promedio que se publica peri�dicamente en el Diario Oficial de la Federaci�n, estando al alcance de los interesados su conocimiento.?. Del contenido de las tesis jurisprudenciales transcritas se advierte que el pacto de tasas variables est� permitido, por lo que la remisi�n a �ndices inequ�vocos no le resta precisi�n, pues si bien pudiera existir cierta dificultad sobre la forma de llegar a conocer exactamente el monto de las obligaciones de los deudores, la determinaci�n de cu�l es la tasa de inter�s aplicable a cada vencimiento es objeto de consentimiento rec�proco de las partes desde el momento del nacimiento del contrato (pagar�). Adem�s, el deudor puede llegar a conocer el monto l�quido de su obligaci�n de pago en el momento en que se genera, con recurrir a la mec�nica del instrumento de que se trate o, simplemente, acudiendo al banco para obtener la informaci�n correspondiente. El hecho de que la tasa pactada sea determinable no la hace imprecisa o ilegal. La jurisprudencia que citan los quejosos cuyo rubro ha quedado transcrito en l�neas precedentes, por emanar del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, no es obligatoria para este tribunal en t�rminos del art�culo 193 de la Ley de A.. Adem�s de que no se comparte el criterio que se sostiene en �sta, porque lo hace depender del hecho de que en materia mercantil en el incidente de liquidaci�n de intereses no existe dilaci�n probatoria en t�rminos del art�culo 1348 del C�digo de Comercio, por lo que se dejar�a en estado de indefensi�n a la demandada al encontrarse imposibilitada de ofrecer la prueba pericial necesaria para demostrar la correcta cuantificaci�n de dichos intereses. C.�n que es incorrecta toda vez que, con independencia de la materia, en la tramitaci�n de los incidentes, cuando se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador est� obligado a conceder una dilaci�n probatoria con el objeto del ofrecimiento y desahogo de los elementos de convicci�n que las partes incidentistas crean conveniente ofrecer con el objeto de demostrar ya sea su acci�n o excepci�n incidentales. Por ende, contrario a lo argumentado por los peticionarios de garant�as, era innecesario que la actora al presentar su demanda hubiera manifestado cantidad l�quida y cierta sobre los intereses ordinarios y moratorios que reclam�, en raz�n de que, como ha quedado establecido en l�neas anteriores, al tratarse de intereses ordinarios y moratorios fijados sobre tasas variables son determinables, con lo cual se tienen los elementos suficientes para llevar a cabo su cuantificaci�n en ejecuci�n de sentencia. Por consiguiente, toda vez que este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, contenido en la jurisprudencia de rubro: ?ACCI�N CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACI�N REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACI�N, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR ANEXO.?, en raz�n de que con independencia de la materia, en la tramitaci�n de los incidentes, cuando se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador est� obligado a conceder una dilaci�n probatoria con el objeto del ofrecimiento y desahogo de los elementos de convicci�n que las partes incidentistas crean conveniente ofrecer con el objeto de demostrar ya sea su acci�n o excepci�n incidentales, es evidente que existe contradicci�n entre la jurisprudencia citada y el criterio sostenido por este tribunal. Por ende, proc�dase a realizar la denuncia correspondiente, remitiendo para tal efecto testimonio de esta ejecutoria a la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 197-A de la Ley de A. y el precepto 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial Federal.

QUINTO

No existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respecto del art�culo 1348 del C�digo de Comercio, antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, por los motivos que se exponen en el siguiente considerando.

SEXTO

Existe la contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar los amparos especificados en los considerandos tercero y cuarto de esta resoluci�n, respecto del art�culo 1348 del C�digo de Comercio vigente.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito sostiene que el art�culo 1348 del C�digo de Comercio vigente, que regula la ejecuci�n de sentencia en los juicios mercantiles, antes y despu�s de su reforma, no establece oportunidad probatoria en el mismo, mientras que el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene lo contrario, refiri�ndose al mismo dispositivo vigente.

Es as� que en el caso existe contradicci�n de tesis, pues los tribunales involucrados estudiaron la misma cuesti�n jur�dica, tomando en consideraci�n los mismos elementos y arribaron a conclusiones opuestas.

En efecto, el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito afirma que no comparte la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la que se interpreta el art�culo 1348 del C�digo de Comercio antes y despu�s de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se�alando lo siguiente:

Adem�s de que no se comparte el criterio que se sostiene en �sta, porque lo hace depender del hecho de que en materia mercantil en el incidente de liquidaci�n de intereses no existe dilaci�n probatoria, en t�rminos del art�culo 1348 del C�digo de Comercio, por lo que se dejar�a en estado de indefensi�n a la demandada al encontrarse imposibilitada de ofrecer la prueba pericial necesaria para demostrar la correcta cuantificaci�n de dichos intereses. C.�n que es incorrecta toda vez que, con independencia de la materia, en la tramitaci�n de los incidentes, cuando se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador est� obligado a conceder una dilaci�n probatoria con el objeto del ofrecimiento y desahogo de los elementos de convicci�n que las partes incidentistas crean conveniente ofrecer con el objeto de demostrar ya sea su acci�n o excepci�n incidentales. Por ende, contrario a lo argumentado por los peticionarios de garant�as, era innecesario que la actora al presentar su demanda hubiera manifestado cantidad l�quida y cierta sobre los intereses ordinarios y moratorios que reclam�, en raz�n de que, como ha quedado establecido en l�neas anteriores, al tratarse de intereses ordinarios y moratorios fijados sobre tasas variables son determinables, con lo cual se tienen los elementos suficientes para llevar a cabo su cuantificaci�n en ejecuci�n de sentencia.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en todas las resolucionesque dieron motivo a la tesis que redact�, considera:

Cabe agregar que el actual art�culo 1348 del cuerpo legal invocado establece: ?Si la sentencia no contiene cantidad l�quida la parte a cuyo favor se pronunci� al promover la ejecuci�n presentar� su liquidaci�n, de la cual se dar� vista por tres d�as a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el J. fallar� dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resoluci�n ser� apelable en el efecto devolutivo.?. Como queda de manifiesto de su transcripci�n, el precepto legal que regula la ejecuci�n de sentencia en los juicios ejecutivos mercantiles no establece oportunidad probatoria en el mismo, por lo que es claro que si bien en el escrito relativo se hace la liquidaci�n de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, tal liquidaci�n se realiza de acuerdo con los datos que ya fueron aportados durante el tr�mite del juicio, pues, se repite, de lo establecido en el dispositivo legal en cita no se desprende que haya oportunidad de que se conceda un t�rmino probatorio; de ah� que al no haberlo estimado as� la S. responsable, se considera que en ese sentido infringi� lo estatuido por el mismo y, por consiguiente, viol� los art�culos 14 y 16 constitucionales. No obsta para la conclusi�n anterior, el hecho de que en los art�culos 1353 y 1354 del C�digo de Comercio, anteriores a sus �ltimas reformas, as� como los reformados, mismos que regulan los incidentes en general en los juicios mercantiles, se contemple la posibilidad de aportar pruebas y se regule el procedimiento a seguir para el ofrecimiento, la admisi�n y el desahogo de �stas, pues debe tenerse en cuenta que tales preceptos se refieren, como ya se indic�, a los incidentes en general en los juicios mercantiles y no a la ejecuci�n de sentencia ... en la especie, la ejecuci�n de sentencia se encuentra expresamente regulada por el diverso 1348 transcrito, en el que, como ya se dijo, se excluye la oportunidad o t�rmino probatorio en su sustanciaci�n.

Cabe precisar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito realiza un pronunciamiento del art�culo 1348 del C�digo de Comercio, antes y despu�s de sus reformas, mientras que el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito �nicamente se pronuncia respecto del citado art�culo vigente, motivo por el cual el an�lisis que se realice en el presente asunto se circunscribir� al multicitado numeral en su texto vigente.

As�, la materia de la presente contradicci�n se limita a determinar si de conformidad con el art�culo 1348 del C�digo de Comercio vigente, se debe o no precisar el monto y la forma de la cuantificaci�n de intereses al momento de la presentaci�n del escrito inicial de demanda, pues el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito considera que el citado dispositivo legal, que regula la ejecuci�n de sentencia en los juicios mercantiles, no prev� oportunidad probatoria, de lo que se deduce que la liquidaci�n se realiza de acuerdo con las probanzas que ya fueron aportadas durante el tr�mite del juicio, sin que obste a lo anterior el hecho de que en los art�culos 1353 y 1354 del C�digo de Comercio, que regulan los incidentes en general en los juicios mercantiles, se contemple la posibilidad y el procedimiento para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, pues dichos numerales regulan los incidentes en general y no as� la ejecuci�n de sentencia, la cual se rige expresamente por el art�culo 1348, que excluye la oportunidad de la sustanciaci�n de la etapa probatoria. Mientras que el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, interpretando el mismo dispositivo, considera que en la tramitaci�n de los incidentes, cuando se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador est� obligado a conceder una dilaci�n probatoria con el objeto de demostrar sea su acci�n o excepci�n incidentales, por lo que resulta innecesario que la actora presente, junto con su demanda, la cantidad l�quida y cierta sobre los intereses ordinarios y moratorios que reclam�, en raz�n de que dicha cuantificaci�n se llevar� a cabo en la ejecuci�n de sentencia.

Lo aqu� considerado encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, p�gina 76, que dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayor�a de ocho votos. Ausente: J.� de Jes�s G.�o P.. Disidentes: J.V.A.A.�n y G.D.G.�ngora P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: F.O.A..

"Contradicci�n de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.� de Jes�s G.�o P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

"Contradicci�n de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.R.N..

"Contradicci�n de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: G.I.O.M. y J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: R.D.A.S.��ez.

"Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C..

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprob�, con el n�mero 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno.

Por otra parte, resulta tambi�n aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que es del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A. establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

"Contradicci�n de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: J.D.G.�n G.�lez.

"Contradicci�n de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: J.� de Jes�s G.�o P.. Secretario: I.M.P.�o.

"Contradicci�n de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.� de Jes�s G.�o P. y G.I.O.M.. Ponente: H.R.P.. Secretario: U.M.H.�ndez.

"Contradicci�n de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.V.C. y C.. Ponente: J.V.A.A.S.: B.A.Z..

"Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C..

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprob�, con el n�mero 27/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

(Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 27/2001. P�gina: 77).

S�PTIMO

Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que coincide con el sustentado por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Esto es, que a consideraci�n de este cuerpo colegiado no es necesario que la parte actora precise, junto con su demanda, la forma o mec�nica para calcular los intereses, ni ofrezca, desde ese momento, el dictamen pericial contable.

Con el objeto de ilustrar la decisi�n que habr� de tomarse, conviene hacer algunas precisiones respecto de las figuras procesales juicio y ejecuci�n de sentencia.

La palabra juicio deriva del lat�n judicium que, a su vez, viene del verbo judiciare, compuesto de: jus que significa derecho, y dicere, dare que significa dar, declarar o aplicar el derecho en concreto (E.P., Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porr�a, M�xico, 1977, p�gina 460).

Las instituciones jur�dicas de proceso y juicio son com�nmente utilizadas como sin�nimos, pero refiri�ndose a ellas de una forma especializada, es posible precisar que el proceso es el g�nero y el juicio es la especie, encontr�ndose el primero de �stos integrado por dos etapas: instructiva y juicio.

En un sentido literal, el juicio como etapa del proceso puede ser definido como el conjunto de actos coordinados para producir un fin espec�fico. En el campo de lo jur�dico, diversas han sido las definiciones que al respecto se han proporcionado. As�, por ejemplo, el procesalista italiano F.C. en su obra intitulada "Instituciones de Derecho Procesal Civil" (Editorial Oxford, M�xico, 1999, p�gina 899), lo define de la manera siguiente: "es el conjunto de actos dirigidos a la formaci�n o a la aplicaci�n de los mandatos jur�dicos, cuyo car�cter consiste en la colaboraci�n a tal fin de las personas interesadas".

El proceso es un instrumento necesario a la satisfacci�n del derecho por medio de la jurisdicci�n, la que se somete a la sustanciaci�n de un juicio que persigue dos fines esenciales: por un lado, la defensa y conservaci�n del orden jur�dico, lo que supone, en la pr�ctica, el reconocimiento del derecho a quien parece que tiene raz�n y la negaci�n al que resulte que carece de ella y, por el otro, la defensa de los derechos subjetivos y de los intereses del individuo.

En general, el juicio se encuentra integrado de tres etapas: a) Formativa o constitutiva del proceso (demanda, contestaci�n, reconvenci�n); b) Probatoria (producci�n de prueba si hay hechos controvertidos); y, c) Decisoria o conclusiva (sentencia definitiva).

La ejecuci�n es una consecuencia del mismo proceso, se refiere a una actividad predominantemente pr�ctica y material; el J. debe procurar la realizaci�n coactiva del derecho establecido en la sentencia.

La ejecuci�n de la sentencia tiene como objeto el hacer cumplir una sentencia firme que condena o reconoce una obligaci�n de dar, hacer o no hacer a cargo de la parte contraria en juicio que result� vencido, y que conlleva toda una actividad del vencedor que previamente ha obtenido la declaraci�n de un derecho a su favor y una condena en contra del obligado, es decir, una vez resuelta la litis por el juzgador y establecidos los derechos y obligaciones a cargo de cada una de las partes, �nicamente se pasa a la etapa de cumplimiento del mandato judicial.

El juicio concluye con la sentencia definitiva, y todos los actos que se refieren a la ejecuci�n de la misma son distintos y aut�nomos, pues est�n constituidos sobre principios y normas diferentes.

OCTAVO

Expuesto lo anterior, esta Primera S. se aboca a dilucidar el problema de la contradicci�n que nos ocupa.

El art�culo 1348 del C�digo de Comercio vigente se encuentra contenido en el cap�tulo XXVII "De la ejecuci�n de las sentencias", y textualmente dispone:

Art�culo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad l�quida la parte a cuyo favor se pronunci� al promover la ejecuci�n presentar� su liquidaci�n, de la cual se dar� vista por tres d�as a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el J. fallar� dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resoluci�n ser� apelable en el efecto devolutivo.

Esta Primera S. ha realizado diversos pronunciamientos respecto del art�culo 1348 del C�digo de Comercio, que conviene relacionar por ser necesarios para resolver la contradicci�n que se presenta.

Al resolver la contradicci�n de tesis 2/95, entre las sustentadas por el Octavo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito el veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos, estando ausente el se�or M.J.N.S.M., y siendo ponente la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., este cuerpo colegiado sostuvo que el art�culo 1348 del C�digo de Comercio debe interpretarse de manera conjunta con el 1330 del mismo ordenamiento legal, en virtud de que guardan �ntima relaci�n.

En esencia, el criterio adoptado por esta S. considera que el art�culo 1348 del C�digo de Comercio regula un procedimiento especial para hacer l�quida una sentencia en la cual se han establecido las bases de la liquidaci�n, en t�rminos de lo previsto por el art�culo 1330, por lo que dicho ordenamiento no resulta aplicable en trat�ndose del incidente de gastos y costas, pues es completamente aut�nomo a la ejecuci�n de la sentencia.

Si bien inicialmente podemos advertir que la contradicci�n de tesis que citamos fue resuelta con anterioridad al veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, fecha de las reformas al C�digo de Comercio, lo cierto es que la parte considerativa que resulta aplicable al presente asunto no sufri� reformas.

La jurisprudencia pronunciada por esta Primera S. es del tenor literal siguiente:

"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACI�N CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE. La interpretaci�n hist�rica y sistem�tica del art�culo 1348 del C�digo de Comercio, pone de manifiesto que dicho numeral regula un procedimiento especial para hacer l�quida una sentencia en la cual se han establecido las bases de la liquidaci�n en t�rminos de lo previsto por el art�culo 1330 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, aquella disposici�n legal no puede servir de base para considerar irrecurrible la interlocutoria que resuelve un incidente de gastos y costas. Dicho incidente goza de una autonom�a destacada, y la interlocutoria que le pone fin tiene una naturaleza jur�dica distinta a la resoluci�n a que se contrae el art�culo 1348 del C�digo de Comercio. La interlocutoria que resuelve un incidente de gastos y costas es apelable en los t�rminos previstos por el art�culo 1088, en relaci�n con el 1341, ambos del C�digo de Comercio.

"Contradicci�n de tesis 2/95. Entre las sustentadas por el Octavo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.N.S.M., previo aviso a la Presidencia. Ponente: O.M.�a S�nchez C. de G.�a V.. Secretario: M.A.R.�guez Barajas.

"Tesis de jurisprudencia 8/95. Aprobada por la Primera S. de este Alto Tribunal, en sesi�n de veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: presidente J.V.C. y C., H.R.P., J.� de Jes�s G.�o P., O.M.�a del Carmen S�nchez C.. Ausente: J.N.S.M., previo aviso a la Presidencia."

(Novena �poca. Instancia: Primera S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: I, junio de 1995. Tesis: 1a./J. 8/95. P�gina: 49).

Por su parte, el art�culo 1330 del C�digo de Comercio, contenido en el cap�tulo XXII "De las sentencias", establece:

Art�culo 1330. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, da�os o perjuicios, se fijar� su importe en cantidad l�quida, o se establecer�n por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidaci�n, cuando no sean el objeto principal del juicio.

El C�digo de Comercio regula la ejecuci�n de las sentencias en los art�culos 1346 a 1348, y las costas en los art�culos 1081 a 1089 de ese mismo ordenamiento.

La contradicci�n de tesis 14/98, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, el tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, bajo la ponencia del se�or Ministro J.� de Jes�s G.�o P., dio lugar al siguiente criterio jurisprudencial:

"GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACI�N DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACI�N DE INTERESES. Las causas que originan la liquidaci�n de intereses simples y moratorios y lacondena de gastos y costas son diversas, pues una deriva de la acci�n misma y la otra del resultado del proceso; contra de la condena a pago de intereses simples y moratorios no procede recurso alguno y contra la condena de gastos y costas procede el recurso de apelaci�n. En consecuencia, cuando en una misma sentencia documento el J. resuelve lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples y moratorios (que no es recurrible) el afectado estar� en el deber de agotar apelaci�n en contra de la liquidaci�n de gastos y costas, antes de acudir al juicio de garant�as, pues de lo contrario, la acci�n resultar� improcedente en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n XIII del art�culo 73 de la Ley de A.. Lo anterior es as� porque si bien, la sentencia como acto jur�dico es indivisible, no lo es como documento; de ah� que si el documento que representa la soluci�n que el juzgador da a determinado problema jur�dico contiene no uno, sino diversos pronunciamientos independientes; es decir, trat�ndose de diversos actos jur�dicos, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la v�a y t�rminos procedentes.

"Contradicci�n de tesis 14/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: J.� de Jes�s G.�o P.. Secretaria: G.M.O.B..

"Tesis de jurisprudencia 17/99. Aprobada por la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sesi�n de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: presidente H.R.P., J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V.."

(Novena �poca. Instancia: Primera S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IX, mayo de 1999. Tesis: 1a./J. 17/99. P�gina: 143).

Lo hasta aqu� expuesto permite pronunciar las siguientes conclusiones:

  1. El juicio termina con la sentencia definitiva, y todo lo que se refiere a la ejecuci�n de la misma son actos distintos y aut�nomos el uno del otro, pues est�n constituidos sobre principios y normas diferentes.

  2. El objeto principal del procedimiento mercantil lo comprende la causa de pedir m�s los intereses ordinarios y moratorios que se hayan pactado por las partes.

  3. La ejecuci�n de las sentencias se encuentra regulada por los art�culos 1346 a 1348 del C�digo de Comercio, mientras que el incidente de liquidaci�n se encuentra comprendido en los numerales 1081 a 1089 del citado dispositivo y tiene como objeto la cuantificaci�n de los gastos y costas del juicio.

  4. El art�culo 1348 del C�digo de Comercio resulta aplicable en trat�ndose de sentencias que establezcan una condena que no contenga cantidad l�quida, pero en la cual se hayan fijado las bases para la liquidaci�n, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 1330 del C�digo de Comercio.

Ahora bien, como qued� precisado en el considerando anterior, la materia de la presente contradicci�n se constri�e a determinar si, de conformidad con el art�culo 1348 del C�digo de Comercio vigente, se debe o no precisar el monto y la forma de la cuantificaci�n de intereses al momento de la presentaci�n del escrito inicial de demanda.

Los precedentes de esta S. antes transcritos permiten determinar los alcances del art�culo 1348 del C�digo de Comercio, as� como la independencia de los intereses, sean ordinarios o moratorios, de los gastos y costas del juicio, como qued� precisado en las tesis jurisprudenciales de esta Primera S..

Esto es as�, puesto que la esencia del incidente de liquidaci�n comprende �nicamente la cuantificaci�n de los gastos y costas que se hayan generado, es decir, la parte que tenga derecho a su reclamo presentar� la planilla correspondiente para que el J. d� vista con la misma a la parte condenada y se manifieste para poder fijar la cantidad l�quida que sea procedente, todo de conformidad con las reglas que al efecto establezca el C�digo de Comercio en trat�ndose de incidentes.

Por otra parte, al ser los intereses moratorios y ordinarios parte del principal, los mismos deben ser reclamados al momento de la presentaci�n del escrito inicial de demanda, en virtud de que el J. del conocimiento ser� el encargado de establecer la cantidad l�quida o las bases de cuantificaci�n de los mismos para el periodo de ejecuci�n de sentencia; sin embargo, con independencia de la materia, en la tramitaci�n de los incidentes, cuando se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador est� obligado a conceder una dilaci�n probatoria con el objeto del ofrecimiento y desahogo de los elementos de convicci�n que las partes incidentistas crean conveniente ofrecer, con el objeto de demostrar ya sea su acci�n o excepci�n incidentales. Es as� que la ley no exige que la actora al presentar su demanda manifieste cantidad l�quida y cierta sobre los intereses ordinarios y moratorios que reclam�, en raz�n de que al tratarse de intereses ordinarios y moratorios, fijados sobre tasas variables son determinables, con lo cual se tienen los elementos suficientes para llevar a cabo su cuantificaci�n en ejecuci�n de sentencia.

Sostener lo contrario, es decir, exigir a la parte quejosa el deber de acompa�ar junto a su demanda el dictamen pericial contable o la mec�nica para el c�lculo de los intereses, es imponerle una carga procesal que no est� establecida en la ley, con el consecuente perjuicio no establecido en la ley, para el caso de su incumplimiento.

Por ello, considerando que en este tipo de incidentes se requiere el ofrecimiento de pruebas para acreditar la mec�nica del c�lculo de los intereses y el monto de los mismos, y considerando, adem�s, que la parte quejosa no tiene el deber de acompa�ar a su demanda el dictamen pericial contable, ni la mec�nica para el c�lculo de intereses, es claro que el J. debe conceder a las partes una dilaci�n probatoria para que puedan demostrar su pretensi�n incidental.

En tal virtud, y como qued� precisado en p�rrafos precedentes, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de A., la tesis correspondiente debe quedar redactada con los siguientes rubro y texto:

JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACI�N REQUIERA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES, NO ES NECESARIO QUE EN LA DEMANDA EL ACTOR PRECISE LA FORMA O MEC�NICA PARA CALCULARLOS, NI QUE ANEXE DICTAMEN PERICIAL CONTABLE.-Los intereses ordinarios y moratorios, al ser parte del principal, deben ser reclamados en el escrito inicial de demanda respectivo, ya que el J. ser� el encargado de establecer la cantidad l�quida o las bases de su cuantificaci�n para el periodo de ejecuci�n de sentencia y, con independencia de la materia, cuando se hace necesario el ofrecimiento de pruebas en la tramitaci�n de los incidentes, el juzgador est� obligado a conceder una dilaci�n probatoria para que las partes puedan demostrar su pretensi�n incidental. En consecuencia, si la ley no exige que la parte actora acompa�e a su demanda el dictamen pericial contable, ni la mec�nica para el c�lculo de tales intereses, el J. debe conceder a las partes tal dilaci�n probatoria, para el efecto de que puedan demostrar sus acciones y excepciones en el incidente respectivo. Sostener lo contrario, es decir, exigir a la parte actora que acompa�e a su demanda el dictamen pericial o la mec�nica para el c�lculo de los intereses, ser�a imponerle una carga procesal que no est� prevista en la ley, con el consecuente perjuicio, tampoco se�alado en ella, para el caso de incumplimiento.

Finalmente, es necesario precisar que de conformidad con lo establecido por el art�culo 197-A, p�rrafo segundo, de la Ley de A., la presente resoluci�n no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se dictaron las sentencias contradictorias.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, adem�s, en los art�culos 197-A de la Ley de A. y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se

resuelve:

PRIMERO

No existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en contra de la sustentada por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en lo referente al art�culo 1348 del C�digo de Comercio antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

SEGUNDO

Existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en contra de la sustentada por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

TERCERO

Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que se especifica en el �ltimo considerando de este fallo.

CUARTO

D�se publicidad a esta ejecutoria, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., H.R.P., O.S.C. de G.�a V., J.� de Jes�s G.�o P. (ponente), y presidente J.N.S.M. respecto del primer punto resolutivo; mayor�a de cuatro votos en contra del emitido por el Ministro Humberto Rom�n P. respecto del segundo resolutivo y mayor�a de tres votos en contra de los emitidos por los Ministros Humberto Rom�n P. y O.S.C. de G.�a V. por lo que se refiere a los puntos resolutivos tercero y cuarto. Los Ministros H.R.P. y O.S.C. de G.�a V. indicaron que formular�an voto particular.