Ejecutoria num. 1a./J. 30/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826243

Ejecutoria num. 1a./J. 30/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 30/2002
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2002
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.CÉDULAS DE CONTRATACIÓN CELEBRADAS POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CONSTITUYEN CONTRATOS DE COMPRAVENTA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 38/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al conocer el toca de revisi�n principal n�mero 2159/2000, relativo al juicio de amparo 527/2000-II, consider�, en lo que interesa, lo siguiente:

CONSIDERANDO: ... CUARTO. Asimismo, no le asiste la raz�n al recurrente cuando aduce que el J. Federal no valor� correctamente la c�dula de contrataci�n, de fecha dos de enero de mil novecientos ochenta y uno, al considerarla �nicamente como el inicio de un tr�mite administrativo, condicionada al clausulado descrito al reverso; sin tomar en cuenta que dicho documento, al tenor del art�culo 2169 del antiguo C�digo Civil del Estado, es un contrato de compraventa celebrado entre la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra (vendedora) y Mar�a D.S.A. (compradora), toda vez que en el mismo se especific� el objeto de la compraventa, el cual se hizo consistir en el lote 2-K, de la manzana 11, de la zona 02, del ejido El Colly, de Zapopan, J., y su precio por el importe de $12,970.00 (doce mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.); contrato de compraventa que es v�lido y obligatorio para las partes desde su celebraci�n y no en la fecha en que se formaliz� dicho acto en escritura p�blica (once de junio de mil novecientos ochenta y cinco); por lo cual el inmueble de m�rito fue adquirido por Mar�a D.S.A., como soltera y, por ende, la finca referida no es parte de los bienes de la sociedad legal que tiene formada con motivo del matrimonio celebrado con S.�n P�rez M.�nez (quejoso), pues la compraventa se verific� con anterioridad a la celebraci�n del matrimonio en cuesti�n. Es as�, toda vez que al tener a la vista la copia certificada de la c�dula de contrataci�n n�mero 54756, que consta agregada en la foja 264 del juicio de amparo de donde deriva este recurso y de la misma se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: ?C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra. C�dula de contrataci�n No. 54756, d�a 2, mes 01, a�o 81, ejido El Colly, Municipio Zapopan, Estado de J. ... generales del contratante: Ma. Dolores S.A. ... estado civil soltera ... especificaciones de contrataci�n zona 002, manzana 011, lote 2-K, superficie 432.00 ... valor del lote $12,970.00, enganche $3,000.00, subtotal $9,970.00, intereses $798.00, saldo a pagar $10,768.00; medidas y colindancias. NE 14 mts. 65 cms. con lote 2-C, SE 18 mts. 45 cms. con lote 2-H y 20.10 con lote 2-J, SO 9 mts. 65 cms. con calle V.�n A., NO 38 mts. 70 cms. con lote 2-L ... el contratante una vez enterado de las cl�usulas que aparecen al reverso de esta c�dula firma de conformidad. Contratante. Ma. D.S.A. (r�brica), elaborado por el Q/rsm (r�brica). Revisado E.R.C.�as (r�brica). Cl�usulas: El contratante est� de acuerdo en que esta c�dula por parte de C., no es definitiva, toda vez que est� sujeta a la aceptaci�n y aprobaci�n del Departamento de Contrataci�n en sus oficinas centrales, y al efecto, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos que se enuncian bajo el No. 1, aceptando que se apliquen como pena convencional a favor de C. las cantidades pagadas, en caso de que se compruebe lo contrario ... 3. Esta c�dula, as� como la escritura p�blica de compraventa que en su caso se otorgue s�lo ampara el terreno que en el anverso se consigna, en el estado en que se encuentra ... 4. El contratante se obliga a cubrir en el momento de suscribir la presente, todos los gastos, impuestos y derechos que correspondan a la escrituraci�n en caso de contrataciones de contado. Si se tratase de contrataciones a plazos, deber� de cubrir estos gastos en el momento de realizar su �ltimo pago ...?. Al respecto, el art�culo 2169 del antiguo C�digo Civil del Estado, aplicable en la �poca en que se realiz� dicho acto, dispon�a: ?Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido en forma sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.?. As� las cosas, de la c�dula de contrataci�n transcrita no se advierte que la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, por conducto de las personas que intervinieron en la elaboraci�n y revisi�n de la c�dula, haya exteriorizado su voluntad de vender en ese propio acto a Ma. D.S.A. el inmueble que se describe en tal manuscrito, sino que simplemente se trata de un documento mediante el cual se da inicio al tr�mite administrativo tendiente a ello. M�xime que si bien es cierto que la c�dula respectiva se encuentra firmada de conformidad por la contratante Ma. D.S.A., por la persona que elabor� la c�dula y por E.R.C.�as, quien revis� la misma, no menos lo es que dicha conformidad �nicamente es para el efecto de que dichas personas est�n enteradas del contenido de las cl�usulas que aparecen al reverso de la c�dula y no respecto de la celebraci�n de alg�n contrato de compraventa. Adem�s, la c�dula de m�rito est� condicionada a las cl�usulas que constan al reverso de la misma, para que as�, ejecutadas en su caso y a satisfacci�n de la instituci�n mencionada, se procediera a su venta, como finalmente aconteci� mediante la escritura p�blica n�mero 18,088, de fecha once de junio de mil novecientos ochenta y cinco, otorgada ante la fe del licenciado S.G.�rrez G.�a, notario p�blico n�mero setenta de esta municipalidad, en la cual, por cierto, no se hace referencia a que dicha compraventa haya tenido como antecedente la c�dula de contrataci�n multicitada. Bajo este orden de ideas, en la cl�usula primera de la c�dula mencionada se pact� que: ?El contratante est� de acuerdo en que esta c�dula por parte de C., no es definitiva, toda vez que est� sujeta a la aceptaci�n y aprobaci�n del Departamento de Contrataci�n en sus oficinas centrales ...?. Lo que viene a corroborar el argumento en el sentido de que la c�dula aludida �nicamente se trata de un escrito mediante el cual se inici� el tr�mite administrativo para la adquisici�n del inmueble detallado en dicho documento, pues el acto plasmado en dicha c�dula estaba sujeto a la aceptaci�n y aprobaci�n del Departamento de Contrataciones de las oficinas centrales de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, es decir, que en la celebraci�n de dicha c�dula no existi� la manifestaci�n de la voluntad por parte de la instituci�n mencionada de transmitir el dominio del lote descrito, pues este consentimiento estaba supeditado a la aprobaci�n del departamento aludido. Por consiguiente, al no existir acuerdo de voluntades por parte de Ma. S.A., en el sentido de comprar y de los empleados de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra que intervinieron en la elaboraci�n y revisi�n de la c�dula, en el sentido de vender, es indudable que ante la falta de consentimiento de las partes mencionadas, como elemento de existencia de los contratos, no se perfeccion� ning�n contrato de compraventa, al tenor de lo dispuesto por los art�culos 1711, 1712, 1715, 1723, 1756 y 2168 del antiguo C�digo Civil del Estado, aplicable en la �poca en que se elabor� la c�dula analizada, como equivocadamente lo alega el tercero perjudicado, hoy recurrente. Razones las mencionadas por las cuales no se comparte el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la p�gina 298 del Tomo XIII, del mes de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que a la letra dice: ?ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. LAS C�DULAS DE CONTRATACI�N CELEBRADAS CON LA COMISI�N PARA LA REGULARIZACI�N DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SON JUSTO T�TULO POSESORIO.? (se transcribe).

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al conocer del juicio de amparo directo n�mero 1055/93, consider� lo siguiente:

CONSIDERANDO: ... CUARTO. ... Los conceptos de violaci�n son parcialmente fundados y suficientes para otorgar el amparo. En efecto, la quejosa argumenta que se omite tomar en cuenta que mediante decreto expropiatorio se entregaron tierras a la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra para regularizarlas a trav�s de la venta a sus ocupantes; que la c�dula de contrataci�n es el documento previo a la entrega de la escritura p�blica correspondiente; y que adem�s, en la c�dula que exhibi� s� se especifica la cosa y el precio como lo establece el art�culo 2103 del C�digo Civil. Lo anterior es fundado, porque tal y como se desprende de las constancias procesales que integran el expediente de primera instancia, el Gobierno Federal a trav�s del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, expropi� a favor de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra terrenos que pertenec�an al poblado ejidal de San Mateo Tecoloapan, Municipio de Atizap�n de Zaragoza, Estado de M�xico, con el prop�sito de destinarlos a su regularizaci�n mediante la venta a los avecindados de los solares que ocupan y para que se construyan viviendas populares de inter�s social en los lotes que resultaron vacantes. Asimismo, obra en autos la c�dula de contrataci�n de trece de noviembre de mil novecientos noventa, celebrada entre el organismo gubernamental referido y la parte actora, en la que se identifica con precisi�n el lote de terreno objeto de la transacci�n, se�al�ndose la superficie, medidas y linderos del mismo, as� como el precio que le fuera asignado. El art�culo 482 del C�digo de Procedimientos Civiles establece que: ?Art�culo 482. Al adquirente con justo t�tulo y de buena fe le compete la acci�n para que, aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los t�rminos del art�culo 477 el poseedor de mala fe; o el que teniendo t�tulo de igual calidad ha pose�do por menos tiempo que el actor. No procede esta acci�n en los casos en que ambas posesiones fueren dudosas o el demandado tuviere su t�tulo registrado y el actor no, as� como contra el leg�timo due�o.?. Como se advierte del precepto transcrito, para que prospere en juicio la acci�n plenaria de posesi�n, quien la ejercita debe acreditar que hubo la cosa perseguida mediante justo t�tulo y este requisito se encuentra satisfecho con el documento fundatorio de la acci�n, porque aun cuando en la cl�usula que se encuentra al reverso del mismo se pretende dar la idea de que se trata de un contrato preparatorio, sin embargo, debe reputarse como un verdadero contrato de compraventa porque contiene todos los elementos que lo forman, en virtud de que las partes, vendedor y comprador, convinieron sobre la cosa y el precio, perfeccion�ndose de esa manera la operaci�n de que se trata, en t�rminos del art�culo 2103 del C�digo Civil; resulta aplicable la tesis jurisprudencial n�mero 429, publicada en la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: ?COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA DE VENTA.? (se transcribe). La conclusi�n a que se llega queda corroborada con lo estipulado en el apartado tercero del cap�tulo de condiciones de la c�dula de contrataci�n, pues se expresa que: ?Esta c�dula as� como la escritura p�blica de compraventa que en su caso se otorgue s�lo ocupar� el terreno que en el anverso se consigna, en el estado en que se encuentra, no siendo obligaci�n de C. proporcionar servicios p�blicos.?. As� pues, el documento fundatorio de la acci�n s� constituye un justo t�tulo por contener el acto traslativo de dominio a favor de la quejosa y, por ende, contrariamente a lo sostenido por la Sala responsable, es apto para demostrar el elemento de la acci�n publiciana relativo a que se haya obtenido el bien inmueble a trav�s de justo t�tulo. En consecuencia, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M�xico deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que determine que s� se encuentra probado el elemento de la acci�n plenaria de posesi�n consistente en la adquisici�n del inmueble mediante justo t�tulo; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicci�n, analice las dem�s circunstancias del caso y resuelva lo que en derecho procesa (sic).

La anterior resoluci�n dio origen a la tesis que a continuaci�n se transcribe:

"Octava �poca

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XIII, marzo de 1994

"P�gina: 298

"ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. LAS C�DULAS DE CONTRATACI�N CELEBRADAS CON LA COMISI�N PARA LA REGULARIZACI�N DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SON JUSTO T�TULO POSESORIO. Las c�dulas de contrataci�n otorgadas por dicho organismo gubernamental a los particulares, constituyen verdaderos contratos de compraventa, porque contienen todos los elementos que lo forman; pues las partes, vendedor y comprador convienen sobre la cosa y el precio, perfeccion�ndose de esa manera la operaci�n en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 2103 del C�digo Civil; conclusi�n esta que se corrobora con lo estipulado en el apartado tercero del cap�tulo de condiciones del documento en el que se expresa, que la c�dula as� como la escritura p�blica de compraventa que en su caso se otorgue s�lo ampara el terreno que el propio documento designa. As� pues, tales c�dulas constituyen justo t�tulo para poseer el bien, objeto de la transacci�n, por contener un acto traslativo de dominio, y por ende, son aptos para demostrar el elemento de la acci�n plenaria de posesi�n relativo a la obtenci�n de la cosa a trav�s de justo t�tulo.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 1055/93. F.G.B.. 12 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ra�l Sol�s Sol�s. Secretario: J.A.S.P..

CUARTO

Con la finalidad de determinar si existe la contradicci�n de tesis denunciada, a continuaci�n se hace un relato de los asuntos que intervienen en la misma:

  1. Al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito correspondi� resolver el toca de revisi�n principal n�mero 2159/2000, relativo al juicio de amparo 527/2000-II, promovido por S.�n P�rez M.�nez contra actos realizados por el J. y secretario ejecutor del Juzgado D�cimo de lo Civil en Guadalajara, J., consistentes en el procedimiento de ejecuci�n de sentencia, embargo y adjudicaci�n en almoneda p�blica del 50% de un bien de su propiedad adquirido por virtud de gananciales matrimoniales, no habiendo sido llamado a juicio.

    El tercero perjudicado para justificar la improcedencia del juicio de garant�as aport� como prueba documental copia certificada de una c�dula de contrataci�n de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra (C.), de fecha dos de enero de mil novecientos ochenta y uno, con el objeto de acreditar que el bien embargado y adjudicado era propiedad exclusiva de la c�nyuge del quejoso, quien lo hab�a adquirido de C. en fecha anterior a su matrimonio, es decir, el veintid�s de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. La c�dula de contrataci�n fue estimada insuficiente para provocar la improcedencia del amparo, al considerar el juzgador federal que de su contenido no se advert�a que la dependencia oficial hubiera vendido en ese acto el predio a la esposa del quejoso, sino que solamente se daba inicio a un tr�mite administrativo tendente a ello, pero condicionado al clausulado descrito en su reverso, para que, una vez cumplidas aqu�llas y a satisfacci�n de la dependencia oficial, se procediera a su venta, como finalmente se hizo mediante escritura p�blica de once de junio de mil novecientos ochenta y cinco.

    El Tribunal Colegiado revisor refrend� el criterio del J. Federal al considerar que del contenido de la c�dula de contrataci�n no se advert�a que la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, por conducto de las personas que intervinieron en su elaboraci�n y revisi�n, haya exteriorizado su voluntad de vender a la esposa del quejoso, en ese propio acto, el bien descrito, sino que se trata de un documento mediante el cual se da inicio a un tr�mite administrativo tendente a ello y que la conformidad expresada en el documento por la contratante y los funcionarios que lo elaboraron fue �nicamente para el efecto de informar a la interesada del contenido de sus cl�usulas y no de la celebraci�n de compraventa alguna. Reiterando que s�lo se trataba de un escrito mediante el cual se daba inicio a un tr�mite administrativo para la adquisici�n de un inmueble detallado en tal documento, estando dicho acto sujeto a la aceptaci�n y aprobaci�n del Departamento de Contrataciones de las oficinas centrales de la C.�n y que no existi� manifestaci�n de voluntad por parte de la instituci�n de transmitir el dominio del lote descrito, pues �ste estaba sujeto a la aprobaci�n del departamento aludido.

  2. Al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito correspondi� resolver el juicio de amparo directo 1055/93, promovido por F.G.B. contra la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M�xico. En ella, el J. natural estim� que la c�dula de contrataci�n celebrada con la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra no transfiere ning�n derecho de propiedad y no constitu�a un justo t�tulo para intentar la acci�n plenaria de posesi�n; que no se satisfacen los requisitos del art�culo 2102, ya que el documento se concreta a la expresi�n de los datos personales generales del contratante, colindancias del inmueble y valor, datos que no llevan a establecer que la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra se obligue a transferir a la actora la propiedad del inmueble y �sta a su vez se obligue al pago. Y que, por otra parte, la expropiaci�n del inmueble por el Gobierno Federal a favor de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra no indica que la c�dula de contrataci�n constituya un justo t�tulo que d� derecho al recurrente a poseer el terreno, pues no es un contrato de compraventa ni t�tulo traslativo de dominio.

    El Tribunal Colegiado estim� fundados los conceptos de violaci�n de la quejosa, considerando que la c�dula de contrataci�n constitu�a justo t�tulo y documento fundatorio de la acci�n, pues aun cuando en la cl�usula que se encuentra al reverso del mismo se pretende que se trata de un contrato preparatorio, sin embargo, debe reputarse como un verdadero contrato de compraventa, ya que contiene todos los elementos que lo forman, en virtud de que las partes, vendedor y comprador, convinieron sobre cosa y precio, perfeccion�ndose de esa manera en t�rminos del art�culo 2103 del C�digo Civil. As� pues, el documento fundatorio de la acci�n s� constituye justo t�tulo por contener el acto traslativo de dominio a favor de la quejosa y, por ende, contrariamente a lo sostenido por la Sala responsable, es apto para demostrar el elemento de la acci�n publiciana relativo a que se haya adquirido el inmueble a trav�s de justo t�tulo.

QUINTO

De lo expuesto en el considerando precedente se llega a la conclusi�n de que existe la contradicci�n de tesis denunciada.

Debe precisarse que aunque los antecedentes de los asuntos son distintos, se satisfacen los requisitos para determinar que s� existe contradicci�n de tesis pues si bien, en uno de losasuntos se evalu� e interpret� el contenido de dicho documento para efecto del inter�s jur�dico en el amparo, mientras que en el otro caso se analiz� su idoneidad como justo t�tulo para la procedencia de la acci�n plenaria de posesi�n, lo cierto es que en ambos se abord� el estudio de la naturaleza y efectos jur�dicos de la c�dula de contrataci�n, llegando los �rganos jurisdiccionales a resultados distintos.

En efecto, en ambos juicios se cuestion� si la citada c�dula de contrataci�n contiene los elementos de un contrato de compraventa y si puede estimarse en s� mismo como un negocio jur�dico traslativo de dominio; en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito determin� que no puede atribu�rsele tal car�cter, sino el de un tr�mite administrativo, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, consider� lo contrario, aseverando que tal documento constituye un verdadero contrato de compraventa al contener todos los elementos que lo forman.

En esas condiciones, queda claro que aun cuando los antecedentes del caso no son id�nticos, s� hubo un pronunciamiento respecto al problema de fondo, esto es, si la c�dula de contrataci�n constituye o no un contrato de compraventa, por lo que se da la oposici�n de criterios necesaria para que exista la contradicci�n de tesis establecida en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis plenaria que enseguida se transcribe con sus respectivos datos de consulta:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayor�a de ocho votos. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Disidentes: J.V.A.A.�n y G.D.G.�ngora P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: F.O.A..

"Contradicci�n de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

"Contradicci�n de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.R.N..

"Contradicci�n de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: G.I.O.M. y J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: R.D.A.S.��ez.

Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C..

No constituye obst�culo a la anterior conclusi�n, el hecho de que uno de los Tribunales Colegiados no haya plasmado su postura en una tesis, pues es criterio reiterado del Pleno de este Alto Tribunal que ello no es requisito para la existencia de la contradicci�n de tesis.

Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente tesis:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"P�gina: 77

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

"Contradicci�n de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: J.D.G.�n G.�lez.

"Contradicci�n de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Secretario: I.M.P.�o.

"Contradicci�n de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Jos� de Jes�s G.�o P. y G.I.O.M.. Ponente: H.R.P.. Secretario: U.M.H.�ndez.

"Contradicci�n de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.V.C. y C.. Ponente: J.V.A.A.S.: B.A.Z..

"Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C.."

SEXTO

Antes de abordar el estudio pormenorizado sobre la naturaleza jur�dica de la c�dula de contrataci�n, materia de la presente contradicci�n, conviene hacer menci�n de los antecedentes de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra a fin de conocer cabalmente su naturaleza jur�dica y la forma en que realiza las funciones de regularizaci�n territorial.

Debido al creciente asentamiento poblacional dentro de �reas ejidales y comunales destinadas principalmente a la agricultura, el Ejecutivo Federal cre� en mil novecientos setenta el Programa Nacional de Regularizaci�n de Zonas Ejidales (Pronarzue), coordinado por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci�n (DAAC) y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fonafe). Dicho programa tuvo como finalidad regularizar la tenencia de la tierra ejidal y comunal ocupada por asentamientos humanos irregulares. Con posterioridad, y debido a los limitados resultados, surge por acuerdo del Ejecutivo, publicado el veinte de agosto de mil novecientos setenta y tres en el Diario Oficial de la Federaci�n, el Comit� para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, dentro de la estructura organizativa del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci�n, donde intervinieron tambi�n el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Dicho comit� era un organismo desconcentrado de la administraci�n p�blica federal, que ten�a como prop�sito regularizar y prevenir los asentamientos humanos irregulares por la v�a expropiatoria, tanto de terrenos de origen ejidal y comunal como de los de origen privado.

Su funcionamiento sirvi� para percatarse de la magnitud real del problema de los asentamientos humanos en predios sujetos al r�gimen del derecho agrario, as� como de la situaci�n de car�cter org�nico y legal que ello implicaba, y sirvi� para dimensionar la formulaci�n de un programa y de un presupuesto para llevar a cabo la regularizaci�n de la tenencia de la tierra. En mil novecientos setenta y cuatro, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del ocho de noviembre, se reestructur� el organismo para constituirse como: C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra (C.), organismo p�blico descentralizado de car�cter t�cnico y social, sectorizado desde el diecisiete de enero de mil novecientos setenta y siete dentro de la Secretar�a de la Reforma Agraria, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, cuyo objeto es regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares para mejorar los centros de poblaci�n y sus fuentes propias de vida.

De las atribuciones hasta aqu� asignadas a la comisi�n, �sta pod�a, adem�s de regularizar los asentamientos en terrenos de origen ejidal y comunal, los de origen privado y, en su caso, programar el desarrollo urbano; sin embargo, el decreto de creaci�n de C. es reformado por el Ejecutivo Federal mediante decreto publicado en el D.O.F. el tres de abril de mil novecientos setenta y nueve, en el cual se redefinieron los objetivos de la misma en los art�culos 2o., 4o., 9o., fracci�n VII y 11; adem�s se adiciona el art�culo 13; con ello se reestructura a la comisi�n, redifiniendo las atribuciones al consejo de administraci�n y estableciendo que la comisi�n se coordinar� con la Secretar�a de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas y con el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, para determinar las superficies a regularizar, as� como considerar las opiniones de las autoridades estatales y municipales involucradas.

Con motivo de otra reforma al decreto presidencial, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y nueve, se otorga la facultad a la comisi�n para convenir con el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, la adquisici�n de todos los terrenos libres que se localizan dentro de las �reas expropiadas para la comisi�n, o que se le hubiesen entregado por cualquier otro t�tulo legal en cumplimiento de su objeto, a fin de que el citado instituto llevase a cabo sus funciones.

Con las reformas constitucionales al art�culo 27 constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, fue expedida una nueva Ley Agraria, cuyo reglamento, de fecha doce de enero de mil novecientos noventa y cinco, y el Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, orientan a la C. para efectuar los trabajos de regularizaci�n de la tenencia de la tierra. En este contexto y por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 26 de febrero de 1999, se redefini� nuevamente el objeto de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, a efecto de contar con un organismo p�blico que adem�s de promover la vinculaci�n del aprovechamiento de terrenos de origen federal, ejidal y comunal con la pol�tica nacional de asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n, haga posible la coordinaci�n de estos procesos con los Gobiernos de los Estados con la participaci�n de sus Municipios y del Distrito Federal, as� como la concertaci�n con los sectores social y privado, particularmente de los ejidatarios y comuneros.

Ahora bien �cu�l es el proceso seguido por la C. para la regularizaci�n de los predios? Este proceso comprende dos fases:

Fase 1. Adquisici�n. La regularizaci�n de predios de origen agrario parte del necesario cambio de la naturaleza jur�dica de los terrenos ejidales, comunales o de propiedad federal. Es decir, en el mismo proceso se debe desincorporar la tierra del r�gimen ejidal, comunal o de propiedad federal, cambiar la propiedad de la tierra que el n�cleo agrario o particular tiene sobre los lotes, ahora en posesi�n de los colonos o "avecindados".

Para ello se ha utilizado el mecanismo de la expropiaci�n, a trav�s de la cual el pol�gono o predio a regularizar pasa mediante la acci�n expropiatoria de la propiedad del ejido a propiedad de la Federaci�n a trav�s de C.. Esto es, pasa del dominio ejidal, comunal y/o federal, al dominio privado de la Federaci�n.

Una vez expropiados y en poder jur�dico de la C., la propiedad de los bienes puede ser transmitida a sus ocupantes.

Fase 2. Enajenaci�n o titulaci�n. En el proceso de regularizaci�n, dado el sistema que se utiliza, cada operaci�n de legalizaci�n asume la forma jur�dica de una venta, para lo cual se aplican precios que consideran los valores dictaminados por la C.�n de Aval�os de Bienes Nacionales o alguna instituci�n bancaria autorizada, a partir de la investigaci�n de la capacidad econ�mica de los posesionarios.

El proceso de regularizaci�n.

  1. Primero se verifica que el predio que se ha solicitado regularizar sea de origen ejidal, comunal, privado o federal. Se realiza una inspecci�n f�sica y documental del asentamiento humano irregular y se verifica si se encuentra dentro o fuera del pol�gono propuesto a regularizar.

  2. Enseguida se integra un expediente t�cnico para solicitar la expropiaci�n a la Secretar�a de la Reforma Agraria: se incluye el dictamen de la Secretar�a de Desarrollo Social en el que se califica la procedencia, utilidad p�blica y el lote tipo a utilizar; los informes t�cnicos, las carteras de campo, los distintos planos en diferentes presentaciones (INEGI -dotaci�n del ejido- orientaci�n astron�mica y general manzanero) con tablas de c�lculos y de propuestas de valores de indemnizaci�n y enajenaci�n, as� como las opiniones de la Procuradur�a Agraria y del Registro Agrario Nacional sobre la no sobreposici�n con otros procesos agrarios que impidan la regularizaci�n; y una solicitud de expropiaci�n para el predio donde se localiza el asentamiento humano irregular.

  3. Se obtienen los valores de indemnizaci�n y los valores base de enajenaci�n y la publicaci�n del decreto de expropiaci�n ante la C.�n de Aval�os de Bienes Nacionales (Cabin) para el caso de indemnizaciones y/o con las instituciones bancarias para los precios de venta.

  4. Se realiza la ejecuci�n del decreto expropiatorio coadyuvando con la coordinaci�n agraria, el n�cleo agrario y las autoridades locales, para dar cumplimiento al decreto expropiatorio mediante un procedimiento t�cnico administrativo. La misma coordinaci�n agraria (delegaci�n de la SRA) entrega la tierra a favor de C. y se procede a la inscripci�n del decreto ante el Registro P�blico de la Propiedad y en el Registro Agrario Nacional. En acto previo o simult�neo se conviene y formaliza el pago de indemnizaciones a los ejidatarios afectados.

  5. Se procede a verificar el uso y posesi�n de lotes: se recaban los datos b�sicos de los predios a regularizar para que la contrataci�n est� basada sobre informaci�n confiable, ya que los lotes que tienen uso habitacional en el momento de la expropiaci�n tienen un precio m�s bajo que los dem�s.

  6. Se promueve, sensibiliza y coadyuva con los colonos para la regularizaci�n y la participaci�n organizada de la comunidad en el proceso: al mismo tiempo se orienta, informa y motiva a los posesionarios de los predios sobre el procedimiento para regularizar, informando sobre los requisitos y sobre el precio de la regularizaci�n de los lotes, las tarifas de escrituraci�n, las formas de pago, as� como los intereses por financiamiento cuando se opta por un cr�dito, todo ello conforme al uso del predio. De igual forma se motiva la integraci�n de comit�s de regularizaci�n para que los beneficiarios vigilen el desarrollo del proceso y colaboren en su mejor desempe�o.

  7. Se efect�a la contrataci�n: A trav�s de una solicitud analizada t�cnicamente y aprobada por C., la regularizaci�n se convierte en un contrato por medio del cual se inicia el proceso de escrituraci�n, seguido, en su caso, del procedimiento de cobro de adeudos.

  8. Se entregan las escrituras: Una vez cumplidos todos los requisitos administrativos y legales, C. transmite formalmente la propiedad a favor de los adquirentes mediante la formulaci�n, inscripci�n, registro, catastro y entrega de la escritura correspondiente.

  9. Se libera la reserva de dominio: En el caso de regularizaciones a cr�dito, una vez que el adquirente ha cubierto sus adeudos, se procede mediante una carta de no adeudo que permite la liberaci�n del dominio que C. se reserv� como garant�a de recuperaci�n.

S�PTIMO

Precisado lo anterior, es menester ahora abordar el estudio relativo a la naturaleza jur�dica del documento suscrito por la C. y los particulares interesados, para la regularizaci�n jur�dica de los predios ejidales que poseen, es decir, la "c�dula de contrataci�n", para as� resolver el punto de contradicci�n del presente asunto.

Para ello es indispensable definir, en primer t�rmino, a la compraventa, ya que as� podr� determinarse si la c�dula de contrataci�n goza de esa calidad.

La compraventa es un contrato en virtud del cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto y en dinero.

El objetivo principal que se persigue en este contrato es el de transmitir el dominio de las cosas o derechos; doctrinalmente el contrato de compraventa es principal, bilateral, oneroso, conmutativo generalmente, aleatorio por excepci�n, consensual y formal, ya que en trat�ndose de bienes inmuebles cuyo valor de aval�o exceda el equivalente a trescientas sesenta y cinco veces el salario m�nimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la operaci�n, deber� otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dostestigos, cuyas firmas se ratifiquen ante notario, J. competente o Registro P�blico de la Propiedad. Adem�s, si el valor del inmueble excede de trescientas sesenta y cinco veces el salario m�nimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operaci�n, su venta se har� en escritura p�blica.

Los elementos esenciales de todo contrato son el consentimiento y el objeto; el consentimiento se define como el acuerdo de dos o m�s voluntades para producir efectos de derecho; en el contrato de compraventa se define como el acuerdo de voluntades que tiene por objeto transmitir el dominio de una cosa o de un derecho a cambio de un precio cierto y en dinero. El objeto en la compraventa puede ser directo o indirecto; el directo consiste en transmitir el dominio de una cosa o de un derecho y el indirecto lo constituye la cosa y el precio.

Ahora bien, las obligaciones de las partes son las siguientes:

El vendedor est� obligado a: transmitir el dominio de la cosa, conservar la cosa hasta el momento de su entrega al comprador, entregar la cosa, responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, garantizar una posesi�n pac�fica, responder del saneamiento para el caso de evicci�n, pagar por mitad los gastos de escrituraci�n y del registro (salvo convenio en contrario), pagar los gastos de la cosa vendida y, por �ltimo, las obligaciones fiscales.

El comprador est� obligado a: pagar el precio, recibir la cosa comprada, pagar por mitad los gastos de escrituraci�n y del registro (salvo convenio en contrario), pagar los gastos de transporte (salvo convenio en contrario) y, en su caso, pagar el impuesto de adquisici�n de bienes inmuebles e impuesto al valor agregado.

Ahora bien, uno de los efectos del contrato es la obligatoriedad, pues el acuerdo de voluntades de los contratantes tiene fuerza de ley entre las partes.

A este respecto los c�digos de J. y del Estado de M�xico, cuyos dispositivos referentes al contrato de compraventa fueron analizados en las ejecutorias denunciadas, disponen:

C�digo Civil del Estado de J..

"Art�culo 1850. La compraventa es un contrato por virtud del cual una persona transfiere a otra la propiedad de un bien, a cambio de un precio cierto y en dinero."

Art�culo 1851. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido en forma sobre el bien y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.

C�digo Civil del Estado de M�xico.

"Art�culo 2102. Habr� compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero."

Art�culo 2103. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.

As� pues, ambos ordenamientos coinciden en la regulaci�n de este contrato traslativo de dominio reconociendo la eficacia del simple acuerdo de voluntades, relativo a la cosa y precio, para que sus efectos jur�dicos tengan lugar. A este respecto, cabe se�alar que las leyes civiles sustantivas no disponen una formalidad determinada para hacer constar este contrato, salvo trat�ndose de inmuebles, cuyo valor e importancia econ�mica motiva el dispensar mayores seguridades jur�dicas a su tr�fico y tenencia. Es por ello que la ley se�ala ciertas formalidades espec�ficas, consistentes en la elevaci�n del contrato respectivo a escritura p�blica a fin de darle autenticidad y perfecci�n jur�dica mediante la intervenci�n profesional de un notario p�blico, y su inscripci�n en el Registro de la Propiedad a fin de evitar actos fraudulentos, dando publicidad a la cadena de transmisiones y revelando los grav�menes que existan constituidos sobre los mismos.

Cabe se�alar que la legislaci�n del Estado de J., reconociendo la problem�tica social antes se�alada, relativa a los asentamientos irregulares, ha exentado de estas formalidades a los predios que sean regularizados por medio de la intervenci�n de organismos p�blicos dedicados a ello. As� lo dispone su C�digo Civil en el siguiente art�culo:

"Art�culo 1908. Toda compraventa de inmuebles deber� constar en escritura p�blica, salvo aquellas en que se otorguen por o con intervenci�n de organismos p�blicos destinados a la promoci�n de vivienda popular, o de regularizaci�n territorial, y as� se prevea en las leyes org�nicas de los mismos."

Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito manifiesta que la c�dula de contrataci�n constituye un verdadero contrato de compraventa, pues contiene todos los elementos que lo forman, pues en �l se identifica con precisi�n el lote de terreno objeto de la transacci�n, se�alando superficie y linderos, as� como el precio que le fuera asignado, estimando que en virtud de que las partes, vendedor y comprador, convinieron sobre la cosa y el precio, se perfecciona la compraventa en t�rminos de la legislaci�n civil, no pudiendo reputarse como un simple contrato preparatorio. Aunado a lo anterior, se�ala que esta situaci�n queda corroborada con el apartado de condiciones que contiene el mencionado documento, en el cual se expresa "que esta c�dula, as� como la escritura p�blica de compraventa que en su caso se otorgue, s�lo ocupar� el terreno que en el anverso se consigna en el estado en que se encuentra, no siendo obligaci�n de C. proporcionar servicios p�blicos".

En oposici�n a esto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al analizar un caso an�logo, estim� que el citado documento no pose�a la naturaleza de un contrato de compraventa, no obstante los elementos esenciales de cosa y precio contenidos en la c�dula de contrataci�n, pues su eficacia estaba sujeta a la aceptaci�n y aprobaci�n del Departamento de Contrataci�n de C. en sus oficinas centrales, por lo que s�lo acreditaba el inicio de un tr�mite administrativo para la adquisici�n del inmueble referido, pues la conformidad de la adquirente y de los funcionarios que elaboraron y revisaron la citada c�dula, lo fue s�lo para el efecto de que se tuviera conocimiento del clausulado, pero sin que existiera manifestaci�n alguna por parte de la instituci�n mencionada de transmitir el dominio del lote descrito en ella, por lo que ante la falta de dicho consentimiento, como elemento esencial de los contratos, no pudo perfeccionarse ning�n contrato de compraventa.

Resulta acertado afirmar que la "c�dula de contrataci�n" en estudio constituye un contrato de compraventa; al respecto, la legislaci�n civil es clara en cuanto a los elementos necesarios para la existencia de la compraventa: acuerdo entre cosa y precio; empero, al estar sujeta a una condici�n de car�cter suspensivo, ser� la legislaci�n local la que determine si el contrato es perfecto o se requiere se satisfaga la condicionante.

Dichas c�dulas son elaboradas en formatos cuyo contenido es determinado por la propia C., pero que siempre est� condicionado a la aprobaci�n del departamento de contrataci�n en sus oficinas centrales; lo que se particulariza y detalla de modo individual son los datos relativos al inmueble, su superficie y colindancias, y tambi�n su precio mediante un aval�o previo. Precio que se propone en el mismo documento presentado a los posesionarios que ser�n beneficiados por medio de la regularizaci�n.

Es evidente as�, que en dicho formato se hallan presentes todos los elementos necesarios para la existencia de una compraventa, y en �l tambi�n queda plasmado el consentimiento, lo que implica el acuerdo de voluntad de los posesionarios-compradores respecto de la cosa, cuya descripci�n se detalla, y tambi�n el precio mismo, as� como de la forma de pago, en una sola exhibici�n o en parcialidades, lo cual les es propuesta por aquel �rgano administrativo. Ya despu�s la elevaci�n a escritura p�blica formalizar� esta primera compraventa privada celebrada entre C. y los particulares.

As� pues, esta c�dula de contrataci�n no puede considerarse como una mera notificaci�n del inicio de un tr�mite administrativo y si bien contiene condiciones, ello no desnaturaliza su calidad de contrato de compraventa, antes bien la confirma.

Ahora, resulta conveniente precisar que las legislaciones civiles no son coincidentes en lo que se entiende por "condici�n suspensiva".

El C�digo Civil para el Estado de J., al respecto, dispone:

"Art�culo 1447. La obligaci�n es condicional cuando su nacimiento o su resoluci�n dependen de un acontecimiento futuro e incierto."

Art�culo 1448. La condici�n es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la eficacia de la obligaci�n.

Por su parte, el C�digo Civil para el Estado de M�xico determina que:

"Art�culo 1767. La obligaci�n es condicional cuando su existencia o su resoluci�n dependen de un acontecimiento futuro e incierto."

"Art�culo 1768. La condici�n es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligaci�n."

Entonces, la condici�n es un mecanismo que interfiere con la efectividad de las obligaciones.

Esto es as�, una vez firmada la "c�dula de contrataci�n" la compraventa tiene plena existencia y produce inmediatamente derechos y obligaciones para las partes que hubieran intervenido, inmediatamente los sujetos adquieren el car�cter de acreedor y deudor y, siendo un acto traslativo de dominio, quien hubiere adquirido condicionalmente se har� propietario del objeto de la compraventa.

Empero, si la legislaci�n civil dispone expresamente que la existencia de las obligaciones depende de la condici�n, se debe atender a ese postulado.

Entonces, si en la "c�dula de contrataci�n" se satisfacen los requisitos de existencia de la compraventa, sus efectos ser�n los descritos en la legislaci�n de cada entidad federativa y de no existir una disposici�n expresa se entender� que la compraventa es perfecta y se reconoce la existencia de las obligaciones contratadas.

Es conveniente apuntar, que el hecho de que el texto de las legislaciones civiles no sea id�ntico no conduce a declarar que no existe la contradicci�n de tesis, ya que solamente en una de las ejecutorias analizadas se estudi� la cl�usula condicional, por lo que s� existe oposici�n de criterios. Adem�s, precisamente esa es la soluci�n que se propone: atender a la legislaci�n local para determinar los alcances de la cl�usula suspensiva inserta en la "c�dula de contrataci�n".

En las relatadas condiciones debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera Sala en la presente resoluci�n, debiendo quedar redactado con los siguientes rubro y texto:

C�DULAS DE CONTRATACI�N CELEBRADAS POR LA COMISI�N PARA LA REGULARIZACI�N DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CONSTITUYEN CONTRATOS DE COMPRAVENTA.-Si se toma en consideraci�n que conforme a la legislaci�n civil los contratos de compraventa se perfeccionan cuando existe acuerdo de voluntades sobre la cosa objeto de la enajenaci�n y su precio, es indudable que las c�dulas de contrataci�n celebradas por la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra (C.) no pueden ser consideradas como una mera notificaci�n del inicio de un tr�mite administrativo, sino que su naturaleza jur�dica es la de un contrato de compraventa, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para las partes que hubieran intervenido, aun cuando su clausulado contenga condiciones, salvo que la legislaci�n civil local disponga lo contrario en raz�n de los efectos de la obligaci�n condicionada. Lo anterior es as�, porque en dichas c�dulas est� plasmado el consentimiento de las partes, esto es, el acuerdo de voluntades de los posesionarios y de los compradores respecto de la cosa cuya descripci�n se detalla, a saber, los datos relativos al inmueble, su superficie y colindancias, as� como su precio y la forma de su pago, ya sea en una sola exhibici�n o en parcialidades.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis a que se refiere este expediente.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esta Primera Sala.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis, en los t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; env�ese testimonio de la presente resoluci�n a cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyas ejecutorias se examinaron, y rem�tanse los autos del juicio de amparo 1055/93 a su lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), O.S.C. de G.�a V. y presidente J.N.S.M., en contra del voto emitido por los Ministros Juventino V.C. y C. y H.R.P..