Ejecutoria num. 1a./J. 14/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26827432

Ejecutoria num. 1a./J. 14/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 14/2000
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2000
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.ACCIÓN PRO FORMA. LA EXHIBICIÓN DEL PRECIO ADEUDADO ES UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE ÉSTA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 82/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos n�meros 695/86, 1081/86, 47/89 y 97/90 en lo que interesa, sostuvo el criterio siguiente:

Ejecutoria del amparo directo 695/86.

V. Son infundados en una parte e inoperantes en otra los anteriores conceptos de violaci�n, en la medida y en los t�rminos que enseguida se ver�.-En efecto, para una mayor ilustraci�n del problema a estudio, se estima conveniente formular la siguiente narraci�n de hechos: 1. Que en la ciudad de Tepatitl�n, J., el primero de julio de mil novecientos setenta y ocho, J.G.B. de la Torre y S.F.G.�lez, celebraron contrato de compraventa a plazos, mediante el cual, el primero le vendi� al segundo el inmueble ubicado en la esquina que forman las calles de Insurgentes y Progreso de aquella poblaci�n, con una superficie de setenta y cuatro metros cuadrados, en la suma de un mill�n seiscientos mil pesos, m�s una camioneta Pick-up Ford 1977, bajo las siguientes condiciones de pago: Cuatrocientos mil pesos de contado, otros cuatrocientos mil pesos a pagarse el primero de julio de mil novecientos setenta y nueve, otra suma similar a liquidarse el primero de enero de mil novecientos ochenta, y finalmente otra cantidad igual para ser entregada el primero de julio de ese mismo a�o, y que el comprador deber�a de pagar y entregar el punto cinco por ciento sobre saldos insolutos los d�as primero de cada mes; 2. Que el cuatro de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, el ahora quejoso S.F.G.�lez, ocurri� ante el Juez de Primera Instancia de Tepatitl�n, J., a demandar a J.G.B. de la Torre, por el otorgamiento de la escritura p�blica de compraventa respecto del inmueble descrito, se�alando como hechos fundatorios de su petici�n, adem�s del consistente en que hab�a celebrado el contrato de compraventa rese�ado, los relativos a que en ese acto consignaba el abono correspondiente al primero de julio de mil novecientos setenta y nueve, en atenci�n a que en el contrato no se design� lugar de pago y �l no se oblig� a ocurrir al domicilio del vendedor a realizarlo, por lo que a �ste correspond�a acudir a su domicilio a recibir el pago, sin que lo hubiera hecho; que la venta era perfecta porque se hab�a convenido en el precio y la cosa y que en virtud de tener satisfechas las prestaciones que le correspond�an, proced�a su reclamaci�n (fojas 2 y 3 del juicio natural); 3. Que J.G.B. de la Torre, al dar contestaci�n a la demanda, entre otras cosas se�al�: Que de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, contenido en la tesis que bajo el rubro: ?COMPRAVENTA, LUGAR PARA EL PAGO DEL PRECIO EN LA.?, ninguna obligaci�n ten�a de ocurrir al domicilio del actor para que cumpliera con las obligaciones contra�das; que la suma de cuatrocientos mil pesos cuya consignaci�n se efectuaba, no estaba de acuerdo en recibirla y resultaba improcedente, debido a su extemporaneidad, porque se realiz� con m�s de sesenta d�as despu�s de vencido el plazo para su pago; que asimismo dicha consignaci�n era improcedente, porque antes de hacerla, en t�rminos de los art�culos 2016, 2017, 2019 y 2020 del C�digo Civil del Estado, el actor debi� haberle hecho el ofrecimiento del pago y adem�s, porque no le cubri� el importe de los intereses moratorios; que la acci�n ejercitada no proced�a, porque la operaci�n fue una compraventa a plazos y que mientras el comprador no satisficiera el precio en los plazos fijados no exist�a obligaci�n de su parte para escriturar el inmueble y, finalmente, que exist�a incumplimiento de parte del comprador porque no ha satisfecho el precio de la cosa y no estoy obligado hasta en tanto no lo efect�e junto con el importe de los intereses moratorios pactados en dicho contrato, de conformidad con los dispositivos legales citados en l�neas anteriores, por lo que opongo desde luego al actor la excepci�n de contrato no cumplido (fojas 9 a 11 del juicio natural); 4. Que el actor, mediante escrito de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, promovi� incidente para justificar la existencia de un convenio a que hab�a llegado con su contraparte durante la tramitaci�n del juicio, a fin de que �ste se extinguiera a la vez que hac�a la consignaci�n de la suma de ochocientos ochenta y dos mil pesos, que en su concepto cubr�a totalmente las prestaciones que en ese nuevo convenio se pactaron (fojas 15 y 16 del juicio referido); y 5. Que el demandado al producir su contestaci�n a la demanda incidental, adem�s de otras cosas, expres� su negativa a recibir la suma que se le consignaba (fojas 19 y 20 del juicio natural).-Ahora bien, el art�culo 29 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, se�ala que, intentada la acci�n y fijados los puntos cuestionados, no podr� modificarse ni alterarse salvo los casos en que la ley lo permita.-Por otra parte, la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha sostenido tanto en la tesis de jurisprudencia 272 y rubro: ?SENTENCIAS CIVILES.?, como en las tesis relacionadas en d�cimo segundo y d�cimo tercer lugar con la propia jurisprudencia, bajo el rubro: ?SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.?, la primera, visible en la p�gina setecientos sesenta y ocho, y las dos �ltimas en las p�ginas setecientos setenta y dos y siguiente, de la Cuarta Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, editado en mil novecientos ochenta y cinco, que las sentencias civiles ?S�lo deben resolver sobre los puntos sujetos a debate, sin tomar en consideraci�n hechos distintos.?; que el principio de congruencia no resulta violado, siempre que no se tomen en cuenta hechos que no hayan sido materia de la litis, ni se rebasen las actividades asumidas por las partes en los escritos que fijan la litis y que, el principio de congruencia de las sentencias estriba en que �stas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestaci�n formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre s�.-Adem�s, el propio m�s Alto Tribunal de Justicia del pa�s, en la quinta tesis relacionada con la jurisprudencia n�mero 91, que bajo el ep�grafe: ?COMPRAVENTA A PLAZOS, EFECTOS DE LA MORA EN EL PAGO.?, es consultable en la p�gina doscientos cuarenta y dos de la parte y Ap�ndice precisados con antelaci�n, ha sustentado el criterio de que: ?Es cierto que la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que si las partes celebraron un contrato de compraventa, el comprador entr� en posesi�n de la cosa y pag� parte del precio, y se convino en que el saldo ser�a pagado en determinada fecha, el primero tiene derecho a pedir que se le otorgue la escritura en forma legal, mediante el pago del saldo y el vendedor est� obligado a otorgarla y s�lo tiene derecho si hubo mora por parte del comprador para pagar el saldo, a recibir los intereses correspondientes a �ste, pero no est� legitimado para pedir la rescisi�n del contrato, sin embargo, esta misma S. ha sostenido que dicha tesis se refiere al caso en que el comprador reclama el otorgamiento de la escritura y exhibe el saldo del precio, y cuando ello ocurre, entonces s� prospera la acci�n del comprador y si el vendedor pretende ejercitar la acci�n de rescisi�n del contrato de compraventa, no estar�a legitimado para ello, de suerte que si en un caso el comprador no exhibe el saldo del precio, menos puede demandar el otorgamiento de la escritura y, como consecuencia, el vendedor s� puede demandar la rescisi�n.?.-Pues bien, sobre los hechos narrados y las premisas legales sustentadas, debe convenirse con este tribunal, en que la S. responsable procedi� correctamente al estimar que, resultaba err�nea la consideraci�n de su inferior en grado, al tomar en cuenta como prueba eficaz por parte del actor en el cumplimiento de sus obligaciones, la suma de ochocientos mil pesos que consign� despu�s de entablada la controversia mediante los escritos de demanda y contestaci�n, porque con ello se violaba el principio de la litis cerrada previsto por el art�culo 29 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado; en virtud de que, como el ahora agraviado en su escrito de demanda se�al� como hechos esenciales de su causa de pedir, el que no exist�a ning�n incumplimiento de su parte y ten�a satisfechas las prestaciones que le correspond�an, es claro que para la procedencia de su acci�n, por ser elemento constitutivo de �sta, era necesario e indispensable que hubiere exhibido concomitantemente con su demanda, el saldo del precio que a�n adeudaba, por ser ese el momento legal oportuno, en primer lugar, porque ello es acorde con el aludido criterio del m�s Alto Tribunal de Justicia del pa�s, transcrito en el p�rrafo inmediato anterior, acerca de que, si en una compraventa a plazos, el comprador no exhibe el saldo del precio, menos puede demandar el otorgamiento de la escritura, criterio que es compartido por este tribunal, pues si atento a lo dispuesto por el art�culo 2o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, el ejercicio de las acciones requiere, entre otras cosas, de la existencia de un derecho, es evidente entonces, que en la especie, si el actor ahora quejoso no consign� al momento de presentar su demanda la parte del precio total de la operaci�n de compraventa que para esa fecha le faltaba, carec�a del derecho que exige la ley para demandar la escrituraci�n del bien inmueble objeto de tal operaci�n, por no haber satisfecho su precio, ya que no puede fundarse una acci�n en una causa que todav�a no se produce; y en segundo, porque de aceptar un criterio distinto en el caso, se hubiera variado la litis planteada, que se fij� con los hechos expuestos en los escritos de demanda y contestaci�n, pues por un lado, el actor se�al�, como ya se dijo, que no exist�a incumplimiento de su parte y que ten�a satisfechas las prestaciones que le correspond�an; y por el otro, el vendedor se defendi�, oponiendo la excepci�n de contrato no cumplido, porque el comprador incumpli� con lo que le correspond�a en virtud de que no hab�a satisfecho el precio de la cosa, y que su acci�n no proced�a, porque del propio documento fundatorio de la acci�n se desprend�a que fue una compraventa a plazos bajo la condici�n suspensiva del cumplimiento por parte del actor de que pagara el precio del inmueble en los plazos fijados en dicho contrato, como lo establece el art�culo 1858 del C�digo Civil del Estado y que mientras no satisficiera el precio en los plazos fijados, no exist�a obligaci�n de su parte de escriturar el inmueble.-As� las cosas, debe reconocerse que la sentencia reclamada, en tanto en ella se consider� que el pago que efectu� el actor durante el juicio, pero despu�s de planteada la litis, no deb�a tomarse en cuenta para estimar cumplidas sus obligaciones, se encuentra ajustada a derecho y no es violatoria de las garant�as individuales del quejoso.-Sobre la base expuesta, este tribunal estima innecesario efectuar el an�lisis de los conceptos de violaci�n encaminados a atacar la diversa parte de la sentencia reclamada, en que se toc� el aspecto relativo a la oportunidad con que el ahora agraviado efectu� el pago del abono correspondiente al primero de julio de mil novecientos setenta y nueve, pues aun cuando pudieran considerarse fundados, los mismos resultar�an ineficaces para concederle el amparo que solicita, pues para ello resultaba indispensable que hubiese destruido el diverso argumento que qued� analizado con anterioridad, mas como no lo hizo, y siendo �ste bastante y suficiente por s� solo para sustentar el sentido del fallo combatido, debe de neg�rsele el amparo que solicita; en la inteligencia de que, para proceder as�, se ha tenido en cuenta el criterio del m�s Alto Tribunal de Justicia del pa�s, contenido en la tesis de jurisprudencia n�mero 44 y rubro: ?AMPARO CONTRA UNA SENTENCIA.?, que es visible en la p�gina setenta y dos de la Octava Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, editado en mil novecientos ochenta y cinco.

Ejecutoria del amparo directo 1081/86.

IV. Por raz�n de m�todo, se examinan preferentemente y de manera conjunta, aquellos argumentos a trav�s de los cuales la agraviada pone de manifiesto que su contraparte, el actor en el juicio natural, ejercit� la acci�n pro forma, sin haber cubierto previamente el saldo del precio pactado, conceptos que resultan esencialmente fundados, en la medida que se suple la deficiencia de la queja de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 76 bis de la Ley de Amparo.-En efecto, basta la lectura del considerando tercero del fallo reclamado, para darse cuenta que la S. responsable, para desestimar el tercero de los agravios expresados en la alzada, consistente, en s�ntesis, en que el a quo no tom� en cuenta que la ahora quejosa al contestar la demanda, opuso la excepci�n de improcedencia de la acci�n, en raz�n de que el accionante no hab�a pagado en forma oportuna la totalidad de las prestaciones convenidas en el contrato de compraventa de seis de febrero de mil novecientos setenta y seis sostuvo como argumento toral el relativo a que la recurrente, ahora quejosa, omiti� considerar el texto �ntegro de la primera parte de la segunda cl�usula del contrato fundatorio de la acci�n, en la que se estableci� una condici�n de car�cter suspensivo, para el efecto de que se pudiese llegar al cumplimiento de la obligaci�n de hacer del vendedor, toda vez que en la misma se expres� que para poder fijar de una manera definitiva la totalidad del precio que deber�a pagar el promitente comprador al promitente vendedor al firmar las escrituras definitivas de venta, se har�a un reconocimiento de las medidas y superficie total, mediante el levantamiento del croquis de dicho predio para los efectos ya indicados (fojas 24 a 26 del toca de apelaci�n).-Ahora bien, aun cuando asiste la raz�n a la S. responsable en cuanto a que en la primera parte de la cl�usula segunda del contrato fundatorio de la acci�n, se estableci� una condici�n de car�cter suspensivo, debe convenirse con este �rgano colegiado en que es acertado el argumento que formula la agraviada en relaci�n a que dicha S. -al ocuparse del tercero de los agravios expresados en la apelaci�n-, no tom� en cuenta que el accionante ahora tercero perjudicado ?... se�al� exclusivamente la procedencia de la escrituraci�n, por la compra hecha del inmueble, y la falta de pago por las circunstancias que se indican en su escrito de referencia ...?, y que la ahora agraviada en v�a de excepci�n, sostuvo que no se pod�a llevar a cabo lo pretendido por el actor, en virtud de la falta de pago y que con ello viol� dicha S. en su perjuicio lo dispuesto por los art�culos 1o., 2o. y 79 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, porque el estudio oficioso de la procedencia o improcedencia de la acci�n, no faculta a la responsable para variar las prestaciones exigidas, ni los t�rminos y elementos de la litis.-En efecto, para una mejor comprensi�n del asunto, se estima necesario formular la siguiente narraci�n de antecedentes: 1) En esta ciudad de Guadalajara, J., el seis de febrero de mil novecientos setenta y seis, por una parte, N.G.�a Totolapa, por s� y como albacea y �nico y universal heredero de la testamentar�a a bienes de M.�a F�lix C. de G.�a y por otra F.T.M. y J.M. de Tejeda, celebraron contrato de compraventa a plazos, mediante el cual, el primero les vendi� a los mencionados en segundo t�rmino, el predio r�stico formado por dos fracciones, una denominada ?El Alto y Derramadero?, que forman un solo pago, ubicado a dos kil�metros de Tlajomulco de Z��iga, J. y en el Municipio de la misma poblaci�n, con extensi�n superficial aproximada de nueve hect�reas, seis �reas, setenta y cinco centi�reas, a raz�n de $38,500.00 treinta y ocho mil quinientos pesos por hect�rea, estableci�ndose por una parte, que para fijar la totalidad del precio que deber�a de pagar el comprador, se har�a un reconocimiento de las medidas y de la superficie de dicho predio y por otra, que las condiciones de pago ser�an las siguientes: $40,000.00 cuarenta mil pesos, al momento de celebrar el contrato y, el resto del precio estipulado en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la fecha de dicha convenci�n; 2) El quince de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, el tercero perjudicado, F.T.M., ocurri� ante el Juez de lo Civil de C., J., a demandar a la sucesi�n testamentaria a bienes de N.G.�a Totolapa y M.�a F�lix C. de G.�a, por conducto de su albacea A.M.�a G.�a C., por el otorgamiento de la escritura p�blica de compraventa respecto del inmueble descrito, se�alando como hechos fundatorios de su petici�n, adem�s del consistente en que hab�a celebrado el contrato de compraventa rese�ado, los relativos a que hab�a entregado el d�a en que se celebr� el contrato fundatorio de la acci�n la cantidad de $40,000.00 cuarenta mil pesos, y despu�s en forma personal y directa a su vendedor $106,500.00 ciento seis mil quinientos pesos, cantidades que juntas suman $146,500.00 ciento cuarenta y seis mil quinientos pesos, que deber�an quedar abonados al precio total de $349,098.75 trescientos cuarenta y nueve mil noventa y ocho pesos, setenta y cinco centavos; reconociendo en ese mismo libelo adeudar a la parte vendedora $202,598.75 doscientos dos mil quinientos noventa y ocho pesos con setenta y cinco centavos, y agregando que como en el contrato se comprometi� a cubrir el resto el d�a en que se le firmaran las escrituras p�blicas respectivas, y su promitente vendedor muri� en el mes de junio de mil novecientos setenta y seis, o sea, con anterioridad ?al vencimiento del precitado contrato?, oportunamente, al dictarse sentencia definitiva se deber�a condenar a su contraparte para que cumpliera con todas y cada una de las prestaciones reclamadas, orden�ndose a la parte demandada que se presentara a firmar las escrituras p�blicas de compraventa en la notar�a del licenciado E.C.F.R., en donde encontrar�a exhibida y a su disposici�n la cantidad de $202,598.75 doscientos dos mil quinientos noventa y ocho pesos con setenta y cinco centavos (fojas 1 a 3 del juicio natural); 3) Una vez que se repuso el procedimiento en el juicio natural a partir del emplazamiento a la parte demandada, a ra�z de que se declar� fundado un incidente de nulidad que promovi� la ahora quejosa, �sta en su car�cter de albacea de la sucesi�n referida, opuso en tercer t�rmino la excepci�n de falta de pago, que textualmente hizo consistir en: ?Excepci�n de falta de acci�n, sine actione agis. El actor carece de acci�n y de derecho para demandar a mi representada por no existir concretizaci�n de la norma general, abstracta, coercible y obligatoria al caso concreto, en raz�n directa de que los hechos narrados por el demandante son falsos y los verdaderos no engendran las consecuencias jur�dicas por las que se me demanda. En efecto, el actor manifiesta en su escrito inicial de demanda que hasta la fecha no ha cubierto la cantidad pactada en virtud de como err�neamente lo indica, estaba sujeto a su escrituraci�n a trav�s del fedatario p�blico competente; ante estas circunstancias es de manifestarse como excepci�n la falta de pago y, por ende, la improcedencia para escriturar el inmueble, ya que en realidad, como se desprende del contrato de promesa de venta, no se pag� en el tiempo y forma estipulada, toda vez que como anteriormente lo dije, la fecha para cubrir la totalidad de la operaci�n contractual fue seis meses posteriores al d�a seis de febrero de 1976,y que hasta la fecha no se ha cubierto la cantidad y, por ende, no cumplida la obligaci�n a plazo, contraviniendo lo establecido por los art�culos 2211, 2026 y dem�s relativos del C�digo Civil para el Estado; como se ha manifestado, la falta de pago trae como consecuencia jur�dica la rescisi�n y en el particular la improcedencia para su escrituraci�n.? (foja 73 del juicio natural); 4) Posteriormente, y ya entablada la litis, el referido actor, mediante escrito presentado el veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y cinco (foja 85 del juicio natural), compareci� a consignar la cantidad de $202,598.75 doscientos dos mil quinientos noventa y ocho pesos con setenta y cinco centavos, mediante un billete de dep�sito; y 5) Finalmente, mediante ocurso presentado el treinta del mismo mes y a�o (foja 92 del mismo expediente), la parte ahora quejosa se opuso a dicha consignaci�n, por no haberse efectuado oportunamente.-Ahora bien, el art�culo 79 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de J., establece: ?Las sentencias deber�n ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestaci�n y con las dem�s pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido objeto del debate. Cuando �stos hubieren sido varios, se har� el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.?.-Por otra parte, la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido tanto en la tesis de jurisprudencia n�mero 272 de rubro: ?SENTENCIAS CIVILES.?, como en las tesis relacionadas en decimosegundo y decimotercer lugar con la propia jurisprudencia, bajo el rubro: ?SENTENCIAS, CONGRUENCIAS DE LAS.?; la primera, visible en la p�gina setecientos setenta y ocho y las dos �ltimas, en las p�ginas setecientos setenta y dos y siguiente, de la Cuarta Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que las sentencias civiles: ?S�lo deben resolver sobre los puntos sujetos a debate, sin tomar en consideraci�n hechos distintos.?; que el principio de congruencia no resulta violado, siempre que no se tomen en cuenta hechos que no hayan sido materia de la litis, ni se rebasen las actitudes asumidas por las partes en los escritos que la fijan; y, que el principio de congruencia de las sentencias estriba en que �stas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestaci�n formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre s�.-Adem�s, el propio m�s Alto Tribunal de Justicia del pa�s, en la quinta tesis relacionada con la jurisprudencia n�mero 91, que bajo el ep�grafe: ?COMPRAVENTA A PLAZOS, EFECTOS DE LA MORA EN EL PAGO.?, es consultable en la p�gina doscientos cuarenta y dos de la parte y Ap�ndice citados con antelaci�n, ha sustentado el criterio de que: ?Es cierto que la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que si las partes celebraron un contrato de compraventa, el comprador entr� en posesi�n de la cosa y pag� parte del precio y se convino en que el saldo ser�a pagado en determinada fecha, el primero tiene derecho a pedir que se le otorgue la escritura en forma legal, mediante el pago del saldo y el vendedor est� obligado a otorgarla, y s�lo tiene derecho si hubo mora por parte del comprador para pagar el saldo, a recibir los intereses correspondientes a �ste, pero no est� legitimado para pedir la rescisi�n del contrato, sin embargo, esta misma S. ha sostenido que dicha tesis se refiere al caso en que el comprador reclama el otorgamiento de la escritura y exhibe el saldo del precio y cuando ello ocurre, entonces s� prospera la acci�n del comprador y si el vendedor pretende ejercitar la acci�n de rescisi�n del contrato de compraventa, no estar�a legitimado para ello, de suerte que si en un caso el comprador no exhibe el saldo del precio, menos puede demandar el otorgamiento de la escritura y, como consecuencia, el vendedor s� puede demandar la rescisi�n.?.-Pues bien, sobre los hechos narrados y las premisas legales sustentadas, debe convenirse con este tribunal en que la S. responsable procedi� incorrectamente al no tomar en cuenta los hechos expuestos por las partes, tanto en la demanda como en la contestaci�n a la misma, y a que se hizo referencia con antelaci�n en este mismo considerando, con lo que obviamente infringi� en perjuicio de la amparista las garant�as de legalidad y seguridad jur�dicas establecidas por los art�culos 14 y 16 constitucionales, ya que es claro que la S. responsable no tom� en cuenta que para la procedencia de la acci�n pro forma ejercitada, por ser elemento constitutivo de �sta, era necesario e indispensable que el accionante hubiera exhibido concomitantemente con la demanda, el saldo del precio que a�n adeudaba, por ser ese el momento legal oportuno, en primer lugar, porque ello es acorde con el aludido criterio del m�s Alto Tribunal de Justicia del pa�s, transcrito en el p�rrafo inmediato anterior acerca de que, si en una compraventa a plazos, el comprador no exhibe el saldo del precio, menos puede demandar el otorgamiento de la escritura, criterio que es compartido por este tribunal, pues si atento a lo dispuesto por el art�culo 2o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, el ejercicio de las acciones requiere, entre otras cosas, de la existencia de un derecho, es evidente entonces que, si el actor ahora quejoso no consign� al momento de presentar su demanda la parte del precio de la operaci�n de compraventa que para esa fecha a�n adeudada, carec�a del derecho que exige la ley para demandar la escrituraci�n del bien inmueble objeto de tal operaci�n, por no haber satisfecho su precio, ya que no puede fundarse una acci�n en una causa que todav�a no se produce; y en segundo, porque de aceptar un criterio distinto en el caso, se hubiera variado la litis planteada, que se fij� con los hechos expuestos en los escritos de demanda y contestaci�n, pues por un lado, el actor se�al� como ya se dijo, que demandaba la escrituraci�n, por haber adquirido el inmueble y que hab�a satisfecho parcialmente las prestaciones que le correspond�an, y que el saldo lo integrar�a cuando se firmaran las escrituras p�blicas de compraventa; y por el otro, la parte vendedora se defendi� oponiendo la excepci�n de contrato no cumplido, porque el comprador incumpli� con lo que le correspond�a, en virtud de que no hab�a satisfecho el precio de la cosa y que la acci�n ejercitada no proced�a, porque no se pag� en el tiempo y forma estipuladas.-As� las cosas, cabe concluir que si la S. responsable, en la sentencia reclamada no tom� en consideraci�n las circunstancias se�aladas, la misma resulta violatoria de las garant�as individuales apuntadas y, consecuentemente, sin necesidad de examinar los restantes conceptos de violaci�n, procede conceder a A.M.�a G.�a C., en su car�cter de albacea de la sucesi�n a bienes de N.G.�a Totolapa y M.�a F�lix C. de G.�a, la protecci�n de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la S. responsable, dejando insubsistente la resoluci�n reclamada, dicte otra en su lugar, de conformidad con los lineamientos que quedaron expuestos en este considerando, en la que absuelva a la parte ahora quejosa de las prestaciones exigidas.

Ejecutoria del amparo directo 47/89.

IV. Los conceptos de violaci�n que formula el quejoso, son por una parte inoperantes y por otra infundados, como enseguida se ver�.-En efecto, el primero de ellos, relativo a que, al resolver el agravio n�mero tres de R.�n E., la sentencia reclamada peca de incongruente, por una parte es inoperante y por otra infundado, si se tiene en cuenta que el quejoso hace depender la falta de congruencia de dos situaciones: la primera, en que el criterio que invoc� la S. responsable no tiene aplicaci�n al caso planteado, por no existir mora en lo que concierne al cumplimiento de las obligaciones del comprador; la segunda, que es la que en realidad se refiere al aspecto de incongruencia, se hace consistir en que la cuesti�n que abord� la S. responsable no est� planteada en el agravio, pues �stos se constri�eron a se�alar la falta de razonamiento respecto de las pruebas aportadas al sumario, ya que el Juez de primer grado, al estudiar las excepciones del vendedor, no tuvo en qu� basarse para concluir en el sentido en que lo hizo.-Respecto de lo primero, debe decirse que, la manifestaci�n referente a la inexistencia de la mora no guarda relaci�n con alg�n aspecto de incongruencia en que pudo haber incidido el fallo reclamado, lo cual suceder�a fundamentalmente si �ste no se atuviera a los t�rminos en que qued� planteado el debate, porque hubiese omitido resolver uno de los puntos planteados o porque hubiese resuelto respecto de uno que no lo fue.-En la medida en que la parte del concepto de violaci�n que se examina, no se refiere a alg�n aspecto comprensivo de incongruencia, es inoperante.-En lo tocante a lo segundo, se considera que el concepto de violaci�n relativo es infundado, porque no es verdad que la S. responsable hubiese analizado oficiosamente la cuesti�n concerniente a si se probaron o no las excepciones opuestas por el demandado reconvencionista, pues lo cierto es que, como se advierte de autos, en relaci�n a la procedencia de la acci�n pro forma, el Juez de primer grado razon� en el sentido de que no exist�a el requisito de cubrir la totalidad del precio fijado en la compraventa, al estipularse que ello ser�a en el momento de la escrituraci�n y que por otra parte, el art�culo 23 del enjuiciamiento civil de J., que reglamenta la acci�n de m�rito, tampoco lo requer�a. Contra esta motivaci�n, se enderez� el agravio relativo, en el sentido de que a esa conclusi�n se llega sin considerar las pruebas ofrecidas y desahogadas y sin que se tome en cuenta, adem�s, en lo que ata�e a la procedencia de la acci�n citada, que la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado el criterio consistente en que debe satisfacerse el requisito de que el comprador cumpli� con la obligaci�n de cubrir el precio (foja 16 del cuaderno de apelaci�n); por tanto, es evidente que la S. responsable al adoptar el criterio que aparece bajo el rubro: ?COMPRAVENTA A PLAZOS. EFECTOS DE LA MORA EN EL PAGO.?, no lo hizo oficiosamente, sino en respuesta a ese agravio. Luego, con independencia de si es o no jur�dicamente correcta, la consideraci�n de m�rito no quebranta el principio de congruencia.-Por otra parte, no le asiste raz�n al quejoso en cuanto afirma que no resulta aplicable al caso el criterio ya indicado, que invoc� la S. responsable. Lo cierto es, como reiteradamente ha sostenido este tribunal, que la acci�n pro forma tiene como elemento constitutivo el de que el accionante exhiba concomitantemente con la demanda, el saldo del precio; ello obedece, se ha dicho, a que con arreglo al art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de J., el ejercicio de las acciones exige, entre otros, el requisito consistente en la existencia de un derecho, de suerte que no pueden fundarse en una causa que a�n no se actualiza; en el caso, la causa no es otra que el pago del saldo del precio convenido.-Al respecto, son ilustrativos los criterios que se sustentaron en las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directo n�meros 1081/86 y 63/88, el primero, promovido por A.M.�a G.�a C. en su car�cter de albacea de la sucesi�n de N.G.�a Totolapa y M.�a F�lix C. y el segundo, por C.G.�n Lozano.-Para resolver respecto de la procedencia de la acci�n pro forma, en el caso, no es necesario dilucidar previamente si se incurri� o no en mora, sino precisar si se satisfizo en el caso el requisito consistente en el pago total del precio, cuesti�n esta a la que son ajenas las razones que se tuviesen para la retenci�n del precio. Por tanto, es inaplicable el criterio que invoca el quejoso, contenido en la tesis relacionada en primer lugar con la jurisprudencia n�mero 202, consultable en las p�ginas 602 y 603, Cuarta Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n.

Ejecutoria del amparo directo 97/90.

"II. La resoluci�n reclamada, en su parte considerativa conducente, textualmente expresa: ?En los t�rminos de la ejecutoria federal que se cumplimenta y en funci�n de los agravios expresados por la parte apelante, se estima necesario se�alar, que efectivamente la letra de cambio que los compradores J.J.�s y S.S.M. aceptaron para garantizar el �ltimo abono del precio del inmueble materia del contrato de compraventa, ampara precisamente los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que los compradores no han cubierto mientras no se les firmen las correspondientes escrituras de compraventa, pues inclusive, en el propio documento privado en que se hizo constar la compraventa con fecha primero de marzo de mil novecientos setenta y seis (fojas ocho frente del principal), se dijo que: �los se�ores ?S. y J.�s Saltos M.? pagar�n a la se�ora ?M.�a de J.�s D.? el importe ya convenido una vez que se lleven a cabo los tr�mites correspondientes de la operaci�n motivo de este convenio, firman el presente para constancia, en la ciudad de Colima, a 1o. primero de marzo de 1976 mil novecientos setenta y seis.�. Sin embargo, no obstante lo convenido en tal documento privado, que no fue objetado por las partes, y que por lo mismo, hace prueba plena en los t�rminos de los art�culos 334 y 413 del C�digo de Procedimientos Civiles, los propios actores M.�a de J.�s D.A. y P.G.D., reconocieron en el punto segundo de hechos de la demanda que: �Como precio del expresado contrato se fij� la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual pagar�an los demandados mediante cinco abonos anuales de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) c/u. De dicha cantidad s�lo pagaron la suma de $80,000.00 y ello con grandes dificultades, pero no as� el �ltimo abono respecto del cual firmaron al efecto una letra de cambio valiosa por la cantidad de $20,000.00 con vencimiento al a�o de 1980 y no obstante los m�ltiples requerimientos que se han hecho al respecto los demandados se han negado a hacer el pago de la cantidad indicada, por lo que ante su incumplimiento hemos optado por demandarles la rescisi�n del contrato de promesa de compraventa que tenemos celebrado y exigirles la devoluci�n del inmueble materia del mismo.�, y los demandados J.�s y S.S.M., al respecto manifestaron en el punto segundo de hechos de la contestaci�n de demanda que: �... es falso de toda falsedad que los �ltimos $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), que no se han liquidado sea debido a que nos neg�ramos a hacerlo, lo que ha pasado es que �sta cantidad no la hemos entregado en virtud del contenido del convenio de compraventa que celebramos por escrito el 1o. de marzo de 1976, en el cual se especifica, en su segundo p�rrafo, que nosotros pagar�amos a la Sra. M.�a de J.�s D. el importe convenido una vez que se lleven a cabo los tr�mites correspondientes de la operaci�n motivo del convenio de referencia los cuales se refieren a la escrituraci�n de dicho predio, escrituras que ya se encuentran elaboradas por el notario interino licenciado E. de la Madrid V., titular de la Notar�a No. 3 de esta demarcaci�n desde hace ya bastante tiempo sin que los actores y dem�s personas que vendieron el citado predio se presenten ante la notar�a ya indicada a firmar las escrituras aludidas y recibir el �ltimo pago de la compraventa del predio de referencia, no obstante que en muchas ocasiones le hemos pedido a la Sra. M.�a de J.�s D.A. que pasen ella y sus hijos a cumplir con la obligaci�n de firmarnos las escrituras, aduciendo que no es posible acceder a nuestra petici�n en virtud de que sus hijos no se encuentran en el pa�s.�. Desde luego, tal excepci�n de los demandados Saltos M., en el sentido de que el �ltimo abono de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que est� amparado por la expresada letra de cambio, no ha sido cubierta porque no se han firmado las escrituras de compraventa por los vendedores, se encuentre efectivamente respaldada por el propio documento de fecha primero de marzo de mil novecientos setenta y seis (fojas ocho del principal), en donde claramente se precis� que los demandados pagar�an a la actora M.�a de J.�s D., el importe ya convenido una vez que se lleven a cabo los tr�mites correspondientes a la operaci�n motivo de dicho contrato. Por lo tanto, si bien dicha letra de cambio en los t�rminos de los art�culos 334 y 413 del C�digo de Procedimientos Civiles prueba plenamente que los demandados S. y J.�s Saltos M., la aceptaron para hacer (sic) pagada a la actora M.�a de J.�s D., el treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta, el hecho de no haberla cubierto, no implica incumplimiento de los aceptantes, pues en el documento base de la relaci�n causal de donde se origin� tal letra de cambio, estaba establecido que el pago del inmueble se llevar�a a cabo una vez que se hicieran los tr�mites correspondientes a la operaci�n motivo del convenio de compraventa. De lo anterior se deduce, que el �nico abono pendiente de cubrir por los demandados son los referidos $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), amparados por la letra de cambio, y misma que no ha sido cubierta por causas imputables a los vendedores al no firmar las escrituras, lo que a su vez se encuentra acreditado por los demandados con las declaraciones de los testigos Z.A.A. y C.A.A. (fojas 48 a 51 del principal); desde luego, nos permitimos volver a examinar los agravios en forma conjunta dada su estrecha vinculaci�n estimando que el inferior s� viola en perjuicio de los apelantes el art�culo 81 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, al haber pronunciado sentencia sin haber sido congruente con los escritos de controversia de las partes, pues al leer la demanda encontramos que los actores M.�a de J.�s D.A. y P.G.D. reclaman de los demandados J.J.�s y S.S.M., la rescisi�n del contrato de compraventa (que dichos contendientes tienen celebrado), por falta de pago del precio del inmueble materia del mismo. Y, el inferior, lejos de analizar si se dio o no tal falta de pago del precio, para poder decidir si tuvo lugar o no tal rescisi�n en el considerando cuarto de la sentencia combatida declara procedente tal rescisi�n pero bas�ndose en causa que no invocaron los actores en su demanda, sino en otras, como son que: a) Los actores no son due�os de la totalidad del inmueble materia del juicio; b) Los actores no contaron con la aprobaci�n de todos los due�os del terreno para realizar la venta del mismo; c) No hay constancia de que exista autorizaci�n judicial para que comparecieran los actores, como vendedores de los bienes de los menores hijos, ni tampoco hay constancia del consentimiento de los que ya fueran mayores de edad; d) Que no existe el consentimiento de los vendedores para tal acto jur�dico de la compraventa.-Igualmente, el inferior, en virtud de lo razonado en el considerando cuarto de su sentencia, tambi�n viola en perjuicio de los apelantes los art�culos 401, 410, 412, 417, 418, 420 y 423 del c�digo procesal civil del Estado, dado que omite el estudio y valoraci�n de las pruebas desahogadas por los demandados y deja de analizar las excepciones opuestas por �stos, no obstante que dichos demandados Saltos M. al contestar la demanda negaron la procedencia de la acci�n de rescisi�n del contrato por falta de pago del precio del inmueble, en cuanto que afirmaron que, si bien el precio fue de cien mil pesos pagadero en anualidades de veinte mil pesos amparados por la letra de cambio, no los han cubierto porque convinieron conlos actores que ese �ltimo pago se har�a al firmarse las escrituras de compraventa, lo que desde luego acreditaron con las declaraciones de sus testigos Z.A.A. y C.A.A. (fojas 48 a 51 frente del principal), ya que del contenido de las contestaciones que dieron a las preguntas sexta, s�ptima, octava, novena, d�cima, d�cima primera, d�cima segunda y d�cima tercera del interrogatorio que se les formul�, claramente se desprende que los demandados han abonado la cantidad de ochenta mil pesos de los cien mil pesos que como precio se fij� al inmueble materia de la compraventa y de que el saldo de veinte mil pesos que ampara la letra de cambio se entregar�a una vez que los actores hubieran tramitado previamente las escrituras de compraventa, pero que dichos actores M.�a de J.�s D.A. y P.G.D., se han negado a tramitar las aludidas escrituras de compraventa a favor de los demandados Saltos M.. Desde luego, dicha prueba testimonial analizada en su conjunto y en relaci�n a las contestaciones que dichos testigos dieron a las preguntas que se les hicieron por parte de los actores, nos llevan a la convicci�n de que deben ser tomados en cuenta por ser sus declaraciones acordes y contestes y por tratarse de personas mayores de edad, id�neas para testificar respecto de los hechos a que se refirieron por ser susceptibles de ser conocidos por los sentidos, y dado que tambi�n resultaron sin tachas y sin que hubieren sido desvirtuados sus dichos y dada la independencia de su posici�n, hacen prueba plena en los t�rminos del art�culo 418 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado. Si a lo anterior agregamos, que el testigo licenciado E. de la Madrid V., notario interino a quien se le encarg� la elaboraci�n de las escrituras de compraventa, al contestar la pregunta d�cimo primera (fojas 47 frente y vuelta del principal), del interrogatorio que se le formul� por los demandados, dijo textualmente: �Que le consta que no se ha negado a tramitar la escritura correspondiente, ya que se presentaron en la notar�a para que se hicieran los tr�mites correspondientes, lo que s� le consta es que algunos hijos de la expresada se�ora M.�a de J.�s D.A., seg�n ella se encuentran en Estados Unidos y no quieren venir a firmar.�. Igualmente, al contestar la pregunta d�cimo tercera del interrogatorio que le fue formulado, dicho testigo manifest�: �Que lo �nico que puede responder es que los expresados se�ores Altos (sic) M. le han manifestado deberle a la citada se�ora M.�a de J.�s D.A. y condue�os y que le ir�n a pagar una vez que se firme la escritura a favor de ellos.�. Lo anterior, precisa que efectivamente los actores y vendedores no han podido escriturar a los demandados puesto que los hijos de la vendedora que viven en los Estados Unidos no quieren venir a firmar, y los propios compradores y demandados le expresaron al propio notario que pagar�an a los vendedores una vez que firmen las escrituras a favor de ellos, por lo que enlazando y adminiculando lo contestado por este �ltimo testigo con lo declarado con los (sic) dos primeros testigos de los demandados, encontramos un reforzamiento a lo dicho por esos dos primeros testigos respecto a la parte medular, que acredita que los demandados no han incurrido en mora en el pago total del precio y desde luego, las contestaciones referidas por el notario en su calidad de testigo y en su relaci�n con los otros dos testigos de los demandados, prueba plenamente a favor de estos �ltimos en los t�rminos del art�culo 418 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado. Dichos testimonios a su vez se corroboran con lo que al respecto declar� el tambi�n testigo E.C.�rdenas A. (fojas 56 frente y vuelta del principal), quien fue testigo presencial en el otorgamiento del documento privado en que se hizo constar la compraventa entre los actores y demandados, seg�n manifestaci�n que se hizo al contestar las ocho preguntas del interrogatorio que se le formul�, por lo que, su dicho adminiculado con las declaraciones de los anteriores testigos tambi�n prueba plenamente en los t�rminos del art�culo 418 del C�digo de Procedimientos Civiles. Si a todo esto agregamos que la documental privada (fojas 8 frente del principal), que acompa�aron los referidos demandados y hoy apelantes, consistente en el escrito de fecha primero de marzo de mil novecientos setenta y seis, en que se hizo constar la compraventa (no promesa como en �l se dice, porque el bien fue entregado a los compradores y se recibi� parte del precio del inmueble seg�n escritos de contienda), en el que se dice textualmente: �Los se�ores S. y J.�s Saltos M., pagar�n a la se�ora M.�a de J.�s D. el importe ya convenido una vez que se lleven a cabo los tr�mites correspondientes a la operaci�n motivo de este convenio.�. Dicho documento privado en el cual s�lo aparecen las huellas por parte de los vendedores y las firmas por parte de los compradores, en virtud de que no fue objetado en forma alguna y dado que los propios actores lo reconocen, ya que lo ofrecieron tambi�n como prueba de su parte, como puede verse en el punto primero de su escrito de ofrecimiento de pruebas de fecha diez de mayo de mil novecientos ochenta y dos que obra a fojas diecinueve frente del principal, y por lo tanto, en los t�rminos del art�culo 334 y 413 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, hace prueba plena en contra de los actores M.�a de J.�s D.A. y P.G.D.. Por otra parte, la actora M.�a de J.�s D.A., en la prueba confesional que a su cargo se desahog� (fojas 41 frente y vuelta del principal y 42 frente) al absolver la posici�n segunda que le fue articulada, reconoci� la venta que hizo del inmueble a los demandados y los linderos que dicho inmueble tiene, y al absolver la posici�n d�cimo primera (fojas 39 frente del principal), que dice: �Si es cierto como lo es, que usted se ha negado a comparecer, en uni�n de sus hijos ante el Lic. E. de la Madrid V., notario encargado de la Notar�a P�blica No. 3 de esta demarcaci�n para iniciar y realizar los tr�mites correspondientes a la escrituraci�n del susodicho terreno a nuestro favor.�. La absolvente D.A. (fojas 41 frente del principal), contest�: �Que no, agregando que ella no se ha negado, pero que los herederos no firman.�. Al resolver la posici�n d�cimo segunda (fojas 39 frente del principal), que dice: �Si es cierto lo como lo es, (sic) que usted no ha recibido el importe del �ltimo abono en virtud de que se ha negado a comparecer ante el notario precitado, a iniciar y tramitar la escrituraci�n a nuestro favor, del terreno que nos vendi�.�. La absolvente D.A. (fojas 41 frente del principal) contest�: �Que s�.�. Como nos damos cuenta la actora M.�a de J.�s D.A., en las referidas posiciones que absolvi�, claramente acepta que sus hijos no firman la escritura, y adem�s reconoce no ha comparecido a tramitar ante el notario la escrituraci�n a favor de los demandados respecto del terreno que se vendi� a �stos �ltimos. Desde luego, hemos de advertir que ese �ltimo abono es al que se refiere la propia actora en el punto segundo de hechos de su demanda y que est� amparado por la letra de cambio que aceptaron los demandados a su favor. Dicha confesi�n de la C. M.�a de J.�s D.A. hace prueba plena en su contra, de conformidad con el art�culo 401 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, y lejos de desvirtuar las testimoniales de los demandados las confirma.-Por lo que toca a la prueba confesional desahogada a cargo del actor P.G.D. (fojas 41 vuelta y 42 frente del principal), al absolver las posiciones segunda, tercera, d�cimo sexta y d�cimo s�ptima que se le articularon, acepta haber vendido a los demandados el predio r�stico y de que con ese motivo lo entreg� a �stos en el a�o de mil novecientos setenta y cinco, y de que recibi� la cantidad de ochenta mil pesos a cuenta del precio y que los demandados le quedaron a deber la cantidad de veinte mil pesos, pero fuera de tales posiciones las otras que absolvi� no favorecen a los demandados por no haberlas confesado, pero sin que tampoco por eso se desvirt�en en forma alguna las otras pruebas de los demandados que hemos analizado y valorado.-En lo que ve a la inspecci�n judicial ofrecida por los demandados J.J.�s y S.S.M., y que fue desahogada el veintis�is de junio de mil novecientos ochenta y dos, seg�n acta levantada al efecto a fojas cuarenta y tres frente del principal, con la misma se acredita que el personal del juzgado y los demandados se constituyeron en el predio r�stico denominado ?La Taberna? ubicado cerca del poblado conocido con el nombre de Estapilla del Municipio de Colima, habi�ndose dado fe de que dicho predio cuenta con un camino por donde se transita �nicamente con bestias, y de que, en tal predio est� construida una casa de l�minas galvanizadas y de cart�n, as� como con madera y barro, constando de dos cuartos, pasillo, corredor y cocina; que en dicho predio se encuentran sembradas praderas artificiales y tambi�n se dio fe de la existencia de una pila para almacenar agua que nace dentro de dicho terreno y de que se encuentran construidas tarjeas para abrevar el ganado. Igualmente, se dio fe que una de las construcciones y las praderas artificiales no eran recientes. Por lo tanto, dicha inspecci�n judicial prueba plenamente en cuanto a lo que se dio fe y se hizo constar, en los t�rminos del art�culo 417 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado. Del an�lisis individual de las pruebas de los demandados y del estudio conjunto de las mismas se llega a la conclusi�n de que s� est� demostrada la venta del inmueble mencionado, que el precio fue de cien mil pesos, de que a cuenta de �ste se han entregado cuatro de los cinco abonos en que se iba a cubrir dicho precio, o sea, que los actores han recibido ochenta mil pesos, y de que el resto, es decir, el �ltimo abono de veinte mil pesos amparado por la letra de cambio aceptada por los demandados S. y J.�s Saltos M., a favor de la actora M.�a de J.�s D., no se ha cubierto a dichos actores en virtud de que este �ltimo abono estaba condicionado al tr�mite previo de las escrituras de compraventa, mismas que no se han podido elaborar por causas imputables a los vendedores, en cuanto que, algunos de los hijos de la vendedora M.�a de J.�s D.A. no quieren ir a firmar las aludidas escrituras. Desde luego, las pruebas de los demandados que acreditan lo antes referido, desvirt�an totalmente las pruebas de los actores, ya que estos ofrecieron para probar su correspondiente acci�n, las siguientes: a) la documental privada de fecha primero de marzo de mil novecientos setenta y seis (fojas ocho frente del principal) que acompa�aron los demandados Saltos M., en el que se hizo constar la compraventa (no promesa de compraventa), porque al demandar los actores reconocieron haber entregado el predio a los demandados y haber recibido ochenta mil pesos a cuenta del precio de venta, del predio r�stico �La Taberna� y documento en el se asent� que: �Los se�ores S. y J.�s M., pagar�n a la se�ora M.�a de J.�s D. el importe ya convenido una vez que se lleven a cabo los tr�mites correspondientes de la operaci�n motivo de este convenio.�. Como esta prueba fue ofrecida tanto por los demandados como por los actores, es claro que ambas partes la conocieron y desde luego prueba plenamente en contra de los actores en los t�rminos de los art�culos 334 y 413 del C�digo de Procedimientos Civiles, porque en dicho documento se condiciona el pago del precio al tr�mite previo de la operaci�n, que es la excepci�n que hacen valer los demandados, pues aunque abonaron ochenta mil pesos, el saldo de veinte mil pesos lo entregar�an previa la escrituraci�n correspondiente por parte de los vendedores.-b) La confesional ofrecida por los actores y desahogada a cargo de los demandados S. y J.J.�s Saltos M. (fojas 31 a 33 del principal), no favorece en nada a dichos actores, pues aqu�llos sostuvieron en (sic) que el saldo del precio se dar�a, hasta que previamente se les firmaran las escrituras de compraventa. Si enlazamos esta prueba con la documental privada antes citada, se llega a la conclusi�n de que hab�a convenio del otorgamiento de las escrituras previo a la entrega del precio total del inmueble.-c) La testimonial que ofrecieron los actores a cargo de los testigos se�ores S.P.M.�iz (fojas 33 frente a 34 frente del principal) y M.L. L�pez (fojas 34 frente del principal) y M.L. L�pez (fojas 34 frente y vuelta del principal), tampoco logra acreditar la acci�n de rescisi�n ejercitada por los actores, pues de los dichos de los referidos testigos no se desprende la forma en que convinieron los contratantes se iba a pagar el precio del inmueble, menos dijeron si se iba a efectuar el pago al contado o en abonos y en su caso la fecha de tales pagos, o si �stos deber�an ser antes de la escrituraci�n o al momento de la misma, y adem�s, porque tanto en las razones de sus dichos como en las preguntas que se les hicieron, se dieron cuenta de lo que declararon s�lo por comentarios y adem�s ninguno de estos testigos son dignos de fe porque al protest�rseles y manifestar sus generales dijeron tener inter�s en que ganara la parte actora, ya que el testigo S.P.M.�iz (foja 33 frente del principal), dijo textualmente: �Que s� tiene inter�s en que gane la parte actora porque la esposa de �l es due�a del predio materia de ese juicio.�. Igualmente, el testigo M.L. L�pez (fojas 34 frente del principal), dijo textualmente: �Que s� tiene inter�s en que gane la parte actora, ya que es yerno de la se�ora M.�a de J.�s D.A..�. Por lo tanto son evidentes las tachas de dichos testigos y por lo tanto son ineficaces sus dichos, por lo que, no es posible concederles valor probatorio alguno, aunado a esto, la prueba confesional que ofrecieron dichos actores a cargo de los demandados Saltos M., tampoco les favorece a aqu�llos y la documental privada a que hicimos alusi�n en el inciso a) de este considerando, prueba tambi�n en contra de los actores y corrobora las pruebas de los demandados, y por lo que ve a la documental privada consistente en la letra de cambio que aceptaron los demandados a favor de la actora y que ampara el �ltimo abono del precio del inmueble, es de considerar que si bien se prueba plenamente en los t�rminos de los art�culos 334 y 413 del C�digo de Procedimientos Civiles el importe del �ltimo abono que deben los demandados a la actora, tambi�n es verdad que dicho importe de veinte mil pesos, no constituye incumplimiento por parte de los demandados en virtud de que con las pruebas que hemos analizado qued� demostrado que el mismo no se cubrir�a hasta que no se hicieran los tr�mites correspondientes a la escrituraci�n del inmueble materia de la compraventa, y raz�n por la cual, dicha letra de cambio no prueba en contra de los demandados, por lo que, no se acredita en forma alguna la acci�n de rescisi�n del contrato de compraventa ejercitada por los actores ni aun cuando �stos hubieran acompa�ado el billete de dep�sito por la cantidad de ochenta mil pesos a favor de los demandados, y que es la misma que ten�an recibida de �stos, en virtud de que precisamente dichos demandados hasta el momento y de acuerdo con lo que hemos analizado no han dado lugar a dicha rescisi�n, y por lo mismo son procedentes los agravios expresados por los apelantes. En esa virtud, frente a las pruebas de los actores deben prevalecer las pruebas de los demandados que acreditaron que el pago total del precio estaba condicionado al tr�mite previo de la escritura de compraventa respecto del inmueble r�stico denominado �La Taberna� del Municipio de Colima, y que por lo tanto, los demandados no han entregado el saldo del precio, o sea, el �ltimo abono de veinte mil pesos que quedaba a su cargo, y que ampara la expresada letra de cambio, mientras no se les otorgue la aludida escritura. Por lo tanto, es improcedente la acci�n de rescisi�n del contrato de compraventa que ejercitaron los actores, y desde luego, procedentes las excepciones de los demandados, as� como la reconvenci�n que tambi�n �stos hicieron valer en contra de los actores por el otorgamiento y firma de la escritura de compraventa, respecto del predio r�stico referido, ya que qued� demostrado que por causas imputables s�lo a los actores no se ha podido otorgar la escritura de compraventa respectiva en favor de los demandados Saltos M., por tal motivo, se condena a los actores M.�a de J.�s D.A. y P.G.D. al otorgamiento y firma de la repetida escritura de compraventa, y precisamente al momento de firmarse la misma, los demandados deber�n entregar el saldo de los veinte mil pesos que ampara la repetida letra de cambio, pues la condici�n debidamente probada es de que se cubrir�a ese saldo, previo el otorgamiento de dicha escritura. Respecto a la excepci�n de prescripci�n adquisitiva que hicieron valer los demandados, no ha lugar a su estudio, pues al reconocer dichos demandados que s� adeudan un saldo del precio en que les fue vendido el predio r�stico, pero que no lo han cubierto por causas imputables a los actores, por no haber otorgado estos �ltimos la escritura de compraventa respectiva, y al proceder la reconvenci�n de dichos demandados por el otorgamiento y firma de la repetida escritura, es incuestionable que carece de motivaci�n legal alguna entrar al estudio de la excepci�n de prescripci�n positiva, m�xime que �sta no se hizo valer en forma reconvencional. Por lo tanto, es improcedente la acci�n de rescisi�n del contrato de compraventa que ejercitaron los actores M.�a de J.�s D.A. y P.G.D., en contra de los demandados J.J.�s y S.S.M., a quienes se les absuelve de tal reclamaci�n, y desde luego, son procedentes los agravios que hicieron valer en contra de la sentencia definitiva dictada el cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y tres, por el C. Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad, y en consecuencia, es de revocarse la referida sentencia del inferior en los t�rminos razonados en este considerando para el efecto de establecer que a los actores M.�a de J.�s D.A. y P.G.�rrez D. no les prosper� por no haberla (sic) demostrado su acci�n de rescisi�n de contrato de compraventa que ejercitaron en contra de los CC. J.J.�s y S.S.M., a quienes se absuelve de tal reclamaci�n por haberles prosperado las excepciones que hicieron respecto de tal rescisi�n, as� como la reconvenci�n que a su vez ejercitaron en contra de los actores M.�a de J.�s D.A. y P.G.D., por el otorgamiento y firma de la escritura de compraventa respecto del predio r�stico denominado �La Taberna�, enclavado en este Municipio de Colima, cuyas medidas y colindancias se describen en el punto primero de hechos de su reconvenci�n, y por lo tanto, se condena a los expresados actores M.�a de J.�s D.A. y P.G.D., al otorgamiento y firma de dicha escritura de compraventa en favor de los demandados J.J.�s y S.S.M., en la inteligencia de que al otorgarse tal escritura dichos demandados Saltos M. deber�n cubrir el saldo del precio del inmueble, consistente en la cantidad de veinte mil pesos que ampara la repetida letra de cambio. No se hace especial condenaci�n por concepto de costas. Lo anterior en cumplimiento del nuevo estudio efectuado y ordenado por la ejecutoria dictada por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.? ... V. Los conceptos de violaci�n que expresan M.�a de J.�s D.A. y P.G.D. son inoperantes e infundados poruna parte y por otra fundados en cuanto se suple su deficiencia, de acuerdo con lo dispuesto por la fracci�n VI del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo.-En efecto, los quejosos aducen que la S. responsable no valor� el acta de nacimiento que desahogaron en el juicio natural, mediante la cual demostraron que uno de ellos, P.G.D., era menor de edad, al momento de la celebraci�n del contrato de compraventa; que por ello no pod�a obligarse y era necesaria una autorizaci�n judicial para que pudiera enajenar la parte que le correspond�a en el inmueble en litigio. Sin embargo, tal alegato es inoperante, puesto que en la ejecutoria que dict� el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este mismo circuito, en el juicio de amparo n�mero 598/88, cuya copia certificada obra agregada en el toca natural, la cual hace prueba plena en t�rminos del art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria en la especie, consider� que la aludida acta de nacimiento no pod�a ser materia del an�lisis de esa ejecutoria porque con ella se pretend�a probar una causa de nulidad del contrato base de la acci�n y que en diversa ejecutoria que dict� este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, se decidi� que la acci�n que se ejercit� en el juicio natural fue la de rescisi�n del contrato de compraventa y no la de nulidad (p�gina 146 vuelta del toca) motivo por el cual ya hab�a quedado definitivamente decidido lo relativo a la minor�a de edad del var�n promovente del juicio de garant�as. Por consiguiente, es evidente que esta cuesti�n no puede ser objeto de nuevo an�lisis, puesto que lo impide la fracci�n IV del art�culo 73 de la ley de la materia, precisamente por haber sido ya objeto de una ejecutoria de amparo, de ah� lo inoperante de este concepto violatorio.-Por otra parte, no es verdad que la responsable hubiese otorgado valor a una confesional que no existe, pues basta el cuidadoso an�lisis del fallo reclamado para advertir que el tribunal de alzada tom� en consideraci�n s�lo hechos aceptados por los aqu� quejosos, concretamente aquellos mediante los cuales M.�a de J.�s D. dio contestaci�n a las preguntas dos, once y doce, formuladas por los demandados, de las que se advierte que �sta acept� que vendi� a los demandados el terreno a que se hace referencia; que no se ha negado a escriturar, pero que los herederos (copropietarios) s� se niegan a hacerlo y, que no ha recibido el �ltimo abono, que es el que ampara la letra de cambio, en raz�n de que no ha comparecido ante el notario a iniciar los tr�mites de escrituraci�n; y lo depuesto por P.G.D., al dar respuesta a las preguntas dos, diecis�is y diecisiete, de las que se infiere que acept� la existencia de la operaci�n de compraventa en favor de los demandados, que recibi� a cuenta de esa operaci�n el ochenta por ciento del precio fijado (fojas 41 y 42 del juicio natural) confesiones que, como legalmente lo estim� la responsable, hacen prueba plena en t�rminos del art�culo 401 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Colima y perjudican a quienes las emitieron, dado que apoyan los argumentos en que los demandados fundaron sus excepciones, que tienden a demostrar que el incumplimiento en el pago de la totalidad del precio se debi� a que los actores aqu� quejosos se negaron a realizar las gestiones de escrituraci�n y a que los copropietarios del inmueble se negaron a escriturar; no obstante que, seg�n lo afirmaron los quejosos, aqu�llos hab�an estado de acuerdo en la celebraci�n de la compraventa, por tanto, ese incumplimiento no puede considerarse como mora en el pago para efectos de la procedencia de la rescisi�n del contrato de compraventa de que se trata, puesto que existe una causa que justifica la retenci�n del pago por parte de los compradores, que se apoya precisamente en la negativa de los vendedores a otorgar el documento que justifique la transmisi�n de la propiedad, lo cual origina un justo temor a ser perturbado en el derecho de propiedad y justifica esa retenci�n, conforme lo previene el art�culo 2190 del C�digo Civil aplicable al caso.-Por consiguiente, ninguna trascendencia tiene en la sentencia que constituye el acto reclamado el que supuestamente no se le hubiese otorgado el valor probatorio que tiene la letra de cambio que aceptaron los compradores en garant�a del pago del precio, puesto que al existir una causa que justifica la retenci�n de dicha cantidad de dinero, la documental de m�rito no podr�a justificar la mora en que hubiesen podido incurrir los compradores, porque la renuencia por parte de los vendedores en cumplir justific� esa mora, de ah� lo infundado de estos conceptos de violaci�n.-Por otra parte, de las actuaciones del juicio natural se deduce que la S. responsable revoc� la sentencia de primera instancia que declar� rescindido el contrato de compraventa y estudi� la acci�n pro forma que ejercitaron los demandados en la v�a reconvencional. Sin embargo, al hacerlo, omiti� darle el alcance jur�dico que en derecho tiene, al hecho de que los reconvencionistas no consignaron la cantidad que a�n adeudaban respecto del precio pactado al momento de contestar la demanda, ni lo hicieron con posterioridad a ese momento.-En efecto, el pago de la totalidad del precio pactado en un contrato de compraventa con anterioridad a la interposici�n de la demanda o en el momento de presentarse �sta, consignando dicho remanente, legitima al comprador en el ejercicio de la acci�n de otorgamiento de escritura, pues el cumplimiento de esa obligaci�n es el que origina el derecho a exigir el cumplimiento del requisito de forma que la ley civil exige en la compraventa, toda vez que la acci�n que se ejercita no se puede apoyar en hechos que a�n no han acontecido, como lo es el pago insatisfecho de un precio, respecto del cual no se tiene plena certeza que suceder� y porque ser�a inequitativo condenar al vendedor a otorgar un documento de finiquito cuando el comprador a�n no ha cumplido con la principal obligaci�n que es a su cargo.-Este mismo criterio lo ha sostenido la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la quinta ejecutoria que se relacion� a la tesis n�mero 91, publicada en la p�gina 242 de la Cuarta Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, editado en el a�o de 1985, bajo el rubro y texto: ?COMPRAVENTA A PLAZOS. EFECTOS EN LA MORA EN EL PAGO.-Es cierto que la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que si las partes celebraron un contrato de compraventa, el comprador entr� en posesi�n de la cosa y pag� parte del precio, y se convino en que el saldo ser�a pagado en determinada fecha, el primero tiene derecho a pedir que se le otorgue la escritura en forma legal, mediante el pago del saldo y el vendedor est� obligado a otorgarla, y s�lo tiene derecho si hubo mora por parte del comprador para pagar el saldo, a recibir los intereses correspondientes a �ste, pero no est� legitimado para pedir la rescisi�n del contrato, sin embargo, esta misma S. ha sostenido que dicha tesis se refiere al caso en que el comprador reclama el otorgamiento de la escritura y exhibe el saldo del precio, y cuando ello ocurre, entonces s� prospera la acci�n del comprador, y si el vendedor pretende ejercitar la acci�n de rescisi�n del contrato de compraventa, no estar�a legitimado para ello, de suerte que si en un caso el comprador no exhibe el saldo del precio, menos puede demandar el otorgamiento de la escritura y, como consecuencia, el vendedor s� puede demandar la rescisi�n.?.-En esas condiciones, si la ad quem no tom� en consideraci�n las circunstancias antes se�aladas, es evidente que transgredi�, en perjuicio de los quejosos, la ley civil y, en consecuencia, la garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 14 constitucional, motivo por el cual procede conceder a M.�a de J.�s D.A. y a P.G.D., la protecci�n de la Justicia Federal, para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada y dicte otra en la que, en reparaci�n a la garant�a individual infringida, estudie la cuesti�n relativa a la falta de pago de la totalidad del precio, conforme a los lineamientos que se dan en esta ejecutoria.

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo n�mero 878/96, en lo que interesa, sustent� lo siguiente:

QUINTO.-Los conceptos de violaci�n transcritos son infundados en algunas partes, y en otras fundados y suficientes para conceder la protecci�n constitucional impetrada.-Por cuesti�n de t�cnica jur�dica, se analizar�n en primer t�rmino los conceptos de inconformidad que se expresan contra las razones que sustentan la improcedencia de la acci�n pro forma.-En efecto, la autoridad responsable sostiene, que ciertamente de los documentos fundatorios de la acci�n (cartas fechadas el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro y veintisiete de agosto de mil novecientos noventa), se desprende la compraventa del inmueble controvertido; asimismo, que el comprador pagar�a el precio en diferentes partidas, mismas que fueron cubiertas de acuerdo con los recibos exhibidos al respecto y el saldo pendiente (dos millones de viejos pesos), en efectivo al firmarse la escritura; que, por ende, sin duda el momento del otorgamiento de la escritura p�blica, materia de la compraventa del inmueble es el tiempo en que, seg�n el acuerdo de los contratantes, convinieron en que el comprador entregara el precio; pero que, sin embargo, la acci�n deducida no es una acci�n civil ordinaria sino sumaria, contemplada por la fracci�n IV del art�culo 618 del C�digo de Procedimientos Civiles, que tiene por objeto la firma de una escritura; que para su procedencia era indispensable que el actor exhibiera concomitantemente con su demanda el saldo del precio adeudado, por lo que, al no cumplir con tal requisito, el actor carece del derecho a que se refiere el art�culo 1o. del c�digo en consulta.-Ahora bien, alega el inconforme que en el caso las obligaciones a cargo de los vendedores (escrituraci�n), y la de �l, como comprador, de pagar el saldo, son obligaciones rec�procas simult�neas, por lo que, aduce, la obligaci�n que es a su cargo debe cumplirse hasta la fecha de la escrituraci�n que le deben otorgar los vendedores. No le asiste raz�n.-Ciertamente de los documentos exhibidos como fundatorios de la acci�n pro forma deducida (cartas que le remitieron los vendedores), se desprende que el pago del saldo del precio ser�a al momento de la firma de la escritura correspondiente; sin embargo, no obstante que tales obligaciones rec�procas sean simult�neas, como lo reconoce el quejoso, ello no significa que la obligaci�n a su cargo deba cumplirse hasta la fecha de la escrituraci�n, como se ver� enseguida.-Precisado ello, debe decirse que, de lo establecido en el art�culo 1868 del anterior C�digo Civil del Estado de J., en el sentido de que: ?La facultad de resolver las obligaciones se entiende impl�cita en las rec�procas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe ...?, se deduce la regla de que en trat�ndose de obligaciones bilaterales simult�neas, s�lo la parte que cumple con sus obligaciones o se allana al cumplimiento, puede exigir a la otra lo que le corresponde.-Sobre el particular, cabe hacer notar que el allanamiento al cumplimiento de la obligaci�n debe consistir en la realizaci�n de actos a trav�s de los cuales una de las partes revele objetivamente y de modo indudable, su voluntad de cumplir aquello a que se vincul�, en forma simult�nea a la exigida a su contraparte, de tal manera que en caso de no hacerlo, el Juez que conozca del asunto est� en condiciones de obtener su realizaci�n de modo directo e inmediato, sin necesidad de un juicio nuevo, o un complejo procedimiento de ejecuci�n. Estos requisitos pueden ser satisfechos, verbigracia, con la consignaci�n de la suma de dinero del saldo adeudado ante el Juez, ante una instituci�n de cr�dito a disposici�n de la autoridad judicial, o por cualquier otro medio que a juicio razonable del juzgador re�na las caracter�sticas apuntadas.-En ese orden de ideas, contrario a lo pretendido por el inconforme, en el caso no resulta procedente la acci�n pro forma que demand� a los ahora terceros perjudicados, como acertadamente pone de relieve la autoridad responsable.-Lo anterior es as�, porque, como se anticip�, las obligaciones rec�procas derivadas de los fundatorios deben cumplirse en el mismo momento, no como pretende el quejoso, cuando afirma que �l est� obligado a cumplir cuando se tiren, se aprueben y firmen las escrituras que exige, puesto que para exigir el cumplimiento de obligaciones de naturaleza definida, y a efecto de provocar la mora de su contraparte, se hace necesario que primero cumpla la obligaci�n propia.-Por tanto, s� cobra aplicaci�n la tesis que en su apoyo cita la S. correspondiente, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la p�gina 177, T.V., junio de 1991, Pleno, S.s y Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, de la voz: ?ACCI�N PROFORMA. ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE �STA, LA EXHIBICI�N CONCOMITANTE DEL PRECIO DEL ADEUDO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE JALISCO).?, puesto que, para que proceda la acci�n pro forma derivada de un contrato de obligaciones bilaterales, rec�procas y simult�neas, se hace necesario, si no se ha hecho, que se exhiba concomitantemente a la demanda el precio del saldo insoluto. Asimismo, el criterio adoptado tiene apoyo en las razones que sustentan la tesis que el propio quejoso invoca bajo la voz: ?OBLIGACIONES REC�PROCAS. MODOS DE ALLANARSE A SU CUMPLIMIENTO.?. No siendo aplicable al caso planteado la diversa que tambi�n se cita, bajo el rubro: ?OBLIGACIONES REC�PROCAS. MORA CUANDO LAS PRESTACIONES NO SON SIMULT�NEAS.?, pues la misma se refiere a obligaciones rec�procas no simult�neas.-Por lo que hace a la tesis denominada: ?COMPRAVENTA. OBLIGACIONES SIMULT�NEAS, CUMPLIMIENTO DE.?, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en las p�ginas 197 y 198, del Tomo III, Enero-Junio 1989, Tribunales Colegiados de Circuito, Segunda Parte-1, de la �poca y Semanario en consulta, que en su texto dice: ?Los art�culos 2078 y 2079 del C�digo Civil para el Distrito Federal, comprendidos en el cap�tulo referente a los efectos de las obligaciones, disponen, respectivamente, que el pago deber� hacerse del modo en que se hubiere pactado o como lo disponga la ley, y se har� en el tiempo designado en el contrato; por su parte, el numeral 2255 del c�digo en cita, que se refiere al contrato de compraventa en particular, precept�a que el comprador debe pagar el precio en los plazos y t�rminos convenidos; por consiguiente, si las partes contratantes convinieron en que el pago del saldo del precio y la escrituraci�n respectiva deber�an efectuarse simult�neamente, la negativa del vendedor a elevar a escritura p�blica el contrato, no trae como consecuencia que el comprador est� obligado a consignar el saldo del precio en el plazo que se se�al� para la firma de la escritura, o en el momento de presentar su demanda, sino que debe cubrirlo al otorgarse dicha escritura.?; a pesar de que el texto de los art�culos que en ella se invocan, es id�ntico a los numerales 1997, 1998 y 2175 del anterior C�digo Civil del Estado de J., este Tribunal Colegiado no la comparte, no obstante que trata sobre obligaciones rec�procas simult�neas, por las razones que en contrario se sostuvieron en p�rrafos anteriores, que coinciden con lo resuelto por este propio tribunal al resolver el diverso juicio de amparo directo n�mero 892/96, en sesi�n celebrada el doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis.

CUARTO

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos n�meros 1520/89 y 4633/90, en lo que interesa, sostuvo el criterio siguiente:

Ejecutoria del amparo directo 1520/89.

QUINTO.-Los conceptos de violaci�n aducidos por M.S.V.�zquez son infundados por las siguientes razones: De la sentencia se�alada como acto reclamado se observa que la S. responsable estim� que los agravios hechos valer por J.L.N.C. resultaban fundados, en virtud de que no hab�a ejercitado su acci�n extempor�neamente, como lo hab�a sostenido el a quo, y por ello, procedi� al estudio de la litis planteada; apreciando la S. que la prestaci�n principal se hac�a consistir en el cumplimiento forzoso del contrato de promesa de venta de veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y siete, que �sta se traduc�a en el otorgamiento y firma en escritura p�blica de ese contrato, y que en �ste no se consagraba exclusivamente una obligaci�n de hacer, sino una de dar, que se hab�a convenido sobre la cosa y el precio, y el comprador hab�a entregado una cantidad a cuenta, comprometi�ndose a cubrir el saldo en el momento en que se otorgara la escritura p�blica de compraventa ante al notario p�blico designado por la vendedora, con apoyo en el criterio jurisprudencial que cit�, de que cuando en las llamadas promesas de venta no se contiene exclusivamente una obligaci�n de hacer, sino de dar, o de entregar la cosa, y se paga el precio en su totalidad o en parte, con ello se satisfacen los elementos necesarios para la existencia de una compraventa, independientemente de la terminolog�a usada por las partes; la ad quem concluy� que en el caso, en realidad se trataba de un contrato de compraventa, y la pretensi�n del accionante resultaba procedente, en virtud de que �ste se encontraba facultado para exigir que la obligada le extendiera el documento correspondiente, esto es, la escritura ante el notario p�blico exigida por la ley para la compraventa de inmuebles, de conformidad con los art�culos 2232, 2234, 2316 y 2320 del C�digo Civil vigente en esta ciudad; en consecuencia, toda vez que a juicio de la S. el documento exhibido como base de la acci�n constitu�a una prueba plena, ya que no fue objetado por la demandada, y que de la instrumental de actuaciones se desprend�a que la demandada no cumpli� con su obligaci�n, pues se le tuvo por confesa de los hechos fundatorios de la demanda, al haber producido extempor�neamente su contestaci�n, y con la carta de treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, que la demandada le dirigi� al notario p�blico que hab�a designado para la protocolizaci�n de la escritura en cuesti�n, se corroboraba que declin� la venta porque seguir�a radicando en esta ciudad, y como en t�rminos del art�culo 1797 del c�digo sustantivo, la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes, estim� que se deb�a obligar a la demandada a otorgar la susodicha escritura, no obstante que el actor haya reconocido que a la fecha de presentaci�n de su demanda, ni con posterioridad, no hab�a cubierto el total del precio, ya que el acuerdo fue que �ste se cubrir�a al momento de la firma de la escritura; por otro lado, la S. consider� que al quedar evidenciado el incumplimiento de la demandada, se actualizaba el supuesto contenido en la cl�usula tercera del convenio en litigio, y por ello, tambi�n resultaba procedente la pretensi�n del actor del pago de la pena convencional.-De la demanda de amparo se aprecia que la promovente aduce esencialmente como conceptos de violaci�n a sus garant�as individuales consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, que la S. responsable transgrede el principio de congruencia al dictar la sentencia reclamada, pues a pesar de que el actor ejercit� la acci�n de cumplimiento de contrato de promesa de venta, al analizar los elementos de su pretensi�n, estableci� que su acci�n era de cumplimiento de contrato de compraventa, violando las reglas deinterpretaci�n de los contratos contenidas en los art�culos 1851 al 1857 del C�digo Civil vigente en esta ciudad, al considerar que el contrato controvertido era en realidad de compraventa, ya que el hecho de que se haya establecido un precio, identificado la cosa y se�alado la fecha de realizaci�n de la compraventa, es insuficiente para que se sostenga que era una compraventa, y no una promesa, transgrediendo la voluntad de los contratantes que es la suprema ley de los contratos; la tesis jurisprudencial invocada por la S. no es aplicable, ya que no fue controvertida la intenci�n de las partes; como del incumplimiento del contrato que origin� el juicio natural, no existe el cumplimiento que seg�n la ad quem se ratific� t�citamente y en el supuesto de que el contrato en litigio fuera de compraventa, como en t�rminos del art�culo 1949 del c�digo sustantivo, las obligaciones son rec�procas, el ahora tercero perjudicado debi� cubrir o consignar el resto del precio dentro de los noventa d�as que se estipul� en �ste, en la cl�usula segunda, para satisfacer el requisito de procedibilidad de su acci�n, pues no basta que aduzca que se present� ante el notario que ella design� para la protocolizaci�n de la escritura de m�rito; es ilegal la estimaci�n de la responsable en el sentido de que la falta de pago no impide la escrituraci�n, ya que as� se acord� en el contrato; en el caso, como los dos contratantes incumplieron con sus obligaciones, ninguno incurri� en mora, y por ello, no se actualiza el supuesto de la cl�usula segunda; para apoyar sus argumentos, la peticionaria de garant�as cita el criterio que se sostuvo en la ejecutoria a que hace referencia, en el sentido de que la escritura p�blica de compraventa se debe tirar cuando haya pacto en contrario.-Los argumentos que como motivos de inconformidad expone la peticionaria de garant�as son infundados, pues es correcta la consideraci�n de la S. responsable en el sentido de que la acci�n ejercitada en el juicio de origen era la de cumplimiento de contrato de compraventa, en virtud de que el contrato controvertido no conten�a exclusivamente una obligaci�n de hacer, sino de dar, en el que se hab�a precisado la cosa, el precio, y el comprador entreg� una cantidad a cuenta, y el resto lo cubrir�a al momento en que se otorgara la escritura de compraventa, ante el notario p�blico que design� la vendedora; toda vez que del an�lisis del contrato en litigio, se advierten hechos y actos consentidos por la ahora quejosa y el tercero perjudicado, que implican una concertaci�n de voluntades tendiente al perfeccionamiento de un contrato informal de compraventa, sujeto a las modalidades impuestas en el mismo, como fue que la totalidad del precio se cubrir�a en el momento en que se protocolizara la escritura p�blica de compraventa, en tal virtud, si los contratantes convinieron en la celebraci�n de una ?promesa? bilateral de compraventa, y tanto el promitente vendedor como el promitente comprador estuvieron de acuerdo en el objeto y en el precio del inmueble, y adem�s el promitente comprador realiz� un pago parcial del precio por la cantidad de un mill�n de pesos, seg�n se observa del contenido de la cl�usula segunda, es inconcuso que en realidad se trat� de la celebraci�n de un contrato de compraventa, pues se re�nen los elementos constitutivos de esa operaci�n, y por ello, cualquiera de los contratantes se encontraba facultado para exigir la satisfacci�n de las solemnidades relativas para que el contrato sea perfecto en su forma; en consecuencia, la ad quem no transgredi� el contenido de los art�culos 1851 a 1857 del C�digo Civil para el Distrito Federal al considerar lo anterior, y la tesis jurisprudencial que cita; contrariamente a lo manifestado por la quejosa, es perfectamente aplicable al caso, pues precisamente la acci�n ejercitada por J.L.N.C. tiene como finalidad que coercitivamente se satisfagan las formalidades de la compraventa que celebraron, lo cual no transgrede, ni presuntivamente, la voluntad de los contratantes, sino que los obliga a cumplir con lo que se comprometieron a hacer y dar cada uno respectivamente.-Por otro lado, tomando en consideraci�n que si bien es cierto que en el contrato materia de la litis en el juicio de origen, en la cl�usula segunda se estipul� que J.L.N.C. cubrir�a la cantidad de siete millones setecientos mil pesos, al momento del otorgamiento de la escritura de compraventa ante notario p�blico, dentro de los noventa d�as siguientes a la fecha de ese contrato ?y/o?, de que el vendedor haya proporcionado los documentos necesarios para ?llevar a cabo tal operaci�n?, que tambi�n cierto es que de la carta de treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, tal y como lo precis� la S. responsable, se observa que M.S.V.�zquez le comunic� al notario que se hab�a designado para la protocolizaci�n de la compraventa en cuesti�n, que declinaba la ?promesa de compraventa? que celebr� con J.L.N.C., as� como que de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 2078 y 2079 del C�digo Civil para el Distrito Federal, el pago deber� hacerse del modo que se hubiere pactado, y nunca podr� hacerse parcialmente, sino en virtud de convenio expreso por disposici�n de la ley; asimismo, el pago se har� en el tiempo designado en el contrato, exceptu�ndose aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa, y que por su parte, el art�culo 2255 del ordenamiento legal mencionado, que se refiere al contrato de compraventa en particular, precept�a que el comprador debe pagar el precio en los t�rminos y plazos convenidos; este tribunal estima que si las partes contratantes convinieron que el pago del saldo del precio y la escrituraci�n respectiva deber�an efectuarse simult�neamente, la negativa de la vendedora, ahora quejosa, a elevar a escritura p�blica el contrato, no tiene por consecuencia que el comprador quedara obligado a consignar el saldo del precio, en el plazo que se se�al� como el correspondiente para la firma de esa escritura, o en el momento en que present� su demanda, sino que en t�rminos de lo convenido en el contrato controvertido, tal y como lo consider� la S. ad quem, que ese saldo lo cubra al otorgarse el referido documento; en tal virtud, tambi�n resultan infundados los argumentos de la promovente en el sentido de que el comprador debi� consignar el resto del precio, para que su acci�n fuera procedente, y que la S. incorrectamente estim� que la falta de pago no impide la escrituraci�n, y como ambos contratantes incumplieron, no se actualizaba el supuesto de la cl�usula tercera, no segunda como lo se�ala la quejosa, ya que ninguno incurri� en mora; argumentos que carecen de fundamento en raz�n de que ella fue la �nica que incumpli� con lo estipulado en el contrato controvertido, al oponerse a la protocolizaci�n en escritura p�blica del contrato de m�rito, y el comprador no estaba obligado a consignar lo que a�n le adeuda del precio del inmueble, ni la S. se�al� que la falta del resto del precio no imped�a la escrituraci�n en menci�n, y si a�n no se protocoliza ese instrumento p�blico, es por su negativa a ello, no por la del ahora tercero perjudicado. Criterio que este tribunal apoya en el sostenido por la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en las ejecutorias que con los n�meros 24 y 25 aparecen publicadas en las fojas 18, 19 y 20 de la Segunda Parte del Informe rendido por el presidente de ese Alto Tribunal en el a�o de 1983, que es del tenor siguiente: ?COMPRAVENTA, CONTRATO DE. CUMPLIMIENTO SIMULT�NEO DE LA OBLIGACI�N (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE GUANAJUATO).-De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1569, primer p�rrafo, y 1570 del C�digo Civil para el Estado de Guanajuato, comprendidos en el cap�tulo referente a los efectos de las obligaciones, el pago deber� hacerse del modo en que se hubiere pactado, y nunca podr� hacerse parcialmente, sino en virtud de convenio expreso o de disposici�n de la ley, asimismo, el pago se har� en el tiempo designado en el contrato, exceptu�ndose aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa; por su parte el art�culo 1748 del ordenamiento legal mencionado, que se refiere al contrato de compraventa en particular, precept�a que el comprador debe pagar el precio en los plazos y t�rminos convenidos, de lo que resulta que si las partes contratantes convinieron en que el pago del saldo del precio y la escrituraci�n respectiva deber�an efectuarse simult�neamente, la negativa de la vendedora a elevar a escritura p�blica el contrato, no trae como consecuencia que la compradora est� obligada a consignar el saldo del precio en el momento de presentar la demanda, sino que debe cubrirlo al otorgarse dicha escritura p�blica.?; es conveniente destacar que los art�culos 1569, 1570 y 1748 del C�digo Civil para el Estado de Guanajuato, que se citan en el criterio transcrito, disponen lo mismo que los art�culos 2078, 2079 y 2255 del C�digo Civil vigente en el Distrito Federal en Materia del Fuero Com�n, y que por ello, la interpretaci�n de m�rito tambi�n cobra su vigencia en este caso que se resuelve.-En otro orden de ideas, es conveniente precisar que la S., al se�alar que el cumplimiento voluntario que extingue la acci�n de nulidad, no se refiere, como lo pretende hacer parecer la promovente, a que las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones, sino a que como las partes no desvirtuaron el contenido del contrato en litigio, con ello se extingui� la acci�n de nulidad que pudiera haber resultado procedente, y en consecuencia, de conformidad con el criterio jurisprudencial que cita, cada uno de los contratantes puede exigir al otro el otorgamiento de la escritura respectiva.-Por �ltimo, el criterio que invoca la peticionaria de garant�as, relativo a que la escritura p�blica de una compraventa se debe tirar aun cuando se haya pactado que no se protocolizar�a, en nada le beneficia, pues lejos de haberse negado el hoy tercero perjudicado a que se formalizara en instrumento p�blico la compraventa que con ella celebr�, esa fue su pretensi�n principal, y �sta result� procedente.-En este orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violaci�n expuestos por M.S.V.�zquez, se le debe negar el amparo que solicita.

Ejecutoria del amparo directo 4633/90.

QUINTO.-Los argumentos que como conceptos de violaci�n a sus garant�as individuales hace valer F.H.C., son infundados por las razones que a continuaci�n se precisan.-De la sentencia se�alada como acto reclamado se aprecia que la S. responsable estim�, que si bien era cierto que en la cl�usula segunda del contrato en litigio, se estipul� que la cantidad de quince millones de pesos se pagar�a al vendedor a la firma de la escritura, y en la quinta, que la escrituraci�n no podr�a efectuarse en un plazo mayor de treinta d�as, tambi�n lo era que del certificado de grav�menes exhibido por la demandada, de fecha diecis�is de junio de mil novecientos ochenta y siete, observaba la existencia de tres hipotecas sobre el inmueble objeto del contrato en litigio, hecho que se encontraba corroborado con la confesi�n expresa del actor, contenida en su escrito de seis de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el que manifest�, que el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis, cancel� dichas hipotecas, seg�n lo acreditaba con la escritura p�blica de doce de noviembre de mil novecientos ochenta y siete; es decir, que dichas hipotecas se cancelaron en el Registro P�blico de la Propiedad, despu�s de los treinta d�as con que cont� el vendedor para el cumplimiento de su obligaci�n; en consecuencia, al parecer de la ad quem, era err�nea la consideraci�n del Juez de primer grado, de que la demandada debi� requerir al accionante la entrega de documentos necesarios para la escrituraci�n, pues el vendedor ten�a la obligaci�n de entregarlos al notario designado para la protocolizaci�n de la compraventa, as� como la de remitirle los documentos que acreditaran la cancelaci�n de los grav�menes, pues de la carta de veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y siete, suscrita por el notario p�blico n�mero seis del Distrito Federal, la S. desprendi� que el saldo del precio se cubrir�a mediante un cr�dito concedido por Nafinsa, S.N.C., por la cantidad de diecis�is millones novecientos siete mil pesos, y que los gastos del fedatario, que eran por un total de un mill�n trescientos treinta y ocho mil novecientos quince pesos ?se le cubri�? mediante un cheque, el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, cuando todav�a no se cancelaban los grav�menes de m�rito; por lo que, seg�n la responsable, la escritura no se firm� por causas imputables al vendedor, y por ello, la acci�n de rescisi�n que �ste ejercit� resultaba improcedente; por otro lado, la ad quem estim� que el otorgamiento y firma de escritura, as� como la nulidad de las cl�usulas primera y quinta del contrato de compraventa en controversia que M.�a G.L.A. reconvino, era procedente, como resultado de lo expuesto con anterioridad, y porque en las referidas cl�usulas, se exim�a al vendedor de responder de la evicci�n, obligando a la compradora al saneamiento en caso de existir grav�menes, mismos que s� exist�an, circunstancia que es nula en t�rminos del art�culo 2122 del C�digo Civil para el Distrito Federal.-El promovente de este juicio esencialmente aduce como conceptos de violaci�n a sus garant�as individuales consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, en relaci�n con lo dispuesto por los diversos preceptos que cita de los c�digos sustantivo y adjetivo, ambos en materia civil y vigentes en esta ciudad, que la S. responsable pronunci� la sentencia se�alada como acto reclamado sin la debida fundamentaci�n ni motivaci�n, y sin acatar el principio de legalidad, porque �l como vendedor, cumpli� con su obligaci�n de entregar la cosa, incluso antes de que se le liquidara el precio, y fue la compradora quien no pag� el saldo del precio en el tiempo, lugar, forma y modo convenidos; la ad quem reconoce que al treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis, ya se encontraban canceladas las tres hipotecas que ten�a el inmueble objeto del contrato en litigio, esto es, que dicha cancelaci�n se realiz� antes de la celebraci�n del contrato de referencia, que fue el diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y siete, por lo que la falta de firma de la escritura p�blica en cuesti�n, no ocurri� por causas que le sean imputables, ya que es m�s, por ser un monto tan peque�o las referidas hipotecas, su existencia no era motivo para que el instrumento notarial no se firmara, y por lo mismo, la S. no debi� considerar que incurri� en un ?verdadero? incumplimiento, que a su vez, originara que su pretensi�n de rescisi�n fuera improcedente, ya que al haber pagado las hipotecas con anterioridad a la celebraci�n del contrato, la premisa de la responsable dej� de ?tener efecto?, resultando en consecuencia, que quien incumpli� con su obligaci�n fue la parte compradora, al no pagarle el saldo del precio en la fecha que se comprometi�, circunstancia que la ad quem no tom� en consideraci�n, y que genera que la rescisi�n del contrato de compraventa que demand�, seg�n el quejoso, sea procedente, en t�rminos del art�culo 2300 del C�digo Civil para el Distrito Federal, pues con anterioridad a la fecha en que se le emplaz� a la compradora, �sta ya se hab�a constituido en mora, ya que el cr�dito que ella solicit� a Nafinsa, S.N.C., le fue concedido hasta el once de mayo de mil novecientos ochenta y siete, cuando su adeudo lo debi� cubrir el d�a dieciocho de abril de ese a�o, am�n de que tampoco consign� el saldo del precio al contestar la demanda en el juicio de origen, y el hecho de que la ahora tercera perjudicada, le haya entregado al notario un cheque por la cantidad de un mill�n trescientos treinta y ocho mil novecientos quince pesos por concepto de honorarios, no es cre�ble, al parecer del peticionario de garant�as, porque ese fedatario no protocoliz� el contrato de compraventa, y lo que debi� pagar M.�a G.L.A., es la cantidad que le adeuda del precio; y que como el Juez de primer grado declar� procedente la rescisi�n del contrato en litigio ?es absurdo? que la S. haya se�alado que no estudi� la reconvenci�n, en la que se pretend�a el otorgamiento y firma de la escritura de compraventa, as� como la nulidad de las cl�usulas primera y quinta del contrato en controversia, en las que no se oblig� la compradora a responder del saneamiento, sino que, conociendo los riesgos de la evicci�n, se someti� a sus consecuencias.-Del contrato materia de la litis en el juicio de origen, se aprecia que las partes contendientes, una vez que identificaron el inmueble objeto de la compraventa y precisaron la existencia de su consentimiento en la celebraci�n de ese contrato, estipularon las siguientes cl�usulas: ?Primera: Convienen las partes en sujetar el presente contrato al pago puntual y completo del precio de la operaci�n. El precio de la operaci�n es de $17'000,000.00 (diecisiete millones de pesos 00/100 M.N. m�s el pago de mantenimiento, agua y contribuciones al corriente que ser� por cuenta de �la compradora.�.-Segunda: �La compradora� entrega $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N).-La cantidad mencionada se tomar� como parte del precio, y el resto, o sea $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.) m�s los gastos arriba mencionados, al corriente, me (sic) ser�n cubiertos a la firma de la escritura.-Tercera: En el caso de que �la compradora� no cumpla con el pago del precio y t�rminos estipulados de (sic) este contrato, pagar� a �el vendedor� por concepto de pena convencional la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.).-Cuarta: Si �el vendedor� se negara a firmar la escritura correspondiente ante notario, despu�s de que �la compradora� le hubiere cubierto la totalidad del precio fijado, pagar� por concepto de pena convencional a la (sic) �la compradora�, la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.).-Quinta: La venta se lleva a cabo estando el bien que es objeto libre de toda responsabilidad y gravamen por lo cual �la compradora� se obliga al saneamiento para el caso de existencia (sic). La escrituraci�n no podr� ser en un plazo mayor de treinta d�as.-Sexta: Los gastos y honorarios que origine la escritura definitiva de compraventa, ser�n a cargo de la parte compradora y el pago del impuesto sobre la renta, a cargo de la parte vendedora.-S�ptima: Las partes se someten a los tribunales de la Ciudad de M�xico, para la interpretaci�n y el cumplimiento del presente contrato, renunciando al fuero que en raz�n de su domicilio y otro (sic) pudiera corresponderle.-Octava: Para los efectos legales el domicilio de las partes ser� �del vendedor� (sic) Paseo de la Reforma #2366.-�De la compradora� F�lix Cuevas #329 Depto. 301.?.-Ahora bien, tomando en consideraci�n que el C�digo Civil para el Distrito Federal en sus art�culos 2078, primer p�rrafo, 2079, ambos comprendidos dentro del cap�tulo referente a los efectos de las obligaciones entre las partes, y 2255, relativo al contrato de compraventa en particular, disponen que el pago deber� hacerse del modo que se hubiere pactado, y en el tiempo designado en el contrato, exceptu�ndose aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa, y que el comprador debe pagar el precio, en los t�rminos y plazos convenidos; por tanto, si las partes contratantes pactaron que el pago del saldo, el otorgamiento y firma de la escritura de compraventa respectiva, y la entrega del propio bien ra�z libre de todo gravamen, lo har�an en la misma fecha, tales obligaciones revelan que los contratantes convinieron prestaciones de cumplimiento simult�neo; por consiguiente, para que el vendedor se encuentre facultado a exigir larescisi�n del contrato de compraventa por falta de pago, debi� acreditar que �l liber� el inmueble del gravamen que reportaba y que habi�ndose encontrado dispuesto a cumplir con sus obligaciones, su contraparte se neg� injustificadamente a la firma de la escritura y a cubrirle su adeudo; as� como que habiendo pactado en el contrato, que el pago del saldo del precio y la escrituraci�n respectiva deber�an efectuarse simult�neamente, la negativa del vendedor a elevar a escritura p�blica el contrato de compraventa, no trae como consecuencia que la parte compradora se encuentre obligada a consignar el saldo del precio en el plazo que se se�al� para la firma de la escritura, o en el momento de presentar su demanda, sino que deber�a cubrirlo al otorgarse dicha escritura, criterios que este �rgano jurisdiccional ha sostenido al resolver por unanimidad de votos, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho y el dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, los juicios de amparo n�meros DC-3575/88 y DC-1520/89, promovidos respectivamente por R.L.M.�nez y M.S.V.�zquez.-En el caso, visto que las partes contendientes pactaron en el contrato en litigio, que la compradora le pagar�a al vendedor el saldo del precio en el momento en que se firmara la escritura p�blica que contendr�a la protocolizaci�n de la compraventa, el peticionario de garant�as, ni ante la ad quem, ni ante este �rgano jurisdiccional mencion� con qu� medios de convicci�n estima que acredit� que estaba dispuesto a cumplir con su obligaci�n, as� como que en el Registro P�blico de la Propiedad, en la fecha que se celebr� el contrato en cuesti�n, o en la que se deber�a tirar la escritura respectiva, ya se encontraban cancelados los grav�menes que el inmueble objeto de la compraventa reportaba, y que la compradora se neg� injustificadamente a firmar el instrumento p�blico y a cubrirle su adeudo; y que la ahora tercera perjudicada, no se encontraba obligada a consignar el saldo del precio al producir su contestaci�n a la demanda, porque el pago de su adeudo, de conformidad con lo estipulado en el contrato de m�rito, lo deber�a efectuar simult�neamente con la escrituraci�n del inmueble a su favor; se concluye, que es infundado que el promovente se inconforme con la sentencia que se�ala como acto reclamado, en raz�n de que esa resoluci�n, s� se encuentra debidamente fundada y motivada, y fue pronunciada en debido acatamiento del principio de legalidad, al determinar que F.H.C. no prob� su acci�n de rescisi�n, pues el hecho de que la compradora haya recibido la cosa antes de que liquidara su adeudo, ni presuntivamente puede generar la estimaci�n de que no pag� el saldo del precio en el tiempo, lugar, forma y modo convenidos, pues resulta insuficiente para acreditar, ni indiciariamente, que se neg� a firmar la escritura y a cubrir su adeudo en el momento de la protocolizaci�n de la compraventa; si bien es cierto que, la S. se�ala que el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis, el ahora quejoso cancel� las hipotecas que ten�a el inmueble objeto del contrato en controversia, tambi�n lo es, que contrariamente a lo aseverado por el impetrante, la responsable precis� que la cancelaci�n de esos grav�menes se hizo constar en el instrumento p�blico de doce de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, esto es, que a la fecha de la celebraci�n del contrato de compraventa, e incluso, que a�n despu�s de que corri� el plazo fijado en el mismo para la firma de la escritura, el cual feneci� el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y siete, en el Registro P�blico de la Propiedad todav�a se encontraban inscritas dichas hipotecas, por lo que aun cuando el peticionario de garant�as haya pagado el importe de los grav�menes de referencia el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis, la liberaci�n formal del inmueble de �stos, se deber� considerar a partir del momento de su cancelaci�n en el citado registro, ya que el finiquito de la relaci�n crediticia, entre los acreedores y el amparista, para que surta efecto entre los primeros y la compradora, debe constar en el registro p�blico de referencia, independientemente del monto de los cr�ditos, pues de lo contrario, la adquirente se subrogar� en ese adeudo, cuando en el contrato de compraventa, en la cl�usula quinta, se estipul� que ella adquir�a el inmueble ?libre de toda responsabilidad y gravamen?; criterio de este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que encuentra su apoyo en el diverso sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que como onceava tesis relacionada con la jurisprudencia n�mero 1585, aparece publicado en la foja 2549 y 2550 de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n correspondiente a la compilaci�n de los a�os 1917 a 1988, que es del siguiente tenor literal: ?REGISTRO P�BLICO. TERCEROS DE BUENA FE.-La inscripci�n en el registro p�blico desempe�a una funci�n fundamental de publicidad, conforme a la que se llena la necesidad de que haya una notificaci�n p�blica y aut�ntica, a la sociedad, de la existencia de los derechos que se inscriben. La inscripci�n evita los fraudes y los abusos, evita la ocultaci�n de los grav�menes, pues pone de manifiesto la condici�n de los inmuebles, y hace m�s seguros los hechos o actos jur�dicos traslativos de la propiedad. La publicidad, por la inscripci�n en el registro, de los grav�menes y de todos los actos traslativos de la propiedad y de las restricciones y modificaciones de �sta que limitan su valor y circulaci�n, se halla de tal manera arreglada que, por virtud de la misma, pueda y deba conocerse la historia de cada inmueble, en lo que se refiere a todas sus mutaciones, grav�menes y desmembramientos que sufra. Surge as� el principio registral llamado de tracto sucesivo, que significa que la serie de inscripciones registrales, debe formar una cadena ininterrumpida, de tal manera que la inscripci�n �ltima debe derivar de la voluntad del titular que aparezca de la inscripci�n inmediata anterior, y �sta de la que inmediatamente le preceda y as� sucesivamente. Consecuencia de este principio, es la prohibici�n legal de que los bienes ra�ces o los derechos reales impuestos sobre los mismos, aparezcan inscritos al mismo tiempo en favor de dos o m�s personas diversas. Ahora bien, de acuerdo con el art�culo 2835 del C�digo Civil, es tercero de buena fe quien, sin intervenir en un acto o contrato, sin embargo tiene, en relaci�n con la cosa que ha sido objeto del propio acto o contrato, un derecho adquirido de buena fe, por t�tulo oneroso, amparado por una inscripci�n y que no sea violatorio de ninguna ley prohibitiva o de inter�s p�blico, significando esto �ltimo que, en aplicaci�n del principio de tracto sucesivo de que ya se habl� y del de publicidad de las inscripciones, los titulares posteriores inscritos tambi�n han de sufrir, en cuanto que deben de conocerlo por la inscripci�n, las consecuencias del derecho anterior inscrito contrario a la ley prohibitiva o al inter�s p�blico. Porque siendo injusto y contrario a la buena fe, que goce de la protecci�n del registro, aquel que por s� mismo ha llegado al conocimiento cabal de las condiciones del acto de que se trate, aunque �ste no se halle inscrito, con mayor raz�n es injusto que goce de esa protecci�n, quien, en raz�n de los principios de publicidad y de tracto sucesivo, debe de conocer el acto, sus antecedentes y consecuentes, en virtud de las inscripciones respectivas. En tales condiciones, esto es, cuando el vicio aparece del propio registro, de una inscripci�n anterior, debe de aceptarse que la posterior carece de la virtud, porque ser�a contrario a la buena fe registral, de legitimar o convalidar el acto viciado, ni de legitimar las subsecuentes inscripciones que consecuentemente participan, en aplicaci�n de los multicitados principios de publicidad y tracto, del vicio de la inscripci�n antecedente.?.-Es conveniente destacar que la S. s� tom� en cuenta, que la compradora deber�a pagar el saldo del precio, en el momento de la firma de la escritura, pues tan es as�, que esa autoridad destac� tal circunstancia al redactar el segundo punto resolutivo que deber� contener la sentencia que sustituir� al fallo revocado, y que por ello, resulta infundado que el peticionario de garant�as aduzca que la responsable, no consider� cu�ndo la compradora deb�a pagarle lo que le adeudaba del precio, as� como que tambi�n asevere el impetrante, que de conformidad con el art�culo 2300 del C�digo Civil para el Distrito Federal, es procedente la rescisi�n del contrato de compraventa que demand�, porque a su parecer, la demandada con anterioridad a ser emplazada, ya se hab�a constituido en mora, y porque la misma no consign� su adeudo al contestar la demanda, en virtud de que M.�a G.L.A. deber� cubrir el saldo del precio en el momento en que se firme la escritura de la compraventa, en t�rminos de lo pactado en la cl�usula segunda del contrato en litigio.-Por otro lado, lo que expone el promovente, de que no es cre�ble que la compradora le haya pagado al notario sus honorarios, porque ese fedatario no protocoliz� el contrato de compraventa, es infundado, en raz�n de que la S. precis� que la ahora tercera perjudicada, le cubri� al notario sus honorarios mediante un cheque, como un elemento de prueba de que ella s� deseaba cumplir con sus obligaciones, y no como medio de convicci�n de que al fedatario se le cubrieron sus honorarios, ya que incluso, M.�a G.L.A., al exponer los hechos fundatorios de su acci�n reconvencional, mencion� que el notario le indic� que el pago de sus honorarios y de los gastos de la protocolizaci�n de la escritura de compraventa, que ascend�a a un total de un mill�n trescientos treinta y ocho mil novecientos quince pesos, que ella le pretendi� cubrir mediante un cheque de diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, s�lo se lo podr�a recibir cuando se otorgara el instrumento p�blico en comento.

QUINTO

Examinadas las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Primero y Segundo Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito y por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, queda de manifiesto lo siguiente:

Las ejecutorias dictadas en los amparos 47/89 y 97/90 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y la dictada en el juicio 878/96 por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y del mismo circuito, sustancialmente sostienen que cuando las partes contratantes convinieron que el saldo del precio adeudado y escrituraci�n deber�an hacerse simult�neamente, para la procedencia de la acci�n pro forma, resulta necesario e indispensable que se exhiba concomitantemente con la demanda el precio adeudado, es decir, para exigir que se escriture una compraventa es necesario que se cumpla con la obligaci�n de pagar, o bien se consigne el monto del saldo insoluto del precio.

En las ejecutorias pronunciadas en los amparos 695/86 y 1081/86, dictadas por el mismo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito se resolvi� que cuando las partes celebran un contrato de compraventa a plazos, para la procedencia de la acci�n pro forma, es requisito indispensable que el accionante exhibiera concomitantemente con la demanda el saldo del precio que a�n adeudaba.

Finalmente en las ejecutorias dictadas en los juicios 1520/89 y 4633/90, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consider� que si las partes contratantes convinieron que el saldo del precio y escritura deb�an efectuarse simult�neamente, la negativa de la parte vendedora a elevar a escritura p�blica el contrato no tiene como consecuencia que el comprador quede obligado a consignar el precio adeudado al momento de presentar la demanda.

De lo anterior se tiene que lo resuelto en las ejecutorias 695/86 y 1081/96 pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito no participan de la posible contradicci�n, pues en ellas no se convino que el saldo adeudado se pagar�a al momento de la escrituraci�n correspondiente, sino que se trataba del cumplimiento de un contrato de compraventa a plazos, en donde no se hab�a cubierto la totalidad de pagos a que se comprometi� el comprador.

En relaci�n a este �ltimo punto se considera improcedente la denuncia que se formula con relaci�n a lo resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado citado, pues las resoluciones dictadas en los juicios 1520/89 y 4633/90, aunque gen�ricamente se refirieron a un problema de similar naturaleza, en forma espec�fica abordan cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se deriva contradicci�n alguna en relaci�n a lo que sostiene el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tiene aplicaci�n al caso la jurisprudencia n�mero 3a./J. 37/93, sostenida por la Tercera S. de esta Suprema Corte de Justicia en su anterior integraci�n, visible en la p�gina 44 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo 72, diciembre de 1993, cuyo texto se�ala:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JUR�DICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCI�N ALGUNA.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, entendiendo por tesis el criterio jur�dico de car�cter general que sustenta el �rgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve. Consecuentemente, debe considerarse improcedente la denuncia que se formula respecto de resoluciones que, aunque gen�ricamente, se hayan referido a un problema de similar naturaleza, en forma espec�fica aborden cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se derive contradicci�n alguna, pues no existe materia para resolver en la contradicci�n denunciada.

"Contradicci�n de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.A.L.D.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Ma. Estela F.M.G.P..

"Contradicci�n de tesis 43/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.A.L.D.. Secretario: A.L.M..

"Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.T.L.C.�rdenas. Secretario: A.G.�a T..

"Contradicci�n de tesis 6/93. Entre las sustentadas por el Tercer y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 28 de junio de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.M.G.S.: I.N.R.�bago.

"Contradicci�n de tesis 7/93. Entre las sustentadas por el Primero y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de noviembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.T.L.C.�rdenas. Secretario: S.P.G.�a.

"Tesis jurisprudencial 37/93. Aprobada por la Tercera S. de este Alto Tribunal, en sesi�n de quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros, presidente J.T.L.C.�rdenas, M.A.G.�itr�n, S.H.C.G.�rrez y M.M.G.�a.

Nota: Esta tesis tambi�n aparece en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, Primera Parte, tesis 181, p�gina 123.

Por otra parte y en relaci�n a los restantes criterios que sostienen por una parte el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, en contra de lo que sostiene el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, a fin de demostrar la existencia de la posible contradicci�n de tesis resulta necesario hacer las siguientes anotaciones.

En principio debe puntualizarse que los tribunales involucrados analizaron disposiciones provenientes de legislaciones diversas; sin embargo, el texto de los art�culos 2078, 2079 y 2255 del C�digo Civil para el Distrito Federal y los art�culos 1997, 1998 y 2175 del C�digo Civil del Estado de J. de mil novecientos treinta y cinco son id�nticos, por ello, no existe obst�culo para que, en un caso como �ste pudiera plantearse contradicci�n de criterios.

C�digo Civil para el Distrito Federal: C�digo Civil del Estado de J.:

"Art�culo 2078. El pago deber� "Art�culo 1997. El pago deber� hacerse del modo que se hubiere hacerse del modo que se hubiere

pactado; y nunca podr� hacerse pactado; y nunca podr� hacerse

parcialmente sino en virtud de parcialmente sino en virtud de

convenio expreso o de disposici�n convenio expreso o de disposici�n

de ley.-Sin embargo, cuando la de ley.-Sin embargo, cuando la

deuda tuviere una parte l�quida y deuda tuviese una parte l�quida

otra il�quida, podr� exigir el y otra il�quida, podr� exigir el

acreedor y hacer el deudor el acreedor y hacer el deudor el pago

pago de la primera sin esperar a de la primera sin esperar a que se

que se liquide la segunda." liquide la segunda."

"Art�culo 2079. El pago se har� "Art�culo 1998. El pago se har� en

en el tiempo designado en el el tiempo designado en el contrato,

contrato, exceptuando aquellos exceptuando aquellos casos en que

casos en que la ley permita o la ley permita o prevenga

prevenga expresamente otra cosa." expresamente otra cosa."

"Art�culo 2255. El comprador "Art�culo 2175. El comprador debe

debe pagar el precio en los pagar el precio en los t�rminos y

t�rminos y plazos convenidos. plazos convenidos. A falta de

A falta de convenio lo deber� convenio lo deber� pagar al

pagar al contado. La demora en contado. La demora en el pago del

el pago del precio lo constituir� precio lo constituir� en la obligaci�n

en la obligaci�n de pagar r�ditos de pagar r�ditos al tipo legal sobre

al tipo legal sobre la cantidad la cantidad que adeude."

que adeude."

Es aplicable, a contrario sensu la jurisprudencia 2a./J. 43/98 de la Segunda S., publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., julio de 1998, p�gina 93, criterio que adopta esta Primera S. y que en su literalidad expresa:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JUR�DICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE.-Es inexistente la contradicci�n de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jur�dico pero lo hacen fund�ndose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicci�n, pues para ello ser�a necesario que hubieran examinado el problema jur�dico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos.

"Contradicci�n de tesis 39/96. Entre las sustentadas por el Tercer y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 15 de noviembre de 1996. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Ma. Estela F.M.G.P..

"Contradicci�n de tesis61/96. Entre las sustentadas por una parte por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y por otra, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 22 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: E.H.M.G..

"Contradicci�n de tesis 23/97. Entre las sustentadas por el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: S.S.A.A.. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: E.H.M.G..

"Contradicci�n de tesis 38/96. Entre las sustentadas por el Sexto y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 24 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: H.S.C..

"Contradicci�n de tesis 20/97. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 24 abril de 1998. Cinco votos. Ponente: G.I.O.M.. Secretaria: A.H.�ndez H.�ndez.

Tesis de jurisprudencia 43/98. Aprobada por la Segunda S. de este Alto Tribunal, en sesi�n privada del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Cabe precisar tambi�n que el C�digo Civil del Estado de J., con base en el cual se emitieron los criterios del Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, fue derogado por el Decreto 15776, C�digo Civil del Estado de J., publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de J. el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

En el anterior C�digo Civil se dispon�a lo siguiente:

"Art�culo 1997. El pago deber� hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podr� hacerse parcialmente sino en virtud del convenio expreso o de disposici�n de ley.-Sin embargo, cuando la deuda tuviese una parte l�quida y otra il�quida, podr� exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda."

"Art�culo 1998. El pago se har� en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa."

Art�culo 2175. El comprador debe pagar el precio en los t�rminos y plazos convenidos. A falta de convenio lo deber� pagar al contado. La demora en el pago del precio lo constituir� en la obligaci�n de pagar r�ditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude.

Ahora bien, el C�digo Civil del Estado de J. vigente, contiene disposiciones id�nticas a las transcritas, en los art�culos 1593, 1594 y 1855, que a la letra disponen:

"Art�culo 1593. El pago deber� hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podr� hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o por disposici�n de ley.-Sin embargo, cuando la deuda tuviese una parte l�quida y la otra il�quida, podr� exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda."

"Art�culo 1594. El pago se har� en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa."

Art�culo 1855. El comprador debe de pagar el precio en los t�rminos y plazos convenidos, a falta de convenio lo deber� de pagar de contado.

Por ello, tampoco esta situaci�n constituye obst�culo para resolver la posible contradicci�n.

Es aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 87/2000 de la Segunda S. que esta S. comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, septiembre de 2000, p�gina 70, que se�ala lo siguiente:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACI�N DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITI� EN LOS VIGENTES.-A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicci�n de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aqu�llos repitan, en lo esencial, las hip�tesis normativas cuya interpretaci�n por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, dio lugar a la contradicci�n de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservaci�n de la seguridad jur�dica.

"Contradicci�n de tesis 22/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 12 de junio de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: G.I.O.M.. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: A.C.�s G.�n.

"Contradicci�n de tesis 17/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 26 de marzo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: S.S.A.A.. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: R.C.C..

"Contradicci�n de tesis 109/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 5 de marzo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: S.S.A.A.. Ponente: J.D.�az R.. Secretaria: M.A.�lica S.M.�nez.

"Contradicci�n de tesis 78/99-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 25 de febrero del a�o 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: J.V.A.A.�n; en su ausencia hizo suyo el asunto G.I.O.M.. Secretaria: M.�a A.d.C.T.C..

"Contradicci�n de tesis 25/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Sexto y Noveno, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 11 de agosto del a�o 2000. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: A.M.R.M.�as.

"Tesis de jurisprudencia 87/2000. Aprobada por la Segunda S. de este Alto Tribunal, en sesi�n privada del trece de septiembre del a�o dos mil.

Nota: Este criterio se sustent� en las contradicciones de tesis precedentes, pero no resolvi� el tema materia de las mismas.

Conviene apuntar que si bien los tribunales emitieron sus sentencias con base en los art�culos precitados, en realidad el fundamento de la acci�n pro forma se encuentra en los siguientes art�culos:

C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:

Art�culo 27. El perjudicado por falta de t�tulo legal tiene acci�n para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente.

C�digo de Procedimiento Civiles del Estado de J.:

Art�culo 23. El perjudicado por falta de t�tulo legal tiene acci�n para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente, siempre que no se trate de un acto solemne y alguna de esas partes lo hubiere cumplido de modo voluntario, aunque sea parcialmente con la aceptaci�n de la otra. Tambi�n en el caso de que la parte que no cumpla un contrato se rehuse a firmar el documento necesario para darle forma legal al mismo, la parte que s� cumpli� tendr� acci�n para exigir que el obligado extienda el documento correspondiente.

Si bien es cierto que el texto de los art�culos transcritos no es id�ntico, la primera parte de uno corresponde a la totalidad del otro, y en ambos se faculta al perjudicado por falta de t�tulo legal a exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente.

Ahora bien, por cuanto se refiere a la existencia o no de la oposici�n de criterios, cabe se�alar que, al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar cu�l tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicci�n, debe existir, oposici�n de criterios jur�dicos respecto de una misma situaci�n jur�dica. Asimismo, para que se surta la procedencia de la contradicci�n, la oposici�n debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen las tesis sustentadas por los �rganos jurisdiccionales.

Los anteriores requisitos han sido establecidos por la anterior Cuarta S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis jurisprudencial n�mero 4a./J. 22/92, Octava �poca, publicada en la p�gina 22 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n N�mero 58, correspondiente al mes de octubre de 1992, cuyo tenor literal es el siguiente:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del D�cimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: N�stor G.D.�nguez.

"Contradicci�n de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: P.J.�s H.�ndez M..

"Contradicci�n de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: R.�n G.A.�n.

"Contradicci�n de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. Secretario: El�as �lvarez T..

"Contradicci�n de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. Secretario: El�as �lvarez T..

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta S. de este Alto Tribunal en sesi�n privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: presidente C.G.�a V�zquez, J.D.R., I.M.�a C�rdenas y J.A.L.D.. Ausente: F.L.C., previo aviso.

Nota: Esta tesis tambi�n aparece en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, Primera Parte, tesis 178, p�gina 120.

As�, resulta que en la denuncia que se analiza se surten en su integridad los requisitos de referencia, lo que es fundamental para la existencia de la contradicci�n entre los Tribunales Colegiados que se mencionan, toda vez que del an�lisis comparativo de los criterios transcritos en el cuarto considerando de esta resoluci�n se advierte que tanto el Segundo como el Primer Tribunales Colegiados en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito, coinciden en que la exhibici�n del precio adeudado concomitantemente a la demanda es un elemento constitutivo de la acci�n pro forma, mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estima que el pago debe realizarse en la forma y tiempo en que se hubiere pactado, por lo que no es necesario consignar el saldo del precio de la cosa concomitantemente a la demanda para que proceda la acci�n pro forma.

Ahora bien, el criterio sustentado por los Tribunales Primero y Segundo en Materia Civil del Tercer Circuito se public� en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V.I-Junio, p�gina 177, en la siguiente tesis:

ACCI�N PROFORMA. ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE �STA, LA EXHIBICI�N CONCOMITANTE DEL PRECIO ADEUDADO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE JALISCO).-Para la procedencia de la acci�n proforma ejercitada, por ser elemento constitutivo de �sta era necesario e indispensable que el accionante hubiera exhibido concomitantemente con la demanda, el saldo del precio que a�n adeudaba. Por ser ese el momento legal oportuno, toda vez que, ello es acorde con el criterio del m�s Alto Tribunal de Justicia del pa�s, acerca de que, si en una compraventa a plazos, el comprador no exhibe el saldo del precio, menos puede demandar el otorgamiento de la escritura, criterio que acata este tribunal, pues si atento a lo dispuesto por el art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, el ejercicio de las acciones requiere, entre otras cosas, de la existencia de un derecho, es evidente entonces que, si el actor ahora tercero perjudicado, no consign� al momento de presentar su demanda la parte del precio de la operaci�n de compraventa que para esa fecha a�n adeudaba, carec�a del derecho que exige la ley para demandar la escrituraci�n del bien inmueble objeto de tal operaci�n, por no haber satisfecho su precio, ya que no puede fundarse una acci�n en una causa que todav�a no se produce.

Cabe se�alar que no obstante el criterio que se plasma en la tesis no se refiere en forma expresa a que en el contrato las partes pactaron que el pago deber�a hacerse al momento de escriturar, sino en forma general se�alan que se refiere al caso de una operaci�n de compraventa a plazos en donde a la fecha de la acci�n se adeudaba saldo, lo cierto es que, tal y como qued� precisado en p�rrafos precedentes, del contenido de las ejecutorias dictadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito se advierte que s� existi� pronunciamiento sobre el punto que da lugar a la contradicci�n.

Mientras que el criterio sustentado por el Tribunal Quinto en Materia Civil del Primer Circuito se public� en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V.I-Enero, p�gina 182, en la siguiente tesis:

COMPRAVENTA. OBLIGACIONES SIMULT�NEAS, CUMPLIMIENTO DE.-Los art�culos 2078 y 2079 del C�digo Civil para el Distrito Federal, comprendidos en el cap�tulo referente a los efectos de las obligaciones, disponen, respectivamente, que el pago deber� hacerse del modo en que se hubiere pactado o como lo disponga la ley, y se har� en el tiempo designado en el contrato; por su parte, el numeral 2255 del c�digo en cita, que se refiere al contrato de compraventa en particular, precept�a que el comprador debe pagar el precio en los plazos y t�rminos convenidos; por consiguiente, si las partes contratantes convinieron en que el pago del saldo del precio y la escrituraci�n respectiva deber�an efectuarse simult�neamente, la negativa del vendedor a elevar a escritura p�blica el contrato, no trae como consecuencia que el comprador est� obligado a consignar el saldo del precio en el plazo que se se�al� para la firma de la escritura, o en el momento de presentar su demanda, sino que debe cubrirlo al otorgarse dicha escritura.

SEXTO

Una vez establecida la premisa inicial requerida para todo asunto de contradicci�n de tesis, es procedente pasar a la etapa subsecuente y principal que determinar� la prevalencia de alguno de los criterios de los Tribunales Colegiados en desacuerdo.

Esta Primera S. considera que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustenta en la presente resoluci�n, el cual coincide sustancialmente con el sostenido por los Tribunales Primero y Segundo en Materia Civil del Tercer Circuito, en atenci�n a los siguientes razonamientos:

El punto a dilucidar lo constituye el determinar si es necesario consignar el precio del saldo adeudado al momento de presentar la demanda en la que se ejercita la acci�n pro forma; aun y cuando en el contrato se haya convenido que el pago del saldo adeudado se realizar�a al momento de la escrituraci�n.

Para ello, conviene apuntar que la compraventa es un contrato en virtud del cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto y en dinero.

El objetivo principal que se persigue en este contrato es el de transmitir el dominio de las cosas o derechos; doctrinalmente el contrato de compraventa es principal, bilateral, oneroso, conmutativo generalmente, aleatorio por excepci�n, consensual y formal, ya que en trat�ndose de bienes inmuebles cuyo valor de aval�o exceda el equivalente a trescientas sesenta y cinco veces el salario m�nimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la operaci�n, deber� otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante notario, Juez competente o Registro P�blico de la Propiedad. Adem�s, si el valor del inmueble excede de trescientas sesenta y cinco veces el salario m�nimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operaci�n, su venta se har� en escritura p�blica.

Los elementos esenciales de todo contrato son el consentimiento y el objeto; el consentimiento se define como el acuerdo de dos o m�s voluntades para producir efectos de derecho, en el contrato de compraventa se define como el acuerdo de voluntades que tiene por objeto transmitir el dominio de una cosa o de un derecho a cambio de un precio cierto y en dinero. El objeto en la compraventa puede ser directo o indirecto; el directo consiste en transmitir el dominio de una cosa o de un derecho y el indirecto lo constituye la cosa y el precio.

Ahora bien, las obligaciones de las partes son las siguientes:

El vendedor esta obligado a transmitir el dominio de la cosa, conservar la cosa hasta el momento de su entrega al comprador, entregar la cosa, responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, garantizar una posesi�n pac�fica, responder del saneamiento para el caso de evicci�n, pagar por mitad los gastos de escrituraci�n y del registro (salvo convenio en contrario), pagar los gastos de la cosa vendida y, por �ltimo, las obligaciones fiscales.

El comprador est� obligado a pagar el precio, recibir la cosa comprada, pagar por mitad los gastos de escrituraci�n y del registro (salvo convenio en contrario), pagar los gastos de transporte (salvo convenio en contrario) y, en su caso, pagar el impuesto de adquisici�n de bienes inmuebles e impuesto al valor agregado.

Ahora bien, uno de los efectos del contrato es la obligatoriedad, pues el acuerdo de voluntadesde los contratantes tiene fuerza de ley entre las partes, por lo que, si en el contrato de compraventa se conviene que tanto el pago final como la escrituraci�n se realizar�n en una fecha o t�rmino preestablecido, ello les obliga a ambos por igual.

Al respecto, tanto el C�digo Civil del Distrito Federal como el del Estado de J., son muy claros al determinar que el pago deber� hacerse del modo que se hubiere pactado y nunca podr� hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposici�n de ley; adem�s, que se har� en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa.

Los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil del Tercer Circuito, sustancialmente, sostienen que para la procedencia de la acci�n pro forma es necesario e indispensable que se exhiba concomitantemente con la demanda el precio adeudado, es decir, que para exigir que se escriture una compraventa es necesario que se cumpla con la obligaci�n de pagar, o bien se consigne el monto del saldo insoluto del precio.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito considera que si las partes contratantes convinieron que el saldo del precio y escritura deb�an efectuarse simult�neamente, la negativa de la parte vendedora a elevar a escritura p�blica el contrato no tiene por consecuencia que el comprador quede obligado a consignar el precio adeudado al momento de presentar la demanda.

As� las cosas, si se toma en cuenta que una compraventa es un contrato sinalagm�tico perfecto, cuyas obligaciones son rec�procas e interdependientes, se puede afirmar que si una de las partes no cumple con la obligaci�n a su cargo no puede exigir judicialmente a la otra que cumpla con la obligaci�n de ella.

Lo que en t�rminos de los C�digos de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y del Estado de J. se expresa as�: El perjudicado pro forma de t�tulo legal tiene acci�n para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente.

En los antecedentes que revisten el presente estudio, ninguna de las partes cumpli� en el t�rmino o fecha estipulado, pues ni se realiz� el pago, ni mucho menos se elev� a escritura p�blica el contrato. Es por ello que, el consignar el pago del saldo o precio adeudado es un requisito de procedencia de la acci�n pro forma, pues de otra forma la actora al no haber cumplido con su obligaci�n (pagar) no puede demandar judicialmente a la otra parte a que cumpla.

Respecto a la consignaci�n, el C�digo Civil para el Distrito Federal dispone:

"Art�culo 2097. El ofrecimiento seguido de la consignaci�n hace veces de pago, si re�ne todos los requisitos que para �ste exige la ley."

"Art�culo 2102. Aprobada la consignaci�n por el Juez, la obligaci�n queda extinguida con todos sus efectos."

Contrariamente a lo sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para la procedencia de la demanda en la que se reclama la acci�n pro forma, resulta irrelevante que los contratantes hayan convenido que "el pago se realizar�a al momento de escriturar" pues para que la compradora pueda exigir que la vendedora cumpla, ser� necesario, como ya se mencion�, que cumpla con todas sus obligaciones, ya que �stas son rec�procas e interdependientes de las del vendedor.

En las relatadas condiciones, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera S. en la presente resoluci�n, que coincide sustancialmente con el de los Tribunales Primero y Segundo en Materia Civil del Tercer Circuito, debiendo quedar redactado con el siguiente rubro y texto:

ACCI�N PRO FORMA. LA EXHIBICI�N DEL PRECIO ADEUDADO ES UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE �STA.-Para la procedencia de la acci�n pro forma es necesario que el actor exhiba concomitantemente con la demanda el saldo del precio adeudado. Una compraventa es un contrato sinalagm�tico cuyas obligaciones son rec�procas e interdependientes, por lo que si una de las partes no cumple con la obligaci�n a su cargo, la otra deber� cumplir para exigirle judicialmente el cumplimiento. Por ello, para la procedencia de la acci�n pro forma es requisito que la actora consigne el saldo del precio adeudado, ya que de otra suerte no podr�a comprobar que ella s� cumpli�; ser�a totalmente injusto que la parte que no se ha avenido al cumplimiento de sus obligaciones exigiera de la otra la ejecuci�n de sus compromisos, m�xime si se convino que el saldo del precio se pagar�a al momento de escriturar.

Finalmente, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial que se sustenta en este fallo deber� identificarse con el n�mero que le corresponda y remitirse a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno y a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito para su conocimiento.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil del Tercer Circuito y Quinto en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera S., conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno y a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito, para su conocimiento.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, y en su oportunidad arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores M.J.V.C. y C., H.R.P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V., presidente y ponente J.� de J.�s G.�o P..