Ejecutoria num. 2a./J. 121/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828081

Ejecutoria num. 2a./J. 121/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 121/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA MISMA JUNTA QUE CONOCE DEL ASUNTO. SU OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DEBEN SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y SENCILLEZ DEL PROCESO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 105/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El mencionado Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver en el amparo directo n�mero 726/97, promovido por Ferrocarriles Nacionales de M�xico, niega el amparo al quejoso, con apoyo en las consideraciones que en el caso importa destacar, las cuales son del siguiente tenor:

S�PTIMO.-Por raz�n de m�todo, deben de analizarse primeramente los argumentos relativos: a violaciones procesales, pues de resultar fundados �stos, ser�a innecesario examinar los diversos planteamientos que se exponen en la demanda de garant�as, por cuanto hace al fondo del laudo reclamado.-La peticionaria del amparo, en el primero de los conceptos de violaci�n, en concreto, alega que existe una violaci�n al procedimiento laboral que se ajusta a lo previsto por la fracci�n XI, del art�culo 159 de la Ley de Amparo, y que es equiparable a la hip�tesis de la fracci�n III a contrario sensu, porque seg�n dijeron, durante la tramitaci�n del juicio se recibieron pruebas que no fueron legalmente ofrecidas por los actores, como en el caso lo fue la prueba documental p�blica consistente en el expediente 277/94, que argumentaron se tramitaba ante la propia responsable y pidieron al mismo tiempo se tuviera a la vista al momento de emitir el laudo, y no obstante su objeci�n, se admiti� dicha documental en los t�rminos propuestos, lo que constituye una violaci�n al procedimiento, ya que trat�ndose de una prueba documental p�blica como en el caso lo es un expediente laboral, aun cuando se encuentre ante la misma responsable, su ofrecimiento no est� eximido de la observancia de las reglas que la ley establece, ya que conforme al art�culo 780 de la Ley Federal del Trabajo, las pruebas deben ofrecerse acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo, y en el caso de pruebas documentales se debe estar a lo previsto en el numeral 803, del mismo ordenamiento legal, esto es, se deben acompa�ar los documentos que se ofrezcan para que obren en autos.-Que la responsable actu� de motu proprio, pues la ley no le autoriza localizar y estudiar un expediente aun cuando lo tenga en sus archivos, ya que ello rompe el equilibrio procesal entre las partes, pues si bien en el citado expediente los actores fueron parte, es indudable que tienen acceso a �l y obtener las copias que estimen necesarias y ofrecerlas en el juicio de origen, observando las reglas que disponen los art�culos 795, 803 y 807 de la ley laboral, pero al no hacerlo as�, y admitir la prueba, la Junta responsable viol� el procedimiento, por existir una causa an�loga a las previstas en la fracci�n III del art�culo 159 de la Ley de Amparo, al haber recibido una prueba que no se ofreci� conforme a la ley, y por ende solicitan la reposici�n del procedimiento.-La violaci�n procesal reclamada en caso de existir, debe ser impugnada mediante el presente juicio de amparo directo, ya que de acuerdo con los art�culos 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene que �sta es la v�a id�nea para combatir violaciones al procedimiento, y s�lo tiene lugar en el caso de los juicios laborales al emitir el laudo que resuelva la controversia, porque es hasta entonces cuando se podr� saber si la admisi�n de dichas pruebas agravi� a una de las partes; en la especie, los hoy quejosos argumentaron que la prueba documental ofrecida por su contraparte, consistente en el expediente 277/94, fue ofrecida y admitida en forma contraria a la ley laboral.-Precisado lo anterior, con la finalidad de determinar si existen o no los hechos en que se hace descansar la citada violaci�n procesal reclamada, que encuadrar�a en la fracci�n XI del art�culo 159 de la Ley de Amparo, por ser un caso an�logo a las diversas fracciones III y VII, conviene referir que a foja cuarenta del expediente natural consta que los actores ofrecieron como documental p�blica el expediente laboral 277/94, radicado en esa Junta, en el que se encontraban incluidos los trabajadores J.O.M., M.G.O. y F.A.M.�a, expediente en el cual la demandada, Ferrocarriles Nacionales de M�xico, reconoci� la relaci�n laboral que exist�a entre los actores y la propia demandada; de igual modo, en la foja cuarenta y uno del expediente de origen, se evidencia que la Junta responsable acord� tener por admitida la citada prueba documental.-Y del laudo reclamado dentro del presente juicio constitucional se desprende que la Junta Especial N�mero Cuarenta y Seis de la Local de C.�n y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Tlaxcala, una vez que estableci� que se fijaba la litis para resolver si los actores ten�an derecho a las prestaciones que reclamaban, o bien como lo afirmaba la demandada no proced�an, porque con ellos no les uni� relaci�n de trabajo alguno, por ende les correspond�a a los actores justificar el nexo de trabajo que fue negado por la empresa, por lo que estableci� respecto de la prueba documental ofrecida por los actores, que el laudo que se dict� en el referido expediente laboral 277/94, hab�a quedado cumplimentado, con ello implicaba una aceptaci�n t�cita de la existencia del elemento distintivo del nexo laboral, entendido �ste como el poder jur�dico de mando como patr�n, correlativo a un deber de obediencia por el trabajador y el pago de un salario como contraprestaci�n por el servicio, lo que se adminiculaba con las diversas probanzas que se ofrecieron al juicio, y ten�an el valor de indicio y hac�an prueba de que efectivamente se justificaba el nexo de trabajo.-En las relacionadas condiciones, es dable mencionar que a pesar de que existe el hecho en que se hace descansar la violaci�n procesal, dado que la Junta admiti� a los terceros perjudicados, como prueba documental, el expediente que se hab�a tramitado ante ella, resulta que no se actualiza dicha violaci�n, puesto que el ofrecimiento de la prueba documental consistente en el expediente laboral 277/94 radicado en esa Junta, fue hecho en tiempo y conforme a derecho, por lo que si al dictar el laudo correspondiente la Junta responsable consider� que con la citada probanza se desprend�a el nexo laboral entre la demandada y los actores trabajadores, y que por ello, ten�a el alcance probatorio esperado por su oferente, fue porque su ofrecimiento y admisi�n en modo alguno fue contrario a la ley.-Esto es as�, porque el art�culo 880 de la Ley Federal del Trabajo, textualmente dispone: ?Art�culo 880. La etapa de ofrecimiento y admisi�n de pruebas se desarrollar� conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecer� sus pruebas en relaci�n con los hechos controvertidos. Inmediatamente despu�s el demandado ofrecer� sus pruebas y podr� objetar las de su contraparte y aqu�l a su vez podr� objetar las del demandado. II. Las partes podr�n ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte; y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestaci�n de la demanda, podr� solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los diez d�as siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deber�n ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del cap�tulo d�cimo segundo, de este t�tulo; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolver� inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche.?.-De lo anteriormente transcrito se desprende que existe carga procesal, tanto para las partes del juicio, como para la Junta del conocimiento; es decir, para las partes del juicio su carga procesal consiste en ofrecer las pruebas que a su derecho corresponda aportando los elementos necesarios para su desahogo; esto es, deben precisar en qu� consiste el medio probatorio ofrecido, sobre qu� deber� versar el mismo (documentos, instalaciones, periodos) y el objeto que se persigue con �ste, mientras que a la Junta responsable le corresponde decidir qu� pruebas son propias para dirimir la litis, tomar las providencias necesarias para que sean desahogadas las admitidas, en su caso relevar de la carga de la prueba a una parte y atribu�rsela a otra, certificar que no existan pruebas pendientes por desahogar y decretar el cierre de la instrucci�n.-Luego, son infundados los argumentos de la quejosa, pues no existe impedimento legal para que las Juntas responsables admitan aquellas pruebas ofrecidas por las partes, como en el caso lo fue otro expediente diverso al del juicio laboral en que se act�a, siempre y cuando se cumplan los requisitos que para tal efecto establece la ley, trat�ndose de documentales, pues si bien el art�culo 795 y dem�s relativos a las pruebas documentales de la Ley Federal del Trabajo, establecen ciertas reglas para su desahogo, y en el diverso 803, se contempla la necesidad de que se acompa�en los documentos que se ofrecen, ello en modo alguno le resta la posibilidad a las partes del ofrecimiento de la probanza en los t�rminos en que se hizo, ni tampoco quiere decir que la Junta responsable haya obrado de motu proprio, al buscar y analizarla, dado que si no se acompa�� dicha probanza, fue por la raz�n de que se dijo que esa documental se encontraba radicado en la propia Junta, y adem�s el mismo precepto legal faculta a las Juntas, que si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, la Junta deber� solicitarlos directamente, lo que quiere decir que si como en el caso, en la Junta se encontraba el expediente que deb�a tener a la vista como prueba, es evidente que si el tribunal obrero al momento de emitir el laudo que se reclama, mencion� que tuvo a la vista el citado expediente laboral ofrecido por los actores, su actuaci�n, en modo alguno resulta violatorio del procedimiento, en atenci�n a la facultad que le confiere la ley obrera, en el sentido de apreciar el material probatorio que se le ofrezca y sea admitido.-Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la tesis de jurisprudencia 11/95, que resolvi� la contradicci�n de tesis 27/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en la p�gina 179, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro dice: ?CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PRESTACIONES DEDUCIDAS DEL. EL TRABAJADOR PUEDE V�LIDAMENTE ACREDITAR SUS T�RMINOS CON CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS AUTORIZADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, INCLUSIVE LA CONFESI�N FICTA, Y NO S�LO CON EL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE.-De los art�culos 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783 y dem�s relativos de la Ley Federal del Trabajo, se deduce que las partes en el juicio laboral pueden v�lidamente ofrecer toda clase de pruebas, con tal de que se refieran a la litis y no sean contrarias a la moral o al derecho, para demostrar los hechos cuya carga les corresponde y que, inclusive, la autoridad tiene facultades para allegarse, de oficio, las que estime pertinentes para acceder a la verdad. Por tanto, cuando el trabajador demanda la efectividad de prestaciones extralegales que se apoyan en un contrato colectivo, pueden probar los t�rminos de �ste, no solamente exhibiendo dicho contrato o las cl�usulas correspondientes, sino tambi�n con cualquier otro elemento probatorio, inclusive con la confesi�n ficta derivada de la incomparecencia del patr�n demandado, si se rinde y aprecia conforme a las disposiciones legales.?.-Sobre la base anterior, se debe decir que en el presente caso, no se actualiz� la violaci�n procesal reclamada, en raz�n a que como se ha precisado con antelaci�n, la responsable, no obstante de que la citada prueba documental ofrecida por los actores, no se acompa�� f�sicamente, ello en modo alguno contravino lo dispuesto en los dispositivos mencionados por los hoy impetrantes de garant�as, por las razones anteriores.-En ese orden de ideas, toda vez que result� infundado el concepto de violaci�n formulado por los impetrantes de garant�as, respecto de la violaci�n a las normas del procedimiento, es necesario efectuar el estudio de los dem�s conceptos de violaci�n que se encuentran orientados a controvertir el fondo del presente asunto.-OCTAVO.-En el segundo concepto de violaci�n, los quejosos aducen esencialmente de que se hizo una indebida apreciaci�n de los hechos, as� como una impropia estimaci�n del material probatorio, que resulta contrario a lo establecido en el art�culo 841 de la Ley Federal del Trabajo, y consecuentemente violatorio de la garant�a de legalidad, pues decide condenarla a pagar las reclamaciones hechas por los accionantes con base en un il�gico e ilegal an�lisis del material probatorio, ya que la documental p�blica ofrecida por los actores, en ning�n momento se acompa��, y al no hacerlo de esa manera no se le pod�a dar valor alguno.-Resulta infundado lo anterior, en virtud de que si bien no precisa en qu� consisti� el material probatorio, tambi�n es cierto que si el tribunal obrero responsable conden� a la hoy quejosa, a pagar las reclamaciones hechas por los accionantes, lo hizo en base al an�lisis del material probatorio que se ofreci� en el juicio de origen, esencialmente, con el valor probatorio que le dio a la documental p�blica consistente en el expediente 277/94, tramitado ante esa propia Junta, con el que se acreditaba el nexo laboral; ello con independencia de que no obre en autos el expediente, pues no exist�a obligaci�n de parte de los accionantes en ofrecer copias, ya sea certificadas o simples del mismo, pues por existir en la propia Junta, el ofrecimiento en los t�rminos en que se hizo, porque se encontraba radicado ante ella, resultaba m�s que suficiente para la admisi�n en los t�rminos propuestos, ya que �sta se ofreci� de la manera siguiente: ?7. La documental p�blica consistente en el expediente laboral 388/95, radicado en esta Junta Especial y que sigue el actor Nicasio D�az M. en contra de Ferrocarriles Nacionales de M�xico, en la que se encuentran incluidos los actores J.O.M., M.G.O. y F.A.M.�a, y en el que Ferrocarriles Nacionales de M�xico reconoci� la relaci�n laboral que existe entre los actores y la propia demandada que absurdamente niega en este juicio; aclarando que el expediente que se ofrece lo es el 277/94, solicitando que de igual manera sea aceptada dicha probanza.? (foja 43 expediente laboral).-Por otra parte, los peticionarios de garant�as aducen que la responsable procede con falta de raz�n al afirmar que las copias simples de recibos aportados como pruebas por los actores, aun cuando no fueron cotejadas con sus originales, adquieren valor adminiculadas con la documental p�blica consistente en el expediente laboral n�mero 277/94, lo que es incorrecto dado que no puede adminicularse una probanza con otra que no figure en autos del juicio; refieren tambi�n que tampoco es correcto el argumento de la responsable, pues al no haberse cotejado las copias simples ofrecidas por los actores, arroj� de manera indebida la carga de la prueba a la demandada para demostrar las objeciones, con lo que contravino, dicen, lo dispuesto por el art�culo 807 de la propia ley laboral; adem�s, indican que los hechos no se apreciaron en conciencia, ni el material probatorio se analiz� con l�gica en el raciocinio, ni se expuso motivo ni fundamento legal en el que la responsable se hubiera apoyado para darles valor legal.-De lo anteriormente planteado, debe decirse que dichos argumentos resultan tambi�n infundados, pues si bien es cierto que dentro del juicio laboral se estableci� que mediante las copias fotost�ticas de los recibos de cobro aportados por los actores, adminiculados con la documental p�blica consistente en el expediente laboral n�mero 277/94, se desprend�a el nexo laboral de los trabajadores J.O.M., M.G.O., F.A.M.�a, R.Z.A. y J.A.�n I.E. P�rez, el hecho de que no se haya acompa�ado el multicitado juicio laboral, en modo alguno indica que no se hayan apreciado los hechos ni se haya dejado de analizar el material probatorio, ni que tampoco se pudiera adminicular �sta, con las otras probanzas, como en el caso lo fueron las copias fotost�ticas de los recibos de pago de los actores; incluso, debe decirse que si no se cotejaron fue por causas imputables a la demandada, porque a decir del actuario que practic� la diligencia de cotejo, en esa diligencia, si bien se le pusieron a la vista listas de raya y recibos de pago, de los a�os de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco, de los que no aparec�an los nombres de los actores, tambi�n lo era que aun cuando no fueron cotejadas con sus originales, pero s� adminiculadas con el expediente 277/94 ten�an valor de indicio y hac�an prueba plena, en tanto no fueran desvirtuadas, y con mayor raz�n resultaban tener eficacia probatoria, pues pese a que fueron objetadas por la demandada, y tampoco se cotejaron con sus originales, tambi�n era cierto que compet�a a la demandada la carga de la prueba de su objeci�n, aspecto que no se cumpli�, de all� que sea inexacto se viole lo dispuesto en el art�culo 807 de la ley laboral, por lo que con independencia de ello, trat�ndose de prestaciones extralegales, corresponde la carga de la prueba a la parte trabajadora, es evidente entonces que aqu�llos s� acreditaron tales extremos, y por ende la carga de la prueba de su pago correspond�a legalmente a la demandada, aqu� cabe advertir que deviene inoperante la alegaci�n de la quejosa en el sentido de que no fue correcto que la autoridad, frente a la falta del cotejo de las copias simples ofrecidas por los actores, le arrojara la carga de la prueba a la demandada, en franca contravenci�n a lo dispuesto por el art�culo 807 de la ley laboral, pues la impetrante del amparo olvida cuestionar el argumento toral que adujo la Junta para ello, a saber, que las referidas copias simples conten�an en su parte superior izquierda el nombre de la empresa, en la parte superior derecha el n�mero de recibo, enseguida el nombre del actor, su registro federal de causantes, su antig�edad, el mes a que se refiere el pago, as� como las percepciones y deducciones, de modo que en ese caso, dijo la Junta, correspond�a al patr�n probar la causa de su objeci�n y demostrarla, se�alando alg�n vicio que la invalidara, previa su justificaci�n, y resulta que acerca de estas consideraciones nada dijo la quejosa en la demanda; de all� que aqu�llas deban permanecer inalterables, dado que no es posible emprender la suplencia de la queja por no permitirlo el art�culo 76 bis de la ley de la materia.-Es de se�alarse, por otro lado, que si bien le asiste raz�n a la amparista en el sentido de que la Junta, en el laudo reclamado, no expres� razones ni fundamento legal para darle valor a la documental p�blica, a nada pr�ctico conducir�a conceder el amparo y protecci�n solicitado, para el �nico efecto de que la Junta responsable expresara los motivos por los que las referidas documentales tienen valor, ya que esto en nada variar�a el sentido del fallo.

TERCERO

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 116/95, promovido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Aut�noma de Puebla, concedi� el amparo al quejoso, con apoyo en las consideraciones que en el caso importa destacar, las cuales a continuaci�n se transcriben:

QUINTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violaci�n.-En el primero y parte del sexto de dichos conceptos, el sindicato quejoso hace valer una violaci�n al procedimiento laboral de origen, argumentando que el acuerdo de trece de enero de mil novecientos noventa y cinco, por el cual la Junta responsable admiti� entre otras pruebas, la documentalp�blica ofrecida por los actores tambi�n como instrumental de actuaciones, relativa al expediente de registro 4/980, infringe lo dispuesto por los art�culos 780 y 803 de la Ley Federal del Trabajo, dado que dej� sin defensa al quejoso porque se admiti� sin que los actores aportaran los elementos esenciales para su desahogo y trascendi� al resultado del fallo, porque el laudo reclamado se apoy� en esas constancias. Tambi�n sostiene que las partes deben exhibir los documentos que ofrezcan como pruebas, lo que en el caso no hicieron los actores, sino que �nicamente solicitaron que al momento de resolver se tuviera a la vista el expediente 4/980, relativo al registro del sindicato demandado, ahora quejoso, a pesar de que ning�n precepto autoriza esa pr�ctica de ?tener a la vista al momento de laudar? y por el contrario, el art�culo 803 invocado, establece la carga de las partes de acompa�ar esos documentos. Agrega que la responsable hizo caso omiso de sus objeciones y que aun cuando la parte actora hubiera ofrecido la documental de que se trata como instrumental de actuaciones, debe tenerse en cuenta que seg�n el art�culo 836 de la ley de la materia, las Juntas est�n obligadas a tomar en cuenta s�lo las actuaciones que obran en el expediente del juicio; en apoyo de esas aseveraciones invoc� la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: ?PRUEBA DOCUMENTAL, DESECHAMIENTO DE LA.?.-De lo anterior se desprende que el hecho alegado por el sindicato quejoso, efectivamente encuadra en lo dispuesto por el art�culo 159 fracci�n XI de la Ley de Amparo, en relaci�n con la fracci�n III de esa misma disposici�n legal, en virtud de que a decir del sindicato aludido se admitieron pruebas de su contraria con infracci�n de la ley, por lo que, al tratarse de uno de los supuestos en que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, procede por raz�n de orden, entrar a su an�lisis en primer lugar.-Sobre el tema en cuesti�n, cabe se�alar que el art�culo 776 de la Ley Federal del Trabajo, establece que en el procedimiento laboral son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial la documental.-El art�culo 780 del mismo ordenamiento legal, indica que las pruebas se ofrecer�n acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo.-A su vez, el art�culo 803 de la ley de la materia, precisa que cada parte exhibir� los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos y que si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, la Junta deber� solicitarlos directamente. El art�culo 806 se�ala que siempre que uno de los litigantes pida copia o testimonio de un documento, pieza o expediente que obre en las oficinas p�blicas, la parte contraria tendr� derecho de que a su costa, se adicione con lo que crea conducente. El art�culo 807 establece que los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, ser�n objeto de cotejo o compulsa a solicitud de la oferente, por conducto del actuario; y que para que proceda la compulsa o cotejo, deber� exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, copia del documento que por este medio deba ser perfeccionado.-Finalmente, el art�culo 835 establece que la instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente formado con motivo del juicio, y el siguiente art�culo 836, precisa que la Junta estar� obligada a tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente del juicio.-Del an�lisis e interpretaci�n de las disposiciones legales de referencia, se llega a la convicci�n de que en el procedimiento laboral corresponde a las partes ofrecer las pruebas que a su inter�s convenga; y espec�ficamente trat�ndose de la documental, los interesados tienen la carga de allegar a la Junta las constancias respectivas, es decir, deben gestionar ante la autoridad que f�sicamente las tenga en su poder y no corresponde a las Juntas de C.�n, recabar pruebas que ofrezcan las partes, salvo en los casos y con las condiciones se�aladas en la propia ley; concretamente, el art�culo 803 referido establece que las partes han de exhibir los documentos u objetos que ofrezcan como pruebas para que obren en autos y seg�n se vio, si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, en tal caso, la Junta los solicitar� directamente; adem�s, el diverso art�culo 807 del mismo ordenamiento establece que los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren entre otros, en poder de autoridades, ser�n objeto de cotejo o compulsa a solicitud del oferente, para lo cual deber� exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, copia de los documentos que por ese medio puedan ser perfeccionados y por �ltimo, los citados art�culos 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo, se�alan que la prueba denominada instrumental de actuaciones, es precisamente el conjunto de actuaciones que obran en el expediente formado con motivo del juicio respecto de lo cual la Junta tiene obligaci�n de tomar en cuenta.-As� las cosas y toda vez que en ninguno de los art�culos de referencia se alude al supuesto en que alguna de las partes ofrezca como pruebas la documental p�blica o instrumental de actuaciones, relativa a un diverso expediente que obre ante la misma Junta del conocimiento, debe concluirse que el interesado debi� sujetarse a la regla general prevista en las disposiciones antes relatadas, esto es, solicitar la expedici�n de copias certificadas a efecto de que de admitirse formaran parte del expediente integrado con motivo del juicio, o bien que exhibiera copias simples solicitando el cotejo, o por lo menos exhibiera copia sellada del escrito por el que hubiera solicitado la expedici�n de tales copias, para que en el supuesto de que no le fueran entregadas o de que tuviera imposibilidad para recabarlas, fuera la propia Junta quien lo hiciera mandando expedirlas en t�rminos del art�culo 803 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, la raz�n fundamental por la que se considera que el legislador plasm� en la Ley Federal del Trabajo, un cap�tulo en donde se enumeran las pruebas, se fijan las bases para su admisi�n, desechamiento, forma de aportarse, desahogo y perfeccionamiento de algunas en caso de incumplirse con lo ah� establecido, es precisamente para que las partes que intervengan en un conflicto laboral y ofrezcan medios de convicci�n, satisfagan esos extremos y la Junta pueda constatar su observancia, pues de no ser as�, debe desecharlas.-En el caso, como bien lo alega el sindicato quejoso, en la etapa de ofrecimiento y admisi�n de pruebas, los actores ofrecieron, entre otras, la documental p�blica que se hizo consistir en el expediente 4/980, relativo al registro del sindicato demandado y solicitaron se tuviera a la vista al momento de resolver. Pero no cumplieron con la carga de exhibir, al menos en copia, las constancias integrantes de ese expediente. Y si bien esta probanza se ofreci� tambi�n como instrumental de actuaciones (foja catorce) sin embargo, omitieron aportar a la Junta del conocimiento los elementos necesarios para su desahogo, puesto que no exhibieron las copias certificadas correspondientes ni copias simples de las actuaciones de ese expediente, para que a solicitud del propio interesado se llevara a cabo la compulsa o cotejo, todo ello con la finalidad de que las constancias de ese expediente 4/980, se agregaran al expediente del inicio y as� pudieran ser tomadas en cuenta como instrumental de actuaciones.-Dicho de otro modo, ninguna disposici�n de la Ley Federal del Trabajo, faculta a las Juntas de C.�n y Arbitraje a traer a la vista documentos no exhibidos por las partes, o no recabados en t�rminos del art�culo 803 de la Ley Federal del Trabajo; por el contrario las disposiciones legales citadas con anterioridad permiten establecer que los documentos que como medios de prueba ofrezcan las partes, deben encontrarse agregados al expediente del juicio, pues es claro que el tribunal del conocimiento no pueda resolver con base en constancias o documentos que �nicamente se puedan tener a la vista en el momento de dictar el fallo respectivo, dado que toda prueba y principalmente la documental, debe desahogarse integr�ndose al expediente del juicio, al cual tiene que glosarse.-De acuerdo con lo anterior, la admisi�n de la prueba documental a que se ha venido haciendo referencia, que la Junta responsable acord� mediante prove�do de trece de enero de mil novecientos noventa y cinco, resulta ilegal porque como se ha demostrado con antelaci�n, la parte oferente no proporcion� los elementos necesarios para su desahogo en t�rminos del art�culo 780 de la Ley Federal del Trabajo; y esta circunstancia constituye una violaci�n al procedimiento que dej� al sindicato demandado hoy quejoso en estado de indefensi�n, porque qued� imposibilitado para objetar los documentos mencionados por la parte oferente en forma gen�rica, tal como lo extern� la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis jurisprudencial visible en la p�gina 23 del Volumen 90, Quinta Parte de la S�ptima �poca, que dice: ?PRUEBA DOCUMENTAL, DESECHAMIENTO DE LA.-Las fracciones IV y V del art�culo 760 de la Ley Federal del Trabajo precept�an que las pruebas al ofrecerse deber�n acompa�arse de los elementos necesarios para su desahogo; que el oferente exhibir� desde luego los documentos ofrecidos y que si se trata de informes o copias que debe expedir alguna autoridad, el oferente est� obligado a indicar los motivos que le impiden obtenerlos directamente. Por lo anterior, quien ofrece una prueba documental le corresponde exhibir los documentos a los cuales tiene acceso; pretender lo contrario, ser�a tanto como dejar a la contraparte en estado de indefensi�n, porque estar�a imposibilitada para objetar las documentales mencionadas por el oferente en forma gen�rica. Por tanto, el desechamiento que la Junta haga de dicha documental, acordado al finalizar la audiencia de ofrecimiento, no es violatorio de garant�as individuales.?.-Nota: El art�culo 760 a que alude esta tesis, corresponde actualmente al art�culo 780 de la Ley Federal del Trabajo.-Lo antes considerado, es suficiente para conceder el amparo solicitado en los t�rminos y para los efectos que m�s adelante se precisar�n, lo cual a su vez hace innecesario el estudio de todas las dem�s cuestiones de fondo, porque ser�n materia del an�lisis en el nuevo laudo que la Junta responsable deber� pronunciar en cumplimiento de esta ejecutoria. Sobre este aspecto es aplicable la jurisprudencia 183 de este Tribunal Colegiado, que dice: ?CONCEPTO DE VIOLACI�N FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEM�S.-Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violaci�n, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resoluci�n que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los dem�s conceptos de violaci�n expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuesti�n propuesta, porque los mismos ser�n objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituir�a a la responsable, siendo que dicho an�lisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicci�n.?.-En las condiciones anteriores, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento a partir del auto de trece de enero de mil novecientos noventa y cinco, en el cual deber� desechar la prueba documental ofrecida por los actores consistente en la documental p�blica relativa al expediente 4/980, por las razones expresadas en esta resoluci�n y previos los dem�s tr�mites legales correspondientes, dicte el laudo que en derecho corresponda, con plenitud de jurisdicci�n.

CUARTO

El an�lisis de las ejecutorias que han quedado transcritas pone de manifiesto que, en el caso, se da la contradicci�n de tesis denunciada, en cuanto al ofrecimiento y admisi�n de la prueba documental consistente en diverso expediente radicado ante la propia Junta responsable.

Lo anterior es as�, en virtud de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 726/97, en lo sustancial sustent� el criterio de que el ofrecimiento de la prueba documental consistente en el expediente 277/94 radicado ante la propia Junta responsable fue hecho en tiempo y conforme a derecho, adem�s de que no existe impedimento legal para su admisi�n, pues aunque los art�culos 795, 803 y dem�s relativos al ofrecimiento de las pruebas documentales establecen determinadas reglas que deben observarse, ello de ning�n modo le resta posibilidad a las partes acerca del ofrecimiento de la probanza en los t�rminos en que se hizo, toda vez que no obstante de que la documental no se acompa�� f�sicamente, no existe impedimento legal para que la Junta responsable admita dicha prueba, m�xime cuando el expediente se encontraba a la vista de la propia Junta.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 116/95, consider� sobre la misma cuesti�n que del an�lisis de los art�culos 776, 780, 803, 806, 807, 835 y 836, se llega al convencimiento de que en el procedimiento laboral, corresponde a las partes ofrecer las pruebas que a su inter�s convengan, y que trat�ndose de la documental, el oferente tiene la carga de allegar a la Junta las constancias respectivas, por lo que si en ninguno de los citados art�culos se alude al supuesto de que alguna de las partes ofrezca como pruebas la documental p�blica o instrumental de actuaciones relativa a un diverso expediente que obre ante la misma Junta, debe concluirse que el oferente de la prueba debi� sujetarse a la regla general prevista en las mencionadas disposiciones legales, o sea, solicitar la expedici�n de copias certificadas a fin de que, de admitirse, formen parte del expediente en que act�e, o bien, la copia sellada de lo solicitado, o exhibir copias simples solicitando el cotejo, ya que lo dispuesto por el legislador es precisamente para que las partes que intervengan en un conflicto laboral y ofrezcan pruebas, satisfagan los extremos legales.

De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que existe la contradicci�n de tesis denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos juicios, examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, adoptando criterios jur�dicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones jur�dicas de los mismos elementos de conocimiento.

Sirve de apoyo a la anterior conclusi�n, la jurisprudencia n�mero 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero cincuenta y ocho, octubre de 1992, p�gina veintid�s, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

QUINTO

Visto lo anterior, esta Segunda Sala procede a dilucidar cu�l es el criterio que debe prevalecer en torno al ofrecimiento y admisi�n de la prueba consistente en diverso expediente que obra ante la misma Junta que conoce de la controversia laboral.

Para lo anterior es preciso realizar un examen comparativo entre las disposiciones que regulan el ofrecimiento, admisi�n y desahogo de una prueba de esa naturaleza.

En relaci�n con el ofrecimiento, admisi�n y desahogo de las pruebas en el juicio laboral, debe se�alarse que con fecha primero de mayo de 1980 entr� en vigor una serie de reformas de naturaleza procesal que tuvieron como antecedente la exposici�n de motivos a trav�s de la cual se consignaron los principios que deben prevalecer en una controversia de esa naturaleza, de la cual s�lo deben destacarse los siguientes puntos:

Se acent�an los principios de oralidad e inmediatez que generalmente se encuentran estrictamente vinculados. Su origen en realidad es muy antiguo y solamente la compleja evoluci�n de los procedimientos civiles y mercantiles en los �ltimos siglos, hizo prevalecer marcadamente la t�ctica escrita y el relativo distanciamiento entre los juzgadores y las partes. Desde luego que ning�n sistema es puramente oral o escrito; pero en cualquier caso es un hecho nacional e internacionalmente admitido, que en el proceso laboral debe predominar la oralidad e inmediatez, ya que tales principios simplifican el curso de los juicios y permiten a los tribunales apreciar mejor los razonamientos de las partes y el valor real de las pruebas desahogadas. Sin embargo, del sistema mixto se conserva todo aquello conveniente para dar firmeza a la secuela del procedimiento y para que, en el caso de impugnaci�n de las resoluciones por la v�a de amparo, los tribunales competentes dispongan de expedientes bien integrados, lo cual les permita conocer claramente el desarrollo del proceso.-Las Juntas de C.�n y Arbitraje tendr�n la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso. Estos principios se encuentran relacionados con los de oralidad e inmediatez, aun cuando no pueden considerarse como equivalentes.-El procedimiento predominantemente escrito tiende a desarrollarse con lentitud y en m�ltiples etapas, lo que puede propiciar el considerable alargamiento de los juicios. Por esta causa, la iniciativa propicia la econom�a procesal y la concentraci�n en el menor n�mero de actos de las diligencias que deban practicarse, todo ello sin menoscabo de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.-Se establece que las Juntas deber�n dictar sus resoluciones en conciencia, subsanando la demanda deficiente del trabajador en los t�rminos previstos en la ley. En la disposici�n relativa se involucran dos importantes principios procedimentales que ameritan un comentario: los de libre apreciaci�n de las pruebas y de igualdad de las partes en juicio.-Los sistemas de valuaci�n de las pruebas han sufrido numerosos cambios en la historia del derecho; entre dichos cambios se encuentran la apreciaci�n de las pruebas en conciencia y el determinar un valor preestablecido para cada prueba desahogada, cumpliendo con las formalidades legales se�aladas en los ordenamientos respectivos.-Es l�gico que los procedimientos laborales impregnados de alto contenido social, conviertan el proceso en una secuencia de actos de car�cter participativo, en que todos aquellos que intervienen deben buscar no tanto una verdad formal, basada en pruebas estrictamente tasadas, sino un aut�ntico acercamiento a la realidad, de manera que al impartirse justicia en cada caso concreto, se inspire plena confianza a las partes en conflicto y, lo que es m�s importante a�n, se contribuya a mantener la paz social y la estabilidad de las fuentes de trabajo. Por esta raz�n en la iniciativa se conserva el sistema adoptado en el derechodel trabajo mexicano el que se fortalece y refuerza, a trav�s de un sistema probatorio que facilita a las Juntas la libre apreciaci�n de las pruebas ofrecidas y examinadas durante el juicio, ya que �stas se han rendido en la forma m�s completa posible, con base en un articulado que evita las lagunas, ante las cuales con frecuencia los tribunales se ve�an obligados a no tomar en cuenta en los laudos hechos que podr�an influir considerablemente en su contenido.-La igualdad de las partes en el proceso es un importante principio jur�dico que se conserva a trav�s del articulado propuesto. Pero esta declaraci�n no ser�a suficiente, si al mismo tiempo no se hicieran los ajustes necesarios, que la experiencia de los tribunales sugiere, con el prop�sito de equilibrar realmente la situaci�n de las partes en el proceso, de manera particular subsanando, en su caso, la demanda deficiente del trabajador para evitar que, por incurrirse en ella en alguna falla t�cnica con base en la ley y sus reglamentos, el actor perdiera derechos adquiridos durante la prestaci�n de sus servicios, los que tal vez constituyen la mayor parte de su patrimonio, o bien la posibilidad de ser reinstalado en su trabajo y continuar laborando donde mejor pueda desempe�arse.-Se faculta a las Juntas para corregir cualquier irregularidad u omisi�n que encontraren en el proceso, para el efecto de regular el procedimiento; esta atribuci�n, cuyo ejercicio puede ser de indudable utilidad para lograr que el procedimiento se desenvuelva en todas sus fases ajust�ndose al cause que le se�alen los preceptos legales, no lesiona los principios de seguridad e igualdad de las partes, pues el art�culo 686 dispone que al actuar de este modo, las Juntas no podr�n revocar sus propias resoluciones; adem�s la regularidad y buena marcha del proceso es un beneficio de todas las partes y no de alguna de ellas en particular.-Se establece tambi�n en el cap�tulo correspondiente a los principios procesales, que en las actuaciones no se exigir� forma determinada; tal disposici�n se encuentra en armon�a con la sencillez que debe caracterizar al proceso del trabajo. Sin embargo el desterrar cierta solemnidad y rigidez en el procedimiento, no implica que �ste se desarrolle en forma an�rquica y superficial. Los tribunales son �rganos integrados por conocedores del derecho, y las partes en cualquier caso deben ajustarse a las normas que rigen el curso de los juicios laborales, desde la demanda hasta el laudo que resuelva el conflicto, por lo que tendr�n que llenar un m�nimo de requisitos legales que dar�n unidad y congruencia a todo el procedimiento.

Los anteriores principios que sustentan la relatada exposici�n de motivos no pueden ser absolutos; al contrario, deben entenderse y aplicarse en forma ponderada, pues a lo largo de la aplicaci�n de las normas procesales sobre el ofrecimiento y admisi�n de las pruebas van apareciendo importantes caracter�sticas, entre las cuales pueden citarse, en principio, las reglas generales que contienen los art�culos 777, 778, 779, 780 y 782 que disponen:

"Art�culo 777. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes."

"Art�culo 778. Las pruebas deber�n ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos."

"Art�culo 779. La Junta desechar� aquellas pruebas que no tengan relaci�n con la litis planteada o resulten in�tiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello."

"Art�culo 780. Las pruebas se ofrecer�n acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo."

"Art�culo 782. La Junta podr� ordenar con citaci�n de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerir� a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate."

De lo anterior se infiere que, en general, las pruebas documentales deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes, ofrecerse en la misma audiencia, con la salvedad de que se refieran a hechos supervenientes, y de que las pruebas se acompa�ar�n de todos los elementos necesarios para su desahogo; en consecuencia, la Junta desechar�, en principio, las que no se ofrezcan en la audiencia; asimismo, aquellas que no tengan relaci�n con la litis planteada o resulten in�tiles o intrascendentes, o bien, aquellas que se ofrezcan sin acompa�ar los elementos necesarios para su desahogo.

El ofrecimiento de pruebas, por tanto, debe cumplir con determinados requisitos, que fundamentalmente atienden a la relaci�n de las pruebas con los hechos, a la oportunidad con que deben ser ofrecidas, as� como a la posibilidad de su desahogo.

As�, una primera regla o requisito previsto en el art�culo 777 es la que obliga al oferente a que las pruebas documentales sean referidas a los hechos controvertidos que se deben de acreditar, pues se da la necesidad de que entre la prueba y su objeto haya una estrecha relaci�n, a efecto de que sea �til a la Junta al resolver el conflicto de que se trate.

En cuanto a la oportunidad en el ofrecimiento de las pruebas, incluyendo las documentales p�blicas, el oferente, como lo previene el art�culo 778, debe ofrecerlas en la misma audiencia, salvo que se refieran a hechos supervenientes. Esta regla no es absoluta desde luego, pues con arreglo a lo dispuesto por el art�culo 872 de la Ley Federal del Trabajo, el actor con su escrito inicial de demanda puede acompa�ar las pruebas que considere pertinentes.

Otra regla que tambi�n importa destacar es la contenida en el art�culo 780 del mismo ordenamiento que se�ala que las pruebas se ofrecer�n acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo, lo que implica que si la prueba en s� misma no es suficiente, deben acompa�arse todos los elementos que fueren necesarios para su desahogo, como en el caso del ofrecimiento de la prueba confesional y testimonial, a las que deber� acompa�arse el pliego de posiciones o el interrogatorio respectivo, o bien, cuando se trate del ofrecimiento de un documento en idioma extranjero, al que debe acompa�arse su correspondiente traducci�n.

Asimismo, es de importancia se�alar que la Junta tiene la facultad de ordenar, con citaci�n de las partes, el examen de documentos, o bien, su reconocimiento por actuarios y peritos, as� como para practicar todas las diligencias que sean necesarias para el total esclarecimiento de la verdad.

Como se advierte, es incuestionable que en estricto rigor, en cada uno de los preceptos legales que han quedado transcritos se establecen reglas generales que el oferente debe observar al ofrecer una prueba documental, pues de lo contrario no le ser� admitida por la autoridad juzgadora.

Ahora bien, sobre el ofrecimiento de una prueba documental p�blica, tambi�n importa destacar lo que en forma espec�fica y en relaci�n con este medio probatorio, disponen los art�culos 795, 796, 797 a 801, 803, 806, 807, 810, 811 y 812, comprendidos en la secci�n tercera, "De las documentales", del cap�tulo XII, "De las pruebas", todos de la Ley Federal de Trabajo.

"Art�culo 795. Son documentos p�blicos aquellos cuya formulaci�n est� encomendada por la ley a un funcionario investido de fe p�blica, as� como los que expida en ejercicio de sus funciones.-Los documentos p�blicos expedidos por las autoridades de la Federaci�n, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, har�n fe en el juicio sin necesidad de legalizaci�n."

"Art�culo 796. Son documentos privados los que no re�nen las condiciones previstas por el art�culo anterior."

"Art�culo 797. Los originales de los documentos privados se presentar�n por la parte oferente que los tenga en su poder; si �stos se objetan en cuanto a contenido y firma, se dejar�n en autos hasta su perfeccionamiento; en caso de no ser objetados, la oferente podr� solicitar la devoluci�n del original, previa copia certificada en autos."

"Art�culo 798. Si el documento privado consiste en copia simple o fotost�tica se podr� solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original; para este efecto, la parte oferente deber� precisar el lugar donde el documento original se encuentre."

"Art�culo 799. Si el documento original sobre el que deba practicarse el cotejo o compulsa se encuentra en poder de un tercero, �ste estar� obligado a exhibirlo."

"Art�culo 800. Cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio, resulta impugnado, deber� ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual deber� ser citado en los t�rminos de la fracci�n VII del art�culo 742 de esta ley. ..."

"Art�culo 801. Los interesados presentar�n los originales de los documentos privados y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, exhibir�n copia para que se compulse la parte que se�alen, indicando el lugar en donde �stos se encuentren."

"Art�culo 803. Cada parte exhibir� los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes, o copias, que deba expedir alguna autoridad, la Junta deber� solicitarlos directamente."

"Art�culo 806. Siempre que uno de los litigantes pida copia o testimonio de un documento, pieza o expediente que obre en las oficinas p�blicas, la parte contraria tendr� derecho de que, a su costa, se adicione con lo que crea conducente del mismo documento, pieza o expediente."

"Art�culo 807. Los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, ser�n objeto de cotejo, o compulsa, a solicitud de la oferente, por conducto del actuario.-Los documentos existentes en lugar distinto del de la residencia de la Junta, que se encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados en el p�rrafo anterior, se cotejar�n o compulsar�n a solicitud del oferente, mediante exhorto dirigido a la autoridad que corresponda.-Para que proceda la compulsa o cotejo, deber� exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, copia del documento que por este medio deba ser perfeccionado."

"Art�culo 810. Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las reglas procedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deber� ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron, siempre y cuando as� se haya ofrecido."

"Art�culo 811. Si se objeta la autenticidad de alg�n documento en cuanto a contenido, firma o huella digital; las partes podr�n ofrecer pruebas con respecto a las objeciones, las que se recibir�n, si fueren procedentes, en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el art�culo 884 de esta ley."

Art�culo 812. Cuando los documentos p�blicos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, s�lo prueban que las mismas fueron hechas ante la autoridad que expidi� el documento.-Las declaraciones o manifestaciones de que se trate prueban contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas.

De la lectura de las transcritas disposiciones legales se desprende, en lo esencial, que la ley de la materia establece diversas formas de llevar a cabo el ofrecimiento de una prueba documental p�blica, como se ver� a continuaci�n.

1) Es factible ofrecer la prueba documental p�blica, exhibiendo copia certificada por funcionario investido de fe p�blica, del documento de que se trate.

2) Si el documento se exhibe en copia simple o fotost�tica, el oferente deber� solicitar la compulsa o cotejo con el original, y precisar el lugar donde �ste se encuentre, a fin de perfeccionar la prueba.

3) Si se trata de un documento que obra en las oficinas p�blicas, el oferente exhibir� el documento respectivo por el cual pidi� copia o testimonio del que ofrece como prueba, a fin de que si no le ha sido expedido al momento del ofrecimiento, la Junta lo solicite directamente.

4) Si se tratara de un documento existente en el lugar del juicio, pero en poder de la contraparte, autoridades o terceros, el oferente, al exhibir copia del documento, solicitar� el cotejo o compulsa de �ste, por conducto del actuario, y si se trata de documentos existentes en lugar distinto al en que se lleva el juicio, el cotejo o compulsa, se solicitar� mediante exhorto dirigido a la autoridad que corresponda.

Los anteriores preceptos legales llevan a considerar que la raz�n fundamental por la cual el legislador plasm� en la Ley Federal del Trabajo un cap�tulo espec�fico en donde se enumeran las pruebas, se fijan las bases para su ofrecimiento y admisi�n, desechamiento, forma de aportarlas, desahogo y perfeccionamiento de algunas de ellas, es precisamente para que las partes que intervengan en un conflicto laboral y ofrezcan medios de convicci�n, satisfagan esos extremos y la Junta pueda constatar su observancia.

Ahora bien, las anteriores disposiciones no deben entenderse de manera absoluta, pues desde otro punto de vista tambi�n hay que atender a otros principios o reglas generales que en el caso adquieren relevancia en cuanto al ofrecimiento y admisi�n de una prueba documental p�blica.

Es decir, no hay que olvidar que respecto del ofrecimiento, admisi�n y desahogo de una prueba documental, tambi�n existen en la ley laboral determinados principios procesales tendientes a la sencillez del proceso laboral que igualmente hay que atender y que en rigor obligan a la Junta a dejar a un lado determinados requisitos y formalismos a fin de conocer la verdad de los hechos, con tal de que se guarde la equidad entre las partes durante el proceso.

As�, frente a las anteriores disposiciones legales que de manera espec�fica regulan las diversas formas de c�mo debe ofrecerse una prueba documental, importa destacar que tambi�n existen en la misma Ley Federal del Trabajo, reglas generales de naturaleza procesal que igualmente deben observarse trat�ndose del ofrecimiento de esa probanza, que se manifiestan a trav�s de los siguientes principios:

"Art�culo 685. El proceso del derecho del trabajo ser� p�blico, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciar� a instancia de parte. Las Juntas tendr�n la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso. ..."

"Art�culo 687. En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no se exigir� forma determinada; pero las partes deber�n precisar los puntos petitorios."

Art�culo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: I. Confesional; II. Documental; III. Testimonial; IV. Pericial; V.I.�n; VI. Presuncional; VII. Instrumental de actuaciones; y VIII. F.�as y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia.

Lo anterior quiere decir que son aceptables todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral o al derecho, lo que indica que pueden aportarse y son admisibles algunos otros medios de prueba que sean diferentes a los que se enumeran en este precepto; tanto es as� que como regla general tambi�n se establecieron en la Ley Federal del Trabajo, las siguientes disposiciones:

"Art�culo 782. La Junta podr� ordenar con citaci�n de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerir� a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate."

"Art�culo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, est� obligada a aportarlos, cuando sea requerida por la Junta de C.�n o de C.�n y Arbitraje."

Como se observa, independientemente de las reglas espec�ficas respecto del ofrecimiento, admisi�n y desahogo de la prueba documental, el legislador, previendo la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso, tambi�n dispuso en el art�culo 782, como regla general, que las partes interesadas en el juicio laboral tienen el derecho de ofrecer la prueba documental p�blica a trav�s del "examen de documentos", objetos y lugares, que soliciten, o bien, su reconocimiento por actuarios o peritos, de ah� que la Junta se encuentre facultada para ordenar, con citaci�n de las partes, el examen correspondiente o el reconocimiento del documento o documentos que se ofrezcan como pruebas, o bien, requerir a otra autoridad o persona ajena al juicio a fin de que aporten aquellos documentos que tengan en su poder.

La interpretaci�n sistem�tica de los preceptos transcritos lleva a considerar que si bien es verdad que corre a cargo del oferente de la prueba satisfacer determinados requisitos, tambi�n lo es que un procedimiento como el laboral, que se rige por principios de buena fe y sencillez, no puede ser tan r�gido y estricto que llegue al extremo de impedir el acceso a las actuaciones de un diverso juicio que se encuentra radicado ante la misma Junta, cuando haya sido ofrecido como prueba, porque debe entenderse que con arreglo a lo dispuesto en los art�culos 685, 687, 776, 782 y 783 de la misma Ley Federal del Trabajo, la Junta se encuentra facultada para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso, que comprende el ofrecimiento y admisi�n de una prueba documental p�blica, sin exigir mayores reglas o formulismos cuando el desahogo de la misma lo permita, m�xime cuando la misma ley prev� que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, pero siempre que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento; de ah� que la propia ley laboral le d� facultades a la Junta para poder ordenar el examen de documentos, objetos y lugares y, en general, practicar todas las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad, pues si una autoridad ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad est� obligada a aportarlos, con mayor raz�n la Junta que conoce del juicio laboral que tiene conocimiento de la existencia de diverso expediente que fue ofrecido como prueba documental p�blica y que se encuentra a la vista al estar radicado y registrado en sus archivos, pues lo previsto y regulado en los art�culos 797 a 801, 803, 806, 807 y 810 al 812, de la ley laboral no debe interpretarse de manera tan r�gida que pudiera afectar las defensas de las partes e impedir la oportunidad que tienen las Juntas para allegarse las pruebas que les conduzcan a la verdad, pero sin menoscabo del principio de igualdad procesal de las partes en el juicio.

Las Juntas de C.�n y Arbitraje tienen la obligaci�n de adoptar las medidas que fueren necesarias a fin de lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso laboral a trav�s del menor n�mero de actos o diligencias, pero sin menoscabo de que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, concretadas en la hip�tesis examinada, en el principio de igualdad de las partes en el proceso con la finalidad de equilibrar realmente la situaci�n procesal de cada una de ellas en el juicio laboral; de ah� que en el caso del numeral 782 de la Ley Federal del Trabajo se disponga que "La Junta podr� ordenar con citaci�n de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerir� a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate.", lo que quiere decir que si la Juntapuede ordenar, con citaci�n de las partes el examen de documentos que puede consistir en la revisi�n de diverso expediente que obra en los archivos de la misma autoridad juzgadora, es porque la misma ley autoriza diversa forma de ofrecer una prueba documental p�blica, sin la necesidad de sujetarse a mayores reglas o formulismos sobre el ofrecimiento y admisi�n de esa prueba.

Como se observa, si bien la autoridad juzgadora tiene la facultad de poder ordenar el examen de documentos, objetos y lugares, tambi�n lo es que al admitir la prueba documental p�blica que lleve el prop�sito de examinar diverso expediente, la misma ley ordena que debe hacerse con citaci�n de las partes, precisamente para no lesionar los principios de seguridad e igualdad de las interesadas, pues tanto las Juntas de C.�n y Arbitraje como las partes deben ajustarse a los principios que regulan el curso de los juicios laborales, desde el inicio de �stos hasta el dictado del laudo que en definitiva resuelva el conflicto; por consiguiente, el ofrecimiento y la admisi�n de una prueba documental p�blica consistente en el examen de un expediente que obra en los archivos de la misma Junta, es factible, s�, pero siempre que se satisfagan los requisitos legales m�nimos establecidos en la ley, a efecto de que impere la equidad procesal en beneficio de las partes contendientes y no en favor de alguna de ellas.

Atento a todo lo manifestado, esta Segunda Sala establece, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, que debe prevalecer el criterio de este �rgano jurisdiccional, el cual queda redactado con el siguiente texto y rubro:

DOCUMENTAL P�BLICA CONSISTENTE EN EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA MISMA JUNTA QUE CONOCE DEL ASUNTO. SU OFRECIMIENTO Y ADMISI�N DEBEN SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOM�A Y SENCILLEZ DEL PROCESO.-Los art�culos del 795 al 801, 803, 806, 807 y del 810 al 812, de la Ley Federal del Trabajo, establecen diversas formas espec�ficas y requisitos relacionados con el ofrecimiento y admisi�n de la prueba documental p�blica en una controversia laboral, que deben cumplirse. No obstante, de la interpretaci�n l�gica y sistem�tica de lo dispuesto por los art�culos 685, 687, 776, 782 y 783 de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que por regla general la Junta de C.�n y Arbitraje tiene la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso laboral, en las que quedan comprendidos los requisitos y forma determinada respecto del ofrecimiento y admisi�n de una prueba documental p�blica, consistente en las actuaciones contenidas en diverso juicio, cuyo expediente obra en los archivos de la misma Junta, pues si la ley le concede la facultad de poder ordenar el examen de documentos, objetos y lugares y, en general, para practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad, es porque las partes interesadas tienen el derecho de ofrecer el examen de documentos que puede consistir en la revisi�n de un diverso expediente relativo a distinto juicio, m�xime si dicha prueba no es contraria a la moral o al derecho, tiene relaci�n con los hechos controvertidos y fue ofrecida en la audiencia. Por consiguiente, aun cuando el oferente de la prueba no hubiera acompa�ado copia certificada de esas actuaciones, o bien, copias simples de las mismas, pidiendo el cotejo o compulsa, la Junta tiene la facultad de poder ordenar, con citaci�n de las partes, el examen de aquellos documentos que tenga a la vista, si �sta es apta para el esclarecimiento de la verdad; de ah� que si el ofrecimiento y admisi�n de una prueba en una controversia laboral, consistente en el examen de las actuaciones contenidas en diverso juicio, cuyo expediente obra en los archivos de la misma Junta, se lleva a cabo con citaci�n de las partes, tal actuaci�n es legal, pues se encuentra regulada por las disposiciones generales que tambi�n comprenden el ofrecimiento, admisi�n y desahogo de una prueba documental p�blica de esa clase.

En t�rminos del referido numeral 195, la tesis jurisprudencial que se sustenta en el presente fallo deber� identificarse con el n�mero que en el orden progresivo le corresponda dentro de las tesis de jurisprudencia sustentadas por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial Federal, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Cuarto y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Sexto Circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer con el car�cter de tesis jurisprudencial el criterio establecido en esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase la tesis jurisprudencial que se sustenta en el presente fallo al Semanario Judicial de la Federaci�n para su publicaci�n, y a la Gaceta del mismo, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; c�mplase y en su oportunidad, arch�vese el toca de contradicci�n.

As�, lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.D.R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M., J.V.A.A.�n y presidente S.S.A.A.. Fue ponente el primero de los se�ores Ministros antes mencionados.