Ejecutoria num. 1a./J. 25/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828349

Ejecutoria num. 1a./J. 25/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 25/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO.JACTANCIA. EL JUICIO EN EL QUE SE EJERCE DICHA ACCIÓN ES DE CUANTÍA INDETERMINADA, PARA EFECTO DEL ARANCEL PARA ABOGADOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 42/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Las ejecutorias pronunciadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en las que trata el punto denunciado como motivo de contradicci�n, en la parte medular respectivamente dicen a la letra:

  1. directo civil 783/91, promovido por A.M.�a F.R., en la ejecutoria pronunciada el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y uno:

    En cambio es fundado el concepto violatorio, reiterado por cierto en la mayor parte de la demanda de garant�as, en que se sostiene que la Sala omiti� contestar directamente el agravio que se hizo consistir en que siendo de cuant�a indeterminada el juicio de matrimonio que fue justo donde la ahora tercera perjudicada prest� sus servicios profesionales a la quejosa, los honorarios que aqu�lla debe devengar son los previstos por el art�culo 5o. y no por los del 3o., ambos del Arancel para Abogados del Estado de Jalisco. Porque efectivamente el ad quem, aun cuando dio muchas explicaciones, dej� de responder frontalmente el agravio indicado. Mas se estima que ning�n resultado pr�ctico acarrear�a otorgar la protecci�n federal para que dicha autoridad subsanara la irregularidad apuntada, ya que ella misma, o bien el Tribunal Colegiado a quien correspondiera conocer del nuevo amparo que en su caso se promoviera, tendr�a que resolver, como ahora se hace, estimando que ciertamente el aplicable es el art�culo 3o. y no el 5o. del arancel invocado.-Conviene tener presente que el segundo de tales dispositivos establece, en lo conducente, que las tarifas que ah� se se�alan se aplicar�n a los juicios civiles, criminales, de trabajo, de amparo, u otros semejantes que tengan valor pecuniario o que no se pueda determinar ... Para los asuntos de cuant�a determinada se aplica el aludido art�culo 3o.-Ahora bien, no hay duda de que el juicio de nulidad de matrimonio donde la actora prest� sus servicios profesionales ciertamente es de cuant�a indeterminada, ya que es obvio que una acci�n del estado civil no se puede cuantificar, pero el art�culo 5o. del arancel invocado �nicamente se puede aplicar a aquellos negocios que, adem�s de no tener cierto valor pecuniario no se pueda determinar �ste, pues as� lo previene el mismo precepto. Esto es, aun cuando para fijar la competencia un determinado asunto sea de cuant�a indeterminada, s� la tendr�, en cambio, para el efecto de cobrar honorarios, siempre que se pueda determinar con cualquier dato existente sobre el particular en el propio proceso, habida cuenta que el susodicho art�culo 5o. del arancel previene que las costas que en �l se se�alan se aplicar�n en aquellos juicios que no tengan valor pecuniario o que no se pueda determinar, y sucede que en el caso s� hay datos que dan cierto valor pecuniario al juicio de nulidad de matrimonio, como son las cantidades en que se valoraron los bienes que, en la liquidaci�n de la sociedad conyugal, correspondieron a la cliente (la ahora demandada y quejosa) y a la actora.-De no opinarse en la forma anterior se llegar�a al extremo de que un juicio reivindicatorio por ejemplo carece de valor, porque la acci�n reivindicatoria en s� ciertamente es de valor indeterminado, como lo ser�a tambi�n la publiciana, el interdicto de retener o de recuperar la posesi�n, o bien el juicio en que se reclame el derecho a una servidumbre de paso. Pero, se insiste, si en esa clase de juicios, que son de cuant�a indeterminada, se allegan elementos que proporcionan los valores de los bienes cuestionados (del bien a reivindicar, del que es objeto de la acci�n plenaria de posesi�n, de la servidumbre, etc�tera), �stos deben tenerse en cuenta para precisar los honorarios. En la inteligencia de que ya en su negocio relacionado con un derecho de paso, en cuanto a la posibilidad de precisar su valor, la Suprema Corte estim� lo que se ha venido explicando, seg�n se deduce de la lectura de la ejecutoria visible en la Cuarta Parte del tomo de Precedentes que no han integrado jurisprudencia 1969-1986, p�gina 362, que dice: ?CUANT�A INDETERMINADA, INCOMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA POR RAZ�N DE.? (y la transcribe).-Por tanto, al no encuadrar el caso en las hip�tesis contempladas por el multicitado art�culo 5o. del arancel, debe necesariamente aplic�rsele el 3o., por disponerlo as� el 2o.-Consiguientemente, resulta aplicable la jurisprudencia 445 de la Segunda Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que prev�: ?CONCEPTOS DE V.F., PERO INOPERANTES.? (y la transcribe).-Si bien es verdad que, seg�n el art�culo 367, fracci�n VII, del C�digo de Procedimientos Civiles de Jalisco, en la demanda se expresar�n, entre otros requisitos ?en su caso el valor de lo demandado?, se estima que en el caso, aun cuando expresamente no se�al� una cantidad precisa, la actora cumpli� con tal obligaci�n desde el momento en que refiri� los valores de los bienes de los cuales deb�a deducirse el porcentaje correspondiente por concepto de sus honorarios. Adem�s de que esos valores estaban sujetos a prueba.-En otra parte de sus conceptos de violaci�n la quejosa se concreta a afirmar: que no es cierto que se hubiera tramitado formalmente el incidente de liquidaci�n de la sociedad legal; que fueron los propios c�nyuges quienes presentaron un convenio sobre tal cuesti�n, y que ese convenio se celebr� extrajudicialmente. Pero con esas afirmaciones se omite combatir el siguiente razonamiento del tribunal de alzada: ?y si bien hubo un convenio para efectos de la liquidaci�n de los bienes incorporados a la sociedad legal derivada del matrimonio; no se acredit� que hubiere sido de manera extrajudicial, pues si bien fue sancionado por notario p�blico, las partes concurrieron ante el �rgano jurisdiccional en cumplimiento a la propia sentencia y lo que es m�s se sancion� por el �rgano jurisdiccional elev�ndolo a la categor�a de sentencia ejecutoriada conden�ndoseles a estar y pasar por el mismo; prueba concluyente de lo anterior es el escrito del incidente propuesto y firmado por los exc�nyuges vinculados al juicio de nulidad de matrimonio; por consecuencia inatendible el agravio.?. As� resulta aplicable la tesis jurisprudencial 449 de la parte y Ap�ndice invocados, que previene: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.? (y la transcribe).

  2. directo 949/94, promovido por F.J.N.F., en ejecutoria pronunciada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro:

    IV.-Los conceptos de violaci�n son fundados en parte e infundados en el resto.-En efecto, para afirmar que el concepto de violaci�n es fundado es importante traer a colaci�n una porci�n del cap�tulo considerativo de la sentencia de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y uno, pronunciada en el toca 4/90, emanada del juicio civil ordinario 1380/88, tramitado ante el J. Segundo de lo Familiar de esta ciudad, por la nulidad de matrimonio, que vino a resolver la litis en la que el hoy quejoso y otros profesionistas prestaron sus servicios: ?... Ahora bien, reiter�ndose la circunstancia de que el c�nyuge se�or M.co Antonio Santamar�a Luna, procedi� de mala fe, lo conducente es aplicar los bienes adquiridos por las partes, durante la vida que hicieron en com�n, en favor de la actora, los cuales consisten en los siguientes inmuebles: a) Lote de terreno marcado con el n�mero ocho, de la manzana 457 cuatrocientos cincuenta y siete, ubicado en la colonia E.Z., de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, con frente a la calle J. entre M.M.D. y F.R.�guez, con superficie aproximada de 250.42 metros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: al norte en 24.80 metros con el lote n�mero siete; al sur en 26.56 metros con el lote n�mero nueve; al oriente en 9.96 metros con la calle de J.; al poniente en 9.72 metros con manzana 456 cuatrocientos cincuenta y seis de la colonia E.Z. con frente a la calle M.M.D., esquina con A. de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, con extensi�n superficial de 614.33 metros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: al norte en 23.73 metros con el lote n�mero diez; al sur en 23.38 metros con la calle M.M.D.; al oriente en 26.00 metros con la calle A.; y al poniente en igual medida que la anterior con el lote n�mero tres.?.-Ahora bien, la autoridad responsable en el justiciable, luego de tener por acreditada la relaci�n contractual del hoy amparista con la tercero perjudicada M.�a L.�a F. L�pez, no as� a los t�rminos y porcentajes se�alados por los actores en su demanda, que seg�n eso se comprometi� la actora a pagar, y una vez que examin� las pruebas desahogadas por esta parte, resolvi� que de lo actuado no se desprend�a que hubiera quedado determinada la cuant�a del juicio de donde se generaron los honorarios, concluyendo ?... conforme lo establece el art�culo 5o. del arancel aludido, en los juicios civiles como en el multicitado en donde no se puede determinar su valor pecuniario como sucedi� en la especie, proced�a que los honorarios se regulen con la estimaci�n de mil a cien mil viejos pesos ...?.-As� las cosas, el art�culo 3o. del Arancel para Abogados del Estado de Jalisco dice: ?Por todo juicio contencioso, por cantidad determinada desde su principio hasta su conclusi�n por pago, convenio o sentencia definitiva, incluy�ndose consultas, conferencias, consultas, juntas, vistas de autos y documentos, escritos, informes y cuanto trabajo se relacione con el asunto, cobrar�n un 25% del valor del negocio si no pasa de $15,000 (quince mil pesos), un 15% de lo que exceda hasta la cantidad de $60,000 (sesenta mil pesos) un 10% de lo que exceda de la anterior cantidad hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos) y un 5% de lo que rebase esta cifra, sea cual fuere la cantidad.?. Por su parte el numeral 5o. del mismo arancel dispone: ?En los juicios civiles, penales, laborales, administrativos, de amparo u otros semejantes que no tengan valor pecuniario, o que no se pueda determinar, se regular�n los honorarios con la estimaci�n de $1,000.00 a $100,000.00 seg�n la importancia del derecho y del asunto que se ventile, los trabajos que se presenten, el �xito que se obtenga, las circunstancias personales del cliente y todo aquello que sirve para hacer una justa regulaci�n de los honorarios.?.-De la anterior transcripci�n, conviene destacar que el segundo de los dispositivos establece en lo que interesa, que las tarifas que en el mismo se contienen se aplicar�n a ?los juicios civiles, criminales, de trabajo, de amparo u otros semejantes que tengan valor pecuniario o que no se pueda determinar ...?; en cambio, para los asuntos de cuant�a determinada se aplica el aludido art�culo tercero.-Contrario a lo resuelto por la responsable, se estima que el juicio de nulidad de matrimonio donde el quejoso prest�, en uni�n de otros abogados, sus servicios profesionales, aun cuando es de cuant�a indeterminada, ya que es obvio que las acciones del estado civil no se pueden cuantificar, s� puede llegar a determinarse y el numeral 5o. del arancel invocado, s�lo puede llegar a aplicarse en aquellos negocios en los que adem�s de no tener valor pecuniario ?no se pueda determinar �ste?; esto es, aunque para aspectos como la competencia, un asunto es de cuant�a indeterminada, s� la tiene en cambio para el efecto del cobro de honorarios, siempre que se pueda determinar con cualquier dato existente sobre el particular en el propio juicio su valor, y sucede que seg�n se vio en la primera de las anteriores transcripciones, en el caso s� hay datos que dan cierto valor pecuniario a la contienda de nulidad de matrimonio, como son las cantidades en que lleguen a valorarse los bienes que correspondieron a la cliente (que es la tercero perjudicada), concretamente, los inmuebles adquiridos por la mencionada y su exc�nyuge durante el tiempo en que hicieron vida en com�n, los cuales fueron aplicados a la referida M.�a L.�a F. L�pez, por haber procedido de buena fe en la celebraci�n de dicho matrimonio.-De estimar lo contrario, se llegar�a al extremo de que, por ejemplo, como en un juicio reivindicatorio, se carece de valor porque ciertamente, tal acci�n es de cuant�a indeterminada, no se cobrar�an honorarios conforme a la cuant�a del juicio, lo mismo ocurrir�a con la acci�n publiciana, los interdictos de retener o recuperar la posesi�n, o de obra nueva, o bien aquellos en los que se reclamara el derecho a una servidumbre de paso, pues en ellos, se insiste, se trata de acciones de cuant�a indeterminada; empero, s� determinable cuando se allegaran elementos acerca de los valores de los bienes cuestionados, como el valor de la cosa a reivindicar o aquel que corresponde al objeto de la acci�n plenaria de posesi�n o de las interdictales, as� como de la servidumbre, etc�tera. Esto debe traerse a colaci�n para precisar los honorarios, pues su cuant�a s� puede llegar a determinarse, de ah� que en la especie se ubique precisamente en la hip�tesis jur�dica prevista por el art�culo 3o. del Arancel para Abogados, en aplicaci�n del art�culo 2o. del mismo cuerpo de leyes, que dice: ?Los servicios profesionales que no est�n comprendidos en este arancel, pero que tengan analog�a con alguno de los especificados en el mismo, causar�n las cuotas del que presente mayor semejanza.?, y no del art�culo 5o. del aludido arancel, como inexactamente lo consider� la autoridad responsable. Es aplicable al caso la tesis que este colegiado sustent� con antelaci�n, consultable en las p�ginas 513 y 514 del Tomo IX de abril de mil novecientos noventa y dos, de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, al resolver el amparo directo 783/91 que a continuaci�n se transcribe: ?HONORARIOS PROFESIONALES, SON ASUNTOS DE CUANT�A DETERMINADA, PARA EL EFECTO DE SU COBRO, SI PUEDE PRECISARSE VALOR PECUNIARIO EN EL PROCESO RESPECTIVO (ART�CULOS 3o. Y 5o. DEL ARANCEL PARA ABOGADOS DEL ESTADO DE JALISCO).? (y la transcribe).-Sin que por otra parte, pueda llegar a determinarse la cuant�a del juicio en base a lo declarado por el apoderado general judicial de la tercero perjudicada, en el escrito presentado ante la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el toca de apelaci�n 4/90, el cinco de septiembre de mil novecientos noventa, en el que a efecto de que se fijara a su contraria fianza para la suspensi�n del acto reclamado que aqu�l pidi�, expresara bajo protesta de decir verdad que el valor del juicio en el que se actuaba era de tres mil millones de viejos pesos supuesto que aun cuando la afirmaci�n de la responsable en el sentido de que la aludida expresi�n del apoderado resultaba una declaraci�n unilateral, es desafortunada, dado que lo sostenido por las partes (en el caso, el mencionado apoderado lo hac�a a nombre de su poderdante, parte actora en el juicio donde se generaron los honorarios que ahora se reclaman) en cualquier estado del juicio y bajo protesta de decir verdad, constituye una confesi�n expresa en t�rminos del art�culo 395 del enjuiciamiento civil de Jalisco, de todas formas su argumento es infundado, habida cuenta que esa confesi�n no puede producir eficacia probatoria plena; en todo caso, s�lo constituye un indicio, dado que en el juicio se exhibieron otras pruebas que le restan credibilidad (est� probado que la tercero perjudicada s�lo recibi� dos lotes de terreno), y se requiere prueba de su valor, pues por m�s que los mismos se ubiquen en Puerto Vallarta, y de que ambos sumen 864.75 metros cuadrados, no es cre�ble que su precio ascienda a la cantidad de tres millones de nuevos pesos, pues ello implicar�a que tales inmuebles se justipreciar�n a raz�n de tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos metro cuadrado, lo que se insiste, no resulta veros�mil, dado que es un hecho notorio que tal valor es sumamente elevado, de ah� que deba concluirse que estando probada la relaci�n contractual, esto es, estando justificado que el hoy quejoso prest� sus servicios profesionales a la tercero perjudicada, en t�rminos del art�culo 2536 del C�digo Civil de Jalisco, por lo que tiene derecho al pago de sus honorarios y dado que el monto del juicio en el que intervino s� resulta determinable, debe cuantificarse el mismo en la etapa de ejecuci�n de sentencia, tomando en consideraci�n los beneficios obtenidos por la tercero perjudicada, y as� debi� estimarlo la responsable al resolver en la sentencia que ahora se examina. Debe aplicarse por las razones que la informan, la tesis jurisprudencial 58, visible en las p�ginas 1000 y 1001 de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: ?DA�OS Y PERJUICIOS. CONDENA GEN�RICA.? (y la transcribe).-La omisi�n en que incurri� el tribunal de alzada obviamente implica una violaci�n a las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica previstas por los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo que debe convenirse en que lo procedente es conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal para que dicho tribunal deje insubsistente la resoluci�n impugnada y en su lugar, pronuncie otra en la que estudie los agravios vertidos considerando los argumentos contenidos en esta ejecutoria y decida como en derecho corresponda.

  3. directo 349/98, promovido por Jes�s C.G.D.�n G.�lez, en ejecutoria pronunciada el veintis�is de marzo de mil novecientos noventa y ocho:

    IV.-Los conceptos de violaci�n son infundados, los cuales se analizar�n en forma conjunta dada la �ntima relaci�n que guardan entre s�.-Previamente para una mayor comprensi�n del asunto, se considera �til copiar el primer punto de hechos que el ahora quejoso expres� en su demanda natural, justo en donde sostuvo que: ?1. Con fecha 2 dos de septiembre, del a�o que corre, el que suscribe recibi� de la hoy demandada Banca Promex, S., por medio de sus representantes legales Asesor�a en Cobranza Extrajudicial, Judicial e Investigaciones, S. de C.V., un requerimiento de cobro extrajudicial de la cuenta n�mero 5429-7710-0004-3206, por la cantidad de $32,317.04 (treinta y dos mil trescientos diecisiete pesos 04/100 M.N.), en donde se me invita a reestructurar el supuesto adeudo.?.-Ahora bien, aun cuando asiste la raz�n al peticionario de garant�as en lo tocante a que en el juicio natural no demand� a su contraparte por el pago de pesos, sino en ejercicio de la acci�n de jactancia prevista por el art�culo 28 del c�digo procesal civil de Jalisco, es inexacto, en cambio, que en dicho procedimiento no existan bases para poder asegurar que el asunto de que se trata s� es de cuant�a determinada, sin que importe la forma como se contest� la demanda porque la litis la plante� el actor y en ella expres� el monto del asunto, dado que como el propio promovente lo reconoce, seg�n se vio, el banco se�al� la suma que le reclamaba. As� es, obvio entonces que s� puede precisarse el valor pecuniario del proceso, de acuerdo con lo dispuesto por la ejecutoria sustentada por este tribunal, la cual aparece publicada en la p�gina 513, del Tomo IX, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y dos, de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, aplicada por las razones que la informan, que dice: ?HONORARIOS PROFESIONALES, SON ASUNTOS DE CUANT�A DETERMINADA, PARA EL EFECTO DE SU COBRO, SI PUEDE PRECISARSE VALOR PECUNIARIO EN EL PROCESO RESPECTIVO (ART�CULOS 3o. Y 5o. DEL ARANCEL PARA ABOGADOS DEL ESTADO DE JALISCO).?.

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n, en ejecutoria pronunciada el primero de abril de mil novecientos noventa y dos, en el juicio de amparo en revisi�n n�mero 55/92, promovido por Bodega de Colchones, S. de C.V., en la parte que interesa determin� losiguiente:

En cuanto a los agravios que controvierten la legalidad de la sentencia recurrida en lo concerniente al fondo del negocio, los mismos carecen de eficacia.-La quejosa cuestion� la aplicaci�n que en la resoluci�n reclamada hizo la responsable ordenadora de los art�culos 6o. y 14 de la Ley Arancelaria para Abogados de Nuevo Le�n, al establecer el monto de los gastos y costas a que fue condenada en el incidente respectivo, con motivo de haberse declarado en segunda instancia la improcedencia de la acci�n de jactancia ejercitada en contra de la ahora tercera perjudicada negociaci�n denominada Don Colch�n, Sociedad An�nima de Capital Variable.-Los referidos preceptos textualmente establecen: ?Art. 6o. En los juicios contenciosos de cuant�a determinada o determinable, cobrar�n los abogados por concepto de honorarios, por todos sus trabajos desde la iniciaci�n del juicio hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria, una cuota fija consistente en un porcentaje sobre lo obtenido conforme a la siguiente tarifa: Hasta 180 cuotas 20%, sobre el excedente de 180 cuotas hasta 1800 cuotas, 15%; sobre el excedente de 1800 cuotas 10%.?.-?Art�culo 13. Por los actos prejudiciales que establece el C�digo de Procedimientos Civiles, sin perjuicio de lo dispuesto por el art�culo 8o., se cobrar�: a) Si fuere de cuant�a indeterminada el equivalente de 4 a 40 cuotas; b) Si fuere de cuant�a determinada o determinable una tercera parte de lo se�alado para el juicio principal; c) Si mediante ello se concluye el negocio se cobrar�n 2/3 de lo correspondiente al juicio principal ...?.-La sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho al precisar que en el caso no resultan aplicables los citados preceptos de la referida ley arancelaria, porque de su texto se puede advertir que est�n relacionados con los gastos y costas que originen en negocios de cuant�a determinada o determinable, y en la especie nos encontramos que derivan de un juicio en el que se intent� una acci�n de jactancia que no prosper�, negocio este que como bien lo razona el resolutor de amparo no es de cuant�a determinada o determinable, aun cuando el accionante hubiere mencionado en su demanda que la parte demandada se jactaba de que se le hab�an causado da�os y perjuicios por la cantidad de cuatrocientos millones de pesos, en tanto que dicha aseveraci�n no puede conferirle el car�cter de negocio de cuant�a determinada, sino que debe estarse a la naturaleza de la condena impl�cita en la sentencia que en su oportunidad llegare a pronunciarse respecto a las pretensiones de las partes, que trat�ndose de la acci�n de jactancia no puede ser otra que la de declarar la existencia o inexistencia de la referida acci�n y en su caso a obligar al demandado a intentarla dentro del plazo que al efecto se le fije con el apercibimiento de tenerlo por desistido de ella si no lo hiciere.-Ninguna trascendencia jur�dica tiene para lo expuesto lo aducido por la impugnante en cuanto a que la acci�n de jactancia intentada tiene relaci�n con una diversa acci�n principal (la de da�os y perjuicios por cuatrocientos millones de pesos), motivo de la jactancia, que de haber prosperado deb�a ejercitarse necesariamente por el jactancioso y que por eso aqu�lla se traduce en un acto prejudicial respecto de un negocio de cuant�a determinada, y que adem�s el hecho de haber obtenido sentencia absolutoria la demandada implica la conclusi�n de la contienda legal, actualiz�ndose el supuesto previsto en el inciso c) del art�culo 13 de la Ley Arancelaria para Abogados de Nuevo Le�n; pues tampoco la circunstancia precisada le da a la acci�n de jactancia la caracter�stica de un negocio de cuant�a determinada o determinable en tanto que, como ya se estableci� en el p�rrafo que antecede y se considera en la sentencia en examen, su finalidad es meramente declarativa en cuanto a la procedencia o no de la acci�n que se pretende se ejercite y de condena cuando, de proceder se imponga la obligaci�n al demandado de instaurar la acci�n dentro de cierto tiempo; y por otra parte, tampoco se est� en presencia de un acto prejudicial antecesorio de un juicio principal, como lo prev� el inciso del precepto se�alado, toda vez que la acci�n de jactancia tiene las caracter�sticas de un juicio aut�nomo propiamente dicho, que culmina con una sentencia definitiva independiente totalmente del juicio que resulte de la acci�n que se obligue a ejercitar al jactancioso en el evento de que se declare procedente esta �ltima; sin que la sentencia absolutoria de la multicitada acci�n impida que de todas maneras la demandada, ahora tercera perjudicada, pueda o no demandar a la quejosa el pago de da�os o perjuicios si lo estima pertinente, no d�ndose entonces el supuesto planteado por la impugnante.

CUARTO

Con motivo de lo anterior, los Tribunales Colegiados sustentaron las siguientes tesis:

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

HONORARIOS PROFESIONALES, SON ASUNTOS DE CUANT�A DETERMINADA, PARA EL EFECTO DE SU COBRO, SI PUEDE PRECISARSE VALOR PECUNIARIO EN EL PROCESO RESPECTIVO (ART�CULOS 3o. Y 5o. DEL ARANCEL PARA ABOGADOS DEL ESTADO DE JALISCO).-Si la tercera perjudicada prest� sus servicios profesionales a la quejosa en un juicio de nulidad de matrimonio y al reclamar el pago de honorarios profesionales en el procedimiento respectivo, alleg� datos que dan cierto valor pecuniario al aludido juicio, como son las cantidades en que se valoraron los bienes que en la liquidaci�n de la sociedad conyugal correspondieron a dicha quejosa, resulta claro que los honorarios que aqu�lla debe devengar son los previstos para los asuntos de cuant�a determinada se�alados en el art�culo 3o. del Arancel para Abogados del Estado de Jalisco, sin que importe tanto que el referido juicio en s� ciertamente es de cuant�a indeterminada, dado que es obvio que las acciones del estado civil no se pueden cuantificar, como lo que dispone el art�culo 5o. del arancel invocado, porque �ste s�lo se puede aplicar a aquellos negocios que, adem�s de no tener cierto valor pecuniario ?no se puede determinar?, y sucede que en el caso s� se puede precisar.

Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

ACCI�N DE JACTANCIA. NO ES UN NEGOCIO DE CUANT�A DETERMINADA O DETERMINABLE, PARA LOS EFECTOS DE LA LIQUIDACI�N DE GASTOS Y COSTAS.-La acci�n de jactancia no queda comprendida en los negocios de cuant�a determinada o determinable, para los efectos de la liquidaci�n de gastos y costas a cuyo pago se condene a una de las partes con motivo de su ejercicio, pues de acuerdo con la naturaleza de la condena impl�cita en la sentencia que llegare a pronunciarse respecto de las pretensiones de los contendientes, dicha condena no puede ser otra que la de declarar la procedencia o improcedencia de la referida acci�n, y en el primero de los casos, a obligar al demandado a intentar su reclamaci�n dentro del plazo que al efecto se le fije, con el apercibimiento de tenerlo por desistido de ella si no lo hiciere, seg�n se desprende de lo preceptuado por el art�culo 5o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado.

QUINTO

De manera preliminar, se estima conveniente establecer si en el presente asunto, existe o no la contradicci�n de criterios denunciada, lo que determina se�alar si el contenido de todas las ejecutorias pronunciadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, re�nen elementos esenciales en su conformaci�n, para obtener de ellas la contraposici�n de criterios requeridos.

Ahora bien, a este respecto es pertinente destacar que las ejecutorias dictadas por el Tribunal Colegiado denunciante en los juicios de amparo directo n�meros 783/91 y 949/94, en sus elementos e interpretaciones jur�dicas, tienen diferencias conceptuales y de fondo, que no pueden confrontarse con consideraciones y elementos distintos que se encuentran inmersos en la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

Al respecto es conveniente invocar los criterios sustentados en las siguientes tesis:

"Octava �poca

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: G. del Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"P�gina: 22

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del D�cimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: N�stor G.D.�nguez.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesi�n privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los se�ores ministros: presidente C.G.�a V�zquez, J.D.R., I.M.�a C�rdenas y J.A.L.D.. Ausente: F.L.C., previo aviso.

"Nota: Esta tesis tambi�n aparece en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, Primera Parte, tesis 178, p�gina 120."

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su G.

"Tomo: VIII, julio de 1998

"Tesis: 2a./J. 43/98

"P�gina: 93

"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JUR�DICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE.-Es inexistente la contradicci�n de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jur�dico pero lo hacen fund�ndose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicci�n, pues para ello ser�a necesario que hubieran examinado el problema jur�dico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos.

"Tesis de jurisprudencia 43/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n privada del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho."

"Octava �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: G. del Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 67, julio de 1993

"Tesis: P. XXXVIII/93

"P�gina: 22

"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE, CUANDO LOS CRITERIOS SE SUSTENTAN EN SITUACIONES O ASPECTOS QUE SE RIGEN POR ORDENAMIENTOS JUR�DICOS DIVERSOS.-Cuando del an�lisis de los criterios que supuestamente se encuentran en pugna, se advierte que un Tribunal Colegiado de Circuito para negar validez al poder otorgado por una sociedad, apoy� fundamentalmente sus consideraciones en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tanto que otro tribunal para conceder valor al poder otorgado por una sociedad civil, bas� sus consideraciones en las disposiciones que establecen hip�tesis diversas contenidas en el C�digo Civil para el Distrito Federal, debe concluirse que no existe contradicci�n, pues no se podr�a definir un solo criterio que debiera prevalecer respecto de esos dos tipos de sociedades mediante la interpretaci�n de diversos preceptos jur�dicos."

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su G.

"Tomo: II, julio de 1995

"Tesis: 2a./J. 24/95

"P�gina: 59

"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS.-Para que se configure la contradicci�n de tesis a que se refiere el art�culo 197-A de la Ley de A., es menester que las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados que sustenten criterios divergentes traten cuestiones jur�dicas esencialmente iguales; por tanto, si la disparidad de criterios proviene de temas diferentes, la contradicci�n es inexistente."

"Octava �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: T.V., Parte SCJN

"Tesis: 184

"P�gina: 125

"CONTRADICCI�N DE TESIS. NO HAY OPOSICI�N DE CRITERIOS, CUANDO LAS SENTENCIAS RESUELVEN SITUACIONES JUR�DICAS CONCRETAS PERO DIFERENTES UNA DE LA OTRA.-Si la denuncia de contradicci�n de tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, se refiere a sentencias de asuntos tan espec�ficos, como lo es la tipificaci�n de un delito, cuando se presentan conductas diversas, aun cuando el sujeto activo tenga el mismo car�cter (en el caso de empleados bancarios), al resolverse, sobre dicha contradicci�n, m�s que precisarse un criterio de aplicaci�n futura, se decidir�a cu�l de los dos tribunales tuvo raz�n al hacer el an�lisis respectivo. En tales condiciones, no puede v�lidamente afirmarse que se est� en el caso a que se refiere el art�culo 195 bis, ahora 197-A de la Ley de A., por no existir oposici�n de criterios, sino de sentencias que resuelven situaciones jur�dicas concretas pero diferentes una de la otra."

"Octava �poca:

"Nota:

"Tesis 1a./J. 1/89, G. n�mero 13-15, p�g. 37."

"Octava �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: G. del Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 72, diciembre de 1993

"Tesis: 3a./J. 37/93

"P�gina: 44

"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JUR�DICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCI�N ALGUNA.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, constitucional y 197-A de la Ley de A., regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, entendiendo por tesis el criterio jur�dico de car�cter general que sustenta el �rgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve. Consecuentemente, debe considerarse improcedente la denuncia que se formula respecto de resoluciones que, aunque gen�ricamente, se hayan referido a un problema de similar naturaleza, en forma espec�fica aborden cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se derive contradicci�n alguna, pues no existe materia para resolver en la contradicci�n denunciada.

Nota: Esta tesis tambi�n aparece en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, Primera Parte, tesis 181, p�gina 123.

De conformidad con el contenido de las transcritas tesis, es de advertirse que las dos primeras ejecutorias mencionadas, dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de ninguna manera abordan el estudio y an�lisis de elementos y normas similares, a las ponderadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 55/92.

La anterior afirmaci�n, parte de las siguientes bases:

En los dos primeros juicios de amparo directo civil, los negocios en los cuales prestaron sus servicios profesionales los abogados, que pretendieron el cobro de sus honorarios, se refieren a acciones de nulidad de matrimonio, como se detalla en las consideraciones de dichas ejecutorias.

"Ahora bien, no hay duda de que el juicio de nulidad de matrimonio donde la actora prest� sus servicios profesionales ciertamente es de cuant�a indeterminada, ya que es obvio que una acci�n del estado civil no se puede cuantificar, pero el art�culo 5o. del arancel invocado �nicamente se puede aplicar a aquellos negocios que, adem�s de no tener cierto valor pecuniario no se pueda determinar �ste, pues as� lo previene el mismo precepto.

En efecto, para afirmar que el concepto de violaci�n es fundado es importante traer a colaci�n una porci�n del cap�tulo considerativo de la sentencia de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y uno, pronunciada en el toca 4/90, emanada del juicio civil ordinario 1380/88, tramitado ante el J. Segundo de lo Familiar de esta ciudad, por la nulidad de matrimonio, que vino a resolver la litis en la que el hoy quejoso y otros profesionistas prestaron sus servicios: ... Ahora bien, reiter�ndose la circunstancia de que el c�nyuge se�or M.co Antonio Santamar�a Luna, procedi� de mala fe, lo conducente es aplicar los bienes adquiridos por las partes, durante la vida que hicieron en com�n, en favor de la actora, los cuales consisten en los siguientes inmuebles: ...

En cambio, en el juicio de amparo en revisi�n civil, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, la acci�n en la que prestaron sus servicios los profesionales actores, lo fue la de jactancia, seg�n se indica en las siguientes consideraciones:

La quejosa cuestion� la aplicaci�n que en la resoluci�n reclamada hizo la responsable ordenadora de los art�culos 6o. y 14 de la Ley Arancelaria para Abogados de Nuevo Le�n, al establecer el monto de los gastos y costas a que fue condenada en el incidente respectivo, con motivo de haberse declarado en segunda instancia la improcedencia de la acci�n de jactancia ejercitada en contra de la ahora tercera perjudicada negociaci�n denominada Don Colch�n, Sociedad An�nima de Capital Variable.

Ahora bien, seg�n puede apreciarse del contexto de las referidas ejecutorias, resulta inadmisible que se deba considerar que existan normas adjetivas y elementos jur�dicos comunes, en las controversias naturales en las que actuaron en ejercicio profesional, quienes posteriormente se constituyeron como actores con pretensi�n de pago de honorarios profesionales.

Se afirma lo anterior, porque no resulta v�lido el tener o dar una misma clasificaci�n, a acciones tan dis�mbolas como lo son la de nulidad de matrimonio y la de jactancia, dado que tienen causa, pretensi�n y consecuencias que no podr�n ser las mismas, al grado tal de tasarlas con alguna similitud. Ello es as�, en raz�n de que la nulidad de matrimonio se basa en que seg�n lo manifieste la actora, existir� alguna causal espec�fica plasmada en el C�digo Civil de la respectiva entidad federativa, que determine la ineficacia del contrato matrimonial y en caso de que prospere, su consecuencia ser� la destrucci�n del v�nculo, su disoluci�n y la restituci�n que a cada parte se determine, en la liquidaci�n, en su caso, de la sociedad conyugal; esto �ltimo por v�a de consecuencia respecto a la primera prestaci�n deducida.

En cambio, la acci�n de jactancia tiene su origen en que la parte actora, atribuya a quien ser� la demandada, la afirmaci�n p�blica de esta �ltima, de que la primera sea su deudora o que tenga alguna acci�n real que ejercitar en contra de esta misma. Sus fundamentos son dos principalmente: a) El derecho a mantener la integridad del cr�dito civil o mercantil; y b) El derecho a la seguridad jur�dica. El fin que se persigue es obtener una sentencia que determine a imponer la obligaci�n al demandado, de que ejercite la acci�n de la que se jacta, concedi�ndole un t�rmino para ello y con la consecuencia de que en caso de no hacerlo, se declare extinguida la facultad del ejercicio de tal acci�n.

Luego entonces, ante la perspectiva que se advierte de la naturaleza jur�dica de ambas acciones, no es dable establecer que aun cuando los actores reclamen como profesionales el pago de honorarios por su actuaci�n en dichos juicios, se constituyan factores que establezcanelementos comunes para clasificar, de manera similar, a dichos juicios en donde actuaron profesionalmente las personas que pretendieron el pago de sus honorarios.

Esto presupone, entonces, que el an�lisis de la determinabilidad de la cuant�a de los juicios tan dis�mbolos, no tiene la misma premisa, para efectos de la fijaci�n de la hip�tesis normativa del arancel a aplicar en relaci�n a la pretensi�n de pago de honorarios profesionales.

As� la situaci�n, deber�n quedar excluidas del punto de contradicci�n denunciado, las ejecutorias dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en los juicios de amparo directo civil n�meros 783/91 y 949/94, por tratarse de juicios que tienen pretensiones basadas en disposiciones y acciones diversas, a aquellas que informan y apoyan, a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

SEXTO

Establecido lo anterior, procede examinar si existen elementos comunes para que se actualice la contradicci�n de tesis entre la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado denunciante en el juicio de amparo directo civil 349/98 y la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en el juicio de amparo en revisi�n n�mero 55/92.

En ambos juicios de amparo, quienes intervinieron como profesionales, prestaron sus servicios en juicios en los que patrocinaron como abogados a actores que ejercitaron la acci�n de jactancia y respecto de tales contiendas, instauraron pretensiones relacionadas con el pago de sus honorarios.

Para establecer la cuant�a, en cuanto a su determinabilidad de los negocios en los que prestaron sus servicios profesionales los abogados litigantes, se tuvo en cuenta la naturaleza jur�dica de la acci�n de jactancia y el cap�tulo correlativo de cada demanda, en cuanto a la manifestaci�n atribuida a quienes posteriormente se tuvieron como demandados, relativa a un supuesto adeudo del que se jactaron les deb�an los actores.

Con base en lo anterior, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consider� en su ejecutoria, que de la manifestaci�n contenida en la demanda de acci�n de jactancia, atribuida a la parte demandada, en el sentido de que �sta expres� p�blicamente que exist�a un adeudo por una cantidad espec�fica, el negocio deb�a ser considerado como de cuant�a determinable y sobre esas bases, era de aplicarse la disposici�n correspondiente del Arancel para Abogados del Estado de Jalisco, para el establecimiento de honorarios profesionales de cuant�a determinada.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 55/92, se�al� que los profesionales prestaron sus servicios tambi�n en un juicio en el que se ejercit� la acci�n de jactancia, que no prosper�, y que no obstaba que en la demanda se hubiera se�alado una cantidad espec�fica atribuida como manifestaci�n del jactancioso de que fuera adeudo del actor, para considerar que el negocio tuviera que ser tomado como de cuant�a determinada, para efectos de la estimaci�n de la norma aplicable de la Ley Arancelaria para Abogados de Nuevo Le�n y que sobre tal supuesto se estableciera la cuota o factor a aplicar del arancel. De tal forma que su conclusi�n consisti� en que, sobre el an�lisis de la naturaleza jur�dica de la acci�n de jactancia, deb�a considerarse como de cuant�a indeterminada, el negocio aquel en el que actuaron como profesionales los abogados que pretendieron el pago de sus honorarios y, con apoyo en lo anterior, la consecuencia deb�a ser la aplicaci�n del inciso c) del art�culo 13 de la Ley Arancelaria para Abogados de Nuevo Le�n.

Por tanto, es de concluirse que se dan los supuestos requeridos a efecto de establecer la existencia de una contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados en dichas dos ejecutorias emitidas por los respectivos Tribunales de Circuito, ello en atenci�n a que concurren los siguientes puntos comunes: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

S�PTIMO

Establecido en el considerando precedente, que s� existe contradicci�n de tesis, entre las precisadas, se estima pertinente se�alar que para la integraci�n de una contradicci�n de criterios y para su resoluci�n, no es menester que los Tribunales Colegiados de donde emanaron las ejecutorias respectivas, hubieran sentado jurisprudencia en torno a los puntos de divergencia y, asimismo, la resoluci�n que decida en definitiva la contradicci�n de tesis denunciada, no tendr� que establecer la prevalencia de alguno de los criterios seguidos por los Tribunales Colegiados, sino que puede surgir un nuevo criterio que sustente en su caso esta Primera Sala.

Tienen aplicaci�n al caso, las siguientes tesis:

"Octava �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: G. del Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 83, noviembre de 1994

"Tesis: P. L/94

"P�gina: 35

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal ni el art�culo 197-A de la Ley de A., lo establecen as�."

"Octava �poca

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: G. del Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 74, febrero de 1994

"Tesis: 4a./J. 2/94

"P�gina: 19

"CONTRADICCI�N DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACI�N DEL PROBLEMA JUR�DICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO.-La finalidad perseguida por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cu�l tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretaci�n de las normas que integran el orden jur�dico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jur�dica; tan importante y trascendental prop�sito se tornar�a inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n est� obligada, inexorablemente, a decidir en relaci�n con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jur�dicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte v�lidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen l�gico y jur�dico del problema, lo que es acorde, adem�s, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir ?... cu�l tesis debe prevalecer?, no, cu�l de las dos tesis debe prevalecer.

Nota: Esta tesis tambi�n aparece en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, Primera Parte, tesis 185, p�gina 126.

OCTAVO

Para contar con los elementos necesarios, a efecto de decidir cu�l ser� el criterio a prevalecer, en torno al punto de contradicci�n establecido como existente, se estima conveniente transcribir las disposiciones legales, de las respectivas codificaciones y leyes aplicadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito y Segundo del Cuarto Circuito.

C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco:

Art�culo 28, fracci�n I:

A nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acci�n contra su voluntad, excepto en los casos siguientes: I. Cuando alguno p�blicamente se jacte de que otro es su deudor o de que tiene que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee. En este caso, el poseedor o aquel de quien se dice que es deudor, podr� ocurrir al J. de su propio domicilio pidi�ndole que se�ale un t�rmino al jactancioso para que deduzca la acci�n que afirme tener, apercibido de que no haci�ndolo en el plazo designado, se le tendr� por desistido de la acci�n que ha sido objeto de la jactancia. Este juicio se sustanciar� sumariamente. No se reputa jactancioso al que en alg�n acto judicial o administrativo se reserva los derechos que pueda tener contra alguna persona o sobre alguna cosa. La acci�n de jactancia prescribe a los tres meses desde la fecha en que tuvieron lugar los dichos y hechos que la originan.

El art�culo 267, fracci�n IV:

Toda contienda judicial principiar� por demanda en la cual se expresar�: ... IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios.

Arancel para Abogados del Estado de Jalisco:

"Art�culo 1o. Los honorarios de los abogados ser�n fijados por convenio que celebren con sus clientes y a falta de convenio, se regular�n por este arancel."

"Art�culo 3o. Por todo juicio contencioso, por cantidad determinada, desde su principio hasta su conclusi�n, por pago, convenio o sentencia definitiva, incluy�ndose consultas, conferencias, juntas, vistas de autos y documentos, escritos, informes y cuanto trabajo se relacione con el asunto, cobrar�n un 25% veinticinco por ciento del valor del negocio, si no pasa de $1,000.00 un mil pesos, un 15% quince por ciento, de lo que exceda si no pasa de $10,000.00 diez mil pesos; un 10% diez por ciento de lo que exceda, no pasando de $100,000.00 cien mil pesos; y un 5% cinco por ciento de lo que exceda sea cual fuere la cantidad."

Art�culo 5o. En los juicios civiles, criminales, de trabajo, de amparo, u otros semejantes que no tengan valor pecuniario o que no se pueda determinar, se regular�n los honorarios con la estimaci�n de $100.00 a $100,000.00, seg�n la importancia del derecho que se ventile, los trabajos que se presenten, el �xito que se obtenga, las circunstancias personales del cliente y, todas aquellas que se pueden tener presentes para ser una justa regulaci�n.

C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo Le�n.

Art�culo 5o., fracci�n I.

A nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acci�n contra su voluntad, excepto en los casos siguientes: I. Cuando alguno se jacta p�blicamente de que otro es su deudor o de que tiene que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee. En este caso, el poseedor o aquel de quien se dice que es deudor, puede ocurrir al J. del domicilio del jactancioso, pidiendo que le se�ale un t�rmino para que deduzca la acci�n que afirma tener, apercibido que de no hacerlo en el plazo designado, se tendr� por desistido de la acci�n que haya sido objeto de la jactancia. Las cuestiones sobre jactancia se ventilar�n en la forma que para los incidentes establece este c�digo. No se reputa jactancioso al que en un acto judicial administrativo se reserva los derechos que pueda tener contra alguna persona o sobre alguna cosa.-La acci�n de jactancia prescribe a los tres meses desde la fecha en que tuvieren lugar los dichos y hechos que la originan.

Art�culo 612, fracciones V y VI.

Todo juicio comenzar� por demanda del actor, la que contendr�: ... V. La enumeraci�n precisa y concreta, consignada en la conclusi�n, de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal; VI. El valor de lo demandado si de ello depende la competencia del J..

Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n.

"Art�culo 2o. A falta de convenio se sujetar�n a las disposiciones del presente arancel, sin perjuicio de los preceptos relativos del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado."

"Art�culo 3o. Los servicios profesionales que no se encuentran cotizados en el presente arancel, pero que tuvieren analog�a con algunos de los especificados en el mismo, causar�n las cuotas de aquellos con los que presenten mayor semejanza."

"Art�culo 5o. Por costas en los juicios se entender�n tanto los honorarios del abogado o abogados que intervengan, como los gastos que se eroguen con motivo de la tramitaci�n del juicio."

"Art�culo 6o. En los juicios contenciosos de cuant�a determinada o determinable cobrar�n los abogados, por concepto de honorarios, por todos sus trabajos, desde la iniciaci�n del juicio hasta la conclusi�n, una cuota fija consistente en un porcentaje sobre lo obtenido, conforme a la siguiente tarifa:

"Monto de reclamaci�n Porcentaje aplicable

"Hasta 180 cuotas .... 20% veinte por ciento

"Sobre excedente de 180 cuotas hasta 1,800 cuotas .... 15% quince por ciento

"Sobre el excedente de 1,800 cuotas .... 10%" diez por ciento"

"Art�culo 9o. En todos los casos en que la cuant�a del negocio no est� determinada, pero sea determinable, podr� hacerse, a trav�s de simples operaciones matem�ticas si fuere el caso, en cualquier estado del procedimiento de regulaci�n de costas.-Si bien requiere dictamen pericial, podr� elaborarse durante el per�odo probatorio en negocios civiles, contenciosos o no que permitan recepci�n de pruebas, as� como en negocios penales; de no presentarse la prueba pericial durante este per�odo, se reservar� su presentaci�n hasta cuando se lleve a cabo el procedimiento de regulaci�n de costas."

"Art�culo 12. En los juicios contenciosos cuya cuant�a no pueda ser determinada, se cobrar� por concepto de honorarios: I. Por el estudio previo del negocio de 6 a 40 cuotas. II. Por la demanda o contestaci�n de 4 a 100 cuotas. III. Por cada escrito en tr�mite, 1 cuota. IV. Por ofrecimiento de pruebas de 2 a 20 cuotas. V. Por cada notificaci�n que reciba el abogado � cuota. VI. Por asistencia a diligencia dentro y fuera del juzgado, el equivalente de 2 a 10 cuotas, por hora o fracci�n. VII. Por alegatos, de 4 a 180 cuotas. VIII. Por expresi�n de agravios o su contestaci�n, de 4 a 100 cuotas. IX. Por el total de las gestiones personales o verbales en cada instancia, cualquiera que sea el resultado de ellas, de 4 a 20 cuotas.-Para efectos de la regulaci�n de honorarios a que se refiere este art�culo, la diferencia entre el m�nimo y el m�ximo que se�ala cada fracci�n se determinar� tomando en cuenta lo establecido en el art�culo 36."

Ahora bien, del examen de las disposiciones de los C�digos de Procedimientos Civiles y de las concernientes a los aranceles, de los respectivos Estados de la Rep�blica, es de advertirse que tienen puntos en com�n, como son la definici�n de lo que debe entenderse como acci�n de jactancia, su causa, su objetivo y la consecuencia que se constituir� en la sentencia culminatoria del ejercicio de dicha pretensi�n.

En efecto, en este caso, se trata de la imputaci�n que los respectivos actores hicieron, en el sentido de que el demandado se jact� p�blicamente de que �ste resultaba ser su acreedor en relaci�n a una cantidad precisa de dinero.

La acci�n de jactancia tuvo esa causa, que es com�n en los respectivos juicios en los cuales actuaron los profesionales, quienes posteriormente ejercieron acciones concernientes al pago de honorarios.

La referida acci�n de jactancia se bas� en planteamientos similares en este sentido y las disposiciones de los art�culos 28, fracci�n I del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco y 5o., fracci�n I del c�digo adjetivo civil para el Estado de Nuevo Le�n, tienen esencial similitud.

La finalidad perseguida con el ejercicio de la acci�n de jactancia, es que el J. se�ale un t�rmino al jactancioso, para que deduzca la acci�n que considere tener, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, quedar� extinguida su acci�n. En lo que son contestes ambas codificaciones.

La divergencia de opini�n de los Tribunales Colegiados emisores de las tesis en contraposici�n, surge en torno a que uno de ellos considera que por existir en alg�n punto de la demanda, el se�alamiento de que el jactancioso manifest� la existencia de un adeudo en cantidad monetaria espec�fica atribuido al actor, ya exist�a un elemento de determinabilidad de la cuant�a del negocio. En cambio, el otro Tribunal Colegiado, sobre el an�lisis de la naturaleza jur�dica de la acci�n de jactancia, estim� que no es un asunto de cuant�a determinada ni determinable, para efectos de la aplicaci�n del arancel, en virtud de que la consecuencia de que sea declarada procedente y probada la acci�n, �nicamente ser� el otorgar un t�rmino al jactancioso demandado, para que ejercite en su caso la acci�n que pretendidamente pudiera corresponderle y, en caso de no hacerlo, se declarar�a extinguido su derecho al ejercicio de dicha acci�n, una vez transcurrido el t�rmino para tal fin; de tal forma que no existen elementos ciertos para considerar de cuant�a determinada a la controversia respectiva.

Las disposiciones de los correspondientes ordenamientos de arancel para abogados de las dos entidades federativas, permiten advertir que parten de la base de que los negocios en los que actuaron los profesionales, resulten ser o no de cuant�a determinable, para establecer cu�l ser� el dispositivo legal a aplicar para fijar los honorarios de los abogados que pretendan el pago de sus servicios.

Establecido lo anterior, es conveniente dejar se�alado que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, considera que un juicio en el que se instaur� la acci�n de jactancia, no debe considerarse de cuant�a determinada, para efectos de la fijaci�n del arancel para el pago de honorarios de abogados, no obstante que en la demanda concerniente a tal pretensi�n de jactancia, la parte actora hubiera atribuido al enjuiciado la manifestaci�n de ser jactancioso de que la demandante le debiera una cantidad espec�fica de dinero.

Para m�s claridad del problema a dilucidar, conviene acudir a lo que la doctrina define como acci�n de jactancia y para ello se acude a lo considerado por E.P. en su libro intitulado "Tratado de las Acciones Civiles", Editorial Porr�a, S., quinta edici�n, p�ginas ciento noventa y cinco y ciento noventa y seis, dice:

La jactancia consiste, pues, en la afirmaci�n p�blica que una persona hace de que otra es su deudor o de que tiene una acci�n real que ejercitar contra ella.

El fundamento de la acci�n de jactancia, seg�n lo estableci� la Tercera Sala de la anterior integraci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se encuentra en el derecho de mantener la integridad del cr�dito civil o mercantil o bien, el derecho a la seguridad jur�dica de los bienes que deben ser protegidos por la ley, con intervenci�n de la autoridad, lo que se plasma en la siguiente tesis:

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: CXIII, Cuarta Parte

"P�gina: 33

"JACTANCIA, ACCI�N DE.-La Suprema Corte de Justicia ha resuelto que la jactancia consiste en la afirmaci�n p�blica que una persona hace de que otra es su deudora o de que tiene una acci�n que ejercitar en su contra y no es necesario que dicha afirmaci�n sea injusta o de mala fe. El fundamento de esa acci�n se encuentra en el derecho a mantener la integridad del cr�dito personal y la seguridad jur�dica; en estar seguro de lo que se posee; en saber lo que es nuestro y que ning�n peligro nos amenaza. El fin principal que se persigue con el ejercicio de la acci�n de jactancia es imponer una obligaci�n al demandado para que ejercite su acci�n en cierto tiempo. Dicha acci�n se consagra en favor del que posee una cosa, respecto de la cual el demandado ha expresado p�blicamente tener alg�n derecho. La misma Suprema Corte de Justicia ha resuelto que la jactancia debe referirse a la actitud del demandado anterior a la demanda y no a la que haya adoptado en el juicio.

"A. directo 4874/65. I.C.�n H.�ndez y coags. 11 de noviembre de 1966. Mayor�a de cuatro votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez.

"Volumen LXIV,Cuarta Parte, p�g. 37. A. directo 7185/61. F.D.�az O.. 8 de octubre de 1962. Unanimidad de 4 votos. Ponente: M.A..

"Quinta �poca:

"Tomo CXXXI, p�g. 627. A. directo 3376/55. M.R.L.. 15 de marzo de 1957. Unanimidad de 4 votos. Ponente: M.A.."

El jactancioso, con las observaciones p�blicas que pudiera hacer, ataca al cr�dito desde el momento que se atribuye un adeudo al afectado.

Por tanto, el fin que se persigue con tal acci�n, es el obtener el dictado de una sentencia que conduce al jactancioso a intentar una acci�n, dentro de un t�rmino que le fije el J. (art�culo 28, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco y 5o., fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Le�n) y con la consecuencia que de no hacerlo, se declarar� extinguido el derecho a ejercitar tal acci�n, mediante una equiparaci�n al desistimiento de la misma, que en realidad se adecua a la hip�tesis de la caducidad, como figura extintiva de una acci�n, oponible de oficio en cualquier pretensi�n que trate de ejercitarse respecto a ella.

Luego entonces, la acci�n de jactancia y el juicio seguido con base en ella, no constituyen un negocio de garant�a determinada, como lo pretende el Tribunal Colegiado denunciante, en la tesis que sostuvo; ello porque su finalidad es que, el J. conmine al demandado para que ejercite una acci�n, en la que demuestre en juicio que es cierto y demostrable el cr�dito que atribuy� como adeudo que se jact� existiera a cargo del actor y, en caso de no hacerlo, se declarar� como desistido de tal acci�n.

No es obst�culo a lo anterior, la circunstancia de que el actor en el juicio de ejercicio de acci�n de jactancia, en alg�n hecho de su demanda atribuye al jactancioso ser emisor de la manifestaci�n de una cantidad monetaria espec�fica.

Ello se afirma, porque en primer lugar tal imputaci�n s�lo constituye parte del cumplimiento de los requisitos de la demanda, que establece la precisi�n clara de los hechos en que se basa la acci�n y las prestaciones reclamadas.

En segundo lugar, porque s�lo en el caso de que el se�alado como jactancioso ejercitara alguna acci�n, hasta ah� podr�a establecerse la cuant�a precisa de un negocio basado en un cr�dito ya preciso.

Y, en tercer lugar, porque ser�a tanto como el establecer como cierta la existencia del cr�dito en un monto del que se jact� el demandado, lo que no es motivo de ser dirimido m�s que a trav�s de acci�n diversa. Esto es entendible, si se considera la siguiente interrogante:

Dices que te debo tal cantidad; entonces demu�stralo con pruebas en un juicio que instaures en mi contra, pues en caso de no hacerlo, deber� entenderse que careces de acci�n basada en el cr�dito del que te jactas.

Ello es entendible, si se acude al orden a seguir en la distribuci�n de la carga probatoria, en cuesti�n de derechos y obligaciones, y que ser�a:

  1. El jactancioso debe demostrar la existencia de un acto jur�dico que determine la causa y el monto del adeudo, atribuido a quien ejerce la acci�n de jactancia.

  2. Para tal efecto, la ley adjetiva concede la acci�n de jactancia, a fin de que el demandado cuente con un t�rmino para ejercitar una acci�n en contra de quien dice es su deudor y, si no acciona, se entiende que abandona tal posibilidad, extingui�ndose el derecho al ejercicio de cualquier pretensi�n al respecto (equiparaci�n a desestimiento).

    Se entiende con ello, que no existe adeudo que probar; y

  3. S�lo si el jactancioso, en ejercicio de una acci�n, prueba la existencia de un acto jur�dico causa del cr�dito y el monto del mismo, atribuido al que ejerci� la acci�n de jactancia, habr� elementos para arrojar a este �ltimo la carga de la prueba del cumplimiento o pago de una obligaci�n que, en su caso, le corresponda.

    Se confirma m�s lo se�alado, si se toma en cuenta que la jurisprudencia n�mero 58, consultable en las p�ginas 1000 y 1001, de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a los a�os de 1917 a 1988, cuyo rubro dice: "DA�OS Y PERJUICIOS. CONDENA GEN�RICA.", que invoca el Tribunal Colegiado denunciante, lejos de favorecer a su conclusi�n, le da un cauce diverso.

    En efecto, la condena gen�rica al pago de da�os y perjuicios, tiene como consecuencia el dejar para ejecuci�n de sentencia su liquidaci�n, sobre los elementos y bases precisas que deban d�rsele en el fallo definitivo.

    Esto no es de ejecuci�n probable de liquidaci�n, cuando se trata de la acci�n de jactancia, fundamentalmente porque no hay condena de pago (obligaci�n de dar).

    En todo caso, se tratar� para el condenado de una obligaci�n de hacer (ejercer una acci�n), quien se ver� apremiado a instaurar en un plazo perentorio una demanda y, con una consecuencia en caso de inacci�n, que ser� el ver perdida la oportunidad de ejercicio de una acci�n contra el actor de juicio de jactancia.

    As� entonces, queda patente que el juicio de jactancia no es de cuant�a determinable en el mismo proceso, aun cuando en alguna parte de la demanda, el actor atribuye al jactancioso la manifestaci�n de existencia de un cr�dito en cantidad espec�fica.

    Los beneficios que, en su caso, obtenga quien ejerci� la acci�n de jactancia, si llega a prosperar, ser�n la recuperaci�n de su cr�dito mercantil o civil, cuestionados por el jactancioso y, consecuentemente, la seguridad jur�dica reconocida de su situaci�n, lo que no es susceptible de establecer como motivo de una cuant�a en el negocio.

    Por tanto, si no hay convenio de prestaci�n de servicios profesionales, los licenciados en derecho que hayan prestado sus servicios en un juicio en que se ejerci� la acci�n de jactancia, deber� considerarse que se trata de un negocio de cuant�a indeterminada y, con base en tal supuesto, corresponder� la aplicaci�n de la disposici�n respectiva, del ordenamiento del arancel para abogados de la entidad federativa en que se llev� al cabo tal controversia civil.

    En m�rito de las consideraciones vertidas con antelaci�n, la tesis que debe prevalecer es la que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los siguientes t�rminos:

    JACTANCIA. EL JUICIO EN EL QUE SE EJERCE DICHA ACCI�N ES DE CUANT�A INDETERMINADA, PARA EFECTO DEL ARANCEL PARA ABOGADOS.-La acci�n de jactancia se origina en la imputaci�n que la accionante hace al demandado, de haberse jactado de la existencia a su favor de un cr�dito a cargo del demandante. Sus fundamentos son dos: a) el derecho a mantener la integridad del cr�dito civil o mercantil; y b) el derecho a la seguridad jur�dica. El fin que se persigue es obtener una sentencia, que determine imponer al demandado la obligaci�n de ejercer la acci�n de que se jacta, concedi�ndole un t�rmino para ello y con la consecuencia de que, en caso de no hacerlo, se declare extinguida la facultad de tal acci�n. La condena tiene como finalidad obligar a ejercer la acci�n dentro de un t�rmino y de extinguir tal potestad de accionar, si transcurre tal lapso. Por tanto, se trata de un negocio de cuant�a indeterminada. Luego entonces, si las disposiciones de los correspondientes ordenamientos de arancel para abogados de alguna entidad federativa, permiten advertir que parten de la base de que en los negocios en los que actuaron los profesionales, resulten ser o no de cuant�a determinable, para establecer cu�l ser� el dispositivo legal a aplicar para fijar los honorarios de los abogados que pretendan el pago de sus servicios, es de considerarse que un juicio en el que se instaur� la acci�n de jactancia, deba estimarse de cuant�a indeterminada; sin que obste la atribuci�n en una parte de la demanda, de que el pretendido jactancioso manifestara una cantidad monetaria, porque esto no constituir�, en su caso, punto medular de la condena, que no ser� de dar, sino de hacer.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

No existe contradicci�n entre las ejecutorias precisadas en el considerando quinto de esta sentencia.

SEGUNDO

S� existe contradicci�n, entre las ejecutorias especificadas en el considerando sexto de este fallo.

TERCERO

Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis propuesta en la parte final del considerando �ltimo de esta ejecutoria.

CUARTO

De conformidad con lo dispuesto en la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de A., h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica, para los efectos consiguientes.

QUINTO

Rem�tase de inmediato al Semanario Judicial de la Federaci�n y su G. la tesis de jurisprudencia que se sustenta, para su publicaci�n inmediata, y para los efectos establecidos en el art�culo 195, fracciones I y II, de la Ley de A., y env�ese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados contendientes; en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

N.�quese y c�mplase.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente H.R.P. (ponente).