Ejecutoria num. 2a./J. 71/98 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828736

Ejecutoria num. 2a./J. 71/98 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 71/98
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 1998
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN MATERIA LABORAL. LA CONDICIÓN DE QUE EL TRABAJADOR SE TRASLADE A UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE RESIDE PARA SU DESAHOGO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO Y, POR LO MISMO, NO PUEDE CONSIDERARSE ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE IMPOSIBILITA IMPUGNARLA EN LA VÍA DIRECTA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 8/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Es conveniente a continuaci�n, determinar si existe la contradicci�n denunciada entre los criterios se�alados.

Con ese objeto es necesario realizar las siguientes precisiones:

El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el toca de improcedencia laboral 290/96-1, promovido por N.�s M.R.�guez, sostuvo, en la parte que a esta contradicci�n interesa, lo siguiente:

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente recurso de revisi�n, conforme a los art�culos 107, fracci�n VIII, parte final, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 85 fracci�n I, de la Ley de Amparo, 37 fracci�n II de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y los acuerdos 1/88 y 1/1993 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho y trece de enero de mil novecientos noventa y tres, respectivamente. SEGUNDO. El recurso que se examina es procedente, atento a lo dispuesto por los art�culos 82 y 83 fracci�n I, de la Ley de Amparo, y fue interpuesto dentro del t�rmino de diez d�as que se�ala el numeral 86 del citado ordenamiento, habida cuenta de que el acuerdo impugnado se notific� al recurrente por lista el siete de junio de mil novecientos noventa y seis y el escrito de agravios fue presentado el veintiuno del mismo mes y a�o. TERCERO. El acuerdo recurrido es el siguiente: ?Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis. Vista la demanda de amparo promovida por N.�s M.R.�guez, contra actos de la Junta Especial N�mero 37 de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, que en esencia hizo consistir en: �Lo constituye la resoluci�n de fecha 7 de mayo de 1996, dictada dentro del expediente laboral No. 308/95, relativo a la reclamaci�n laboral promovida por N.�s M.R.�guez, contra el IMSS, reclam�ndose las consecuencias y efectos del mencionado acto.�; y advirti�ndose que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con la fracci�n IV del art�culo 114 y 159, fracci�n XI, del citado ordenamiento legal. En efecto, teniendo en consideraci�n que en la especie se trata de un acuerdo mediante el cual la responsable acord� una diligencia de prueba en el sentido de fijar hora, fecha y lugar para que tenga desahogo una prueba pericial, y que �sta debe abordarse al combatir la sentencia definitiva de amparo directo, ya que los actos procesales tienen una ejecuci�n de imposible reparaci�n �nicamente cuando afectan los derechos fundamentales del gobernado que tutela la C.�n mexicana, a trav�s de las garant�as individuales, lo que no sucede trat�ndose del prove�do en estudio, ya que �ste s�lo produce efectos intraprocesales; quedando comprendida esta hip�tesis dentro del art�culo 159, fracci�n III, de la Ley de Amparo, al tratarse de violaciones al procedimiento, que trascienden al resultado del fallo, pues de conformidad con el art�culo 107, fracci�n III, inciso a) de la C.�n General de la Rep�blica Mexicana, el juicio de amparo directo o uniinstancial procede en trat�ndose de violaciones cometidas durante el procedimiento s�lo cuando se afectan las defensas del quejoso y esta afectaci�n incide en el resultado del fallo, lo que implica que la procedencia del amparo directo no s�lo se da en aquellos casos en que exista privaci�n de defensa, sino tambi�n en los que s�lo afecten a �stas y no �nicamente por violaciones a las partes sustanciales del procedimiento, sino tambi�n por violaciones al procedimiento, como es el auto de referencia, por lo que, de acuerdo con el art�culo 107, fracci�n III, inciso b) de la C.�n mexicana y 114, fracci�n IV, de la Ley de Amparo que regula la procedencia del juicio de amparo indirecto biinstancial, dicho juicio es improcedente en contra de la resoluci�n que decida sobre el tema en estudio, porque la misma no constituye un acto de ejecuci�n irreparable. Cabe citar en apoyo a la consideraci�n precedente, el criterio sustentado por la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 3/89, consultable en las p�ginas 70 y 71 del Informe de Labores correspondiente al a�o de 1989, Volumen I, Segunda Parte, que dice: �AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CU�NDO Y C�MO PROCEDE. La C.�n y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la C.�n en el art�culo 107, fracci�n III, inciso a), se�ala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, �stas deben afectar . La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su art�culo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia C.�n se�ala a la anterior regla general, las excepciones contra actos en juicio cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n, fuera de juicio o despu�s de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extra�as a juicio. As�, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el art�culo 107, fracci�n III inciso a), de la C.�n y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que se�ala la propia C.�n en el art�culo 107, fracci�n III, inciso b) y c) y que precisa el art�culo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto.�; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de referencia por su manifiesta e indudable improcedencia, esto con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 145 del invocado ordenamiento legal. F�rmese cuaderno auxiliar.?. CUARTO. El recurrente hace valer como agravios los siguientes: ?1. La resoluci�n mediante la cual se desecha de plano la demanda de garant�as y amparo, es violatoria del art�culo 77 fracci�n I y II de la Ley de Amparo, por no fijar en forma clara y precisa el acto reclamado, as� como por no apreciar en forma correcta las pruebas para tener por acreditado el mismo; as� mismo por no apreciar en forma correcta las pruebas para tener por acreditado el mismo; as� mismo porque resultan inaplicables los art�culos 73 fracci�n XVIII, 114 fracci�n IV y 159 fracci�n XI de la Ley de Amparo, porque el a quo hace una incorrecta interpretaci�n de los mismos, en virtud de que en principio no se actualiza la hip�tesis legal de la fracci�n XVIII del primero de los art�culos en cita, ni del �ltimo, toda vez que la violaci�n a las leyes del procedimiento no podr�a ser v�lidamente reparada al pronunciarse el laudo, porque el acto reclamado que llegare a ejecutarse dejar�a sin materia la violaci�n que el a quo pretende que sea subsanada mediante el amparo directo o uniinstancial; por el contrario se viola el art�culo 114 fracci�n IV por parte del Juez de Distrito, toda vez que el acto reclamado que se hizo consistir en el acuerdo o resoluci�n de fecha 7 de mayo de 1996, mediante la cual la responsable fija t�rmino para el desahogo de la pericial, as� como para que el suscrito se presente en la Ciudad de M�xico para que sea auscultado y el citado perito emita el dictamen correspondiente es un acto de imposible reparaci�n en el amparo directo. Al efecto, contrariamente a lo que sostiene la C. Juez de Distrito, el acuerdo que se recurre en amparo indirecto, afecta mis derechos fundamentales establecidos en el art�culo 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como el diverso 17, en virtud de que no se funda y motiva en dispositivos legales constitucionales en cita, en atenci�n a la obligaci�n de los tribunales para administrar justicia y la expeditez para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, al efecto, como se advierte en el acto reclamado, no obstante que en forma clara la Ley Federal del Trabajo, establece t�rmino de tres d�as para la realizaci�n o pr�ctica de alg�n acto procesal o el ejercicio de un derecho, la autoridad laboral se�al� hasta el mes de enero de 1997, el desahogo de la prueba pericial y adem�s que �sta deber�a desahogarse en la Ciudad de M�xico, es decir fuera de la jurisdicci�n competencial de la Junta, constituyendo lo anterior una violaci�n no reparable en el amparo directo, pues la violaci�n del acto reclamado se hizo consistir en que la responsable est� fijando un t�rmino completamente al margen de la ley laboral, as� como el desahogo de dicha prueba, en lugar distinto al en que se lleva el juicio laboral respectivo; en los anteriores t�rminos de manera sustancial debi� la Juez de Distrito integrar o fijar el acto reclamado, y haber tomado en consideraci�n el acuerdo que como prueba le fue aportado, consistente en la resoluci�n de fecha 7 de mayo de 1996, sin embargo no fue as� y consecuentemente los fundamentos legales para sobreseer el juicio resultan inaplicables por las razones antes apuntadas, por la cual pido se resuelva que es procedente este recurso de revisi�n.?. QUINTO. Son infundados los anteriores agravios sin que se est� en el caso de suplirlos en alguna deficiencia en t�rminos del art�culo 76 bis fracci�n IV de la Ley de Amparo por no existir motivo manifiesto para ello. En efecto, el acto que se reclama y que fue considerado acertadamente por la Juez Federal como de aquellos que no son de imposible reparaci�n desechando la demanda de garant�as por notoriamente improcedente; se hizo consistir en el prove�do mediante el cual el tribunal del trabajo se�alado como responsable, design� perito tercero en discordia en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, as� como fecha y hora para que el actor aqu� recurrente compareciera ante �l para el examen correspondiente. Efectivamente, como ya se dijo y ahora se reitera y contra lo que alega el inconforme, dicho acto no es de aquellos contemplados en la fracci�n IV del art�culo 114 de la Ley de Amparo, ya que el mismo no es de ejecuci�n irreparable ni afecta los derechos sustantivos del recurrente pues por el contrario, como bien juzg� la a quo, sus efectos s�lo son intraprocesales es decir, lesivos de derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al promoverse el amparo directo contra el laudo que en su oportunidad se dicte; actualiz�ndose as� la hip�tesis prevista en la fracci�n III del art�culo 159 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 C.onales y en ese tenor, las violaciones de que se duele el recurrente, como ya se dijo, debe hacerlas valer en el amparo directo al impugnar el laudo en caso de que le sea adverso, en t�rminos del art�culo 161 de la Ley de Amparo; siendo correcta y perfectamente aplicable al caso la jurisprudencia invocada por la Juez de Distrito quien, contra lo que opina el quejoso, s� precis� y apreci� debidamente el acto reclamado. Lo dem�s que alega el promovente se vincula con el fondo del amparo que no se examin� en virtud del desechamiento de la demanda por notoria improcedencia. En consecuencia, ante lo infundado de los agravios acabados de estudiar, lo que procede es confirmar el prove�do que se revisa. Por lo expuesto y con apoyo, adem�s, en el art�culo 35 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se resuelve: PRIMERO. Se confirma el auto impugnado. SEGUNDO. Se desecha la demanda de garant�as interpuesta por N.�s M.R.�guez contra los actos y autoridades que se encuentran precisados en el resultando primero de este propio fallo. N.�quese ...

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el toca de improcedencia 284/96-VIII laboral, promovido por G.L.M., sostuvo el siguiente criterio:

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, es competente para conocer del presente recurso por raz�n de turno, de conformidad con los art�culos 107, fracci�n VIII, parte final, de la C.�n General de la Rep�blica; 85, fracci�n I, de la Ley de Amparo, y 37, fracci�n II, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el acuerdo VII/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n de veintiuno de junio de mil novecientos noventa. SEGUNDO. El recurso de revisi�n fue interpuesto en tiempo, en los t�rminos del art�culo 86 de la Ley de Amparo. TERCERO. Los agravios expuestos por la parte recurrente son los siguientes: ?1. La resoluci�n mediante la cual se desecha de plano la demanda de garant�as y amparo, es violatoria del art�culo 77 fracciones I y II de la Ley de Amparo, por no fijar en forma clara y precisa el acto reclamado, as� como por no apreciar en forma correcta las pruebas para tener por acreditado el mismo; asimismo porque resultan inaplicables los art�culos 73 fracci�n XVIII, 114 fracci�n IV y 159 fracci�n XI de la Ley de Amparo, porque el a quo hace una incorrecta interpretaci�n de los mismos, en virtud de que en principio no se actualiza la hip�tesis legal de la fracci�n XVIII del primero de los art�culos en cita, ni del �ltimo, toda vez que la violaci�n a las leyes del procedimiento no podr�an ser v�lidamente reparadas al pronunciarse el laudo, porque el acto reclamado de llegar a ejecutarse dejar�a sin materia la violaci�n que el a quo pretende que sea subsanada mediante el amparo directo o uniinstancial; por el contrario se viola el art�culo 114 fracci�n IV por parte del Juez de Distrito, toda vez que el acto reclamado que se hizo consistir en el acuerdo de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual la responsable fija t�rmino para el desahogo de la pericial, as� como para que la suscrita se presente a la Ciudad de M�xico para que sea auscultada y el citado perito emita el dictamen correspondiente, es un acto que tiene sobre mi persona una ejecuci�n de imposible reparaci�n en el amparo directo. Al efecto, contrariamente a lo que sostiene la C. Juez de Distrito, el acuerdo que se recurre en amparo indirecto, afecta mis derechos fundamentales establecidos en el art�culo 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como el diverso 17, en virtud de que no se funda y motiva en dispositivo legal el acto reclamado, independientemente de ello se viola tambi�n el segundo de los dispositivos legales constitucionales en cita en atenci�n a la obligaci�n de los tribunales para administrar justicia y la expeditez para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, al efecto, como se advierte del acto reclamado, no obstante que en forma clara la Ley Federal del Trabajo establece el t�rmino de tres d�as para la realizaci�n o pr�ctica de alg�n acto procesal o el ejercicio de un derecho, la autoridad laboral se�al� hasta el mes de enero de mil novecientos noventa y siete el desahogo de la prueba pericial y adem�s que �sta deber�a desahogarse en la Ciudad de M�xico, es decir fuera de la jurisdicci�n competencial de la Junta, constituyendo lo anterior una violaci�n no reparable en el amparo directo, pues la violaci�n del acto reclamado se hizo consistir en que la responsable est� fijando un t�rmino completamente al margen de la ley laboral, as� como el desahogo de dicha prueba, en lugar distinto al en que se lleva el juicio laboral respectivo; en los anteriores t�rminos de manera sustancial debi� la Juez de Distrito integrar o fijar el acto reclamado, y haber tomado en consideraci�n el acuerdo que como prueba le fue aportado, consistente en la resoluci�n de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, sin embargo no fue as� y consecuentemente los fundamentos legales para sobreseer el juicio resultan inaplicables, por las razones antes apuntadas, raz�n por la cual pido se resuelva que es procedente este recurso de revisi�n.?. CUARTO. El agravio que se formula resulta fundado en lo esencial. En efecto, como se aduce, el Juez de Distrito incurri� en un incorrecto examen de la demanda de garant�as al considerar que la resoluci�n reclamada de siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictada en el expediente laboral 5/94 promovido por la quejosa en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el otorgamiento de una pensi�n de invalidez, constituye una violaci�n procesal reclamable en amparo directo hasta una vez que se dicte la sentencia definitiva en cuanto al fondo del asunto, determinando por ende el desechamiento de plano de la citada demanda. Lo anterior es as�, atento que la peticionaria de garant�as al formular la demanda de amparo, manifest� entre otras cosas, ?como se advierte del texto de la resoluci�n de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, la Junta nombra como un perito tercero a la doctora Jes�s S.R.�guez (sic) y se comisiona al actuario para que le notifique al actor que deber� presentarse en la coordinaci�n de peritajes ubicada en doctor Barrag�n n�mero 63, colonia D., en M�xico, Distrito Federal, se�al�ndose las ocho horas del d�a veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete, para que se presente a la pr�ctica de los estudios m�dicos respectivos?; situaciones que la agraviada considera violatorias de las garant�as de justicia r�pida y expedita establecida en el art�culo 17 constitucional y de legalidad tutelada por el art�culo 16 de la propia C.�n, argumentando que el plazo de aproximadamente ocho meses se�alado para su desahogo es excesivo e ilegal y que no existe dispositivo que faculte a la Junta a ordenar el desahogo de la prueba en la forma en que lo hizo y fuera de su residencia. Ahora bien, debe convenirse con la Juez de Distrito en que la resoluci�n reclamada por virtud de la cual se designa perito tercero en discordia con residencia en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal y se se�ala lugar, fecha y hora para el desahogo de tal probanza, es un acto de naturaleza intraprocesal; sin embargo, cabe advertir que el caso reviste caracter�sticas especiales en virtud de que en la citada resoluci�n se se�ala como perito tercero a una persona que se encuentra en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal y dicha circunstancia implica para el quejoso la obligaci�n de acudir a esa ciudad para el examen m�dico de su persona, con la consiguiente erogaci�n patrimonial que ello representa y que trasciende a los derechos sustantivos del demandante de manera tal, que si procediera a su traslado para el desahogo de la prueba correspondiente ya no podr�a recuperar lo que en ello hubiere invertido; y, por otra parte, tambi�n existe el riesgo de que, de continuar el procedimiento en estos casos se atente en forma directa contra la garant�a consagrada en el art�culo 17 constitucional, atento que el desahogo de la prueba de m�rito, se encuentre se�alada para el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete; de ah� que la mera posibilidad de afectaci�n directa de esta garant�a por un acto procesal, hace procedente el juicio de amparo indirecto, como lo ha sostenido este tribunal en la tesis TC192018.9 KO 1, aplicada por analog�a al caso concreto, cuyo rubro y texto dicen: ?LA NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA DICTAR RESOLUCI�N DENTRO DEL T�RMINO LEGAL, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La negativa injustificada de la autoridad responsable para resolver dentro del t�rmino legal un incidente de falta de personalidad es reclamable en amparo indirecto pues no se trata de un acto intraprocesal, en virtud de que tal omisi�n podr�a vulnerar de manera directa la garant�a de seguridad jur�dica consagrada en el art�culo 17 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.?. En las relacionadas condiciones, procede revocar la resoluci�n recurrida y ordenar la admisi�n de la demanda de garant�as, de no existir alg�n otro motivomanifiesto e indudable de improcedencia. Por lo expuesto y con apoyo en los art�culos 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se revoca el auto recurrido. SEGUNDO. Se ordena admitir a tr�mite la demanda de garant�as promovida por G.L.M., en contra del acto reclamado a la Junta Especial N�mero Treinta y Siete de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje en el Estado, que qued� precisado en el resultando primero de la presente ejecutoria. N.�quese ...

Realizadas las anteriores transcripciones y tambi�n con el prop�sito de dilucidar si existe o no oposici�n entre los criterios jur�dicos sustentados por los tribunales mencionados, resulta conveniente determinar qu� requisitos o presupuestos esenciales deben concurrir para que se actualice la figura de la contradicci�n de tesis.

Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado en la jurisprudencia 178, publicado en la p�gina 120, Tomo VI del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a los a�os de 1917 a 1995, que es del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la C.�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En el caso que nos ocupa, se advierte que ante los dos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se plantearon cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, ya que en ambas, la parte quejosa interpuso juicio de amparo indirecto, se�alando como acto reclamado el acuerdo de la Junta Especial N�mero 37 de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, mediante el cual �sta acord� una diligencia respecto a una prueba pericial, en el sentido de fijar fecha para su desahogo, adem�s, de designar como perito tercero en discordia a uno con residencia en la Ciudad de M�xico y determinar que para su desahogo el quejoso se trasladara a esa ciudad.

En ambos casos, el Juez Primero de Distrito en el Estado mencionado, desech� de plano las demandas de amparo, bajo el argumento de que los acuerdos reclamados, constitu�an una violaci�n procesal que no ten�a una ejecuci�n de imposible reparaci�n y que, por lo mismo, deb�an ser impugnadas en el amparo directo que se promoviera contra el laudo que al respecto se pronunciara.

Inconformes con esta determinaci�n, las quejosas en ambos juicios, interpusieron sendos recursos de revisi�n, de los cuales toc� conocer, en relaci�n con el promovido por N.�s M.R.�guez, al Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, el que por resoluci�n de quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, determin� confirmar el acuerdo recurrido, aduciendo para ello que ese acto no era de ejecuci�n irreparable ni afectaba los derechos sustantivos del recurrente, ya que sus efectos eran �nicamente intraprocesales, los cuales podr�an ser reparados al promoverse el amparo directo contra el laudo que en su oportunidad se dictara.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, resolvi� revocar el acuerdo de desechamiento y ordenar la admisi�n de la demanda, debido a que consider� que si bien era cierto que el acto reclamado ten�a una naturaleza intraprocesal, tambi�n lo era que, el caso, revest�a caracter�sticas especiales, toda vez que el hecho de que se se�alara como perito tercero a una persona que se encontraba en la Ciudad de M�xico, implicaba para el quejoso la obligaci�n de acudir a esa ciudad para el examen m�dico de su persona, con la consiguiente erogaci�n patrimonial que ello representaba y que trascend�a a los derechos sustantivos del demandante, debido a que si procediera a su traslado para el desahogo de la prueba correspondiente, ya no podr�a recuperar lo que en eso hubiera invertido, adem�s de que se correr�a el riesgo de que, al se�alarse una fecha tan lejana para el desahogo de la prueba pericial, se atentara contra la garant�a consagrada en el art�culo 17 constitucional, lo que, a parecer de dicho �rgano colegiado, hac�a procedente el juicio de amparo indirecto promovido por G.L.M..

Lo hasta aqu� expuesto, denota que los criterios que sustentaron los tribunales contendientes fueron opuestos, pues en tanto el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, sostuvo que el acuerdo por el cual se desech� la demanda de amparo en contra del acto reclamado, era correcto, por las razones que se expusieron anteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado, estim� que la resoluci�n recurrida era incorrecta y orden� la admisi�n de la demanda de amparo que le dio origen al toca de revisi�n.

En consecuencia, como los negocios examinados, contienen situaciones jur�dicas esencialmente iguales, que fueron resueltas de manera discrepante por los Tribunales Colegiados correspondientes, mediante una serie de razonamientos e interpretaciones que cada uno de ellos adopt� en las sentencias respectivas, provenientes del examen de los mismos elementos, es claro que en el caso s� se configura la contradicci�n de tesis denunciada.

Se estima pertinente aclarar que si bien ninguno de los �rganos contendientes formul� materialmente una tesis que contuviera la s�ntesis de los razonamientos que expusieron en las resoluciones reproducidas en l�neas anteriores, ello en nada impide que se actualice la presente contradicci�n, en virtud de que cuando los art�culos 107, fracci�n XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a las contradicciones que nos ocupan, utilizan el t�rmino "tesis", debe entenderse que el legislador se refiere a la posici�n que asume el juzgador en la soluci�n del negocio jur�dico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de consideraciones y proposiciones que se expresan con car�cter de propias, adem�s de que lo que las normas enunciadas tratan de regular es la contradicci�n o divergencia sobre una misma cuesti�n jur�dica, como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, que lleve a la unificaci�n de los criterios jur�dicos sostenidos por los diversos �rganos jurisdiccionales.

En este orden de ideas, en nada afecta el hecho de que los Tribunales Colegiados no hayan emitido una tesis que reprodujera el criterio jur�dico que sostuvieron en un determinado asunto, pues como se tiene dicho, lo determinante para decidir si existe o no la contradicci�n denunciada, radica en que los Tribunales Colegiados hayan resuelto los negocios jur�dicos, examinando cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, sustentando criterios jur�dicos discrepantes, provenientes del examen de los mismos elementos, lo cual, como se tiene visto, s� ocurre en la especie.

CUARTO

As� las cosas, conviene ahora definir cu�l de los criterios jur�dicos expuestos, debe subsistir.

Para ello es conveniente tomar en cuenta, que el presente conflicto involucra necesariamente el problema relativo a la procedencia del juicio de amparo en materia laboral, ya sea en la v�a directa o indirecta, cuando los actos reclamados provienen de tribunales del trabajo, esto es, del llamado amparo judicial, cuyo enfoque habr� de concretarse, espec�ficamente, a lo concerniente al desahogo que la Junta laboral pretende dar a la prueba pericial ofrecida en un juicio en el que se reclaman diversas prestaciones laborales; as� como a la posibilidad de que, al reclamarse la dilaci�n excesiva dentro del tr�mite de un procedimiento de esta naturaleza, se transgreda la garant�a fundamental contenida en el art�culo 17 constitucional.

Aqu� se habr� de definir, entonces, si la determinaci�n de la Junta, en cuanto a la forma, t�rminos y condiciones en que habr� de desahogarse la referida probanza y al excesivo lapso que se fij� para ese desahogo, constituyen violaciones de procedimiento que hacen procedente el juicio de amparo directo o si lo conducente en contra de tales determinaciones es ocurrir al juicio constitucional por la v�a indirecta.

Tenemos as�, que las reglas b�sicas que rigen la procedencia del amparo judicial, en materia laboral, se encuentran en el art�culo 107 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones III, V, inciso c) y VI, cuyo texto consigna:

Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley; de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo s�lo proceder� en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ning�n recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violaci�n se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violaci�n en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometi� en la primera. Estos requisitos no ser�n exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; b) Contra actos en juicio cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n, fuera de juicio o despu�s de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extra�as al juicio; ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violaci�n se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promover� ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribuci�n de competencias que establezca la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en los casos siguientes: ... d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; y VI. En los casos a que se refiere la fracci�n anterior, la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de esta C.�n se�alar� el tr�mite y los t�rminos a que deber�n someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones.

Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 C.onales, en los art�culos 158 y 114, fracciones III, IV y V, distingue la procedencia del juicio de garant�as en contra de actos judiciales, en amparo directo y en amparo indirecto, en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en los t�rminos establecidos por las fracciones V y VI del art�culo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ning�n recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violaci�n se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garant�as cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este art�culo, s�lo ser� procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretaci�n jur�dica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto de juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisi�n o negaci�n expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparaci�n, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, s�lo podr�n hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que ponga fin al juicio."

Art�culo 114. El amparo se pedir� ante el Juez de Distrito. ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o despu�s de concluido. Si se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Trat�ndose de remates, s�lo podr� promoverse el juicio contra la resoluci�n definitiva en que se aprueben o desaprueben. IV.C. actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecuci�n que sea de imposible reparaci�n; V.C. actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extra�as a �l, cuando la ley no establezca a favor del afectado alg�n recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercer�a ...

De la transcripci�n efectuada, resulta v�lido establecer las siguientes premisas:

En primer t�rmino que, por regla general, ser� procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y contra resoluciones que pongan fin al juicio que no admitan ning�n recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, tanto por violaciones cometidas en el fallo, como por las efectuadas en la secuela del procedimiento, siempre que estas �ltimas afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fondo.

Que, por excepci�n, es admisible el juicio de amparo indirecto en contra de resoluciones judiciales que no tienen el car�cter de sentencia definitiva o que pongan fin al juicio y que se dicten ya sea en el juicio (cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n), fuera de juicio, despu�s de concluido o que afecten a personas extra�as al mismo.

Establecido lo anterior, y toda vez que la naturaleza del acto reclamado dentro de los juicios de amparo que motivaron la presente denuncia de contradicci�n de tesis, importa la violaci�n a las leyes del procedimiento cometida por un acto dentro del juicio laboral respectivo, es pertinente hacer referencia a las reglas complementarias de impugnaci�n que se contienen en la Ley de Amparo, en su art�culo 159 a fin de determinar si debe regirse por la regla general antes enunciada, o si por el contrario, encuadra en el caso de excepci�n a que se refiere la fracci�n IV del art�culo 114 de ese propio ordenamiento.

As�, tenemos que los dispositivos antes se�alados establecen:

"Art�culo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerar�n violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. Cuando no se le concedan los t�rminos o pr�rrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley; VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las prueban ofrecidas por las otras partes, con excepci�n de las que fueren instrumentos p�blicos; VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos; IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensi�n de acuerdo con las dem�s fracciones de este mismo art�culo; X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo contin�e el procedimiento despu�s de haberse promovido una competencia, o cuando el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, contin�e conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder; XI. En los dem�s casos an�logos a los de las fracciones que preceden a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito seg�n corresponda."

Art. 114. El amparo se pedir� ante el Juez de Distrito: ... IV.C. actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecuci�n que sea de imposible reparaci�n ...

De la lectura de los preceptos transcritos deriva que, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n III, inciso a), constitucional y 158 de la Ley de Amparo, como sucede cuando las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley (art�culo 159, fracci�n III, de la propia Ley de Amparo); pero, existe una serie de excepciones en las que proceder� el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, que son se�aladas por el mismo art�culo 107, fracci�n III, incisos b) y c) constitucional y que precisa el art�culo 114, fracciones III, IV y V de su ley reglamentaria, entre ellas cuando los actos en el juicio tengan una ejecuci�n de imposible reparaci�n.

Ahora bien, este Tribunal Pleno ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que los actos en juicio tienen una ejecuci�n de imposible reparaci�n, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la C.�n y nunca en los casos en que s�lo afecten derechos adjetivos o procesales. La tesis jurisprudencial 24/1992 de este �rgano colegiado textualmente dice:

"EJECUCI�N IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO �STOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El art�culo 114 de la Ley de Amparo, en su fracci�n IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecuci�n que sea de imposible reparaci�n, debi�ndose entender que producen ?ejecuci�n irreparable? los actos dentro del juicio, s�lo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la C.�n, y nunca en los casos en que s�lo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."

Aplicando el anterior criterio jurisprudencial al presente asunto, cabe concluir que la indebida recepci�n o desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa se encuentra prevista, como una violaci�n que afecta sus defensas al ubicarse en la hip�tesis prevista en elart�culo 159, fracci�n III, de la Ley de Amparo, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente haya ofrecido "no se reciban conforme a la ley" al sujetarse a determinadas condiciones su recepci�n o desahogo, por lo que la violaci�n de que se trata, por regla general, s�lo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, en t�rminos de lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 161 de la Ley de Amparo, por no ser un acto que traiga aparejada una ejecuci�n de imposible reparaci�n, ya que s�lo afecta derechos adjetivos que producen �nicamente efectos intraprocesales que podr�n ser reparados si se obtiene laudo favorable.

Efectivamente, la violaci�n procedimental consistente en la indebida forma en que el Juez natural pretende recibir o desahogar una prueba ofrecida por la parte quejosa, en el momento en que se produce, s�lo ocasiona una afectaci�n a sus derechos adjetivos o procesales al obligarla a cumplir con las condiciones que se le hayan se�alado para la recepci�n o el desahogo de la probanza respectiva o bien al aplicarle las consecuencias que deriven de su incumplimiento, pero con ello no se afecta de manera irremediable alg�n derecho fundamental contenido en las garant�as individuales, haciendo tan s�lo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influya o sea tomado en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del oferente de la prueba, raz�n por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, haya afectado las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo.

En la especie, resulta claro que el solo hecho de que la recepci�n o desahogo de una probanza se ordene bajo determinadas circunstancias no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectaci�n a alg�n derecho fundamental contenido en las garant�as individuales, sino la violaci�n de derechos adjetivos que ocasionan �nicamente efectos formales o intraprocesales, y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedar�a reparada la violaci�n y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con la indebida recepci�n o desahogo de la probanza relativa.

En otras palabras, los efectos de la resoluci�n que determina la forma y condiciones en que deber� llevarse a cabo la recepci�n o el desahogo de una prueba se actualizan hasta el dictado del fallo definitivo, toda vez que hasta ese momento se podr� apreciar si con motivo de tal recepci�n o desahogo condicionado de la prueba se vulneraron las defensas del oferente y, con ese motivo, se incurri� en una violaci�n procesal que trascendi� al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecuci�n de imposible reparaci�n.

Sin embargo, esta regla general de que hablamos admite una excepci�n; cuando la fecha, lugar, forma, t�rminos y condiciones en que habr� de llevarse el desahogo de la prueba, es decir, la forma en que la responsable pretende recibirla o desahogarla, en s� misma, puede tener una ejecuci�n de imposible reparaci�n, lo cual ocurre, como se tiene visto, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la C.�n, de manera tal que aunque la sentencia que en cuanto el fondo se dicte llegue a ser favorable, ya no pueda repararse esa violaci�n a la garant�a individual.

As� lo ha considerado el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al trav�s de la jurisprudencia identificada con el n�mero P./J. 6/94, visible a fojas 13 del Tomo 76, abril de 1994 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federaci�n, que aparece bajo el rubro y texto siguientes:

"PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACI�N RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El art�culo 159, fracci�n III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerar�n violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violaci�n procedimental que se reclama no consiste en la admisi�n o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hip�tesis prevista en la fracci�n III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violaci�n en la v�a de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que ponga fin al juicio en t�rminos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 C.onales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podr� apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violaci�n al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepci�n: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepci�n o el desahogo de la probanza relativa en s� misma, pueda tener una ejecuci�n de imposible reparaci�n, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: ?EJECUCI�N IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO �STOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.?, cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garant�as individuales consagradas en la C.�n y nunca en los casos en que s�lo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violaci�n respectiva podr� ser reclamada en amparo indirecto.". Contradicci�n de tesis 39/90. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de marzo de 1993.

De igual manera, puede citarse, por tratarse tambi�n de una excepci�n a la regla general de que la recepci�n o el desahogo de una prueba dentro de un juicio constituyen actos intraprocesales, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte, que aparece bajo el rubro y texto siguiente:

"PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISI�N DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACI�N PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. En primer lugar debe reconocerse que la violaci�n de procedimiento que se analiza no est� expresamente contemplada dentro de ninguna de las diez fracciones contenidas en el art�culo 159 de la Ley de Amparo. En segundo t�rmino, que tampoco es asimilable por analog�a a ninguno de los supuestos normativos de tales fracciones, especialmente al que se refiere la fracci�n III, porque la naturaleza sui generis de la citada violaci�n procesal no s�lo entra�a la simple admisi�n de las pruebas ofrecidas por la contraparte del quejoso, sino que se trata de la indebida admisi�n de probanzas pero que son ofrecidas a cargo del propio quejoso, como es la pericial contable, en la contabilidad de este �ltimo y no del oferente. Por ello, no puede aceptarse el punto de vista relativo a que igual perjuicio recibe el agraviado cuando le son rechazadas sus pruebas, que cuando a su parte contraria le son admitidas las que propone en contra de lo dispuesto por la ley, en raz�n a que el concepto perjuicio y sobre todo el que sus efectos sean o no de imposible reparaci�n, deben ser analizados en cada caso concreto, de aqu� que en la hip�tesis de que se trata se estime que no todas las consecuencias legales y materiales que produce el desahogo de este tipo de pruebas (permitir el acceso a la contabilidad del quejoso al perito del oferente y en su caso, al perito tercero) sean destruidas f�cticamente con el solo hecho de que quien las sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por ello, se est� en presencia de una violaci�n procesal que s� tiene el alcance de afectar las garant�as individuales del quejoso desde el momento de su realizaci�n y que, por tanto, requiere de que ese acto producido dentro del procedimiento judicial en caso de que se estime inconstitucional sea examinado a trav�s del juicio de amparo indirecto. Cabe agregar que no es el hecho de que el Juez natural ya no se haga cargo en la sentencia del prove�do que indebidamente tuvo por admitida la prueba pericial contable de la parte contraria del quejoso, lo que le atribuye el car�cter de irreparable a la violaci�n, sino que lo es la serie de efectos que se producen por el simple desahogo de dicha prueba, los que ya no ser� posible reparar -material y normativamente hablando-, con independencia de que la sentencia que llegue a dictarse le sea desfavorable o no.". Contradicci�n de tesis 10/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de noviembre de 1989.

Ahora bien, habiendo quedado determinado que no todo lo relativo a la recepci�n y desahogo de pruebas constituyen actos intraprocesales reclamables en amparo directo; y trasladando esa excepci�n de la regla general, al caso concreto, conviene ahora determinar si, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado, el se�alamiento del desahogo de una prueba pericial m�dica para una fecha distante al auto en el que se orden� y la obligaci�n que se impone al trabajador de trasladarse a una entidad diversa a la que se tramita el juicio correspondiente para dicho desahogo, pueden traducirse en actos intraprocesales susceptibles de ser combatidos en el amparo directo que se promueva contra el laudo correspondiente, o si por el contrario, tal como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado, tales actos resultan de imposible reparaci�n, debido a que afectan derechos sustantivos, por lo que no pueden ser subsanados con la emisi�n de un laudo favorable y que, por tanto, deben reclamarse en la v�a indirecta.

Pues bien, ante todo, importa destacar que en el caso, los juicios que dieron origen a la contradicci�n que se resuelve, fueron promovidos por los trabajadores N.�s M.R.�guez y G.L.M., en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el otorgamiento de una pensi�n de invalidez, lo que implica que pertenecen al �mbito laboral, en el que se ponen en juego cuestiones relacionadas con la clase social a que pertenecen y que por lo mismo son objeto de una tutela especial que busca lograr el equilibrio social, otorgando a la clase menos favorecida econ�micamente una protecci�n jur�dica que tiende a facilitarle los medios para ocurrir a las instancias legales y desenvolverse dentro de ellas de la mejor manera posible.

Resulta importante destacar que dentro de los principios que rigen al proceso laboral, podemos encontrar, adem�s del de suplencia de la queja a que nos hemos referido, el de la econom�a, sencillez, inmediatez y uno que para este estudio resulta importante: en el proceso laboral no existen costas judiciales ni pago de ninguna especie.

Este �ltimo principio, ha sido interpretado as� por esta Suprema Corte, al trav�s de las tesis emitidas por la Cuarta Sala de la anterior integraci�n, que aparecen visibles a fojas 68 y 70 de los Tomos VII y XV del Semanario Judicial de la Federaci�n, que aparecen bajo los rubros:

"DA�OS, PERJUICIOS Y COSTAS. Salvo casos expresamente se�alados en la ley, en materia de trabajo no es procedente el pago de da�os y perjuicios, ni tampoco la condena en costas."

COSTAS GASTOS E INTERESES. En materia laboral no proceden las acciones por gastos, costas e intereses que se originen con motivo de los juicios de trabajo, por no existir precepto legal alguno que obligue a las partes a hacer tales erogaciones.

Bajo este contexto, conviene resaltar que la conclusi�n del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, se sustent� en dos hechos perfectamente distinguibles:

El primero, en la circunstancia de que la determinaci�n de la Junta de obligar al quejoso a acudir a la Ciudad de M�xico a desahogar una prueba pericial, implica una erogaci�n patrimonial que trasciende a los derechos sustantivos del demandante, pues aun cuando el laudo le fuera favorable ya no podr�a recuperar lo que hubiere invertido en ese traslado.

Por otro lado, en el hecho de que existe el riesgo de que de continuar el procedimiento en los t�rminos sustentados por la Junta responsable, se atente en forma directa contra la garant�a consagrada en el art�culo 17 constitucional, debido a que el desahogo de la referida prueba se se�al� para el 21 de enero de 1997, cuando el auto reclamado es de fecha 7 de mayo de 1996, por lo que consider� que la mera posibilidad de afectaci�n directa de esa garant�a hac�a procedente el juicio de amparo indirecto.

En relaci�n con la primera de las cuestiones, debe decirse que este �rgano colegiado considera adecuado este criterio.

Para ello, es conveniente en principio establecer que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha sustentado que, en t�rminos generales, los perjuicios econ�micos no pueden ser tutelados al trav�s del juicio de amparo, tal como se advierte de la tesis visible a fojas 37 del Tomo 83, de la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que es del tenor literal siguiente:

PERJUICIO ECON�MICO Y PERJUICIO JUR�DICO. EFECTOS EN AMPARO. El perjuicio econ�mico que redunda exclusivamente en menoscabo del inter�s econ�mico, no perjudica jur�dicamente, a diferencia del perjuicio jur�dico que entra�a lesi�n a un derecho consagrado por la ley. Debe tenerse siempre en cuenta la diferencia que existe entre el perjuicio econ�mico y el perjuicio jur�dico que el acto reclamado puede ocasionar a la parte quejosa, en vista de que si s�lo se afecta el inter�s econ�mico, el juicio de amparo es improcedente en los t�rminos de la fracci�n V del art�culo 73 de la ley de materia.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que no puede considerarse como un inter�s jur�dicamente tutelado, para los efectos del amparo, el mero inter�s econ�mico de una persona cuando al lesionarse ese inter�s pecuniario no se lesiona concomitantemente un derecho patrimonial del afectado, tambi�n lo es que ello se encuentra referido a aquellos casos en que hay privaci�n de ganancias posibles (o sea cuando hay un perjuicio en el sentido civil del t�rmino), o cuando se resiente un da�o patrimonial (tambi�n en el sentido civil) derivado de la detentaci�n de una situaci�n que no est� tutelada jur�dicamente en favor de quien la detenta, pero no as�, cuando se trata de obligar a una persona a realizar un gasto o erogaci�n sin causa justa, pues en ese caso, en principio, debe concluirse que el particular s� tiene un derecho tutelado que merece la protecci�n del juicio de amparo.

As� lo ha sustentado el Pleno de esta Suprema Corte, al emitir la tesis, visible a fojas 43 del Tomo 66, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federaci�n, que aparece bajo el rubro y texto siguientes:

INTER�S JUR�DICO Y PERJUICIO ECON�MICO. DIFERENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los perjuicios econ�micos y materiales sufridos por una persona en virtud del acto reclamado no dan derecho a la interposici�n del juicio de garant�as, pues bien puede afectarse econ�micamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jur�dica. Surge el inter�s jur�dico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jur�dica, entendiendo por �sta el c�mulo de derechos y obligaciones pose�dos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de la persona moral. Si las disposiciones impugnadas no se refieren a los derechos contenidos en la esfera jur�dica de los quejosos, �stos carecen de inter�s jur�dico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hacen debe declararse la improcedencia del juicio.

Pues bien, ese inter�s econ�mico que puede ser materia del amparo, trasciende al �mbito de los derechos sustantivos del trabajador, en igual medida que condiciona el desahogo de la prueba pericial a la capacidad econ�mica de �ste, por dos razones evidentes: la primera debido a que si carece de los recursos necesarios para sufragar los gastos del traslado, no estar� en posibilidad de ocurrir a dicho desahogo, con la consecuencia jur�dica que ello implica, lo que desde luego afecta sus defensas legales; y la segunda, porque aun en el caso de que pudiera ocurrir al referido desahogo, el gasto originado con motivo del traslado, no podr�a ser recuperado por el trabajador, debido a que en el juicio laboral no existe la figura de costas procesales, lo que constituir�a una merma en el patrimonio econ�mico del trabajador, que vendr�a a empeorar su ya de por s� dif�cil situaci�n.

Aunado a lo anterior, conviene se�alar que en lo relativo a la prueba pericial en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo establece:

En su art�culo 824, la obligaci�n que tiene la Junta para nombrar los peritos que correspondan al trabajador, siempre que se trate de alguno de los casos siguientes:

  1. Si no hiciera nombramiento de perito;

  2. Si design�ndolo no compareciera a la audiencia respectiva a rendir su dictamen; y

  3. Cuando el trabajador lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes.

Adem�s, en su art�culo 825, dispone que corresponde a la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje designar perito tercero en discordia (fracci�n V); que dicho nombramiento deber� recaer en un profesionista, t�cnico o artista radicado, si lo hubiere, en la poblaci�n donde se ubique el domicilio de las partes o en un lugar cercano, pues aunque la Ley Federal del Trabajo no lo refiere expresamente, ello se desprende de la reglamentaci�n que en cuanto al desahogo de la misma establece el referido art�culo 825, al consignar que cada parte presentar� personalmente a su perito el d�a de la audiencia (fracci�n I); que los peritos protestar�n el desempe�o de su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendir�n su dictamen, a menos que por causa justificada soliciten se se�ale nueva fecha para rendir su dictamen (fracci�n II); y que las partes y los miembros de la Junta podr�n hacer al perito las preguntas que juzguen convenientes (fracci�n IV), lo que no se podr�a lograr si el perito rinde su dictamen fuera del lugar del juicio.

De lo anterior podemos concluir que la prueba pericial en materia laboral, acogiendo el car�cter social que lleva imb�bita dicha materia y el �nimo tutelador y proteccionista hacia el trabajador, se rige por disposiciones que permiten que �ste, por raz�n de su situaci�n econ�mica, no quede en estado de indefensi�n, al no poder pagar los gastos que originen el desahogo de la referida probanza, llegando incluso la obligaci�n de la Junta, hasta el extremo de sufragar los gastos necesarios para el desahogo de la probanza de m�rito, en caso de que el trabajador lo solicite as�, por no tener posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes.

De esta forma, resulta incuestionable que la directriz establecida en la legislaci�n de la materia, debe ser acogida por el juzgador al momento de aplicar la norma,lo que implica que la actualizaci�n de la hip�tesis normativa debe estar encaminada a conservar la esencia de tutela hacia el trabajador.

As� las cosas, se evidencia que s� es una violaci�n procesal de imposible reparaci�n, el hecho de que la Junta responsable designe como perito en medicina del trabajo a uno con residencia en una ciudad distante aproximadamente mil kil�metros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, esto es, marcadamente distantes del lugar donde reside el demandante; m�xime si tomamos en consideraci�n que dentro de la jurisdicci�n de la Junta existen dependencias m�dicas oficiales donde se puede proporcionar a un profesionista de la especialidad respectiva, para que funja como perito tercero en discordia, sin que se haga depender la pr�ctica del peritaje, al hecho de que el trabajador acuda a un sitio diferente al lugar donde radica, ya que esta condicionante implica una violaci�n que no ser� posible reparar, al traducirse en una erogaci�n que un obrero no estar� en posibilidad de cubrir, y que aun de hacerlo ir�a en detrimento de su econom�a, lo que evidentemente afecta las defensas jur�dicas del trabajador.

Por las razones apuntadas anteriormente, esta Segunda Sala considera que es acertado el primero de los puntos controvertidos en este toca, sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito.

De igual manera, en relaci�n con el segundo de los razonamientos expuestos por dicho Tribunal Colegiado, debe decirse que tambi�n resulta correcto, aunque por las razones que enseguida se apuntan:

El derecho fundamental contenido en el segundo p�rrafo del art�culo 17 constitucional, garantiza que cualquier persona puede acudir ante los tribunales y que �stos le administren justicia pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita; adem�s este mandato constitucional se�ala que la justicia se administrar� en los plazos y t�rminos que fijen las leyes.

Pues bien, si alguna persona estima que el tribunal ante el cual ocurri� a dirimir sus controversias, infringe esa garant�a porque no se le administra justicia en los t�rminos establecidos en la ley, debido a que existe una distancia evidente entre la fecha en que se ordena el desahogo de la pericial y el desahogo mismo, es obvio que por tratarse de un derecho sustantivo, cuya afectaci�n no podr� ser subsanada aun cuando se le dicte laudo favorable, s� es susceptible de ser controvertida al trav�s del juicio de amparo indirecto, con independencia de que dicho razonamiento sea o no fundado, pues esa cuesti�n en todo caso, habr� de ser resuelta en la sentencia de fondo que se dicte en el amparo.

Por tanto, no obstante que la referida violaci�n se da dentro de un procedimiento, no puede ser considerada como un caso an�logo a los que ejemplificativamente menciona el transcrito art�culo 159 de la Ley de Amparo, puesto que lo que se controvierte por la quejosa es la violaci�n a un derecho sustantivo tutelado a su favor por el art�culo 17 constitucional, lo que, tal como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado, hace procedente el amparo en la v�a indirecta.

Aunado a lo anterior, cabe se�alar al respecto, que el plazo tan prolongado para el desahogo de la prueba pericial, podr�a resultar perjudicial para los intereses del trabajador, en igual medida que existe una fuerte presunci�n fundada de que las condiciones de salud en que se encuentre puedan agravarse de manera irremediable, provocando consecuencias quiz� irreversibles en el estado f�sico del trabajador.

En consecuencia, y con base en las consideraciones sustentadas a lo largo de esta ejecutoria, se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, recogido por esta Segunda Sala a trav�s de la siguiente tesis:

PRUEBA PERICIAL M�DICA EN MATERIA LABORAL. SU CONDICIONAMIENTO A QUE EL TRABAJADOR SE TRASLADE A UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE RESIDE, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACI�N QUE HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.-Si bien es cierto que la regla general establecida en la fracci�n III del art�culo 159 de la Ley de Amparo, determina que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerar�n violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley, debiendo ser en el amparo directo que en contra del laudo correspondiente se interponga, cuando deba hacerse valer tal violaci�n; tambi�n lo es que esta regla tiene una excepci�n que se deriva de lo establecido en la fracci�n IV del art�culo 114 de la propia ley, en la que se prev� la procedencia del amparo indirecto, en contra de actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecuci�n que sea de imposible reparaci�n, entendi�ndose por �sta la afectaci�n a derechos sustantivos contenidos en las garant�as individuales consagradas en la C.�n, que no ser�n susceptibles de reparaci�n aun cuando se dictara un laudo favorable al quejoso. Ahora bien, en el caso, por tratarse de un proceso en materia laboral, en el que se encuentran en juego intereses pertenecientes a esta clase social y en el que se deben seguir ciertos principios como el de suplencia de la queja, econom�a, sencillez y no existencia de costas judiciales, es evidente que la circunstancia de que la Junta responsable se�ale como lugar de desahogo de la prueba pericial en medicina del trabajo, un lugar marcadamente distante de su jurisdicci�n y del domicilio del demandante y una fecha demasiado lejana para el desahogo de dicha probanza, implica, por un lado, una erogaci�n patrimonial que trasciende a los derechos sustantivos de �ste, en tanto condiciona el desahogo de la referida probanza a la capacidad econ�mica que el obrero tenga para trasladarse a esa ciudad; adem�s, aunque tuviera capacidad para hacerlo, ser�a un gasto que no podr�a recuperar ni siquiera en el supuesto de que el laudo le fuera favorable. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideraci�n que el plazo tan prolongado para el desahogo de la prueba pericial m�dica, podr�a resultar perjudicial para la salud del trabajador. Lo anterior impone como conclusi�n, que tales actos deban ser considerados como de imposible reparaci�n y que en su contra sea procedente el amparo indirecto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis suscitada entre el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del D�cimo Noveno Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, coincidente con el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, en los t�rminos de la tesis redactada en la parte final de esta ejecutoria.

TERCERO

Rem�tase la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para su publicaci�n, y dem�s �rganos a que se refiere el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos, de los se�ores Ministros: J.D.R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M., G.D.G.�ngora P. y presidente y ponente S.S.A.A..