Ejecutoria num. 2a./J. 45/97 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26829338

Ejecutoria num. 2a./J. 45/97 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 45/97
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1997
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO, AL DEMANDAR EL CESE DE AQUÉLLOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (ÚNICA VÍA QUE TIENE PARA OBTENER SU BAJA), DEBE ACOMPAÑAR COMO DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN EL ACTA ADMINISTRATIVA, EN ACATAMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA Y A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA CESARLOS UNILATERALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SINO QUE DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 564, COMPILACIÓN DE 1995, TOMO QUINTO).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 66/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Como cuesti�n previa, debe establecerse en qu� consiste la oposici�n de criterios vertidos por uno y otro �rganos jurisdiccionales.

Para lo anterior, resulta importante destacar lo que el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo consider� al resolver cada uno de los juicios de amparo directo que se promovieron por los diversos quejosos.

  1. En el juicio de amparo directo n�mero 9006/89, radicado ante el referido Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, que se resolvi� el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, se tienen estos antecedentes:

    1. Ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, M.P.Z.R., mediante escrito presentado el trece de febrero de mil novecientos ochenta y siete, demand� del secretario de E.�n P�blica, su reinstalaci�n como trabajadora de base en la Unidad de Capacitaci�n y A.�n de la Direcci�n General de E.�n Secundaria T�cnica, la nulidad del acta administrativa de fecha once de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, el pago de los salarios ca�dos, el de veinte d�as por a�o de servicios, el pago de los aguinaldos y el de las vacaciones que se acumulen.

    2. La Primera Sala del citado tribunal resolvi� que la parte actora no acredit� la procedencia de su acci�n y absolvi� al demandado de todas las prestaciones reclamadas.

    3. Inconforme con lo anterior, la actora promovi� juicio de amparo directo, en el cual se le neg� el amparo solicitado, por ejecutoria pronunciada el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, con apoyo en las consideraciones que sobre el tema se transcriben:

    "TERCERO. Como conceptos de violaci�n se expresa, sustancialmente, que la promovente fue cesada de su empleo mediante un simple oficio, en abierta contradicci�n con el art�culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que ordena la solicitud previa al Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, para dejar sin efectos un nombramiento sin responsabilidad para el Estado, en todos los casos previstos por la fracci�n V de dicha disposici�n.

    "CUARTO. Son infundados los conceptos de violaci�n. Al efecto:

    "Conviene precisar que lo aducido como conceptos de violaci�n no lo hizo valer oportunamente la quejosa en el procedimiento, por tanto, el laudo reclamado no se ocup� de tal punto; pero con independencia de lo anterior, el art�culo 123 constitucional, apartado B, fracci�n IX, dispone: 'Los trabajadores s�lo podr�n ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los t�rminos que fije la ley. En caso de separaci�n injustificada tendr�n derecho a optar por la reinstalaci�n en su trabajo o por la indemnizaci�n correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresi�n de plazas, los trabajadores afectados tendr�n derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la de ley.' y por su parte, el art�culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece: 'Ning�n trabajador podr� ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designaci�n de los trabajadores s�lo dejar� de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas ... V. Por resoluci�n del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje ...'.

    Ahora bien, la interpretaci�n constitucional que debe darse en relaci�n con la ley secundaria, es que aun cuando el titular no cumpla con la obligaci�n de solicitar ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, lo cierto es que este �ltimo s�lo puede ser cesado por justa causa y si es separado del servicio injustificadamente podr� demandar, a su elecci�n, que se le indemnice o reinstale. Por otro lado, la ley burocr�tica se�ala que los efectos del nombramiento s�lo terminar�n, entre otras causas, por las que enumera la fracci�n V de su art�culo 46, por resoluci�n del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje. Entonces, si el titular, con apoyo en alguna de las causas que refiere la aludida fracci�n V, cesa a un empleado, se da una situaci�n de hecho que permite al trabajador, seg�n lo decida, acudir a reclamar su indemnizaci�n o reinstalaci�n y si una vez tramitado el juicio, el tribunal considera que el cese fue justificado, es hasta entonces que deja de surtir sus efectos el nombramiento; consecuentemente, tampoco procede el pago de salarios vencidos cuando el titular no solicita la autorizaci�n, puesto que dichos salarios constitucionalmente s�lo deben cubrirse cuando el cese es injustificado.

  2. En el juicio de amparo directo n�mero 12316/92, igualmente radicado ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resuelto el quince de febrero de mil novecientos noventa y tres, se tienen los siguientes antecedentes:

    1. Por escrito presentado el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, F.J. �nimas de la Sierra, demand� del Instituto Nacional Indigenista, el cumplimiento de su contrato individual de trabajo, la reinstalaci�n en su puesto de almacenista, as� como el reconocimiento de sus derechos legales y contractuales, como el aguinaldo y vacaciones, salarios ca�dos y prima de antig�edad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo para el caso de que se d� por terminada la relaci�n de trabajo.

    2. La Primera Sala del mencionado tribunal resolvi� que el actor no prob� su acci�n y, por ende, absolvi� al titular del mencionado instituto de todas las prestaciones reclamadas en la demanda laboral.

    3. Inconforme con el laudo, el actor promovi� demanda de amparo directo, de la cual correspondi� conocer al mismo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio circuito, quien mediante resoluci�n pronunciada el quince de febrero de mil novecientos noventa y tres, neg� el amparo al quejoso, con apoyo en las siguientes consideraciones:

    "CUARTO. Son infundados los conceptos de violaci�n que se hacen valer, por las razones que enseguida se exponen.

    "Contrariamente a lo que sostiene el quejoso, el laudo reclamado s� est� apoyado en pruebas suficientes para justificar el despido.

    "Aun cuando el quejoso aduce que la responsable se apoy� en pruebas no id�neas para calificar la justificaci�n del despido, no tiene raz�n al respecto, en virtud de que con las pruebas que fueron ofrecidas por el hoy tercero perjudicado se demostr� la falta de probidad del quejoso al haber participado en hechos que resultaron en dem�rito de la instituci�n para la que prestaba sus servicios.

    "Como se desprende de los hechos de la demanda laboral, el hoy quejoso adujo que el oficio mediante el que se le comunic� su baja, no precisaba los hechos que le imputaron y estim� que tal situaci�n lo dejaba en estado de indefensi�n.

    "Al respecto, debe decirse que el hoy tercero, al contestar la demanda laboral, se�al� que la baja del trabajador se debi� a que �ste cometi� faltas graves de probidad y honradez que resultaron en dem�rito del instituto indigenista (f.17); pues al efecto dijo: 'que el d�a primero de julio de mil novecientos ochenta y ocho, a las 12:00 p.m., el actor junto con otras personas tomaron las instalaciones del Centro Coordinador Indigenista de Morgadal aproximadamente durante 10 d�as, ya que se hicieron pasar como representantes de un movimiento para destituir al Sr. N�stor M.A.E., director del mencionado centro, lo cual hicieron por decisi�n propia, sin recurrir ante ninguna autoridad judicial, laboral o de cualquier otra �ndole, paralizando as� las funciones encomendadas al instituto, y lo cual desde luego caus� �graves perjuicios al mismo.�.'

    "Lo anterior est� corroborado con el testimonio notarial que contiene el acta levantada con motivo de la toma de instalaciones, de donde se desprende, adem�s, que incluso manifestaron su deseo de entregar las instalaciones al coordinador estatal del Instituto Nacional Indigenista (f. 17).

    "Al contestar la demanda tambi�n se�al� que el hoy quejoso y sus acompa�antes (f. 21) incurrieron en faltas de probidad, pues ejercieron coacci�n f�sica y moral contra el instituto (sic), hoy tercero perjudicado, actos que son de tal manera graves que hacen imposible la continuaci�n de la relaci�n de trabajo, dada la irresponsabilidad que mostraron.

    "Se�al� adem�s, que al tomar ilegalmente las instalaciones a altas horas de la noche y paralizar las actividades del centro de trabajo, utilizando la coacci�n f�sica y moral, es suficiente motivo para considerar que incurri� en faltas de probidad.

    "Todos los datos anteriormente apuntados y que fueron se�alados por el hoy tercero perjudicado al contestar la demanda, conducen a evidenciar que s� se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que incurrieron (sic) los hechos motivadores del cese, lo cual es jur�dicamente v�lido conforme a la tesis jurisprudencial n�mero 314, publicada en la p�gina 284, Quinta Parte, Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, C.S., que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIN AUTORIZACI�N DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE. Cuando el titular de una dependencia burocr�tica expone por v�a de excepci�n las causas que motivaron el cese de un trabajador del Estado, el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje no puede negarse a estimarlas, aunque no haya acudido al mismo para obtener su resoluci�n previamente al cese, porque semejante acto de indefensi�n no lo autoriza ning�n ordenamiento legal'.

    "Asimismo, aun cuando el hoy quejoso aduce en el concepto de violaci�n que se analiza, que para la procedencia del despido debi� levantarse el acta administrativa a que se refiere el art�culo 46 bis de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, no le asiste la raz�n, en virtud de que, en la especie, el hoy tercero perjudicado ofreci� pruebas que, analizadas conjuntamente, como lo hizo la Sala responsable, ponen de manifiesto la indudable falta de probidad del hoy quejoso, a quien no puede beneficiarle el argumento de que el acta administrativa era un requisito de procedibilidad para el despido, pues tal circunstancia impedir�a a los titulares de las dependencias del Estado hacer frente a situaciones graves, como en la especie lo fue la toma de las instalaciones.

    "Dicha conducta, carente de probidad, qued� demostrada con la confesi�n ficta del hoy quejoso, conforme a las posiciones que le fueron formuladas por la representaci�n del Instituto Nacional Indigenista y por el tercero interesado (fojas 162 a 164), y respaldada con los testimonios de R.M.�ndez y N�stor A. (fojas 209 y 337); por eso, aun cuando no se levant� acta administrativa, tal situaci�n no implica una violaci�n de garant�as, ni crea un estado de indefensi�n, si las faltas cometidas fueron del pleno conocimiento del trabajador, seg�n se desprende de las diversas documentales en las que consta su participaci�n, lo que prueba, sin lugar a dudas, que incurri� en faltas graves de probidad y honradez como lo fue la toma de instalaciones del centro de trabajo.

    "Respecto al concepto de violaci�n que se analiza, este tribunal estima que la tesis de jurisprudencia que cita el quejoso en apoyo de sus argumentos, debe quedar parcialmente sin efecto; lo anterior, con fundamento en el art�culo 6o. transitorio de la reforma de la Ley de A. de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete (D.O. 5 de enero de 1988).

    "La tesis que el quejoso hace valer en apoyo de su concepto de violaci�n es la jurisprudencia n�mero 309, sostenida por la C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 280 de la Quinta Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS. Conforme al art�culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ning�n trabajador puede ser cesado sino por justa causa, y el art�culo 46 bis de la propia ley ordena: �Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, el jefe superior de la oficina proceder� a levantar acta administrativa, con intervenci�n del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en el que con toda precisi�n se asentar�n los hechos, la declaraci�n del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmar� por los que en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y otra al representante sindical� y sigue diciendo que si a juicio del titular procede demandar la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompa�ar�n como instrumentos base de la acci�n, el acta administrativa y los documentos que al levantarse �sta se hayan agregado; por lo que el cumplimiento del requisito se�alado en el art�culo 46 bis, debe ser considerado como un elemento b�sico para la procedibilidad de la acci�n intentada. El razonamiento anterior lleva a la conclusi�n de que si en el juicio correspondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el patr�n carece de acci�n por no haber cumplido con los requisitos a que se refiere el art�culo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se est� en presencia de un caso de improcedencia de la acci�n intentada y por lo mismo dicha acci�n no debe prosperar; por otra parte, si el titular cesa a un trabajador y �ste aduce en el juicio que lo ces� sin haber cumplido con los requisitos a que se refiere el art�culo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra que cumpli� con dicha exigencia legal, se est� en presencia de un caso de incumplimiento a la ley que por s� sola bastar� para considerar que el despido fue injustificado.'

    "Esta jurisprudencia debe quedar parcialmente sin efecto, en virtud de que si el art�culo 46 bis de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado dispone que: 'Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, el jefe superior de la oficina proceder� a levantar acta administrativa, con intervenci�n del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisi�n se asentar�n los hechos, la declaraci�n del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmar� por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompa�ar�n, como instrumentos base de la acci�n, el acta administrativa y los documentos que, al formularse �sta, se hayan agregado a la misma.'.

    "De lo anterior se desprende que s�lo cuando en v�a de acci�n se demanda la autorizaci�n para dar por terminada la relaci�n laboral sin responsabilidad para el Estado, el acta administrativa a que alude dicho precepto es un elemento fundamental e indispensable, sin el cual no puede prosperar la acci�n.

    "Sin embargo, cuando el trabajador es cesado y una vez planteada la demanda por tal motivo, el titular, en v�a de excepci�n, sostiene la justificaci�n del cese, conforme al precepto citado no es indispensable que exhiba el acta administrativa para justificar lo argumentado en defensa, porque en este caso la ley burocr�tica no establece sanci�n alguna respecto de la omisi�n referida, debiendo considerarse, en consecuencia, que en este �ltimo supuesto, el titular podr� allegar al juicio las probanzas que estime pertinentes y si de ellas se desprende la justificaci�n del cese, el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje as� deber� considerarlo.

    En el caso a estudio, si bien es cierto que el titular demandado no levant� el acta administrativa conforme al art�culo 46 bis de la ley burocr�tica para decretar el cese del trabajador, tambi�n es verdad que en el procedimiento laboral aport� elementos probatorios suficientes para demostrar la justificaci�n del cese, seg�n ha quedado explicado.

  3. Por su parte, el juicio de amparo directo n�mero DT-376/94, promovido por D.T.�s B.I., radicado ante el mismo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, tiene los siguientes antecedentes:

    1. Por escrito presentado el seis de julio de mil novecientos noventa, ante la Junta Especial N�mero 14 de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje en el Distrito Federal, quien posteriormente se declar� incompetente, D.T.�s B.I. demand� del Comit� Administrador del Programa Federal de Construcci�n de Escuelas, el cumplimiento de su contrato individual de trabajo, la reinstalaci�n correspondiente, el pago de salarios ca�dos, el de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, d�as festivos y el pago de los dem�s conceptos que se mencionan.

    2. La Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, a quien correspondi� conocer de la citada demanda laboral, resolvi� que el actor no prob� su acci�n y absolvi� al titular de dicho comit� de todas las prestaciones demandadas.

    3. Inconforme con dicha determinaci�n, el actor promovi� juicio de amparo directo, en el cual se le concedi� el amparo solicitado, por ejecutoria dictada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, con apoyo en las siguientes consideraciones:

    "En cambio, es fundado el concepto de violaci�n en el que se alega que la Sala responsable olvid� considerar la objeci�n que en lo particular hizo valer el trabajador respecto de las documentales con las que estim� acreditada la causal del despido.

    "El demandado ofreci�, entre otras, las documentales marcadas con los n�meros cinco, seis, siete y ocho, relativas a oficios en los que se manda comunicar al trabajador el motivo por el que se dio por terminado su nombramiento, mencionan 'diversas irregularidades en que incurri�' y las ponen en conocimiento de otros funcionarios del organismo (fojas 174, 175 y 181 a 189).

    "En la audiencia de pruebas y alegatos de veintid�s de octubre de mil novecientos noventa y uno, la parte actora objet� en cuanto a autenticidad de contenido y firma tales documentales y por otra parte la demandada ofreci� su perfeccionamiento (fojas 216 vta., 217 y 218).

    "El secretario de audiencias, en la verificada el trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno, lo desestim� porque su oferente no se�al� los domicilios para citar a los ratificantes (foja 221 vta.).

    "En el laudo reclamado, la Sala consider� que con las documentales aportadas por la demandada, entre las que se encuentran las reci�n referidas, se prob� la causal de despido (fojas 7 vta. y 9).

    Tal consideraci�n es incongruente por omisi�n con lo alegado en el juicio por la parte actora, habida cuenta de que no examina el valor de aquellas documentales con vista a la objeci�n formulada en cuanto a su contenido y firma, ni toma en cuenta que se desestim� el perfeccionamiento relativo que ofreci� la parte demandada, lo que resulta violatorio de garant�as individuales en perjuicio del quejoso, en atenci�n a la jurisprudencia 1069 consultable en la p�gina 1702 de la Segunda Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

    "LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el art�culo 776 de la Ley Federaldel Trabajo, lo que se traduce en violaci�n de las garant�as contenidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales.'

    En consecuencia, se impone conceder el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el que valore las documentales cinco, seis, siete y ocho del escrito de ofrecimiento de pruebas de la demandada, con vista a las objeciones que formul� el quejoso en su contra y, hecho que sea, resuelva con libertad de jurisdicci�n la controversia.

  4. En el juicio de amparo directo n�mero DT-11226/94, radicado igualmente ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se tienen como antecedentes los que a continuaci�n se citan:

    1. Ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, J.M.E.V., demand� del presidente de la C.�n Nacional de Salarios M�nimos, la reinstalaci�n en el puesto que desempe�aba, as� como el pago de las diversas prestaciones laborales que en autos se mencionan.

    2. La Tercera Sala del citado tribunal resolvi� condenar en parte al titular de esa comisi�n a fin de pagarle al actor solamente el aguinaldo proporcional que le correspond�a y absolver, en otra, al propio titular de ese organismo, de la indemnizaci�n reclamada, prima vacacional, gastos y costas, as� como del pago de los salarios ca�dos.

    3. Inconforme con la anterior resoluci�n, el actor interpuso juicio de amparo directo en contra del laudo reclamado, en el cual se le neg� al actor quejoso el amparo solicitado, por ejecutoria de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco, la cual se apoy� en las siguientes consideraciones:

    "TERCERO. Son inatendibles e infundados los anteriores conceptos de violaci�n, mismos que para mayor claridad se analizan en distinto orden del planteado.

    "Es inatendible el cuarto concepto de violaci�n en el cual el quejoso hace cuestionamientos sobre la conformidad o inconformidad del sindicato respectivo sobre la suspensi�n de los efectos de su nombramiento; y esto es as�, porque tal cuestionamiento no form� parte de la litis laboral, sino que se trat� de un cese por falta de probidad y honradez del trabajador por el cual demand� su reinstalaci�n y, en esa virtud, no puede formar parte de la litis constitucional, de conformidad con el criterio sustentado por la C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en jurisprudencia n�mero 161 que aparece publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, Quinta Parte, C.S., p�gina 144, del tenor siguiente: 'LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie s�lo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional.'.

    "Por otro lado, son infundados los argumentos del quejoso contenidos en una parte del primero y tercer conceptos de violaci�n, en el sentido de que el titular demandado debi� solicitar autorizaci�n del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje para cesar los efectos del nombramiento del trabajador y que al no haberlo hecho, el caso es injustificado y procede el pago de salarios ca�dos.

    "Lo anterior es as�, porque en todo caso puede el titular, por v�a de excepci�n, justificar el cese sin que sea indispensable la autorizaci�n previa del Tribunal Federal correspondiente, seg�n lo ha sostenido este Sexto Tribunal Colegiado, en la tesis que aparece publicada en la p�gina 509 del Tomo V, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS. NO ES NECESARIO SOLICITAR AUTORIZACI�N PREVIA AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE. El art�culo 123 constitucional, fracci�n IX, apartado B, dispone: (se transcribe).

    "Asimismo, son infundados los conceptos de violaci�n que impugnan que ante la falta de eficacia probatoria del acta administrativa, el titular no demostr� la carga de la prueba que le correspond�a y que la consecuencia jur�dica no puede ser otra que considerar que el despido es injustificado.

    "En este sentido, este tribunal advierte que en el laudo impugnado la Sala neg� valor probatorio al acta administrativa del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y uno, por no haber sido perfeccionada; sin embargo, no puede impedirse al titular que por cualquier medio de prueba acredite la justificaci�n del cese, porque el acta administrativa s�lo es indispensable cuando el titular intenta la acci�n relativa a la autorizaci�n para cesar los efectos del nombramiento, pero no lo es cuando el trabajador ha sido cesado y demanda su reinstalaci�n o indemnizaci�n por considerar injustificada tal separaci�n y el titular, por v�a de excepci�n, sostiene la justificaci�n de su proceder, porque en este caso la ley burocr�tica no establece sanci�n alguna respecto de la falta de acta administrativa y si conotros medios de prueba demuestra la justificaci�n del despido, como en el caso aconteci� (con la confesional del actor), es correcta la absoluci�n decretada en favor del titular demandado. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por este Sexto Tribunal Colegiado, mismo que aparece publicado en la p�gina 338 del Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ACTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CESE DE LOS, NO SON IMPRESCINDIBLES CUANDO EL TITULAR EN V�A DE EXCEPCI�N DEMUESTRA LA JUSTIFICACI�N DEL CESE. La jurisprudencia 309, sostenida por la C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 280 de la Quinta Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, dice: �TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS. Conforme al art�culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ning�n trabajador puede ser cesado sino por justa causa, y el art�culo 46 bis de la propia ley ordena: ?Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, el jefe superior de la oficina proceder� a levantar acta administrativa, con intervenci�n del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en el que con toda precisi�n se asentar�n los hechos, la declaraci�n del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmar� por los que en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y otra al representante sindical.? y sigue diciendo que si a juicio del titular procede demandar la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompa�ar�n como instrumentos base de la acci�n, el acta administrativa y los documentos que al levantarse �sta se hayan agregado; por lo que el cumplimiento del requisito se�alado en el art�culo 46 bis, debe ser considerado como un elemento b�sico para la procedibilidad de la acci�n intentada. El razonamiento anterior lleva a la conclusi�n de que si en el juicio correspondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el patr�n carece de acci�n por no haber cumplido con los requisitos a que se refiere el art�culo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se est� en presencia de un caso de improcedencia de la acci�n intentada y por lo mismo dicha acci�n no debe prosperar; por otra parte si el titular cesa a un trabajador y �ste aduce en el juicio que lo ces� sin haber cumplido con los requisitos a que se refiere el art�culo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra que cumpli� con dicha exigencia legal, se est� en presencia de un caso de incumplimiento a la ley que por s� sola bastar� para considerar que el despido fue injustificado.�. Esta jurisprudencia debe quedar parcialmente sin efecto, en virtud de que si el art�culo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que: �Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, el jefe superior de la oficina proceder� a levantar el acta administrativa, con intervenci�n del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisi�n se asentar�n los hechos, la declaraci�n del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmar� por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompa�ar�n, como instrumentos base de la acci�n, el acta administrativa y los documentos que, al formularse �sta, se hayan agregado a la misma.�. De lo anterior se desprende que s�lo cuando en v�a de acci�n se demanda la autorizaci�n para dar por terminada la relaci�n laboral sin responsabilidad para el Estado, el acta administrativa a que alude dicho precepto es un elemento fundamental e indispensable, sin el cual no puede prosperar la acci�n. Sin embargo, cuando el trabajador es cesado y una vez planteada la demanda por tal motivo el titular, en v�a de excepci�n, sostiene la justificaci�n del cese, conforme al precepto citado no es indispensable que exhiba el acta administrativa para justificar lo argumentado en defensa, porque en este caso la ley burocr�tica no establece sanci�n alguna respecto de la omisi�n referida, debiendo considerarse, en consecuencia, que en este �ltimo supuesto, el titular podr� allegar al juicio las probanzas que estime pertinentes y si de ellas se desprende la justificaci�n del cese, el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, as� deber� considerarlo.'.

    "Por �ltimo, es inatendible el segundo concepto de violaci�n en el que impugna la indebida valoraci�n de la confesional a cargo del trabajador, aduciendo que en la misma neg� categ�ricamente el abandono de trabajo y que dicha prueba indebidamente fue la �nica que sirvi� de base a la autoridad para resolver como lo hizo, sin haber examinado en su totalidad la confesional.

    "Lo inatendible de tal argumento consiste en que por diversa ejecutoria de siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, este Sexto Tribunal Colegiado hizo pronunciamiento sobre el alcance probatorio de la confesi�n de m�rito, diciendo expresamente: '... la carga de la prueba en este caso estaba distribuida entre ella y el trabajador; porque si el cese obedeci� a que el trabajador sal�a del centro de trabajo sin autorizaci�n o permiso de sus jefes, y si dicho trabajador, en la demanda laboral respectiva, adujo que las salidas que efectuaba obedec�an a las �rdenes que al respecto le daba su superior inmediato, la carga de la prueba, fijada as� la litis correspond�a a ambas partes: a la dependencia demandada para acreditar su afirmaci�n, en el sentido de que el trabajador se ausentaba o sal�a del centro de trabajo y, al actor, para demostrar su aserto de que lo hac�a por �rdenes de su superior; asistiendo raz�n tambi�n a la quejosa al sostener que la carga probatoria que a ella le correspond�a qued� satisfecha con la confesi�n del actor, contenida tanto en los hechos trece y quince de la demanda, como al contestar la tercera posici�n que se articul�, en el sentido de que los d�as veinticuatro, veinticinco y veintiocho de enero de mil novecientos noventa y uno, sali� o se ausent� de su centro de trabajo ...' (fojas 286 vuelta y 287). En esa virtud, este tribunal se encuentra imposibilitado jur�dicamente para hacer un nuevo pronunciamiento al respecto.

    Consecuentemente, procede negar al quejoso el amparo solicitado.

  5. Por otra parte, en el juicio de amparo directo n�mero DT-4916/95, radicado ante el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, promovido por la Universidad Pedag�gica Nacional, se tienen los siguientes antecedentes:

    1. Por escritos presentados ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, P.C.S.�nchez y Mar�a del Carmen Mar�n M.�nez, demandaron de la Universidad Pedag�gica Nacional, el pago de tres meses de salario por el despido injustificado de que fueron objeto, el pago de veinte d�as de salario por cada a�o de servicios prestados, el pago de salarios ca�dos, el pago de veinte d�as de vacaciones y el de la prima de antig�edad (juicios acumulados).

    2. La Segunda Sala del referido tribunal, mediante resoluci�n del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, determin� que las actoras acreditaron parcialmente los extremos de la acci�n intentada y el demandado justific� parcialmente sus excepciones y defensas, tambi�n resolvi� condenar al titular de dicha universidad a pagar a las actoras diversas cantidades a cada una de ellas por concepto de indemnizaci�n constitucional, prima vacacional y salarios ca�dos, as� como absolver a la demandada de pagar a las actoras lo relativo a veinte d�as de salario por cada a�o de servicios prestados, lo concerniente al pago de la prima de antig�edad y lo correspondiente al pago de vacaciones.

    3. Inconforme con el laudo anterior, la universidad demandada en el juicio laboral promovi� demanda de amparo directo, del cual correspondi� conocer al mismo Tribunal Colegiado, quien por ejecutoria pronunciada el primero de junio de mil novecientos noventa y cinco en el expediente n�mero DT-49167/95, resolvi� conceder el amparo solicitado por dicha instituci�n, con apoyo en las siguientes consideraciones:

    "TERCERO. Son parcialmente fundados los conceptos de violaci�n transcritos.

    "Alega la quejosa en el primer concepto de violaci�n, que la autoridad responsable indebidamente determin� que la carga probatoria correspond�a al titular demandado sin atender a que dada la acci�n intentada, tocaba a las actoras desvirtuar el contenido de las actas administrativas as� como el fundamento del cese.

    "La anterior afirmaci�n es infundada, pues en todo caso corresponde al patr�n acreditar los hechos que invoca como causa justificada de la rescisi�n del contrato de trabajo; lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia n�mero 76, publicada en la p�gina 71 de la Quinta Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, que dice: 'DESPIDO DEL TRABAJADOR. CARGA DE LA PRUEBA.', (se transcribe), de ah� que sea infundado el concepto de violaci�n que se analiza.

    "En el tercero, cuarto, quinto y sexto conceptos de violaci�n, los cuales se analizan conjuntamente dada la vinculaci�n que guardan entre s�, la quejosa impugna la indebida declaraci�n de la responsable en el sentido de que carecen de validez tanto los citatorios como los avisos de cese, al afirmar que las actas administrativas respectivas no fueron elaboradas conforme a lo dispuesto por el art�culo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no obstante que las mismas fueron ratificadas, lo que considera ilegal porque en el caso la instituci�n demandada no solicit� autorizaci�n para el cese de las actoras, sino que las causas del mismo se alegaron por v�a de excepci�n y en esa virtud no existe la obligaci�n de levantar acta administrativa ni de presentar los documentos que al levantarse �sta se hayan agregado, pues tal obligaci�n s�lo existe para el caso en que el titular solicite autorizaci�n para el cese de los empleados, lo que en la especie no recurri� (sic).

    "La anterior afirmaci�n es correcta, pues, en efecto, la autoridad responsable procedi� en los t�rminos expuestos por la quejosa, seg�n se advierte de la siguiente transcripci�n: (se transcribe).

    "Tales consideraciones de la Sala son incorrectas, porque si bien es cierto que no es necesario solicitar autorizaci�n por parte del titular para dar de baja a los trabajadores, tal como lo sostuvo en la primera parte de la consideraci�n transcrita, lo cierto es que, contrariamente a lo expresado por la responsable, no era imprescindible que el titular cumpliera con lo ordenado por el art�culo 46 bis de la ley burocr�tica, pues no se est� en el caso de que el titular hubiera demandado la autorizaci�n para cesar los efectos del nombramiento de las trabajadoras, sino que fueron �stas las que ejercitaron acci�n por considerar que su cese fue injustificado y, en tal virtud, el titular compareci� a juicio en calidad de demandado y por ello la justificaci�n del cese debe demostrarse en v�a de las excepciones y defensas que se hagan valer, de manera que los hechos constitutivos de sus excepciones y defensas pueden ser demostrados mediante las pruebas que estimen pertinentes.

    "Asimismo, asiste raz�n al promovente al se�alar que es inaplicable la jurisprudencia en que se bas� la responsable para condenar al demandado pues, efectivamente, en ning�n caso se intent� la solicitud de autorizaci�n para cesar a las trabajadoras, situaci�n prevista en la jurisprudencia que qued� transcrita en p�rrafos anteriores y que este tribunal considera inaplicable.

    "Todo lo antes expuesto y considerado encuentra apoyo en la tesis sustentada por este Sexto Tribunal Colegiado, misma que aparece publicada con el n�mero 514 L, en la p�gina 338 del Tomo XII, Octava �poca, septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ACTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CESE DE LOS, NO SON IMPRESCINDIBLES CUANDO EL TITULAR EN V�A DE EXCEPCI�N DEMUESTRA LA JUSTIFICACI�N DEL CESE.' (se transcribe).

    "Consecuentemente, procede conceder a la quejosa el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo impugnado y emita otro en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, prescinda de la consideraci�n que se ha estimado ilegal y, con libertad de jurisdicci�n, resuelva lo que proceda.

    Dados los efectos para los que se concede el amparo, resulta innecesario estudiar los restantes argumentos que en los conceptos de violaci�n se hicieron valer, toda vez que al dictar nuevo laudo, la propia autoridad responsable estar� en aptitud de reparar las violaciones aludidas, en caso de existir.

    Las anteriores consideraciones vertidas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en los mencionados juicios de amparo directo, le llevaron a sustentar la tesis TC-016514 LAB que a continuaci�n se transcribe:

    "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ACTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CESE DE LOS, NO SON IMPRESCINDIBLES CUANDO EL TITULAR EN V�A DE EXCEPCI�N DEMUESTRA LA JUSTIFICACI�N DEL CESE. La jurisprudencia 309, sostenida por la C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 280 de la Quinta Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS. Conforme al art�culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ning�n trabajador puede ser cesado sino por justa causa, y el art�culo 46 bis de la propia ley ordena: �Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, el jefe superior de la oficina proceder� a levantar acta administrativa, con intervenci�n del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en el que con toda precisi�n se asentar�n los hechos, la declaraci�n del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmar� por los que en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y otra al representante sindical.�. Y sigue diciendo que si a juicio del titular procede demandar la terminaci�n de losefectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompa�ar�n como instrumentos base de la acci�n, el acta administrativa y los documentos que al levantarse �sta se hayan agregado; por lo que el cumplimiento del requisito se�alado en el art�culo 46 bis, debe ser considerado como un elemento b�sico para la procedibilidad de la acci�n intentada. El razonamiento anterior lleva a la conclusi�n de que si en el juicio correspondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el patr�n carece de acci�n por no haber cumplido con los requisitos a que se refiere el art�culo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se est� en presencia de un caso de improcedencia de la acci�n intentada y por lo mismo dicha acci�n no debe prosperar; por otra parte si el titular cesa a un trabajador y �ste aduce en el juicio que lo ces� sin haber cumplido con los requisitos a que se refiere el art�culo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra que cumpli� con dicha exigencia legal, se est� en presencia de un caso de incumplimiento a la ley que por s� sola bastar� para considerar que el despido fue injustificado.'. Esta jurisprudencia debe quedar parcialmente sin efecto, en virtud de que si el art�culo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que: 'Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, el jefe superior de la oficina proceder� a levantar el acta administrativa, con intervenci�n del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisi�n se asentar�n los hechos, la declaraci�n del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmar� por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal de Conciliaci�n y Arbitraje la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompa�ar�n, como instrumentos base de la acci�n, el acta administrativa y los documentos que, al formularse �sta, se hayan agregado a la misma.'. De lo anterior se desprende que s�lo cuando en v�a de acci�n se demanda la autorizaci�n para dar por terminada la relaci�n laboral sin responsabilidad para el Estado, el acta administrativa a que alude dicho precepto es un elemento fundamental e indispensable, sin el cual no puede prosperar la acci�n. Sin embargo, cuando el trabajador es cesado y una vez planteada la demanda por tal motivo el titular, en v�a de excepci�n, sostiene la justificaci�n del cese, conforme al precepto citado no es indispensable que exhiba el acta administrativa para justificar lo argumentado en defensa, porque en este caso la ley burocr�tica no establece sanci�n alguna respecto de la omisi�n referida, debiendo considerarse, en consecuencia, que en este �ltimo supuesto, el titular podr� allegar al juicio las probanzas que estime pertinentes y si de ellas se desprende la justificaci�n del cese, el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, as� deber� considerarlo.

    "SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

    "A. directo 12316/92. F.J. �nimas de la Sierra. 15 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Mar�a del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: P.A.S..

    "A. directo 376/94. D.T.�s B.I.. 9 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: J.R.G.B.. Secretario: C.E.V.V.�zquez.

    "A. directo 11226/94. J.M.E.V.. 30 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: C.P.B.. Secretaria: Ma. M.R.C..

    A. directo 4916/95. Universidad Pedag�gica Nacional. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: C.P.B.. Secretaria: Ma. M.R.C..

    Adem�s, los criterios que el mismo Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo en los juicios de amparo directo que se mencionan, tambi�n le llevaron a sustentar la tesis TC016179 LAB, la cual es del tenor literal siguiente:

    "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS. NO ES NECESARIO SOLICITAR AUTORIZACI�N PREVIA AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE. El art�culo 123 constitucional, fracci�n IX, apartado B dispone: 'Los trabajadores s�lo podr�n ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los t�rminos que fija la ley. En caso de separaci�n injustificada tendr�n derecho a optar por la reinstalaci�n en su trabajo o por la indemnizaci�n correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresi�n de plazas, los trabajadores afectados tendr�n derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnizaci�n de ley ...' y por su parte el art�culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece: 'Ning�n trabajador podr� ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designaci�n de los trabajadores s�lo dejar� de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas ... V. Por resoluci�n del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje ...'. Ahora bien, la interpretaci�n constitucional que debe darse en relaci�n con la ley secundaria, es que aun cuando el titular no cumpla con la obligaci�n de solicitar ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, lo cierto es que este �ltimo s�lo puede ser cesado por justa causa y si es separado del servicio injustificadamente podr� demandar, a su elecci�n, que se le indemnice o reinstale. Por otro lado, la ley burocr�tica se�ala que los efectos del nombramiento s�lo terminar�n entre otras causas, por las que enumera la fracci�n V de su art�culo 46 por resoluci�n del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje. Entonces, si el titular con apoyo en alguna de las causas que refiere la aludida fracci�n V, cesa a un empleado, se da una situaci�n de hecho que permite al trabajador, seg�n lo decida, acudir a reclamar su indemnizaci�n o reinstalaci�n y si una vez tramitado el juicio el tribunal considera que el cese fue justificado, es hasta entonces que deja de surtir sus efectos el nombramiento; consecuentemente, tampoco procede el pago de salarios vencidos cuando el titular no solicita la autorizaci�n, puesto que dichos salarios constitucionalmente s�lo deben cubrirse cuando el cese es injustificado.

    "SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

    "A. directo 9006/89. M.P.Z.R.. 28 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Mar�a del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: F�lix A.F.R..

    "A. directo 11226/94. J.M.E.V.. 30 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: C.P.B.. Secretaria: Mar�a M.R.C..

    P.�n: Tomo V, Segunda Parte-1 del Semanario Judicial de la Federaci�n, enero a junio de 1990, p�gina 509.

TERCERO

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo n�mero 206/96, promovido por Z.U.G.�lez, concedi� el amparo a la quejosa.

Dicho juicio de garant�as tiene los siguientes antecedentes:

  1. Por escrito presentado el dos de agosto de mil novecientos noventa y tres, ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, Z.U.G.�lez, por conducto de su apoderado, demand� del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico la nulidad del acuerdo por el que se determin� su baja del empleo, la reinstalaci�n en la plaza burocr�tica que le corresponde, el pago de salarios ca�dos y dem�s prestaciones que reclama.

  2. La Primera Sala del mencionado tribunal, mediante laudo de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, dictado en el juicio laboral n�mero 1604/93, promovido por dicha persona, declar� que la actora no acredit� sus acciones y que la demandada justific� sus excepciones y defensas, por lo que absolvi� a dicha demandada de las prestaciones reclamadas por la promovente del juicio.

  3. Inconforme con el referido laudo, Z.U.G.�lez interpuso demanda de amparo directo n�mero 206/96, en el cual dicho Tribunal Colegiado, resolvi� conceder el amparo a la quejosa, con apoyo en las consideraciones que a continuaci�n se transcriben:

"TERCERO. Es en esencia fundado el primer concepto de violaci�n que se hace valer en la demanda de garant�as, as� como el segundo en la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n IV, de la Ley de A..

"Expresa la impetrante del amparo, que la Sala del conocimiento debi� declarar injustificado el cese, toda vez que el titular demandado debi� obtener previamente autorizaci�n de ese tribunal para tal efecto, conforme a lo dispuesto por el art�culo 46, fracci�n V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

"Del an�lisis de las constancias de autos, se advierte que la actora, en la parte final del punto dos del cap�tulo de hechos de su libelo laboral, argument� que su cese fue injustificado '... en virtud de que la autoridad en primera instancia debi� de recurrir ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje a demandar mi cese como lo prev� la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ...'.

"Por su parte, el titular demandado argument� en su contestaci�n que el cese de la trabajadora fue justificado porque �sta incurri� en las causales de rescisi�n previstas en el art�culo 46, fracci�n V, incisos g) e i) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

"Ahora bien, el art�culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que ning�n trabajador podr� ser cesado sino por justa causa, en cuyo caso el nombramiento s�lo dejar� de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares: '...V. Por resoluci�n del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, en los casos siguientes: ... g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificaci�n, las �rdenes que reciba de sus superiores ... i) Por falta comprobada de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.'

"En tanto que en el art�culo 46 bis del ordenamiento legal antes citado, se establece que cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, el jefe superior de la oficina proceder� a levantarle acta administrativa en la cual intervendr�n el trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que en forma precisa se asentar�n los hechos que se le imputen, la declaraci�n del trabajador afectado, as� como la de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, acta que se firmar� por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, previendo dicho numeral que si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, a dicha demanda se acompa�ar� el acta administrativa, as� como los documentos que al instrumentarse �sta se hubieran agregado a la misma.

"Como del sumario laboral no se advierte que en el presente caso se haya cumplido con la formalidad consistente en que el titular demandado, previamente a dejar sin efectos el nombramiento de la ahora quejosa, hubiera solicitado la autorizaci�n correspondiente al Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, en virtud de que las causales invocadas para la separaci�n de la accionante son las previstas en los incisos g) e i) de la fracci�n V del art�culo 46 anteriormente invocado, de ah� que el cese de la citada demandante debi� haberse considerado injustificado; al no haberlo estimado as�, la responsable incurri� con su proceder en violaci�n de garant�as en perjuicio de la quejosa.

"Tiene aplicaci�n, en lo conducente, la tesis jurisprudencial n�mero 560, p�ginas 368 y 369, Tomo V, Materia del Trabajo, del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS.' (se transcribe).

"Por otra parte, este tribunal, bajo el principio de suplencia de la queja en los conceptos de violaci�n, considera incorrecta la determinaci�n de la Sala responsable, en el sentido de estimar justificado el cese de la parte actora, al haberle dado valor probatorio pleno a las documentales ofrecidas por el titular demandado, consistentes en: el original del informe de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y tres; original del oficio 397-VI de fecha veinticinco de febrero del mismo mes y a�o; constancia de hechos de fecha veintis�is de marzo de mil novecientos noventa y tres y actas administrativas de fechas veintinueve y treinta de abril del aludido a�o.

"En efecto, la responsable en forma incorrecta concedi� valor probatorio pleno a las primeras dos documentales citadas, por estimar que fueron exhibidas en original y no objetadas, toda vez que tal circunstancia de ninguna manera trae como consecuencia que tengan valor probatorio pleno, en atenci�n a que debieron ser ratificadas por sus suscriptores, a efecto de que la parte actora estuviera en condiciones de formular las repreguntas que estimara pertinentes para desvirtuar el testimonio contenido en dichas documentales, mismas que se equiparan a una testimonial escrita.

"Igualmente se advierte que la responsable le concedi� valor probatorio pleno a la constancia de hechos de fecha veintis�is de marzo de mil novecientos noventa y tres, por estimar que reun�a todos los requisitos previstos por el art�culo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y por haber sido ratificada por todos los que intervinieron en su elaboraci�n; ahora bien, tal determinaci�n es incorrecta, toda vez que la Sala del conocimiento, mediante acuerdo de fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, visible a foja 301 del expediente, decret� la deserci�n de la ratificaci�n del testigo de asistencia M. �ngel R.S., por tal motivo, el acta administrativa en comento carece del valor probatorio que le otorg� la responsable.

"Cabe agregar que la Sala laboral, en el laudo reclamado, no se ocup� del an�lisis de las actas administrativas de fechas veintinueve y treinta de abril de mil novecientos noventa y tres, instrumentadas a la actora para investigar las faltas que se le atribuyeron; sin embargo, dicha documental tambi�n carece de valor probatorio, ya que no fue ratificado por el testigo de asistencia M. �ngel R.S., en atenci�n a que se declar� la deserci�n de dicha ratificaci�n, mediante acuerdo de fecha de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco (foja 301).

"En tal virtud, es evidente que el proceder de la responsable resulta contrario a derecho, pues las actas administrativas instrumentadas para la investigaci�n de las faltas de los trabajadores al servicio del Estado, deben ser ratificadas por sus suscriptores para que tengan valor probatorio.

"Al caso, tiene aplicaci�n la tesis de jurisprudencia n�mero 4a./J. 23/92, visible a foja 23 de la Gaceta n�mero 58 del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente al mes de octubre de 1992, de rubro: 'ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. S�LO ALCANZAN PLENO VALOR PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES.'.

En las apuntadas condiciones y sin necesidad de estudiar el restante concepto de violaci�n, al resultar el laudo impugnado violatorio de la garant�a de legalidad prevista por el art�culo 16 constitucional, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que se demanda, para el efecto de que la Sala responsable lo deje insubsistente y dicte uno nuevo en el que, conforme a los razonamientos vertidos en esta ejecutoria, determine que en el presente asunto la parte demandada no se sujet� a los lineamientos se�alados por el art�culo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relaci�n con la terminaci�n de los efectos del nombramiento de la actora, y considere tambi�n que las documentales de fechas doce y veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y tres, as� como las actas de fechas veintis�is de marzo y veintinueve y treinta de abril del citado a�o, carecen de valor probatorio, hecho lo cual, resuelva lo que en derecho proceda.

CUARTO

Corresponde a continuaci�n verificar si en el caso existe la contradicci�n denunciada entre las tesis de referencia.

De acuerdo con lo anterior y del an�lisis comparativo de las ejecutorias que han quedado transcritas, se desprende que entre lo considerado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo n�meros 9006/89, 12316/92, 11226/94 y DT-4916/95, y lo considerado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito, al resolver el juicio de amparo directo n�mero 206/96, s� existe la contradicci�n de tesis que se denuncia, atendiendo a las siguientes razones:

1) Como se observa, en cuanto al despido injustificado de la trabajadora M.P.Z.R., el Sexto Tribunal Colegiado, en el juicio de amparo directo n�mero 9006/89, consider� infundados los conceptos de violaci�n de la quejosa y neg� el amparo a �sta por considerar que aun cuando el titular no cumpli� con la obligaci�n de solicitar ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, lo cierto es que este �ltimo s�lo puede ser cesado por justa causa, de modo que si fue separado injustificadamente, podr� demandar, a su elecci�n, que se le indemnice o reinstale.

2) En cuanto a la baja en el empleo del trabajador F.J. �nimas de la Sierra, el propio Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo n�mero 12316/92, declar� infundados los conceptos de violaci�n y tambi�n neg� el amparo al quejoso, por considerar que s�lo cuando en v�a de acci�n se demanda la autorizaci�n para dar por terminada la relaci�n laboral sin responsabilidad para el Estado, el acta administrativa a que alude el art�culo 46 bis de esa ley, es un elemento fundamental e indispensable, sin el cual no puede prosperar la acci�n; que sin embargo, cuando el trabajador es cesado sin tal requisito y �ste demanda, el titular puede, en v�a de excepci�n, sostener la justificaci�n del cese, por lo cual no es indispensable la exhibici�n del acta.

3) Tambi�n debe mencionarse que en relaci�n con el despido injustificado de que fue objeto el trabajador J.M.E.V., antecedente del juicio de amparo directo n�mero DT-11226/94, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito neg� el amparo al quejoso por considerar, igualmente, infundados sus conceptos, porque en todo caso el titular demandado puede, por v�a de excepci�n, justificar el cese del trabajador sin que sea indispensable la autorizaci�n previa del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje.

4) Por otra parte, en el juicio de amparo directo n�mero DT-4916/95 promovido en este caso, no por el trabajador, sino por la Universidad Pedag�gica Nacional en contra de un laudo que la hab�a condenado al pago indemnizatorio por el despido injustificado de P.C.S.�nchez y otras, el mismo Sexto Tribunal Colegiado de Circuito concedi� el amparo porque, contrariamente a lo expresado por la responsable, no era imprescindible que el titular cumpliera con el levantamiento del acta ordenada por el art�culo 46 bis de la ley burocr�tica, pues no demand� la autorizaci�n para cesar los efectos del nombramiento de las trabajadoras, sino que fueron �stas las que ejercitaron acci�n porconsiderar que su cese fue injustificado; por tanto, como el titular compareci� a juicio en calidad de demandado, estuvo en aptitud de demostrar la justificaci�n del cese en v�a de excepci�n, de manera que los hechos constitutivos de sus excepciones y defensas pudieron ser demostrados mediante las pruebas pertinentes.

Los anteriores criterios son discrepantes con lo considerado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien, en lo sustancial, sostiene en la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo n�mero 206/96, promovido por Z.U.G.�lez, que en t�rminos de los art�culos 46, fracci�n V, y 46 bis de la citada ley laboral, no se advert�a del expediente que se hubiera cumplido con la formalidad consistente en que el titular demandado, previamente a dejar sin efectos el nombramiento de la quejosa, hubiera levantado el acta administrativa exigida por el art�culo 46 bis, y que hubiera solicitado la autorizaci�n del cese correspondiente al Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, en virtud de que las causales invocadas para la separaci�n de la actora son las previstas en los incisos a) e i) de la fracci�n V del citado precepto legal, por lo que el cese debi� considerarse injustificado.

La discrepancia, como se ve, aparece en dos aspectos: a) En primer lugar, sobre qui�n tiene la facultad de cesar al empleado que ha incurrido en alguna de las causales que establece la fracci�n V del art�culo 46 de la multicitada ley, pues mientras el Sexto Tribunal sostiene que aunque corresponde al Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, esto s�lo se da cuando el titular acude en v�a de acci�n, pero que �ste tambi�n puede, v�lidamente, cesar al empleado y despu�s, llegado el caso de ser demandado, probar en juicio la causal del cese; en cambio, el Cuarto Tribunal establece que en la hip�tesis de la fracci�n V, s�lo el tribunal es competente para cesar al empleado, por lo que el titular carece de la opci�n se�alada por otro �rgano colegiado; y b) En segundo t�rmino, el Sexto Tribunal dice que como la exhibici�n del acta administrativa requerida por el art�culo 46 bis de la ley no es necesaria cuando el titular dicta el cese directamente, sino �nicamente cuando opta por demandar al empleado ante el �rgano jurisdiccional, no es aplicable, en tales casos, la tesis jurisprudencial 560 (compilaci�n de 1995, Quinta Parte), mientras que el Cuarto Tribunal considera que dados los supuestos aludidos, la exhibici�n del acta por parte del titular es indispensable y, por tanto, debe aplicarse dicha jurisprudencia.

En tales t�rminos queda planteada la contradicci�n.

QUINTO

H.�ndose ya determinado que existe la contradicci�n de tesis y vistos los relatados antecedentes, esta Segunda Sala se aboca a continuaci�n a decidir cu�l es el criterio que debe prevalecer con car�cter jurisprudencial.

Antes, resulta oportuno hacer alusi�n a algunos antecedentes de las disposiciones legales que son materia de la presente contradicci�n de tesis.

Los empleados p�blicos o bur�cratas, a los que la Constituci�n y la ley federal reglamentaria del apartado B, del art�culo 123 constitucional, llaman trabajadores al servicio del Estado, permanecieron durante mucho tiempo, en sus relaciones jur�dicas con la Federaci�n, sin un tratamiento protector similar al que ya ten�an los trabajadores al servicio de los patrones privados, conforme al art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgaci�n en 1917. �sta, originalmente, s�lo indirectamente se refer�a a la relaci�n burocr�tica, en el art�culo 89, fracci�n II, que establec�a:

"Art�culo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

"...

II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, al procurador general de la Rep�blica, al gobernador del Distrito Federal y a los gobernadores de los territorios, al procurador general de Justicia del Distrito Federal y territorios, remover a los agentes diplom�ticos y empleados superiores de hacienda y nombrar y remover libremente a los dem�s empleados de la Uni�n, cuyo nombramiento o remoci�n no est� determinada de otro modo en la Constituci�n o en las leyes.

En la actualidad (1997) dicha disposici�n establece lo siguiente:

"Art�culo 89 ... II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplom�ticos y empleados superiores de hacienda, y nombrar y remover libremente a los dem�s empleados de la Uni�n, cuyo nombramiento o remoci�n no est� determinado de otro modo en la Constituci�n o en las leyes."

El cotejo literal de ambas redacciones, la de 1917 y la de 1997, en la �ltima parte que es la que interesa, revela que son iguales, pero el examen de la evoluci�n hist�rica, los cambios sociales y estructurales producidos en ochenta a�os que se han reflejado en reformas constitucionales, la progresi�n legal y el criterio exeg�tico de la Suprema Corte, todo ello, hace llegar a conclusiones distintas en su interpretaci�n.

En efecto, en 1917, el p�rrafo aludido s�lo pod�a interpretarse en el sentido de que el Ejecutivo ten�a atribuciones para nombrar y remover, con toda libertad, a los empleados federales distintos de los especificados en la primera parte de la fracci�n II, pues aunque al final hac�a la salvedad de aquellos "cuyo nombramiento o remoci�n no est� determinada de otro modo en la Constituci�n o en las leyes", lo cierto es que como los empleados burocr�ticos carec�an de un r�gimen constitucional o legal que ordenara sus relaciones de servicio, el resultado no podr�a ser otro que el de que la ocupaci�n de un empleo y su suerte estaban sujetos a la discrecionalidad o arbitrio, cuando no a la arbitrariedad, del titular.

Con posterioridad a 1917, el presidente de la Rep�blica expidi� el Acuerdo sobre O.�n y Funcionamiento del Servicio Civil, del nueve de abril de 1934, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el doce del mismo mes y a�o cuyos art�culos, en la parte que interesa, establec�an lo siguiente:

"Art�culo 3o. La aplicaci�n de este acuerdo en las secretar�as de Estado, departamentos y dem�s dependencias, quedar� a cargo de comisiones que se denominar�n del servicio civil y ser�n integradas por cinco personas."

"Art�culo 4o. Las C.ones del Servicio Civil de que trata el art�culo anterior, se compondr�n: de un representante del jefe de la dependencia, que fungir� como presidente; de dos vocales, que ser�n precisamente los dos directores, jefes de departamento, oficina o servicio, decanos dentro de la dependencia de que se trate, y de dos representantes de los empleados. Adem�s, cada C.�n del Servicio Civil podr� designar un abogado asesor, quien no tendr� voto en las juntas que celebren las comisiones."

"Art�culo 5o. El representante del jefe de la dependencia, podr� ser designado y removido libremente por dicho funcionario."

"Art�culo 6o. Los dos directores, jefes de departamento, oficina o servicio que funjan como vocales, durar�n en su encargo ilimitadamente."

Art�culo 7o. Los representantes de los empleados federales durar�n en su encargo un a�o, y ser�n elegidos por medio de votaci�n, pudiendo ser reelectos en dos periodos.

Se establec�an en tales preceptos, pues, C.ones del Servicio Civil integradas por funcionarios y representantes de los empleados que, entre otras atribuciones, ten�an la de conocer de las destituciones, por alguna de las causas que limitadamente establec�a el art�culo 54, que era del tenor siguiente:

"Art�culo 54. La destituci�n del empleado s�lo se impondr� por las causas siguientes:

"I. Por haber recibido diez notas malas, no compensadas con notas buenas, durante un semestre.

"II. Por imposici�n durante el mismo periodo de cinco multas.

"III. Por faltar injustificadamente durante m�s de cinco d�as consecutivos.

"IV. Por obrar habitualmente de modo que perturbe el funcionamiento regular del servicio.

"V. Por faltas graves a la disciplina.

"VI. Por marcada negligencia en el trabajo.

"VII. Por ebriedad habitual.

"VIII. Por recibir dinero o d�divas de los interesados en los negocios que tenga bajo su cuidado o responsabilidad.

"IX. Por gestionar por s� o por interp�sita persona, asuntos de la secretar�a o dependencia en que preste sus servicios.

"X. Por presentar documentos falsos para obtener el empleo, o haber ocultado circunstancias que lo excluir�an del servicio, o haber ejecutado actos il�citos para el mismo objeto.

"XI. Por ejecutar habitualmente en su vida privada, actos que puedan poner en peligro los intereses de la naci�n confiados a su cuidado, trat�ndose de empleados con manejo de fondos o valores.

"XII. Por faltar a cualquiera de las obligaciones que se�ala el art�culo 43.

"XIII. Por inhabilitaci�n judicial para desempe�ar empleos o cargos p�blicos." Cabe destacar, como muy importante para la presente contradicci�n, que el art�culo 55 dec�a:

"Art�culo 55. Para imponer la destituci�n se observar�n las reglas siguientes:

"I. Se impondr� siempre por conducto de la respectiva C.�n del Servicio Civil.

"II. Se oir� previamente al interesado por escrito.

III. Se comunicar� al interesado, por escrito, la causa de la destituci�n y los hechos concretos que la motivaron.

La relaci�n de estas disposiciones del acuerdo presidencial de 1934 -antecedente muy remoto del actual Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje y dem�s tribunales burocr�ticos, as� como de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus hom�logas estatales-, no estar�a completa si no se transcribiera tambi�n el p�rrafo siguiente de su exposici�n de motivos:

Por lo pronto abdico de la facultad constitucional que tengo para nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados que dependen del Poder Ejecutivo y estatuyo, como seguridad de los propios funcionarios y empleados, y en bien de la eficacia de los servicios p�blicos, un r�gimen interno que fija normas para la admisi�n y nombramiento de los servidores del gobierno, se�ala sus derechos, obligaciones y recompensas y establece en su favor la garant�a de que, a partir de la fecha del presente acuerdo y hasta el d�a �ltimo de noviembre de este a�o, en que terminar� mi ejercicio presidencial, ning�n funcionario o empleado podr� ser removido de su puesto sin causa justa, debidamente comprobada ante las C.ones del Servicio Civil que se instituyen.

Del acuerdo y exposici�n de motivos importa destacar, para este examen, que desde entonces se tuvo clara la intenci�n de que el cese o destituci�n de un empleado correspond�a competencialmente a la respectiva C.�n del Servicio Civil y, asimismo, que deb�a o�rse previamente al interesado.

Es cierto que el multicitado acuerdo se�al�, como t�rmino de su vigencia, el treinta de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, pero la importancia de sus principios rectores, pese a ser tan rudimentarios, fue muy marcada por la necesidad que hab�a de ordenar jur�dicamente las relaciones del Estado con sus servidores -terreno hasta entonces virgen-; tanto as�, que cuatro a�os m�s tarde el presidente de la Rep�blica envi� al Congreso Federal un ordenamiento que con m�s sistematizaci�n sigui� los principios b�sicos del acuerdo, iniciativa que fue aprobada por dicha Legislatura el cinco de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, con el t�tulo de Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni�n.

El cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y uno, el presidente de la Rep�blica expidi� un nuevo Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni�n, del que es necesario transcribir el art�culo 44, que establec�a lo siguiente:

"Art�culo 44. Ning�n trabajador de base al servicio del Estado, podr� ser cesado o despedido sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento de dichos trabajadores, s�lo cesar� de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado, en los siguientes casos:

"I. Por renuncia o abandono del empleo.

"II. Por conclusi�n del t�rmino o de la obra para el que fue extendido dicho nombramiento.

"III. Por muerte del trabajador.

"IV. Por incapacidad f�sica o mental del trabajador.

"V. Por resoluci�n discrecional del tribunal de arbitraje en los casos siguientes:

"a) Cuando el trabajador incurriere en falta de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra sus jefes o compa�eros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio.

"b) Cuando faltare por m�s de tres d�as consecutivos a sus labores sin causa justificada.

"c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y dem�s objetos relacionados con el trabajo.

"d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.

"e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento, con motivo del trabajo.

"f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que all� se encuentren.

"g) Por no obedecer sistem�tica e injustificadamente las �rdenes que reciba de sus superiores.

"h) Por concurrir habitualmente al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de alg�n narc�tico o droga enervante.

"i) Por falta comprobada de cumplimiento al contrato de trabajo o por prisi�n que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.

"En los casos a que se refiere esta fracci�n, el trabajador que diere motivo para la terminaci�n de los efectos del nombramiento, podr� ser desde luego suspendido en su trabajo, si con ello estuviere conforme la directiva del sindicato a que perteneciere; pero si no fuere as�, el jefe superior de la oficina podr� ordenar su remoci�n a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal de Arbitraje. Cuando se trate de elementos no sindicalizados, la suspensi�n no requerir� tal conformidad sindical."

El an�lisis de este precepto resulta significativamente valioso en la especie, pues, independientemente del principio fundamental que asienta al inicio, de que ning�n trabajador de base ser� cesado sino por causa justificada, lo que implica el concepto fundamental de la estabilidad en el empleo, establece en la fracci�n V lo que en realidad vienen siendo las causas de rescisi�n preponderantes de la relaci�n de servicios, rescisi�n que correspond�a resolver al entonces llamado Tribunal de Arbitraje y no al "jefe superior de la oficina" donde trabajaba el empleado; el jefe (lo que actualmente vendr�a siendo el titular de la dependencia) ni siquiera pod�a suspender al empleado si la directiva del sindicato no otorgaba su conformidad; lo �nico que pod�a hacer era cambiarlo de oficina mientras resolv�a el tribunal.

El resultado de esta concepci�n legislativa revela un tratamiento inequitativo dentro de la relaci�n jur�dica del servicio; en esta relaci�n,los derechos y obligaciones se deben organizar con ponderaci�n y cuidado, de modo tal que se establezcan, respeten y tutelen los derechos del empleado, pero sin menoscabo o dem�rito del buen servicio p�blico que se presta; sin embargo, el an�lisis objetivo del art�culo 44 transcrito hace llegar a la conclusi�n de que romp�a ese equilibrio en perjuicio de la prestaci�n del servicio p�blico, pues si bien era obvia la intenci�n legislativa de evitar que el servidor litigara desde fuera y despojado de los medios econ�micos que aseguraran su defensa, de la otra parte resultaba que careciendo de facultades el jefe o titular de la dependencia para suspender al empleado (si no contaba con el consentimiento del sindicato), ten�a que tolerar su presencia en la oficina o centro de trabajo aunque las faltas cometidas fueran de extrema gravedad, o la conducta del empleado pusiera en peligro a sus jefes, a sus compa�eros o al patrimonio del Estado. La posibilidad otorgada por el precepto, de que el jefe pudiera cambiarlo de oficina, no superaba la objeci�n precedente, pues en esa nueva adscripci�n el riesgo ocasionado por un mal elemento, subsist�a; ello, en el caso de que se contara con otra oficina en la zona o lugar de ubicaci�n, porque si no era as�, el titular de la dependencia estaba imposibilitado para remediar la situaci�n.

Es probable que esa falta de ecuanimidad, derivada de la disposici�n comentada, haya influido en la interpretaci�n jurisprudencial que la entonces C.S. le dio, donde se revela la intenci�n de equilibrar las cosas tolerando que el titular de la dependencia pudiera cesar al trabajador sin someterse a la decisi�n previa del Tribunal de Arbitraje, aunque para ello tuvo que apoyarse, anal�gicamente, en principios civilistas.

En una de las tesis m�s antiguas de este tema, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXXXVII, p�g. 2398, por mayor�a de tres votos, derivada de una ejecutoria dictada el trece de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, la Sala sostuvo el siguiente criterio:

CESE DE TRABAJADORES DEL ESTADO. Una interpretaci�n jur�dica del art�culo 44 del Estatuto Jur�dico de los Trabajadores al Servicio del Estado, lleva a la conclusi�n de que la omisi�n relativa, por parte del titular del poder p�blico, al no iniciar el procedimiento necesario para obtener la resoluci�n del Tribunal de Arbitraje, en los casos que fija la fracci�n V de ese art�culo, s�lo puede tener la consecuencia de que se estime indebido el cese o la declaraci�n de que dej� de surtir efectos el nombramiento, y la consiguiente responsabilidad para el Estado, por la ruptura unilateral del contrato, sin haber satisfecho los requisitos de ley, mas no puede tener el alcance de que la propia omisi�n haga que no operen o no puedan hacerse valer como excepciones reconvencionales, las causas justificadas para dicho cese, ni declararse, en su caso, dicha justificaci�n y la extinci�n de las responsabilidades correspondientes, a partir de la fecha del laudo en que se resuelva la controversia suscitada, cuando se han invocado esas excepciones. Esta situaci�n se presenta frecuentemente en las relaciones civiles, cuando la parte demandada invoca como excepci�n reconvencional, la rescisi�n o nulidad relativa del contrato causal de la acci�n de cumplimiento deducida en su contra y se le ha demandado tambi�n el pago de prestaciones provenientes del mismo contrato, causadas con anterioridad y no satisfechas. En estos casos puede, quien opone tales excepciones, ser responsable de las prestaciones que debi� satisfacer anteriormente, pero esto no excluye el que haya podido excepcionarse en los t�rminos indicados, ni que puedan prosperar sus excepciones, extinguiendo para lo futuro los efectos del contrato.

Prosigue tal criterio, tambi�n, la ejecutoria dictada el treinta y uno de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, de la que surgi� la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXXXIII, p�g. 4653, mayor�a de cuatro votos, que estableci�:

"TRABAJADORES DEL ESTADO, CESE IRREGULAR DE LOS. Del estudio del art�culo 44, del Estatuto Jur�dico de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que el legislador estableci�, en primer t�rmino, una regla general, cual es la de que ning�n trabajador de base pueda ser cesado sin causa justificada, enumerando, a continuaci�n, los casos en que puede declararse que han cesado los efectos del nombramiento de los aludidos empleados, sin responsabilidad para el Estado. En la fracci�n V, se dice que el Tribunal de Arbitraje puede resolver la aludida cesaci�n en determinados casos. Adem�s, la �ltima parte del mencionado art�culo 44 establece que los titulares pueden suspender desde luego a los trabajadores sindicalizados, cuando la directiva de su sindicato est� conforme, en la inteligencia de que no trat�ndose deelementos sindicalizados, la suspensi�n no requiere esa conformidad sindical. Aparece, pues, desde luego, que para llegar a la conclusi�n de que no era de examinar la excepci�n propuesta por la Secretar�a de M., debi� por lo menos examinarse si se trataba de alg�n elemento sindicalizado o libre que necesitara, o no, el consentimiento de su organizaci�n, punto que no fue objeto de estudio. Mas aun cuando la citada cuesti�n previa llegara a resolverse contrariamente a los intereses de la secretar�a recurrente, no es jur�dico sostener tampoco que la calificaci�n de las faltas cometidas por los empleados p�blicos, corresponda exclusivamente al Tribunal de Arbitraje y que esta calificaci�n tenga que hacerse previamente, para que pueda dictarse v�lidamente un cese, porque no es �ste el sentido del art�culo 44 del estatuto, que se estudia. El legislador dispuso que los efectos de un nombramiento, s�lo dejar�n de surtir efectos por resoluci�n del tribunal, la que, dicho sea de paso, no puede ser discrecional, porque tal cosa ser�a contraria al texto del art�culo 14 constitucional; pero tambi�n confiri� al titular la facultad de cambiar la radicaci�n del empleado a otra oficina, mientras el tribunal resuelve, cuando no se cuenta con la anuencia sindical. Esto hace suponer que la ley previ� el caso en que el servicio p�blico pudiera afectarse con la permanencia del empleado en sus funciones, disponiendo, como medida precautoria, que el empleado fuese removido a otra oficina, lo que podr�a ser insuficiente en determinados casos de car�cter grave. Las indicadas disposiciones rigen el orden normal en que el legislador quiso que las cosas sucediesen, pero nada se dispone expresamente para los casos en que el titular, con raz�n o sin ella, infringiese los preceptos del art�culo 44, revocando un nombramiento o dictando un cese, sin obtener una resoluci�n previa del Tribunal de Arbitraje. Esta autoridad sostiene que en tales casos la revocaci�n o el cese no tiene valor alguno y que no es el caso de examinar siquiera las causales que lo motivaron, por m�s que se hayan alegado por el titular, por v�a de excepci�n. Sin desconocer que el cese es irregular en semejantes condiciones, debe observarse, sin embargo, que no por el hecho de que el procedimiento sea indebido, el tribunal puede negarse a examinar la justificaci�n de las causas que lo motivaron, porque ninguna disposici�n legal establece semejante denegaci�n de justicia. El art�culo 44 que se estudia, dispone que el nombramiento no puede dejar de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado, en los casos que �l enumera, lo que quiere decir que cuando se contravienen sus preceptos, queda todav�a por examinar cu�les sean esas responsabilidades, que dependen incuestionablemente de la justificaci�n o injustificaci�n con que pudo obrarse; pues si se siguiese la tesis del tribunal, se llegar�a al absurdo de confundir el vicio procesal con el de fondo. En otros t�rminos, cuando el titular revoca el nombramiento, sin resoluci�n previa del tribunal, s�lo omite un requisito procesal, que puede llenarse a posteriori, y por tanto, su actitud s�lo acarrea responsabilidades transitorias para el Estado, por cuanto a la continuaci�n de los efectos del nombramiento, las que es preciso definir en el conflicto que en el caso ha provocado el trabajador, examinando sin excusa las excepciones propuestas por la secretar�a."

Debe se�alarse que la oportunidad que tales interpretaciones daban a los titulares para cesar, por s� y ante s�, a sus empleados, no implicaba el desconocimiento de la responsabilidad econ�mica que a dichos titulares les resultaba por no haberse sometido, previamente, a la jurisdicci�n del tribunal, en virtud de que aun cuando en esa v�a llamada "de excepci�n" o "reconvencional", lograran demostrar la justificaci�n del cese, de todas maneras eran condenados a pagar los salarios que el trabajador deb�a haber devengado desde el cese administrativo, hasta la fecha del laudo.

Esta faceta del criterio se ve, claramente, en la siguiente tesis, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo CI, p�gina 1397:

TRABAJADORES DEL ESTADO, SALARIOS CA�DOS HASTA LA FECHA DEL LAUDO QUE NIEGA LA REINSTALACI�N DE LOS. Si el titular de la unidad burocr�tica, dicta el cese de un trabajador del Estado, por incumplimiento en sus labores, sin obtener antes la resoluci�n del Tribunal de Arbitraje a que obliga el art�culo 44, fracci�n V, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni�n, y dicho trabajador del Estado reclama ante el Tribunal de Arbitraje, su reinstalaci�n en el empleo, as� como salarios ca�dos; dict�ndose un laudo que absolvi� al secretario quejoso de la reinstalaci�n, la legitimaci�n del cese s�lo puede ser a partir de la fecha en que se pronunci� el laudo reclamado, y por lo mismo, el trabajador del Estado tiene derecho a que se le cubran sus salarios ca�dos de la fecha en que el secretario quejoso dict� su cese hasta aquella en que recay� el susodicho laudo reclamado, pues el mencionado trabajador no disfrut� de los emolumentos que le tocan precisamente porque el titular de la secretar�a burocr�tica no se apeg� a lo que dispone la fracci�n V, del art�culo 44 del citado estatuto, y por ello es responsable del pago de los salarios ca�dos, dentro de los l�mites fijados en la resoluci�n que se combate.

Ninguna de las tesis m�s antiguas fue votada por unanimidad, lo cual es indicativo de lo discutido y discutible del criterio, pero al paso del tiempo fue imponi�ndose como si fuera axiom�tico, integr�ndose, ya de 1948 a 1951, la votaci�n adecuada para integrar jurisprudencia, que en la compilaci�n de 1965, Quinta Parte, aparece con el n�mero 189; en la compilaci�n de 1975, Quinta Parte, con el n�mero 270; en la compilaci�n de 1985, Quinta Parte, se reiter� con los mismos componentes bajo el n�mero 314; en la compilaci�n de 1988, Segunda Parte, es la tesis n�mero 1969, p�gina 3182.

En la compilaci�n de 1995 tambi�n se reproduce tal como apareci� originalmente, en el Tomo Quinto; es la tesis jurisprudencial 564, que establece lo siguiente:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIN AUTORIZACI�N DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE. Cuando el titular de una dependencia burocr�tica expone por v�a de excepci�n las causas que motivaron el cese de un trabajador del Estado, el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje no puede negarse a estimarlas, aunque no haya acudido al mismo para obtener su resoluci�n previamente al cese, porque semejante acto de indefensi�n no lo autoriza ning�n ordenamiento legal.

"Quinta �poca:

"A. directo 6116/46. Secretar�a de E.�n P�blica. 15 de noviembre de 1948. Unanimidad de cuatro votos.

"A. directo 2471/49. Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. 10 de octubre de 1949. Cinco votos.

"A. directo 7536/49. L�pez M.M.�a Rosaura. 25 de agosto de 1950. Unanimidad de cuatro votos.

"A. directo 4396/47. Secretario de E.�n P�blica. 17 de enero de 1951. Unanimidad de cuatro votos.

A. directo 4396/47. Secretario de E.�n P�blica. 17 de enero de 1951. Unanimidad de cuatro votos.

Con los diversos n�meros que ha tenido a trav�s de su historia, este criterio, que sirvi� de fundamento al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito para sostener una de las tesis cuya contradicci�n se dirime, se ha seguido aplicando pero, al hacerlo, se han extraviado los fundamentos de su g�nesis y hasta se ha relevado de responsabilidad econ�mica al titular de la dependencia por haber dispuesto la separaci�n del servidor por s� y ante s�, en vez de acudir en acci�n ante el tribunal. M�s todav�a, en la aplicaci�n rutinaria de la tesis no se ha considerado que la ley que interpretaba ya fue abrogada y que, en su lugar, existe otra, con disposiciones diferentes que requieren de otra interpretaci�n.

En efecto, cuando la C.S. principi� a efectuar la ex�gesis del art�culo 44 del mencionado estatuto, ya transcrito, tuvo plena conciencia de que la fracci�n V de tal precepto obligaba al titular de la dependencia (como ahora se llama), a ejercitar la acci�n de cese ante el tribunal y por ello estableci� que cuando no lo hac�a, deb�a promoverla como si fuera una v�a reconvencional cuando el servidor lo demandaba por el cese injustificado; no s�lo, sino que deb�a pagar los sueldos al servidor desde el d�a del cese, hasta el d�a del laudo, aunque el tribunal le diera la raz�n porque, en principio, no deb�a haberlo separado sino hasta que el tribunal lo decidiera.

Ahora, en cambio, al seguir lo que es la tesis jurisprudencial 564 de manera rutinaria y elemental, sin tomar en cuenta los precedentes, se parte del supuesto de que el titular puede elegir, libremente, si acude al tribunal ejercitando la acci�n de cese, o bien, si dispone por s� la separaci�n inmediata del trabajador, de modo que s�lo si �ste lo demanda, podr� acreditar lo justificado del cese en v�a de excepci�n. Obvio resulta, como consecuencia de que la opci�n queda a su arbitrio, que el titular, si gana el juicio, no queda obligado a pagar los sueldos m�s all� del d�a del cese. Lo m�s comprometido, sin embargo, es que como ya se adelant�, la tesis interpreta el art�culo 44, fracci�n V, del estatuto que ya no existe, pues fue derogado y superado a ra�z de la creaci�n del apartado B del art�culo 123 constitucional, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, que elev� a nivel constitucional el orden jur�dico tutelar de los bur�cratas que, hasta entonces, s�lo hab�a quedado relegado a la normatividad secundaria.

Precisamente con apoyo en dicha reforma constitucional, se expidi� la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Art�culo 123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.

Esta ley establec�a lo siguiente en el art�culo 46 (equivalente al art�culo 44 del estatuto):

"Art�culo 46. Ning�n trabajador podr� ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designaci�n de los trabajadores s�lo dejar� de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:

"I. Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono de labores t�cnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atenci�n de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensi�n o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas;

"II. Por conclusi�n del t�rmino o de la obra determinantes de la designaci�n;

"III. Por muerte del trabajador;

"IV. Por incapacidad permanente del trabajador, f�sica o mental, que le impida el desempe�o de sus labores;

"V. Por resoluci�n del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, en los casos siguientes:

"a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compa�eros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. "b) Cuando faltare por m�s de tres d�as consecutivos a sus labores sin causa justificada.

"c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y dem�s objetos relacionados con el trabajo.

"d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.

"e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo.

"f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que all� se encuentren.

"g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificaci�n, las �rdenes que reciba de sus superiores.

"h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de alg�n narc�tico o droga enervante.

"i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.

"j) Por prisi�n que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.

"En los casos a que se refiere esta fracci�n el trabajador que diere motivo para la terminaci�n de los efectos del nombramiento, podr� ser, desde luego, suspendido en su trabajo, si con ello estuviera conforme el sindicato de su dependencia, pero si no fuere as�, el jefe superior de la oficina podr� ordenar su remoci�n a oficina distinta de aquella en que estuviera prestando sus servicios hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje.

Si el tribunal resuelve que fue justificado el cese, el trabajador no tendr� derecho al pago de salarios ca�dos.

El treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n la reforma al art�culo 46, fracci�n V, del propio ordenamiento laboral, texto vigente en la actualidad que dispone:

"Art�culo 46. ...

"I a IV. ...

"V. ...

"a) a la j) ...

"En los casos a que se refiere esta fracci�n, el jefe superior de la oficina respectiva podr� ordenar la remoci�n del trabajador que diere motivo a la terminaci�n de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma entidad federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje.

"Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracci�n el titular de la dependencia podr� suspender los efectos del nombramiento si con ello est� conforme el sindicato correspondiente; pero si �ste no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e) y h), el titular podr� demandar la conclusi�n de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, el cual proveer� de plano, en incidente por separado, la suspensi�n de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los t�rminos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminaci�n de los efectos del nombramiento.

Cuando el tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendr� derecho al pago de los salarios ca�dos.

Basta la comparaci�n de este precepto con el abrogado art�culo 44, ya transcrito, para verificar que aun cuando se reiteran los principios fundamentales que protegen la estabilidad en el empleo, esto es, que los servidores s�lo podr�n ser cesados por justa causa; que estas causales son expresas y que, trat�ndose de las enumeradas en la fracci�n V, s�lo proceden por resoluci�n del tribunal y no por disposici�n unilateral del titular de la dependencia, se diferencian, sin embargo, en que en el precepto vigente en la actualidad, la intenci�n de tutelar al servidor burocr�tico se equilibra con el inter�s p�blico del servicio, pues si bien es cierto que el titular de la dependencia no puede, en derecho, cesar al trabajador, sino que debe demandar el cese ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, igualmente cierto es que ya no est� sujeto, en los casos graves, a la voluntad del sindicato si considera necesaria la suspensi�n, en virtud de que est� en aptitud de solicitar dicha suspensi�n ante el tribunal, el que debe proveer de plano en incidente por separado. Ello, independientemente de la facultad que conserva el titular de cambiar de oficina al demandado.

Es digno de notar que el legislador de 1963 insiste en la disposici�n de que trat�ndose de las causales de la mencionada fracci�n V, el titular debe demandar el cese; de esto no hay duda, ya que conservando esta regla como ra�z fundamental que data desde los tiempos del estatuto, s�lo introdujo modificaciones tendientes a compensar o armonizar los intereses en juego.

M�s a�n, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, el Poder Legislativo tambi�n adicion� el mencionado ordenamiento con los art�culos 46 bis y 127 bis, que establecen lo siguiente:

"Art�culo 46 bis. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, el jefe superior de la oficina proceder� a levantar acta administrativa, con intervenci�n del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisi�n se asentar�n los hechos, la declaraci�n del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmar� por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical.

"Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompa�ar�n, como instrumentos base de la acci�n, el acta administrativa y los documentos que, al formularse �sta, se hayan agregado a la misma."

"Art�culo 127 bis. El procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminaci�n de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, se desarrollar� en la siguiente forma:

"I. La dependencia presentar� por escrito su demanda, acompa�ada del acta administrativa y de los documentos a que alude el art�culo 46 bis, solicitando en el mismo acto el desahogo de las dem�s pruebas que sea posible rendir durante la audiencia a que se refiere la siguiente fracci�n;

"II. Dentro de los tres d�as siguientes a la presentaci�n de la demanda se correr� traslado de la misma al demandado quien dispondr� de nueve d�as h�biles para contestar por escrito, acompa�ando las pruebas que obren en su poder, se�alando el lugar o lugares en donde se encuentren los documentos que no posea, para el efecto de que el tribunal los solicite, y proponiendo la pr�ctica de pruebas durante la audiencia a la que se refiere la fracci�n siguiente; y

III. Fijados los t�rminos de la controversia y reunidas las pruebas que se hubiesen presentado con la demanda y la contestaci�n, el tribunal citar� a una audiencia que se celebrar� dentro de los quince d�as siguientes de recibida la contestaci�n, en la que se desahogar�n pruebas, se escuchar�n los alegatos de las partes y se dictar�n los puntos resolutivos del laudo, que se engrosar� dentro de los cinco d�as siguientes a la fecha de la celebraci�n de la audiencia, salvo cuando a juicio del tribunal se requiera la pr�ctica de otras diligencias para mejor proveer, en cuyo caso se ordenar� que se lleven a cabo y una vez desahogadas se dictar� el laudo dentro de quince d�as.

En la iniciativa presidencial de dichas reformas, se expres� lo siguiente en la parte relativa:

La iniciativa incorpora una nueva regulaci�n en los art�culos 46 bis y 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con relaci�n al procedimiento para dar por terminados los efectos del nombramiento de los trabajadores, en los casos en que requiera de la resoluci�n del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, pues en los supuestos establecidos como faltas graves realizadas en el desempe�o de las labores o en contra de las autoridades o sus funcionarios, se faculta al titular para disponer la separaci�n provisional del trabajador, en tanto que en los dem�s casos se deber� aguardar la resoluci�n del tribunal; al mismo tiempo se crea un nuevo procedimiento sumario a fin de que estos asuntos se resuelvan r�pidamente, con mayor fluidez en el tr�mite.

Por su parte, en el dictamen delas comisiones -p�rrafo relativo?, se asent�:

? as� como la nueva regulaci�n que establecen los art�culos 46, 46 bis y127 bis, de la ley reglamentaria que se estudia, respecto al procedimiento para dar por terminados los efectos del nombramiento del trabajador, dando mayor fluidez al procedimiento pero a la vez ampliando las garant�as de defensa de los servidores p�blicos frente a los titulares de las dependencias.

Lo expresado hasta aqu� permite considerar que, con fundamento en el art�culo 194 de la Ley de A., debe modificarse la tesis jurisprudencial que en la compilaci�n de 1995, Quinta Parte, aparece con el n�mero 564 y que a continuaci�n se transcribe nuevamente:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIN AUTORIZACI�N DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE.? Cuando el titular de una dependencia burocr�tica expone por v�a de excepci�n las causas que motivaron el cese de un trabajador del Estado, el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje no puede negarse a estimarlas, aunque no haya acudido al mismo para obtener su resoluci�n previamente al cese, porque semejante acto de indefensi�n no lo autoriza ning�n ordenamiento legal."

Las razones del abandono de ese criterio ya se dieron en el desarrollo de este considerando, pero debe agregarse que si en acatamiento a lo dispuesto por el art�culo 123, apartado B, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos "Los trabajadores s�lo podr�n ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los t�rminos que fije la ley", y el art�culo 46 de esta �ltima, que es reglamentaria de dicho apartado B, establece expresamente que el cese de los servidores p�blicos por las causales rescisorias de su fracci�n V, compete al Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, ha de concluirse que en tales hip�tesis el titular de la dependencia no puede, v�lidamente, decidir por s� y ante s�, sobre el cese de los servidores p�blicos de base, sino que debe ejercitar la acci�n correspondiente ante dicho tribunal.

Es inexacto que el titular pueda, en derecho, elegir libremente si rescinde unilateralmente la relaci�n de servicio, o si demanda el cese jurisdiccionalmente, en virtud de que contrariamente a lo se�alado en la tesis jurisprudencial que se abandona, ni el apartado B del art�culo 123 constitucional, ni la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado le otorgan opci�n sobre tal aspecto.

La �nica opci�n, conforme al segundo p�rrafo de la fracci�n IX del multicitado apartado B, se da, efectivamente, pero en favor de los trabajadores de base, que "... En caso de separaci�n injustificada tendr�n derecho a optar por la reinstalaci�n en su trabajo o por la indemnizaci�n correspondiente, previo el procedimiento legal ?".

Los art�culos 46 bis y 127 bis de la ley, que establecen la necesidad de levantar acta administrativa por la conducta del servidor en los casos de la fracci�n V del art�culo 46, y que dicha constancia debe acompa�arse como documento base de la acci�n si el titular demanda, cumpli�ndose con el procedimiento que se especifica en tales supuestos, vienen a confirmar que, en la actualidad, ya no es dable sostener que el titular tiene la opci�n que establec�a la tesis que se abandona.

Tampoco es exacto lo que �sta indica, en el sentido de que estando permitido el cese unilateralmente, el titular debe tener derecho a probar, dentro del juicio formado con motivo de la demanda del empleado despedido, la conducta tipificadora de la causal rescisoria; de no ser as�, dice la tesis, el titular no podr�a defenderse y "semejante acto de indefensi�n no lo autoriza ning�n ordenamiento legal.".

Lo inaceptable deriva, en primer lugar, de que como ya se estableci� con anterioridad, el titular, trat�ndose de los casos en que el empleado de base incurre en alguna de las causales de la fracci�n V, no tiene facultad legal de decidir el cese; y en segundo lugar, al sujetarse al �nico procedimiento a su alcance ?el de la acci�n jurisdiccional?, de ninguna manera queda en indefensi�n, pues dentro del juicio, como parte actora, tendr� la oportunidad de probar la causa del cese.

Por otra parte, debe tomarse en consideraci�n que el sistema establecido, esto es, el de que el titular tiene que acudir a un �rgano aut�nomo ante quien debe probar la causal, antes de que se decrete el cese, esencialmente sostenido desde el acuerdo de 1934, en que el titular del Poder Ejecutivo abdic� de la facultad de remover, por s� mismo, a los empleados, tiene la finalidad esencial de que el trabajador burocr�tico no pierda su empleo sin ser o�do previamente en un juicio promovido ante un �rgano jurisdiccional ?aut�nomo por excelencia? que decida imparcialmente si incurri� o no, en el motivo legal de rompimiento de la relaci�n jur�dica del servicio p�blico; salvo los casos excepcionalmente graves que se�ala el pen�ltimo p�rrafo de la multicitada fracci�n V, se deduce que la intenci�n legislativa de que el servidor p�blico no litigue despojado de su puesto, que le asegura no s�lo el sustento de su familia, sino tambi�n la oportunidad de una mejor defensa en el juicio. �sta es otra de las razones por las cuales no cabe aceptar el concepto de la tesis jurisprudencial 564 acerca de que la finalidad de admitir que el titular acredite la causal rescisoria en v�a de excepci�n, es no dejar a �ste en indefensi�n, pues la intenci�n del sistema que se deduce es tuteladora de la estabilidad en el empleo del trabajador.

Como consecuencia de lo hasta aqu� considerado, cabe deducir que existiendo en la ley un solo procedimiento ?el jurisdiccional? para solicitar la baja de los empleados de base que incurran en alguna de las causales de la fracci�n V, sin opci�n del cese unilateral, si el titular decreta la separaci�n por s� y ante s�, y el empleado demanda por despido injustificado, la acci�n debe declararse fundada, tanto porque el titular no tiene facultad para ello, como porque no acat� el procedimiento legal.

El desapego al procedimiento establecido dentro de un tr�mite rescisorio, como raz�n para declarar injustificada la rescisi�n, no es extra�a en derecho laboral; as�, en el art�culo 47 de la Ley Federal del Trabajo, despu�s de establecerse las causales de despido, se instituye que el patr�n debe dar al trabajador un aviso por escrito de la fecha y causa de la rescisi�n, especificando en su �ltimo p�rrafo que "La falta de aviso, por s� sola, bastar� para considerar que el despido fue injustificado.".

SEXTO

? La segunda parte de la contradicci�n se resuelve como corolario de las consideraciones que se formularon para dirimir la primera.

En efecto, ya se especific� en el considerando precedente que, conforme a lo establecido en el art�culo 123, apartado B, fracci�n IX, de la Constituci�n Federal, en relaci�n con los art�culos 46, fracci�n V, 46 bis y 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el titular de la dependencia burocr�tica no tiene facultades para cesar unilateralmente a los servidores p�blicos de base, cuando les atribuye haber incurrido en alguna de las causales rescisorias que establece dicha fracci�n V, sino que debe demandar, necesariamente, por ser la �nica v�a legal, al empleado, ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, acompa�ando a su demanda, como documento base de su acci�n, el acta administrativa que especifica el art�culo 46 bis y siguiendo el procedimiento que establece el diverso 127 bis.

Por tanto, ha de concluirse que teniendo esa acta administrativa car�cter de esencial dentro del procedimiento relativo, en ning�n caso de los establecidos en la fracci�n V puede, v�lidamente, dejar de aplicarse la tesis jurisprudencial 560 (compilaci�n de 1995, Quinta Parte, p�ginas 368 y 369), que establece:

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS.? Conforme al art�culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ning�n trabajador puede ser cesado sino por justa causa, y el art�culo 46 bis de la propia ley ordena: 'cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, el jefe superior de la oficina proceder� a levantar acta administrativa, con intervenci�n del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en el que con toda precisi�n se asentar�n los hechos, la declaraci�n del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmar� por los que en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y otra al representante sindical' y sigue diciendo que si a juicio del titular procede demandar la terminaci�n de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompa�ar�n como instrumentos base de la acci�n, el acta administrativa y los documentos que al levantarse �sta se hayan agregado; por lo que el cumplimiento del requisito se�alado en el art�culo 46 bis, debe ser considerado como un elemento b�sico para la procedibilidad de la acci�n intentada. El razonamiento anterior lleva a la conclusi�n de que si en el juicio correspondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el patr�n carece de acci�n por no haber cumplido con los requisitos a que se refiere el art�culo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se est� en presencia de un caso de improcedencia de la acci�n intentada y por lo mismo dicha acci�n no debe prosperar; por otra parte si el titular cesa a un trabajador y �ste aduce en el juicio que lo ces� sin haber cumplido con los requisitos a que se refiere el art�culo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra que cumpli� con dicha exigencia legal, se est� en presencia de un caso de incumplimiento a la ley que por s� solo bastar� para considerar que el despido fue injustificado.

Atento lo manifestado, se considera que deben prevalecer los criterios sustentados por esta Segunda Sala, que coinciden sustancialmente con los del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y que, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de A., deben regir con car�cter jurisprudencial, quedando redactados con los siguientes rubros y textos:

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA CESARLOS UNILATERALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTABLECE LA FRACCI�N V DEL ART�CULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SINO QUE DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE (MODIFICACI�N DEL CRITERIO DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 564, COMPILACI�N DE 1995, TOMO QUINTO).? Esta Segunda Sala modifica el criterio de la anterior C.S., que se integr� jurisprudencialmente desde 1951 y que ha sido recogida y reiterada sin variaci�n con los n�meros 189 (compilaci�n de 1965, Quinta Parte); 270 (compilaci�n de 1975, Quinta Parte); 314 (compilaci�n de 1985, Quinta Parte); 1969 (compilaci�n de 1988, Segunda Parte); y 564 en la compilaci�n de 1995, Tomo Quinto, que establece: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIN AUTORIZACI�N DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE.? Cuando el titular de una dependencia burocr�tica expone por v�a de excepci�n las causas que motivaron el cese de un trabajador del Estado, el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje no puede negarse a estimarlas, aunque no haya acudido al mismo para obtener su resoluci�n previamente al cese, porque semejante acto de indefensi�n no lo autoriza ning�n ordenamiento legal.'. La modificaci�n que se hace en los t�rminos del art�culo 194 de la Ley de A., se funda en la interpretaci�n hist�rica de la disposici�n contenida en la fracci�n V del art�culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya g�nesis se remonta al acuerdo presidencial publicado el doce de abril de mil novecientos treinta y cuatro, as� como al art�culo 44 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni�n, del cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y uno; asimismo, en la interpretaci�n jur�dica derivada de que aquel criterio jurisprudencial interpretaba el art�culo 44 del mencionado estatuto que ya fue abrogado, rigiendo desde el veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y tres la nueva ley que, en la actualidad, recoge en su art�culo 46 importantes modificaciones que ameritan una nueva interpretaci�n; tambi�n se toma en cuenta la interpretaci�n sistem�tica del art�culo 123, apartado B, fracci�n IX, constitucional, en relaci�n con los art�culos 46, 46 bis y 127 bis de su ley reglamentaria, as� como la finalidad tutelar de los derechos de los servidores p�blicos, de todo lo cual se infiere que el titular de la dependencia burocr�tica del Ejecutivo no tiene facultades para cesar unilateralmente a dichos servidores cuando son de base y les atribuye haber incurrido en alguna de las causales establecidas en la fracci�n V del citado art�culo 46, sino que debe promover demanda ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje para que �ste decida en un laudo si se demostr� la causal rescisoria o no se demostr�, de manera que si en tales supuestos el titular dicta el cese por s� y ante s�, �ste ser� injustificado si lo demanda el empleado.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO, AL DEMANDAR EL CESE DE AQU�LLOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE (�NICA V�A QUE TIENE PARA OBTENER SU BAJA), DEBE ACOMPA�AR COMO DOCUMENTO BASE DE LA ACCI�N EL ACTA ADMINISTRATIVA, EN ACATAMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA Y A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.? Como de la interpretaci�n de los art�culos 123, apartado B, fracci�n IX, de la Constituci�n; 46, 46 bis y 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se infiere que el titular de la dependencia burocr�tica del Ejecutivo no puede, jur�dicamente, cesar por s� y ante s� a los empleados de base a los que atribuya conductas que configuran alguna de las causales que establece la fracci�n V del mencionado art�culo 46, sino que debe ejercitar una acci�n de cese mediante demanda que presente ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, ha de estimarse necesario que acompa�e a su demanda, como documento base de su acci�n, el acta administrativa que especifica el citado art�culo 46 bis, y en acatamiento, adem�s, a la tesis jurisprudencial 560 (compilaci�n de 1995, Tomo Quinto), que se titula: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS.'.

Por lo expuesto, y con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de A. y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se

resuelve:

PRIMERO

? S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo n�meros 9006/89, 12416/92, 11226/94 y DT-4916/95, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 206/96.

SEGUNDO

? Se declara que deben prevalecer los criterios sustentados por esta Segunda Sala, que coinciden esencialmente con los del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, bajo las tesis con car�cter jurisprudencial que han quedado redactadas en el �ltimo considerando de este fallo.

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el toca. D�se a conocer la presente resoluci�n al Tribunal Pleno, a la otra Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica y h�gase la publicaci�n correspondiente en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, y rem�tase a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan D�az R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M. y presidente G.D.G.�ngora P.. Fue ponente el primero de los Ministros antes mencionados. Ausente el M.S.A.A., previo aviso.