Ejecutoria num. 1a./J. 22/97 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26829538

Ejecutoria num. 1a./J. 22/97 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 22/97
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 1997
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, NO PUEDE ACREDITARSE EXCLUSIVAMENTE CON LA CONSTANCIA DEL NOMBRAMIENTO.ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, SE PUEDE PRESUMIR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL.PRUEBA INDICIARIA, LA FORMA DE OPERAR LA, EN EL DERECHO PROCESAL PENAL Y CIVIL, ES DIFERENTE AL DEPENDER DEL DERECHO SUSTANTIVO QUE SE PRETENDE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 48/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Los criterios divergentes son entre el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, el primero de ellos apoya la consideraci�n en la tesis 6 P del Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo III, de junio de 1996, Novena �poca, p�gina 756, del rubro y texto siguientes:

ABUSO DE AUTORIDAD, DELITO DE. PARA ACREDITAR EL CAR�CTER DE SERVIDOR PUBLICO NO ES INDISPENSABLE QUE OBRE EL NOMBRAMIENTO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS�). Para tener por acreditado el car�cter de funcionario o servidor p�blico, como elemento del delito de abuso de autoridad, no es indispensable que obre en los autos el nombramiento respectivo, porque esos extremos pueden probarse con otros elementos de prueba, bien permitidos por la ley, o bien que no sean contrarios a derecho, que adminiculados lleven a la convicci�n de esos hechos. Ello, debido a que el art�culo 189 del C�digo de Procedimientos Penales de San Luis Potos� establece reglas gen�ricas para la comprobaci�n del cuerpo del delito, conforme a las cuales el juzgador goza de las m�s amplias facultades, para considerar al efecto los medios de investigaci�n que estime conducentes; sin que existan en cambio, en dicha legislaci�n, reglas espec�ficas para la comprobaci�n del cuerpo del delito de abuso de autoridad.

El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito apoya el criterio sustentado en la tesis aislada n�mero 21 P, publicada en el Semanario J. de la Federaci�n, Octava �poca, T.X., Mayo de 1994, p�gina 383, que dice:

"ABUSO DE AUTORIDAD, CUANDO NO SE CONFIGURA EL DELITO DE (LEGISLACI�N SINALOA Y NAYARIT). De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 195, fracci�n II, del C�digo Penal para el Estado de S. y 212, fracci�n II, del C�digo Penal para el Estado de N., comete el delito de abuso de autoridad el servidor p�blico que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas ejerza violencia a una persona sin causa leg�tima, o la vejare e insultare injustamente. As� pues, no puede tenerse como comprobado el cuerpo del delito de abuso de autoridad si no se demuestra plenamente que al realizarse los hechos, en el acusado concurriera la calidad espec�fica requerida por el tipo para el sujeto activo, consistente en ser servidor p�blico, ya que la denuncia respectiva, fe ministerial de los hechos, declaraciones de testigos y confesi�n del propio reo, por s� mismas, no son suficientes para tener por demostrada dicha calidad, ya que �sta debe acreditarse plenamente y no a base de inferencias, mediante la prueba id�nea, la cual, en todo caso, resulta ser el nombramiento o constancia expedida por el superior jer�rquico de la oficina, departamento o �rea de adscripci�n en donde el reo prestaba sus servicios."-Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito. A. directo 392/93. G.R.�guez L. y otros. 3 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: H.A.B.�bal M.. Secretario: J.S.S.G.�mez.

El Segundo Tribunal del Noveno Circuito, al dictar resoluci�n en el amparo directo 96/96, promovido por M.M.T., sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

As� es, en los referidos agravios (transcritos en la foja tres de esta ejecutoria) se argumenta que la sentencia de primera instancia le causa agravios al inculpado, ya que se debi� haber dictado sentencia absolutoria por no encontrarse acreditado uno de los elementos del tipo penal, pues no est� probado que el sujeto activo del delito tenga el car�cter de funcionario p�blico, dado que en los autos del proceso penal no obra 'el nombramiento de funcionario p�blico de mi defensor el d�a de los hechos'. Y por lo tanto, ni siquiera se debi� entrar al estudio de la responsabilidad penal. Sin embargo, dichos conceptos de violaci�n resultan inoperantes, porque es inexacto que en el caso sea requisito sine qua non que obre el nombramiento del ahora quejoso, para acreditar que tiene el car�cter de servidor o funcionario p�blico; es decir, de agente de la Polic�a J. del Estado. En efecto, el art�culo 263, fracci�n III, del C�digo Penal vigente en la �poca de comisi�n del il�cito, establece: Se impondr�n de seis meses a seis a�os de prisi�n, multa de cinco a diez de salario (sic) y destituci�n de empleo o cargo a todo servidor p�blico estatal o municipal, sea cual fuere su categor�a, en los casos siguientes: ... Cuando ejecute dolosamente cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados en la Constituci�n (sic). Ahora, para tener por acreditada plenamente la existencia del elemento del delito consistente en que el sujeto activo sea un servidor o funcionario p�blico, contrariamente a lo que aduce el quejoso, no es requisito indispensable que exista en el expediente el nombramiento correspondiente; para tener este hecho por comprobado no se necesita una prueba directa, sino que es suficiente que por otros medios de prueba se llegue a la convicci�n de que el inculpado s� es servidor o funcionario p�blico. As� se estima, porque ni el C�digo de Procedimientos Penales anterior, ni el vigente, establecen reglas especiales de comprobaci�n del cuerpo del delito de abuso de autoridad. Por tanto, son aplicables los art�culos 154 del c�digo anterior, as� como 189 del c�digo actual, los cuales establecen reglas gen�ricas de comprobaci�n, gozando el juzgador, conforme a ese sistema, de la facultad de considerar al efecto los medios probatorios que los lleven a esa comprobaci�n. La �nica limitante al efecto, es que las pruebas del caso est�n legalmente permitidas, o no sean contrarias a derecho. Efectivamente, el citado art�culo 189, a la letra dice: 'Para la comprobaci�n del tipo penal del delito y de la presunta responsabilidad del inculpado, el Ministerio P�blico y los tribunales gozar�n de la acci�n m�s amplia para emplear los medios de investigaci�n que estimen conducentes seg�n su criterio, aunque no sean los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.'. Es aplicable en la especie, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte y que se puede consultar en la p�gina 378, Tomo XIV-Julio, de la Octava �poca del Semanario J. de la Federaci�n, que textualmente expresa: 'ABUSO DE AUTORIDAD. PRUEBA DEL CAR�CTER DE FUNCIONARIO P�BLICO (LEGISLACI�N DE PUEBLA). El car�cter de funcionario p�blico no debe acreditarse en autos, necesariamente, mediante prueba documental, para que a su vez se pueda tener por comprobado el cuerpo del il�cito de abuso de autoridad, pues en t�rminos del art�culo 108 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla vigente, para la comprobaci�n del cuerpo del delito, el Ministerio P�blico y los Jueces, gozan de la m�s amplia facultad de emplear los medios de investigaci�n que estimen conducentes, aunque no sean los que define y detalla la ley, siempre y cuando tales medios no est�n reprobados por �sta.'. Es aplicable, en la especie, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se encuentra listada con el n�mero 445, visible en la p�gina 783, de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario J. de la Federaci�n correspondiente a 1917-1988, que textualmente expresa: 'CONCEPTOS DE VIOLACI�N FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violaci�n se llega a la conclusi�n de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisi�n esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuesti�n omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la econom�a procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violaci�n, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada pr�ctico conducir�, puesto que reparada aqu�lla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la v�a de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendr�a que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ah� que no hay para qu� esperar dicha nueva ocasi�n para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.'. Precisado lo que antecede, debe decirse que, en el caso de que se trata, este elemento del delito est� suficientemente acreditado en autos, con los siguientes elementos de prueba: -a) El ofendido I. �lvaro T.�n T.�n, present� en contra del encausado aqu� quejoso M.M.T., denuncia que hizo consistir en que el d�a de los hechos, cuando iba a bordo de un autom�vil, marca Chevrolet, Cutlass, modelo 1988, por la Avenida Ju�rez a la altura del Mercado Tangamang, �l y la persona que lo acompa�aba, B.P.M., le ordenaron que detuviera la marcha del veh�culo; que le dijeron ser agentes de la Polic�a J. del Estado, sin identificarse; que el ahora quejoso M.M.T., le exigi� le presentara la factura que probara que era el propietario de dicho veh�culo y c�mo lo tra�a, con el pretexto de que era robado y de que si su hijo ya lo hab�a detenido por robar carros seguro que �l tambi�n se dedicaba a eso, no s�lo lo detuvo sino que se lo llev� a las celdas de la Polic�a J. del Estado, donde estuvo incomunicado por espacio de una hora, hasta que lleg� el jefe de grupo Jes�s S., quien fue el que le permiti� hablar con sus familiares para que le llevaran la factura para acreditar la propiedad del mismo y una vez que la present� fue dejado en libertad. b) Tambi�n obra la confesi�n del propio encausado quien refiere que �l fue quien detuvo al ofendido y lo llev� a las celdas de la corporaci�n policiaca. A esto debe agregarse que, en sus generales, como trabajo dijo desempe�ar el puesto de agente de la Polic�a J. del Estado. c) Obra asimismo, la declaraci�n de Baltaz�r P�rez M., quien refiere que dicho acusado M.M.T., aqu� quejoso, es agente de la Polic�a J. del Estado y que el d�a de los hechos andaban juntos y hasta le recomend� a M.M.�nez, que no detuviera a I. �lvaro T.�n T.�n, ya que no hab�a elementos suficientes para que lo hiciera y aun as� lo llev� hasta las celdas de la polic�a y no se le permiti� hablar por tel�fono hasta que lleg� el jefe de grupo Jes�s S.R.. d) Declaraci�n del agente de la Polic�a J. del Estado C.A.H.A.�z, quien refiri� que M.M.�nez T. es agente de esa corporaci�n. e) Declaraci�n emitida por el jefe de grupo de dicha dependencia Jes�s S.R., quien dijo que tanto B.P.M., como el aqu� quejoso M.M.T., estaban bajo sus �rdenes como agentes de la Polic�a J. del Estado. f) Oficio de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y tres, que suscribe el agente encargado del Cuarto Grupo de Robos de la Polic�a J. del Estado, A.F.C.T., quien al rendir informe al director de esa corporaci�n policiaca, manifest� que con motivo de la investigaci�n ordenada logr� establecer que la persona a que se refiere el denunciante '... se trata del C. agente M.M.T., quien pertenece al 5o. Grupo de Robos de esta corporaci�n. Y con referencia a la averiguaci�n que est� en su contra manifiesta que har� las aclaraciones necesarias ante el agente del Ministerio P�blico. Por lo que me permito hacer presente al que dijo llamarse M.M.T., quien se encuentra en la guardia de esta corporaci�n.'. Estos elementos de prueba adminiculados entre s�, llevan a la convicci�n de que est� plenamente acreditado que el aqu� quejoso es servidor p�blico, al estar probado que es agente de la Polic�a J. del Estado. Con los mismos elementos de prueba est� acreditado que el inculpado, ejerciendo su funci�n de agente de la Polic�a J. del Estado, ejecut� dolosamente un acto atentatorio contra los derechos garantizados en la Constituci�n en favor de I. �lvaro T.�n, ya que no s�lo lo detuvo, sino que lo llev� a las celdas de la corporaci�n y lo mantuvo incomunicado por espacio de una hora, con lo cual se acreditan los dem�s elementos del delito de abuso de autoridad y la responsabilidad penal del aqu� quejoso en su comisi�n, como correctamente lo estim� la Sala responsable.

El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, al dictar resoluci�n en los amparos directos 262/93 y 392/93, promovidos respectivamente por C.M.S. y G.R.�guez L. y otros, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

  1. directo 262/93

    QUINTO. Se suple en favor del inconforme la deficiencia de la queja, prevista en el numeral 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., por lo que ata�e a la comprobaci�n de los elementos materiales del delito de abuso de autoridad. El delito de abuso de autoridad, previsto por el numeral 195, fracci�n II, del C�digo Penal para el Estado de S., vigente en la �poca de realizaci�n de los hechos, exige como elementos configurativos: a) que el sujeto activo sea un funcionario p�blico o agente de gobierno o comisionado, cualquiera que fuere su categor�a, y b) que en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa leg�tima, o la vejare injustamente o la insultare. El J. natural tuvo por demostrados los elementos del tipo del injusto de m�rito, de acuerdo con el valor probatorio pleno que atribuy� a las declaraciones del ofendido, la inicial deposici�n del reo ante el �rgano ministerial, declaraci�n ministerial del testigo R.C.C. (coacusado del quejoso), fe ministerial de lesiones, certificado m�dico legal y diligencia ministerial de tres de julio de mil novecientos ochenta y nueve, que recay� sobre el arma que se dice port� el reo, el d�a del evento criminal. La responsable consider� probado el delito de abuso de autoridad, haciendo menci�n de que el J. estuvo en lo correcto por lo que reproduc�a los razonamientos de esta autoridad. Ahora bien, el cargo de servidor p�blico debe de acreditarse expresamente, y no a base de inferencias, mediante la prueba id�nea, que viene a ser, en todo caso, el nombramiento o constancia expedida por el superior jer�rquico de la oficina, departamento o �rea de adscripci�n en donde el reo prestaba sus servicios. As�, no es suficiente la confesi�n del quejoso, ni la imputaci�n de R.C.C., coacusado del amparista, declaraciones producidas ante el �rgano t�cnico, ni la diligencia ministerial que recay� sobre el arma que se dice port� el sentenciado el d�a del evento, para justificar plenamente que el peticionario de garant�as, en la �poca de realizaci�n de estos hechos, estuviera en ejercicio del cargo de polic�a municipal del Municipio de Ahome, S.. Luego, si en los autos del sumario no obra ning�n nombramiento justificativo del ejercicio del cargo, no puede tenerse por demostrado el elemento fundamental del tipo del delito, previsto en el art�culo 195, fracci�n II, del C�digo Penal para el Estado de S., vigente en la �poca de realizaci�n de estos hechos, por lo que la responsable, al no considerarlo as�, viola en perjuicio del quejoso las garant�as individuales establecidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales. En este orden de ideas, procede conceder al quejoso el amparo solicitado, por lo cual se ordena a la responsable decrete la insubsistencia de la sentencia reclamada, hecho lo cual, dejando intocado el estudio que se hizo del delito de lesiones, elimine el diverso delito de abuso de autoridad, emitiendo luego, seg�n la peligrosidad apreciada en el reo, la sentencia que en derecho proceda.

  2. directo 392/93

    SEXTO. En t�rminos de la fracci�n II del art�culo 76 bis de la Ley de A., en suplencia de los conceptos de violaci�n, este Tribunal Colegiado considera que la sentencia reclamada es violatoria de garant�as en perjuicio de los amparistas, �nica y exclusivamente por lo que hace al estudio del delito de abuso de autoridad por el que fueron condenados, atento que no est� comprobada su corporeidad. El delito de abuso de autoridad, previsto por el numeral 212, fracci�n II, del C�digo Penal para el Estado de N., exige como elementos configurativos los siguientes: a) Que el sujeto activo sea servidor p�blico, cualquiera que fuere su car�cter, y b) Que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa leg�tima, o la vejare injustamente o la insultare. Ahora bien, el primer elemento que exige el tipo, y que resulta ser el que el sujeto activo tenga el cargo de servidor p�blico, debe acreditarse expresamente, y no a base de inferencias, mediante la prueba id�nea, que viene a ser, en todo caso, el nombramiento o constancia expedida por el superior jer�rquico de la oficina, departamento o �rea de adscripci�n en donde el reo prestaba sus servicios. As� las cosas y, contrario a la conclusi�n de la responsable, el primer elemento del il�cito antes precisado, no se reuni� en el caso y, por ende, no est� acreditada la corporeidad del delito de abuso de autoridad por el que formul� acusaci�n el representante social, pues en el sumario no existe el nombramiento o constancia de que se ha hablado, que demuestre que en la �poca de los hechos los acusados hubieran estado en ejercicio del cargo de polic�as municipales, y en consecuencia, resultan insuficientes las pruebas consistentes en la denuncia formulada por J.G.�n P.; fe ministerial e identificaci�n del cad�ver; certificado de necropsia; declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, as� como las declaraciones vertidas en el sumario por los hoy quejosos, por lo que al no considerarlo as� la responsable, viola, como ya se dijo, en perjuicio de los quejosos, sus garant�as individuales establecidas por los art�culos 14 y 16 constitucionales y lo que procede es conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acto reclamado, hecho lo cual, dejando intocado el estudio que hizo respecto del delito de homicidio calificado, incluyendo �ste en la individualizaci�n de la pena, y la peligrosidad establecida apreciada en los reos, dicte la sentencia que en derecho proceda.

TERCERO

Las transcripciones de las tesis de referencia, as� como de las ejecutorias en que se sustentan, ponen de manifiesto la contradicci�n denunciada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, pues mientras que este �rgano jurisdiccional sostiene, en esencia, que para tener por acreditado el car�cter de funcionario o servidor p�blico como elemento del delito de abuso de autoridad, no es indispensable que obre en autos el nombramiento respectivo, porque este extremo se puede probar con otros elementos de prueba permitidos por la ley, o bien que no sean contrarios a derecho, que adminiculados lleven a la convicci�n de ese hecho, de conformidad con lo que dispone el art�culo 189 del C�digo de Procedimientos Penales en el Estado de San Luis Potos�, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito considera lo contrario, o sea, que el elemento del delito de abuso de autoridad, relativo a que el sujeto activo tenga el car�cter de funcionario o servidor p�blico, no se puede probar a base de inferencias, sino mediante la prueba id�nea, la cual resulta ser el nombramiento o constancia expedida por el superior jer�rquico de la oficina en donde el reo prestaba sus servicios.

CUARTO

De la contraposici�n de criterios se observaque los Tribunales Colegiados de Circuito que los emiten analizan el problema jur�dico, a saber, que el car�cter de servidor p�blico como elemento del delito de abuso de autoridad, se puede o no acreditar �nicamente con el nombramiento o constancia en donde aparezca tal calidad del sujeto activo del il�cito, o ese extremo tambi�n se puede demostrar mediante la prueba circunstancial, a la luz de ordenamientos y disposiciones diferentes; por ende, por raz�n de m�todo, en primer lugar cabe precisar que los preceptos en que se apoyaron los tribunales para examinar la cuesti�n jur�dica mencionada s� son coincidentes, como en seguida se ver�; de ah� que es procedente que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se aboque al estudio de la contradicci�n de tesis de que se trata, a fin de establecer cu�l de los dos criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en cita que motivan la denuncia formulada, es el que debe prevalecer.

Ahora bien, conviene aclarar que el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatl�n, S., dada la distribuci�n de los Circuitos en el Poder J. de la Federaci�n que existen en la Rep�blica Mexicana, su jurisdicci�n territorial abarca el Estado de N., por ello, al conocer un asunto de aquel Estado en donde se abord� la cuesti�n jur�dica materia de la contradicci�n, involucr� tambi�n el ordenamiento legal de aquella localidad.

Los preceptos 195, 165 y 212 que corresponden respectivamente al C�digo Penal de los Estados de S., de San Luis Potos� y N., de similar contenido, en su orden textualmente establecen:

"Art�culo 195. Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor p�blico o sus comisionados, sea cual fuere su categor�a, en los casos siguientes:

"I. Cuando para impedir la ejecuci�n de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resoluci�n judicial, pida auxilio a la fuerza p�blica o la emplee con ese objeto;

"II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa leg�tima o la vejare injustamente o la insultare;

"III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protecci�n o servicio que tenga obligaci�n de otorgarle o impida la presentaci�n o el curso de una solicitud;

"IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados en la Constituci�n;

"V. Cuando el encargado de una fuerza p�blica, requerido legalmente por una autoridad para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a d�rselo;

"VI. El director, alcaide o carcelero de cualquier establecimiento destinado a la ejecuci�n de las sanciones privativas de libertad que, sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una persona o la mantenga privada de libertad, y sin dar parte del acto a la autoridad correspondiente, y

"VII. El servidor p�blico que teniendo conocimiento de una privaci�n ilegal de libertad no la denunciare a la autoridad competente o no la haga cesar, si esto estuviere en sus atribuciones.

"Los delitos a que se refiere este cap�tulo producen acci�n popular."

"Art�culo 165. Comete este delito el servidor p�blico que:

"I. Impide la ejecuci�n de una ley, decreto, reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resoluci�n judicial, con auxilio o empleo de la fuerza p�blica;

"II. En ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, hace violencia contra una persona, la veja o insulta sin causa leg�tima;

"III. Retarda o niega indebidamente a los particulares la protecci�n o servicio que tiene obligaci�n de otorgarles o impide la presentaci�n o el curso de una solicitud hecha por ellos;

"IV. Siendo encargado de administrar justicia y bajo cualquier pretexto, aunque sea el de oscuridad o silencio de la ley, se niega injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante �l, dentro de los t�rminos establecidos por la ley;

"V. Siendo el encargado de una fuerza p�blica y requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niega indebidamente a d�rselo;

"VI. Estando al cargo de cualquier establecimiento destinado a la ejecuci�n de sanciones privativas de la libertad, de instituciones de readaptaci�n social o de custodia y rehabilitaci�n de menores, as� como de reclusorios preventivos o administrativos y sin los requisitos legales, recibe como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantiene privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente, niega que est� detenida, si lo estuviere; no cumple la orden de libertad girada por la autoridad competente; o la interna sin que exista mandamiento de autoridad competente.

"VII. Tiene conocimiento de una privaci�n ilegal de la libertad y no la denuncia inmediatamente a la autoridad competente o no la hace cesar, tambi�n inmediatamente, si esto corresponde a sus atribuciones.

"VIII. Hace entrega de fondos, valores u otra cosa que no se leha confiado y se los apropia o dispone de ellos indebidamente.

"IX. Obtiene de un subalterno parte de los sueldos de �ste, d�divas u otro servicio con cualquier pretexto.

"X.A. o contrata a quien se encuentra inhabilitado por resoluci�n firme de autoridad competente para desempe�ar un empleo, cargo o comisi�n en el servicio p�blico, siempre que lo haga con conocimiento de tal situaci�n; y

"XI. Otorga cualquier identificaci�n que acredite como servidor p�blico a alguna persona que realmente no desempe�a el empleo, cargo o comisi�n a que se hace referencia en dicha identificaci�n.

"Art�culo 212. Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor p�blico, sea cual fuere su categor�a:

"I. Cuando para impedir la ejecuci�n de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resoluci�n judicial, pida auxilio a la fuerza p�blica o la emplee con ese objeto;

"II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa leg�tima o la vejare o la insultare;

"III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protecci�n o servicio que tenga obligaci�n de otorgarles o impida la presentaci�n o el curso de una solicitud;

"IV. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de oscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante �l, dentro de los t�rminos establecidos por la ley;

"V. Cuando el encargado de una fuerza p�blica, requerida legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se niegue indebidamente a d�rselo;

"VI. Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecuci�n de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de readaptaci�n social o de custodia y rehabilitaci�n de menores y de reclusorios preventivos o administrativos que sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente niegue que est� detenida, si lo estuviese; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente;

"VII. Cuando teniendo conocimiento de una privaci�n ilegal de la libertad no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, tambi�n inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;

"VIII. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otras cosas que no se le hayan confiado a �l y se los apropie o disponga de ellos indebidamente;

"IX. Cuando con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de �ste, d�divas u otro servicio;

"X. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisi�n p�blicos, o contratos de prestaci�n de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestar� el servicio para el que se les nombr�, o no se cumplir� el contrato otorgado; y,

XI. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resoluci�n firme de autoridad competente para desempe�ar un empleo, cargo o comisi�n en el servicio p�blico siempre que lo haga con conocimiento de tal situaci�n ...

Por otra parte, es oportuno relacionar el contenido de estos numerales con los diversos 171, 189 y 142 que corresponden respectivamente al C�digo de Procedimientos Penales de los Estados de S., de San Luis Potos� y N., de id�ntico contenido, que a la letra dicen:

"Art�culo 171. Para la comprobaci�n de los elementos del tipo y la probable o plena responsabilidad del inculpado, en su caso, el Ministerio P�blico y el J. gozar�n de la acci�n m�s amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, seg�n su criterio, aunque no sea de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no est�n reprobados por �sta."

"Art�culo 189. Para la comprobaci�n del tipo penal del delito y de la presunta responsabilidad del inculpado, el Ministerio P�blico y los tribunales gozar�n de la acci�n m�s amplia para emplear los medios de investigaci�n que estimen conducentes seg�n su criterio, aunque no sean los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho."

Art�culo 142. Para la comprobaci�n del cuerpo del delito (sic), los funcionarios de Polic�a J. y los tribunales, gozar�n de la acci�n m�s amplia para emplear los medios de investigaci�n que estimen conducentes seg�n su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que esos medios no est�n reprobados por ella.

Lo anterior es as�, porque para poder apreciar la manera en que el juzgador puede tener por acreditados los elementos del tipo penal del il�cito de abuso de autoridad (tema a dilucidar en la presente contradicci�n), es necesario realizar una operaci�n de tipicidad, esto es, verificar si la conducta que se da en el mundo f�ctico tiene correspondencia exacta con la descripci�n t�pica que se contiene en la norma penal, y para ello es menester analizar los elementos del tipo y las reglas que establece el C�digo de Procedimientos Penales, aplicables para la comprobaci�n del delito de que se trata.

Por tener �ntima relaci�n con el tema a dilucidar, no est� por dem�s atender algunos aspectos sobre las funciones m�s relevantes del juzgador en su labor como administrador de justicia; en el proceso penal el principio iura novit curia hace menci�n a que el J., como �rgano del Estado, tiene el deber de conocer la ley, con lo cual se trata de garantizar la correcta aplicaci�n de �sta a los casos concretos, pero resulta que, para la justicia criminal, esta situaci�n toca s�lo una parte del problema, ya que la relaci�n procesal no es puramente normativa; es decir, la labor del J., en el proceso, no puede limitarse �nicamente al conocimiento o an�lisis de las normas jur�dicas; para fallar con justicia habr� de conocer, tambi�n, sobre el estado que guardan los hechos a los cuales esas normas han de aplicarse; antes de sondear lo que debe ser, deber� constatar lo que es o, en su caso, lo que ha sido; la ciencia jur�dica no es, como se vio, puramente normativa, no se agota con la deducci�n, sino que depende asimismo en gran medida del manejo del saber experimental y del m�todo inductivo propio de �ste.

As� pues, el J. al sentenciar no solamente se encuentra frente a un problema de naturaleza �nicamente jur�dica, sino que tambi�n se enfrenta al que se deriva de establecer la certeza de los hechos.

La importancia que asumen las pruebas, y su valoraci�n por el J., llevan a concluir que la actividad primordial determinante del proceso, consiste no tanto en encontrar la norma de derecho que resulte aplicable, cuanto el verificar los hechos aducidos.

Una vez que el procedimiento probatorio ha quedado cumplimentado por haberse aportado y desahogado todos los medios de probar que legalmente se hubieran incorporado al proceso, el J. se enfrenta a todo este material probatorio para apreciarlo y sacar de �l las consecuencias legales del caso; puede hacerlo analizando prueba por prueba y su relaci�n con cada hecho, o bien, como sucede m�s a menudo, apreciando globalmente las pruebas y hechos alegados por cada parte para obtener los puntos de coincidencia o contradicci�n que tuvieran y as�, formarse una convicci�n lo m�s apegada a la realidad.

Esta operaci�n, conocida como valoraci�n de la prueba, es una actividad intelectiva que corresponde efectuar en exclusiva al J. penal al juzgar; en ella el J., con base en sus conocimientos de derecho y tambi�n con apoyo en las m�ximas de la experiencia sobre las declaraciones, los hechos, las personas, las cosas, los documentos, las huellas, y adem�s sobre todo aquello que como prueba se hubiera llevado al proceso, para tratar de reconstruir y representarse mentalmente la realidad de lo sucedido y as� obtener la convicci�n que le permita sentenciar con justicia.

De esta manera, la valoraci�n de la prueba no es otra cosa que la operaci�n mental que realiza el juzgador con objeto de formarse una convicci�n sobre la eficacia que tengan los medios de prueba que se hubieran llevado al proceso. Tal valoraci�n tiende a verificar la concordancia entre el resultado del probar y la hip�tesis o hechos sometidos a demostraci�n en la instancia.

La valoraci�n de la prueba, sin duda alguna, es una de las funciones principales en que act�a el juzgador dentro de su tarea de administrar p�blica justicia.

En otro aspecto, en la doctrina procesal, de acuerdo a los sistemas de la valoraci�n de la prueba, resultan para los Jueces tres posibilidades: una, la de que se vea en la necesidad de atribuir a la prueba el valor que la ley establece; la otra, de que libremente, seg�n su arbitrio, atribuya a la prueba el valor que en conciencia y sano juicio deba tener; y finalmente, la de que dentro de ciertas limitaciones pueda libremente apreciarla en conciencia. Cada una de estas tres posiciones, doctrinalmente, ha recibido los nombres de: prueba legal o tasada, libre apreciaci�n de la prueba, y sistema mixto, por participar simult�neamente de las particularidades de los dos primeros.

En el primer sistema, el legislador de antemano le fija al J. reglas precisas y concretas para apreciar la prueba, que se traslucen en una verdadera tasa del pensar y del criterio judicial, algunos doctrinistas han considerado que este sistema convierte al juzgador en un mero aut�mata, y en �l se sacrifica la justicia a la certeza; empero, seg�n las reformas que han sufrido los C�digos de Procedimientos Penales, se advierte que poco a poco se ha ido abandonando dicho sistema, en el cual, es oportuno comentar, existe una regulaci�n legislativa que constri�e al J. a reglas abstractas preestablecidas que le indican la conclusi�n a que debe llegar forzosamente ante la producci�n de determinados medios de probar.

Por otro lado, el segundo sistema, de la libre apreciaci�n de las pruebas, est� basado en la circunstancia de que el J., al juzgar forme su convicci�n acerca de la verdad de los hechos afirmados en el proceso, libremente por el resultado de las pruebas; es decir, empleando las reglas de la l�gica, la experiencia y el conocimiento de la vida; se establece como requisito obligado en este sistema, la necesidad de que el J., al valorar la prueba, motive el juicio o criterio en que basa su apreciaci�n. Consecuentemente, el sistema de que se trata no autoriza al J. a valorar pruebas a su capricho, o a entregarse a la conjetura o a la sospecha, sino que supone una deducci�n racional partiendo de datos fijados con certeza.

Precisado lo anterior, cabe se�alar, que de una acuciosa revisi�n de los C�digos de Procedimientos Penales invocados l�neas arriba, se advierte que para la demostraci�n de los elementos del tipo penal del il�cito de abuso de autoridad no se requiere prueba especial, por lo que, tomando en consideraci�n la explicaci�n de los sistemas de apreciaci�n probatoria y lo que establecen los numerales de los referidos c�digos adjetivos, en el sentido de que para la comprobaci�n de los elementos del tipo penal, el J. goza de la acci�n m�s amplia para emplear los medios de investigaci�n que estime conducentes, seg�n su criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no est�n reprobados por �sta, se evidencia que no es aplicable una doctrina formalista de la prueba, es decir, no existe el sistema de prueba tasada, que es aqu�l, se insiste, en que la convicci�n del J. no se forma espont�neamente por la apreciaci�n de las pruebas aportadas al proceso, sino que su eficacia depende de la estimaci�n que la ley hace presente de cada uno de los medios que integran la fase probatoria.

De modo que, si de acuerdo con los citados c�digos adjetivos, la decisi�n del J. no est� determinada por reglas m�s o menos r�gidas que lo obliguen a tener por cierto lo demostrado por pruebas determinadas, sino que es el del arbitrio judicial, entonces, en la especie, para tener por acreditado el car�cter de funcionario o servidor p�blico, como elemento del delito de abuso de autoridad, no s�lo se puede lograr mediante el nombramiento con tal car�cter del sujeto activo, o la constancia que as� lo compruebe, en virtud de que el juzgador tiene que hacer uso de la facultad m�s importante dentro de su tarea de administrar p�blica justicia, consistente en la actividad intelectiva que despliega al efectuar la valoraci�n de la prueba, para lo cual debe recurrir a la regla gen�rica que contemplan los ordenamientos procesales de m�rito, que se traduce en que el J. goza de la m�s amplia libertad para valerse de todos los medios l�citos de investigaci�n que puedan emplearse de alg�n modo para el esclarecimiento de los problemas relacionados con la comprobaci�n de los hechos.

Ahora bien, si trat�ndose de aquellos delitos como el de abuso de autoridad, cuya existencia no requiere prueba especial, y adem�s el J. goza de la m�s amplia libertad para emplear todos los medios de investigaci�n no reprobados por la ley para demostrar los elementos del tipo penal, entonces, los Jueces pueden apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena, tambi�n para acreditar ese extremo; m�xime, cuando de la propia ley se desprende esa facultad para el juzgador, seg�n lo dispuesto por los preceptos 293 y 306 del C�digo de Procedimientos Penales de San Luis Potos�, 272 del C�digo de Procedimientos Penales de N., as� como el 205 y 324 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de S. que, en su orden, literalmente indican:

C�digo de Procedimientos Penales en el Estado de San Luis Potos�.

"Art�culo 293. Durante el procedimiento penal, las partes podr�n hacer valer la prueba circunstancial, basada en una operaci�n l�gica mediante la cual, partiendo de hechos conocidos y demostrados se pueda llegar a la aceptaci�n de otro u otros desconocidos o inciertos.

"Esta prueba podr� ser ofrecida, analizada y valorada tanto para determinar la existencia del delito, como la responsabilidad del inculpado."

Art�culo 306. Los tribunales, seg�n la naturaleza de los hechos y el enlace l�gico y natural m�s o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciar�n en conciencia el valor de la prueba circunstancial o indiciaria, hasta poder considerarla como prueba plena.

C�digo de Procedimientos Penales en el Estado de N..

Art�culo 272. Los tribunales, seg�n la naturaleza de los hechos y el enlace l�gico y natural m�s o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciar�n en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena.

C�digo de Procedimientos Penales en el Estado de S..

"Art�culo 205. La ley reconoce como medios de prueba los siguientes:

"I.Confesi�n;

"II. Documentos p�blicos y privados;

"III. Los dict�menes de peritos;

"IV. Inspecci�n;

".D.�n de testigos;

"VI. La circunstancial; y

"VII. Las no especificadas, entendi�ndose como tales todo aquello que a juicio del servidor p�blico que practique la averiguaci�n o instrucci�n, pueda constituirla. Cuando �ste lo juzgue necesario, podr�, por cualquier medio legal, establecer la autenticidad de dicho medio de prueba."

"Art�culo 324. Los tribunales, seg�n la naturaleza de los hechos y el enlace l�gico y natural m�s o menos necesario, que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciar�n y se�alar�n el valor de las presunciones, hasta poder considerarlas como prueba plena."

Para una mejor comprensi�n del asunto, vale la pena traer a colaci�n algunos apuntes sobre la prueba circunstancial, llamada tambi�n de indicios. Dicha palabra, de acuerdo al Diccionario Jur�dico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, de la Editorial Porr�a, Sociedad An�nima, cuarta edici�n, publicada en 1991, significa: "Hechos, elementos o circunstancias que sirven de apoyo al razonamiento l�gico del J. para lograr su convicci�n sobre la existencia de otros hechos o datos desconocidos en el proceso.".

Como se puede observar sobre esa apreciaci�n en conciencia que puede realizar el juzgador, el �ltimo art�culo transcrito, a diferencia de los dem�s, habla de presunciones y no de indicios, por ello es oportuno aclarar que sobre el tema de los indicios, se trata de un concepto dif�cil de delimitar desde el punto de vista jur�dico, toda vez que se le han atribuido diversos significados que en ocasiones se confunden, puesto que, en primer lugar, se le considera como sin�nimo de sospecha o conjetura; desde el punto de vista del derecho probatorio, se utiliza el vocablo como sin�nimo de presunci�n, y en un tercer t�rmino, se emplea el concepto de indicios para indicar los efectos restringidos de algunos elementos probatorios frente a aquellos que producen la plena convicci�n del juzgador.

Si bien los indicios est�n relacionados con los medios de prueba y con la apreciaci�n de los mismos en todas las ramas del proceso, existe la tendencia tanto doctrinal como legislativa y jurisprudencial de utilizarlos de manera predominante en el proceso penal, que aun cuando existen numerosos puntos de vista entre los tratadistas y los tribunales sobre la delimitaci�n de estos dos vocablos que con mucha frecuencia se confunden, en el caso concreto, por no ser materia de la contradicci�n, no se tocar� esta cuesti�n, empero, s� resulta necesario dejar aclarado que los c�digos mencionados en los art�culos transcritos, dos de ellos emplean la palabra indicio y el otro presunci�n; sin embargo, la lectura integral de ellos conduce v�lidamente a estimar que la facultad que dichos numerales otorgan al juzgador, no es otra cosa que la soberan�a para apreciar la prueba circunstancial o de indicios, de ah� que el uso del vocablo indicios por algunos de los ordenamientos legales y, por el otro el de presunciones, se debe a que el legislador, en este �ltimo, incurri� en una sinonimia.

Ahora se har� un an�lisis de lo que doctrinariamente es un indicio, de la forma como opera en el campo procesal penal, as� como de las reglas de su valoraci�n y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sobre tal tema. Por principio de cuentas tenemos que el indicio es un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aqu�l se obtiene, en virtud de una operaci�n l�gico-cr�tica basada en normas generales de la experiencia o en principios cient�ficos o t�cnicos; de ah� que tambi�n se puede decir que los indicios constituyen los elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias conocidos que se utilizan como la base del razonamiento l�gico del juzgador para considerar como ciertos hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la �ptica causal o l�gicamente.

En el indicio, la fuente de prueba se identifica con el medio probatorio, debido a que aqu�lla se manifiesta por s� misma (el hecho indicador es su propio medio de expresi�n, aunque debe ser probado por otro medio, como inspecci�n o testimonios). Tal fen�meno jur�dico puede ser cualquier hecho material o humano, f�sico o s�quico, simple o compuesto; es decir, se le da al concepto de hecho el significado amplio que se utiliza para determinar en abstracto el objeto de las pruebas judiciales; adem�s, es oportuno comentar que un requisito primordial de la prueba indiciaria es la certeza de la circunstancia indiciante, que se traduce en que, demostrada �sta, es necesario referirla seg�n las normas de la l�gica a una premisa mayor, en la que est� ya contenida en abstracto la conclusi�n que en concreto se busca, certeza, que dicho sea de paso, debe ser siempre el resultado de un examen cr�tico-l�gico de los hechos indiciarios, basado en los principios de causualidad e identidad y en las reglas generales o t�cnicas de la experiencia.

En ese orden de ideas, el indicio es un hecho probado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho; esto es, el dato indicio ya demostrado, no es apto para probar, ni inmediata (inspecci�n), ni mediatamente (testimonio o confesi�n), un hecho, sino que es �til para apoyar a la mente en su tarea de razonar silog�sticamente.

En otras palabras, existen hechos que no se pueden demostrar de manera directa a trav�s de los medios de prueba conocidos como la confesi�n, testimonio o la inspecci�n, sino s�lo a trav�s del esfuerzo de la raz�n que parte de datos aislados, de "cabos sueltos" que une con la mente para llegar a una conclusi�n.

Lo antes descrito confirma el criterio que sobre el tema de que se trata, ha predominado en la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en cuanto, en esencia, ha considerado que la prueba de indicios y el razonamiento que implica la presunci�n judicial, debe estimarse como prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y tiene como punto de partida hechos y circunstancias que est�n probados y de los cuales se trata de desprender su relaci�n con el hecho inquirido, esto es, un dato por complementar o una hip�tesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificaci�n del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.

Partiendo de las premisas que quedaron apuntadas, se considera que es inexacto que mediante la prueba circunstancial no se pueda inferir el car�cter de funcionario o servidor p�blico, como elemento del delito de abuso de autoridad, en virtud de que los ordenamientos legales de que se habla autorizan al J. para considerar cierto un hecho si existe prueba de indicios; adem�s, tienen adoptado el sistema de arbitrio judicial para la libre apreciaci�n de la prueba, que es contrario al sistema llamado legal, en el cual �nicamente se aceptan elementos probatorios que las leyes aplicables expresamente se�alan; luego, si de acuerdo al primer sistema no se limita taxativamente la prueba, sino que dejan a la autoridad judicial la libertad de allegarse toda clase de elementos de convicci�n, siempre y cuando no vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, entonces, ci��ndose a esas amplias facultades el juzgador, para tener acreditado el mencionado elemento del delito, podr� tomar en conjunto todas esas pruebas e integrar la prueba plena circunstancial, llamada prueba de indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma aut�noma y aislada no tiene mayor valor, en su conjunto tienen o adquieren eficacia probatoria plena, por relacionarse y vincularse l�gicamente entre s�, para crear absoluta convicci�n respecto a la conclusi�n a que se pretende llegar; sin olvidar, que la prueba circunstancial precisa para su integraci�n que se encuentren acreditados todos los hechos indiciarios y que exista un enlace natural m�s o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de ah� que la apreciaci�n que de las pruebas haga el juzgador en los t�rminos indicados, aparte de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal, porque se valora conforme a la ley aplicable la prueba circunstancial, puede servir para presumir o inferir la materialidad del delito de abuso de autoridad.

Para efectos de precisar la conclusi�n a que se arrib�, no est� por dem�s comparar sobre la importancia probatoria que tienen los indicios en materia civil y penal; en primer lugar, se toma en cuenta que el derecho procesal es la observancia efectiva del derecho sustantivo, por tanto, debe entenderse que a las caracter�sticas y particularidades de este derecho, se encuentran adecuados los tipos de procedimiento que les resulte conveniente para su concreci�n judicial, de lo que se sigue que, si los derechos sustanciales llegan a tener naturaleza discordante unos de los otros, es por ello que los procedimientos que se le ajusten deber�n ser tambi�n discordantes y contener reglas y especificidades en consonancia con la naturaleza del derecho material al cual sirvan, de lo que se puede colegir que si, al derecho civil se le reputa como privado, y al penal como p�blico, ello lleva ya impl�cita diferenciaci�n de sus naturalezas y, por lo mismo, de esto se deriva que los procedimientos que les son relativos presenten formas de actuaci�n tambi�n divergentes, sin que en ning�n caso pierda el proceso su car�cter eminentemente p�blico.

De esta manera se explica, el por qu� las partes contendientes en un proceso civil tienen facultades, posibilidades y cargas diferentes de las que, por su lado, tienen quienes se encuentran involucrados en un proceso penal. Mayores poderes de disposici�n y libertades obtienen las partes en el proceso civil; son m�s restringidas las que se guardan en el proceso penal, esto se debe a que en el derecho civil, el litigio, normalmente,por considerarse privado, afecta tan s�lo a las partes; en cambio, en el derecho penal la resoluci�n jur�dica criminal entre el Estado y el acusado, interesa a toda la sociedad, �sta es la causa de que en el proceso civil, en materia de pruebas, sea en los litigantes sobre quienes gravite, principalmente, la carga probatoria; en el proceso penal, con independencia de la promoci�n de las partes, el �rgano jurisdiccional est� facultado para ordenar el desahogo de las pruebas, tantas como se requieran, para tratar de obtener el conocimiento de la verdad real. Es as� que, al comparar el proceso penal con el civil, se estima que en esta �ltima clase de proceso, la iniciativa de las partes predomina ciento por ciento sobre la iniciativa del �rgano jurisdiccional; a manera de ejemplo, se puede establecer que as� como el objeto del litigio es un conflicto de dos intereses privados, privado es tambi�n el ejercicio de la acci�n, el impulso procesal que activa o detiene el procedimiento y finalmente la disposici�n de las partes sobre la materia del juicio, pudiendo �stas a su arbitrio limitar los extremos de lo debatido y restringir, por lo tanto, la indagaci�n del J., de tal suerte que �ste debe resignarse a conocer los hechos del debate, frecuentemente deformados o mutilados, en la forma en que las partes se las presenten y prueben.

Por el contrario, en el proceso penal, la investigaci�n y averiguaci�n se concibe como una potestad ilimitada otorgada al juzgador para allegarse de los medios de convicci�n que estime necesarios al juicio, sin necesidad de excitaci�n de las partes, por considerarse que el derecho sustantivo penal, as� como la relaci�n de derecho criminal que surge entre el Estado poseedor del ius puniendi y el hipot�tico infractor de la ley penal, son eminentemente p�blicos.

De lo anterior, es v�lido admitir que en el proceso penal se concibe una mayor facultad para el J. que la que tiene el J. civil, no tanto en la tarea de juzgar cuanto en la de probar; es decir, en la etapa del juicio, ambos Jueces tienen la misma atribuci�n para estimar la aplicaci�n del derecho sustantivo a los hechos, no as� por lo que hace a la investigaci�n y conocimiento de los hechos, para lo cual, ciertamente, el J. penal dispone de mayores libertades, lo que se refleja respecto a la prueba indiciaria, pues el derecho civil la limita, dado que carece de todo valor probatorio en algunos casos; a guisa de ejemplo se toma como referencia lo previsto por el art�culo 39 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal cuyo contenido es del tenor siguiente:

"El estado civil se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; ning�n otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley."; en concordancia con el precepto 360 del propio ordenamiento, que dispone: "La filiaci�n de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relaci�n a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, s�lo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad.". Como puede observarse, la filiaci�n del padre, en la hip�tesis transcrita, �nicamente se podr� probar mediante los medios de convicci�n a que alude la norma, sin que se pueda acreditar con la prueba circunstancial o indiciaria; en cambio, en el proceso penal, en el supuesto del delito de parricidio, en donde la v�ctima es el padre y el inculpado un hijo fuera de matrimonio de aqu�l, para tener por comprobado uno de los elementos del tipo penal de dicho il�cito, como lo es el parentesco entre sujeto activo y pasivo, no es indispensable que exista resoluci�n prejudicial civil, e inclusive ante la falta de actas del Registro Civil, la liga de filiaci�n puede establecerse por cualquier medio probatorio procesal, dado el realismo de la legislaci�n penal; tambi�n otros ejemplos en materia civil en los cuales no tendr�an valor probatorio los indicios, es en el contrato de matrimonio que se designa bajo el nombre de capitulaciones matrimoniales, que debe constar en escritura p�blica, de igual manera la donaci�n de bienes muebles cuando exceden de cinco mil pesos, seg�n lo prev�n los art�culos 185 y 2344, respectivamente, del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal; como �stos podemos se�alar otros muchos actos para los cuales exige la ley determinada forma para su existencia y eficacia, cuya ausencia produce la nulidad de ellos.

Consecuentemente, esta Primera Sala, por las dem�s razones que se expresan, coincide con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de A., las tesis correspondientes deben quedar redactadas con los siguientes rubros y textos:

ABUSO DE AUTORIDAD, EL CAR�CTER DE SERVIDOR P�BLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, SE PUEDE PRESUMIR MEDIANTE LA INTEGRACI�N DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. Mediante la prueba circunstancial se puede inferir el car�cter de funcionario o servidor p�blico, como elemento del tipo penal del il�cito de abuso de autoridad, cuando, como en la especie, los ordenamientos adjetivos penales de los Estados de San Luis Potos�, S. y N. autorizan al J. para considerar cierto un hecho si existe prueba de indicios, adem�s de que tienen adoptado el sistema de arbitrio judicial para la libre apreciaci�n de la prueba, puesto que, de acuerdo a este sistema, no se limita taxativamente la prueba, sino que deja a la autoridad judicial la libertad de allegarse toda clase de elementos de convicci�n, siempre y cuando no vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, lo que implica que el juzgador, ci��ndose a esas amplias facultades, podr� tener por acreditado el mencionado elemento del delito, al tomar en conjunto todas esas probanzas e integrar la prueba circunstancial, llamada prueba de indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma aut�noma y aislada no tiene mayor valor, en su conjunto puedan adquirir eficacia probatoria plena, por relacionarse y vincularse l�gicamente entre s� para crear absoluta convicci�n, sin olvidar que la prueba circunstancial precisa para su integraci�n que se encuentren acreditados los hechos indiciarios y que exista un enlace m�s o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de ah� que la apreciaci�n, que de las pruebas haga el J. en los t�rminos aludidos, aparte de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal porque conforme lo dispone la ley se valora la prueba circunstancial, sirve para presumir la materialidad del delito de abuso de autoridad.

ABUSO DE AUTORIDAD, EL CAR�CTER DE SERVIDOR P�BLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, NO PUEDE ACREDITARSE EXCLUSIVAMENTE CON LA CONSTANCIA DEL NOMBRAMIENTO. Trat�ndose de aquellos delitos como el de abuso de autoridad, para cuya actualizaci�n no se requiere prueba especial, seg�n lo disponen los c�digos adjetivos de San Luis Potos�, S. y N., se sigue el sistema de no limitar taxativamente la prueba, en donde la decisi�n del J. no est� determinada por reglas m�s o menos r�gidas que lo obliguen a estimar cierto lo demostrado por pruebas determinadas, sino que opera el arbitrio judicial, para la libre apreciaci�n de las pruebas, por lo que, para tener por acreditado el car�cter de servidor p�blico como elemento del tipo del il�cito aludido, no s�lo se logra mediante el nombramiento con tal car�cter del sujeto activo o la constancia que as� lo compruebe, en virtud de que el juzgador tiene que hacer uso de la facultad m�s importante dentro de su tarea de administrar p�blica justicia, consistente en la actividad intelectiva que despliega al efectuar la valoraci�n de la prueba, a la luz de la regla gen�rica que contemplan los c�digos de procedimientos penales invocados, en el sentido de que el J. goza de la m�s amplia libertad para valerse de todos los medios l�citos de investigaci�n, lo que se traduce en que, para tener por comprobado el referido extremo, la autoridad judicial se puede allegar cualquier elemento de convicci�n, siempre y cuando no sean contrarios a derecho, ni reprobados por la ley.

PRUEBA INDICIARIA, C�MO OPERA LA EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio ata�e al mundo de lo f�ctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesi�n, testimonio o inspecci�n, sino s�lo a trav�s del esfuerzo de razonar silog�sticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre s�, en la mente, para llegar a una conclusi�n.

PRUEBA INDICIARIA, LA FORMA DE OPERAR LA, EN EL DERECHO PROCESAL PENAL Y CIVIL, ES DIFERENTE AL DEPENDER DEL DERECHO SUSTANTIVO QUE SE PRETENDE. El derecho procesal es el instrumento que sirve para la observancia efectiva del derecho sustantivo, por lo que, a las caracter�sticas y particularidades de este derecho, se encuentran adecuados los tipos de procedimientos que les resulte conveniente para su concreci�n judicial, de lo que se sigue que, si los derechos sustanciales llegan a tener naturaleza discordante uno de los otros, resulta que los procedimientos que se le ajusten deber�n ser tambi�n discordantes y contener reglas y especificidades en consonancia con la naturaleza del derecho material al cual sirvan, de lo que se colige que si al derecho civil se le reputa como privado y al penal como p�blico, ello lleva ya impl�cita la diferenciaci�n de sus naturalezas y, por lo mismo, de esto se deriva que los procedimientos que les son relativos presenten formas de actuaci�n divergentes, de esta manera se explica que en el derechocivil, el litigio normalmente, por considerarse privado, afecta tan solo a las partes; en cambio, en el derecho penal la relaci�n jur�dico-criminal entre el Estado y el imputado, interesa a toda la sociedad, �sta es la causa de que en el proceso civil, en materia de pruebas, sea en las partes en conflicto, sobre quienes gravite, principalmente, la carga probatoria; en el proceso penal, el �rgano jurisdiccional est� facultado para ordenar el desahogo de las pruebas, tantas como se requieran, para tratar de obtener el conocimiento de la verdad real; de tal suerte que, en el proceso civil, el J., la mayor�a de las veces, debe resignarse a conocer los hechos del debate en la forma en que las partes se los presenten y prueben; por el contrario, en el proceso penal se permite la investigaci�n y averiguaci�n como potestad ilimitada otorgada al juzgador para allegarse de los medios de convicci�n que estime necesarios al juicio, precisamente porque la relaci�n criminal que surge es eminentemente p�blica; lo que significa que, en este �ltimo proceso, se concibe una mayor facultad para el J., que la que tiene el J. civil, no tanto en la tarea de juzgar cuanto en la de probar; es decir, en la etapa del juicio, ambos Jueces tienen la misma atribuci�n para estimar la aplicaci�n del derecho sustantivo a los hechos, no as� por lo que hace a la investigaci�n y conocimiento de los hechos, lo cual se refleja respecto de la prueba indiciaria, pues el derecho civil la limita, dado que carece de todo valor probatorio en algunos casos; a guisa de ejemplo, se toma como referencia lo previsto por el art�culo 360 del C�digo Civil para el Distrito Federal y para toda la Rep�blica en Materia Federal, cuyo contenido es del tenor siguiente: "La filiaci�n de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relaci�n a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, s�lo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad."; como puede observarse, la filiaci�n del padre en la hip�tesis transcrita �nicamente se podr� probar mediante los medios de convicci�n a que alude la norma, sin que se pueda acreditar con la prueba circunstancial o indiciaria; en cambio, en el proceso penal, en el supuesto del delito de parricidio, en donde la v�ctima es el padre y el inculpado un hijo fuera de matrimonio de aqu�l, para tener por comprobado uno de los elementos del tipo penal de dicho il�cito, como lo es el parentesco entre sujeto activo y pasivo, no es indispensable que exista resoluci�n prejudicial civil, e inclusive ante la falta de actas del Registro Civil, la liga de filiaci�n puede establecerse por cualquier medio probatorio procesal, dado el realismo de la legislaci�n penal.

Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de A. y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder J. de la Federaci�n, se

resuelve:

PRIMERO

?S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, al fallar los amparos directos 96/96, 262/93; y 392/93, respectivamente.

SEGUNDO

?Se declara que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el amparo directo 96/96, en los t�rminos precisados en esta resoluci�n, sin que se afecten las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en que ocurri� la contradicci�n.

TERCERO

?Rem�tanse el texto de las tesis jurisprudenciales a que se refiere el postrer considerando de la presente resoluci�n al Semanario J. de la Federaci�n para su publicaci�n; as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del precepto 195 de la Ley de A., para su conocimiento.

N.�quese; y en su oportunidad, arch�vese el asunto como concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juventino V.C. y C., H.R.P., Jos� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. (ponente) y O.S.C. de G.�a V..