Ejecutoria num. 1a./J. 94/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 29345004

Ejecutoria num. 1a./J. 94/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 94/2007
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2007
RESUMEN

ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ACCI�N HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA V�A ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL).

CONTRADICCI�N DE TESIS 42/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL D�CIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; as� como lo se�alado en los puntos segundo, p�rrafo primero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve siguiente; por tratarse de una contradicci�n suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, que corresponde a la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, en raz�n de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en t�rminos del art�culo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO

Los criterios que se aducen contradictorios, son los siguientes:

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en sesi�n de catorce de marzo de dos mil seis, por unanimidad de votos, el amparo directo n�mero DC. 101/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

Son ineficaces los conceptos de violaci�n hechos valer por el quejoso. En efecto, contrariamente a lo sostenido por el promovente del amparo en el primer concepto de violaci�n, el Juez natural s� es competente para conocer de la acci�n hipotecaria ejercida por el actor, hoy tercero perjudicado, en virtud de que el art�culo 2o. del t�tulo especial de la justicia de paz del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prev� la facultad de los Jueces de Paz para conocer de los juicios que versen sobre derechos reales, como es el caso de aquellos que tienen como finalidad hacer efectiva la garant�a hipotecaria, seg�n se desprende de la lectura del precepto citado que a la letra dice: �Art�culo 2o.� (se transcribe). Del precepto que antecede no se advierte la exclusi�n expresa de la facultad de los Jueces de Paz para conocer de las controversias que tengan como finalidad hacer efectiva la garant�a hipotecaria, sino exclusivamente del conocimiento de los asuntos relativos a las materias familiar y las controversias de arrendamiento cuya competencia exclusivamente se confiri� a los Jueces de primera instancia. Al respecto este tribunal comparte la jurisprudencia n�mero I.3o.C. J/34 sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la p�gina un mil trescientos noventa y tres del Tomo XIX, compilaci�n del mes de junio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente a la Novena �poca, que dice: �V�A ORAL. PROCEDE PARA EJERCER ACCI�N QUE DERIVE DE UN CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO CON GARANT�A HIPOTECARIA Y ES COMPETENTE UN JUEZ DE PAZ CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.�. De esta manera, es evidente que la v�a oral s� es procedente para dirimir las acciones que tengan por finalidad hacer efectiva la garant�a real o hipoteca constituida sobre un inmueble ubicado en la jurisdicci�n de los Jueces de Paz, porque la procedencia de esa v�a proviene de lo dispuesto por el art�culo 2o., del t�tulo especial de la justicia de paz del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al tratarse de un derecho real constituido sobre un bien inmueble; en consecuencia, las disposiciones contenidas en los art�culos 462 y 468 del c�digo adjetivo invocado, no se contraponen a la previsi�n del art�culo 40 del t�tulo mencionado, porque la imposibilidad de que los Jueces de Paz puedan tramitar los juicios de su conocimiento en una v�a distinta de la oral, no impide que conozcan de las controversias suscitadas sobre derechos reales como es el caso de la hipoteca dado que, se insiste, tienen tal facultad en virtud de la norma contenida en el art�culo 2o. del t�tulo en cuesti�n. El criterio que antecede no se ve afectado por la imposibilidad de los Jueces de Paz de aplicar las disposiciones relativas a la tramitaci�n de la v�a especial hipotecaria previstas en los art�culos 468 a 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, puesto que ello no impide que se haga efectiva la garant�a a trav�s de la venta de la cosa gravada con hipoteca mediante el juicio oral en virtud del incumplimiento de una obligaci�n de pago, en el que tambi�n se cumplen los extremos de la garant�a de audiencia a que se refiere el art�culo 14 constitucional, como son el emplazamiento, contestaci�n de demanda, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, sin que por lo anterior se vean disminuidas las oportunidades de defensa de las partes por la reducci�n de t�rminos y la improcedencia del recurso de apelaci�n, dado que de cualquier forma, como se ha visto, se respeta la citada garant�a. Por lo anterior, este �rgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido en la tesis de rubro: �ACCI�N HIPOTECARIA. NO PUEDE SER EJERCITADA EN LA V�A ORAL ANTE UN JUZGADO DE PAZ EN MATERIA CIVIL.�, por lo que proc�dase a realizar la denuncia por contradicci�n de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n."

Por su parte, el D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver en sesi�n de veinte de marzo de dos mil tres, por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo n�mero DC. 106/2003, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

Ahora bien, tocante a que la Juez de Paz es incompetente para conocer de un juicio hipotecario porque el mismo debe seguirse conforme a las reglas de los art�culos 468 a 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dicho argumento es ineficaz, habida cuenta de que dichos preceptos regulan las formalidades en el tr�mite de la v�a especial hipotecaria, por lo que la cuesti�n que plantea la impetrante ata�e m�s bien a una cuesti�n de procedencia de la v�a intentada que ser� analizada m�s adelante y no a un aspecto referente a la incompetencia. M�xime que de las actuaciones del juicio natural, se aprecia que en prove�do de ocho de octubre de dos mil dos, a trav�s del cual la juzgadora natural previno a la actora que aclarara su demanda respecto de la v�a intentada declar� ser incompetente para conocer de la v�a especial hipotecaria, lo que motiv� que la accionante aclarara que la demanda la promovi� en la v�a oral, lo que corrobora que la cuesti�n a dilucidar no es la competencia del juzgador sino la procedencia o improcedencia de la v�a intentada. Son fundadas las alegaciones en estudio con respecto a la v�a en que fue intentada la acci�n, por lo siguiente: los art�culos 462 y 468 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se�alan: �Art�culo 462.� (se transcribe). �Art�culo 468.� (se transcribe).

...

De acuerdo a las disposiciones antes transcritas, espec�ficamente, el art�culo 462 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando el cr�dito es garantizado con hipoteca, el acreedor puede intentar el juicio en la v�a especial, la ejecutiva o la ordinaria; lo que por s� solo excluye la procedencia de la v�a oral. Adem�s, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha interpretado que la acci�n hipotecaria no puede hacerse valer en cualquiera de las v�as antes descritas sino que es el cobro del adeudo el que puede realizarse en cualquiera de ellas, por lo que la procedencia de la v�a intentada depender� de las pretensiones del reclamante. En efecto, mediante la acci�n hipotecaria se persigue exclusivamente hacer efectiva la garant�a mediante la venta de la cosa gravada, para lo cual es necesario que el documento en que conste la hipoteca re�na los requisitos del art�culo 468 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es decir, deber� constar en escritura p�blica o escrito privado, seg�n lo prevea la ley com�n; deber� estar registrado en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio; y el cr�dito debe ser de plazo cumplido o exigible en los t�rminos pactados. Por otra parte, en la v�a ejecutiva se ejercita una acci�n personal que por estar amparada en un t�tulo ejecutivo, permite el aseguramiento del cr�dito reclamado mediante el secuestro de bienes del deudor, estos es, el propio bien hipotecado o diversos en caso de ser insuficiente para garantizar el cr�dito, entre otros supuestos, de ah� que en este caso, la acci�n deriva del mutuo y se hace a un lado la garant�a hipotecaria. Por otra parte, la v�a ordinaria proceder� por exclusi�n en cualquier otro supuesto distinto a los anteriormente relatados, en cuyo caso la documental que contiene la constituci�n de hipoteca constituir� s�lo una prueba simple de las pretensiones deducidas. A guisa de ejemplo, se considera que cuando la hipoteca no cumpla los requisitos del art�culo 468 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y tampoco tenga el car�cter de t�tulo ejecutivo podr� ejercitarse la v�a ordinaria para hacer efectivo el cobro del cr�dito. Al efecto se invoca por analog�a de disposiciones legales, la tesis localizable en la p�gina 79, Volumen 28, Cuarta Parte, Tercera Sala, S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: �HIPOTECA. V�A PROCEDENTE PARA EL COBRO DEL MUTUO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE JALISCO).�. De lo expuesto se evidencia que a virtud de que la parte actora ejercit� la acci�n hipotecaria, puesto que formul� su demanda a efecto de obtener el pago del adeudo garantizado con hipoteca, m�s los accesorios, mediante el remate del bien inmueble dado en garant�a; que el contrato de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria precisado como base de la acci�n consta en escritura p�blica debidamente registrada en el Registro P�blico de la Propiedad del Estado de M�xico, y que el plazo establecido en el mismo para el cumplimiento de la obligaci�n principal se tuvo por vencido anticipadamente, ante el incumplimiento del deudor en pagar los intereses en los t�rminos acordados en dicho contrato, se concluye que la v�a procedente era necesariamente la especial hipotecaria y no la oral ante un Juzgado de Paz, puesto que como ya se dijo no queda a elecci�n del actor elegir la v�a cuando ejercita la acci�n hipotecaria, sino que �sta necesariamente debe intentarse en la v�a especial que regulan los art�culos 468 a 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen las formalidades del procedimiento a seguir en el caso concreto. En efecto, debe decirse que la parte quejosa tiene raz�n cuando alega que causa perjuicio a su esfera jur�dica de derechos, el hecho de que se tramitara la acci�n ejercitada por la parte actora en la v�a oral y no en la especial hipotecaria, dado que sus oportunidades de defensa en la primera de las v�as mencionadas disminuye, tomando en consideraci�n que los t�rminos para contestar la demanda y para ofrecer y desahogar pruebas son menores en comparaci�n con los establecidos para tal efecto en el cap�tulo relativo a la tramitaci�n y sustanciaci�n del juicio especial hipotecario, con independencia de la recurribilidad de las determinaciones dictadas en la �ltima de estas v�as citadas. En efecto, del an�lisis de los art�culos 470, 471 y 483 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende que la parte demandada tiene el plazo de nueve d�as para contestar la demanda y para oponer sus excepciones y defensas, as� como para formular reconvenci�n y ofrecer pruebas. Para su desahogo, dichos preceptos legales contemplan una audiencia de celebraci�n posterior a la fecha del ofrecimiento y admisi�n de pruebas, puesto que el �ltimo de dichos art�culos dispone que las pruebas deben de ofrecerse con los escritos que fijan la controversia y que las admitidas deber�n ser preparadas por las partes, quienes deber�n presentar a sus testigos en la audiencia respectiva. Asimismo, este precepto legal indica que si el oferente de las pruebas testimonial y documental manifiestan bajo protesta de decir verdad que no pueden presentar a los testigos ni presentar los documentos que no tiene a su disposici�n, el Juez mandar� citar a los testigos y expedir� los oficios a las autoridades y tercero que tenga en su poder los documentos, con apercibimiento de sanci�n, contemplando el diferimiento de la audiencia para el caso de que no se desahogaran todas las pruebas por falta de preparaci�n, a efecto de que se desahoguen en una nueva audiencia. Ahora bien, del an�lisis concatenado de los art�culos 7o., 17, 18, 19 y 20 del t�tulo especial de justicia de paz, se advierte que a petici�n del actor, el Juez citar� al demandado para que comparezca dentro del tercer d�a y que en una sola audiencia la parte demandada deber� contestar la demanda, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas y desahogarlas, aun cuando se tratare de testimoniales o periciales, respecto de las cuales se establece que el oferente deber� presentar en la audiencia los testigos y peritos que pretende sean o�dos. M�xime que los art�culos 487, 688, 689 y 714 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establecen el recurso de apelaci�n para las resoluciones emitidas en un juicio tramitado en la v�a especial hipotecaria; y por el contrario, el art�culo 23 del t�tulo especial de la justicia de paz determina que respecto de las resoluciones dictadas por los Jueces de Paz no se da m�s recurso que el de responsabilidad, por lo cual se evidencia que en el caso se restringe a la quejosa su acceso a los medios ordinarios de defensa previstos para la v�a especial hipotecaria. En tales circunstancias se estima que la sustanciaci�n de la acci�n intentada en la v�a oral afecta la esfera jur�dica de derechos de la parte quejosa, porque como fundadamente lo hace valer, con la tramitaci�n del asunto en la v�a oral, sus oportunidades de defensa fueron menores, en atenci�n a los plazos concedidos por el t�tulo especial de justicia de paz para tal efecto, y al impedimento de interponer los medios ordinarios de defensa que proceden contra las resoluciones dictadas en los juicios tramitados en la v�a especial hipotecaria. Lo anterior resulta violatorio de la garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 14 constitucional, toda vez que el juicio no se tramit� conforme a las normas aplicables al caso concreto, lo que adem�s trascendi� en la disminuci�n de la oportunidad de defensa de la quejosa, de ah� lo fundado del concepto analizado. Como apoyo se cita por analog�a la tesis publicada en la p�gina 131, Tomo Cuarta Parte, CXVIII, Tercera Sala, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: �V�A, IMPROCEDENCIA DE LA.�-Asimismo, se invoca a contrario sensu, la tesis localizable en la p�gina 163, Vol�menes 115-120, Cuarta Parte, Tercera Sala, S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo contenido es: �V�A, IMPROCEDENCIA DE LA (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE MICHOAC�N).�. Como corolario de lo anterior, cabe destacar que la v�a especial hipotecaria no puede ser intentada en ning�n caso ante el Juez de Paz Civil, toda vez que el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contiene un t�tulo especial de justicia de paz que regula la competencia y formalidades que se deben seguir en los procedimientos seguidos ante el mismo, y en el art�culo 40 del citado t�tulo, se establece que en los negocios que conozcan dichos juzgados s�lo se aplicar�n las disposiciones del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en lo que fuere indispensable para complementar las disposiciones contenidas en dicho t�tulo y no se opongan directa o indirectamente a estas �ltimas; por lo que si el ejercicio de la acci�n hipotecaria debe realizarse en la v�a especial prevista y regulada en los art�culos 468 al 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Juez de Paz no est� en aptitud de aplicar estas �ltimas ya que del an�lisis comparativo realizado con antelaci�n, es evidente que se contraponen con las establecidas en el t�tulo especial, como lo es, por ejemplo, el que en aqu�llas se contemple el recurso de apelaci�n y, en cambio, en estas �ltimas est� vedada la procedencia de cualquier medio ordinario de impugnaci�n."

CUARTO

Con el prop�sito de verificar si en el presente caso existe contradicci�n entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:

Novena �poca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XIII, abril de 2001

Tesis: P./J. 26/2001

P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De lo anterior se obtiene que, para que exista la contradicci�n de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se hayan examinado cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Ahora bien, de las sentencias pronunciadas por los tribunales contendientes, se advierte que en el caso s� se cumple con los requisitos exigidos para la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada.

    En efecto, se cumple con lo precisado en el inciso a) toda vez que al resolverse los negocios jur�dicos sometidos a la consideraci�n de los Tribunales Colegiados Noveno y D�cimo Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito se examin� una cuesti�n jur�dica esencialmente igual, consistente en la determinaci�n de la v�a procedente para el ejercicio de la acci�n hipotecaria.

    Al respecto, los Tribunales Colegiados en menci�n adoptaron posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; pues el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo:

  4. Que el Juez de Paz Civil s� es competente para conocer de la acci�n hipotecaria, porque el art�culo 2o. del t�tulo especial de la justicia de paz del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo faculta para conocer de los juicios que versen sobre derechos reales, como aquellos que tienen como finalidad hacer efectiva la garant�a hipotecaria.

  5. Que de esta manera, la v�a oral es procedente para dirimir las acciones que tengan por finalidad hacer efectiva la garant�a real o hipotecaria constituida sobre un inmueble ubicado en la jurisdicci�n de los Jueces de Paz, porque proviene de lo dispuesto por el art�culo 2o. del t�tulo especial de la justicia de paz del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al tratarse de un derecho real constituido sobre un bien inmueble.

  6. Que en consecuencia, las disposiciones contenidas en los art�culos 462 y 468 del c�digo adjetivo invocado, no se contraponen a la previsi�n del art�culo 40 del t�tulo especial mencionado.

  7. Que lo anterior no se ve afectado por la imposibilidad de los Jueces de Paz de aplicar las disposiciones relativas a la tramitaci�n de la v�a especial hipotecaria, previstas en los art�culos 468 a 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, puesto que ello no impide que se haga efectiva la garant�a a trav�s de la venta de la cosa gravada con hipoteca mediante el juicio oral en virtud del incumplimiento de una obligaci�n de pago, juicio en el que se cumplen los extremos de la garant�a de audiencia a que se refiere el art�culo 14 constitucional, como son el emplazamiento, contestaci�n de demanda, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia; sin que por ello se vean disminuidas las oportunidades de defensa de las partes por la reducci�n de t�rminos y la improcedencia del recurso de apelaci�n.

    Por el contrario, el D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo:

  8. Que de acuerdo al art�culo 462 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando el cr�dito es garantizado con hipoteca, el acreedor puede intentar el juicio en la v�a especial, la ejecutiva o la ordinaria, lo que por s� solo excluye la procedencia de la v�a oral ante un Juzgado de Paz Civil.

  9. Que a trav�s de la acci�n hipotecaria se persigue exclusivamente hacer efectiva la garant�a mediante la venta de la cosa gravada, para lo cual es necesario que el documento en el que conste la hipoteca re�na los requisitos del art�culo 468 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

  10. Que en la especie, la parte actora ejercit� la acci�n hipotecaria, puesto que formul� su demanda a efecto de obtener el pago del adeudo garantizado en hipoteca, m�s los accesorios, mediante el remate del bien inmueble dado en garant�a; que el contrato de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria precisado como base de la acci�n consta en escritura p�blica debidamente inscrita en el Registro P�blico de la Propiedad del Estado de M�xico y que el plazo establecido en el mismo para el cumplimiento de la obligaci�n principal se tuvo por vencido anticipadamente, ante el incumplimiento del deudor en pagar los intereses en los t�rminos acordados en dicho contrato.

  11. Concluye, que la v�a procedente era necesariamente la especial hipotecaria y no la oral ante un Juzgado de Paz Civil, puesto que no queda a elecci�n del actor elegir la v�a cuando ejercita la acci�n hipotecaria, sino que �sta necesariamente debe intentarse en la v�a especial que regulan los art�culos 468 a 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen las formalidades del procedimiento a seguir en el caso concreto.

  12. Que de acuerdo con los art�culos 7o., 17, 18, 19 y 20 del t�tulo especial de la justicia de paz del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las oportunidades de defensa en la v�a oral se disminuyen, tomando en cuenta que los t�rminos para contestar la demanda y para ofrecer y desahogar pruebas son menores en comparaci�n con los establecidos para tal efecto en el cap�tulo relativo a la tramitaci�n y sustanciaci�n del juicio especial hipotecario (art�culos 470, 471 y 473 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal).

    Que asimismo, en la v�a oral se restringe el acceso a los medios ordinarios de defensa, porque los art�culos 487, 688, 689 y 714 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establecen el recurso de apelaci�n para las resoluciones emitidas en el juicio tramitado en la v�a especial hipotecaria, por el contrario, el art�culo 23 del t�tulo especial de la justicia de paz determina que respecto de las resoluciones dictadas por los Jueces de Paz, no se admite m�s recurso que el de responsabilidad.

  13. Que la v�a especial hipotecaria no puede ser intentada en ning�n caso ante el Juez de Paz Civil, toda vez que el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contiene un t�tulo especial de justicia de paz que regula la competencia y formalidades que se deben seguir en los procedimientos seguidos ante el mismo, y en el art�culo 40 se establece que en los negocios que conozcan dichos juzgados s�lo se aplicar�n las disposiciones del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en lo que fuere indispensable para complementar las disposiciones contenidas en dicho t�tulo y no se opongan directa o indirectamente a estos �ltimos, por lo que, si el ejercicio de la acci�n hipotecaria debe realizarse en la v�a especial prevista y regulada en los art�culos 468 al 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Juez de Paz no est� en aptitud de aplicar estos �ltimos, ya que del an�lisis realizado, es evidente que se contrapone con lo establecido en el t�tulo especial, como lo es, por ejemplo, el que en aqu�llos se contemple el recurso de apelaci�n y, en cambio, en estos �ltimos est� vedada la procedencia de cualquier medio ordinario de impugnaci�n.

    Como se advierte de la lectura comparativa de ambos criterios, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relaci�n con el mismo tema jur�dico, esto es, si es procedente la v�a oral, ante el Juez de Paz en Materia Civil, para ejercitar la acci�n hipotecaria, o si �sta necesariamente debe tramitarse por la v�a especial hipotecaria, ante el Juez Civil de primera instancia.

    De lo anterior se desprende que, por un lado, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al se�alar que es procedente la v�a oral para poder ejercitar la acci�n hipotecaria, se basa en una interpretaci�n que realiza al art�culo 2o. del t�tulo especial "de la justicia de paz" del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sosteniendo que lo dispuesto en dicho t�tulo especial no se contrapone con lo previsto en dicho ordenamiento adjetivo en las disposiciones donde se regula el juicio especial hipotecario, siendo que, por otro lado, el D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al analizar las disposiciones que integran el juicio especial hipotecario concluye que no es posible ejercitar la acci�n hipotecaria ante Juzgado de Paz Civil y que los art�culos 468 al 488 del c�digo adjetivo civil, se contraponen con lo establecido en el t�tulo especial de la justicia de paz.

    Asimismo, se encuentra acreditado el elemento referido en el inciso b) consistente en que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; como se advierte de las propias sentencias pronunciadas, y de la s�ntesis realizada en el considerando anterior de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios.

    Lo anterior es as�, ya que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que s� es procedente la v�a oral, para dirimir las acciones que tengan por finalidad hacer efectiva la garant�a real o hipotecaria constituida sobre un inmueble en t�rminos del art�culo 2o., del t�tulo especial de la justicia de paz del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por tratarse de un derecho real; en tanto que, para el otro �rgano colegiado, la v�a procedente es necesariamente la especial hipotecaria ante un Juez de primera instancia civil y no la oral ante un Juzgado de Paz, puesto que no queda a elecci�n del actor elegir la v�a cuando ejercita la acci�n hipotecaria, sino que �sta debe intentarse en la v�a especial que regulan los art�culos 468 a 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

    Por �ltimo, tambi�n se acredita el requisito precisado en el inciso c) consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    En principio, se precisa que el estudio que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes parti� del examen de los mismos elementos, porque los hechos que les dieron origen son similares en relaci�n al punto jur�dico materia de esta contradicci�n, pues analizaron controversias en las que la parte actora ejercit� la acci�n hipotecaria a fin de obtener el pago del adeudo garantizado con una hipoteca, lo que determin� en cada caso pronunciarse sobre la v�a procedente.

    Asimismo, ambos �rganos colegiados partieron del an�lisis de los mismos preceptos legales, pues analizaron, en esencia, los art�culos 462 y 468 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; y 2o. y 40 del t�tulo especial "de la justicia de paz" del mismo ordenamiento.

    En ese contexto, se concluye que, en el caso analizado, s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, en relaci�n con el tema relativo a determinar cu�l es la v�a procedente cuando se ejercita la acci�n hipotecaria.

    No es obst�culo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposici�n no constituyan jurisprudencia, porque los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafos primero y tercero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

    Es aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal, cuyo contenido es el siguiente:

    Octava �poca

    Instancia: Tercera Sala

    Fuente: Ap�ndice de 1995

    Tomo: VI, Parte SCJN

    Tesis: 187

    P�gina: 127

    CONTRADICCI�N. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicci�n de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuesti�n, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XII, p�rrafos primero y tercero, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 195 Bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, s�lo se requiere, trat�ndose de Tribunales Colegiados de Circuito, que �stos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia."

QUINTO

Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, el cual m�s adelante se precisar�, por las razones siguientes:

De acuerdo con lo se�alado en el considerando anterior y en relaci�n con lo resuelto por los Tribunales Colegiados contendientes, el punto a dilucidar en la presente contradicci�n, consiste en determinar si es procedente la v�a oral ante el Juez de Paz en Materia Civil, para ejercitar la acci�n hipotecaria, o si �sta necesariamente debe tramitarse por la v�a especial hipotecaria, ante el Juez Civil de primera instancia.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido el criterio de que la procedencia de la v�a intentada por el actor, es un presupuesto procesal cuyo estudio debe ser previo al fondo de la cuesti�n, puesto que el juzgador debe resolver, en primer lugar, si la v�a es procedente y, posteriormente, entrar al fondo del negocio.

Lo anterior as� debe entenderse, porque el an�lisis de las acciones s�lo puede llevarse a cabo si el juicio, en la v�a escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez est� impedido para resolver sobre las acciones planteadas.

De esta manera, el estudio de la procedencia del juicio es un presupuesto procesal que tiene car�cter de orden p�blico porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio, salvo las excepciones expresamente se�aladas en la ley.

As� se ha pronunciado esta Primera Sala, en la jurisprudencia cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, enseguida se transcriben:

Novena �poca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXI, abril de 2005

Tesis: 1a./J. 25/2005

P�gina: 576

PROCEDENCIA DE LA V�A. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTI�N PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que est� restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jur�dica. As�, las leyes procesales determinan cu�l es la v�a en que debe intentarse cada acci�n, por lo cual, la prosecuci�n de un juicio en la forma establecida por aqu�llas tiene el car�cter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisi�n de fondo, porque el an�lisis de las acciones s�lo puede llevarse a efecto si el juicio, en la v�a escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estar�a impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuesti�n de orden p�blico, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente se�aladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la v�a propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a trav�s de una excepci�n, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la v�a establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiar� de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerar�an las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica establecidas en el art�culo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jur�dica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la v�a elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la v�a, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente."

Con el prop�sito de establecer cu�l es la v�a procedente para ejercitar la acci�n hipotecaria, se estima necesario transcribir los art�culos 2893 y 2981 del C�digo Civil, as� como los art�culos 12 y 462 del C�digo de Procedimientos Civiles, ambas legislaciones del Distrito Federal.

Art�culo 2893. La hipoteca es una garant�a real constitu�da sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a �ste, en caso de incumplimiento de la obligaci�n garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley."

Art�culo 2981. Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus cr�ditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus cr�ditos."

Art�culo 12. Se intentar� la acci�n hipotecaria para constituir, ampliar y registrar una hipoteca, o bien para obtener el pago o prelaci�n del cr�dito que la hipoteca garantice. Proceder� contra el poseedor a t�tulo de due�o del fundo hipotecado y, en su caso, contra los otros acreedores. Cuando despu�s de anotada la demanda en el Registro P�blico de la Propiedad y contestada �sta, cambiare el due�o y poseedor jur�dico del predio, con �ste continuar� el juicio."

Art�culo 462. Si el cr�dito que se cobra est� garantizado con hipoteca, el acreedor podr� intentar el juicio hipotecario, el ejecutivo o el ordinario."

Ahora, de los art�culos 2893 y 2981 del C�digo Civil del Distrito Federal, se desprende que los acreedores hipotecarios pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca, en el juicio respectivo, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus cr�ditos.

Adem�s, que la hipoteca es una garant�a real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a �ste en caso de incumplimiento de la obligaci�n garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley.

Acorde con lo anterior, el C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en su art�culo 462 establece que, si el cr�dito que se cobra est� garantizado con hipoteca, el acreedor podr� intentar el juicio hipotecario, el ejecutivo o el ordinario.

Pues bien, este numeral lo que le permite al acreedor es el cobro del adeudo, en cualquiera de las tres v�as indicadas; es decir, establece la opci�n al acreedor de elegir entre juicio ordinario, ejecutivo o hipotecario, cuando el cr�dito se encuentre garantizado con hipoteca.

La v�a ordinaria se encuentra establecida en el t�tulo sexto del c�digo adjetivo citado, para las contiendas entre las partes que no tengan se�alada tramitaci�n especial y la acci�n hipotecaria a que se refiere el art�culo 12 del propio c�digo adjetivo, tiene se�alada tramitaci�n especial en el cap�tulo III, del t�tulo s�ptimo del mismo cuerpo legal, como se ver� en su oportunidad.

Por otra parte, a trav�s del ejercicio de la acci�n hipotecaria se persigue exclusivamente hacer efectiva la garant�a mediante la venta de la cosa gravada; en tanto, en el juicio ejecutivo se ejercita una acci�n personal, que por estar amparada por un t�tulo ejecutivo, permite el aseguramiento del cr�dito reclamado mediante el secuestro de los bienes del deudor. Esto es, en la acci�n hipotecaria se persigue la cosa, en atenci�n a su naturaleza real, mientras que en la ejecutiva, la acci�n es personal.

Se sostiene lo anterior, porque la acci�n real nace de alguno de los derechos llamados reales que se establecen en el art�culo 3o. del propio c�digo adjetivo, cuando se�ala que, por las acciones reales se reclamaran: la herencia, los derechos reales o la declaraci�n de libertad de grav�menes reales. Se dan y ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene obligaci�n real, con excepci�n de la petici�n de herencia y la negatoria.

El art�culo 12 del citado c�digo procesal establece que se intentar� la acci�n hipotecaria para constituir, ampliar y registrar una hipoteca o bien, para obtener el pago o prelaci�n del cr�dito que la hipoteca garantice. Proceder� contra el poseedor a t�tulo de due�o del fundo hipotecado y, en su caso, contra los otros acreedores. Cuando despu�s de anotada la demanda en el Registro P�blico de la Propiedad y contestada �sta, cambiare el due�o y poseedor jur�dico del predio, con �ste continuar� el juicio.

Se advierte entonces, que dependiendo del objeto que se persigue en cada caso es que podr� demandarse la acci�n hipotecaria relativa, ya que puede intentarse para constituir, ampliar y registrar una hipoteca, o tambi�n para obtener el pago o prelaci�n del cr�dito que la hipoteca garantice.

Esto se corrobora con lo que dispone el art�culo 468 del propio C�digo de Procedimientos Civiles, que establece lo siguiente:

Art�culo 468. Se tramitar� en la v�a especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto la constituci�n, ampliaci�n, divisi�n, registro y extinci�n de un hipoteca, as� como su nulidad, cancelaci�n, o bien, el pago o prelaci�n del cr�dito que la hipoteca garantice.

Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prelaci�n de un cr�dito hipotecario se siga seg�n las reglas del presente cap�tulo, es requisito indispensable que el cr�dito conste en escritura p�blica o escrito privado, seg�n corresponda en los t�rminos de la legislaci�n com�n, y registrado en el Registro P�blico de la Propiedad y que sea de plazo cumplido o que �ste sea exigible en los t�rminos pactados o bien conforme a las disposiciones legales aplicables."

En la especie, de los autos de los juicios naturales que fueron motivo de an�lisis por los Tribunales Colegiados contendientes, se advierte que en ellos el actor ejercit� la acci�n hipotecaria con el objeto de obtener el pago de un cr�dito garantizado con una hipoteca.

Por tanto, la acci�n intentada tuvo por objeto la obtenci�n del pago del cr�dito hipotecario, la cual la ejercita el acreedor contra el deudor hipotecario o el poseedor del predio gravado con la hipoteca.

En ese sentido, resulta claro que dicha acci�n hipotecaria debi� intentarse en la v�a especial como lo se�ala el transcrito art�culo 468, cuando establece que se tramitar� en la v�a especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto el pago o prelaci�n del cr�dito que la hipoteca garantice y que, para que el juicio que tenga por objeto dicho pago o la prelaci�n se siga seg�n las reglas del presente cap�tulo, es requisito indispensable que el cr�dito conste en escritura p�blica o escrito privado, seg�n corresponda en los t�rminos de la legislaci�n com�n y registrado en el Registro P�blico de la Propiedad y que sea de plazo cumplido o que �ste sea exigible en los t�rminos pactados o bien conforme a las disposiciones legales aplicables.

De lo anterior, se sigue que cuando se intenta una acci�n hipotecaria, a trav�s de la cual pretende el pago del cr�dito garantizado con la hipoteca, es evidente que debe acudirse a la ley procesal que determina cu�l es la v�a en que debe intentarse dicha acci�n.

Pues bien, los preceptos 468, 469, 470, 471, 473, 476, 477, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487 y 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se establecen la regulaci�n del juicio especial hipotecario, el procedimiento que se sigue una vez que se presenta el escrito de demanda, se�al�ndose los plazos del juicio y las caracter�sticas del mismo.

A su vez, de los art�culos en cuesti�n, se deriva que existen tres fases fundamentales del juicio especial hipotecario, que son:

  1. La expedici�n y registro de la c�dula hipotecaria.

  2. O.�n.

  3. Remate y ejecuci�n.

Asimismo, se advierte que a trav�s del ejercicio de la acci�n hipotecaria lo que se pretende es el cobro del cr�dito que est� garantizado con la hipoteca, ya que como se sostuvo anteriormente, a trav�s de la v�a especial hipotecaria se tramita todo juicio que tenga por objeto el pago o la prelaci�n del cr�dito que la hipoteca garantice, de acuerdo con lo que se establece en el art�culo 468 antes transcrito.

Del mismo modo, tal como se prev� en los art�culos 470, 471 y 483 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el demandado tiene el plazo de nueve d�as para contestar la demanda y para oponer sus excepciones y defensas, as� como para formular reconvenci�n y ofrecer pruebas. Para el desahogo de las mismas, se contempla una audiencia de celebraci�n posterior a la fecha del ofrecimiento y admisi�n de pruebas, ya que el art�culo 483 mencionado establece que el ofrecimiento de pruebas se hace con los escritos que fijan la controversia y que las admitidas deber�n ser preparadas por las partes, quienes deber�n presentar a sus testigos en la audiencia respectiva.

Asimismo, este �ltimo precepto legal indica que si el oferente de las pruebas testimonial y documental manifiesta bajo protesta de decir verdad que no puede presentar a los testigos ni obtener los documentos que no tiene a su disposici�n, el Juez mandar� citar a los testigos y expedir� los oficios a las autoridades y terceros que tengan en su poder los documentos, con apercibimiento de sanci�n, contemplando el diferimiento de la audiencia para el caso de que no se desahogaran todas las pruebas por falta de preparaci�n, a efecto de que se desahoguen en una nueva audiencia.

Por otro lado, los art�culos 487, 688, 689 y 714 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prev�n el recurso de apelaci�n para las resoluciones emitidas en un juicio tramitado en la v�a especial hipotecaria.

De las anteriores consideraciones, se concluye que el juicio hipotecario constituye un juicio especial, al encontrarse regulado por sus propias normas procedimentales.

En esta tesitura, esta Primera Sala considera que atento al principio de especialidad, no es posible ejercitar la acci�n hipotecaria en la v�a oral ante un Juzgado de Paz en Materia Civil, ya que no queda a elecci�n del actor elegir la v�a cuando ejercita la misma, sino que �sta necesariamente debe intentarse en la v�a especial que regulan los art�culos 468 a 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen las formalidades del procedimiento a seguir en el caso concreto.

No es obst�culo a lo anterior la circunstancia de que uno de los tribunales sostenga que la v�a oral ante un Juez de Paz Civil es procedente para dirimir las acciones que tengan como finalidad hacer efectiva la garant�a real o hipotecaria constituida sobre un inmueble ubicado en la jurisdicci�n de dicho Juez, porque en su concepto, la procedencia de tal v�a proviene de lo dispuesto por el art�culo 2o. del t�tulo especial de la justicia de paz del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al tratarse de un derecho real constituido sobre un bien inmueble.

Se sostiene lo anterior, porque del examen que se realiza a dicha norma y a diversas disposiciones tanto del C�digo de Procedimientos Civiles y de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Distrito Federal se desprende que aqu�lla no se refiere a la procedencia de la v�a oral, sino que se trata de una regla de competencia que por raz�n de cuant�a se establece a favor de los Jueces de Paz en Materia Civil.

Ciertamente, de lo dispuesto por los art�culos 157 y 158 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de los numerales 50 y 71 de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se obtiene que la referida norma s�lo constituye una regla de competencia por raz�n de la cuant�a para dichos juzgadores.

Art�culos del C�digo de Procedimientos Civiles:

Art�culo 157. Para determinar la competencia por raz�n de la cuant�a del negocio, se tendr� en cuenta lo que demande el actor. Los r�ditos, da�os o perjuicios no ser�n tenidos en consideraci�n si son posteriores a la presentaci�n de la demanda, aun cuando se reclamen en ella.

Cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligaci�n consistente en prestaciones peri�dicas, se computar� el importe de las pensiones en un a�o, a no ser que se tratare de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estar� a lo dispuesto en la primera parte de este art�culo."

Art�culo 158. En las contiendas sobre propiedad o posesi�n de un inmueble, la competencia se determinar� por el valor que tenga. Si se trata de usufructo o derechos reales sobre inmuebles, por el valor de la cosa misma. Pero de los interdictos conocer�n siempre los Jueces de primera instancia de la ubicaci�n de la cosa."

Art�culos de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal:

Art�culo 50. Los Jueces de lo Civil conocer�n:

...

  1. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o dem�s derechos reales sobre inmuebles, siempre que el valor de �stos sea mayor de sesenta mil pesos, cantidad que se actualizar� en forma anualizada en el mes de diciembre para empezar a regir el primero de enero siguiente, de acuerdo con el �ndice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de M�xico;

  2. De los dem�s negocios de jurisdicci�n contenciosa, com�n y concurrente, cuya cuant�a exceda de veinte mil pesos y que ser� actualizada en los mismos t�rminos de la fracci�n anterior; ..."

    Art�culo 71. Los Jueces de Paz del Distrito Federal, en Materia Civil, conocer�n:

  3. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o dem�s derechos reales sobre inmuebles, que tengan un valor hasta de sesenta mil pesos. En los dem�s negocios de jurisdicci�n contenciosa, com�n o concurrente, cuyo monto no exceda de veinte mil pesos. Dichas cantidades se actualizar�n en forma anualizada que deber� regir a partir del primero de enero de cada a�o, de acuerdo con el �ndice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de M�xico. Se except�an los interdictos, los asuntos de competencia de los Jueces de lo F. y los reservados a los Jueces del arrendamiento inmobiliario; ..."

    Ahora, se advierte de esta �ltima disposici�n que la misma contiene una regla de competencia de los Jueces de Paz en Materia Civil, por raz�n de la cuant�a, porque si bien se les atribuyen facultades para conocer de controversias que versan sobre derechos reales, tambi�n lo es que se encuentre condicionado a que el valor del inmueble o que el derecho real sobre el inmueble, sea hasta de sesenta mil pesos.

    Tal regla de competencia, por cuant�a, es acorde con lo dispuesto por el art�culo 2o. del t�tulo especial de la justicia de paz del C�digo de Procedimientos Civiles, el cual establece:

    Art�culo 2o. Conocer�n los Jueces de Paz en Materia Civil de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o dem�s derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados dentro de su jurisdicci�n y que tengan un valor de hasta tres mil d�as de salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal y en los dem�s negocios de jurisdicci�n contenciosa com�n o concurrente cuyo monto no exceda de mil d�as de salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal, cantidades las anteriores que se actualizar�n anualmente como lo dispone el art�culo 71 de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

    Quedan exceptuados (sic) de la anterior disposici�n todas las controversias relativas a las materias familiar y de arrendamiento inmobiliario, cuya competencia queda asignada a los Jueces de primera instancia de la materia."

    Se advierte de todo lo anterior, que esta �ltima norma s�lo constituye una regla de competencia por raz�n de la cuant�a que se establece para los Jueces de Paz en Materia Civil, pero no puede servir de fundamento para sostener la procedencia de la v�a oral cuando se ejercita una acci�n real hipotecaria.

    Por otra parte, el diverso art�culo 40 del indicado t�tulo de justicia de paz, tampoco puede servir como sustento de la procedencia de la v�a oral ante el referido Juez de Paz.

    Tal precepto establece lo siguiente:

    Art�culo 40. En los negocios de la competencia de los juzgados de paz, �nicamente se aplicar�n las disposiciones de este c�digo (de Procedimientos Civiles), y de la Ley de Organizaci�n de Tribunales, en lo que fuere indispensable, para complementar las disposiciones de este t�tulo y que no se opongan directa ni indirectamente a �stas."

    Deriva de esta norma del t�tulo especial de la justicia de paz, que las disposiciones del C�digo de Procedimientos Civiles y de la Ley de Organizaci�n de Tribunales (Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal), resultar�n aplicables en los negocios competencia de los Jueces de Paz, s�lo en lo que fuere indispensable para complementar las disposiciones de dicho t�tulo y, en el caso, resulta claro que el procedimiento especial para el tr�mite y resoluci�n de un juicio hipotecario, se encuentra regulado en un t�tulo independiente y aut�nomo del citado c�digo adjetivo -art�culos 468 a 488-, en cuyo caso, es evidente que al no encontrarse contemplado en dicho t�tulo especial, no puede servir de sustento para determinar la procedencia de la v�a ante los juzgados de paz.

    Aunado a lo anterior, es importante se�alar que dentro del procedimiento seguido ante los Jueces de Paz, no podr�a tramitarse un juicio especial hipotecario en la medida de que, en aqu�l no se respetar�an los t�rminos y medios de impugnaci�n que s� se conceden en �ste.

    En efecto los art�culos 7o., 17 a 20 y 23 del t�tulo especial "de la justicia de paz", a la letra se�alan:

    Art�culo 7o. A petici�n del actor se citar� al demandado para que comparezca dentro del tercero d�a. En la cita que en presencia del actor ser� expedida y entregada a la persona que deba llevarla se expresar� por lo menos el nombre del actor, lo que demande, la causa de la demanda, la hora que se se�ale para el juicio y la advertencia de que las pruebas se presentar�n en la misma audiencia.

    Debe llevarse en los Juzgados de Paz un libro de registro en que se asentar�n por d�as y meses los nombres de actores y demandados y el objeto de las demandas.

    Puede el actor presentar su demanda por escrito."

    Art�culo 17. Si al anunciarse el despacho del negocio no estuviere presente injustificadamente el actor, y s� el demandado, se impondr� a aqu�l una sanci�n pecuniaria que no ser� mayor del equivalente a ciento veinte d�as de salario m�nimo general diario vigente en el Distrito Federal, que se aplicar� al demandado por v�a de indemnizaci�n."

    Art�culo 18. Si al ser llamado a contestar la demanda no estuviere presente el demandado y constare que fue debidamente citado, lo cual comprobar� el Juez con especial cuidado, se dar� por contestada la demanda en sentido afirmativo y se continuar� la audiencia. Cuando se presente durante ella el demandado, continuar� �sta con su intervenci�n seg�n el estado en que se halle y no se le admitir� prueba sobre ninguna excepci�n si no demostrare el impedimento de caso fortuito o fuerza mayor que le impidiera presentarse a contestar la demanda."

    Art�culo 19. Si al anunciarse el despacho del negocio no estuvieren presentes el actor ni el demandado, se tendr� por no expedida la cita y podr� expedirse de nuevo si el actor lo pidiere. Lo mismo se observar� cuando no concurra el demandado y aparezca que no fue citado debidamente."

    Art�culo 20. Concurriendo al juzgado las partes en virtud de la citaci�n, se abrir� la audiencia y en ella se observar�n las siguientes prevenciones:

    I.E.�n oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda, y el demandado su contestaci�n, y exhibir�n los documentos y objetos que estimen conducentes a su defensa y presentar�n a los testigos y peritos que pretendan sean o�dos;

  4. Las partes pueden hacerse mutuamente las preguntas que quieran, interrogar a los testigos y peritos y en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego;

  5. Todas las acciones y excepciones o defensas se har�n valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar art�culos o incidentes de previo pronunciamiento. Si de lo que expongan o aprueben las partes resultar� demostrada la procedencia de una excepci�n dilatoria, el J. lo declarar� as�, desde luego, y dar� por terminada la audiencia. Ante los Jueces de Paz, s�lo se admitir� reconvenci�n hasta por el monto de su competencia en t�rminos del art�culo 2o. de esta ley;

  6. (Derogada, D.O.F. 24 de mayo de 1996)

  7. (Derogada, D.O.F. 24 de mayo de 1996)

  8. (Derogada, D.O.F. 24 de mayo de 1996)

  9. (Derogada, D.O.F. 24 de mayo de 1996)."

    Art�culo 23. Contra las resoluciones pronunciadas por los Jueces de Paz no se dar� m�s recurso que el de responsabilidad."

    Del an�lisis de los art�culos citados, se advierte que en el procedimiento que se lleva ante los Juzgados de Paz, a petici�n del actor, el Juez citar� al demandado para que comparezca dentro del tercer d�a y que en una sola audiencia el demandado deber� contestar la demanda, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas y desahogarlas, aun trat�ndose de testimoniales o periciales, respecto de las cuales se establece que el oferente deber� presentar en la audiencia los testigos y peritos que pretende sean o�dos.

    Por otro lado, del texto del art�culo 23 transcrito se deriva que respecto de las resoluciones dictadas por los Jueces de Paz no se da m�s recurso que el de responsabilidad.

    De lo antes expuesto, se evidencia que el procedimiento que se lleva a cabo ante los Jueces de Paz en comparaci�n con el juicio especial hipotecario, reduce los plazos, por lo que se disminuyen las oportunidades de defensa en la primera de las v�as mencionadas, pues los t�rminos para contestar la demanda y para ofrecer y desahogar pruebas son menores, adem�s de que se restringe a las partes el acceso a los medios ordinarios de defensa previstos para la v�a especial hipotecaria, pues en el juicio ante los Jueces de Paz s�lo se prev� el recurso de responsabilidad.

    As� las cosas, cabe concluir que para la tramitaci�n de la v�a especial hipotecaria, �nicamente debe atenderse a las reglas especiales que se contienen en los art�culos del 468 al 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sin que sea posible aplicar reglas de un procedimiento diverso, como es el relativo al t�tulo especial de la justicia de paz, del citado c�digo procesal.

    Las anteriores consideraciones se sit�an en el mismo plano a lo resuelto por esta Primera Sala, al tratar un tema relacionado con el que es materia del presente asunto, tal como se advierte del criterio jurisprudencial cuyos datos de identificaci�n y texto son:

    Novena �poca

    Instancia: Primera Sala

    Fuente: Ap�ndice 2001

    Tomo: IV, Civil, Jurisprudencia SCJN

    Tesis: 49

    P�gina: 62

    JUICIO HIPOTECARIO. PARA SU PROCEDENCIA NO ES NECESARIO QUE LA ESCRITURA BASE DE LA ACCI�N CONSTE EN PRIMER TESTIMONIO (LEGISLACI�N PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, ANTERIOR A LA REFORMA DE 24 DE MAYO DE 1996). Los art�culos 468 y 469 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, anteriores a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de 24 de mayo de 1996, establecen que se tratar� en la v�a especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto la constituci�n, ampliaci�n o divisi�n y registro de una hipoteca, as� como su cancelaci�n, o bien el pago o prelaci�n del cr�dito que la hipoteca garantice. Asimismo, los mencionados dispositivos legales disponen que el juicio procede cuando se cumplen los siguientes requisitos: a) Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prelaci�n de un cr�dito hipotecario se siga seg�n las reglas del procedimiento hipotecario, es requisito indispensable que el cr�dito conste en escritura debidamente registrada y que sea de plazo cumplido, o que deba anticiparse conforme a lo prevenido en los art�culos 1959 y 2907 del C�digo Civil; y, b) Cuando se entable pleito entre los que contrataron hipoteca, proceder� el juicio hipotecario sin necesidad del requisito del registro. En esos t�rminos, es incorrecto considerar que para la procedencia del juicio especial hipotecario es necesario que el documento base de la acci�n consista en la primera copia o testimonio de la escritura p�blica correspondiente en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 443 del c�digo adjetivo en consulta; pues los art�culos que regulan la tramitaci�n de tal procedimiento no exigen tal requisito. Es verdad que cuando se trata del cobro de un cr�dito con garant�a hipotecaria, de conformidad con lo que establece el art�culo 462 del propio ordenamiento legal, �ste se puede hacer efectivo por virtud de los juicios hipotecario, ejecutivo o mercantil; sin embargo, las reglas previstas para los procedimientos hipotecario y ejecutivo no pueden coexistir por el hecho de que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha determinado que el juicio hipotecario participa de la naturaleza privilegiada del ejecutivo, pues cada procedimiento tiene su tramitaci�n especial al que debe atenderse. Por tanto, si en este supuesto se opta por el procedimiento hipotecario, no le son aplicables los requisitos de procedencia de la v�a ejecutiva espec�ficamente la regla prevista en la fracci�n I del art�culo 443 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sino debe atenderse exclusivamente a las reglas especiales que establecen los art�culos 468 al 488 del ordenamiento legal en consulta."

    En m�rito de lo anterior y en atenci�n a lo expuesto en el cuerpo de la presente resoluci�n, esta Primera Sala considera que debe prevalecer como criterio jurisprudencial, el siguiente:

    ACCI�N HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA V�A ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL).-De los art�culos 12, 462 y 468 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que trat�ndose de cr�ditos garantizados con hipoteca, los acreedores tienen la opci�n de elegir entre la v�as ordinaria, ejecutiva o hipotecaria para intentar su cobro, y que cuando el juicio tenga por objeto, entre otros, el pago o prelaci�n del cr�dito que garantice la hipoteca, aqu�l se tramitar� en la v�a especial hipotecaria; de manera que constituye un juicio especial al encontrarse regulado por sus propias normas procedimentales previstas en los art�culos 468 a 488, contenidos en el cap�tulo III del t�tulo s�ptimo del citado c�digo. En ese sentido y atento al principio de especialidad, se concluye que cuando se intenta la acci�n hipotecaria para obtener el pago del cr�dito respectivo, el juicio debe tramitarse en la v�a especial ante un J. de primera instancia en materia civil, conforme a las reglas del mencionado cap�tulo. Sin que sea �bice a lo anterior la circunstancia de que el art�culo 2o. del t�tulo especial, relativo a la justicia de paz, de dicho c�digo adjetivo, disponga que los juzgadores de paz en materia civil conocer�n de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o dem�s derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados dentro de su jurisdicci�n, ya que se trata de una regla de competencia por raz�n de la cuant�a, adem�s de que sostener la procedencia de la acci�n hipotecaria en la v�a oral ante el Juez de Paz conllevar�a la disminuci�n de las oportunidades de defensa de las partes en tanto que, por un lado, los t�rminos para contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas son menores que los establecidos en el cap�tulo relativo a la tramitaci�n y sustanciaci�n del juicio especial hipotecario y, por otro, mientras en esta �ltima v�a se admite el recurso de apelaci�n, conforme al art�culo 487, en relaci�n con los diversos 688, 689 y 714 del mencionado c�digo, el art�culo 23 del aludido t�tulo especial establece la irrecurribilidad de las determinaciones de los juzgadores de paz.

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Noveno y D�cimo Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis en los t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados contendientes, y en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros S.A.V.H.�ndez (ponente), J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az. Ausente el se�or Ministro Jos� de Jes�s G.�o P..


TESIS JURISPRUDENCIALES

Tesis Jurisprudencial de Primera Sala n� 1a./J. 94/2007 Jurisprudencia, del 01 de Julio de 2007

Rubro: ACCI�N HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA V�A ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL)..

Localizacion: 9a. �poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, J. de 2007; P�g. 5; [J];.