Ejecutoria num. 1a./J. 22/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 35493819

Ejecutoria num. 1a./J. 22/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 22/2007
Localizacion:Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.CATEO. EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA MISMA, CARECEN DE EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA.INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN FLAGRANCIA.DOMICILIO. SU CONCEPTO EN MATERIA PENAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 75/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de A.; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que las ejecutorias en cuesti�n se refieren a la materia penal cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima conforme a lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de A., toda vez que fue formulada por el defensor p�blico federal, adscrito al Tribunal Unitario del Vig�simo Tercer Circuito, quien fue defensor de los quejosos en algunos de los asuntos en los que dicho �rgano jurisdiccional sustent� uno de los criterios contendientes.

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito, al resolver los amparos directos penales 627/2002, 283/2003, 74/2004, 91/2004, 516/2004, 213/2004 y 191/2004, realiz� las consideraciones que a continuaci�n se reproducen:

  1. A. directo penal 627/2002 interpuesto por ... resuelto el diez de enero de dos mil tres:

    QUINTO. Los conceptos de violaci�n son fundados. El hoy quejoso fue condenado a sufrir las penas de cinco a�os de prisi�n y cien d�as multa, por hab�rsele considerado responsable de la comisi�n del delito contra la salud en la modalidad de posesi�n de coca�na, previsto y sancionado por el primer p�rrafo del art�culo 195 del C�digo Penal Federal. Los hechos materia de la condena son: Que aproximadamente a las veintid�s horas del veinticuatro de agosto del a�o dos mil uno, en las oficinas de la Polic�a Ministerial del Estado de A., grupo Rinc�n de Romos, el comandante de dicha corporaci�n ... atendi� una llamada de una persona del sexo masculino, quien le inform� que en el billar ubicado en la calle ... A., denominado ... el encargado al parecer vend�a droga en el establecimiento y que la ten�a en una rocola descompuesta, raz�n por la cual, el citado comandante, en compa��a de los agentes ... se trasladaron al lugar indicado, en donde al llegar se identificaron con ... quien manifest� que ten�a aproximadamente un mes trabajando en ese lugar y que su patr�n, de nombre ... le pagaba quinientos pesos por semana; con relaci�n a la denuncia ... dijo que su patr�n le dej� varias cebollas en una bolsa para que las vendiera en cien pesos, lo cual as� hizo y las cebollas que le sobraron las ten�a en el interior de la rocola, misma que revisaron y que al hacerlo, encontraron en su interior una bolsa de pl�stico que conten�a ocho envoltorios de los denominados cebollas con polvo blanco, al parecer coca�na, as� como otra peque�a bolsa de pl�stico con el mismo polvo, lo que motiv� el aseguramiento de dicha sustancia y la detenci�n de ... que posteriormente fue puesto a disposici�n de la autoridad investigadora para integrar la averiguaci�n previa correspondiente. Estos hechos la responsable los tuvo por acreditados con: a) El informe de hechos rendido por ... comandante y agente investigador de la Direcci�n General de Polic�a Ministerial del Estado de A., grupo Rinc�n de Romos; b) Declaraci�n preparatoria de ... c) Acta de fe ministerial del polvo blanco asegurado; d) Dictamen rendido por los peritos de la Procuradur�a General de Justicia del Estado y de la Procuradur�a General de la Rep�blica, en el que se�alaron que el polvo blanco remitido para su an�lisis, result� ser clorhidrato de coca�na. Al efecto, la responsable expuso que esos medios de prueba integran la prueba circunstancial a que se refiere el art�culo 286 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, con valor suficiente para concluir mediante el enlace que existe entre los hechos conocidos y la verdad que se busca, que ... es plenamente responsable del delito de posesi�n agravada de clorhidrato de coca�na, previsto y sancionado por el art�culo 195, p�rrafo primero, del C�digo Penal Federal, pues qued� de manifiesto que fue precisamente dicho inculpado, quien en forma consciente, voluntaria y en contravenci�n con las leyes sanitarias en vigor, la noche del veinticuatro de agosto del a�o dos mil uno, posey� 2.7 gramos de clorhidrato de coca�na, con la finalidad de transmitirlo a terceros mediante la realizaci�n de alguna de las conductas a que se refiere el art�culo 194 del C�digo Penal Federal, que tal finalidad se desprende de que parte de la droga haya estado distribuida en ocho envoltorios de los conocidos como ?cebollas?, que es la forma en que habitualmente se vende a los consumidores, adem�s de que previo al hallazgo de la droga el comandante de la Polic�a Ministerial en Rinc�n de Romos, A. ... atendi� una llamada telef�nica en la que se le hizo saber, que en el bar ... se vend�a droga y que la persona que lo hac�a, al parecer la ten�a oculta en una rocola, datos que adminiculados con la circunstancia mencionada y que la posesi�n se ejerci� en un lugar p�blico en el que se vend�an bebidas embriagantes, son suficientes, a juicio del tribunal responsable, para demostrar la apuntada finalidad del acto posesorio. Al dar respuesta al agravio formulado por la defensa de ... relativo a que la detenci�n la realizaron los elementos de la Polic�a Ministerial sin que mediara orden de cateo, la responsable se�al� que ello es cierto, pero que tambi�n lo es que dicha autorizaci�n judicial era innecesaria en el caso, porque su captura no se verific� en un domicilio particular, sino en un lugar p�blico donde por sus caracter�sticas especiales no hay ni puede haber privacidad alguna. Que al haberse detenido a ... cuando ejerc�a el poder de disposici�n de la droga incautada para transmitirla a terceros, mediante la realizaci�n de alguna de las conductas previstas en el art�culo 194 del C�digo Penal Federal, no se infringi� lo dispuesto por los art�culos 193 y 193 Bis del c�digo instrumental federal, pues dicho ar�bigo se refiere a los casos urgentes en que el Ministerio P�blico puede ordenar la detenci�n de una persona y que ese supuesto no se actualiz� en el proceso. Que no es verdad que se haya condenado a ... con base en un testimonio aislado de los hechos, porque si bien fue el comandante ... quien recibi� la denuncia y encontr� la droga, a los dem�s agentes policiacos les consta que �l s� atendi� la llamada an�nima y que tambi�n se llev� a cabo el operativo en el que se encontr� la droga, cuya existencia y naturaleza se demostraron con la fe ministerial y dict�menes periciales que sobre el mismo se rindieron. Carecen de consistencia jur�dica los razonamientos expresados por la responsable al otorgar valor a los testimonios contenidos en el parte de hechos rendido por ... comandante y agente investigador de la Direcci�n General de Polic�a Ministerial del Estado de A., grupo Rinc�n de Romos, pues se apart� de las leyes que regulan la valoraci�n de la prueba. En el parte informativo suscrito y ratificado por ... se sostiene: Que aproximadamente a las veintid�s horas del veinticuatro de agosto del a�o dos mil uno, en las oficinas de la Polic�a Ministerial del Estado de A., grupo Rinc�n de Romos, el comandante de dicha corporaci�n policiaca ... atendi� una llamada de una persona del sexo masculino, quien le inform� que en el billar ubicado en la calle ... A., denominado ... el encargado vend�a droga en el establecimiento y que la ten�a en una rocola descompuesta, raz�n por la cual, los agentes de la polic�a se trasladaron al lugar indicado, en donde identificaron a la persona que se hab�a denunciado, respondiendo al nombre de ... quien manifest� que ten�a aproximadamente un mes trabajando en ese lugar y que su patr�n, de nombre ... le pagaba quinientos pesos por semana; que con relaci�n a la denuncia ... dijo que su patr�n le dej� varias cebollas en una bolsa para que las vendiera en cien pesos, lo cual as� hizo y las cebollas que le sobraron las ten�a en el interior de la rocola, misma que revisaron y que al hacerlo, encontraron en su interior una bolsa de pl�stico que conten�a ocho envoltorios de los denominados cebollas con polvo blanco, al parecer coca�na, as� como otra peque�a bolsa de pl�stico con el mismo polvo, lo que motiv� el aseguramiento de dicha sustancia y la detenci�n de ... quien posteriormente fue puesto a disposici�n de la autoridad investigadora (f. 4). Como se advierte, en el citado parte se menciona que el comandante ... recibi� denuncia an�nima en las oficinas de la corporaci�n policiaca, por medio de la cual se le inform� que en un billar ubicado en la calle ... A., denominado ... el encargado vend�a droga en el establecimiento y que la ten�a en una rocola descompuesta, por lo que de inmediato procedi� a constituirse en compa��a de otros agentes en el mencionado lugar. Los art�culos 3o., fracciones I y II, 22 y 124 del C�digo Federal de Procedimientos Penales disponen: ?Art�culo 3o. La Polic�a Judicial Federal actuar� bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio P�blico Federal, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro del periodo de averiguaci�n previa, la Polic�a Judicial Federal est� obligada a: I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan constituir delitos del orden federal, s�lo cuando debido a las circunstancias del caso aqu�llas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio P�blico, al que la Polic�a Judicial Federal informar� de inmediato acerca de las mismas y de las diligencias practicadas. Las diversas polic�as, cuando act�en en auxilio del Ministerio P�blico Federal, inmediatamente dar�n aviso a �ste, dejando de actuar cuando �l lo determine; II. Practicar, de acuerdo con las instrucciones que le dicte el Ministerio P�blico Federal, las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la averiguaci�n previa.?. ?Art�culo 22. Cada diligencia se asentar� en acta por separado. El inculpado, su defensor y en su caso, la persona de su confianza que, el inculpado puede designar, sin que esto �ltimo implique exigencia procesal, el ofendido, los peritos y los testigos firmar�n al calce del acta en que consten las diligencias en que tomaron parte y al margen de cada una de las hojas donde se asiente aqu�lla. Si no pudieren firmar, imprimir�n al calce y al margen, la huella de alguno de los dedos de la mano, debi�ndose indicar en el acta cu�l de ellos fue. Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se har� constar el motivo. El Ministerio P�blico firmar� al calce y, si lo estima conveniente, tambi�n al margen. Si antes de que se pongan las firmas o huellas, los comparecientes hicieren alguna modificaci�n o rectificaci�n, se har� constar inmediatamente expres�ndose los motivos que dijeron tener para hacerla. Si fuere despu�s, pero antes de retirarse los interesados, se asentar� la modificaci�n o rectificaci�n en acta que se levantar� inmediatamente despu�s de la anterior y que firmar�n los que hayan intervenido en la diligencia.?. ?Art�culo 124. En el caso del art�culo anterior, se proceder� a levantar el acta correspondiente, que contendr�: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos; el nombre y el car�cter de la persona que dio noticia de ellos, y su declaraci�n, as� como la de los testigos cuyos dichos sean m�s importantes, y la del inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo �tnico ind�gena al cual pertenece, en su caso; la descripci�n de lo que haya sido objeto de inspecci�n ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se haya podido examinar; el resultado de la observaci�n de las particularidades que se hayan notado a ra�z de ocurridos los hechos, en las personas que en ellos intervengan; las medidas o providencias que se hayan tomado para la investigaci�n de los hechos, as� como los dem�s datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar.?. En la especie, se advierte que se viol� en perjuicio del peticionario de garant�as la garant�a de legalidad y seguridad jur�dica contenida en el art�culo 14 constitucional, en atenci�n a que en la pr�ctica de las diligencias de averiguaci�n previa, no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Se afirma lo anterior, en raz�n de que el agente de la polic�a que dice recibi� la denuncia an�nima, no actu� conforme a los preceptos legales antes transcritos, ya que no se aprecia de las constancias de autos que hubiese levantado el acta correspondiente en la que hiciera constar la hora, fecha y modo en que tuvo conocimiento de los hechos, tampoco comunic� ello de inmediato al representante social, para que �ste a su vez ordenara el desahogo de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se aprecia que la diligencia que se menciona en el parte de hechos que practic� el comandante de la Polic�a Ministerial del Estado, grupo Rinc�n de Romos, A., en compa��a de otros agentes policiacos, se realiz� motu proprio, esto es, no recibieron orden alguna por parte del agente del Ministerio P�blico respectivo, ni estuvieron acompa�ados por �l, incumpliendo lo dispuesto en el art�culo 2o., fracci�n II, del c�digo adjetivo de la materia, que dispone que corresponde al Ministerio P�blico practicar y ordenar la realizaci�n de todos los actos conducentes a la acreditaci�n del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, as� como el art�culo 3o., p�rrafo segundo, que prev� que corresponde a la Polic�a Judicial Federal practicar, de acuerdo con las instrucciones que le dicte el Ministerio P�blico, las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la averiguaci�n previa. En consecuencia, al no haberse respetado las formalidades esenciales del procedimiento en la pr�ctica de las diligencias de averiguaci�n previa que realiz� la Polic�a Ministerial del Estado, es inconcuso que carecen de valor probatorio. Adem�s, la diligencia que se menciona en el parte de hechos que se llev� a cabo el veinticuatro de agosto de dos mil uno, en el billar denominado ... ubicado en ... por s� misma es violatoria de garant�as, ya que de igual forma se inobservaron las formalidades esenciales del procedimiento en tanto que los agentes de la polic�a que la practicaron, no estuvieron asistidos de testigos de asistencia que dieran fe de lo que dicen sucedi�, con lo que incumplieron lo dispuesto en el art�culo 16 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que dice: ?Art�culo 16. El Juez, el Ministerio P�blico y la Polic�a Judicial Federal estar�n acompa�ados en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de asistencia, que dar�n fe de todo lo que en aqu�llas pase. A las actuaciones de averiguaci�n previa s�lo podr�n tener acceso el inculpado, su defensor y la v�ctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al servidor p�blico que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguaci�n, se les sujetar� al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, seg�n corresponda. En el proceso, los tribunales presidir�n los actos de prueba y recibir�n, por s� mismos, las declaraciones. En las diligencias podr�n emplearse, seg�n el caso y a juicio del funcionario que las practique, la taquigraf�a, el dict�fono y cualquier otro medio que tenga por objeto reproducir im�genes o sonidos, y el medio empleado se har� constar en el acta respectiva.?. Adem�s de considerarse la diligencia como un cateo, ya que tuvo como fin la inspecci�n del lugar y de los muebles que hab�a en su interior, no se llev� a cabo con los requisitos que para el caso establece el art�culo 61 del ordenamiento legal antes invocado, que dispone: ?Art�culo 61. Cuando en la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico estime necesaria la pr�ctica de un cateo, acudir� a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere del orden com�n, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, as� como la ubicaci�n del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia. Al concluir el cateo se levantar� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia. Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.?. En la especie, de autos no se infiere que existiera orden escrita de autoridad competente, ni se levant� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos, por lo que de conformidad con lo previsto en el �ltimo p�rrafo del precitado numeral, la diligencia carece de todo valor probatorio. No constituye obst�culo a la anterior consideraci�n, que la diligencia se hubiera practicado en un inmueble destinado a un bar o billar, ya que contrario a lo afirmado por la responsable, un lugar de esa naturaleza no es un lugar p�blico, sino de un lugar abierto al p�blico, que como cualquier otro objeto est� protegido por las garant�as que al efecto establecen los art�culos 14 y 16 constitucionales y, que por ende, para realizar la diligencia deber�an contar con orden escrita de autoridad competente. Esto es, el art�culo 16 constitucional ordena que ?nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento?, de donde se sigue que este precepto garantiza a los individuos tanto su seguridad personal como real, la primera referida a la persona, como en los casos de aprehensiones, cateos y visitas domiciliarias, la segunda, a los bienes que aqu�lla posee. Por tanto, la persona, su familia, su domicilio, papeles o posesiones no pueden ser objeto de pesquisas, cateos, registros o secuestros sin observar los requisitos contenidos en el art�culo 16 constitucional y esto a fin de asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes, proteger la libertad individual y garantizar la seguridad jur�dica. Y el art�culo 14 constitucional establece la obligatoriedad de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para privar a una persona de sus derechos, de donde se sigue que la certeza del juzgador sobre la veracidad de la imputaci�n s�lo puede ser obtenida como consecuencia de la actividad probatoria desplegada en la averiguaci�n o en el proceso con apego a las formalidades esenciales del procedimiento. As�, la valoraci�n jur�dica tambi�n debe sujetarse a la legalidad, pues no es posible que el juzgador otorgue valor probatorio a pruebas obtenidas con violaci�n de garant�as individuales o con infracci�n a disposiciones legales, ya que ello ser�a tanto como convalidar pruebas ilegales. En apoyo de lo anterior se cita la tesis XII.3o.4 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, publicada en la p�gina 210 del T.X., agosto de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta que dice: ?CATEO SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE O SIN LOS REQUISITOS LEGALES. NULIFICA EL RESULTADO DEL MISMO Y DE LAS ACTUACIONES QUE DE �L EMANEN.? (se transcribe). Desde otraperspectiva, puede decirse v�lidamente que la diligencia policiaca tuvo el car�cter de una inspecci�n (en realidad se trat� de una pesquisa realizada al margen de la autoridad competente y fuera de todo procedimiento), por lo que para que tuviera valor probatorio pleno, de conformidad con el art�culo 284 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, debi� de ser realizada con las formalidades exigidas por el numeral 208 del mismo ordenamiento legal, esto es, con la presencia del Ministerio P�blico, previa fijaci�n del d�a, hora y lugar y con citaci�n oportuna de quienes habr�an de concurrir, asimismo de considerarlo necesario en presencia de dos testigos. El citado precepto legal dispone: ?Art�culo 208. Es materia de inspecci�n todo aquello que pueda ser directamente apreciado por la autoridad que conozca del asunto. La inspecci�n debe ser practicada invariablemente bajo pena de nulidad, con la asistencia del Ministerio P�blico o, en su caso, d.J., seg�n se trate de la averiguaci�n previa o del proceso. Para su desahogo se fijar�, d�a, hora y lugar, y se citar� oportunamente a quienes hayan de concurrir, los que podr�n hacer al funcionario que la practique las observaciones que estimen convenientes, que se asentar�n en el expediente si as� lo solicitan quien las hubiese formulado o alguna de las partes. Si el Ministerio P�blico o el Juez lo consideran necesario, se har�n acompa�ar de testigos y asistir de peritos que dictaminar�n seg�n su competencia t�cnica. Cuando por la complejidad de la inspecci�n haya necesidad de preparar el desahogo de �sta, el Ministerio P�blico o el Juez podr�n ordenar que alguno de sus auxiliares realice los tr�mites conducentes a precisar la materia de la diligencia y a desarrollar �sta en forma pronta y expedida, conforme a las normas aplicables.?. En la especie, no se advierte que hubiera estado presente el representante social y, por ende, tampoco consta que hubiera levantado un acta en la que hiciera constar que estuvo presente y en la que asentara todo aquello que pudiera haber apreciado por medio de sus sentidos, ni se advierte que el representante social hubiera citado a las partes que iban a concurrir, por tanto, de acuerdo con lo establecido por el ordinal 208 de la codificaci�n en comento, la diligencia en cuesti�n est� afectada de nulidad, por lo que no es apta para demostrar los extremos que se pretende, ya que al carecer de valor probatorio, las dem�s pruebas que de la misma se deriven, no tienen ning�n sustento legal, m�xime que el aqu� quejoso en todo momento neg� tener conocimiento de la existencia de la droga en la rocola que se encontraba en el interior del inmueble inspeccionado. Adem�s, al rendir su ampliaci�n de declaraci�n, el agente de la Polic�a Ministerial ... concretamente al dar respuesta a las preguntas vig�sima sexta, y vig�sima s�ptima que le formul� el defensor particular del aqu� quejoso, se�al� que �l hab�a encontrado la droga, pero que no pod�a especificar quienes de los que participaron hubieran visto exactamente cuando la encontr� y que no hubo otras personas ajenas a la Polic�a Ministerial que hubieran visto la droga al momento que la encontr� (f. 72). Por su parte, el elemento aprehensor ... en la diligencia de ampliaci�n de declaraci�n llevada a cabo el veintiocho de agosto de dos mil uno, al dar respuesta a las preguntas primera, segunda, d�cima novena, vig�sima, vig�sima segunda y vig�sima cuarta que le formul� la defensa de ... dijo que la denuncia an�nima la recibi� el comandante ... y que se dio cuenta de esa llamada porque estaban reunidos en la oficina, termin� de hablar y es cuando le comunic� que acababa de recibir la llamada, que la droga la encontr� el comandante, que nada m�s �l se encontraba al momento del descubrimiento del narc�tico, que el declarante se encontraba retirado y nada m�s vio al comandante que se acerc� a la rocola y que no se dio cuenta si encontr� algo, as� como tampoco se dio cuenta c�mo la abrieron, que al encontrarla el comandante le comunic� que ya la ten�a en su poder pero que a �l no le constaba (f. 75), de ello se concluye que por lo que respecta a la denuncia an�nima, no pod�a constarle personalmente, ya que seg�n se menciona �sta se recibi� v�a telef�nica, por lo que no pudo percatarse de ello por medio de sus sentidos, as� como tampoco se percat� de manera directa del descubrimiento de la droga en el interior de la rocola, ya que expresamente dijo que a �l no le constaba. El elemento de la Polic�a Ministerial ... en la diligencia celebrada el once de diciembre de dos mil uno, al dar respuesta a la pregunta d�cima que le formul� el defensor particular del sentenciado se�al� que: ?Nosotros al estar protegiendo el lugar el que se despleg� al hacer la revisi�n tanto de las personas como del lugar espec�ficamente en el mobiliario el comandante ... fue el que se aproxim� a una segunda rocola, la que est� ubicada al fondo a un costado de las mesas de billar, de ah� extrajo dicho polvo blanco al parecer coca�na, y de momento yo no me d� cuenta de que estuviera vendiendo polvo blanco hasta despu�s el comandante me la mostr� ...?, asimismo, al responder a la pregunta d�cimo quinta dijo que: ?no cont�bamos con orden de cateo ya que el reporte al parecer fue hecho v�a telef�nica seg�n lo manifest� el comandante ...? (f. 384). De este testimonio se desprende que tampoco al agente de la polic�a ... le consta de manera personal y directa el descubrimiento de la droga afecta al proceso en el interior de la rocola, como tampoco que la denuncia se hubiera hecho v�a telef�nica, ya que refiere que ?el reporte al parecer fue hecho v�a telef�nica?, porque as� se lo manifest� el comandante ... por lo que se concluye que se trata de un testigo de o�das, esto es, que no conoci� los hechos por s� mismo, sino por dicho de otra persona. Y el agente de la Polic�a Ministerial ... en la diligencia practicada el once de diciembre de dos mil uno, dijo en lo que interesa que no ten�a conocimiento de cu�l era el motivo de la realizaci�n del operativo, que hasta que llegaron al lugar les inform� el comandante ... que prest� apoyo a los elementos de ... y no podr�a describir el mobiliario que hab�a en el interior del inmueble en el que se realiz� el operativo porque no entr� totalmente al billar (fs. 388 y 389), de donde se concluye que no ten�a conocimiento de que se hubiera recibido la denuncia an�nima v�a telef�nica, ni pudo observar si se encontr� o no la droga afecta al proceso en el interior de la rocola ubicada dentro del billar. Como puede advertirse, �nicamente el agente de la Polic�a Ministerial del Estado ... fue quien tuvo conocimiento de la denuncia an�nima, ya que dijo que �l la recibi�, asimismo dijo constarle el hallazgo de la droga en el interior de la rocola, porque seg�n se�al� �l la encontr�, pero su dicho no se encuentra corroborado por el de alg�n otro testigo, por lo que su declaraci�n tiene la caracter�stica de aislada. Sin que en el caso sean aptos para corroborar el citado testimonio, la inspecci�n ocular y los dict�menes qu�micos que del estupefaciente se practicaron en la indagatoria, ya que ello en su caso s�lo demuestra la existencia f�sica del mismo y su naturaleza, pero de ninguna forma puede dar certeza al juzgador sobre la veracidad de la imputaci�n, pues esta certeza, ya se dijo, s�lo puede ser obtenida como consecuencia de la actividad probatoria desplegada en la averiguaci�n o en el proceso, con apego a las formalidades esenciales del procedimiento. Por las mismas consideraciones, es incorrecto lo se�alado por la responsable, en el sentido de que al haberse detenido a ... cuando ejerc�a el poder de disposici�n de la droga incautada para transmitirla a terceros, mediante la realizaci�n de alguna de las conductas previstas en el art�culo 194 del C�digo Penal Federal, no se infringi� lo dispuesto en el art�culo 193 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. El precepto citado en �ltimo t�rmino dispone: ?Art�culo 193. Se entiende que existe flagrancia cuando: I. El inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito; II. Inmediatamente despu�s de ejecutarse el delito, el inculpado es perseguido materialmente, o III. El inculpado sea se�alado como responsable por la v�ctima, alg�n testigo presencial de los hechos o quien hubiese participado con �l en la comisi�n del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en el delito; siempre y cuando se trate de un delito grave, as� calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisi�n de los hechos delictivos, se haya iniciado la averiguaci�n previa respectiva y no se hubiera interrumpido la persecuci�n del delito. En esos casos, el Ministerio P�blico decretar� la retenci�n del indiciado si est�n satisfechos los requisitos de procedibilidad y el delito merece pena privativa de libertad, o bien ordenar� la libertad del detenido, cuando la sanci�n sea no privativa de la libertad o alternativa. La violaci�n a lo dispuesto en el p�rrafo anterior har� penalmente responsable a quien decrete la indebida retenci�n y la persona detenida deber� ser puesta de inmediato en libertad. De decretar la retenci�n, el Ministerio P�blico iniciar� desde luego la averiguaci�n previa correspondiente, si a�n no lo ha hecho.?. La responsable concluy� que existi� flagrancia por haberse detenido a ... cuando ejerc�a el poder de disposici�n de la droga incautada para transmitirla a terceros, mediante la realizaci�n de alguna de las conductas previstas en el art�culo 194 del C�digo Penal Federal. Tal criterio no se comparte por este tribunal, ya que como se advierte del parte informativo de los agentes aprehensores la detenci�n de ... se debi� a que el comandante ... recibi� una denuncia an�nima v�a telef�nica en el sentido de que en el billar denominado ... el encargado vend�a droga en el establecimiento y que la ten�a en una rocola, motivo por el cual se trasladaron a dicho lugar en donde al cuestionar al citado ... �ste les inform� que ten�a un mes trabajando en el lugar y que en relaci�n a la droga les dijo que su patr�n le dej� varias cebollas en una bolsa las cuales le indic� vendiera en cien pesos, haciendo esto y que las sobrantes las ten�a en el interior de la rocola, la que al revisar, el comandante ... encontr� una bolsa de pl�stico que conten�a polvo blanco, as� como ocho envoltorios conteniendo tambi�n polvo blanco. Sin embargo, como se se�al� en p�rrafos precedentes la detenci�n se realiz� en el interior del inmueble ... sin contar con orden de cateo que los autorizara a realizar una revisi�n en el interior del mismo y de los muebles que en �l hab�a y no se le sorprendi� cometiendo alg�n hecho delictuoso, pues seg�n manifiestan los agentes aprehensores en las declaraciones que rindieron ... se encontraba detr�s de la barra sirviendo y no se localiz� droga entre sus pertenencias, sino que seg�n manifiestan el comandante ... abri� la rocola donde descubri� la droga, por lo que no puede decirse que en la especie existiera flagrancia, en raz�n de que como se dijo tuvieron que realizar actos tendientes a investigar sobre hechos denunciados mediante llamada an�nima y no contaban con la orden respectiva para realizar la inspecci�n en el lugar. La flagrancia existe, como es sabido, cuando el individuo es sorprendido en el momento mismo en que est� cometiendo el delito; se descubre al delito en el mismo acto de su perpetraci�n, o si se quiere con palabras m�s llanas, es la percepci�n sensorial, clara, manifiesta o patente (evidente) que se tiene de una cosa o de un hecho, sin g�nero de duda. Y en el caso, la actuaci�n del polic�a ... obedeci� a una denuncia an�nima acerca de que el encargado del billar ... vend�a droga en dicho establecimiento, de donde se sigue que no existe se�alamiento alguno, pues �l ?an�nimo? no lo constituye, que no se le sorprendi�, no se confirm� venta alguna, ni depuso testigo alguno en su contra, en virtud de que el dicho del citado agente de que ante �l el ahora quejoso confes� que vend�a ?cebollas? (coca�na) en cien pesos, carece de valor probatorio por no constarle por s� mismo y no ser autoridad competente para recibir ese tipo de declaraciones, por lo que ni siquiera pudo ser tenido en cuenta como indicio por carecer de validez, por as� disponerlo categ�ricamente los art�culos 287, fracci�n IV, p�rrafo tercero y 289, fracci�n III, del C�digo Federal de Procedimientos Penales. Por ello, debe convenirse que en el caso se violaron las reglas que para la valoraci�n de las pruebas prev�n los art�culos 284, 285 y 289 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que califican el valor de las pruebas, ya como meros indicios o prueba plena, ya en lo individual y luego en conjunto, pero siempre que se hubiesen obtenido o practicado con los requisitos legales, lo que en el caso no aconteci�, con la consecuente violaci�n de garant�as en perjuicio del impetrante del amparo. Por las consideraciones expuestas, debe concederse al quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, a fin de que la autoridad responsable, deje sin efectos la resoluci�n que constituye el acto reclamado, y dicte otra en la que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, prescinda de la prueba relativa al contenido del parte de hechos signado por los agentes de la Polic�a Ministerial del Estado de A. con sede en Rinc�n de Romos, revalore el resto del material probatorio y con plenitud de jurisdicci�n resuelva lo que en derecho corresponda.

  2. A. directo penal 283/2003 interpuesto por ... resuelto el veintiuno de noviembre de dos mil tres:

    S�PTIMO. Son fundados los conceptos de violaci�n que se relacionan con los aspectos que enseguida se examinan. Para una mayor comprensi�n del presente asunto, se estima pertinente destacar que en el acto reclamado, para confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia, en la que se consider� a ... penalmente responsable en la comisi�n del delito de posesi�n de arma de fuego del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerzas A�rea Nacionales, y se le impusieron las sanciones de dos a�os de prisi�n y veinte d�as multa, toralmente se apoy� el Magistrado responsable en considerar que las pruebas aportadas a la causa penal son suficientes para concluir que el veintisiete de julio de dos mil dos, aproximadamente a las cuatro horas con cinco minutos, el aqu� quejoso posey� dentro de la negociaci�n denominada ?...? un arma de fuego calibre .45, con n�mero de matr�cula ... A fin de establecer lo anterior, la autoridad responsable inicialmente se apoy� en el parte informativo suscrito y ratificado por dos elementos de seguridad p�blica (fojas 4, 5 y 11 a 16 del proceso 60/2002-B), en el que se describe, en lo sustancial, que en la fecha y hora precisadas en el p�rrafo anterior, los agentes que lo suscriben participaron en un operativo en el interior del bar ... que cuando se encontraban en la oficina de ese establecimiento localizaron un portafolio en la parte superior de un escritorio, del cual sustrajeron tres armas de fuego, una calibre .22 con cuatro cartuchos �tiles y la otra calibre .45, con cargador y siete cartuchos �tiles y la �ltima calibre .25 con un cargador y seis cartuchos �tiles, que en ese sitio se encontraba ... por lo que fueron asegurados junto con otras personas. Asimismo, para sustentar el sentido del fallo combatido, el Magistrado responsable tambi�n se apoy� en la declaraci�n ministerial de ... en la que, refiere, �ste reconoci� que el d�a de los acontecimientos los agentes policiacos incautaron en la oficina de su negociaci�n, entre otras cosas, el arma de fuego calibre .45, circunstancia que, se afirma en el acto reclamado, coincide con las declaraciones ministeriales de ... todo lo cual se relaciona con la fe ministerial que de ese artefacto se practic� y con el dictamen en bal�stica emitido por la perito ... (constancias que obran a fojas 41 a 57). Tambi�n se estableci�, en esencia, que el operativo policiaco en que se asegur�, entre otros objetos y personas, el arma de fuego afecta a la causa y a ... se efectu� en un lugar p�blico (bar denominado ...) y, por ende, no se requer�a orden de cateo para inspeccionarlo, ya que ello s�lo es necesario para registrar y allanar un domicilio particular, por lo cual, esa diligencia es v�lida. Que no obstante lo anterior, a�n en la hip�tesis de prescindir del valor probatorio que pudiera tener esa diligencia, las restantes pruebas, consistentes en las declaraciones ministeriales del propio inculpado y de los testigos ... as� como la prueba de video grabado al momento en que se practic�, son suficientes para sostener el sentido de la sentencia condenatoria, que lo anterior es as� porque la ilegalidad de una diligencia de cateo no anula las dem�s pruebas, ya que la ley procesal no lo contempla de esa manera, por consiguiente, diversos medios de convicci�n, distintos al impugnado de ilegalidad, deben subsistir en su valor probatorio. Este tribunal estima que son inexactas las conclusiones a las que arrib� el Magistrado responsable, toda vez que, por una parte, no es correcto afirmar que por la circunstancia de que una negociaci�n mercantil preste sus servicios al p�blico, el local destinado para ese fin tenga el car�cter de p�blico. Ese criterio del Magistrado responsable, que este tribunal no comparte, implica convalidar cualquier intromisi�n de agentes policiacos que, sin orden de autoridad competente, decidan ingresar a cualquier edificio a realizar pesquisas con el pretexto de investigar la posible comisi�n de cualquier delito, lo cual, adem�s de ilegal por disposici�n expresa de los art�culos 61 y 284 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, pugna con la inviolabilidad del domicilio y de la prohibici�n de los actos de molestia en la propiedades y posesiones que tutelan los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos constitucionales en comento salvaguardan, en lo que aqu� concierne, los derechos, propiedades o posesiones de los particulares, a fin de que s�lo puedan ser molestados mediante orden expedida por autoridad competente en la que se funde y motive ese acto de molestia. No se trata de proteger la impunidad o de impedir que la autoridad persiga los delitos o castigue a los delincuentes, sino de asegurar que las autoridades act�en siempre con apego a las leyes y a la propia Constituci�n, para que �stas sean instrumentos efectivos de paz y seguridad social y no de opresores omn�modos de los individuos. La exigencia de una orden escrita de cateo sirve justamente a esta alta funci�n. Cierto es que el cateo, tal como lo informa la autoridad judicial responsable, ha sido definido como el ?registro y allanamiento de un domicilio particular por la autoridad, con el prop�sito de buscar personas u objetos que est�n relacionados con la investigaci�n de un delito?, pero de ello no se sigue que s�lo la casa-habitaci�n del individuo tenga protecci�n constitucional, pues los titulares de la inviolabilidad domiciliaria son toda persona f�sica o moral, por lo que el concepto ?domicilio? no s�lo comprende el sitio o lugar en que el individuo tenga establecido su hogar, sino tambi�n el sitio o lugar establecidos de su despacho u oficina, bodegas, almacenes, etc�tera y, en trat�ndose de personas morales el sitio o lugar donde tengan establecida su administraci�n, incluyendo las sucursales o agencias con que cuentan. Si no fuera as�, resultar�a que las visitas domiciliarias, que tambi�n deben sujetarse a las formalidades exigidas para los cateos, no podr�an ser practicadas por las autoridades administrativas para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a, ni exigir la exhibici�n de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, si se atendiera alconcepto hist�rico de domicilio, ni los militares en tiempo de guerra podr�an exigir alojamiento en domicilios particulares que no fueran casas-habitaci�n. Los negocios que prestan servicios o bienes al p�blico, tales como cines, lavander�as, tiendas de autoservicio o mercados, farmacias, restaurantes, permiten el acceso p�blico; pero este acceso no significa m�s que eso, tener entrada a esos lugares y paso si no tienen restricciones que impliquen espacios reservados. Otro tanto ocurre con la residencia o despacho de cualquiera de los poderes federales o de los Estados, que no pueden ser cateados sin que previamente la autoridad judicial recabe la autorizaci�n de sus titulares a quienes est� encomendado velar por la inviolabilidad del recinto donde sesionan. En consecuencia, es inexacto que para que una autoridad ingrese a una negociaci�n, la allane y registre con el prop�sito de localizar objetos relacionados con la b�squeda de un delito, no requiera de orden de cateo, en atenci�n a que, como ya se estableci�, esa propiedad o posesi�n, que no es un lugar p�blico (pues �ste en todo caso son por ejemplo las calles, las plazas o parques p�blicos), sino un lugar abierto al p�blico, que s� est� protegido por las disposiciones constitucionales en comento, lo que impone la obligaci�n de contar para ese efecto de orden escrita de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El criterio anterior, como se apunt� en el considerando precedente, ya hab�a sido sostenido por este �rgano colegiado, integrado por los Magistrados G.A.H.�ndez S., G.P.H. y licenciado J.R.�n C.R., secretario de tribunal en funciones de Magistrado autorizado por la Comisi�n de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesi�n celebrada el veintiocho de octubre de dos mil dos, al resolver en el acuerdo correspondiente al diez de enero de dos mil tres, el amparo directo penal n�mero ... promovido por ... al que ya se hizo referencia y qued� transcrito en el considerando anterior y que sirve de precedente con los matices que exige el caso que hoy se resuelve. En esta tesitura, si el operativo policiaco a que se ha hecho referencia en realidad constituye un cateo practicado en la negociaci�n ubicada en la calle ... A., y �ste se practic� sin contar para ello con orden escrita de autoridad competente, es evidente que ese actuar es inconstitucional, y la sanci�n a lo anterior se encuentra prevista en los art�culos 61 y 284 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, en los que se se�ala: ?Art�culo 61. Cuando en la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico estime necesaria la pr�ctica de un cateo, acudir� a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden com�n, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, as� como la ubicaci�n del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia. Al concluir el cateo se levantar� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia. Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.?. ?Art�culo 284. La inspecci�n, as� como el resultado de los cateos, har�n prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos legales.?. Tambi�n se estima que tiene aplicaci�n al caso que nos ocupa, la tesis aislada vertida por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, cuyo criterio comparte este tribunal, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., agosto de 2001, p�gina 1210, bajo el ep�grafe y texto siguiente: ?CATEO SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE O SIN LOS REQUISITOS LEGALES. NULIFICA EL RESULTADO DEL MISMO Y DE LAS ACTUACIONES QUE DE �L EMANEN.? (se transcribe). Establecido lo anterior, es importante destacar que en la sentencia combatida se hace referencia a que aun prescindiendo del valor probatorio que inicialmente le hab�a sido conferido a la diligencia de cateo en comento, existen otras pruebas suficientes para sostener la sentencia condenatoria dictada en contra del aqu� quejoso, efectuando la autoridad responsable la rese�a de la declaraci�n ministerial de ... as� como la prueba de video ofrecida en autos, para concluir que el primero de los mencionados impl�citamente reconoce que el arma afecta a la causa fue encontrada en la oficina de su negocio, que ello lo corroboran los dos testigos restantes. Con independencia del valor probatorio que corresponde a los testimonios y prueba de video citados con antelaci�n, este tribunal considera que las aseveraciones a que arriba la autoridad responsable no son acordes a las constancias procesales a que en las mismas se hace referencia. En efecto, de la declaraci�n ministerial vertida por ... (fojas 47 a 49), se desprende que en relaci�n con el lugar en que fue localizada la pistola calibre .45, manifest�: ?... al entrar los agentes al establecimiento se me revis� en mi persona sin que se me encontrara objeto il�cito alguno, posteriormente pasan a revisar la oficina que se encontraba abierta y ya encontr�ndose en el interior las personas que estaban revisando, por lo que al entrar a la oficina me dicen los polic�as de qui�n son estas armas, a lo que les manifest� que desconoc�a quien fuera el propietario de las mismas y puedo manifestar que tanto las armas como el dinero no fue encontrado ni en mi escritorio ni en mi locker esto, en virtud de que los mismos cuentan con llave y yo los abr� con posterioridad para que los revisaran, ignorando d�nde se encontraron las armas y dinero que se encontraron se dijeron los polic�as en la oficina a un lado de un sill�n ...?. Por su parte, en torno al mismo tema ... refiri� (fojas 51 a 53) ?... adem�s de los anteriores objetos se encontraba sobre el escritorio un portafolio en color negro, el cual yo hab�a observado aproximadamente entre las veinticuatro y una horas, el cual yo no le di importancia en virtud de que se encontraba en una mesa, donde se encontraban varios clientes de los cuales no recuerdo su media filiaci�n, ignorando de igual manera c�mo fue que dicho portafolio y armas se encontraban despu�s en el escritorio de la oficina ...?. Cabe hacer el se�alamiento de que en la declaraci�n ministerial en comento ... tambi�n se�al� que al momento que inici� el operativo policiaco �l se encontraba fuera del establecimiento conocido como bar ... e ingres� a ese lugar cuando un agente policiaco lo llam� por su nombre y lo introdujo hasta la oficina de ese sitio, relatando enseguida lo antes transcrito. Finalmente ... en torno al lugar en que se localiz�, entre otras cosas, el arma afecta a la causa manifest�: ?... por lo que hace a las armas aseguradas me di cuenta de que �stas fueron aseguradas al parecer en el piso de la oficina del bar ... observando que cuando me metieron a la oficina para revisarme se encontraba en el interior el due�o del bar que ahora s� responde al nombre de ... ingresando posteriormente a la oficina otras personas para su revisi�n y, por lo que hace a ... �ste se encontraba afuera, toda vez que con posterioridad se le mand� hablar, e introduci�ndolo a la oficina, hecho en que me percat� en virtud de que yo ya no sal� de la oficina ...?. Referente al videocassette se�alado en el acto reclamado, del an�lisis integral de las constancias remitidas como informe justificado, se desprende que en diligencia practicada el dos de octubre de dos mil dos, se dio fe judicial del contenido de ese objeto, destac�ndose que en la primer referencia al escritorio que dice se encontraba en la oficina del bar ... se se�ala que no tiene ning�n objeto sobre de �l, que detr�s existe una silla junto a la cual una persona al parecer revisa una bolsa de pl�stico color blanco, que se escucha la voz de una persona, que aparentemente se trata de ... diciendo ?h�blenle a ... por favor?, tambi�n se�ala que se aprecian varias personas en el �rea del restaurante, ello porque se aprecian mesas con sillas, que una persona con una linterna ilumina unos objetos que se encuentran sobre una mesa, consistentes en un fajo de billetes de diversas denominaciones y otros objetos, que enseguida regresan la toma hacia el interior del cuarto (oficina) y al hacer un acercamiento con la c�mara hacia la parte superior del escritorio se observan varios objetos entre ellos dos montones de billetes, un arma de fuego tipo escuadra, apreci�ndose que se acerca una diversa persona y coloca sobre el escritorio otra arma de fuego peque�a, tipo escuadra. Las constancias rese�adas con antelaci�n no permiten concluir de manera indefectible que el aqu� quejoso y los testigos hayan coincidido en afirmar que el arma de fuego afecta a la causa fue localizada sobre el escritorio ubicado en la oficina del bar ... como se sostiene en el acto reclamado. Adem�s, conviene puntualizar que aun cuando el parte informativo y su ratificaci�n (fojas 4 y 5), carece de valor probatorio por contener en �l lo que, a criterio de quienes lo suscriben, aconteci� en el operativo policiaco en que se asegur� el arma afecta a la causa y se detuvo, entre otros a ... puesto que dicho ?operativo? fue realizado sin ning�n fundamento jur�dico, es decir, que no ten�an competencia ni facultades para llevarlo a cabo y de que irrumpieron en la oficina de una negociaci�n particular para llevar a cabo una pesquisa, al margen de la autoridad competente y fuera de todo procedimiento. Tambi�n se advierte que se condujeron con falta de veracidad por tratar de justificar el atropello cometido aun contra los parroquianos del lugar (las constancias de autos revelan que se ?aseguraron? plumas, tel�fonos celulares, dinero en efectivo), aunque luego trataron de justificarse alegando que hab�an actuado por orden de elementos de la AFI, que no lograron identificar por desconocerlos, de cualquier manera su contenido se encuentra desvirtuado en cuanto a la forma, lugar y hora que en �l se asevera ocurrieron esos hechos. Lo anterior es as� en atenci�n a que, en ese documento se afirma que fue aproximadamente a las cuatro horas con cinco minutos del veintisiete de julio de dos mil dos cuando arribaron al bar denominado ... que en un portafolio negro localizado en la parte superior del escritorio ubicado en la oficina de ese lugar se encontr� el arma afecta a la causa. No obstante que esas aseveraciones fueron ratificadas ante el Ministerio P�blico, en las diligencias de interrogatorios y careos, los polic�as suscribientes (fojas 199 a 216) modificaron la hora del operativo y el lugar en que hab�an afirmado que encontraron el arma afecta a la causa, adem�s, de la diligencia en que se describi� el contenido del videocassette aportado como prueba a la causa penal, referido con antelaci�n, se pone en evidencia que en una primer toma del escritorio con la c�mara que confeccion� ese medio de prueba, �ste se encontraba sin ning�n objeto sobre �l. Por �ltimo, es importante se�alar que la determinaci�n del Magistrado responsable, de reconocerle inicialmente valor probatorio al cateo y posteriormente afirmar: ?... No obstante lo anterior, a�n prescindiendo del valor probatorio que pudiera tener aquella diligencia ...?, son circunstancias que dejan en estado de indefensi�n al quejoso, pues esa imprecisi�n de concederle eficacia probatoria y se�alar que pudiera prescindirse de la misma impiden concluir si, finalmente, la tom� o no en cuenta para confirmar la sentencia condenatoria, pues m�s adelante aduce que ?... las restantes pruebas bastan para seguir sosteniendo el sentido del fallo ...?, ignor�ndose en concreto a cu�les alude, pues las que s� espec�fica (declaraci�n del ahora sentenciado, de los testigos ... y video) no corroboran la conclusi�n que adopt�. En este contexto, habi�ndose precisado las razones l�gicas y legales que sustentan la falta absoluta de valor probatorio del cateo ilegal en que se asegur� el arma afecta a la causa y se detuvo al aqu� quejoso, as� como que es inexacto que ... hayan coincidido en reconocer que el arma afecta a la causa fue localizada en el escritorio ubicado en la oficina del bar ... se impone conceder al solicitante del amparo la protecci�n de la Justicia Federal a fin de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y dicte nueva resoluci�n en la que resuelva lo que proceda legalmente. En virtud de que la concesi�n del amparo solicitado tiene el efecto de dejar insubsistente la sentencia combatida, resulta innecesario analizar el resto de los conceptos de violaci�n.

    Las anteriores ejecutorias dieron origen a los criterios siguientes:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegido del Vig�simo Tercer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIX, febrero de 2004

    "Tesis: XXIII.1o.20 P

    "P�gina: 994

    "CATEO DE NEGOCIOS ABIERTOS AL P�BLICO. RESULTA ILEGAL Y CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO SE PRACTICA SIN SUJETARSE A LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL. El art�culo 16 constitucional en su primer p�rrafo ordena que: ?Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.?; de donde se advierte que este precepto garantiza a los individuos tanto su seguridad personal como real; la primera, referida a la persona como en los casos de aprehensiones, cateos y visitas domiciliarias; y la segunda, a los bienes que aqu�lla posee. Por tanto, la persona, su familia, su domicilio y sus papeles o posesiones no pueden ser objeto de pesquisas, cateos, registros o secuestros sin observar los requisitos contenidos en el art�culo 16 constitucional; esto, a fin de asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes, proteger la libertad individual y garantizar la certeza jur�dica, pues no se trata de proteger la impunidad o de impedir que la autoridad persiga los delitos o castigue a los delincuentes, sino de asegurar que las autoridades siempre act�en con apego a las leyes y a la propia Constituci�n, para que �stas sean instrumentos efectivos de paz y de seguridad social y no opresores omn�modos de los individuos. As�, la exigencia de una orden escrita de cateo sirve justamente a estas altas funciones, ya que el cateo ha sido definido como el ?registro y allanamiento de un domicilio particular por la autoridad, con el prop�sito de buscar personas u objetos que est�n relacionados con un delito?, pero de esta definici�n b�sica no se sigue que s�lo la casa habitaci�n del individuo tenga protecci�n constitucional si se tiene en cuenta que los titulares de la inviolabilidad domiciliaria son toda persona, f�sica o moral, p�blica o privada. En este contexto, el concepto domicilio no s�lo comprende el sitio o lugar en que el individuo tenga establecido su hogar, sino tambi�n el sitio o lugar donde tenga su despacho, oficina, bodega, almacenes, etc., y en trat�ndose de personas morales privadas el sitio o lugar donde tienen establecida su administraci�n, incluyendo las sucursales o agencias con que cuenten. Otro tanto ocurre con la residencia o despacho de cualquiera de los Poderes Federales o de los Estados, que no pueden ser cateados sin que previamente la autoridad judicial recabe la autorizaci�n de sus titulares a quienes est� encomendado velar por la inviolabilidad del recinto donde sesionan. As� tambi�n los negocios que prestan servicios o bienes al p�blico, tales como cines, lavander�as, tiendas de autoservicio o mercados, restaurantes, permiten el acceso al p�blico, pero este acceso libre no significa m�s que eso, o sea, tener entrada a esos lugares y pasar a ellos si no tienen restricciones que impliquen que se trate de espacios reservados. En consecuencia, para que la autoridad o sus agentes allanen y registren los espacios restringidos o reservados del domicilio de una negociaci�n abierta al p�blico, necesariamente deber�n contar, para ese efecto, con una orden escrita de autoridad competente que funde y motive la acci�n legal del procedimiento, ya que de lo contrario la intromisi�n arbitraria al negocio de un particular para realizar un registro general del lugar en la b�squeda de un delito deviene inconstitucional, pues aparece realizada al margen de la autoridad competente, fuera de todo procedimiento y sin alg�n fundamento jur�dico, por lo que los Jueces no deben concederles valor probatorio alguno.

    "A. directo 627/2002. 10 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: G.A.H.S.. Secretaria: Ang�lica C.M..

    "A. directo 283/2003. 21 de noviembre de 2003. Mayor�a de votos. Disidente: J.B.M.�nez. Ponente: G.A.H.S.. Secretario: F.U.O.."

    "Novena �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIX, febrero de 2004

    "Tesis: XXIII.1o.21 P

    "P�gina: 1052

    "DOMICILIO, INVIOLABILIDAD DEL. ESTA GARANT�A, CONTENIDA EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL, PROTEGE TANTO LA CASA HABITACI�N COMO LAS NEGOCIACIONES ABIERTAS AL P�BLICO, POR LO QUE CUALQUIER INTROMISI�N ARBITRARIA A �STAS ES ILEGAL Y, POR ENDE, CARENTE DE VALOR PROBATORIO. El art�culo 16 constitucional en sus p�rrafos primero y octavo se�ala los requisitos que toda autoridad debe observar para allanar y registrar el domicilio, posesiones y propiedades de los particulares; por tanto, cualquier intromisi�n arbitraria a la vida privada de los hogares u otros sitios privados, inclusive las negociaciones abiertas al p�blico, debe considerarse ilegal y los Jueces deben negarle eficacia probatoria, pues acorde con el dispositivo constitucional en cita, as� lo sanciona el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales.

    "A. directo 627/2002. 10 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: G.A.H.S.. Secretaria: Ang�lica C.M..

    "A. directo 283/2003. 21 de noviembre de 2003. Mayor�a de votos. Disidente: J.B.B.M.�nez. Ponente: G.A.H.S.. Secretario: F.U.O.."

    "Novena �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIX, febrero de 2004

    "Tesis: XXIII.1o.22 P

    "P�gina: 1027

    "CATEO DE NEGOCIOS SIN ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL, DENOMINADO ?OPERATIVO?. CARECE DE VALOR PROBATORIO. Si agentes de la polic�a deciden motu proprio practicar una diligencia que denominan ?operativo?, con el objeto de allanar un negocio abierto al p�blico y realizar el registro general del lugar en busca de objetos de delito, esa diligencia u ?operativo? constituye en realidad un cateo que s�lo la autoridad judicial est� facultada para ordenar en t�rminos del art�culo 16 constitucional; por ello los Jueces no deben otorgarle valor probatorio alguno a los operativos que incumplan con este dispositivo.

    "A. directo 627/2002. 10 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: G.A.H.S.. Secretaria: Ang�lica C.M..

    A. directo 283/2003. 21 de noviembre de 2003. Mayor�a de votos. Disidente: J.B.B.M.�nez. Ponente: G.A.H.S.. Secretario: F.U.O..

  3. A. directo penal 74/2004 interpuesto por ... resuelto el cuatro de marzo de dos mil cuatro:

    SEXTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violaci�n, supliendo en lo necesario la queja deficiente conforme a lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 76 Bis de la Ley de A.. Como informaci�n del asunto que nosocupa se estima pertinente destacar que en la sentencia que constituye el acto reclamado se determin� confirmar la resoluci�n pronunciada por el Juez Primero de Distrito en la causa penal instruida en contra de la aqu� quejosa ... en la cual se le consider� penalmente responsable en la comisi�n del delito contra la salud, en la modalidad de posesi�n de clorhidrato de coca�na y psicotr�picos con fines de venta, imponi�ndole las sanciones de cinco a�os y dos meses de prisi�n ordinaria y multa por el equivalente a ciento quince d�as de salario m�nimo vigente en el lugar y �poca de ejecuci�n del il�cito. Ahora bien, el argumento toral defensivo que expresa la solicitante del amparo, estriba en impugnar la valoraci�n que la autoridad responsable efectu� respecto al cateo practicado en la negociaci�n de ... durante el cual se asegur� el estupefaciente y psicotr�picos afectos a la causa y se detuvo a la antes nombrada y a ... En torno a ese tema, este tribunal estima que el Magistrado responsable incurri� en incongruencia interna al pronunciarse en torno al valor convictivo que merece esa actuaci�n policiaca. En efecto, inicialmente, en el acto reclamado se consider� que los elementos de la Agencia Federal de Investigaci�n no requieren de una orden de cateo para ingresar a una negociaci�n abierta al p�blico, que ello s�lo se necesita para ingresar a un domicilio particular, por tanto, si los agentes s�lo entraron hasta el mostrador del restaurante propiedad de ... cuando estaba abierto al p�blico, y en ese lugar esta �ltima les hizo entrega voluntariamente del estupefaciente y psicotr�picos afectos a la causa, debe concluirse que tal actuaci�n tiene plena validez y, por esa misma raz�n, tambi�n la tiene el parte informativo y su ratificaci�n en la comparecencia ante el Ministerio P�blico Federal de los polic�as que participaron en ese operativo. Posteriormente, tambi�n estableci� que aun en la hip�tesis de que esa actuaci�n policiaca constituyera un cateo practicado sin orden judicial, s�lo tendr�a el alcance de invalidar esa diligencia, subsistiendo en su integridad el resto del material convictivo. Como puede advertirse, en el mismo acto reclamado el Magistrado responsable concluy� que la actuaci�n policiaca en comento tiene eficacia probatoria, y as� mismo, tambi�n determin� que pudiera ser que careciera de valor convictivo, ambig�edad que torna incongruente el fallo combatido y deja en estado de indefensi�n a la solicitante del amparo al impedirle conocer cu�les son los razonamientos que sustentan el sentido de esa resoluci�n, para as� estar en aptitud jur�dica de controvertirlos, lo cual vulnera en su perjuicio la garant�a de seguridad jur�dica que debe revestir todo acto de autoridad. Sin perjuicio de lo anterior, conviene destacar que los apuntamientos efectuados por el Magistrado responsable, referentes a que los agentes policiacos s�lo necesitan una orden de cateo para ingresar a un domicilio particular, y no de una negociaci�n abierta al p�blico, como aconteci� en la especie, son ilegales al carecer de apoyo legal que sustente esa determinaci�n, y adem�s, pugnan con lo dispuesto por el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que esa garant�a tutela la inviolabilidad de todo domicilio, en el que se incluye tanto la casa habitaci�n como las negociaciones abiertas al p�blico, inclusive, acorde con esa disposici�n constitucional y con lo dispuesto en el art�culo 61, en relaci�n con el 284, ambos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, este tribunal estableci� esa conclusi�n al fallar los amparos directos penales ... promovidos por ... respectivamente, sustentando las tesis cuyos rubros y textos se transcriben enseguida: ?CATEO DE NEGOCIOS ABIERTOS AL P�BLICO. RESULTA ILEGAL Y CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO SE PRACTICA SIN SUJETARSE A LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL.? (se transcribe). ?DOMICILIO, INVIOLABILIDAD DEL. ESTA GARANT�A, CONTENIDA EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL, PROTEGE TANTO LA CASA HABITACI�N COMO LAS NEGOCIACIONES ABIERTAS AL P�BLICO, POR LO QUE CUALQUIER INTROMISI�N ARBITRARIA A �STAS ES ILEGAL Y, POR ENDE, CARENTE DE VALOR PROBATORIO.? (se transcribe). ?CATEO DE NEGOCIOS SIN ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL, DENOMINADO �OPERATIVO�. CARECE DE VALOR PROBATORIO.? (se transcribe). En esta tesitura, resulta evidente que si los elementos de la Agencia Federal de Investigaci�n, partiendo de una denuncia telef�nica an�nima y con base en el oficio de investigaci�n 589/03 (fojas 6 y 8), ingresaron a la negociaci�n mercantil en busca de objetos del delito, aseguraron el estupefaciente y psicotr�picos afectos a la causa y detuvieron a ... quienes pusieron a disposici�n del fiscal federal, es que se concluye que tal operativo policiaco constituye un cateo, mismo que se practic� sin orden de autoridad judicial, lo que torna a esa actuaci�n ilegal y, por ende, carente de valor probatorio, por as� establecerlo los preceptos legales citados con antelaci�n, deviniendo de lo anterior lo fundado de los conceptos de violaci�n que as� lo se�alan. La ilegalidad del cateo a que se ha hecho referencia, tambi�n priva de eficacia convictiva al parte informativo suscrito y ratificado por los elementos que participaron en esa actuaci�n, por ser una consecuencia directa del mismo, no as� lo atinente a la declaraci�n ministerial vertida por la aqu� quejosa, pues aun cuando con motivo de esa incursi�n en su negociaci�n fue privada de su libertad, puesta a disposici�n del Ministerio P�blico Federal y tomada su versi�n de los hechos, debe tomarse en cuenta que en diligencia posterior, independiente de la actuaci�n ilegal en comento, en su primer declaraci�n ante el Juez de la causa, expresamente manifest� ser conforme con el relato de hechos que expres� ante el fiscal federal por as� haber acontecido los mismos, circunstancia que purga el vicio que pudiera revestir esa primer manifestaci�n ante el �rgano acusador. Por otra parte, del an�lisis oficioso de la sentencia combatida y de las constancias remitidas para la sustanciaci�n del presente juicio de garant�as, este tribunal advierte que la responsable, para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito atribuido a la aqu� quejosa, as� como su plena responsabilidad penal, tambi�n se apoy� en el testimonio vertido por ... ante el fiscal federal, ello al se�alar: ?... de todas maneras existen en autos pruebas suficientes para seguir considerando que se encuentran plenamente acreditados los elementos constitutivos del delito contra la salud en la modalidad de posesi�n de clorhidrato de coca�na y psicotr�picos, a que se refiere el art�culo 195, p�rrafo primero, del C�digo Penal Federal, as� como la plena responsabilidad penal de ... en su comisi�n ...?, ?... y con el testimonio de ...?, ?... en donde ... dice que dicha acusada vend�a coca�na y pastillas ...?. Al respecto, del estudio integral de las constancias procesales se desprende, en lo que aqu� interesa, que los agentes policiacos que participaron en la localizaci�n y aseguramiento del estupefaciente y psicotr�picos afectos a la causa, en ese acto que aconteci� aproximadamente a las tres horas con treinta minutos del d�a primero de mayo de dos mil tres, tambi�n aseguraron a ... y la pusieron a disposici�n del Ministerio P�blico Federal, quien dict� prove�do en esa misma fecha (fojas 37 a 39), en el sentido de tener a esa persona �nicamente con el car�cter de presentada, a fin de que una vez que se recabara su testimonio se le permitiera retirarse de esas oficinas, sin embargo, no obra constancia de notificaci�n de ese prove�do por lo que concierne a ... por el contrario, en la parte inicial de su declaraci�n ministerial (a las trece horas del primero de mayo de dos mil tres), expresamente se asent� que fue previamente excarcelada para ese acto (foja 58). Las constancias de referencia evidencian, en lo que aqu� concierne, que ... fue privada de su libertad por los agentes policiacos desde el momento en que localizaron y aseguraron el estupefaciente y psicotr�picos afectos a la causa, no obstante ello, en dicha acta se asent� que esa persona nombraba a quien dijo ser litigante, de nombre ... como persona de su confianza para que la asistiera durante el desahogo de esa declaraci�n ministerial. No obstante lo anterior, en el curso del procedimiento penal no obra constancia alguna que acredite que ... ejerce la profesi�n de licenciado en derecho, ni que exista con ... un v�nculo de amistad o parentesco para poder presumir que entre ambos existe confianza, y en todo caso, el Ministerio P�blico Federal debi� designar al defensor p�blico federal para que la asistiera en el curso de esa diligencia, para garantizar as� la garant�a de adecuada defensa que tutela el art�culo 20, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, omisi�n que priva de valor probatorio a esa actuaci�n. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia n�mero 16, sustentada por este �rgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, octubre de 1999, p�gina 1179, bajo el ep�grafe y texto siguientes: ?DEFENSOR P�BLICO. CARECE DE VALOR PROBATORIO LA DECLARACI�N DEL INCULPADO CUANDO LA DESIGNACI�N HECHA POR EL MINISTERIO P�BLICO PARA RECIBIRLA NO RECAE EN UN DEFENSOR DE OFICIO.? (se transcribe). Tambi�n se estima que tiene aplicaci�n la jurisprudencia n�mero 11, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., junio de 2002, p�gina 605, en la que se establece: ?TESTIMONIAL A CARGO DE CODETENIDOS. SI NO SE CUMPLE CON LO SE�ALADO EN EL ART�CULO 128 DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SU TESTIMONIO CARECE DE VALIDEZ, VIOL�NDOSE, EN CONSECUENCIA, LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICAS PREVISTAS EN LOS ART�CULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.? (se transcribe). En este orden de ideas, una vez que se destacaron las violaciones contenidas en el acto reclamado, se impone conceder la protecci�n de la Justicia Federal a fin de que el Magistrado responsable deje insubsistente la sentencia combatida y dicte otra en la que, atendiendo a los razonamientos vertidos en la presente ejecutoria, prescinda de otorgar eficacia convictiva al cateo ilegal practicado por los elementos de la Agencia Federal de Investigaci�n en el negocio en que se aseguraron el estupefaciente y psicotr�picos afectos a la causa, al parte informativo y su ratificaci�n por parte de esos agentes, as� como a la declaraci�n ministerial vertida por ... y con plenitud de jurisdicci�n analice y valore el resto del material probatorio y resuelva lo que en derecho corresponda.

  4. A. directo penal 91/2004 interpuesto por ... resuelto el once de marzo de dos mil cuatro:

    SEXTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violaci�n. Como informaci�n del asunto que nos ocupa se estima pertinente destacar que en la sentencia que constituye el acto reclamado se determin� confirmar la resoluci�n pronunciada por el Juez Primero de Distrito en la causa penal instruida en contra del aqu� quejoso ... en la cual se le consider� penalmente responsable en la comisi�n del delito contra la salud, en la modalidad de posesi�n de marihuana con la finalidad de ejecutar alguna de las conductas previstas en el art�culo 194 del C�digo Penal Federal, imponi�ndole las sanciones de cinco a�os de prisi�n ordinaria y multa por el equivalente a cien d�as de salario m�nimo vigente en el lugar y �poca de ejecuci�n del il�cito. Ahora bien, el argumento toral defensivo que expresa el solicitante del amparo, estriba en impugnar la valoraci�n que la autoridad responsable efectu� respecto al cateo en el cual se asegur� el estupefaciente afecto a la causa y se detuvo a ... En el acto reclamado se consider�, en lo que aqu� interesa, que tiene plena validez el parte informativo y su ratificaci�n en la comparecencia ante el Ministerio P�blico Federal de los polic�as que participaron en ese operativo, y esos medios de convicci�n tambi�n sustentaron el sentido de la sentencia impugnada, al se�alar: ?... debe convenirse que contra lo que tambi�n afirma la defensa, el fiscal federal con las pruebas aportadas (parte informativo, fe ministerial del veh�culo y droga, declaraci�n de los testigos y del detenido y pericial qu�mica), el fiscal de la Federaci�n, cubri� la carga procesal de acreditar que el narc�tico afecto a la causa penal, se encontraba dentro del radio de acci�n y disponibilidad de ...?. Es importante destacar que la prueba testimonial a la que se hace referencia en la transcripci�n anterior, es la vertida por tres de los agentes policiacos que participaron en la localizaci�n y aseguramiento del estupefaciente afecto a la causa, misma que se desahog� el dieciocho de diciembre de dos mil dos, con cargo a ... (fojas 259 a 262). Ahora bien, este tribunal estima que el Magistrado responsable, al valorar ese medio de convicci�n, el informe policiaco suscrito y ratificado por esos mismos agentes policiacos y adem�s por ... comandante de la Polic�a Estatal Preventiva (fojas 10, 11 y 19 a 32), debi� advertir que el operativo policiaco a que se hace referencia en esas constancias procesales, en realidad constituy� la pr�ctica de un cateo, el que se practic� sin orden de autoridad judicial, al no haber constancia que as� lo acredite y, por tanto, conforme a lo dispuesto por el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, carente de valor probatorio. Lo anterior es as�, en atenci�n a que, el propio parte informativo revela que el actuar de los agentes policiacos parti� de una denuncia telef�nica an�nima, en la que se�alaban a dos individuos de conducta sospechosa, que al parecer se dedicaban al robo de ganado, como que ocultaban objetos de dudosa procedencia o alg�n menor de edad, que con base en esa informaci�n se entrevistaron con ... quien les inform� que ... era el propietario de dos camionetas y de una cantidad de hierba que ten�a en el interior de un cuartito que se ubicaba cerca de los dos veh�culos, que le solicitaron autorizaci�n para ingresar a ese lugar y al hacerlo localizaron la marihuana afecta a la causa. En torno a los anteriores hechos ... al ratificar ese parte informativo (fojas 22 y 23), refiri� que ... fue detenido cuando se encontraba parado frente a uno de los veh�culos asegurados, cerca de una casa y sin hacer nada; por su parte ... y el comandante ... refirieron de manera similar que el aqu� quejoso fue asegurado como a media cuadra del lugar en que se localiz� el estupefaciente (fojas 25, 26 y 30). Asimismo, en el desahogo de la prueba testimonial con cargo a ... (fojas 259 a 262), a pregunta expresa de la defensa, el primero de ellos refiri�, en lo que aqu� interesa, que entre el lugar en que fue detenido ... y el inmueble en que se asegur� el estupefaciente existe aproximadamente una cuadra, que sus compa�eros fueron los que abrieron el lugar pero fue el aqu� quejoso quien les dio permiso de entrar. Por su parte, el segundo de los mencionados en torno a ese tema, refiri� que exist�an aproximadamente cien metros de distancia entre el lugar que fue asegurado el estupefaciente y el en que se efectu� la detenci�n de ... coincidiendo en se�alar que fueron sus compa�eros polic�as los que abrieron el cuartito, aunque estaba presente el aqu� quejoso. Finalmente, ... refiri� que aproximadamente exist�an quinientos metros entre el lugar en que fue detenido y subido a una patrulla ... y el cuartito en que fue localizada la marihuana, que fue el comandante quien abri� ese lugar porque el aqu� quejoso les inform� que ah� hab�a droga. Las anteriores constancias de autos ponen en evidencia, en lo particular, que los agentes policiacos a que se ha hecho referencia, tras recibir una denuncia telef�nica an�nima implementaron un operativo policiaco en el cual detuvieron al aqu� quejoso y, seg�n refiere con su autorizaci�n, ingresaron a un inmueble, en el que localizaron y aseguraron, entre otras cosas, el vegetal verde y seco que pericialmente se dictamin� corresponder al estupefaciente com�nmente conocido como marihuana, sin embargo, no obra ning�n indicio que permita considerar que una vez que la pesquisa policial arroj� elementos que hac�an necesaria la pr�ctica de un cateo lo hubiesen comunicado al Ministerio P�blico para que esa instituci�n, en el ejercicio de las atribuciones que constitucional y legalmente se encuentra investida, obtuviera la autorizaci�n de la autoridad competente, sino que, por el contrario, actuando por s� solos decidieron ingresar a un domicilio, aduciendo tener autorizaci�n para ello por el aqu� quejoso, todo lo cual pone en evidencia que tal actuaci�n carece de eficacia convictiva por disposici�n expresa del art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. Las circunstancias anteriores debieron ser advertidas por el Magistrado responsable al pronunciarse sobre el valor convictivo que merece el informe policiaco, su ratificaci�n y la prueba testimonial, precisados en la presente ejecutoria, toda vez que el art�culo 364 del C�digo Federal de Procedimientos Penales establece en favor del aqu� quejoso la suplencia de la queja deficiente. Adem�s, es importante destacar que los agentes policiacos, en la investigaci�n de hechos presumiblemente delictuosos, no pueden ingresar en un domicilio sin contar para ello con orden de autoridad judicial, pues el actuar que no satisfaga ese requisito elemental pugna con lo dispuesto por el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que esa garant�a tutela la inviolabilidad de todo domicilio, en el que se incluye tanto la casa habitaci�n como las negociaciones abiertas al p�blico, inclusive, acorde con esa disposici�n constitucional y con lo dispuesto por el art�culo 61, en relaci�n con el 284, ambos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, este tribunal estableci� esa conclusi�n al fallar los amparos directos penales ... promovidos por ... respectivamente, sustentando las tesis cuyos rubros y textos se transcriben enseguida: ?CATEO DE NEGOCIOS ABIERTOS AL P�BLICO. RESULTA ILEGAL Y CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO SE PRACTICA SIN SUJETARSE A LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL.? (se transcribe). ?DOMICILIO, INVIOLABILIDAD. ESTA GARANT�A, CONTENIDA EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL, PROTEGE TANTO A LA CASA HABITACI�N COMO LAS NEGOCIACIONES ABIERTAS AL P�BLICO, POR LO QUE CUALQUIER INTROMISI�N ARBITRARIA A �STAS ES ILEGAL Y, POR ENDE, CARENTE DE VALOR PROBATORIO.? (se transcribe). ?CATEO DE NEGOCIOS SIN ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL, DENOMINADO �OPERATIVO�. CARECE DE VALOR PROBATORIO.? (se transcribe). En esta tesitura, resulta evidente que si los elementos de la Polic�a Estatal Preventiva de Zacatecas, partiendo de una denuncia telef�nica an�nima, ingresaron a un domicilio en busca de objetos del delito, aseguraron el estupefaciente afecto a la causa y detuvieron a ... a quien pusieron a disposici�n del fiscal federal, es que se concluye que tal operativo policiaco constituye un cateo, mismo que se practic� sin orden de autoridad judicial, lo que torna a esa actuaci�n ilegal y, por ende, carente de valor probatorio, por as� establecerlo los preceptos legales citados con antelaci�n, deviniendo de lo anterior lo fundado de los conceptos de violaci�n que as� lo se�alan. La ilegalidad del cateo a que se ha hecho referencia, tambi�n priva de eficacia convictiva al parte informativo suscrito y ratificado por los elementos que participaron en esa actuaci�n, por ser una consecuencia directa del mismo, no as� lo atinente a la declaraci�n ministerial vertida por el aqu� quejoso, pues aun cuando con motivo de lo anterior fue privado de su libertad, puesto a disposici�n del Ministerio P�blico Federal y tomada su versi�n de los hechos, debe tomarse en cuenta que en diligencia posterior, independiente de la actuaci�n ilegalen comento, en su primer declaraci�n ante el Juez de la causa, expresamente manifest� ser conforme con el relato de hechos que expres� ante el fiscal federal, circunstancia que purga el vicio que pudiera revestir esa primer manifestaci�n ante el �rgano acusador (fojas 147 y 148). En este orden de ideas, una vez que se destacaron las violaciones contenidas en el acto reclamado, se impone conceder la protecci�n de la Justicia Federal a fin de que el Magistrado responsable deje insubsistente la sentencia combatida y dicte otra en la que, atendiendo a los razonamientos vertidos en la presente ejecutoria, prescinda de otorgar eficacia convictiva al cateo ilegal en que se asegur� el estupefaciente afecto a la causa, as� como al parte informativo y su ratificaci�n por parte de esos agentes, y con plenitud de jurisdicci�n analice y valore el resto del material probatorio y resuelva lo que en derecho corresponda.

  5. A. directo penal 516/2003, interpuesto por ... resuelto el primero de abril de dos mil cuatro:

    SEXTO. Supliendo en lo necesario la deficiencia de la queja, son fundados los conceptos de violaci�n. La quejosa reclama en su demanda de garant�as la resoluci�n definitiva de cuatro de septiembre de dos mil tres dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vig�simo Tercer Circuito dentro del toca de apelaci�n ... determinaci�n que confirm� la diversa sentencia de dos de julio de dos mil tres emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de A. dentro de la causa penal ... que fuera instruida a la mencionada quejosa, determinaci�n esta �ltima en la que se estim� probado el cuerpo del delito contra la salud en su modalidad de posesi�n de marihuana con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el art�culo 194 del C�digo Penal Federal, delito previsto y sancionado en el art�culo 195, p�rrafo primero, del ordenamiento legal enunciado, declar�ndose penalmente responsable sobre esa conducta il�cita a la ahora quejosa y, como consecuencia, se le impusieron las penas de prisi�n de cinco a�os y el equivalente a cien d�as multa. Se�ala la quejosa en su demanda de garant�as, que la sentencia reclamada no corresponde a las constancias de los autos del proceso, violando con ello sus garant�as. Supliendo en lo necesario dicho concepto, en este aspecto debe se�alarse que la responsable otorg� fuerza probatoria en la resoluci�n reclamada a algunas de tales constancias a las que debi� negarles fuerza probatoria. El tribunal responsable confirm� en su integridad la resoluci�n apelada emitida por el Juez Segundo de Distrito residente en la ciudad de A., A., quien a su vez otorg� valor probatorio tanto al parte informativo de fecha dos de julio de dos mil dos que obra a fojas 12 y 13 del proceso, como a las ratificaciones de dicho documento realizadas por sus suscriptores (fojas 23, 24 y 50 a 57), es decir, por los elementos aprehensores (apreciaci�n d.J. de Distrito que obra a vuelta de la foja 1023 hasta la vuelta de la foja 1024 del proceso), citando incluso el contenido de los mismos para apoyar el sentido de su resoluci�n (foja 1028 y vuelta de la misma). Para la confirmaci�n de la resoluci�n aludida, el tribunal responsable hizo la relaci�n de todas las constancias que obran en la causa, inclusive del parte informativo y ratificaciones respectivas antes precisados, a las que otorg� valor demostrativo relacion�ndolas entre s� y valoradas primeramente en lo individual, de acuerdo al contenido de los art�culos 284, 285 y 287 a 290 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, y luego en su conjunto, constancias de las que desprendi� la existencia de los hechos delictivos (foja 44 del toca ...); se observa tambi�n de la resoluci�n reclamada que para dictar sentencia en perjuicio de la ahora quejosa, fueron predominantemente tomadas en cuenta las declaraciones vertidas por los elementos aprehensores al ratificar el parte informativo ya mencionado, pues se tuvieron como hechos probados lo que por ellos fue narrado en dichas actuaciones (fojas 44, vuelta de la 45, 46 y vuelta de la 48). Incluso, para desestimar uno de los agravios de la ahora quejosa, la responsable se apoy� en el aludido parte informativo y en las declaraciones ministeriales de los elementos de la Direcci�n de Seguridad P�blica y Vialidad Municipal de A. de nombres ... haciendo referencia en realidad la responsable a la ratificaci�n que del parte mencionado hicieron dichos elementos aprehensores, y se�al� adem�s que de tales constancias se advert�an las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que detuvieron a la ahora quejosa y a otras personas. Este tribunal estima que al momento en que la responsable valor� el parte informativo de fecha dos de julio de dos mil dos, as� como la ratificaci�n que del mismo hicieron los elementos aprehensores, debi� observar que el actuar de �stos durante la pr�ctica del dispositivo especial del que deriv� ese parte informativo, constituy� en realidad un cateo sin los requisitos previos exigidos legalmente por el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, ya que tal actuaci�n no deriv� de una orden de autoridad judicial, circunstancia que el precepto mencionado sanciona con la carencia de valor probatorio de la diligencia practicada, sin que sea obst�culo para negarle valor demostrativo a ese tipo de actuaciones, el que los ocupantes del lugar en un momento dado hayan consentido la realizaci�n de la revisi�n respectiva. Se afirma que la actuaci�n de los elementos aprehensores al detener a la aqu� quejosa constituy� un cateo, y no s�lo eso, sino tambi�n una pesquisa, en virtud de todo lo que fue afirmado por ellos mismos en la ratificaci�n del parte informativo con n�mero de oficio 0556, pues en t�rminos similares se�alaron que el d�a de los hechos durante la realizaci�n de un dispositivo especial, colonos del fraccionamiento los pericos, les reportaron personalmente (sin que mencionen los nombres de dichas personas) la existencia de una finca en la que se encontraban varias personas drog�ndose y que tambi�n se dedicaban a la venta de estupefacientes, que tal circunstancia fue reportada al encargado del turno precis�ndosele el domicilio, por lo que acudieron al inmueble referido, mismo que indicaron los aprehensores, se encontraba abandonado o en obra negra, sin puertas ni ventanas, y en cuyo interior encontraron a cuatro personas visiblemente intoxicadas con resistol; que tambi�n localizaron envoltorios de papel revista conteniendo un vegetal verde y seco con las caracter�sticas de la marihuana y una ristra de pastillas de la marca Rivotril, sujetos a los que se les pregunt� el origen de los estupefacientes y psicotr�picos, quienes manifestaron que lo acababan de comprar en un inmueble cercano al lugar, a una persona que conocen como ... que tambi�n sol�an compr�rselos a una joven de nombre ... y a un sujeto de apodo ... que con posterioridad les indicaron a los elementos de seguridad p�blica la ubicaci�n del inmueble, al cual se dirigieron (sin que especifiquen en el oficio o en las ratificaciones respectivas la calle o el n�mero del domicilio), fuera del cual observaron la presencia de una mujer y un hombre, a quienes los mencionados detenidos identificaron como ... y que �stos llevaban consigo cada uno una bolsa, que se introdujeron al inmueble y en �l arrojaron las bolsas debajo de un camastro lugar donde fueron recuperadas (tal afirmaci�n obra en el oficio 0556 a foja 12 y en las ratificaciones del mismo a fojas 19, vueltas de las fojas 50, 53 y 56), y que al revisar su contenido observaron que la bolsa negra que llevaba la aqu� quejosa ten�a en su interior un vegetal verde y seco en gre�a con las caracter�sticas de la marihuana y que debajo del mismo camastro encontraron tambi�n botes, botellas y un garraf�n que conten�an resistol cinco mil. De todo lo anterior puede advertirse que los elementos de la Direcci�n de Seguridad P�blica y Vialidad Municipal de A., con posterioridad a que encontraron a unas personas drog�ndose y que �stas les indicaron el inmueble en que hab�an conseguido el resistol, estupefaciente y psicotr�picos que les fueron encontrados, acudieron al domicilio mencionado y observaron a la aqu� quejosa con otra persona llevando consigo unas bolsas cuyo contenido ignoraban los elementos policiacos en ese momento, que la ahora quejosa y su acompa�ante se introdujeron a dicho inmueble y los elementos policiacos los siguieron y motu proprio tambi�n se adentraron al domicilio, mismo que revisaron hasta que hicieron el hallazgo de la yerba verde y seca debajo de un camastro, el cual a su vez se encontraba en un cuarto del inmueble, vegetal que posteriormente se determin� pericialmente correspond�a a las caracter�sticas del estupefaciente denominado marihuana. Las circunstancias narradas al inicio del p�rrafo anterior exig�an que los elementos de seguridad p�blica, una vez que obtuvieron indicios de la existencia de la realizaci�n de il�citos dentro del inmueble en segundo t�rmino mencionado, acudieran a comunic�rselo al Ministerio P�blico, para que esta instituci�n, en respeto de la garant�a contemplada en el art�culo 16 constitucional, a su vez solicitara y obtuviera la orden de autoridad judicial que la facultara a realizar el cateo en el domicilio en donde adquir�an la droga quienes supuestamente denunciaron su venta, por lo que si no actuaron de tal forma los elementos policiacos, su actuaci�n, el parte u oficio derivado de ella, de n�mero 0556 y la ratificaci�n respectiva, carecen de eficacia probatoria en t�rminos del art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que a la letra establece: ?Art�culo 61. Cuando en la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico estime necesaria la pr�ctica de un cateo, acudir� a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden com�n, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, as� como la ubicaci�n del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia. Al concluir el cateo se levantar� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia. Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.?. Precepto del que se advierte adem�s que de acuerdo a las circunstancias del caso, no obsta que la ahora quejosa haya manifestado en su declaraci�n ministerial que los elementos de seguridad p�blica le pidieron que los dejara entrar al domicilio y que aqu�lla haya accedido (foja 91). Ni aun so pretexto de la flagrancia pod�a estimarse legal la actuaci�n de los elementos policiacos para por ello otorgarle validez al parte informativo y a su ratificaci�n, pues en primer t�rmino, no existi� tal flagrancia ya que en el momento en que los referidos elementos encontraron fuera del inmueble a la aqu� quejosa y a la diversa persona de nombre ... con bolsas en mano, sin importar que aqu�llos pudieran sospechar su contenido, en realidad lo ignoraban, y de cualquier forma aun cuando lo hubieran conocido previamente y existiera la flagrancia, no pod�an acceder al inmueble a catearlo o a buscar el estupefaciente sin la orden de autoridad competente. Tampoco obsta a los anteriores razonamientos la excusa enunciada por el tribunal responsable de que la posesi�n del estupefaciente por parte de la aqu� quejosa la ejerci� en un lugar p�blico, pues aun cuando pudiera demostrarse la identidad entre la bolsa que se observ� que ten�a aquella en sus manos afuera del inmueble y la que incautaron adentro del mismo, no pod�a ser excusa para la obtenci�n ilegal de la prueba y que encima de ello le fuera otorgado valor probatorio al oficio y ratificaci�n derivados de dicha diligencia contraviniendo el contenido de los art�culos 16 constitucional y 61, p�rrafo tercero, del c�digo adjetivo penal federal. Tampoco sirve de excusa la circunstancia de que el inmueble no estuviera habitado por la aqu� quejosa, seg�n lo afirm� su coprocesado ... en su declaraci�n preparatoria (vuelta de la foja 134 del proceso), pues la garant�a contemplada en el art�culo 16 de la Constituci�n Federal no s�lo protege al gobernado contra violaciones arbitrarias de autoridad a su domicilio particular, sino tambi�n por las dem�s propiedades y posesiones del mismo, y obviamente que la quejosa se encontraba en posesi�n f�sica del inmueble, adem�s que no est� plenamente demostrado que la finca estuviera deshabitada, pues por el contrario ... el propio ... e incluso la ahora quejosa, inicialmente aseveraron que esta �ltima viv�a ah� (ver fojas 80 vuelta, 83, 87, 91 y 104), e incluso ten�a puerta de acceso el inmueble (foja 83); ni obsta la circunstancia de que el inmueble haya estado en aparente construcci�n, pues seg�n las constancias de autos, s�lo uno de sus cuartos lo estaba. De tal forma para que los elementos policiacos pudieran ingresar al domicilio en el que detuvieron a la ahora quejosa, debieron cubrir los requisitos ya mencionados y contar a final de cuentas con una orden de la autoridad judicial que fuera competente, y si no lo hicieron as�, se reitera, su actuar no s�lo se desapega al contenido del art�culo 61 del c�digo adjetivo antes citado y carece de valor probatorio, sino que adem�s pugna con lo dispuesto por el art�culo 16 constitucional, pues tal precepto garantiza o salvaguarda la inviolabilidad de todo domicilio y de las posesiones del individuo gobernado, a fin de que este s�lo pueda ser molestado mediante la expedici�n de una orden de autoridad competente que funde y motive el acto de molestia. O. en este aspecto la tesis cuyo rubro, texto y datos de ubicaci�n son los siguientes: ?CATEO SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE O SIN LOS REQUISITOS LEGALES. NULIFICA EL RESULTADO DEL MISMO Y DE LAS ACTUACIONES QUE DE �L EMANEN.? (se transcribe). Por otra parte, el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos al hablar de domicilio, no s�lo se refiere al lugar en que habita el particular gobernado, sino que la inviolabilidad domiciliaria est� contemplada para toda persona sea f�sica o sea moral, p�blica o privada, que ocupe por alguna causa legal un inmueble, por lo que este tribunal ha estimado que incluso las negociaciones abiertas al p�blico est�n protegidas por esa tutela otorgada por el precepto constitucional, como as� se interpret� en los criterios aislados de rubros, textos y datos de localizaci�n siguientes: ?CATEO DE NEGOCIOS SIN ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL, DENOMINADO �OPERATIVO�. CARECE DE VALOR PROBATORIO.? (se transcribe). ?CATEO DE NEGOCIOS ABIERTOS AL P�BLICO. RESULTA ILEGAL Y CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO SE PRACTICA SIN SUJETARSE A LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL.? (se transcribe). Circunstancias todas las anteriormente narradas que no fueron ponderadas por la autoridad responsable al momento de resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la aqu� quejosa y al pronunciarse sobre el valor demostrativo tanto del oficio 0556, como de la ratificaci�n que del mismo hicieron los suboficiales preventivos de la Direcci�n General de Seguridad P�blica y Tr�nsito Municipal, mismas circunstancias que debieron ser precisadas por la propia responsable supliendo los agravios de la aqu� quejosa en t�rminos del art�culo 364 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. Por todo lo anterior, es de concederse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada y en su lugar dicte otra en la que, atendiendo a los razonamientos expresados en esta ejecutoria, desestime eficacia probatoria alguna tanto al cateo ilegal en que se asegur� la droga afecta a la causa, como al oficio 0556 y a la ratificaci�n hecha por los elementos aprehensores, y con plenitud de jurisdicci�n analice y valore el resto del material demostrativo, resolviendo lo que en derecho corresponda. Al resultar fundado el concepto de violaci�n antes estudiado, supli�ndolo en lo necesario, y teniendo el efecto la concesi�n del amparo el que se deje insubsistente la resoluci�n reclamada, resulta innecesario abordar el estudio de los restantes conceptos de violaci�n.

  6. A. directo penal 213/2004, interpuesto por ... resuelto el diez de mayo de dos mil cuatro:

    SEXTO. Los conceptos de violaci�n expresados por la quejosa son en una parte inoperantes y en otra infundados. Previo a exponer las razones que apoyan la conclusi�n anterior, es pertinente resaltar que en relaci�n con el presente asunto, este �rgano colegiado, por mayor�a de votos concedi� a la quejosa ... el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, en el acuerdo correspondiente al cuatro de marzo de dos mil cuatro, dentro del amparo directo penal n�mero ... promovido en contra del acto reclamado que se hizo consistir en la sentencia de veintid�s de enero de la misma anualidad, pronunciada por el Tribunal Unitario responsable dentro del toca penal n�mero ... . Conviene destacar que los efectos precisos para los que se concedi� la protecci�n de la Justicia de la Uni�n, fueron los siguientes: ?... En este orden de ideas, una vez que se destacaron las violaciones contenidas en el acto reclamado, se impone conceder la protecci�n de la Justicia Federal a fin de que el Magistrado responsable deje insubsistente la sentencia combatida y dicte otra en la que, atendiendo a los razonamientos vertidos en la presente ejecutoria, prescinda de otorgar eficacia convictiva al cateo ilegal practicado por los elementos de la Agencia Federal de Investigaci�n en el negocio en que aseguraron el estupefaciente y psicotr�picos afectos a la causa, al parte informativo y su ratificaci�n por parte de esos agentes, as� como a la declaraci�n ministerial vertida por ... y con plenitud de jurisdicci�n analice y valore el resto del material probatorio y resuelva lo que en derecho corresponda.?. Al cumplimentar esa ejecutoria de amparo, el Magistrado responsable neg� valor probatorio a los medios de convicci�n precisados en el p�rrafo que antecede, y partiendo del estudio del resto de las pruebas, confirm� en sus t�rminos la sentencia condenatoria de primera instancia, en la que se tuvo a ... como penalmente responsable en la comisi�n del delito contra la salud en la modalidad de posesi�n de clorhidrato de coca�na y psicotr�picos, con la finalidad de vender esas sustancias, imponi�ndosele la pena de cinco a�os y dos meses de prisi�n y multa por el equivalente a ciento quince d�as multa de salario m�nimo vigente en el lugar y �poca de ejecuci�n de la conducta il�cita. Ahora bien, en los conceptos de violaci�n se afirma, en lo sustancial, que al haberse declarado ilegal el cateo practicado en la negociaci�n de la aqu� solicitante del amparo, tambi�n se debi� declarar nula su declaraci�n ministerial por ser este acto derivado de esa diligencia. Este tribunal estima que el anterior motivo de inconformidad es inoperante, toda vez que, en torno a la declaraci�n ministerial de ... este �rgano colegiado ya se pronunci� en el diverso juicio de garant�as 74/2004, en el sentido siguiente: ?La ilegalidad del cateo a que se ha hecho referencia, tambi�n priva de eficacia convictiva al parte informativo suscrito y ratificado por los elementos que participaron en esa actuaci�n, por ser una consecuencia directa del mismo, no as� lo atinente a la declaraci�n ministerial vertida por la aqu� quejosa, pues aun cuando con motivo de esa incursi�n en su negociaci�n fue privada de su libertad, puesta a disposici�n del Ministerio P�blico Federal y tomada su versi�n de los hechos, debe tomarse en cuenta que en diligencia posterior, independiente de la actuaci�n ilegal en comento, en suprimer declaraci�n ante el Juez de la causa, expresamente manifest� ser conforme con el relato de hechos que expres� ante el fiscal federal por as� haber acontecido los mismos, circunstancia que purga el vicio que pudiera revestir esa primer manifestaci�n ante el �rgano acusador.?. Como puede advertirse, en la ejecutoria en comento expresamente se estableci� la eficacia convictiva de la declaraci�n ministerial vertida por ... exponi�ndose las razones que sustentan esa conclusi�n. Por consiguiente, en la presente ejecutoria no es jur�dicamente factible que el tribunal se avoque al estudio de la legalidad de ese medio de prueba, a fin de determinar su nulidad, como lo solicita la quejosa, pues de hacerlo se vulnerar�a el principio de cosa juzgada y firmeza de las sentencias de amparo, deviniendo de lo anterior lo inoperante de ese motivo de queja. En otro orden de ideas, en la demanda de amparo se efect�a la rese�a de los efectos de la protecci�n de la Justicia Federal conferida a la quejosa, as� como al voto particular emitido por el Magistrado disidente, para finalmente afirmar, en esencia, que la inspecci�n del estupefaciente y narc�tico asegurados, as� como la prueba pericial en que se dictamin� lo anterior, tambi�n carecen de valor probatorio por derivar directamente de la diligencia de cateo declarada ilegal, apoyando su argumento en lo dispuesto por los art�culos 61, en relaci�n con el 27 Bis, ambos del C�digo Federal de Procedimientos Penales. Tambi�n refiere que al resultar inv�lidas o nulas las pruebas precisadas en el p�rrafo que antecede, debi� tenerse por excluido el delito en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 15 del C�digo Penal Federal, pues aun cuando se hubiera confesado la existencia del estupefaciente y narc�ticos localizados en la negociaci�n de la ahora solicitante del amparo, ello es insuficiente por constituir s�lo un indicio aislado no robustecido con ning�n otro medio de convicci�n. Este tribunal estima que no le asiste la raz�n a la solicitante del amparo, toda vez que, partiendo de la base de que el Magistrado responsable estuvo en lo correcto al valorar y otorgar eficacia convictiva a la declaraci�n ministerial vertida por ... (fojas 63 a 68), en la que expresamente reconoci� que en el lugar y fecha de su detenci�n ten�a dentro de su radio de acci�n y disponibilidad el estupefaciente y psicotr�picos afectos a la causa, aduciendo al respecto que los cien envoltorios de clorhidrato de coca�na le fueron entregados por una persona de nombre ... alias ... a fin de que los vendiera en cien pesos cada uno, en el entendido de que de cada diez que vendiera s�lo entregar�a el producto de siete, pues los tres restantes ser�an su ganancia; adem�s, aun cuando por lo general los traileros que acuden a su negociaci�n s�lo consumen pastillas, las que le fueron aseguradas las adquiri� ella sin receta en la farmacia ... ya que las consumen para que se les quite el sue�o y s�lo en dos ocasiones le dio a un trailero dos asenlix, pero que es cierto que al momento en que fue aprehendida entreg� a los agentes el clorhidrato de coca�na, pero como no quedaron conformes siguieron buscando y encontraron las pastillas que tambi�n le aseguraron. As� las cosas, aun cuando el aseguramiento del estupefaciente y psicotr�picos en comento tambi�n se efectu� al momento en que se practic� la diligencia de cateo declarada ilegal por este �rgano colegiado en la ejecutoria pronunciada en este mismo asunto en el acuerdo correspondiente al cuatro de marzo del a�o en curso, el vicio que esa ilegalidad reviste no tiene el alcance de nulificar la inspecci�n de esas sustancias ni la pericial en que se dictamin� que corresponden a clorhidrato de coca�na y clobenzorex, este �ltimo bajo el nombre comercial asenlix (fojas 47 y 50 a 53 del proceso penal), pues, por una parte fueron aportadas a la averiguaci�n de acuerdo con las reglas que rigen su obtenci�n y con total independencia del cateo ilegal, esto es, su originalidad o fuente no derivan del cateo ni de los sujetos que lo realizaron y, por otra, se encuentran vinculados con la confesi�n que respecto a su existencia y finalidad verti� ante el Ministerio P�blico ... ratificada en preparatoria ante el Juez de la causa (foja 130). En este contexto, si la ahora quejosa expresamente reconoci� ante el fiscal federal y Juez de la causa haber pose�do al momento en que fue detenida el estupefaciente y psicotr�picos que le fueron asegurados, as� como que la primer sustancia le fue entregada para que la vendiera en el negocio de su propiedad, y haber reconocido que los traileros que acuden a su negociaci�n generalmente consumen pastillas, as� como que en una ocasi�n regal� dos de las denominadas asenlix a uno de ellos, es que se estima que el Magistrado responsable estuvo en lo correcto al otorgar eficacia probatoria a las pruebas de inspecci�n de esas sustancias y pericial en que se dictamin� su car�cter de estupefacientes y psicotr�picos, para finalmente tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito contra la salud en la modalidad de posesi�n de esas sustancias con la finalidad de transmitirlas a terceros por medio de venta, conducta il�cita que se encuentra prevista y sancionada en el primer p�rrafo del art�culo 195 del C�digo Penal Federal, deviniendo de lo anterior lo infundado de los conceptos de violaci�n en estudio.

  7. A. directo penal 191/2004, interpuesto por ... resuelto el veinte de mayo de dos mil cuatro:

    SEXTO. Uno de los conceptos de violaci�n formulados en la demanda de amparo, suplido en su deficiencia en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 76 Bis, fracci�n II, de la Ley de A., es fundado para conceder la protecci�n constitucional impetrada. Antes de exponer los motivos de ello, resulta conveniente dejar establecido lo siguiente: De la lectura de la resoluci�n reclamada, se obtiene, entre otras cuestiones, que el Magistrado del Tribunal Unitario del Vig�simo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, capital del Estado del mismo nombre, estim� legalmente acreditados en los autos de la causa penal n�mero ... del �ndice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de S.L.P.�, con residencia en Ciudad Valles, en la misma entidad federativa, tanto los elementos del cuerpo del delito contra la salud en la modalidad de posesi�n de coca�na, previsto y sancionado por el art�culo 195, p�rrafo primero, del C�digo Penal Federal, como la plena responsabilidad penal de ... en su comisi�n. La decisi�n judicial aludida, en opini�n de este Tribunal Colegiado, es ajustada a derecho por los motivos que a continuaci�n se exponen: El citado tribunal responsable, para tener por justificados aquellos aspectos, tom� en cuenta de la citada causa penal, los medios de prueba siguientes: 1. Diligencia asentada el treinta y uno de marzo de dos mil tres, por el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, en Ciudad Valles, S.L.P.�, en la que dicha autoridad hizo constar que a las dos horas con cuarenta minutos de esa propia fecha recibi� una llamada telef�nica de una persona al parecer del sexo femenino, quien le inform� que en la habitaci�n n�mero 45, del hotel ... ubicado en la calle ... se encontraba una persona vendiendo coca�na; que ten�a conocimiento de ello porque en el pantal�n de su hijo hab�a encontrado una bolsita de polietileno transparente que conten�a un polvo blanco; que le pregunt� a su hijo sobre la procedencia del polvo y �ste le manifest� que era adicto al consumo de la ?soda? refiri�ndose a la coca�na; que un individuo se la hab�a ofrecido cuando se encontraba en el bar ... y que le dijo que si necesitaba m�s se encontrar�a en el cuarto cuarenta y cinco, del citado hotel (foja 6). 2. Fe ministerial asentada el treinta y uno de marzo de dos mil tres, respecto de una bolsa de polietileno transparente que contiene varias bolsas vac�as del mismo material; una bolsa de polietileno transparente que contiene cinco bolsas del mismo material y cada una de �stas a su vez un polvo blanco al parecer coca�na que al ser pesadas cada una arrojando el siguiente peso bruto bolsa 1.1.7 gramos, bolsa 2.2.9 gramos, bolsa 3.0.7 gramos, bolsa 4.1.1 gramos, bolsa 5.1.8 gramos; y, de una bolsa de polietileno negra y dentro de una bolsa de polietileno transparente conteniendo un polvo blanco al parecer coca�na, misma que arroj� un peso bruto de 25.7 gramos (foja 34.3. Declaraci�n de ... rendida el treinta y uno de marzo de dos mil tres, ante el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, en ciudad Valles, S.L.P.�, en la que esencialmente expuso que es propietario del hotel ... que a la persona que se llama ... lo conoce con el nombre de ... dado que con ese nombre se hab�a registrado las veces que fue a hospedarse en el hotel; que lo ha hecho por m�s de quince ocasiones y cada que lo hace se hospeda por dos o tres d�as; que dicho sujeto era buscado por diferentes personas al hotel; y que el d�a de los hechos fue la polic�a y le dijeron que iban a revisar la habitaci�n n�mero cuarenta y cinco, que era donde estaba hospedado aquel individuo; que una vez que estuvieron ah�, uno de los polic�as le dijo ?ya viste lo que tiene este cabr�n?; que despu�s supo que era droga o coca�na, pero en ning�n momento se enter� que la persona tuviera esa droga en la habitaci�n (fojas 41 a 44). 4. Dictamen qu�mico emitido por la qu�mico farmacobi�logo ... en el que determin� que las seis bolsas de polietileno transparente que conten�an un polvo blanco con las caracter�sticas f�sicas de la coca�na, al ser analizado qu�micamente, se trata de clorhidrato de coca�na, considerado como estupefaciente por la Ley General de Salud. Dictamen que fue ratificado por su suscriptor el primero de abril de dos mil tres, ante el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n (fojas 65 a 67). 5. Declaraci�n preparatoria de ... rendida el tres de abril de dos mil tres, ante el Juez Quinto de Distrito en el Estado de S.L.P.�, con residencia en la ciudad de Zacatecas, en la que textualmente expuso: que no est� de acuerdo con la declaraci�n ministerial porque fue obligado a firmarla, que soy adicto a la droga y lo que ten�a era para consumo personal, y el se�or ... no tiene nada que ver, yo nunca he tenido tratos con �l y a ... yo no lo conozco, siendo todo lo que tiene que manifestar.? (fojas 98 y 99). Los anteriores medios de prueba que se aprecian relacionados en la sentencia que se reclama y se dan aqu� por reproducidos, fueron legalmente estimados por el tribunal ad quem conforme a las reglas de justipreciaci�n contenidas en los art�culos 279 al 290 del C�digo Federal de Procedimientos Penales y, por ende, debe convenirse por dicho �rgano jurisdiccional, en que los mismos son aptos y suficientes para acreditar en t�rminos del numeral 168 de la legislaci�n adjetiva en cita, tanto los elementos que integran el cuerpo del delito contra la salud en la modalidad de posesi�n de clorhidrato de coca�na, previsto y sancionado por el art�culo 195, p�rrafo primero, del C�digo Penal Federal, como la plena responsabilidad de ... en su comisi�n. Y es que, tales probanzas concatenadas entre s�, resultan suficientes para demostrar en lo sustancial, que ... aproximadamente a las trece horas del treinta y uno de marzo de dos mil tres, al encontrarse en la habitaci�n n�mero cuarenta y cinco, del hotel ... ubicado en la calle ... de ciudad Valles, S.L.P.�, pose�a dentro de su radio de acci�n y �mbito de disponibilidad inmediata, 33.9 gramos de un polvo blanco que al ser analizado qu�micamente result� ser clorhidrato de coca�na; conducta que realiz� en contravenci�n a las leyes sanitarias en vigor, por no contar con la autorizaci�n correspondiente para ello; posesi�n la anterior de esa droga, que era con la finalidad de realizar algunas de las conductas a que se refiere el art�culo 194 del C�digo Penal Federal, porque aun cuando hubiese manifestado ser adicto al consumo de ese estupefaciente, dentro de las constancias del sumario no obra dictamen pericial alguno que corrobore tal adicci�n; adem�s parte de ese narc�tico se encontraba distribuido en cinco peque�as bolsas de polietileno transparente, siendo esa presentaci�n la id�nea para su distribuci�n; asimismo, dicho inodado no dio raz�n alguna del por qu� se encontraba en el hotel en que fue detenido, pues tiene su domicilio en ... S.L.P.�, seg�n lo refiri� al proporcionar sus generales en la declaraci�n preparatoria; de igual manera es de tomarse en cuenta que la raz�n por la cual se constituyeron los elementos de la Agencia Federal de Investigaci�n y el fiscal de la Federaci�n en el citado hotel, fue para verificar la veracidad de la denuncia recibida por el representante social investigador, en el sentido de que una persona se encontraba en la habitaci�n n�mero cuarenta y cinco del hotel ... vendiendo coca�na; tambi�n es de destacarse que ... al declarar ministerialmente expuso que ... se hab�a registrado en el hotel de su propiedad por m�s de quince veces y que diferentes sujetos lo iban a buscar al hotel. Con lo que v�lidamente puede estimarse que se encuentran acreditados los elementos que integran tanto el cuerpo del delito y modalidad apuntados, como la plena responsabilidad del acusado en su comisi�n, m�xime que ... al declarar en v�a de preparatoria acept� poseer el enervante en las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasi�n expuestas, pero adem�s existe en su contra lo declarado por ... en los t�rminos precisados; todo lo cual, enlazado y concatenado entre s� resulta suficiente para considerarlo penalmente responsable del delito que se atribuye. Por tanto, al considerar este Tribunal Colegiado que es legal el proceder del Tribunal Unitario responsable en la sentencia reclamada, al tener por acreditados los mencionados aspectos, los conceptos de violaci�n que sobre los mismos expone el defensor p�blico federal del quejoso son infundados. En efecto, en aqu�llos en esencia se aduce que en el caso se actualiza la excluyente del delito prevista por el art�culo 15, fracci�n II, del C�digo Penal Federal, dado que como la detenci�n de ... se verific� en virtud de un cateo practicado en contravenci�n del art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y del numeral 61, del C�digo Federal de Procedimientos Penales, entonces esa circunstancia es nula de pleno derecho y, por tanto, como las dem�s diligencias derivan de esa ilegal detenci�n tambi�n deben de estimarse nulas; criterio jur�dico el anterior que el promovente del amparo basa en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero ... de fecha veintid�s de octubre de dos mil tres, en el que se determin� medularmente, por un lado, que las pruebas recabadas con posterioridad a la verificaci�n del ilegal cateo, tales como el aseguramiento de la droga, la fe ministerial y dictamen qu�mico practicado sobre la misma, emanaban como una consecuencia l�gica, natural y necesaria de aqu�l, dado que si los polic�as no hubiesen irrumpido de manera ilegal al domicilio del inculpado, no hubieran asegurado la droga ni detenido al quejoso, y menos a�n se hubiese practicado la fe ministerial de la droga ni el dictamen qu�mico sobre tal enervante; y por otro, que dada la ilegalidad del cateo en el domicilio del inculpado, las actuaciones que constituyen una consecuencia de aqu�l, tambi�n carecen de eficacia jur�dica. Asimismo, expone el peticionario de amparo, que contrariamente a lo expuesto por el Tribunal Unitario responsable, los art�culos 27 Bis y 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, establecen la nulidad de lo que proviene de actos nulos. Sin embargo, se sostiene que tales argumentos resultan infundados, pues el tema al respecto ya fue resuelto por este Tribunal Colegiado en la ejecutoria emitida en sesi�n celebrada el diez de mayo de dos mil cuatro, en la que se resolvi� el juicio de amparo directo ... determin�ndose: ?As� las cosas, aun cuando el aseguramiento del estupefaciente y psicotr�picos en comento tambi�n se efectu� al momento en que se practic� la diligencia de cateo declarada ilegal por este �rgano colegiado en la ejecutoria pronunciada en este mismo asunto en el acuerdo correspondiente al cuatro de marzo del a�o en curso, el vicio que esa ilegalidad reviste no tiene el alcance de nulificar la inspecci�n de esas sustancias ni la pericial en que se dictamin� que corresponden a clorhidrato de coca�na y clobenzorex, este �ltimo bajo el nombre comercial asenlix (fojas 47 y 50 a 53 del proceso penal), pues, por una parte fueron aportadas a la averiguaci�n de acuerdo con las reglas que rigen su obtenci�n y con total independencia del cateo ilegal, esto es, su originalidad o fuente no derivan del cateo ni de los sujetos que lo realizaron y, por otra, se encuentran vinculados con la confesi�n que respecto a su existencia y finalidad verti� ante el Ministerio P�blico ... ratificada en preparatoria ante el Juez de la causa ...?. A mayor abundamiento, se sostiene que son independientes a aquel cateo, las pruebas que se recaben subsecuentemente a �ste, como por ejemplo, el dictamen pericial practicado al objeto sobre el cual recay� la acci�n, o bien, la declaraci�n del detenido o de alg�n testigo diferente a los aprehensores, pues por un lado, al tener conocimiento la fiscal�a investigadora de un hecho delictivo, est� obligada a recabar todos los medios de prueba pertinentes para su comprobaci�n, as� como para la demostraci�n de la participaci�n del o los responsables, en t�rminos de lo dispuesto por el cap�tulo II, del t�tulo segundo, del C�digo Penal Federal; y por otro, porque para tal efecto, se tiene que circunscribir a las exigencias que para cada uno de esos medios de prueba establecen para su desahogo, los cap�tulos del I al VIII, del t�tulo sexto, de la invocada codificaci�n adjetiva; por tanto, a menos que su recepci�n y desahogo adolezcan de alg�n vicio de ilegalidad, solamente con ello pueden declararse nulas, mas no as� por la sola circunstancia que plantea el defensor p�blico en los mencionados conceptos de violaci�n. Pero adem�s, se reitera que los aludidos medios de prueba son independientes de aquella diligencia ilegal, toda vez que su resultado no depende de �sta, puesto que bien puede darse el caso de que el detenido no confiese su participaci�n en el hecho que se le atribuye o bien que alguno de los testigos al declarar en lugar de perjudicar favorezca al detenido; de ah� que no es jur�dicamente posible estimar como se aduce en los conceptos, que las pruebas recabadas con posterioridad al cateo que se practic� sin reunir los requisitos legales, sean nulas por esta sola circunstancia.

CUARTO

El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el veintid�s de octubre de dos mil tres, el amparo en revisi�n penal 376/2003, interpuesto por ... por conducto de su defensor ... realiz� las consideraciones que a continuaci�n se reproducen:

QUINTO. ... As� las cosas conviene recordar que el quejoso en su demanda de amparo al combatir la resoluci�n de segunda instancia que confirm� el auto de formal prisi�n dictado en su contra por el delito contra la salud en su modalidad de posesi�n de diversos narc�ticos con fines de venta, adujo que los datos probatorios obtenidos en virtud del ilegal cateo o allanamiento de su domicilio, no pueden ser tomados en cuenta v�lidamente para el dictado del auto de formal procesamiento, debido a que los mismos son nulos por no satisfacer los requisitos exigidos por el art�culo 16 de la Constituci�n Federal y 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. Para determinar lo anterior, conviene precisar que el Juez de la causa para dictar el auto de formal prisi�n tom� en consideraci�n entre otras pruebas las siguientes: a) Las declaraciones rendidas por ... (agentes de la Polic�a Estatal Preventiva en Zacatecas), quienes al comparecer ante el Ministerio P�blico de la Federaci�n ratificaron el oficioa trav�s del cual pusieron a disposici�n de esa autoridad al aqu� quejoso ... y, adem�s, manifestaron en forma uniforme que aproximadamente a la 1:30 horas del veinticuatro de marzo de dos mil tres, realizaban un rond�n de vigilancia en la colonia ... en la ciudad de Zacatecas, cuando una se�ora de nombre ... les manifest� que en el interior de su domicilio estaban dos personas en el pasillo de la vecindad drog�ndose e ingiriendo bebidas embriagantes y que al parecer llevaban a cabo una compraventa de droga que la citada ... le renta un cuarto de dicha vecindad a ... y que despu�s de que la mencionada se�ora les firm� por escrito la autorizaci�n para que ingresaran a su domicilio, as� lo hicieron y fue donde encontraron al aqu� quejoso en compa��a de ... a quienes interrogaron acerca de s� ten�an alg�n arma adem�s de practicarles una revisi�n corporal, y que fue as� como al aqu� quejoso le encontraron en su poder una maleta con diversos objetos, entre ellos, una bolsa con aproximadamente ciento treinta y ocho gramos de cannabis; setenta y ocho gramos de hach�s; siete pastillas psicotr�picas marca Clonazepam y ocho envoltorios de crack; b) Fe ministerial de una bolsa de polietileno transparente con vegetal verde y seco, oloroso caracter�stico a la marihuana, con peso de ciento treinta y un gramos dos miligramos; una bolsa de polietileno con una pasta de color caf� al parecer hach�s, con peso neto de setenta y seis gramos; siete pastillas rivotril de dos miligramos, envueltas en su empaque con la leyenda clonazepam y ocho envoltorios con un polvo blanco al parecer coca�na, con peso neto de un gramo ocho miligramos; c) Dictamen qu�mico en donde se concluy� que el vegetal verde y seco corresponde a cannabis sativa I. conocida com�nmente como marihuana; la sustancia pastosa color caf� corresponde a resina de cannabis sativa I, conocida com�nmente como hach�s; las tabletas corresponden a rivotril y contiene como principio activo clonazepam cuya presentaci�n comercial es de dos miligramos y es considerada como un psicotr�pico por la Ley General de Salud; y el polvo blanco contenido en ocho envoltorios corresponde a clorhidrato de coca�na; d) Declaraci�n de ... quien ante el Ministerio P�blico de la Federaci�n manifest� que el d�a de los hechos estaba en la vecindad porque fue a buscar a su amigo ... al que no encontr�, que en eso sali� ... del cuarto que sigue, que estuvieron platicando y este �ltimo invit� al declarante a tomar, que se quedaron fuera del cuarto de ... sin que el declarante entrara en momento alguno al mismo, que la due�a de la casa le pidi� a ... que entrara a su cuarto porque en la vecindad hab�a ni�os y gente que ten�a que trabajar, por lo que ... se alter� bastante y la se�ora le hizo saber que iba hablar con la polic�a; que aproximadamente a las 1:30 horas del d�a de los hechos lleg� la polic�a y les practic� revisi�n, sin que se les encontrara nada, que al ahora quejoso ... le encontraron en su cuarto una mochila que ten�a una c�mara de video, una bolsa de marihuana, hachis y que los polic�as dec�an que hasta crack tra�a, y que por ello los detuvieron; que nunca le ha comprado a ... ning�n tipo de estupefaciente, pero que a alguno de sus amigos ... les vende de veinte a cincuenta pesos, que se ha percatado de que en la plaza ... es donde lleva a cabo la venta de marihuana, que la se�ora dej� entrar a la polic�a a la vecindad, pero ... no los dej� entrar al cuarto; e) Declaraci�n de ... quien ante el Ministerio P�blico de la Federaci�n manifest� su conformidad con el escrito que suscriben los elementos de la polic�a preventiva ya que as� ocurrieron los hechos; agregando que aproximadamente a la una de la ma�ana del veinticuatro de marzo de dos mil tres sali� a la calle y en eso pas� una patrulla, quienes se detuvieron a brindarle auxilio, ya que momentos antes en la vecindad ... y otra persona estaban ingiriendo bebidas embriagantes, platicando muy fuerte y diciendo palabras obscenas, por lo que le pidi� a ... que entrara a su cuarto, pues hab�a menores y gente que dormir, que dicha persona la empez� a insultar, dici�ndole que �l por eso pagaba la renta y que pod�a hacer lo que quisiera en su casa, motivo por el cual la declarante les dio permiso a los polic�as para que entraran a la vecindad y les firm� por escrito dicho permiso, que los citados elementos de la polic�a entraron a la vecindad y sorprendieron en el pasillo a ... y a su compa�ero, les practicaron revisi�n sin encontrarles nada a ninguno de los dos, pero al revisar el cuarto de ... le encontraron una bolsa con marihuana, una pasta color caf�, siete pastillas y ocho envoltorios de un polvo blanco, mismo que al pon�rsele a la vista reconoce como los que fueron asegurados al citado ... que, adem�s, al referido ... lo buscan mucho los muchachos ya que llegan y preguntan por su t�o, que visitan el cuarto de ... y se rumora que se dedica a la venta de marihuana; y f) Declaraci�n del aqu� quejoso ... quien manifest� que no est� de acuerdo con el contenido del oficio a trav�s del cual fue puesto a disposici�n del Ministerio P�blico de la Federaci�n, la ratificaci�n del mismo y testimonio de ... ya que la verdad de los hechos es que aproximadamente las 1:00 horas del veinticuatro de marzo de dos mil tres, se encontraba tomando cerveza afuera de su cuarto, en el pasillo de la vecindad, en compa��a de ... que en ese momento se presentaron elementos de la Polic�a Estatal Preventiva, y les dijeron que no se movieran, que otros entraron a su cuarto, a lo que volte� y les dieron una cachetada, ya que les dec�a que eran sus cosas, que de ah� los sacaron (al quejoso y a ...) y los llevaron a las patrullas, que como les manifest� que ten�a fr�o le llevaron su chamarra en la que ten�a mil setecientos setenta pesos pero �nicamente dejaron a disposici�n ochocientos pesos, entreg�ndole su credencial de elector y algunas cosas de plata de su propiedad; que es adicto desde hace aproximadamente treinta y cinco a�os, que consume diez cigarros diariamente, que la marihuana la consigue en el lugar denominado ... en las v�as del ferrocarril ya que ah� se juntan a viciar y ah� va a vender una persona denominada ... que la marihuana se la compro el viernes en trescientos pesos y el hachis en setenta pesos, que la coca�na y pastillas no son suyas y que tiene conocimiento de que no debe regalar ni vender droga porque es penado; que s�lo conoce como de su propiedad la marihuana y el hachis, no as� la coca�na y pastillas; que no autoriz� a los elementos aprehensores para que ingresaran a su vivienda, que no le presentaron ninguna orden de cateo ni le mostraron autorizaci�n por escrito de la propietaria del inmueble, que tampoco se identificaron como elementos de la Polic�a Estatal Preventiva, aunque �l los identific� por el uniforme; que la mochila en donde se localiz� el estupefaciente estaba en el interior de su cuarto. Cabe se�alar que el oficio a trav�s del cual los agentes aprehensores pusieron al quejoso a disposici�n del Ministerio P�blico Federal, es del tenor siguiente: ?Los suscritos agentes de la Polic�a Estatal Preventiva nos permitimos hacer de su conocimiento que siendo aproximadamente las 01:30 hrs., del d�a de la fecha, al realizar un rond�n de vigilancia en la colonia ... una persona del sexo femenino nos hizo una se�a de detenernos lo cual hicimos, manifestado dicha persona que en el interior de su domicilio se encontraban unas personas ingiriendo bebidas embriagantes y al parecer realizando la compraventa de drogas (cannabis), por lo cual nos trasladamos al lugar siendo este calle ... con previa autorizaci�n por escrito de la propietaria Sra. ... en el pasillo de la vivienda se encontr� a dos personas que responden a los nombres de ... se le encontr� una maleta conteniendo una c�mara fotogr�fica marca C. con varios lentes y equipo de limpieza de la misma, 2 billetes de 200 pesos, 2 billetes de 50 pesos, 15 billetes de 20 pesos, una pipa de madera, un pu�al, una bolsa con el contenido aproximado de 138 gramos al parecer de cannabis, aproximado (sic) 78 gramos al parecer de goma de hachis, siete pastillas psicotr�picas, 8 envoltorios al parecer crak, el acompa�ante ... de 19 a�os de edad, con domicilio ... presunto comprador de estupefacientes. Lo que nos permitimos hacer del conocimiento de esa autoridad de procuraci�n de justicia y poner a disposici�n a las personas y la maleta con los art�culos antes mencionados, para que se sirva iniciar la averiguaci�n previa correspondiente por los hechos que conforman el presente parte informativo y de puesta a disposici�n, anexando certificado m�dico de integridad f�sica de los presentados en donde no presenta lesi�n alguna ni s�ntomas de ninguna enfermedad.?. Los relatados medios de convicci�n son los que sirvieron de base para que el Juez de la causa estimara que se encuentra acreditado el cuerpo del delito contra la salud en su modalidad de posesi�n con fines de venta de los estupefacientes denominados cannabis sativa I conocida com�nmente como marihuana, resina de cannabis sativa I, conocida com�nmente como hach�s y clorhidrato de coca�na, y de psicotr�pico conocido como clonazepam, previsto y sancionado por los art�culos 195, p�rrafo primero, 194, fracci�n I y 193 del C�digo Penal Federal; asimismo, con los referidos medios de prueba se estim� acreditada la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisi�n de dicho il�cito. Ahora bien, el tribunal responsable al resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el inculpado en contra del auto de formal procesamiento, concluy� que el mismo se encontraba apegado a derecho en virtud de que el Juez de primer grado hab�a procedido con apego a derecho al estimar que s� se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito que se le imputa al inculpado, as� como la probable responsabilidad penal de �ste en su comisi�n, toda vez que con las pruebas que obran en autos particularmente con la confesi�n del inculpado, la declaraci�n de los testigos ... fe ministerial y el dictamen qu�mico, se acredita que al ahora quejoso le fue encontrado en su domicilio y, por tanto, bajo su radio de acci�n y disponibilidad, la droga afecta a la causa, y que si bien los agentes aprehensores no refieren acto alguno de comercio respecto de esa droga, por las circunstancias particulares y espec�ficas en como sucedieron los hechos debe entenderse que esa posesi�n es con fines de venta, m�xime si los testigos ... refieren que tienen entendido que el inculpado se dedica a la venta de dicha droga; a�adiendo que las probanzas diversas al cateo material conservan su valor convictivo, en virtud de que la ley procesal no contempla que en virtud de la ilegalidad de una diligencia de cateo, ello origine la nulidad de las dem�s pruebas, sino que la ilegalidad la refiere �nicamente y exclusivamente a la prueba obtenida de manera ilegal. Pues bien, entre los diversos motivos de inconformidad que expone el quejoso en su demanda de amparo, destaca el relativo a que el Magistrado responsable, con el pronunciamiento del fallo que constituye el acto reclamado, infringi� lo establecido en el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, toda vez que su domicilio particular fue cateado sin la orden judicial correspondiente y, como consecuencia de ello, toda la diligencia y su resultado carece de valor probatorio alguno. El art�culo 16 de la Constituci�n Federal, dispone: ?Art�culo 16.? (se transcribe). Mientras que el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, dispone: ?Art�culo 61. Cuando en la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico estime necesaria la pr�ctica de un cateo, acudir� a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden com�n, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, as� como la ubicaci�n del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia. Al concluir el cateo se levantar� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia. Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.?. Puntualizado lo anterior, es conveniente establecer el contenido gramatical de la palabra cateo, que de acuerdo al ?Diccionario de la Real Academia Espa�ola? significa acci�n y efecto de catear, palabra esta �ltima que de acuerdo al citado diccionario significa procurar, solicitar, buscar, descubrir, espiar, acechar, explorar terrenos en busca de alguna veta minera, allanar la casa de alguno (p�gina 49, Editorial Espasa, vig�sima primera edici�n, 1992). A su vez, de acuerdo al ?Diccionario de Derecho? de R. de P., dicho vocablo significa reconocimiento judicial de un domicilio particular o edificios que no est�n abiertos al p�blico (p�gina 143, Editorial Porr�a, 1984). Del parte informativo que fuera debidamente ratificado por los agentes aprehensores, as� como del resto de los medios de prueba a que se ha hecho referencia en p�rrafos que anteceden se desprende que al haber encontrado en el domicilio del aqu� quejoso la droga afecta a la causa, se procedi� a la detenci�n del mismo a fin de ser puesto a disposici�n del agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, y que, asimismo, se puso a disposici�n de dicha autoridad la droga localizada en el domicilio del quejoso, la que con posterioridad fue objeto de una fe ministerial y sobre la misma se practic� dictamen qu�mico a fin de determinar la naturaleza de la referida sustancia, para finalmente concluir que se trata de un vegetal verde y seco, corresponde a cannabis sativa I, conocida com�nmente como marihuana; la sustancia pastosa color caf� corresponde a resina de cannabis sativa I, conocida com�nmente como hach�s; las tabletas corresponden a rivotril y contienen como principio activo clonazepam cuya presentaci�n comercial es de dos miligramos y es considerada como un psicotr�pico por la Ley General de Salud; y el polvo blanco contenido en ocho envoltorios corresponde a clorhidrato de coca�na. Ahora bien, independientemente del resultado de las pruebas que obran en autos, del contenido del propio parte informativo, as� como de la ratificaci�n que se hizo del mismo por parte de los agentes aprehensores, resulta claro que el actuar de dichos agentes que practicaron el operativo de detenci�n del quejoso y el aseguramiento de la droga afecta a la causa, encuadra precisamente dentro de lo que a la luz de lo anteriormente expuesto constituye materialmente un cateo; y es aqu� precisamente donde cobra capital importancia el contenido del art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que textualmente dice: ?Cuando en la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico estime necesaria la pr�ctica de un cateo, acudir� a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden com�n, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, as� como la ubicaci�n del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia. Al concluir el cateo se levantar� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia. Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.?. Del contenido del precepto transcrito, se advierte que �ste reglamenta la figura jur�dica del cateo, estableciendo la procedencia del mismo, qui�n se encuentra legitimado para solicitarlo y para autorizarlo como se ha de solicitar y las formalidades con las que debe ser practicado, estableciendo como sanci�n, para el caso de que no sean cumplidos los requisitos que se mencionan, que la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva aducir el consentimiento de los ocupantes del lugar para el registro. Si bien del an�lisis de las constancias procesales se advierte que no existe ninguna diligencia levantada en t�rminos del precepto invocado, tambi�n es verdad que acorde con lo anteriormente expresado la droga asegurada al quejoso fue obtenida mediante un operativo que materialmente encuadra en la descripci�n de un cateo, por tanto, la imputaci�n que en contra del quejoso hacen los agentes aprehensores en el sentido de que se le encontr� en posesi�n de la droga asegurada, as� como la imputaci�n que en ese sentido hacen los testigos ... el aseguramiento de esa droga, la fe ministerial y dictamen qu�mico practicados sobre la misma, en los que se apoya el tribunal responsable para confirmar el auto de formal prisi�n, emanan como una consecuencia l�gica, natural y necesaria del referido operativo, pues de no haber procedido a la introducci�n del domicilio del quejoso por parte de los agentes aprehensores, no se hubiese asegurado la droga ni detenido al quejoso, menos aun se hubiese procedido a practicar la fe ministerial sobre la droga, ni tampoco a la pr�ctica del dictamen qu�mico de la misma. Establecido lo anterior, es conveniente destacar que el actual texto del art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, deriva de una reforma que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el nueve de enero de mil novecientos noventa y uno; siendo importante se�alar que en el Diario de Debates de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, que fungi� como C�mara de Origen en las reformas que se hicieron a diversos preceptos del citado ordenamiento legal, se destaca lo siguiente: ?Honorable asamblea? (se transcribe). Por otra parte durante la discusi�n celebrada en el seno de dicha C�mara el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa, debe resaltarse lo que, en lo conducente, se mencion� por diversos diputados de la manera siguiente: El diputado Napole�n C.C., de la Comisi�n de Justicia de la citada C�mara, en lo conducente textualmente se�al�: (se transcribe). A su vez el diputado J.J.H.�ndez, durante la discusi�n del proyecto en lo conducente se�al�: (se transcribe). Por su parte el diputado C.V.M. en su parte conducente se�al�: (se transcribe). Es de destacarse que durante la discusi�n referente a las citadas reformas, se dio un debate entre el diputado H.E. �lvarez y el diputado E.A.J.M., en el que en otras cosas el primero sostuvo, en lo conducente, textualmente: (se transcribe). A su vez las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera Secci�n de la C�mara de Senadores, en su dictamen rendido el veinte de diciembre de mil novecientos noventa, en su parte conducente se�ala: (se transcribe). Por su parte, en el dictamen denominado de segunda de la C�mara de Senadores, rendido en la misma fecha, en su parte conducente, en forma textual se sostiene: (se transcribe). De lo anteriormente transcrito se desprende que dicha reforma al art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, tuvo como prop�sito fundamental asegurar el imperio de las garant�as individuales que en materia penal establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de tal suerte que en el caso del cateo, con la referida reforma no se expresa nada que se aparte del texto del art�culo 16 constitucional, sino que el legislador fue m�s all� en ese precepto y si no se cumplen las exigencias que ah� se establecen, carecer� de valor el acta y la respectiva diligencia de cateo. De tal suerte que es incuestionable que un cateo practicado fuera de los lineamientos establecidos en el art�culo 61 del ordenamiento legal invocado en �ltimo t�rmino, carecer� de valor probatorio. Bajo esecontexto, si la irrupci�n en el domicilio del quejoso se practic� sin observarse las exigencias legales establecidas al efecto en el art�culo 16 del Pacto Federal y 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, ya que los agentes policiacos ingresaron a dicho domicilio sin existir orden de autoridad competente, seg�n se desprende tanto del dicho de los propios agentes aprehensores, pues tan s�lo refieren que contaban con la autorizaci�n de la propietaria de la vecindad, as� como del dicho de los testigos ... en tanto estos mencionan que los agentes policiacos ingresaron al domicilio del quejoso sin que contaran con autorizaci�n, am�n de a�adir que al revisar corporalmente al quejoso no fue cuando encontraron la droga afecta a la causa, sino que la misma la encontraron en el domicilio de �ste. As� las cosas, conforme al referido art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, la sanci�n es que el cateo materialmente as� practicado carezca de todo valor probatorio; consecuentemente, el resultado de tal operativo debe correr la misma suerte, y al carecer de eficacia convictiva por los motivos apuntados, jur�dicamente no es posible adminicularlo a las imputaciones hechas en contra del quejoso por parte de los agentes aprehensores ... como tampoco es dable tomar en consideraci�n la imputaci�n que hacen los diversos testigos ... en cuanto a que fue en el domicilio del quejoso donde se encontr� la droga, menos a�n estimar que las mismas son aptas para corroborar los hechos descritos en el parte informativo, pues tomando en cuenta que de dicho operativo eman� la detenci�n del ahora quejoso, as� como el aseguramiento de la droga afecta a la causa, y al provenir todo esto de un acto que conforme a la ley carece de valor probatorio, como una consecuencia necesaria de esto, debe concluirse que resultan totalmente inconducentes para justificar o, cuando menos, generar la presunci�n fundada de que la droga asegurada fue encontrada en el domicilio del ahora recurrente, pues en este sentido los medios probatorios en comento no aportan dato alguno; de tal suerte que tanto el parte informativo antes aludido, como las imputaciones hechas en contra del quejoso por los agentes aprehensores y los testigos de cargo resultan ineficaces para acreditar en t�rminos de lo establecido por el ordinal 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales vigente en la Federaci�n, la existencia de los elementos del cuerpo del delito contra la salud en la modalidad de posesi�n de estupefacientes y psicotr�picos con fines de venta. Sin que pase desapercibido que el tribunal responsable en su sentencia reclamada manifiesta que la ilegalidad del cateo no puede tener como consecuencia la nulidad de los diversos medios de prueba obtenidos legalmente en el proceso penal; empero, sobre este punto, cabe se�alar que si bien la fe ministerial de la existencia de la droga y el dictamen qu�mico sobre la naturaleza de la misma, no carecen de eficacia jur�dica por vicios propios, en cambio s� la tienen por ser una consecuencia l�gica, directa e inmediata del ilegal aseguramiento de la droga debido a irrupci�n arbitraria al domicilio del quejoso. De tal manera que dichas probanzas tampoco pueden ser tomadas en consideraci�n para el dictado del auto de bien preso, en tanto que las mismas son una consecuencia inmediata y necesaria del cateo material practicado en el domicilio del quejoso, mismo que como ya se dijo carece de toda eficacia demostrativa debido a su ilegalidad, y en ese sentido, igualmente carecen de eficacia jur�dica las actuaciones que constituyen una consecuencia natural de tal operativo, como lo es las imputaciones hechas por los agentes aprehensores y por los testigos ... respecto a la posesi�n de la droga, el aseguramiento de la droga, la fe ministerial y dictamen qu�mico de la misma, pues provienen de un acto que conforme a la ley carece de todo valor probatorio. Al respecto tiene aplicaci�n la tesis aislada XII.3o.4 P sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Duod�cimo Circuito, publicada en la p�gina 1210, T.X., agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente a la Novena �poca, cuya sinopsis y texto enseguida se reproducen: ?CATEO SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE O SIN LOS REQUISITOS LEGALES. NULIFICA EL RESULTADO DEL MISMO Y DE LAS ACTUACIONES QUE DE �L EMANEN.? (se transcribe). As� como la tesis de jurisprudencia 565, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la p�gina 376, Tomo IV, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Ap�ndice de 1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: ?ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.? (se transcribe). Bajo ese contexto, lo procedente es modificar la sentencia recurrida, a fin de determinar que el amparo y protecci�n de la Justicia Federal se concede al quejoso ... para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada y prescindiendo de las pruebas cuya ilegalidad ha quedado apuntada en la presente ejecutoria, resuelva lo que en derecho proceda acerca de la impugnaci�n de la formal prisi�n decretada en contra del quejoso.

QUINTO

El Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, al resolver el siete de mayo de dos mil uno el amparo directo 592/99, interpuesto ... realiz� las consideraciones que a continuaci�n se reproducen:

QUINTO. Algunos de los conceptos de violaci�n formulados por los peticionarios de garant�as resultan fundados y, por ende, suficientes para otorgar la tutela constitucional que solicitan, en atenci�n a los razonamientos que a continuaci�n se precisan. Entre los diversos motivos de inconformidad que exponen destaca el relativo a que el Magistrado responsable, con el pronunciamiento del fallo que por esta v�a combaten, infringi� lo establecido en el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, toda vez que sus domicilios particulares fueron cateados sin la orden judicial correspondiente y, como consecuencia de ello, toda la diligencia y su resultado, carece de valor probatorio alguno. Los argumentos que preceden tienen soporte jur�dico, seg�n se apreciar� m�s adelante, siendo preciso transcribir por el momento el art�culo 61 del ordenamiento adjetivo punitivo en vigor en la Federaci�n, que a la letra dice: ?Art�culo 61. Cuando en la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico estime necesaria la pr�ctica de un cateo, acudir� a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden com�n, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, as� como la ubicaci�n del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia. Al concluir el cateo se levantar� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia. Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.?. Puntualizado lo anterior, es conveniente establecer el contenido gramatical de la palabra cateo, que de acuerdo al ?Diccionario de la Real Academia Espa�ola? significa acci�n y efecto de catear, palabra esta �ltima que de acuerdo al citado diccionario significa procurar, solicitar, buscar, descubrir, espiar, acechar; explorar terrenos en busca de alguna veta minera; allanar la casa de alguno (p�gina 49, Editorial Espasa, vig�sima primera edici�n, 1992). A su vez, de acuerdo al ?Diccionario de Derecho? de R. de P., dicho vocablo significa reconocimiento judicial de un domicilio particular o edificio que no est�n abiertos al p�blico (p�gina 143, Editorial Porr�a, 1984). Por otra parte, el tribunal de alzada, para sustentar su determinaci�n se apoy�, entre otras probanzas, en la denuncia de hechos formulada por el capit�n segundo de I.�a del Ej�rcito Mexicano ... adscrito al Campo Militar n�mero 9-A, con sede en Culiac�n, Sinaloa, por medio del cual refiere que el tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, recibi� una orden para que se trasladara a la regi�n de San Javier de Abajo, Municipio de Badiraguato, Sinaloa, concretamente en la rancher�a denominada ... pues se ten�a conocimiento que operaba una gavilla en actividades il�citas; que arribaron a aquel lugar a las seis horas con veinticinco minutos del d�a siguiente, donde se percataron que hab�a como siete u ocho casas, sobresaliendo dos de ellas cercadas con malla cicl�nica, antena parab�lica y foto celda, por lo que procedieron a tomar las medidas necesarias de seguridad, acerc�ndose a una de las casas antes referidas, mientras el dem�s personal a su mando se desplazaba por las otras casas; que al tocar en varias ocasiones, no les abrieron, pero una vez que hab�an avanzado varios metros, se percat� que de la casa donde hab�an tocado, sal�a un individuo, quien se identific� como ... quien, al preguntarle por el propietario de la casa, les respondi� que era �l, por lo que le solicitaron les permitiera ingresar a su domicilio, a lo que acept� y, en su presencia, dentro del mismo se localiz� sobre una cama, un rifle calibre 22, marca S., matr�cula ... sin cartuchos, un rev�lver calibre 38 especial, marca Trade, sin matr�cula, con cuatro cartuchos �tiles, as� como una bolsa de polietileno de color blanco, conteniendo un vegetal de color verde, al parecer marihuana; que una vez que salieron del domicilio, observaron que de la otra casa, localizada dentro de la cerca de malla cicl�nica, ven�a bajando un individuo, quien les manifest� llamarse ... hermano de ... indic�ndole que se detuviera y tirara el arma que portaba en la parte posterior de la cintura, entregando a un soldado la pistola marca B., calibre 9 mil�metros, matr�cula ... con su cargador y cuatro cartuchos �tiles del mismo calibre; siendo en esos momentos cuando el sargento primero de I.�a ... informaba que arriba de las dos casas, adentro de la cerca de malla cicl�nica, hab�a localizado una bodega de dos niveles, es decir, uno superficial y otro subterr�neo, donde al parecer hab�a marihuana, ya que ol�a bastante a ese enervante, motivo por el cual acudi� al lugar, donde procedi� a abrir con unas llaves que le fueron entregadas por la esposa de ... d�ndose cuenta que en el interior de la misma, hab�a varios paquetes al parecer de marihuana y algunos costales con el mismo enervante y, al cuestionar a los hermanos ... sobre la procedencia del estupefaciente, manifestaron que era de su propiedad, as� como las casas y terreno; adem�s ... les indic� que en su domicilio ten�a varias armas largas que le pertenec�an, haci�ndoles entrega de un fusil R-18, calibre .223 mil�metros, marca C., matr�cula ... con un cargador y treinta cartuchos �tiles del mismo calibre, con un cartucho en la rec�mara; dos rifles AK-47 (cuerno de chivo), uno sin marca y el otro marca Sileyny, calibre 7.62x39 mil�metros, matr�cula ... con un cargador, cada uno abastecido con treinta cartuchos �tiles; un fusil AR-15, marca C., calibre .223 mil�metros, matr�cula ... un fusil AK-47, marca Feg, calibre 7.62x39 mil�metros, matr�cula ... un fusil AK-47, marca Norinco del mismo calibre, matr�cula ... un rifle calibre 30.06 mil�metros, con mira telesc�pica, marca Remington, matr�cula ... un rifle marca North Haves, calibre .22, matr�cula ... un rifle marca Sears, calibre .22, sin matr�cula; un rifle marca R., matr�cula ... cuatro cargadores abastecidos con treinta cartuchos cada uno, para fusil AR-15; seis cargadores abastecidos con treinta cartuchos �tiles cada uno de AK-47; un cargador abastecido con cinco cartuchos calibre 30.06 mil�metros; as� como trescientos sesenta cartuchos .223, calibre 7.62x39 mil�metros; una prensa con dos moldes para empaquetar marihuana; una b�scula con tres pesas de diferentes pesos; y, una camioneta tipo estacas, doble rodada, marca Ford modelo 1996, color rojo, con placas de circulaci�n ... del Estado de Sinaloa. Esa denuncia fue debidamente ratificada ante el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, por su suscriptor, capit�n segundo de I.�a del Ej�rcito Mexicano ... as� como por el sargento primero y el cabo de I.�a ... De lo anterior se advierte que en forma expresa, en el parte informativo que fuera debidamente ratificado tanto por su suscriptor como por los dos testigos propuestos en el mismo, se dice que se constituyeron en el lugar de los hechos en virtud de una determinaci�n superior para investigar hechos il�citos, encontrando que hab�a varias casas entre las que sobresal�an dos de ellas cercadas con malla cicl�nica, de lo que se advierte que espec�ficamente estas dos fincas se encontraban dentro del per�metro cercado con dicha malla, es decir, que se encontraban en un sitio no abierto al p�blico, se�alando m�s adelante que el capit�n segundo de I.�a ... se encamin� en compa��a de elementos de tropa hacia una de las casas citadas, que al tocar en varias ocasiones no les abrieron no obstante que prendieron y apagaron la luz, que cuando hab�an avanzado varios metros, se dio cuenta de que de la casa donde hab�an tocado sali� un individuo, es decir, que primero se introdujeron hacia el �rea cercada, procedieron a tocar, se encaminaron de nueva cuenta avanzando varios metros, evidentemente dentro del �rea cercada, sin que hasta este momento aun estando en el interior del �rea cercada no haya ni tan siquiera mediado consentimiento alguno para internarse en la misma; y despu�s de que hab�an avanzado se dio cuenta de que de la casa donde hab�an tocado sal�a un individuo, que se identific� con el nombre de ... visiblemente nervioso, quien tras reconocer ser el propietario de la casa les dio permiso para entrar al domicilio, encontrando un rifle y un rev�lver as� como una bolsa de pl�stico color blanco con un vegetal color verde al parecer marihuana, que al salir del domicilio se percataron de que dentro de la cerca de malla cicl�nica ven�a bajando otro individuo quien se identific� como ... quien portaba una pistola calibre nueve mil�metros la cual les entreg� en virtud de una orden que se le dio por los propios elementos militares; que en ese momento el sargento primero de I.�a ... le dio parte de que arriba a las dos casas dentro de la cerca de la referida malla cicl�nica hab�an localizado una bodega de dos niveles, es decir, nivel de la superficie y subterr�nea, y que dentro al parecer hab�a marihuana, acudiendo al lugar con varios elementos a su mando procediendo a abrir con las llaves que les entreg� supuestamente la esposa de ... que al hacerlo se dieron cuenta de que en su interior hab�a varios tabiques al parecer de marihuana y varios costales con el mismo enervante, que al ser cuestionados los hermanos, les indicaron que esto era de su propiedad, as� como las casas y el terreno, indic�ndoles ... que ten�a varias armas largas entreg�ndole las mismas, las cuales son descritas en el referido parte informativo, as� como una prensa y una camioneta marca Ford, modelo 1996. Adem�s, de las constancias se advierte que con motivo de lo anterior se procedi� a la detenci�n de los ahora quejosos, as� como al aseguramiento del enervante, armamento, municiones, veh�culo y dem�s objetos que se encontraban en el lugar de los hechos, los cuales se describen en su totalidad en las diligencias de fe ministerial y judicial del estupefaciente, armas, municiones y veh�culo, diligencias con las que se relaciona el dictamen qu�mico suscrito por la qu�mico bi�loga farmac�utica ... en el que se concluy� que el vegetal verde y seco, contenido en veinte bolsitas de polietileno transparente, que le fueron remitidas para su estudio, corresponden a cannabis sativa I, conocida com�nmente como marihuana, considerada como estupefaciente por el art�culo 234 de la Ley General de Salud; con el dictamen en bal�stica e identificaci�n de armas de fuego y explosivos, suscrito por los peritos ... quienes concluyeron que el rev�lver calibre 38 especial, marca Trade, matr�cula ... el rifle calibre 22, marca S., matr�cula ... el rifle marca North Haves, calibre .22, matr�cula ... el rifle marca Sears, calibre .22, matr�cula y modelo ilegibles; y el rifle marca R., matr�cula ... por su sistema y funcionamiento son de los permitidos para poseerse y portarse por particulares, previa licencia expedida por la Secretar�a de la Defensa Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 9o., fracciones I y II, p�rrafo segundo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; adem�s, la pistola calibre 9 mil�metros, marca ... matr�cula ... modelo ilegible; el fusil R-18, calibre .223, marca C., matr�cula ... el fusil de asalto AK-47, calibre 7.62x39 mil�metros, marca y modelo ilegibles, matr�cula ... el fusil AK-47 (cuerno de chivo), calibre 7.62x39 mil�metros, marca Sileyny, matr�cula ... el fusil AR-15, calibre .223 mil�metros, marca C., matr�cula ... el fusil AK-47, calibre 7.52x39 mil�metros, marca MM FEG, matr�cula ... el fusil AK-47, marca Norinco, calibre 7.62x39 mil�metros, matr�cula ... el rifle calibre 30.06 mil�metros, con mira telesc�pica, marca Remington, matr�cula ... y el fusil AK-47 (cuerno de chivo), calibre 7.62x39 mil�metros, marca .66, matr�cula ... por su calibre y sistema de funcionamiento, son de los reservados para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, seg�n lo dispuesto por el art�culo 11, incisos b), c) y d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y por lo que respecta a los cuatro cartuchos calibre 9 mil�metros y un cargador del mismo calibre; cuatro cartuchos calibre 38 especial; cinco cargadores calibre .223; ciento cincuenta cartuchos del mismo calibre; ocho cargadores calibre AK-47, 7.62x39 mil�metros; doscientos cuarenta cartuchos del mismo calibre; un cargador calibre 30.06; cinco cartuchos del mismo calibre; y doscientos treinta y tres cartuchos calibre 7.62x39 mil�metros, tambi�n se encuentran contemplados como de los reservados para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea, seg�n lo dispuesto por el art�culo 11, inciso f), del ordenamiento legal antes invocado. Fe ministerial, judicial y peritajes, que tienen valor probatorio pleno, en t�rminos de lo establecido por los art�culos 208, 234, 284 y 288 de la legislaci�n adjetiva represiva vigente en la Federaci�n, consecuentemente, las diligencias de inspecci�n en comento son aptas para justificar la existencia del vegetal, armas de fuego, municiones y veh�culos asegurados, pues se practicaron por los funcionarios p�blicos a quienes la ley confiere facultades, durante las fases de averiguaci�n previa e instrucci�n del proceso, observando las exigencias que contempla el numeral mencionado en primer t�rmino; a su vez, los peritajes aludidos son id�neos para demostrar la naturaleza organol�ptica como estupefaciente del vegetal en cita y las caracter�sticas de los artefactos de fuego, municiones y automotor, toda vez que colman los requisitos que prev� la legislaci�n invocada al efecto, pues los facultativos que los emitieron expresaron los hechos en que se apoyaron y las operaciones y experimentos que emplearon para arribar a las conclusiones que esbozaron, colmando tales dict�menes los requisitos se�alados en el dispositivo legal aludido en segundo lugar. En ese contexto, es evidente que est� plenamente demostrada la existencia del enervante, armas, veh�culo y dem�s objetos que fueron asegurados por los elementos militares durante la irrupci�n al �rea cercada con malla cicl�nica a que frecuentemente se alude en el parte informativo, durante el operativo practicado por los mismos. Por otra parte, es verdad que independientemente del resultado de las pruebas ofrecidas por la defensa y por los inculpados durante la secuela del procedimiento en primera instancia, del contenido del propio parte informativo, as� como dela ratificaci�n que se hizo del mismo por su suscriptor y por los testigos que ah� mismo se ofrecieron, resulta claro que el actuar de los militares que practicaron dicho operativo, contrariamente a lo sostenido por el ad quem, cae precisamente dentro de lo que a la luz de lo anteriormente expuesto constituye materialmente un cateo; y si bien, en un criterio que m�s adelante se invoca, se ha sostenido que ese actuar implica transgresi�n a disposiciones constitucionales no reclamables en amparo directo, acorde al cual, lo precedente ser�a �nicamente declarar a salvo los derechos de los quejosos para ejercitar las acciones legales respectivas ante las autoridades correspondientes, esa tesis no tendr�a el efecto de anular todos los elementos de prueba obtenidos durante dicho operativo; y es aqu� precisamente donde cobra capital importancia el contenido del art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que textualmente dice: ?Cuando en la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico estime necesaria la pr�ctica de un cateo, acudir� a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden com�n, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, as� como la ubicaci�n del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia. Al concluir el cateo se levantar� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia. Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.?. Del contenido del precepto transcrito, se advierte que este reglamenta la figura jur�dica del cateo, estableciendo la procedencia del mismo, quien se encuentra legitimado para solicitarlo y para autorizarlo, como se ha de solicitar y las formalidades con la que debe ser practicado; estableciendo como sanci�n, para el caso de que no sean cumplidos los requisitos que se mencionan, que la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva aducir el consentimiento de los ocupantes del lugar para el registro. Si bien del an�lisis de las constancias procesales se advierte que no existe ninguna diligencia levantada en t�rminos del precepto invocado; tambi�n es verdad que acorde con lo anteriormente expresado, el enervante, armas, municiones, veh�culo y dem�s objetos a que se refiere el procedimiento de donde emana el acto reclamado, fueron obtenidos mediante un operativo que materialmente cae en la descripci�n de un cateo, es decir, que todos y cada uno de los elementos de prueba en los que se apoya el �rgano acusador emanan del referido operativo. Establecido lo anterior, es conveniente destacar que el actual texto del art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, deriva de una reforma que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, y nuevamente el d�a nueve de los mismos mes y a�o; siendo importante se�alar que en el Diario de Debates de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, que fungi� como C�mara de Origen en las reformas que se hicieron a diversos preceptos, tanto del ordenamiento legal invocado como al C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se destaca que primeramente en el dictamen relativo al proyecto de decreto que modifica diversos art�culos a los ordenamientos antes referidos, rendido por la Comisi�n de Justicia a dicha C�mara, es de resaltar lo que a continuaci�n se transcribe: (se transcribe). Por otra parte, durante la discusi�n celebrada en el seno de dicha C�mara el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa, debe resaltarse lo que en lo conducente se mencion� por diversos diputados de la manera siguiente: El diputado Napole�n C.C. de la Comisi�n de Justicia de la citada C�mara, en lo conducente textualmente se�al�: (se transcribe). A su vez el diputado J.J.H.�ndez, durante la discusi�n del proyecto en lo conducente se�al�: (se transcribe). Por su parte, el diputado C.V.M. en su parte conducente se�al�: (se transcribe). Es de destacarse que durante la discusi�n referente a las citadas reformas, se dio un debate entre el diputado H.E. �lvarez y el diputado E.A.J.M., en el que en otras cosas el primero sostuvo en lo conducente textualmente: (se transcribe). A su vez las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera Secci�n de la C�mara de Senadores, en su dictamen rendido el veinte de diciembre de mil novecientos noventa, en su parte conducente se�ala: (se transcribe). Por su parte, en el dictamen denominado de segunda de la C�mara de Senadores, rendido en la misma fecha en su parte conducente en forma textual se sostiene: (se transcribe). De lo anteriormente transcrito se desprende que tanto del dictamen rendido por la Comisi�n de Justicia de la C�mara de Origen, como del sentir de las diversas fracciones parlamentarias que intervinieron en la discusi�n y aprobaci�n del proyecto de reformas analizado, as� como de diversos diputados que expresaron su punto de vista acerca de las mismas y de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la C�mara de Senadores, se advierte claramente que dichas reformas tuvieron como prop�sito fundamental asegurar el imperio de las garant�as individuales que en materia penal establece la Constituci�n Pol�tica Mexicana, de tal suerte que espec�ficamente en el caso del cateo, como lo expres� el diputado C.V.M., con la reforma al art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, no se expresa nada que se aparte del texto del art�culo 16 constitucional, sino que el legislador fue m�s all� en ese precepto y si no se cumplen las exigencias que ah� se establecen, carecer� de valor el acta y la respectiva diligencia de cateo, postura que es reiterada una y otra vez como se establece en los fragmentos antes transcritos del Diario de Debates; de tal suerte que es incuestionable que un cateo practicado fuera de los lineamientos establecidos en el art�culo 61 del ordenamiento legal invocado en �ltimo t�rmino, carecer� de valor probatorio. As�, si la irrupci�n en los domicilios de los quejosos, que es un lugar no abierto al p�blico, se practic� sin observarse las exigencias legales establecidas al efecto, ya que los efectivos militares penetraron en esos domicilios sin existir orden de autoridad competente, seg�n se desprende tanto del dicho de los quejosos ... de apellidos ... como los testigos de descargo ofrecidos por �stos ... en lo sustancial coinciden en sus dichos en que los elementos militares que practicaron el operativo multicitado el d�a de los hechos se introdujeron hasta el lugar en que viven los inculpados y al domicilio de cada uno de �stos, apareciendo de la diligencia de inspecci�n practicada el catorce de enero de mil novecientos noventa y dos por el Juez Mixto de Primera del Distrito Judicial de Badiraguato, Sinaloa, que obran en las fojas de la 315 a la 323, as� como de las fotograf�as que obran en las fojas de la 325 a 337, a los que se les concede eficacia demostrativa en los t�rminos de los art�culos 284, 285, 289 y 290 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, pues existe coincidencia entre los mismos en el sentido de que el lugar en el que sucedieron los hechos se encuentra cercado con malla cicl�nica, hecho esto que corrobora a su vez lo se�alado al respecto por el informe rendido por los militares aprehensores sin que pase inadvertido que por lo que toca a los tres testigos se�alados inicialmente, resulten ser el primero padre de los inculpados y las segundas esposas de cada uno de �stos, pues la circunstancia del parentesco hace perfectamente cre�ble que se hayan encontrado en el lugar y en el momento en que sucedieron los hechos, siendo de resaltarse por otro lado, que en materia penal no existe la tacha en los testigos. As� las cosas, de los mencionados elementos de prueba se colige que si los militares dijeron que tra�an una orden de cateo, lo cual no fue cierto dado el dicho de los propios agentes aprehensores sobre ese aspecto, pues del propio parte informativo de fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el cual fue ratificado ante la autoridad ministerial tanto por su suscriptor, como por los elementos aprehensores ... se desprende que el tres del referido mes y a�o, tras recibir orden de la comandancia en el sentido de que procediera a aplicar el plan canador (sic) y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la regi�n de San Javier de Abajo, Municipio de Badiraguato, Sinaloa, concretamente en la rancher�a denominada ... donde se ten�a conocimiento que operaba una gavilla desconocida en actividades il�citas, arribando a ese lugar a las seis horas con veinticinco minutos del d�a cuatro de septiembre de aquel a�o, se percataron que hab�a como siete u ocho casas, sobresaliendo dos de ellas cercadas con malla cicl�nica, antena parab�lica y foto celda, procediendo a tomar las medidas de seguridad, encamin�ndose con elementos de tropa hac�a una de las casas antes citadas, mientras que el dem�s personal se desplegaba por las dem�s casas, al tocar en varias ocasiones no les abrieron no obstante que prendieron y apagaron la luz, cuando hab�an avanzado varios metros, se dio cuenta el capit�n ... que de la casa donde hab�an tocado sal�a un individuo quien se identific� con el nombre de ... visiblemente nervioso, a quien se le pidi� autorizaci�n para ingresar a su domicilio, aceptando, y en su presencia dentro del mismo se localizaron sobre la cama diversas armas as� como una bolsa de pl�stico conteniendo vegetal verde al parecer marihuana, que al salir del domicilio se percataron que de la otra casa que se encontraba dentro de la casa de la malla cicl�nica bajando otro individuo que se identific� como ... hermano de ... indic�ndole que se detuviera y tirara el arma que portaba en la parte posterior de la cintura entregando el arma y en ese momento el sargento primero de I.�a ... le dio parte de que arriba de las dos casas dentro de la cerca de la referida malla cicl�nica hab�an localizado una bodega de dos niveles, es decir, en la parte baja del nivel de la superficie subterr�nea y que dentro al parecer hab�a marihuana, acudiendo al lugar procediendo a abrir con unas llaves que les entreg� supuestamente la esposa de ... al hacerlo se dieron cuenta que en su interior hab�a varios tabiques al parecer de marihuana y varios costales del mismo enervante, que al cuestionar a los hermanos sobre la procedencia del referido estupefaciente, manifestaron que era de su propiedad as� como las casas y el terreno, adem�s ... indic� que en su domicilio ten�a varias armas largas de su propiedad las cuales les entreg�, procediendo al aseguramiento de las armas, el enervante, un veh�culo, as� como a los hermanos ... Por lo cual, conforme a la reforma de que se trata, la sanci�n es que el cateo materialmente as� practicado carezca de todo valor probatorio, de tal suerte que por imperativo del precepto legal invocado en �ltimo t�rmino, el resultado de tal operativo debe correr la misma suerte y al carecer de eficacia convictiva, por los motivos apuntados, jur�dicamente no es posible adminicularlo a las imputaciones hechas en contra de los quejosos, por el capit�n segundo de ... y menos a�n estimar que las mismas son aptas para corroborar los hechos descritos en aqu�l, como lo hizo el ad quem, pues tomando en cuenta que de dicho operativo eman� la detenci�n de los ahora quejosos, as� como el aseguramiento del enervante, armas, veh�culo y dem�s objetos afectos a la causa en cuesti�n, al provenir todo esto de un acto que conforme a la ley carece de valor probatorio, como una consecuencia necesaria de esto, debe concluirse que resultan totalmente inconducentes para justificar o, cuando menos, generar la presunci�n fundada de que la marihuana, armas de fuego, municiones, veh�culo y dem�s objetos asegurados fueron encontrados en los domicilios de los agraviados, as� como que ellos los manten�an dolosamente bajo su radio de acci�n y disponibilidad, pues en este sentido, los medios probatorios en comento no aportan dato alguno, de tal suerte que tanto el parte informativo antes aludido, como las imputaciones hechas en contra de los quejosos resultan ineficaces para acreditar en t�rminos de lo establecido por el ordinal 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales vigente en la Federaci�n, en la �poca de consumaci�n de los hechos indagados, la existencia de los elementos de los tipos penales de los delitos contra la salud, en la modalidad de posesi�n de marihuana, previsto y sancionado por el art�culo 195, p�rrafo primero, en relaci�n con el 193 y 9o., p�rrafo primero, todos del C�digo Penal Federal y acopio de armas de fuego del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacionales, tipificado y penado por el numeral 83 bis, fracci�n II, en relaci�n con el 11, incisos b), c) y d), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en vigor en la fecha de la ejecuci�n de los acontecimientos materia del sumario. No pasa desapercibido que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito estableci� la tesis de jurisprudencia n�mero VI.1o. J/84, consultable en la p�gina 51, tomo 65, mayo de 1993, Octava �poca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n cuyo rubro se lee: ?DETENCI�N SIN �RDENES DE APREHENSI�N Y DE CATEO. NO NULIFICA LA CONFESI�N DEL INCULPADO.?, en la que se sostiene el criterio de que si el inculpado fue detenido sin orden de aprehensi�n emanada de autoridad competente, y que los agentes aprehensores se introdujeron a su domicilio sin orden de cateo, ello en todo caso implica violaciones constitucionales que no son reclamables en amparo directo, y que, por tanto, se debe concretar en la sentencia respectiva a declarar que quedan a salvo los derechos del quejoso para ejercitar las acciones relativas ante las autoridades correspondientes, as� como el que en forma id�ntica se pronunci� el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en la tesis de jurisprudencia n�mero V. 2o. J/46, visible en la p�gina 87, tomo 61, enero de 1993, Octava �poca de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo texto y rubro es exactamente igual al anterior; sin embargo, el criterio de referencia no es aplicable al presente caso, pues de la lectura de la ejecutoria de la que deriva la primera de las tesis se desprende que en ella se aplica el C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla; ordenamiento legal que en sus art�culos 179, 180 y 181, prev�n lo relativo a la diligencia de cateo en los siguientes t�rminos: ?Art�culo 179.? (se transcribe). ?Art�culo 180.? (se transcribe). ?Art�culo 181.? (se transcribe). De lo anteriormente transcrito, se advierte que la redacci�n del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, es diferente al C�digo Federal de Procedimientos Penales, de ah� la inaplicabilidad de la tesis jurisprudencial sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, residente en Puebla, Puebla; mientras que de la lectura de la ejecutoria de la que deriva la segunda de las tesis jurisprudenciales invocadas, se colige que si bien se alude al C�digo Federal de Procedimientos Penales, el caso concreto se refiere a hechos sucedidos con anterioridad a la reforma que nos ocupa, adem�s de que en tal caso en particular no se alude a la pr�ctica de una diligencia de cateo, adem�s, en el presente caso no se est� analizando la constitucionalidad de cateo ilegalmente realizado, sino el alcance probatorio de lo que con motivo del mismo result�. En tales condiciones, al ser violatoria de garant�as la sentencia combatida, en los t�rminos ya apuntados y sin an�lisis de los restantes conceptos de violaci�n, resulta procedente conceder a los quejosos el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n, en forma lisa y llana. A lo anterior sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 85, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que a la letra dice: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.? (se transcribe). Dicha protecci�n constitucional se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, toda vez que estos no se reclamaron por vicios propios, sino en v�a de consecuencia, siendo de invocarse al respecto la jurisprudencia n�mero 102 que aparece publicada en la p�gina 66 del T.V., Materia Com�n del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo tenor literal es: ?AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.? (se transcribe). Toda vez que lo aqu� sustentado pudiere tener contradicci�n con las tesis cuyos rubros son: ?DETENCI�N SIN �RDENES DE APREHENSI�N Y DE CATEO. NO NULIFICA LA CONFESI�N DEL INCULPADO.?, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en su tesis de jurisprudencia n�mero VI. 1o. J/84, consultable en la p�gina 51, Tomo 65, mayo de 1993, Octava �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n; y por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en su tesis jurisprudencial n�mero V.2o. J/46, visible en la p�gina 87, tomo 61, enero de 1993, Octava �poca de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, den�nciese lo anterior al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a efecto de que se resuelva si efectivamente existe contradicci�n de tesis y en su caso qu� criterio debe prevalecer.

El criterio anterior dio origen a la siguiente tesis:

"Novena �poca

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, agosto de 2001

"Tesis: XII.3o.4 P

"P�gina: 1210

"CATEO SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE O SIN LOS REQUISITOS LEGALES. NULIFICA EL RESULTADO DEL MISMO Y DE LAS ACTUACIONES QUE DE �L EMANEN. Si la irrupci�n en el domicilio del quejoso se practic� sin observarse las exigencias establecidas en el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, en el texto de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el nueve de enero de mil novecientos noventa y uno, argumentando �nicamente que este les dio autorizaci�n para introducirse, localizando en el interior marihuana, as� como diversas armas, por imperativo del precepto legal invocado, la diligencia as� practicada carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. Ello es as�, ya que de acuerdo al Diario de Debates de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, se determin� que la reforma anteriormente aludida tuvo como prop�sito fundamental asegurar el imperio de las garant�as individuales que en materia penal establece la Constituci�n en su art�culo 16, al ir m�s all� en el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, al establecer que si no se cumplen las formalidades que ah� se establecen, el cateo as� realizado carecer� de todo valor probatorio; por ello, el resultado de tal operativo debe correr la misma suerte, y al carecer de eficacia convictiva, jur�dicamente no es posible adminicularlo a las imputaciones hechas por los agentes aprehensores, al igual que el aseguramiento del enervante, armas y dem�s objetos, al provenir todo esto de un acto que conforme a la ley carece de todo valor probatorio; como una consecuencia necesaria de esto, debe concluirse que resultan totalmente inconducentes para justificar o, cuando menos, generar la presunci�n fundada, de que la marihuana, armas de fuego y dem�s objetos asegurados fueron encontrados en el domicilio del agraviado, as� como que este los manten�a dolosamente bajo su radio de acci�n ydisponibilidad, pues en este sentido los medios probatorios en comento no aportan dato alguno. En ese orden de ideas, aun cuando pudiera existir confesi�n del inculpado, si de conformidad con los art�culos 279 y 285 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, para que la misma pudiera adquirir valor probatorio pleno, debe adminicularse con otros medios de convicci�n que la robustezcan, �sta constituye un indicio aislado, ya que tanto el parte informativo antes aludido, como las imputaciones hechas en contra de los quejosos resultan ineficaces para acreditar, en t�rminos de lo establecido por el ordinal 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, la existencia de los elementos del cuerpo de los delitos contra la salud, en la modalidad de posesi�n de marihuana, y acopio de armas de fuego del uso exclusivo del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacionales

A. directo 592/99. 7 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: J.O.R.I.. Secretario: F.S.R..

SEXTO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 404/75, 547/75, 651/75, 54/76 y 301/78, sostuvo el siguiente criterio:

"S�ptima �poca

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 121-126 Sexta Parte

"P�gina: 280

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad est� viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de �l, o que se apoyen en �l, o que en alguna forma est�n condicionados por �l, resultan tambi�n inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentar�an pr�cticas viciosas, cuyos frutos ser�an aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se har�an en alguna forma part�cipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

Es de se�alarse que no se cuenta con las ejecutorias de dichos asuntos, toda vez que como lo inform� el secretario de Acuerdos de ese tribunal los expedientes que las conten�an se extraviaron con motivo de los sismos ocurridos en la Ciudad de M�xico en mil novecientos ochenta y cinco.

S�PTIMO

Como cuesti�n previa a cualquier otra, debe establecerse si en el caso, efectivamente existe la contradicci�n de tesis denunciada.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, constitucional y 197-A de la Ley de A., ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar cu�l tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicci�n, debe existir cuando menos formalmente una oposici�n de criterios jur�dicos respecto de una misma situaci�n jur�dica; asimismo que para que se surta la procedencia de la contradicci�n, la oposici�n debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otros t�rminos se da la contradicci�n cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, y

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Lo anterior ha sido establecido en la siguiente tesis:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIII, abril de 2001

    "Tesis: P./J. 26/2001

    "P�gina: 76

    CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Conforme a lo anterior debe establecerse si en el caso existe oposici�n entre los criterios denunciados.

    1. El Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito:

  4. Al resolver los amparos directos penales 627/2002, 283/2003 y 516/2004, sostuvo que la ilegalidad del cateo, de conformidad con el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, priva de eficacia al parte informativo suscrito y ratificado por los elementos que participaron en esa actuaci�n por ser una consecuencia directa del mismo.

    Lo mismo sostuvo al resolver los amparos directos penales 74/2004 y 91/2004, s�lo que en �stos se�al� que si bien la ilegalidad del cateo priva de eficacia convictiva al parte informativo suscrito y ratificado por quienes participaron en esa actuaci�n, ello no es as� por lo que hace a la declaraci�n ministerial vertida por la parte quejosa, pues aun cuando con motivo del cateo fue privada de su libertad, puesta a disposici�n del Ministerio P�blico de la Federaci�n y tomada su versi�n de los hechos, debe tomarse en cuenta que en diligencia posterior, independientemente de la actuaci�n ilegal en comento, en su primera declaraci�n ante el Juez de la causa, expresamente manifest� estar conforme con el relato de hechos que expres� ante el fiscal federal, circunstancia que purga el vicio que pudiera revestir esa primera manifestaci�n ante el �rgano acusador.

    Dicho tribunal al resolver el amparo directo penal 213/2004, precis� que el hecho de que se haya realizado un aseguramiento, en un cateo ilegal, el vicio de ilegalidad de este �ltimo, no tiene el alcance de nulificar la inspecci�n de los bienes asegurados ni la pericial realizada sobre ellos; toda vez que estas pruebas fueron aportadas en la averiguaci�n de acuerdo a las reglas que rigen su obtenci�n y con total independencia del cateo ilegal, esto es, su originalidad o fuente no deriva del cateo ni de los sujetos que lo realizaron y por otra parte se encuentran vinculadas con la confesi�n que respecto a su existencia y finalidad verti� ante el Ministerio P�blico la indiciada.

    En el amparo directo 191/2004, el mismo �rgano jurisdiccional, cit� lo resuelto en el referido amparo directo 213/2004, se�alando a mayor abundamiento, que son independientes del cateo las pruebas que se recaben subsecuentemente a �ste, como por ejemplo, el dictamen pericial practicado al objeto sobre el cual recay� la acci�n, o bien la declaraci�n del detenido o de alg�n testigo diferente a los aprehensores, toda vez que la fiscal�a investigadora de un hecho delictivo est� obligada a recabar todos los medios de prueba pertinentes para su comprobaci�n, as� como la demostraci�n de la participaci�n del o de los responsables, debi�ndose circunscribir a las exigencias que para cada uno de esos medios de prueba establece para su desahogo la ley, por lo que s�lo pueden declararse nulas por ello, es decir, por adolecer de alg�n vicio de ilegalidad en la recepci�n y desahogo.

    1. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el recurso de revisi�n 376/2003, considera que la imputaci�n que en contra del quejoso hacen los agentes aprehensores en el sentido de que se le encontr� en posesi�n de la droga asegurada, as� como la imputaci�n que en ese sentido hacen los testigos, el aseguramiento, la fe ministerial y el dictamen qu�mico practicados sobre la misma, emanan como una consecuencia l�gica, natural y necesaria del cateo ilegal, pues de no haberse introducido en el domicilio del quejoso, no hubieran asegurado la droga, ni lo hubieran detenido, ni hubieran practicado la fe ministerial, ni la pr�ctica del dictamen qu�mico; que, por tanto, de conformidad con el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, la sanci�n es que el cateo ilegalmente practicado carezca de todo valor probatorio, consecuentemente, el resultado de tal operativo debe correr la misma suerte, pues son una consecuencia l�gica, directa e inmediata del ilegal aseguramiento de la droga debido a la irrupci�n arbitraria en el domicilio del quejoso.

    2. El Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito:

  5. Al resolver el amparo directo 592/99, sostiene que de conformidad con el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, el cateo ilegalmente practicado carece de todo valor probatorio, de tal suerte que su resultado, debe correr la misma suerte, por lo que si la detenci�n de los quejosos eman� de dicho operativo, as� como el aseguramiento del enervante, armas, veh�culo y dem�s objetos afectos a la causa, tales medios probatorios, no aportan dato alguno.

    1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 404/75, 547/75, 651/75, 54/76 y 301/78, formul� la siguiente tesis:

    "S�ptima �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: 121-126, Sexta Parte

    "P�gina: 280

    ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad est� viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de �l, o que se apoyen en �l, o que en alguna forma est�n condicionados por �l, resultan tambi�n inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentar�an pr�cticas viciosas, cuyos frutos ser�an aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se har�an en alguna forma part�cipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

    Es de se�alarse que de dicho �rgano colegiado s�lo se cuenta con la referida tesis, pues el secretario de Acuerdos del mismo inform� que los expedientes que dieron origen a la tesis, se extraviaron con motivo de los sismos ocurridos en la Ciudad de M�xico en mil novecientos ochenta y cinco.

OCTAVO

Esta Primera Sala considera que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, por lo que se refiere a los criterios sustentados entre el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito y Tercero del D�cimo Segundo Circuito, pues al emitir tales criterios, examinan cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y adoptan criterios discrepantes, los cuales provienen del examen de los mismos elementos, como a continuaci�n se apreciar�:

  1. Al resolver los asuntos que se confrontan, los mencionados tribunales examinan una cuesti�n jur�dica igual, consistente en determinar si las actuaciones y probanzas realizadas con motivo de un cateo ilegal, tienen o no valor probatorio.

  2. Existe discrepancia de criterios en las consideraciones e interpretaciones jur�dicas de las sentencias pronunciadas por los referidos Tribunales Colegiados al resolver los asuntos de referencia, pues mientras por una parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito estima que s�lo carecen de eficacia convictiva el parte informativo y su ratificaci�n, al ser una consecuencia directa e inmediata del cateo ilegal, lo cual no sucede con las dem�s actuaciones, esto es, las que se recaben subsecuentemente al cateo ilegal, como la inspecci�n de los bienes asegurados, el dictamen pericial de los mismos, la declaraci�n del detenido o de alg�n testigo; por su parte, los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito y Tercero del D�cimo Segundo Circuito, consideran que en raz�n de que el cateo ilegal carece de todo valor probatorio, el resultado de �ste debe correr la misma suerte, pues el aseguramiento, la fe ministerial y el dictamen qu�mico son una consecuencia l�gica, directa e inmediata del ilegal aseguramiento debido a la irrupci�n arbitraria en el domicilio del quejoso.

  3. Tambi�n se advierte que los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los referidos Tribunales Colegiados examinaron el problema desde el mismo punto de vista, esto es, a partir del an�lisis del art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales.

NOVENO

Ahora bien, es de se�alarse que la tesis jurisprudencial que contiene el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, no puede integrar la presente contradicci�n de tesis, toda vez que no se cuenta con las ejecutorias que le dieron origen, debido a que, seg�n lo inform� el secretario de Acuerdos de dicho Tribunal Colegiado, los expedientes respectivos se extraviaron con motivo de los sismos ocurridos en la Ciudad de M�xico en septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

En efecto, tal criterio no puede integrar la presente contradicci�n, toda vez que resulta necesario conocer el contenido de dichas ejecutorias, pues no siempre las tesis reflejan el contenido real de los criterios sustentados en las resoluciones de donde provienen.

Ello en virtud de que de conformidad con la tesis jurisprudencial citada al inicio del considerando anterior, para determinar la existencia de la contradicci�n de tesis, la diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, lo cual resulta imposible ante la inexistencia de las ejecutorias correspondientes.

En tales condiciones, debe declararse improcedente la denuncia de contradicci�n de tesis por lo que hace al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que no se cuenta con los elementos suficientes para determinar su existencia y en su caso, para resolverla.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, agosto de 2001

"Tesis: 1a. LXXV/2001

"P�gina: 173

"CONTRADICCI�N DE TESIS. SI LA DENUNCIA S�LO SE EFECT�A CON LAS TESIS REDACTADAS Y PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ACUDIR A LAS CONSIDERACIONES JUR�DICAS VERTIDAS EN LAS SENTENCIAS DE DONDE DERIVAN, PERO EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA ELLO, DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE. Para que sea procedente la denuncia de contradicci�n de tesis, �sta debe referirse, en esencia, a la diferencia de criterios que se presentan en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. Ello en virtud de que las tesis no siempre reflejan el contenido real de lo que se sustenta en las resoluciones o ejecutorias de donde provienen. Por tanto, la circunstancia de que haya imposibilidad para conocer el contenido de la resoluci�n de la que deriv� una de las tesis que contienden, as� como de las consideraciones jur�dicas que dieron origen a �sta, es raz�n suficiente para estimar que no procede la denuncia por falta de elementos para resolverla.

Contradicci�n de tesis 80/2000-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de septiembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.V.C. y C.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: H.P.R..

D�CIMO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio que se define en esta resoluci�n.

Conviene precisar que la materia de la presente contradicci�n consiste en determinar si las actuaciones y probanzas realizadas con motivo de la intromisi�n de la autoridad al domicilio de un gobernado sin orden judicial, tienen o no valor probatorio.

Resulta necesario hacer algunas precisiones, que servir�n de pauta para resolver la contradicci�n de criterios que se presenta.

En nuestro pa�s, desde los primeros documentos constitucionales, el domicilio ha sido protegido, ha sido considerado como inviolable.

En el decreto constitucional para la Libertad de la Am�rica Mexicana, sancionado en Apatzing�n el veintid�s de octubre de mil ochocientos catorce, el art�culo 32 se�alaba:

Art�culo 32. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable: s�lo se podr� entrar en ella cuando un incendio, una inundaci�n, o la reclamaci�n de la misma casa haga necesario este acto. Para los objetos de procedimiento criminal deber�n preceder los requisitos prevenidos por la ley.

La Constituci�n Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el cuatro de octubre de mil ochocientos veinticuatro, en su art�culo 152, dispuso:

Art�culo 152. Ninguna autoridad podr� librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la Rep�blica, si no es en los casos expresamente dispuestos por ley, y en la forma que �sta determine.

Las Bases y Leyes Constitucionales de la Rep�blica Mexicana, decretadas por el Congreso General de la Naci�n en mil ochocientos treinta y seis, en el art�culo 2o., fracci�n IV, de la primera, se estableci�:

"2. Son derechos del mexicano:

"...

IV. No poderse catear sus casas y sus papeles, si no es en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes.

Las Bases Org�nicas de la Rep�blica Mexicana sancionadas en mil ochocientos cuarenta y tres, en el art�culo 9o., fracci�n XI, se�alaron:

"Art�culo 9o. Derechos de los habitantes de la Rep�blica:

"...

XI. No ser� cateada la casa, ni registrados los papeles de ning�n individuo, sino en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes.

En la Constituci�n de mil ochocientos cincuenta y siete, se estableci� en el art�culo 16, lo siguiente:

Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus c�mplices, poni�ndolo sin demora a disposici�n de la autoridad inmediata.

El actual art�culo 16, en sus p�rrafos primero y octavo, establece:

"Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"...

En toda orden de cateo, que s�lo la autoridad judicial podr� expedir y que ser� escrita, se expresar� el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia, levant�ndose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

De todo lo anterior se advierte que la inviolabilidad del domicilio vino a protegerse constitucionalmente hasta mil ochocientos cincuenta y siete, pues antes, la posibilidad de registro o cateo de las casas de los gobernados quedaba sujeta a lo que previniera o dispusiera la ley.

Ciertamente, es en el art�culo 16 de la Constituci�n de mil ochocientos cincuenta y siete, en donde por vez primera seestablece como garant�a de seguridad personal, la protecci�n al domicilio en contra de actos de molestia de la autoridad; protecci�n que qued� sujeta, �nicamente, al contenido del propio precepto constitucional, esto es, a que el acto de molestia se llevara a cabo en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que fundara y motivara la causa legal del procedimiento.

En la Constituci�n de mil novecientos diecisiete, se conserv� casi textual la primera parte del art�culo 16 y en lo relativo al cateo, se precisaron los requisitos para su realizaci�n: que sea ordenado de manera escrita por autoridad judicial, expresando el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se busquen, a lo que deber� limitarse la diligencia, de lo que deber� levantarse acta circunstanciada en presencia de dos testigos.

Al respecto, es de se�alarse que la Comisi�n de Constituci�n, en su primer dictamen, estim�:

Sin duda que las disposiciones que contiene el art�culo, en lo relativo a la pr�ctica de los cateos, pueden estimarse como reglamentarias; pero creemos muy cuerdo establecerlas, porque en la pr�ctica de esas diligencias se han cometido casi siempre no s�lo abusos, sino verdaderos atropellos, que importa evitar en lo sucesivo, fijando las reglas esenciales a las que deber�n sujetarse en esta materia las legislaciones locales.

Dicha comisi�n en su segundo dictamen se�al�:

... nos parece oportuno reconocer terminantemente la inviolabilidad del domicilio, dejando a salvo el derecho de la autoridad judicial para practicar cateos, mediante los requisitos que la propia asamblea ha aceptado como necesarios, para librar as� a los particulares de los abusos que suelen cometerse en la pr�ctica de tales diligencias.

As�, el actual art�culo 16 constitucional, establece como un derecho subjetivo p�blico de los gobernados el no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones; desde luego, contempla la inviolabilidad del domicilio, sin embargo, permite a la autoridad practicar actos de molestia a los particulares e introducirse a su domicilio, bajo ciertas condiciones o requisitos y con un prop�sito definido, a efecto de que pueda cumplir con sus actividades, pero sin causar una molestia innecesaria al particular.

Esos actos de molestia de intromisi�n al domicilio, deben atender al principio de seguridad jur�dica en beneficio del particular afectado, lo que implica que la autoridad debe cumplir con los requisitos establecidos en primer t�rmino en la Constituci�n y adem�s en las leyes que de ella emanen; as�, trat�ndose de la orden de cateo, �sta debe limitarse a un prop�sito determinado, la b�squeda de personas u objetos relacionados con un delito.

Cabe se�alar que la protecci�n a la inviolabilidad del domicilio tambi�n ha sido considerada en ordenamientos internacionales firmados por nuestro pa�s, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, abierto a firma en la ciudad de Nueva York, EUA, el 19 de diciembre de 1966, el cual en su art�culo 17, dispone:

"Art�culo 17

"1. Nadie ser� objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputaci�n.

2. Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por su parte, la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San Jos� de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en su art�culo 11, punto 2, se�ala:

"Art�culo 11. Protecci�n de la honra y de la dignidad

"1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

"2. Nadie puede ser objeto de ingerencias (sic) arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputaci�n.

3. Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la ley contra esas ingerencias (sic) o esos ataques.

Como se advierte, la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho fundamental, el cual, en nuestro pa�s se encuentra garantizado constitucionalmente, adem�s que diversos ordenamientos legales contemplan su observancia, refiri�ndonos a continuaci�n a algunos de ellos.

El C�digo Penal Federal en sus art�culos 285 y 381 bis, establece:

"Art�culo 285. Se impondr�n de un mes a dos a�os de prisi�n y multa de diez a cien pesos, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con enga�o o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitada."

Art�culo 381 Bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los art�culos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicar�n de tres d�as a diez a�os de prisi�n al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que est�n habitados o destinados para habitaci�n, comprendi�ndose en esta denominaci�n no s�lo los que est�n fijos en la tierra, sino tambi�n los movibles, sea cual fuere la materia de que est�n construidos, as� como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. En los mismos t�rminos se sancionar� al que robe en campo abierto o paraje solitario una o m�s cabezas de ganado mayor. Cuando el robo se realice sobre una o m�s cabezas de ganado menor, adem�s de lo dispuesto en los art�culos 370, 371 y 372, se impondr�n hasta las dos terceras partes de la pena comprendida en este art�culo.

El C�digo Federal de Procedimientos Penales, en el art�culo 61, dispone:

"Art�culo 61. Cuando en la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico estime necesaria la pr�ctica de un cateo, acudir� a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden com�n, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, as� como la ubicaci�n del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia.

"Al concluir el cateo se levantar� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia.

Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.

El �ltimo p�rrafo del art�culo 15 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, establece:

"Art�culo 15.

"...

Cuando el Juez de Distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensi�n, deber� tambi�n acompa�arla de una autorizaci�n de orden de cateo, si procediere, en el caso de que �sta haya sido solicitada por el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aquel que se se�ale como el de su posible ubicaci�n, o bien el del lugar que deba catearse por tener relaci�n con el delito, as� como los dem�s requisitos que se�ala el p�rrafo octavo del art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez establecido el marco normativo de la inviolabilidad de domicilio, se procede a determinar lo que debe entenderse por �ste.

Al respecto el C�digo Civil Federal, establece:

"Art�culo 29. El domicilio de las personas f�sicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de �ste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de �stos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren.

"Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en �l por m�s de seis meses."

"Art�culo 30. El domicilio legal de una persona f�sica es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no est� all� presente."

"Art�culo 31. Se reputa domicilio legal:

"I.D. menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad est� sujeto;

"II.D. menor de edad que no est� bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor;

"III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el art�culo 29;

"IV. De los c�nyuges, aquel en el cual �stos vivan de consumo, sin perjuicio del derecho de cada c�nyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el art�culo 29;

"V. De los militares en servicio activo, el lugar en que est�n destinados;

"VI. De los servidores p�blicos, el lugar donde desempe�an sus funciones por m�s de seis meses;

"VII. De los funcionarios diplom�ticos, el �ltimo que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contra�das localmente;

"VIII. De las personas que residan temporalmente en el pa�s en el desempe�o de una comisi�n o empleo de su gobierno o de un organismo internacional, ser� el del Estado que los haya designado o el que hubieren tenido antes de dicha designaci�n respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contra�das localmente; y

"IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por m�s de seis meses, la poblaci�n en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jur�dicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservar�n el �ltimo domicilio que hayan tenido."

"Art�culo 32. Cuando una persona tenga dos o m�s domicilios se le considerar� domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquel en que se encontrare."

"Art�culo 33. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administraci�n.

"Las que tengan su administraci�n fuera del Distrito Federal pero que ejecuten actos jur�dicos dentro de su circunscripci�n, se considerar�n domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera.

"Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendr�n su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contra�das por las mismas sucursales."

"Art�culo 34. Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones."

De los preceptos transcritos se tiene que el domicilio de las personas f�sicas es:

  1. El lugar donde residen habitualmente, entendi�ndose por esto, donde permanecen por m�s de seis meses;

  2. El lugar del centro principal de sus negocios;

  3. El lugar donde simplemente residan o se encontraren.

    El domicilio de las personas morales es:

  4. El lugar donde se encuentra establecida su administraci�n;

  5. El lugar donde operen las sucursales, cuando �stas se encuentren en lugar distinto al en que radica la casa matriz.

    En la doctrina encontramos diversas definiciones de domicilio a las que a continuaci�n haremos referencia.

    F.P.�n V., se�ala que "Gramaticalmente domicilio significa casa en que se habita o morada fija y permanente. La doctrina se muestra conforme en que el concepto de domicilio en el derecho penal tiene un significado diverso al del derecho civil, pues a diferencia de este �ltimo debe ser entendido en la forma m�s amplia con referencia al sitio o lugar que el hombre ha escogido para morada, sea definitiva o provisional, teniendo decisiva importancia el destino dado al lugar, abarcando tan amplio concepto no s�lo la casa o departamento sino igualmente las diversas dependencias de ella, como local de oficina, bodega, etc., por formar parte de la unidad habitacional, en la que una persona desarrolla actos y formas de vida calificadas como �ntimas o privadas, aun cuando en el momento de realizarse alg�n hecho delictivo vinculado, entre otros bienes jur�dicos, contra el de la seguridad y la privacidad en el hogar o la vida �ntima del individuo, �ste no se encuentra presente."(1)

    El Diccionario Jur�dico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, con relaci�n al concepto de domicilio, establece: "El concepto jur�dico comprende dos elementos: uno objetivo y el otro subjetivo. El primero est� constituido por la residencia de una persona en un lugar determinado, y el segundo por el prop�sito de dicha persona de radicarse en ese lugar. La ley presupone que se conjuntan estos dos elementos cuando una persona reside por m�s de seis meses en ese lugar."(2)

    Ma. C.F.N., en su libro "Entrada y registro en domicilio", se�ala: "... la acepci�n de domicilio del derecho penal comprende, en cuanto disfruta de un car�cter m�s amplio, tanto la noci�n de residencia habitual a la que se refiere el ordenamiento civil y administrativo, como cualquier otra localizaci�n o establecimiento de la persona, de naturaleza accidental y transitoria, siempre que se more en �l."(3)

    Por su parte, el Tribunal Constitucional espa�ol, en sentencia 22/1984, de diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, estableci� que "es preciso mantener un concepto constitucional de domicilio de mayor amplitud que el concepto jur�dico-privado o jur�dico administrativo", as� "el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad m�s �ntima", de modo que "no s�lo es objeto de protecci�n el espacio f�sico en s� mismo considerado, sino lo que en �l hay de emanaci�n de la persona y de esfera privada de ella".

    En vista de todo lo anterior y a efecto de determinar el concepto de domicilio a que se encuentra referida la garant�a de inviolabilidad del mismo, contenida en los p�rrafos primero en relaci�n con el octavo del art�culo 16 constitucional, resulta necesario nuevamente transcribir dichos p�rrafos:

    "Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

    "...

    "En toda orden de cateo, que s�lo la autoridad judicial podr� expedir y que ser� escrita, se expresar� el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan; a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia, levant�ndose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia."

    Como ya qued� apuntado, el precepto constitucional referido, en su primer p�rrafo establece como un derecho subjetivo p�blico de los gobernados el no ser molestado, entre otros, en su domicilio; dicha protecci�n va encaminada a actos de autoridad, sin que pueda considerarse que dicha protecci�n al domicilio, se encuentre reducida al lugar en que una persona puede ser localizada, es decir, al lugar en el que establece su residencia habitual, pues con ello s�lo se atender�a al elemento objetivo del domicilio.

    La protecci�n a la inviolabilidad del domicilio a que nos referimos, atiende tambi�n y de manera esencial, al elemento subjetivo del domicilio, esto es, al prop�sito o destino que el sujeto concede a determinado espacio, en el que desarrolla actos y formas de vida calificadas como �ntimas o privadas.

    As�, la se�alada protecci�n del domicilio, no s�lo est� encaminada a la del bien inmueble, a la del espacio f�sico, sino tambi�n y de manera esencial, al �mbito del asiento de intimidad de la persona.

    Ello en virtud de que si bien el primer p�rrafo del art�culo 16 constitucional se refiere a "domicilio", lo cierto es que el octavo p�rrafo del mismo precepto, s�lo se�ala "lugar", debiendo entenderse por �ste, aquel en el que el gobernado de alg�n modo se asienta y realiza actos relativos a su privacidad, a su intimidad.

    En efecto, al encontrarse el cateo dentro del �mbito de la materia penal, es de considerase que el concepto de domicilio en esta materia es m�s amplio, pues comprende tambi�n, cualquier localizaci�n o establecimiento de la persona, de naturaleza accidental y transitoria en donde lleve a cabo actos comprendidos dentro de su esfera privada.

    Lo anterior se corrobora de algunos de los lugares que los art�culos 285 y 381 bis, del C�digo Penal Federal (transcritos en la foja 158 de este proyecto) protegen contra los delitos de allanamiento de morada y robo: departamentos, viviendas, aposentos, dependencias de casa habitada, cuartos habitados o destinados a habitaci�n, fijos a la tierra o movibles.

    As� las cosas, se puede establecer que el concepto de domicilio a que se encuentra referida la garant�a de inviolabilidad del mismo, contenida en los p�rrafos primero en relaci�n con el octavo del art�culo 16 constitucional, comprende tanto el lugar en el que una persona establece su residencia habitual, como todo aquel espacio, en el que desarrolla actos y formas de vida calificadas como �ntimas o privadas.

    Ahora, como qued� apuntado, el se�alado art�culo 16, permite que las autoridades, a efecto de poder cumplir con sus funciones, se introduzcan en el domicilio de los particulares, como en el caso de los cateos, los cuales deben cumplir requisitos formales y de fondo, tal como lo dispone el octavo p�rrafo del mencionado precepto constitucional.

    En efecto, con el af�n de asegurar de manera efectiva y en favor del gobernado, la tutela de su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, el Constituyente estableci� que las �rdenes de cateo �nica y exclusivamente deben ser expedidas por la autoridad judicial; y en concordancia con ello, se�al� diversos requisitos tendentes al sano ejercicio en su pr�ctica, �stos son: a) que conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspecci�n; d) que se levante una acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

    La finalidad del cateo, es la de aprehender a una persona mediante orden dada por autoridad competente; asimismo, la b�squeda de objetos que se presuma se encuentran en el lugar en donde se va a llevar dicha diligencia; aspectos que deben estar relacionados con la comisi�n del alg�n delito.

    El C�digo Federal de Procedimientos Penales, en observancia a la garant�a de inviolabilidad del domicilio, en su art�culo 61, establece:

    "Art�culo 61. Cuando en la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico estime necesaria la pr�ctica de un cateo, acudir� a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden com�n, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, as� como la ubicaci�n del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia.

    "Al concluir el cateo se levantar� acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia.

    Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecer� de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.

    El precepto antes reproducido, adem�s de los requisitos que establece el octavo p�rrafo del art�culo 16 constitucional con relaci�n al cateo, esto es, a) que conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspecci�n; d) que se levante un acta circunstanciada; se�ala que la orden de cateo debe expresar el objeto y necesidad del mismo y establece que de no cumplirse con los requisitos que menciona, la diligencia carecer� de todo valor probatorio.

    El mencionado precepto legal, con la finalidad de asegurar el imperio de la garant�a de inviolabilidad del domicilio en materia penal, es contundente al se�alar que si no se cumple con alguno de los requisitos que establece, la diligencia de cateo carecer� de todo valor probatorio.

    En esas condiciones, conviene establecer los actos que constituyen la diligencia de cateo:

    1. Localizaci�n de objetos y personas, as� como la aprehensi�n de �stas en el domicilio registrado.

    2. Acta circunstanciada de la propia diligencia.

    Atento a lo anterior, la sanci�n que establece el mencionado art�culo 61, en el sentido de que carecer� de valor la diligencia de cateo que no se realice conforme a los requisitos en �l se�alados, los cuales son congruentes con los se�alados en el art�culo 16 constitucional, se limita a tales actos.

    As�, se estar� en imposibilidad de otorgar eficacia probatoria a los objetos y/o personas localizados en el registro domiciliario respectivo, as� como lo asentado en el acta correspondiente.

    En efecto, las pruebas obtenidas con vulneraci�n a la inviolabilidad del domicilio, es decir, de la intromisi�n de la autoridad al domicilio de un gobernado sin contar con orden judicial, son los objetos y personas que se localicen, as� como la aprehensi�n de �stas en el domicilio registrado y el acta circunstanciada de la propia diligencia, probanzas que carecen de eficacia probatoria alguna.

    Es de destacarse que la tutela de los derechos fundamentales debe ser el objetivo prioritario del Estado de derecho que la Constituci�n consagra, pues los derechos fundamentales son la base de nuestra organizaci�n jur�dico-pol�tica; en esa virtud, su vulneraci�n, entre otras consecuencias, debe conducir a la imposibilidad de otorgar eficacia jur�dica a las pruebas obtenidas con infracci�n de tales derechos.

    As� resulta, que al ser la inviolabilidad del domicilio un derecho fundamental, las pruebas obtenidas con vulneraci�n al mismo, carecer�n de eficacia probatoria, quedando afectada tambi�n la eficacia probatoria de las pruebas que sean consecuencia directa de la obtenida con vulneraci�n de dicho derecho fundamental, esto es, las obtenidas a partir de aqu�llas.

    As�, no puede ser materia de prueba el informe policiaco o parte informativo, ni los testimonios de las autoridades que se introdujeron en el domicilio registrado, pues de manera directa derivan de dicha vulneraci�n.

    Los objetos y personas encontrados en el domicilio inconstitucionalmente registrado, no hubieran existido de no haberse practicado el cateo ilegal, lo cual evidencia que el origen de los mismos es el propio cateo, el cual, al resultar ilegal y, en consecuencia, carecer de todo valor probatorio, influye de manera directa en los actos que de �l derivaron, debiendo �stos seguir la misma suerte que aquello que les dio origen.

    As�, debe considerarse que todo acto que tenga su origen en un cateo que no cumpla con los requisitos constitucionales, carece de existencia legal, pues los actos que tengan su origen en un cateo que carezca de valor probatorio, esto en t�rminos del art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, no pueden tener existencia legal.

    Ahora bien, de acuerdo a la regla procesal de exclusi�n de pruebas ilegalmente obtenidas, no puede darse valor legal en juicio a probanzas obtenidas con violaci�n al debido proceso legal, en esa virtud, resultar�a contrario a tal regla considerar las actuaciones y probanzas realizadas con motivo de un cateo efectuado sin cumplir con los requisitos constitucionales.

    Adem�s que de darles valor a tales actos, ser�a tanto como convalidar de manera parcial el cateo realizado en dicha forma en beneficio de la autoridad, toda vez que si bien se declarar�a carente de valor probatorio el cateo, lo cierto es que las pruebas en �l encontradas, mismas que derivan de tal diligencia, podr�an ser consideradas en contra de quien fue molestado en su domicilio.

    En esas condiciones, se dejar�a en plena libertad a la autoridad para practicar cateos que no re�nan los requisitos constitucionales, pues de todos modos, los objetos que se encontraran en el mismo, tendr�an valor probatorio; ello tambi�n equivaldr�a a desatender los requisitos que el art�culo 16 constitucional en su octavo p�rrafo establece para las �rdenes de cateo, en donde se se�ala que la diligencia respectiva debe limitarse a lo indicado en la orden con relaci�n al lugar que ha de catearse, as� como a los objetos que se buscan, pues cualquier objeto encontrado en el mismo, podr�a ser considerado por la autoridad, viol�ndose con ello la privacidad del domicilio.

    Cabe apuntar, que el mandato constitucional respecto de la orden de cateo va dirigido a las autoridades que se encuentran inmersas en la procuraci�n y administraci�n de justicia, que con su actuar pueden violar derechos fundamentales del gobernado que trascienden en su domicilio, libertad y seguridad jur�dica, por lo que dichas autoridades est�n obligadas a respetar el marco constitucional y legal establecidos para esos efectos.

    Si bien la orden de cateo presupone la comisi�n de un delito, la existencia de una investigaci�n y la probabilidad de que en el mismo recinto se encuentra el activo o los objetos relacionados con el delito, lo cierto es que no en todos los casos hay una investigaci�n ministerial de un delito previamente cometido, en la que existan datos del presunto responsable u objetos relacionados con el delito que se encuentren en el domicilio particular.

    Ciertamente, existen casos de flagrancia, esto es, cuando se est� en presencia de actos delictivos que se est�n ejecutando o se acaban de ejecutar, por ejemplo, cuando la autoridad policial recibe informaci�n en el sentido de que en determinado domicilio tienen secuestrado a un sujeto (delito permanente), o que se est� cometiendo una violaci�n (delito instant�neo), que se posee droga o armas (delito permanente), tr�fico de personas (delito instant�neo), pederastia (delito instant�neo), casos en los que no se necesitar�, necesariamente, orden judicial de cateo que autorice la intromisi�n o allanamiento del domicilio particular, ya que existiendo flagrancia, el propio art�culo 16 constitucional, expresamente permite a cualquier particular, y con mayor raz�n a la autoridad, detener al indiciado y l�gicamente hacer cesar la agresi�n delictiva.

    Lo anterior con independencia de que el delito en flagrancia se ejecute en el domicilio particular, toda vez que la Constituci�n no establece acotamiento alguno al respecto.

    Es de se�alarse que el C�digo Federal de Procedimientos Penales en el art�culo 193, define lo que se entiende por flagrancia de la siguiente manera:

    "Art�culo 193. Se entiende que existe flagrancia cuando:

    "I. El inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito;

    "II. Inmediatamente despu�s de ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente, o

    "III. El inculpado es se�alado como responsable por la v�ctima, alg�n testigo presencial de los hechos o quien hubiere participado con �l en la comisi�n del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en el delito; siempre y cuando se trate de un delito grave, as� calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisi�n de los hechos delictivos, se haya iniciado la averiguaci�n previa respectiva y no se hubiera interrumpido la persecuci�n del delito. ..."

    De lo anterior se advierte que la flagrancia se actualiza cuando el indiciado es sorprendido en el momento mismo en que se est� cometiendo el delito o cuando inmediatamente despu�s de que se ejecuta, el inculpado es perseguido materialmente; asimismo cuando el inculpado es se�alado por la v�ctima, por alg�n testigo presencial de los hechos o por quien hubiere participado con �l en la comisi�n del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en el delito, siempre y cuando se trate de un delito grave, as� calificado por la ley y no haya transcurrido un t�rmino de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisi�n de los hechos delictivos, se haya iniciado la averiguaci�n previa respectiva y no se hubiera interrumpido la persecuci�n del delito.

    As�, s�lo en los casos en que se trate de un delito cometido en flagrancia, previsto en el precepto constitucional y legal citado, puede la autoridad introducirse a un domicilio sin contar con orden de cateo, fundado en que la demora podr�a hacer ilusoria la investigaci�n de los delitos y la aplicaci�n de las penas correspondientes.

    Lo anterior significa que la autoridad policial puede irrumpir en el domicilio de un gobernado sin contar con orden de cateo cuando se est� cometiendo el delito dentro del domicilio, igualmente cuando despu�s de ejecutado un delito en flagrancia el inculpado es perseguido hasta el domicilio particular.

    Ahora, si como qued� establecido, en los supuestos de flagrancia no se requiere, necesariamente, orden de cateo, l�gicamente las pruebas que se encuentren vinculadas directa o indirectamente con dichas detenciones, no se rigen por los supuestos que contemplan los numerales 61 y 284 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, pues tendr�n eficacia probatoria y corresponder� al juzgador valorarlas conforme a las reglas relativas.

    La diligencia de cateo prevista en el octavo p�rrafo del art�culo 16 constitucional, como ya se apunt�, presupone una investigaci�n ministerial de un hecho delictivo previamente cometido y la necesidad de buscar o detener al presunto implicado en el mismo o, en su caso, de buscar las pruebas que acrediten la existencia misma del delito o la probable responsabilidad del inculpado, lo cual no sucede en los casos de flagrancia.

    La raz�n anterior obedece tambi�n al hecho de que la autoridad policial tiene el deber de velar por la seguridad y protecci�n de la ciudadan�a, por lo que se convierte en garante de los bienes de la sociedad y por contrapartida, tiene el derecho de hacer que cese dicha afectaci�n, sin esperar que se lo autorice expresamente la autoridad judicial.

    En efecto, en la Constituci�n se establecen los requisitos de la orden de cateo, sin los cuales la misma ser� ilegal, pero tambi�n se establece la facultad punitiva del Estado como garante de la existencia de la sociedad, de ah� que tambi�n prevea el delito flagrante.

    Lo anterior, permite apreciar que entre ambos mandatos constitucionales, el de la orden de cateo y el de la facultad punitiva del Estado, debe existir un equilibrio, ya que no se puede concebir una orden de cateo que no cumpla con los requisitos correspondientes, en atenci�n a los bienes tutelados que afecta, como tampoco, que ante conductas constitutivas de delitos, el Estado no act�e.

    As�, la regla para realizar un cateo la constituyen todos los requisitos que establece el art�culo 16 constitucional descritos con anterioridad, y la excepci�n, cuando se verifique el cateo en caso de flagrante delito.

    De acuerdo a lo antes se�alado, es de concluirse que las pruebas que se obtengan a partir de un cateo que no cumpla con los requisitos establecidos en el octavo p�rrafo del art�culo 16 constitucional, carecer�n de eficacia probatoria, ello con independencia de la responsabilidad en que las autoridades que irrumpan en el domicilio pudieran incurrir; en cambio, las probanzas que se obtengan como consecuencia de la intromisi�n de la autoridad policial a un domicilio en caso de flagrancia, tendr�n eficacia probatoria.

    Cabe se�alar que corresponder� al �rgano jurisdiccional realizar el juicio de proporcionalidad sobre la medida del cateo llevada a cabo, a fin de establecer si se cumplieron los requisitos respectivos, o bien, no obstante que no se cumplieron se estaba en presencia de flagrante delito.

    Tambi�n debe precisarse que en caso de flagrancia la autoridad debe de contar con datos ciertos o v�lidos que motiven la intromisi�n al domicilio, datos que se deber�n aportar en el proceso en caso de llegarse a consignar la averiguaci�n correspondiente a efecto de que el Juez pueda tener elementos de valuaci�n para determinar si en el caso efectivamente se trat� de flagrancia.

    En caso de que no se acredite que la intromisi�n al domicilio fue motivada por un delito flagrante, tal intromisi�n as� como lo que de ello derive resultar� ilegal.

    En las relatadas consideraciones como criterios jurisprudenciales deben prevalecer los que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos siguientes:

    INTROMISI�N DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISI�N DE UN DELITO EN FLAGRANCIA.-Si bien, la diligencia de cateo prevista en el octavo p�rrafo del art�culo 16 constitucional presupone la comisi�n de un delito, la existencia de una investigaci�n ministerial y la probabilidad de que en el domicilio que se registrar� se encuentra el sujeto activo o los objetos relacionados con el il�cito; ello no sucede en todos los casos, pues trat�ndose de flagrante delito, con fundamento en que la demora puede hacer ilusoria la investigaci�n del delito y la aplicaci�n de las penas, la autoridad policial no requiere necesariamente orden de cateo para introducirse en el domicilio particular en el que se est� ejecutando el delito, ya que en ese caso, el propio art�culo 16 constitucional se�ala expresamente una excepci�n al respecto al permitir a cualquier particular, y con mayor raz�n a la autoridad, detener al indiciado, adem�s de que el Estado -como garante de los bienes de la sociedad- debe actuar de inmediato en casos de flagrancia; por lo que en esas condiciones, los medios de prueba obtenidos como consecuencia de la intromisi�n de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo, motivada por la comisi�n de un delito en flagrancia, tienen eficacia probatoria, ya que al tratarse de hip�tesis distintas, a efecto de determinar su valor probatorio, no se aplican las mismas reglas que trat�ndose de un cateo precedido por una investigaci�n ministerial. As�, las pruebas que se obtengan a partir de un cateo que no cumpla con los requisitos establecidos en el octavo p�rrafo del art�culo 16 constitucional, carecen de eficacia probatoria, ello con independencia de la responsabilidad en que las autoridades que irrumpan en el domicilio pudieran incurrir; en cambio, las probanzas que se obtengan como consecuencia del allanamiento de un domicilio por parte de la autoridad policial en caso de flagrancia tienen eficacia probatoria, aun cuando no exista orden de cateo. Debiendo precisarse que trat�ndose del allanamiento de un domicilio por parte de la autoridad policial en caso de flagrancia, �sta debe contar con datos ciertos o v�lidos que motiven la intromisi�n al domicilio sin orden de cateo, los cuales deben aportarse en el proceso en caso de consignarse la averiguaci�n correspondiente a efecto de que el Juez tenga elementos que le permitan llegar a la convicci�n de que efectivamente se trat� de flagrancia, pues de no acreditarse tal situaci�n, las pruebas recabadas durante dicha intromisi�n, carecen de eficacia probatoria.

    CATEO. EN ACATAMIENTO A LA GARANT�A DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ART�CULO 16 DE LA CONSTITUCI�N, DE LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA MISMA, CARECEN DE EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA.-Con la finalidad de tutelar efectivamente la persona, familia, domicilio, papeles y posesiones de los gobernados, el Constituyente estableci� en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que las �rdenes de cateo �nica y exclusivamente puede expedirlas la autoridad judicial cumpliendo los siguientes requisitos: a) que conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspecci�n; d) que se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. En ese sentido, el art�culo 61 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, en observancia a la garant�a de inviolabilidad del domicilio, establece que si no se cumple con alguno de los requisitos del octavo p�rrafo del citado precepto constitucional, la diligencia carece de valor probatorio. Por tanto, las pruebas obtenidas con vulneraci�n a dicha garant�a, esto es, los objetos y personas que se localicen, su aprehensi�n en el domicilio registrado y las dem�s pruebas que sean consecuencia directa de las obtenidas en la forma referida, as� como el acta circunstanciada de la propia diligencia, carecen de eficacia probatoria. En efecto, las actuaciones y probanzas cuyo origen sea un cateo que no cumpla con los requisitos constitucionales y, por tanto, sin valor probatorio en t�rminos del se�alado art�culo 61, carecen de existencia legal, pues de no haberse realizado el cateo, tales actos no hubieran existido.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Es improcedente la contradicci�n denunciada por lo que hace a los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los amparos directos 404/75, 547/75, 651/75, 54/76 y 301/78, en t�rminos del considerando noveno de esta resoluci�n.

SEGUNDO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada por lo que se refiere a los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito al resolver los amparos directos 627/2002, 283/2003, 74/2004, 91/2004, 516/2004, 213/2004 y 191/2004 y los sustentados por los Tribunales Colegiados, Segundo del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 376/2003 y Tercero del D�cimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 592/99, en t�rminos del considerando octavo de esta ejecutoria.

TERCERO

Deben prevalecer con el car�cter de jurisprudencia las tesis formuladas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparecen en la parte final del �ltimo considerando de este fallo.

CUARTO

De conformidad con los art�culos 195 y 197-A de la Ley de A., h�gase la publicaci�n y remisi�n correspondientes.

N.�quese; y en su oportunidad arch�vese el toca como concluido.

As�, lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros: S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V. (ponente), en contra del voto emitido por los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P. y (presidente) Jos� Ram�n C.�o D�az.

_____________

  1. P.�n V., F., Diccionario de Derecho Penal, M�xico, 1997, p. 399.

  2. Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, Instituto de Investigaciones Jur�dicas, "Diccionario Jur�dico Mexicano", M�xico, 1997, p. 1206.

  3. F.N., Ma. C., Entrada y Registro en el domicilio, Madrid, 1994, p. 13.