Ejecutoria num. 2a./J. 200/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 35494458

Ejecutoria num. 2a./J. 200/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 200/2007
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.INCONFORMIDAD. NO ES OBLIGATORIO AGOTAR LA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 Y 90 DEL REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ANTES DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 193/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: A.M.F..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario N�mero 5/2001 dictado por el P. de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicci�n se vincula con la materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis se estima que proviene de parte leg�tima, de conformidad con los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal; y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el P. o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las S. de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas S., el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en P. decidir� cu�l tesis debe prevalecer. La resoluci�n que pronuncien las S. o el P. de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr� el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n."

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificaci�n de criterios, a trav�s de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, se�alan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la Rep�blica, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n la contradicci�n de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicci�n de tesis la formul� uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito que sustent� uno de los criterios que se estiman contradictorios, por lo que debe concluirse que la presente denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima.

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito en sesi�n de veintiocho de mayo de dos mil siete, resolvi� por mayor�a de votos el amparo directo laboral 90/2007-III, y las consideraciones en la parte que interesa, para la resoluci�n del presente asunto, son del tenor siguiente:

QUINTO. ... Por otra parte, debe decirse que resulta sustancialmente fundada una parte de los restantes motivos de inconformidad y suficientes para conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados. Ello es as�, toda vez que del laudo impugnado se desprende que la Junta determin� que la litis se centraba en establecer si el actor ten�a o no derecho a que se le otorgara el puesto de m�dico, jefe de servicios en la especialidad de ginecobstetricia otorgada al doctor A.M.C., con motivo de la vacante definitiva generada por el dictamen de invalidez que se determin� a favor del doctor J.C.S.; posteriormente a ello y despu�s de analizar las pruebas ofrecidas en el procedimiento, estim� que no se encontraban satisfechos los requisitos para el otorgamiento de la plaza reclamada, condenando al instituto demandado a fin de que otorgara al actor el puesto antes referido. En relaci�n a la excepci�n de error en la v�a opuesta por el instituto quejoso, consistente en que el accionante, previamente al juicio laboral, debi� interponer el recurso de inconformidad que prev�n los art�culos 56 y 57 del Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del demandado, la declar� improcedente, apoy�ndose para ese efecto, en que re��a con lo dispuesto por el numeral 17, p�rrafo segundo, de la Constituci�n General de la Rep�blica, el cual seg�n dijo, garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia al tener que agotar un recurso antes de acudir a la Junta con el fin de que se dirima el conflicto derivado, en su caso, de la resoluci�n que emitiera la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n que es de car�cter administrativo, apoy�ndose para ello en la jurisprudencia n�mero 114/2001, bajo el rubro: ?SEGURO SOCIAL. EL ART�CULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACI�N DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE, A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ART�CULO 17 CONSTITUCIONAL.?. Ahora bien, como se adelant�, son fundados los argumentos vertidos por el quejoso, ya que si bien es cierto, el precepto 17 de la Carta Magna establece entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre la justicia pronta, completa e imparcial, tambi�n lo es, que no por esa circunstancia, los tribunales est�n obligados a resolver cuestiones cuya v�a no sea la correcta. En efecto, las leyes procesales prev�n cu�l es la v�a en que debe intentarse cada pretensi�n, por lo que la secuela o prosecuci�n de un juicio se debe llevar a cabo en la forma establecida por aqu�llas, lo que se deber� atender de manera previa a la decisi�n de fondo. En esas circunstancias, el an�lisis de las reclamaciones s�lo puede llevarse a efecto si el juicio es procedente en la v�a escogida por el actor, pues de no serlo, el juzgador estar�a impedido para resolver sobre las cuestiones planteadas. El solo hecho de que se admita una demanda en la v�a propuesta por el solicitando (sic) no implica que el juzgador no deba estudiar aun de oficio dicho presupuesto, ya que al omitir hacerlo, se vulneran las garant�as de legalidad y seguridad jur�dicas contenidas en el art�culo 14, constitucional, que establece que un acto privativo no puede emitirse sin que previamente se haya seguido un juicio ante tribunales establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento. Por tanto, la Junta en aras de garantizar la seguridad jur�dica de las partes en el proceso debe asegurarse siempre de que la v�a elegida sea procedente, incluso al momento de dictar el laudo, de manera oficiosa, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente. El criterio que antecede fue sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 135/2004-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito y la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, nueve de febrero de dos mil cinco, cinco votos, que resulta aplicable por analog�a cuyo rubro, texto y datos de localizaci�n son del tenor siguiente: ?PROCEDENCIA DE LA V�A. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTI�N PLANTEADA.? (se transcribe). (Novena �poca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, tesis: 1a./J. 25/2005, p�gina 576). De lo anteriormente expuesto se llega a la conclusi�n de que en la especie la Junta no ten�a por qu� abordar de oficio la procedencia de la v�a, pues �sta fue opuesta como excepci�n por el demandado; sin embargo, debe decirse que la responsable hizo un incorrecto estudio de la excepci�n de error en la v�a planteada, la cual se hizo consistir en que el actor previamente a promover el juicio laboral debi� agotar el recurso de inconformidad que se establece en los art�culos 56 y 57 del Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ello es as�, porque en primer lugar, la circunstancia de que el art�culo 17, segundo p�rrafo, de la Carta Magna, aluda a la justicia pronta y expedita, ello no implica, como se dijo, que el tribunal est� obligado a resolver una cuesti�n cuyo tr�mite y soluci�n la contempla otra ley o reglamento distinto al c�digo obrero, sino que la Junta, en aras de garantizar la seguridad jur�dica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la v�a elegida por el solicitante sea la correcta en cualquier momento del procedimiento, incluso en el momento de dictar el fallo, por lo que debe realizar incluso de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la v�a, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente; en segundo, porque la jurisprudencia en la que se apoy� la responsable, no cobra aplicaci�n al presente caso, puesto que de su contenido se desprende que la misma se refiere a la inconstitucionalidad que decret� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n del art�culo 295 de la Ley del Seguro Social, el cual impon�a la obligaci�n que tienen los asegurados y sus beneficiarios de que antes de acudir ante la Junta a promover el juicio, deb�an agotar el recurso de inconformidad previsto en ese numeral, supuesto que no se da en el presente caso, porque como bien lo alega el agraviado, de las constancias de autos se desprende que corresponde a la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con base en el procedimiento previsto en los art�culos 46, fracciones I, II y III, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del reglamento de escalaf�n de los trabajadores de dicho instituto, determinar cu�l es el trabajador que por cumplir con ciertos requisitos se le concede la asignaci�n de plaza vacante. Para estar en condiciones de resolver lo conducente, es necesario transcribir, los citados numerales del mencionado reglamento, que a la letra dicen: (se transcriben). Como se advierte de la transcripci�n anterior, cuando existan vacantes escalafonarias, las mismas se pondr�n a disposici�n de la subcomisi�n respectiva, quien llevar� a cabo el procedimiento tomando en cuenta los diversos requisitos que en dicho reglamento se establecen y el trabajador que obtenga el ascenso escalafonario, deber� ocupar el puesto de que se trate, que el empleado que no est� de acuerdo con esa decisi�n podr� inconformarse ante la Subcomisi�n Mixta de Bolsa de Trabajo correspondiente. Ahora bien, de las propias constancias de autos se desprende que este Tribunal Colegiado, mediante ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo n�mero 120/2006-III, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil seis, consider� que la responsable infringi� el principio de congruencia previsto en el art�culo 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues no obstante que el actor reclam�, entre otras prestaciones, la nulidad de los actos realizados a partir de la asignaci�n que se hiciera de la plaza vacante n�mero 0300764, correspondiente al puesto de m�dico jefe de servicios en la especialidad de ginecolog�a y obstetricia derivada de la vacante definitiva generada como consecuencia del dictamen de invalidez definitiva que se determin� a favor del doctor J.C.S., y que el instituto demandado al dar contestaci�n hizo valer entre otras excepciones la de error en la v�a, consistente en que el accionante previamente al juicio natural debi� interponer el recurso de inconformidad previsto por los art�culos 56 y 57 del Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del laudo impugnado no se advert�a que la Junta hubiera hecho pronunciamiento alguno en torno a tal excepci�n, por lo que se concedi� el amparo solicitado, para el efecto de que dejara insubsistente dicho fallo y emitiera otro en el que fijando correctamente la litis laboral y observando el principio de congruencia, resolviera con plenitud de jurisdicci�n lo que legalmente correspondiera respecto a la excepci�n de error en la v�a opuesta por la parte demandada. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la responsable emiti� el fallo impugnado en el que se�al� en esencia, que la multireferida excepci�n resultaba improcedente, ya que re��a con lo dispuesto por el art�culo 17, p�rrafo segundo, constitucional, el cual garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia al tener que agotar un recurso antes de acudir ante dicha Junta con el fin de que se dirima el conflicto derivado en su caso de la resoluci�n que emita la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n que es de car�cter administrativo, apoy�ndose para ese efecto, en la jurisprudencia bajo el rubro: ?SEGURO SOCIAL. EL ART�CULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACI�N DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE, A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO POR EL ART�CULO 17 CONSTITUCIONAL.?; sin embargo, no advirti� que en el expediente obran constancias que demuestran que el ahora tercero perjudicado tuvo conocimiento e intervino en el procedimiento a que alude el citado reglamento, tan es as�, que se inconform� ante la Comisi�n Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo con la asignaci�n de la plaza al doctor A.M.C., seg�n se advierte de la copia del oficio n�mero CNMBT-03.1.1-45/846/01, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil uno, signado por el secretario t�cnico encargado de la Comisi�n Mixta de Bolsa de Trabajo, que obra agregada a foja 98, sin que aparezca ninguna resoluci�n de la que se advierta que se hubiera resuelto en definitiva ese medio de impugnaci�n; por otra parte, de los propios autos se desprende que no obstante que el actor en principio promovi� la demanda laboral tambi�n en contra de la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n y Subcomisi�n Mixta de Bolsa de Trabajo, ambas en el Estado de Nuevo Le�n, y con fecha cinco de noviembre del dos mil dos, desisti� de las mismas; por lo que siendo as�, la Junta indebidamente al emitir el fallo impugnado, conden� al ahora quejoso a que otorgara al actor G.N.L.S.�nchez, el puesto de m�dico jefe de servicios en la especialidad de ginecolog�a y obstetricia que le fuera asignada al doctor A.M.C., bajo el argumento de que la misma se hallaba afectada de nulidad al no satisfacerse los requisitos para otorgar la plaza reclamada, al haberse expedido un segundo bolet�n, ya que en contra de lo que afirma, la v�a elegida por el actor para dilucidar el conflicto no era la correcta, toda vez que ten�a que demostrar que se hab�a llevado a cabo el procedimiento en todas sus etapas y que la comisi�n respectiva hab�a emitido la resoluci�n respectiva, en la que estimara si era procedente o no el recurso de m�rito, por lo que al no existir constancias en ese sentido, es de concluirse que evidentemente la v�a elegida por el actor no debi� ser la laboral, sino que debi� sujetarse al procedimiento a que alude el Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores de dicho instituto, y al no hacerlo as�, como se dijo y se reitera, no era procedente la v�a laboral y al no estimarlo as� la Junta responsable, infringi� lo dispuesto por los art�culos 14 y 16 constitucionales. En consecuencia, al resultar sustancialmente fundado el anterior motivo de inconformidad, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, emita otro en el que estime procedente la excepci�n de error en la v�a planteada por la demandada, resolviendo lo que conforme a derecho proceda.

CUARTO

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, en sesi�n de seis de julio de dos mil cinco, resolvi� por unanimidad de votos el amparo directo laboral 661/2004, las consideraciones sustentadas en tal asunto son del tenor siguiente:

QUINTO. Los conceptos de violaci�n devienen fundados suplidos que son en su deficiente queja, acorde al art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo. El quejoso se�ala en lo que aqu� interesa, que el laudo reclamado es violatorio de garant�as, al priv�rsele de los derechos escalafonarios al no permit�rsele participar en el procedimiento respectivo para ocupar la plaza que por jubilaci�n dej� I. de J.�s C. y V. y que indebidamente se otorg� a otro, pues la responsable determin� sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento la absoluci�n de su contraparte, inaplicando as� el art�culo 841 de la Ley Federal del Trabajo, adem�s que sin consistencia jur�dica, analiz� las pruebas de la parte demandada, a la que correspond�a la carga probatoria, otorg�ndoles valor pleno; empero, no demostr� que cumpli� con el procedimiento previsto en el reglamento escalafonario, respecto a la publicaci�n de la convocatoria, su colocaci�n en los diferentes centros de trabajo y el t�rmino en que debi� instalarse en lugares visibles; sin embargo, los demandados pretendieron demostrar que cumplieron con las disposiciones de tal reglamento, y aun aceptando sin conceder como v�lidas las documentales agregadas al juicio natural, con las que se acredit� que se colocaron en los lugares en que se publicaron las convocatorias de m�rito, mas no se demostr� que estuvieron visibles en los centros de trabajo correspondientes, pues el art�culo 47 del reglamento escalafonario, prev� diez d�as h�biles para su inscripci�n. Previo a abordar los conceptos de violaci�n, se advierte que el aqu� quejoso demand� a la Secci�n XIIIdel Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a la Comisi�n Mixta Escalafonaria de tal instituci�n, la anulaci�n del proceso escalafonario instaurado para ocupar la plaza que dej� vacante I. de J.�s C. y V., adscrita en la residencia de mantenimiento del Hospital B.D.�nguez de esta ciudad, otorgada a A. de J.�s A.D.�nguez. As� como el otorgamiento de la plaza denominada analista administrativo, con turno opcional, as� como diferencias salariales a su favor en virtud al puesto que actualmente desempe�a en relaci�n al que aspira, y a continuaci�n el inconforme narr� los siguientes hechos: (se transcriben). Ahora bien, se advierte que el laudo reclamado es violatorio de garant�as, pues no se aprecia de las documentales aportadas por la patronal que el actor participara en el concurso por oposici�n para ocupar el puesto de analista administrativo (A 01 806 24-0) AA00500020, plaza n�mero 8714, que dej� vacante I. de J.�s C. y V., ya que seg�n la responsable no se inscribi� al concurso y tampoco impugn� el resultado de ese procedimiento en el que la vacante se otorg� a A. de J.�s A.D.�nguez, mediante el recurso de inconformidad, ante la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n, previsto en el art�culo 90 del Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo tenor es el siguiente: ?Art�culo 90. Los trabajadores podr�n inconformarse contra las resoluciones de la subcomisi�n si se presenta alguna de las siguientes circunstancias: I. Cuando la calificaci�n otorgada en los t�rminos de este reglamento no corresponda a los cr�ditos presentados al inscribirse, o suponga que se efectu� una inexacta calificaci�n de los factores escalafonarios; II. Cuando el trabajador demuestre que no se cumpli� con el procedimiento escalafonario, de cambios o permuta establecidos; III. Cuando en los ex�menes que se le practiquen se haya producido alguna irregularidad comprobable; y, IV. Respecto de modificaciones de turno, jornada, adscripci�n o residencia, transformaci�n de puesto o de la expedici�n de nombramientos en plazas y puestos de base cuando a su juicio existan circunstancias que les afecten.?. Tal precepto establece el recurso de inconformidad contra las resoluciones dictadas por la subcomisi�n en un procedimiento escalafonario; sin embargo, su interposici�n es opcional para el quejoso, como despu�s se ver�. A.�ndose, por otro lado, que obra en autos el bolet�n n�mero 6, de fecha veintis�is de junio de dos mil dos, mediante la cual, la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n de la Delegaci�n Estatal Chiapas, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dio a conocer la plaza vacante de analista administrativo que dejara I. de J.�s C. y V. por jubilaci�n, para lo cual convoc� a los trabajadores de base de tal instituci�n con el puesto de auxiliar administrador (A 01 806 24-0) AA00500020, plaza n�mero 8714, a fin de concursar para acceder a esa plaza, informando as� las condiciones necesarias para ese concurso (foja 77). As� como obran distintas actuaciones en las que se aprecia que el bolet�n que antecede se envi� entre otros, al Hospital General B.D.�nguez, indic�ndose que se exhiba en los lugares visibles del centro de trabajo (foja 81); a la vez que obra diversa constancia de fecha veintis�is de junio de dos mil dos, de la delegaci�n estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrito por el coordinador y el delegado sindical de tal instituci�n en la cual se plasm� que era para publicar el bolet�n n�mero 6, de la plaza de analista administrativo, mas no se hizo llegar ese bolet�n a la instancia denominada bienestar y desarrollo infantil de esta ciudad, que es donde el trabajador labora, lo cual reconoci� la demandada en la contestaci�n al hecho uno de la demanda (foja 58). Posterior a ello obra constancia de la propia subcomisi�n mixta de escalaf�n de fecha veintitr�s de julio de dos mil dos, en cuya parte conducente se lee lo siguiente: ?... se calific� el bolet�n n�mero 06, plaza 8714, vacante por jubilaci�n de I. de J.�s C. y V., existente en la residencia de conservaci�n analista administrativo, con turno opcional, participando en este bolet�n los CC. A. de J.�s A.D.�nguez y A.L.M.�nez, obteniendo el mayor puntaje el C.A. de J.�s A.D.�nguez, por lo que se proceder� a elaborar el dictamen para el tr�mite correspondiente, de conformidad con el art�culo 21 del reglamento de escalaf�n, el cual a la letra dice: �que el desempe�o de un cargo sindical no imposibilita a los trabajadores para ejercer derechos escalafonarios ...�.? (fojas 97 y 98). Establecido lo anterior, se advierte que como con acierto lo consider� el quejoso, el procedimiento administrativo que concluy� otorgando la plaza vacante a A. de J.�s A.D.�nguez fue irregular y, por lo mismo, err�nea es la estimaci�n de la responsable al absolver a la parte demandada, pues no se acredit� fehacientemente que la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n, fij� la convocatoria para el concurso de oposici�n en los lugares visibles del centro de trabajo por diez d�as h�biles, lo cual propici� desconocimiento del actor para tomar parte en �l, lo cual norman los art�culos 46, fracciones II y III, y 47 del Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo tenor es el siguiente: (se transcriben). En ese orden de ideas, de las constancias antes rese�adas, no se advierte que se haya fijado la convocatoria de m�rito inmersa en el bolet�n n�mero 6, en la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil en esta ciudad, lo cual evidentemente constituye un obst�culo al aqu� quejoso en la toma de conocimiento del concurso para aplicar a la plaza vacante, pues no pudo aportar los datos necesarios para que fuera tomado en cuenta, como pudieran ser su antig�edad, puestos ocupados, estudios realizados, etc�tera, lo cual conlleva a que todo el procedimiento administrativo que culmin� con el otorgamiento de la plaza a diverso sujeto, es irregular, al ventilarse a espaldas del trabajador, ya que inclusive no se gir� oficio al centro de trabajo del actor, que lo era la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil y, por ende, menos a�n se levant� el acta de actuaci�n que de conformidad con el art�culo 46, fracciones II y III, inciso c), del Reglamento de Escalaf�n, debe agregarse al expediente que se forme con motivo de la vacante, a fin de que los testigos y dem�s personas que intervengan, en el acta dejen constancia del cumplimiento del requisito relativo a que el bolet�n se fij� oportunamente en los lugares visibles y preestablecidos de los centros de trabajo, conteniendo los datos y dem�s elementos previstos en el reglamento. Adem�s, el laudo reclamado tambi�n es violatorio de garant�as, pues el aqu� quejoso no ten�a porqu� impugnar necesariamente la resoluci�n de la subcomisi�n mixta de escalaf�n, mediante la interposici�n del recurso de inconformidad antes se�alado, pues de ce�ir al trabajador, aqu� quejoso, a agotar tal medio impugnativo, le condiciona injustificadamente su acceso efectivo a la impartici�n de justicia previsto en el art�culo 17 de la Constituci�n Federal, al tratarse de la tutela de prerrogativas que nacen de una relaci�n entablada entre sujetos de derecho de un mismo plano (desprovistos de imperio), por lo cual no existe motivo para que el impetrante agote una instancia administrativa antes de solicitar de la Junta el reconocimiento de los derechos escalafonarios de que se duele no le respetaron, m�xime que trat�ndose de la relaci�n laboral la tramitaci�n obligatoria del recurso desconoce los requisitos y prerrogativas que para ejercitar la acci�n laboral prev� la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones que la informan, la Jurisprudencia P./J. 114/2001, del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a foja 7, T.X., septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, con el rubro y texto siguientes: ?SEGURO SOCIAL. EL ART�CULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACI�N DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ART�CULO 17 CONSTITUCIONAL.? (se transcribe). ... En m�rito a lo anterior y como antes se dijo, el laudo reclamado es violatorio de garant�as por lo que en debida reparaci�n de ellas, se impone conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable lo deje insubsistente y dicte otro en el que previo a su emisi�n declare nulo el procedimiento escalafonario seguido ante la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y ordene se d� inicio el procedimiento administrativo, relativo a ocupar la vacante que dej� I. de J.�s C. y V., en el puesto de analista administrativo, con clave del puesto (A 01 806 24-0) AA00500, subnivel 020, plaza 8714, para lo cual seguir� el procedimiento previsto en los art�culos 46, 47, 48 y dem�s relativos del Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin considerar que tras lo resuelto por la mencionada subcomisi�n mixta de escalaf�n, deba de interponerse necesariamente el recurso de inconformidad previsto en el numeral 90 del mismo ordenamiento, por tratarse de un recurso optativo.

La resoluci�n a que se alude dio origen a la tesis aislada cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

"DERECHOS ESCALAFONARIOS. EL ART�CULO 90 DEL REGLAMENTO DE ESCALAF�N DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO QUE ESTABLECE LA OBLIGACI�N DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA SUBCOMISI�N MIXTA RELATIVA ANTES DE ACUDIR A LA AUTORIDAD LABORAL RESPECTIVA, VIOLA EL ART�CULO 17 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 90 del Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que establece la obligaci�n de los trabajadores de agotar el recurso de inconformidad contra las resoluciones pronunciadas por la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n en el procedimiento escalafonario de cambios o permutas, antes de acudir a la autoridad laboral correspondiente, condiciona en forma injustificada el derecho de acceso efectivo a la justicia y por tanto viola el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de la tutela de prerrogativas que nacen de una relaci�n entablada entre sujetos de derechos de un mismo plano, pues no existe motivo alguno para obligar al trabajador a que agote una instancia administrativa antes de acudir a la Junta a demandar el reconocimiento de los derechos escalafonarios, ya que trat�ndose de la relaci�n laboral, la tramitaci�n obligatoria del recurso desconoce los requisitos y prerrogativas que prev� la legislaci�n laboral para ejercitar la acci�n respectiva." (No. Registro: 175,962. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Novena �poca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., febrero de 2006, tesis XX.1o.113 L, p�gina 1802).

QUINTO

Atendiendo a los criterios emitidos en las resoluciones en estudio, ahora corresponde verificar previamente si existe o no la contradicci�n denunciada.

Es necesario tener presente que la contradicci�n de criterios se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jur�dicos que generan la denuncia examinan cuestiones jur�dicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jur�dicos discrepantes y que, adem�s, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; requiri�ndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente id�nticos.

En este caso, es aplicable al respecto la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001 sustentada por el P. de este M�ximo Tribunal de la Naci�n, la cual se transcribe a continuaci�n y cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (No. Registro: 190,000. Jurisprudencia. Materia(s): Com�n. Novena �poca. Instancia: P.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76).

SEXTO

Precisado lo anterior, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicci�n de tesis denunciada a continuaci�n se resaltan, en resumen, las consideraciones legales en que los tribunales contendientes apoyaron los criterios que adoptaron al resolver los asuntos sometidos a su jurisdicci�n.

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver en sesi�n de veintiocho de mayo de dos mil siete el amparo directo 90/2007-III, determin� que contra las resoluciones de la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que resuelven sobre la asignaci�n de alguna plaza vacante, previamente a la tramitaci�n del juicio laboral, debe interponerse el recurso de inconformidad que prev�n los art�culos 56 y 57 del Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

    La determinaci�n anterior se apoya fundamentalmente en las consideraciones que se sintetizan a continuaci�n.

    1. Que son fundados los argumentos del quejoso, ya que si bien es cierto, el art�culo 17 constitucional establece entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, tambi�n lo es que no por esa circunstancia, los tribunales est�n obligados a resolver cuestiones cuya v�a no sea la correcta.

    2. Que las leyes procesales prev�n cu�l es la v�a en que debe intentarse cada pretensi�n, por lo que la secuela de prosecuci�n de un juicio se debe llevar a cabo en la forma establecida por aqu�lla, lo que se deber� atender de manera previa a la decisi�n del fondo.

    3. Que el an�lisis de la reclamaciones s�lo puede llevarse a efecto si el juicio es procedente en la v�a escogida por el actor, pues de no serlo, el juzgador estar�a impedido para resolver las cuestiones planteadas.

    4. Que la responsable hizo un incorrecto estudio de la excepci�n de error en la v�a planteada, la cual se hizo consistir en que el actor previamente a promover el juicio laboral debi� agotar el recurso de inconformidad que se establece en los art�culos 56 y 57 del Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que la circunstancia de que el art�culo 17, segundo p�rrafo, de la Constituci�n Federal, aluda a la justicia pronta y expedita, ello no implica que el tribunal est� obligado a resolver una cuesti�n cuyo tr�mite y soluci�n contempla otra ley o reglamento distinto al c�digo obrero, sino que la Junta en aras de garantizar la seguridad jur�dica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre que la v�a elegida sea la correcta en cualquier momento del procedimiento, incluso al dictar el fallo.

    5. Que la jurisprudencia en la que se apoy� la responsable no cobra aplicaci�n al caso analizado, ya que se refiere a la inconstitucionalidad del art�culo 295 de la Ley del Seguro Social, el cual impon�a la obligaci�n a los asegurados y sus beneficiarios de que antes de acudir a la Junta a promover el juicio, deb�a agotar el recurso de inconformidad previsto en ese numeral, supuesto que no se da en el caso, ya que �ste se refiere a la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la que con base en el procedimiento previsto en los art�culos del 46 al 59 del reglamento de escalaf�n, debe determinar cu�l es el trabajador que cumpli� con los requisitos para lograr el ascenso escalafonario.

    6. Que en el caso sujeto a an�lisis no aparece ninguna resoluci�n de la que se advierta que se hubiera resuelto en definitiva el recurso de inconformidad que se interpuso en contra de la asignaci�n de la plaza en conflicto al doctor A.M.C., por lo que al no existir constancia en ese sentido, la v�a elegida por el actor no debi� ser la laboral, sino que debi� sujetarse al procedimiento a que alude el Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, por lo que al no haberlo hecho de esa manera, la v�a laboral no era la procedente, raz�n por la cual al no haberlo considerado as� la Junta responsable, infringi� los art�culos 14 y 16 constitucionales.

  2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito al resolver el amparo directo 661/2004, emiti� criterio en el sentido de que contra las resoluciones de la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que resuelven sobre la asignaci�n de alguna plaza vacante, no se hace necesaria la tramitaci�n del recurso de inconformidad que prev� el art�culo 90 del Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por tratarse de un recurso optativo para el trabajador.

    Para arribar a tal conclusi�n se apoy�, en s�ntesis, en las consideraciones siguientes:

    1. Que el art�culo 90 del Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado citado, establece el recurso de inconformidad contra las resoluciones dictadas por la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n en un procedimiento escalafonario; sin embargo, su interposici�n es opcional para el quejoso.

    2. Que el laudo reclamado es violatorio de garant�as, ya que el quejoso no ten�a por qu� impugnar necesariamente la resoluci�n de la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n, mediante la interposici�n del recurso de inconformidad establecido en el art�culo 90 del reglamento referido, pues de obligar al trabajador a agotar tal medio impugnativo, se le condiciona injustificadamente se acceso efectivo a la impartici�n de justicia previsto en el art�culo 17 de la Constituci�n Federal, al tratarse de la tutela de prerrogativas que nacen de una relaci�n entablada entre sujetos de derecho de un mismo plano (desprovistos de imperio), por lo que no existe motivo para que el impetrante agote una instancia administrativa antes de solicitar de la Junta el reconocimiento de los derechos escalafonarios que aduce nole fueron respetados, m�xime que trat�ndose de la relaci�n laboral, la tramitaci�n obligatoria del recurso desconoce los requisitos y prerrogativas que para ejercitar la acci�n laboral prev� la Ley Federal del Trabajo.

    3. Que sobre el particular cobra vigencia, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 114/2001, del P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL ART�CULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACI�N DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ART�CULO 17 CONSTITUCIONAL."

    4. Que, en consecuencia, el laudo reclamado es violatorio de garant�as, por lo que se debe conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable lo deje insubsistente y dicte otro en el que previo a su emisi�n, declare nulo el procedimiento escalafonario seguido ante la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n en el Estado de Chiapas, y ordene se d� inicio el procedimiento administrativo, relativo a ocupar la vacante cuestionada, para lo cual seguir� el procedimiento previsto en los art�culos 46, 47, 48 y dem�s relativos del Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, sin considerar que tras lo resuelto por la mencionada subcomisi�n mixta de escalaf�n, deba interponerse necesariamente el recurso de inconformidad previsto en el art�culo 90 del mismo ordenamiento, antes de acudir a la Junta, por tratarse de un recurso optativo.

    De la s�ntesis relativa, se puede advertir que s� se actualiza la contradicci�n de tesis denunciada, ya que los tribunales contendientes, no obstante que en los asuntos sometidos a su consideraci�n se refieren al mismo tema jur�dico, partieron de los mismos elementos y arribaron a conclusiones opuestas entre s�.

    En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito determin� que el recurso de inconformidad que prev� el Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe ser agotado antes de acudir ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje a promover el juicio relativo.

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito determin� que el recurso de inconformidad que prev� el art�culo 90 del Reglamento de Escalaf�n de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por tratarse de un recurso optativo, no es necesario agotarlo antes de acudir a entablar el juicio laboral, ya que de lo contrario se le condicionar�a al trabajador, injustificadamente, el acceso efectivo a la impartici�n de justicia previsto en el art�culo 17 constitucional.

    Consecuentemente, el punto de contradicci�n en el presente asunto queda limitado a determinar si el recurso de inconformidad previsto en los art�culos 56, 57 y 90 del Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe o no agotarse antes de acudir ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje a impugnar la resoluci�n que emita la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n, en relaci�n con los derechos escalafonarios que se estimen violados.

S�PTIMO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que sostiene esta Segunda Sala, el cual es coincidente en lo fundamental, con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, conforme a las consideraciones siguientes:

Debe destacarse que el P. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver en sesi�n de diez de septiembre de dos mil uno, la contradicci�n de tesis 35/2000, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, en relaci�n con el alcance que tiene el art�culo 17 constitucional, en lo que corresponde a los medios de impugnaci�n en sede administrativa, antes de acudir a las instancias jurisdiccionales, determin� lo siguiente.

"En principio, por orden l�gico, resulta conveniente dirimir el punto de contradicci�n relativo al alcance de lo dispuesto en el p�rrafo segundo del art�culo 17 constitucional.

"El citado precepto establece:

"?Art�culo 17. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"?Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"?Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.

"?Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil.?

"De la interpretaci�n literal del p�rrafo segundo antes transcrito, se llega a las siguientes conclusiones:

"a) En ese precepto se garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administraci�n de justicia.

"b) Entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administraci�n de justicia que desarrollan los tribunales; debiendo precisarse que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un �rgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resoluci�n en la que, mediante la aplicaci�n de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la raz�n sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado.

"c) La impartici�n de la administraci�n de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y t�rminos que fijen las leyes.

"d) Los plazos y t�rminos que se establezcan en las leyes es decir, la regulaci�n de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtenci�n de una resoluci�n sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jur�dica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisi�n de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende.

"Ahora bien, para precisar el alcance del precepto constitucional en comento resulta conveniente tomar en cuenta su texto original, aprobado por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, as� como los motivos que sustentaron la reforma realizada al mismo, cuyo texto actual se encuentra vigente desde el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete. El referido precepto dispon�a originalmente:

"?Art�culo 17. Nadie puede ser preso por deudas de un car�cter puramente civil. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma y ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estar�n expeditos para administrar justicia en los plazos y t�rminos que fije la ley y su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.?

"De la comparaci�n literal del texto original con el vigente se advierte que el Poder Revisor de la Constituci�n, mediante la reforma de mil novecientos ochenta y siete, precis� el derecho fundamental de los gobernados a tener un acceso efectivo a la justicia, a la vez que acot� la potestad del legislador en tanto que limit� la regulaci�n respectiva a que la misma permitiera la emisi�n pronta, completa e imparcial de las resoluciones jurisdiccionales

"Inclusive, para arribar a una conclusi�n sobre la finalidad que tuvo el Poder Revisor de la Constituci�n al reformar el precepto en comento a continuaci�n se reproduce, en la parte conducente, la exposici�n de motivos de la que deriv� la respectiva reforma constitucional.

"?C�mara de origen: Senadores

"?Exposiciones de motivos

"?M�xico D.F., a 30 de octubre de 1986

"?Iniciativa del ejecutivo

"?CC. Secretarios de la C�mara de Senadores del H. Congreso de la Uni�n

"?Presentes

"?El perfeccionamiento de la impartici�n de justicia en M�xico ha sido una preocupaci�n constante de la presente administraci�n, para satisfacer la necesidad permanente del pueblo de disfrutar de legalidad, equidad, orden y seguridad que permitan el pleno desarrollo del individuo en su convivencia social.

"?La sociedad mexicana en su conjunto nos ha acompa�ado en el prop�sito de alcanzar una nueva concepci�n social del Estado y del derecho, y de establecer los instrumentos institucionales para la consulta popular en las tareas del desarrollo y la renovaci�n de nuestro modelo de vida nacional.

"?El derecho se concibe, entre nosotros, como un instrumento de transformaci�n social, por lo que la reforma jur�dica, tan profunda como sea necesario, figura entre las grandes prioridades del presente.

"?M�xico vive y se desarrolla con nuevas normas jur�dicas que permiten una vida individual m�s justa y segura y que han mejorado la calidad de nuestra vida social, normas jur�dicas en cuya elaboraci�n ha participado el pueblo, no solamente por su aprobaci�n formal por el H. Congreso de la Uni�n, porque son el resultado de un permanente proceso de consulta popular que responde a la vocaci�n democr�tica de los mexicanos.

"?El perfeccionamiento del orden jur�dico y de los instrumentos de procuraci�n e impartici�n de justicia es un proceso permanente y din�mico, en el que cada avance mejora la realidad social, provoca propuestas de mayor calidad y profundidad y alienta las aspiraciones de todos los mexicanos para proseguir en esta tarea, con tenacidad.

"?El bienestar del individuo inserto en su vida social, es el prop�sito central de nuestro proyecto nacional, plasmado en la Constituci�n, la organizaci�n y correcto funcionamiento del Estado y del poder p�blico, deben contribuir al logro de este prop�sito, con estricto sometimiento a las normas constitucionales y leyes que de ellas emanan, pues ha sido y es decisi�n mexicana vivir en el sano ambiente de un Estado de derecho.

"?La Constituci�n contiene el proyecto nacional del pueblo de M�xico, en ella, la naci�n expresa sus decisiones fundamentales y afirma su voluntad de conservar su identidad como comunidad, como cultura y como historia; conjuga los principios pol�ticos de la independencia, la reforma y la Revoluci�n, que recoge lo mejor de nuestra historia y los anhelos de la mayor�a; establece las bases que sustentan la historia de un gobierno nacional viable y propone las reformas de relaci�n entre gobierno y sociedad, constitutivas de la democracia.

"?El respeto a los derechos del hombre y el principio de la divisi�n de poderes son piezas estructurales en la concepci�n del Estado mexicano, pues lo primero constituye el prop�sito de las instituciones sociales y el l�mite extr�nseco de la actividad del Estado, garant�a de la libertad de los hombres y el segundo contiene la base org�nica de la estructuraci�n del Poder Estatal y es el l�mite intr�nseco de su propia actividad, pues el ejercicio de la potestad p�blica debe estar �ntegramente supeditado al orden jur�dico y su divisi�n forma parte del sistema general de protecci�n a la libertad.

"?La necesidad de dividir el ejercicio de las potestades del Estado fue reconocido en la elaboraci�n de las Constituciones que surgieron de las revoluciones democr�ticas y liberales en Am�rica y Europa, por lo que el principio de la divisi�n de poderes ha sido una de las bases fundamentales de la doctrina constitucional moderna. en M�xico, ya la Constituci�n de Apatzing�n, primer ensayo constitucional mexicano, contiene la concepci�n tripartita de la divisi�n de poderes, al establecer que la atribuci�n de la soberan�a consist�a en la facultad de dictar leyes, en la facultad de hacerlas ejecutar y en la facultad de aplicarlas a los casos particulares, estableciendo en consecuencia tres �rganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial.

"?El constitucionalismo mexicano a trav�s de toda su historia, salvo la Constituci�n de 1836, ha mantenido inc�lume el esquema cl�sico de la divisi�n de poderes, con la particularidad de que, debido a nuestra organizaci�n de car�cter federal, siempre ha existido similitud fundamental de este principio estructural entre la Federaci�n y las entidades federativas.

"?La Constituci�n Federal mexicana, en su doble aspecto de ley fundamental del Estado Federal y de estatuto nacional com�n a los Estados que lo integran, contiene preceptos que afirman la identidad de nuestros principios pol�ticos fundamentales, esta caracter�stica de nuestra forma de ser federal, es la base en donde se sostiene toda la organizaci�n pol�tica y social de M�xico, principio rector que condiciona la estructura pol�tica de los Estados.

"?Dentro del marco de estos principios y para el perfeccionamiento de nuestro orden jur�dico nacional, presentamos al �rgano Constituyente Permanente, por conducto del H. Congreso de la Uni�n, la iniciativa de reforma de los art�culos 17, 46, 115 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"?El fundamento filos�fico-jur�dico de la funci�n jurisdiccional a cargo del Estado, se encuentra en la garant�a individual contenida en el art�culo 17 constitucional, precepto que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por mano propia y a ejercer violencia para reclamar su derecho pero en reciprocidad establece la garant�a individual de acceso a la jurisdicci�n. Y para ello dispone que los tribunales de justicia la impartir�n en forma expedita y gratuita.

"?La garant�a a la acci�n jurisdiccional est�, pues, establecida en nuestra Constituci�n en beneficio y protecci�n del individuo, por lo que proponemos enriquecerla y adaptarla al presente, conservando los valores establecidos desde el art�culo 18 del Acta Constitutiva de la Federaci�n de 1824, y recogiendo los principios contenidos en los documentos actuales que atienden a los derechos humanos y a sus libertades fundamentales.

"?La impartici�n de justicia que merece el pueblo de M�xico debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tard�as no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas; y debe ser honesta, pues al juzgador se conf�a el destino de la libertad y patrimonio ajenos.

"?Los tribunales de justicia deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de divisi�n de poderes y porque la independencia judicial constituye la primer garant�a de la jurisdicci�n, establecida no precisamente en inter�s del �rgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues s�lo cabe esperar justicia completa y estricta del J. jer�rquicamente libre dependiente s�lo de la ley.

"?La independencia judicial requiere que los Jueces al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisi�n del J. a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando �sta propende a la arbitrariedad.

"?A la independencia objetiva se une el consentimiento de lo que se hace, pues siempre hemos considerado que una verdadera y aut�ntica independencia judicial, se nutre en una real toma de conciencia del papel que el J. desempe�a en la aplicaci�n del derecho. Estas calidades son el esp�ritu de la autoridad moral del J., pues la autoridad formal le es conferida por la ley.

"?El J. es s�mbolo de la justicia y guardi�n del derecho, por ello los �rganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selecci�n del derecho, la vocaci�n, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen J. no se improvisa, requiere del transcurso de a�os de estudio y pr�ctica en los tribunales para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicaci�n de la ley.

"?Selecci�n, formaci�n, eficiencia y preparaci�n adecuada son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempe�o de la funci�n jurisdiccional independiente.

"?En cuanto a la estabilidad en el cargo, �sta proporciona a los servidores de la administraci�n de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozar� de permanencia en su puesto. Sin Jueces estables en el desempe�o de su cargo, la independencia en el ejercicio de la funci�n, se ve considerablemente disminuida.

"?Finalmente, al J. debe garantizarse una posici�n social digna, proporcion�ndole bienestar econ�mico que permita su total entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra �ndole. Los �rganos de los Poderes Judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relaci�n con la importancia del servicio p�blico que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administraci�n de justicia.

"?El nuevo texto del art�culo 17, que se propone, perfecciona y robustece la garant�a individual de acceso a la jurisdicci�n, al se�alar sus calidades: Independencia en sus �rganos, prontitud en sus procesos y resoluciones, que agote las cuestiones planteadas y sea completa, imparcial para que asegure el imperio del derecho y gratuita para afirmar nuestra vocaci�n democr�tica.?

"Ante tales elementos, resulta inconcuso que en el actual art�culo 17 constitucional se garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisi�n jurisdiccional sobre las pretensiones deducidas, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestaci�n de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador.

"Dicho en otras palabras, si bien se deja en manos del legislador el fijar los plazos y t�rminos con base en los cuales se desarrollar� la actividad jurisdiccional, debe estimarse que tal regulaci�n puede limitar esa prerrogativa fundamental siempre y cuando no establezca obst�culos o presupuestos procesales que no encuentren justificaci�n constitucional, como sucede cuando se desconoce la naturaleza jur�dica del v�nculo del que emanan los derechos cuya tutela se solicita, torn�ndolos nugatorios.

"As� es, como todo derecho fundamental, el acceso efectivo a la justicia que administran los tribunales del Estado no es absoluto, por lo que su ejercicio debe someterse a cauces que al limitarlo justificadamente posibiliten su prestaci�n adecuada, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jur�dicas que entablan.

"En ese tenor, los presupuestos, requisitos o condiciones que el legislador establece para lograr tales fines, y cuyo cumplimiento puede verificarse por el juzgador, seg�n la legislaci�n aplicable, al inicio del juicio, en el curso de �ste o al dictarse la sentencia respectiva, no pueden ser fijados arbitrariamente, sino que deben tener sustento en diversos principios y derechos consagrados o garantizados en la Constituci�n General de laRep�blica atendiendo, por ende, a la naturaleza de la relaci�n jur�dica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto constitucional en el que �sta se da.

"Por ello, tomando en cuenta principios constitucionales como el de seguridad jur�dica u otros de la misma �ndole, o si en la respectiva relaci�n jur�dica de origen las partes acuden en un mismo plano o alguna de ellas investida de imperio, o si aqu�lla es de naturaleza civil, mercantil o laboral, entre otras, el legislador deber� valorar tales circunstancias con el fin de dar cauce al proceso respectivo sin establecer presupuestos procesales o condiciones que no se justifiquen constitucionalmente, como puede suceder cuando �stos desconozcan a tal grado la relaci�n jur�dica de donde emanan los derechos cuya tutela se solicita, que tornen nugatoria su defensa jurisdiccional.

"En esos t�rminos, los requisitos u obst�culos que para obtener una resoluci�n sobre el fondo de lo pedido establezca el legislador ser�n constitucionalmente v�lidos si, reconociendo la esencia del derecho al acceso efectivo a la justicia, se encuentran encaminados a resguardar otros derechos, principios, bienes o intereses constitucionalmente protegidos, lo que implica, incluso, que aqu�llos sean congruentes con la naturaleza del derecho sustantivo cuya tutela se pide, en tal medida que su cumplimiento no implique su p�rdida o grave menoscabo.

"As�, verbigracia, debe estimarse que se acata el derecho al acceso efectivo a la justicia cuando para no afectar la expeditez en la administraci�n de �sta el legislador faculta al �rgano jurisdiccional para que, antes de dar curso a un proceso o juicio, verifique que en la petici�n respectiva se solicita la tutela de alguna prerrogativa relacionada con la esfera jur�dica del actor; o, cuando al titular del referido �rgano se le faculta para desechar las promociones notoriamente improcedentes. Resultan ilustrativas sobre el particular las tesis que llevan por rubro, texto y datos de identificaci�n los siguientes:

"?PROMOCIONES IMPROCEDENTES. NO VIOLA LA GARANT�A DE AUDIENCIA EL ART�CULO 41 DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LE�N, QUE AUTORIZA SU DESECHAMIENTO. La facultad otorgada por el art�culo 41 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Le�n, no contrar�a lo que establece el art�culo 14 constitucional relativo a la garant�a de audiencia que consagra, puesto que se trata de un precepto que tiene como fin acelerar el curso del procedimiento en concordancia con lo que dispone el art�culo 17 constitucional, ya que es com�n que alguna de las partes, con una evidente finalidad dilatoria, formule peticiones que sabe son infundadas y que no le asisten los presupuestos de hecho o de derecho que justifiquen su proceder, porque en esas condiciones, no resulta indispensable la previa audiencia del interesado en que se admita a tr�mite su promoci�n, por ser in�til su tramitaci�n al carecer del derecho subjetivo correspondiente, por la improcedencia misma de la petici�n formulada dentro del procedimiento relativo, ya que si falta el supuesto que condiciona la vigencia de la susodicha garant�a, no se pueden producir las consecuencias que prev� el precepto constitucional que la establece.? (S�ptima �poca, P.. Ap�ndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, tesis 270, p�gina 252).

"?PROMOCIONES IMPROCEDENTES. NO VIOLA LA GARANT�A DE AUDIENCIA EL ART�CULO 67 DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO QUE AUTORIZA SU DESECHAMIENTO (APLICACI�N ANAL�GICA DE LA JURISPRUDENCIA 270 DEL PLENO). En aplicaci�n anal�gica de la referida jurisprudencia, la facultad del J. establecida en el art�culo 67 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, relativa al desechamiento de plano de los incidentes y recursos notoriamente fr�volos o improcedentes, no contrar�a la garant�a de audiencia consagrada en el art�culo 14 constitucional, puesto que se trata de un precepto que tiene como fin acelerar el curso del procedimiento en concordancia con lo que dispone el art�culo 17 constitucional, ya que es com�n que alguna de las partes, con una evidente finalidad dilatoria, formule peticiones que sabe son infundadas y que no le asisten los presupuestos de hecho o de derecho que justifiquen su proceder, porque, en esas condiciones, no resulta indispensable la previa audiencia del interesado en que se admita a tr�mite su promoci�n, por ser in�til su tramitaci�n al carecer del derecho subjetivo correspondiente, por la improcedencia misma de la petici�n formulada dentro del procedimiento relativo, ya que si falta el supuesto que condiciona la vigencia de la susodicha garant�a, no se pueden producir las consecuencias que prev� el precepto constitucional que la establece.? (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, febrero de 1999, tesis 2a. XV/99, p�gina 238).

"En tal virtud, al contrario de lo sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, la potestad que se otorga al legislador ordinario en el art�culo 17, p�rrafo segundo, de la Constituci�n General de la Rep�blica, para fijar los plazos y t�rminos conforme a los cuales se administrar� la justicia, no es ilimitada sino que se encuentra sujeta a cumplir con la finalidad que llev� al Poder Revisor de la Constituci�n a precisar el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y, por ende, a no establecer requisitos o presupuestos que sin justificaci�n constitucional impidan el pleno ejercicio de ese derecho o que al no atender a la naturaleza de la prerrogativa cuya tutela se pide, su cumplimiento pueda implicar su p�rdida o grave menoscabo.

"Por otra parte, para abordar el punto de contradicci�n que resta dilucidar, debe tomarse en cuenta que en relaci�n con las limitantes o condiciones para obtener una resoluci�n jurisdiccional sobre el fondo de lo pedido, en ocasiones el legislador ha estimado conveniente condicionar tal derecho al agotamiento previo de una instancia o recurso, principalmente cuando en la relaci�n jur�dica que subyace a la litis planteada participa una autoridad administrativa.

"Al efecto destaca que los recursos administrativos constituyen medios de defensa que se establecen a favor de los gobernados para impugnar en la propia sede administrativa la legalidad de un acto de una autoridad administrativa, con el fin de que el mismo �rgano emisor u otro de superior jerarqu�a lo anule o reforme como consecuencia de una violaci�n al ordenamiento aplicado o por falta de aplicaci�n de la disposici�n debida.

"Cabe agregar que estos recursos administrativos tienen principalmente los siguientes objetivos:

"a) Autolimitar las atribuciones discrecionales de la autoridad administrativa.

"b) Controlar la actividad administrativa.

"c) Proteger los derechos de los administrados.

"d) Disminuir la carga de los tribunales administrativos.

"Por lo que ve a estas instancias administrativas, cabe dejar sentado que, en cuanto a la funci�n jurisdiccional que materialmente se desarrolla al resolverlos, con independencia de que en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 17 constitucional, su establecimiento pueda significar para los administrados un medio para ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia, resulta innecesario determinar tal cuesti�n cuando el propio legislador ha establecido respecto de un derecho sustantivo de los gobernados, por un lado, la posibilidad de acudir a solicitar su tutela ante un tribunal previsto constitucionalmente y, por el otro, ha condicionado el acceso a la respectiva v�a formalmente jurisdiccional al agotamiento de un recurso en sede administrativa, ya que en ese contexto legal con independencia de que la referida instancia conllevara un acceso a la justicia, lo cierto es que legal e incluso constitucionalmente ya se ha otorgado el derecho a solicitar la tutela de la respectiva prerrogativa ante un tribunal establecido constitucionalmente, por lo que, en todo caso, debe verificarse si el requisito que condiciona la obtenci�n de una resoluci�n sobre el fondo de lo pedido ante este �ltimo �rgano, ante el cual se desarrolla, indudablemente, el derecho de acceso efectivo a la justicia, se encuentra constitucionalmente justificado, lo que acontece, entre otras hip�tesis, cuando esa condici�n o presupuesto no desconoce la naturaleza de la relaci�n jur�dica que subyace a la litis que se pretende entablar.

"Ahora bien, en relaci�n con estos medios de defensa, debe tenerse presente que el crecimiento y desarrollo de la administraci�n p�blica en un Estado social de derecho como el que establece la Constituci�n General de la Rep�blica, ha dado lugar a que la propia administraci�n entable con los particulares relaciones jur�dicas de diversa �ndole, desde aquellas en las que acude investida de imperio, hasta las diversas en las que desprovista de �ste entabla v�nculos jur�dicos con los gobernados.

"Ante tal circunstancia, debido a que la administraci�n de justicia debe prestarse en forma pronta y completa, y a que los gobernados deben tener un efectivo acceso a la justicia, para determinar si la obligaci�n de agotar una instancia antes de acudir ante un �rgano jurisdiccional es violatoria del art�culo 17 constitucional debe tomarse en cuenta la naturaleza de la relaci�n jur�dica dentro de la cual surge el derecho que se pretende hacer valer, con el fin de verificar si existe alg�n motivo constitucional que justifique el establecimiento de ese obst�culo. Adem�s, debe analizarse si la regulaci�n de la instancia o recurso de agotamiento obligatorio respeta la �ndole de la prestaci�n correspondiente, o por el contrario para su resoluci�n fija al gobernado mayores requisitos de los que deben cumplirse ante el respectivo tribunal, erigi�ndose en un presupuesto desproporcionado, que impide al gobernado ejercer cabalmente su derecho fundamental de acceso a la justicia.

"Es decir, partiendo del an�lisis de la naturaleza del v�nculo jur�dico del que deriva la pretensi�n cuya tutela se busca, ser� posible concluir si constitucionalmente existe alg�n motivo que justifique el establecimiento de instancias previas que deban agotarse como condici�n para obtener ante un tribunal constitucionalmente establecido una resoluci�n sobre el fondo de lo pedido.

Igualmente, debe tomarse en cuenta si la regulaci�n de la instancia cuyo agotamiento se obliga atiende a la naturaleza de la prerrogativa cuya tutela se pretende, sin establecer mayores requisitos o presupuestos procesales que los que la respectiva ley establece para obtener una resoluci�n sobre el fondo de lo pedido ante el correspondiente �rgano jurisdiccional, pues de ser as�, la instancia de agotamiento obligatorio se tornar�a en un aut�ntico obst�culo al derecho al acceso efectivo a la justicia, circunstancia que excede los l�mites a los que se encuentra sujeta la normatividad que en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 17, p�rrafo segundo, constitucional, corresponde emitir al legislador ordinario.

En la contradicci�n de tesis a que se hace menci�n, se determin� que trat�ndose de prestaciones derivadas de un v�nculo jur�dico al que las partes acuden desprovistas de imperio, como sucedi� en el caso que en esa ocasi�n se analiz�, relativo a los conflictos que pudieran surgir entre los asegurados y sus beneficiarios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del r�gimen de seguridad social derivado de lo dispuesto en el art�culo 123, apartado A, fracciones XIV y XXIV, de la Constituci�n General de la Rep�blica, no existe justificaci�n constitucional alguna para condicionar el acceso efectivo a la justicia que corresponde administrar en el caso concreto a la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, al agotamiento obligatorio de un recurso en sede administrativa.

Al efecto, se redact� con car�cter de jurisprudencia la tesis P./J. 114/2001, cuyo tenor es el siguiente:

"SEGURO SOCIAL. EL ART�CULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACI�N DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ART�CULO 17 CONSTITUCIONAL. Conforme a lo dispuesto en el citado art�culo 295, las controversias entre los asegurados y sus beneficiarios, por una parte, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, relacionadas con las prestaciones que prev� el propio ordenamiento podr�n plantearse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, siempre y cuando se agote previamente el recurso de inconformidad. Ante tal condici�n o presupuesto procesal, tomando en cuenta que las prestaciones contempladas en la Ley del Seguro Social tienen su origen en una relaci�n jur�dica en la que tanto los asegurados y sus beneficiarios, como el mencionado instituto, acuden desprovistos de imperio, pues aqu�lla deriva por lo general de una relaci�n laboral o de la celebraci�n de un convenio, y que a trav�s de las diversas disposiciones aplicables el legislador ha reconocido, por su origen constitucional, la naturaleza laboral del derecho de acci�n que tienen aqu�llos para acudir ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje a solicitar el cumplimiento de las respectivas prestaciones de seguridad social, esta Suprema Corte arriba a la conclusi�n de que la referida obligaci�n condiciona en forma injustificada el derecho de acceso efectivo a la justicia que garantiza el art�culo 17 de la Constituci�n General de la Rep�blica, ya que trat�ndose de la tutela de prerrogativas derivadas de una relaci�n entablada entre sujetos de derecho que acuden a ella en un mismo plano, desprovistos de imperio, no existe en la propia N.F. motivo alguno que justifique obligar a alguna de las partes a agotar una instancia administrativa antes de solicitar el reconocimiento de aquellos derechos ante un tribunal, m�xime que en el caso en estudio la instancia cuyo agotamiento se exige debe sustanciarse y resolverse por una de las partes que acudi� a la relaci�n jur�dica de origen; destacando, incluso, que trat�ndose de controversias de las que corresponde conocer a una Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, en el art�culo 123, apartado A, fracci�n XX, de la propia Constituci�n, no se sujet� el acceso efectivo de los gobernados a requisitos de esa naturaleza. Debe considerarse, adem�s, que la regulaci�n del referido recurso administrativo, prevista en el reglamento respectivo, desconoce los requisitos y prerrogativas que para hacer valer la mencionada acci�n laboral prev� la Ley Federal del Trabajo, generando un grave menoscabo a los derechos cuya tutela jurisdiccional puede solicitarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje." (No. Registro: 188,737, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Laboral, Novena �poca, P., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2001, tesis P./J. 114/2001, p�gina 7).

En el mismo orden de ideas, sobre la expeditez en la impartici�n de justicia y la justificaci�n constitucional de la existencia de recursos en sede administrativa, el Tribunal P. ha emitido los criterios que se citan a continuaci�n:

"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ART�CULO 17 DE LA CONSTITUCI�N GENERAL DE LA REP�BLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y T�RMINOS CONFORME A LOS CUALES AQU�LLA SE ADMINISTRAR� NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCI�N SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACI�N CONSTITUCIONAL. De la interpretaci�n de lo dispuesto en el art�culo 17, p�rrafo segundo, de la Constituci�n General de la Rep�blica se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisi�n en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y t�rminos conforme a los cuales se administrar� la justicia, debe estimarse que en la regulaci�n respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jur�dicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constituci�n General de la Rep�blica; por ende, para determinar si en un caso concreto la condici�n o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la N.F. deber� tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relaci�n jur�dica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que �sta se da." (No. Registro: 188,804, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Novena �poca, P., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2001, tesis P./J. 113/2001, p�gina 5).

"JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. LA OBLIGATORIEDAD DE AGOTAR UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, PREVIAMENTE A ACUDIR ANTE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, CONTRAVIENE LA GARANT�A PREVISTA EN EL ART�CULO 17 CONSTITUCIONAL. El derecho fundamental contenido en el segundo p�rrafo del art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que �stos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un �rgano del Estado facultado para ello, ante la prohibici�n de que los particulares se hagan justicia por s� mismos. Ahora bien, este mandato constitucional no permite que, previamente a la soluci�n que se d� a las controversias, los gobernados deban acudir obligatoria y necesariamente a instancias conciliatorias, ya que el derecho a la justicia que se consigna en �ste, no puede ser menguado o contradicho por leyes secundarias federales o locales, sino �nicamente por la propia Constituci�n, la que establece expresamente cu�les son las limitaciones a que est�n sujetas las garant�as individuales que ella otorga. Adem�s, debe considerarse que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional se�ala que la justicia se administrar� en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentaci�n, debe perseguir la consecuci�n de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtenci�n se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; por tanto, si un ordenamiento secundario limita esa garant�a, retardando o entorpeciendo indefinidamente la funci�n de administrar justicia, estar� en contravenci�n con el precepto constitucional aludido." (No. Registro: 198,208, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Novena �poca, P., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., julio de 1997, tesis P. CXII/97, p�gina 15).

Del contenido de los criterios antes se�alados se desprende que la creaci�n de recursos o medios ordinarios de defensa en los ordenamientos secundarios, no queda al arbitrio del legislador, ya que para ello se debe ajustar almandamiento constitucional (art�culo 17), debiendo tomar en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relaci�n jur�dica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y la consecuci�n de los fines perseguidos, los cuales en ning�n caso podr�n tener por efecto retardar o entorpecer la funci�n de administrar justicia.

Ahora bien, en el caso en particular como se ha se�alado, el punto de contradicci�n consiste en determinar si el recurso de inconformidad previsto en los art�culos 56, 57 y 90 del Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe o no agotarse antes de acudir ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje a impugnar la resoluci�n que emita la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n, en relaci�n con los procedimientos escalafonarios que ante ella se sigan.

En el presente asunto, al igual que en el analizado por el Tribunal P., al resolver la contradicci�n de tesis 35/2000, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 114/2001, transcrita con anterioridad, el conflicto surge de situaciones derivadas del v�nculo jur�dico existente entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su trabajadores; es decir, en su calidad de patr�n y trabajador, en donde ambos act�an desprovistos de imperio, por lo que al igual que en aquella ocasi�n, no existe justificaci�n alguna para condicionar el acceso efectivo a la justicia que corresponde administrar a las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, en la v�a jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en la fracci�n XX del art�culo 123, apartado A, de la Constituci�n Federal, al agotamiento previo del recurso de inconformidad a que se refieren los art�culos 56, 57 y 90 del Reglamento de Escalaf�n mencionado, puesto que tal recurso realmente tiene por objeto dirimir un conflicto entre particulares (patr�n-trabajador), ya que en situaciones como la que se alude, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encuentra desprovisto de la calidad de autoridad que en algunas otras situaciones pudiera tener, m�xime cuando del propio texto del �ltimo de los numerales se desprende que tal recurso de inconformidad resulta optativo para el trabajador.

En efecto, el Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su cap�tulo V, denominado "Del procedimiento escalafonario", establece lo siguiente:

"Cap�tulo V

"Del Procedimiento escalafonario

"Art�culo 46. Los movimientos de ascenso se sujetar�n a las siguientes normas:

"La coordinaci�n administrativa, la subdirecci�n administrativa o la subdelegaci�n de administraci�n, en su caso, al tener conocimiento de vacantes escalafonarias definitivas, provisionales o de la creaci�n de nuevas plazas, deber� ponerlas a disposici�n de la subcomisi�n respectiva en un plazo de 10 d�as h�biles.

"Las notificaciones deber�n contener los siguientes datos relativos a la plaza:

"A) Grupo, rama, puesto, nivel, subnivel, rango y especialidad en su caso;

"B) Clave de puesto y servicio;

"C) Lugar de adscripci�n;

"D) Sueldo y pago por riesgo profesionales;

"E) Horario, turno y jornada;

"F) Nombre de la persona que ocupaba la plaza;

".M. y fecha de la vacante;

"H) Car�cter de la vacante: definitiva, provisional o de nueva creaci�n;

"I) Turno opcional en su caso; y

"J) N�mero de plaza.

"II. Al tener conocimiento de la vacante, la subcomisi�n respectiva, expedir� un bolet�n que se fijar� en lugares visibles y preestablecidos en los centros o unidades de trabajo, con los datos de la misma a que se refiere la fracci�n anterior y los requisitos establecidos en el cat�logo de puestos que acrediten el perfil para su ocupaci�n, convocando a los trabajadores del puesto o rango inmediato inferior al ascenso dentro de la rama y grupo de que se trate, as� como para quienes se encuentren registrados en cambio de puesto o rama, levantando acta de actuaci�n con firma de dos testigos.

"III. La subcomisi�n integrar� un expediente por cada vacante con los siguientes documentos:

"A) La notificaci�n prevista en la fracci�n I;

"B) Las c�dulas de inscripci�n de trabajadores con derecho a concursar;

"C) El bolet�n que se emita para el concurso y el acta de actuaci�n respectiva.

"D) La documentaci�n de orden laboral y acad�mica que presenten los interesados, y

"E) Las resoluciones que se emitan."

"Art�culo 47. Una vez concluido el per�odo de inscripci�n, el cual constar� de diez d�as h�biles a partir de la fecha de publicaci�n del bolet�n, la subcomisi�n proceder� a celebrar el concurso, calificando los factores escalafonarios de los trabajadores participantes, de conformidad con los datos y constancias presentados al momento de su inscripci�n."

"Art�culo 48. En todo proceso escalafonario deber� considerarse la calificaci�n de los siguientes factores: conocimientos, aptitud, disciplina, puntualidad, asistencia y antig�edad los que se entienden como:

"A. Conocimiento

"La posesi�n de los principios te�ricos y pr�cticos que se requieren para el desempe�o del puesto que el trabajador pretende ocupar, de acuerdo a los requisitos se�alados en el cat�logo de puestos;

"B. Aptitud

"La suma de facultades f�sicas y mentales, la iniciativa, laboriosidad y eficiencia como el que el trabajador desempe�a el puesto que tiene asignado;

"C. Disciplina

"La observancia de las condiciones generales, el cumplimiento de las instrucciones leg�timas dictadas por sus superiores y la adaptaci�n a las rutinas de trabajo durante el desempe�o del puesto que tenga encomendado;

"D. Puntualidad

"El estricto cumplimiento de los horarios oficiales establecidos;

"E. Asistencia

"La constancia del trabajador para concurrir a sus labores; y

"F. Antig�edad

"El tiempo efectivo de servicios prestados por el trabajador en el instituto."

"Art�culo 49. La Subdirecci�n de Recursos Humanos, las subdelegaciones de administraci�n, las coordinaciones administrativas y las �reas de recursos humanos en los centros de trabajo, facilitar�n a la comisi�n y las subcomisiones informaci�n relativa al desempe�o, asistencia y puntualidad; sanciones administrativas que se hubieran aplicado, notas buenas y de m�rito relevante a que se hayan hecho merecedores los trabajadores para su calificaci�n."

"Art�culo 50. Los jefes inmediatos de los trabajadores que est�n concursando a un puesto escalafonario, auxiliar�n a la comisi�n y subcomisi�n proporcionando informes relativos a su desempe�o cuando as� se requiera para su calificaci�n."

"Art�culo 51. El ascenso de los trabajadores a un nivel o rango superior se har� con base en la evaluaci�n de los factores escalafonarios, mismos que acreditar�n por medio de constancias, certificados y diplomas.

"Cuando un trabajador no cuente con alg�n documento que acredite su capacidad para desempe�ar el puesto de nivel superior, podr� solicitar a la subcomisi�n que se le realice un examen a fin de demostrar su aptitud y conocimiento."

"Art�culo 52. La promoci�n se conceder� al trabajador que obtenga la m�s alta calificaci�n conforme a la tabla para evaluar los factores escalafonarios, en caso de empate tendr�n prioridad el trabajador que demuestre ser la �nica fuente de ingreso de su familia. Cuando existan varios en esta situaci�n se optar� por el que demuestre mayor antig�edad dentro del instituto."

"Art�culo 53. Invariablemente el trabajador que obtenga el ascenso escalafonario, deber� ocupar el puesto de que se trate, precisamente en el centro de trabajo que se origin� la vacante en la jornada y turno que corresponda."

"Art�culo 54. Las subcomisiones har�n las notificaciones escritas del resultado de los concursos a los interesados en un t�rmino de 5 d�as h�biles, recabando la firma de enterado de los concursantes."

"Art�culo 55. La coordinaci�n administrativa, la subdirecci�n administrativa o la subdelegaci�n de administraci�n; ser� el conducto para comunicarle el ascenso al trabajador promovido por la subcomisi�n, previni�ndole que tiene tres d�as h�biles para presentarse a laborar si radica en la misma ciudad y diez d�as h�biles si radica en una diferente, salvo causa justificada. Agotados los plazos se�alados, si el trabajador no acudiese a ocupar la plaza el dictamen quedar� sin efecto y se entender� que renuncia al ascenso."

"Art�culo 56. Los trabajadores que hubiesen participado en el concurso y que no estuvieran de acuerdo con el resultado del mismo tendr�n diez d�as h�biles improrrogables para presentar inconformidad ante la subcomisi�n. Asimismo deber�n enviar copia a la comisi�n."

"Art�culo 57. Una vez transcurrido el t�rmino de diez d�as h�biles se�alados para presentar inconformidad, los dict�menes que emita la subcomisi�n ser�n remitidos a la coordinaci�n administrativa, subdelegaci�n de administraci�n o �rea administrativa competente para su debido cumplimiento."

"Art�culo 58. Si no existieran candidatos para ocupar la plaza despu�s de haber cubierto el proceso escalafonario, se proceder� conforme a los registros de cambios, as� como el de trabajadores provisionales, agotado lo anterior de prevalecer vacante, la subcomisi�n la declarar� desierta y pondr� la plaza a disposici�n de la subcomisi�n mixta de bolsa de trabajo correspondiente."

Art�culo 59. Las plazas en puestos con rango que contin�en vacantes una vez efectuados los procedimientos escalafonarios y de cambios establecidos en el reglamento, ser�n declaradas desiertas y se pondr�n a disposici�n de la subcomisi�n mixta de bolsa de trabajo, respectivamente como rango m�nimo ?A?.

Los numerales anteriores establecen el procedimiento que debe seguir la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n correspondiente, para el ascenso a un nivel o rango superior, respecto de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Dentro de tal procedimiento destaca que se establece como medio de defensa el recurso de inconformidad ante la subcomisi�n, puesto que los art�culos 56 y 57, establecen que los trabajadores que hubiesen participado en el concurso y que no estuvieran de acuerdo con los resultados de tal concurso, tendr�n diez d�as h�biles para presentar inconformidad ante la subcomisi�n, enviando copia a la comisi�n, y que transcurrido tal plazo (diez d�as h�biles), los dict�menes que emita la subcomisi�n, ser�n remitidos a la coordinaci�n administrativa, subdelegaci�n de administraci�n o �rea administrativa competente para su debido cumplimiento.

A su vez el art�culo 90 del ordenamiento antes mencionado, establece lo siguiente.

"Art�culo 90. Los trabajadores podr�n inconformarse contra las resoluciones de la subcomisi�n si se presenta alguna de las siguientes circunstancias:

"I. Cuando la calificaci�n otorgada en los t�rminos de este reglamento no corresponda a los cr�ditos presentados al inscribirse, o suponga que se efectu� una inexacta calificaci�n de los factores escalafonarios;

"II. Cuando el trabajador demuestre que no se cumpli� con el procedimiento escalafonario, de cambio o permuta establecidos;

"III. Cuando en los ex�menes que se le practiquen se haya producido alguna irregularidad comprobable; y

"IV. Respecto de modificaciones de turno, jornada, adscripci�n o residencia, transformaci�n de puesto o de la expedici�n de nombramiento en plazas y puestos de base cuando a su juicio existan circunstancias que les afecten."

Como se puede advertir, no obstante que en el ordenamiento a que se hace menci�n se establece como medio de defensa, dentro del procedimiento escalafonario, el recurso de inconformidad, tal medio de defensa de modo alguno puede tener el car�cter de obligatorio, ya que, independientemente de que en principio tiene por objeto dirimir una controversia suscitada entre partes que acuden en un mismo plano de igualdad, sin imperio (patr�n-trabajador), puesto que el referido reglamento de escalaf�n se encuentra suscrito por el titular de la dependencia (ISSSTE) y el representante del sindicato respectivo, en t�rminos del art�culo 49 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Art�culo 123 Constitucional, lo que significa que el reglamento mencionado no es sino un mero acuerdo de voluntades, en donde los firmantes (patr�n y trabajadores) acuden en un mismo plano de igualdad, por lo que el recurso de inconformidad no puede tener la fuerza legal equiparable a una resoluci�n jurisdiccional, para que resulte obligatorio agotar tal recurso ante la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n, m�xime que del texto mismo del propio reglamento se desprende que se le deja la opci�n al trabajador de agotarlo o no, tal como lo se�al� con acierto el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, dado que el art�culo 90 antes mencionado, se�ala que los trabajadores "podr�n" inconformarse contra las resoluciones de la subcomisi�n, lo que significa que tal medio de defensa no es obligatorio.

Debe hacerse �nfasis que en algunas otras ocasiones, en situaciones parecidas a la que se analiza, cuando se ha hecho referencia a los recursos, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al analizar la expresi�n "podr�n", ha determinado que tal locuci�n deja al afectado en libertad de impugnar o no la resoluci�n relativa antes de acudir a las instancias jurisdiccionales, en el caso espec�fico ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, lo que denota que la inconformidad a que se refiere el reglamento mencionado, queda al arbitrio de la persona agotarla o no.

Sirve de apoyo a la consideraci�n anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto, son los siguientes.

"ANTIG�EDAD. EL TRABAJADOR NO TIENE OBLIGACI�N DE AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO P�RRAFO DEL ART�CULO 158 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE ACUDIR ANTE EL TRIBUNAL LABORAL CORRESPONDIENTE PARA QUE DIRIMA LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO DE AQU�LLA. El derecho al reconocimiento de la antig�edad que tutela el art�culo 158 de la Ley Federal del Trabajo, tiene su origen en la existencia de un v�nculo jur�dico entre patr�n y trabajador, y cuando entre ellos se suscite un conflicto deben sujetarse, extraordinariamente, a la decisi�n de una Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, de conformidad con los art�culos 123, apartado A, fracci�n XX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 601, 604 y 892 de la ley citada. Por tanto, cuando se trata de cuestiones relativas a la antig�edad, no existe justificaci�n para condicionar el acceso a las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje en la v�a jurisdiccional, al agotamiento del procedimiento previsto en el art�culo 158, segundo p�rrafo, de la Ley Federal del Trabajo, m�xime cuando de la redacci�n de dicha disposici�n no se observa tal exigencia, pues al establecer que una comisi�n integrada con representantes de los trabajadores y del patr�n formular� el cuadro general de las antig�edades, distribuido por categor�as de cada profesi�n u oficio y ordenar� se le d� publicidad y que los trabajadores inconformes podr�n formular objeciones ante esa comisi�n y recurrir la resoluci�n de �sta ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, se deja opci�n a los trabajadores de impugnar la resoluci�n relativa ante la citada comisi�n, y si bien es cierto que el establecimiento de instancias de esa naturaleza pueden coadyuvar al desahogo de las cargas de las mencionadas Juntas, as� como a una resoluci�n pronta del conflicto, tambi�n lo es que tal prop�sito no puede llegar al extremo de desconocer el derecho que les asiste para decidir si optan por aqu�llas o acuden ante el tribunal laboral correspondiente, por lo que se encuentra expedito su derecho para acudir directamente ante la autoridad laboral a fin de que dirima la controversia que se suscite con motivo del reconocimiento de su antig�edad, ya sea que �ste lo haya realizado dicha comisi�n, o bien derive del comunicado unilateral que haga el patr�n al trabajador." (No. Registro: 182,033. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., marzo de 2004, tesis 2a./J. 21/2004, p�gina 319).

Atento a ello, es inconcuso que no se hace necesario agotar el recurso de inconformidad a que se refieren los art�culos 56, 57 y 90 del Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, antes de acudir ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje a realizar la impugnaci�n correspondiente, puesto que como se ha destacado, no se encuentra justificada la existencia constitucional de tal recurso, ya que tiene como �nica finalidad dirimir una controversia entre particulares; es decir, entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus trabajadores, en una situaci�n en la que se encuentra aqu�l desprovisto de imperio, adem�s de que, como se ha reiterado, queda a la libre voluntad del trabajador acudir o no al recurso de inconformidad mencionado, dejando expedito su derecho para acudir directamente ante los tribunales del trabajo a dirimir la controversia que se derive del procedimiento escalafonario correspondiente.

En las anotadas condiciones, debe prevalecer con car�cter jurisprudencial la tesis que se redacta a continuaci�n.

INCONFORMIDAD. NO ES OBLIGATORIO AGOTAR LA ESTABLECIDA EN LOS ART�CULOS 56, 57 Y 90 DEL REGLAMENTO DE ESCALAF�N DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ANTES DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE. El Tribunal en P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que la creaci�n de los recursos o medios ordinarios de defensa en los ordenamientos secundarios, no queda al arbitrio del legislador, sino que debe ajustarse al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo tomar en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relaci�n jur�dica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y la consecuencia de los fines perseguidos, los cuales no podr�n tener por efecto retardar o entorpecer la pronta impartici�n de justicia. En el caso, la inconformidad a que se refieren los art�culos 56, 57 y 90 del Reglamento de Escalaf�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene por efecto resolver los conflictos derivados de las resoluciones que emita el Instituto en el procedimiento escalafonario establecido en el Reglamento mencionado; sin embargo, en dicho procedimiento el Instituto, a trav�s de la Subcomisi�n Mixta de Escalaf�n correspondiente, act�a desprovisto de imperio, es decir, en un plano de igualdad en relaci�n con el trabajador inconforme, por lo que no existe justificaci�n alguna para condicionar el acceso efectivo a la justicia que corresponde administrar, en ese tipo de conflictos, a la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, conforme a la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, ya que tal recurso lejos de agilizar la impartici�n de justicia provoca su retraso, en contravenci�n al mandato constitucional. Lo anterior, aunado a que del indicado art�culo 90 se advierte que la inconformidad a que se hace m�rito resulta optativa y no obligatoria, toda vez que la locuci�n "podr�" contenida en su texto denota la libertad que se le otorga al afectado para agotar el recurso antes de acudir ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje a realizar la impugnaci�n correspondiente.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis redactada en t�rminos del considerando �ltimo de estaejecutoria.

R.�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como la tesis jurisprudencial que se establece en este fallo al Tribunal P.; a la Primera Sala de la Suprema Corte; a los Tribunales Colegiados de Circuito; y a los Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, arch�vese el toca relativo a la presente contradicci�n de tesis 193/2007-SS, como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros Mariano Azuela G�itr�n, G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., J.F.F.G.S. y Ministra presidenta M.B.L.R.. Fue ponente el M.S.S.A.A..