Ejecutoria num. 4a./J. 51/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala - Jurisprudencia - VLEX 26831223

Ejecutoria num. 4a./J. 51/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala

Emisor:Cuarta Sala
Número de Resolución:4a./J. 51/94
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 1995
RESUMEN

SEGURO SOCIAL. FACULTAD DE LAS JUNTAS PARA DETERMINAR EL GRADO DE LA INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR Y EL MONTO DE LA PENSION OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SEGURO SOCIAL. FACULTAD DE LAS JUNTAS PARA DETERMINAR EL GRADO DE LA INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR Y EL MONTO DE LA PENSION OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONTRADICCION DE TESIS 26/94. SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Corresponde a continuación verificar si existe la contradicción denunciada, entre las tesis de referencia.

  1. Por una parte, del juicio de amparo directo 9616/93 radicado ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la ciudad de México, resuelto por mayoría de votos, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, aparece en el considerando cuarto, lo siguiente:

    Es fundado y suficiente para conceder el amparo el primer concepto de violación en cuanto alega el promovente que la autoridad responsable en forma incorrecta estableció que procedía condenar al demandado al otorgamiento y pago al actor de una incapacidad total y permanente con apoyo en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que no es aplicable al caso, porque se refiere dicho precepto a las indemnizaciones que deben pagar los patrones y, en el caso, se trata de pensiones que debe cubrir el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, las cuales están sujetas a lo que establece la Ley del Seguro Social, legislación especial que es la única aplicable al caso. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver el DT-1106/93, quejoso IMSS, fallado el 19 de marzo de 1993, por unanimidad de votos.

    En ese orden de ideas, al ser violatorio de garantías el laudo impugnado procede conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente dicho laudo y en su lugar dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria considere que no es aplicable al caso el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo y resuelva lo que proceda."

    La Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos formuló voto particular, que expresó así: "La suscrita considera que es infundado el primer concepto de violación en cuanto aduce el quejoso que la autoridad responsable en forma incorrecta apoyó la condena en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, ya que afirma que el tercero perjudicado en ningún momento mantuvo relación de carácter laboral con el promovente, sino que sólo operó la subrogación del patrón en las obligaciones que sobre riesgos de trabajo contempla la ley en cita, en términos de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, el argumento anterior carece de fundamento, puesto que aun cuando no haya existido relación laboral entre el quejoso y el tercero perjudicado, la Junta sí podría aplicar lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo que previene que cuando la incapacidad parcial consistiera en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión se podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes, ya que interpretar lo contrario equivaldría a hacer nugatorio un beneficio previsto legalmente para los trabajadores que aun cuando incapacitados parcialmente perdieran sus facultades o aptitudes para trabajar o desempeñar su profesión, pues el aumento de la indemnización contemplado en el citado artículo 493 de la Ley Federal de Trabajo, debe entenderse incluido dentro de las obligaciones que adquiere el Instituto Mexicano del Seguro Social al subrogarse en las obligaciones por riesgos de trabajo, según se desprende del artículo 60 de la Ley del Seguro Social que textualmente dispone: 'Artículo 60. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta Ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo, y atento a que la enfermedad que llegue a sufrir el trabajador y lo imposibilite para laborar es un hecho que tanto una como otra ley no pueden dejar de proteger.'.".

  2. Por otra parte, del juicio de amparo directo número 10241/93 radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resuelto por unanimidad de votos, el veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro, aparece en el considerando tercero, en lo que a este asunto concierne, lo siguiente:

    Por último, señala el peticionario de garantías que la Junta al incrementar la valuación hasta un cien por ciento de la incapacidad, pretendiendo apoyar su determinación en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que ese precepto sólo es aplicable en las relaciones entre trabajador y patrón, en el caso, el instituto sólo está obligado a otorgar pensiones en términos del artículo 60 de la ley que lo rige.

    Es infundado el anterior argumento, pues en la especie tiene aplicación la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo de Precedentes 1969-1986, del Semanario Judicial de la Federación, página 686, cuyo texto es como sigue: 'SEGURO SOCIAL, PENSIONES POR INCAPACIDAD OTORGADAS POR EL. FACULTADES DE LAS JUNTAS PARA DETERMINAR EL GRADO.-

    La Junta de Conciliación y Arbitraje puede determinar, con base en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, que la indemnización de un trabajador debe corresponder a la incapacidad total permanente, aun cuando en los peritajes se haya señalado un porcentaje menor, atendiendo a las labores que desempeñaba el trabajador y a la circunstancia de que la incapacidad que padezca lo imposibilite para desempeñar un trabajo que le produzca la misma remuneración que le producía su ocupación habitual. El anterior criterio es aplicable tratándose de las pensiones que otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que el referido artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo se encuentra dentro del capítulo de riesgos de trabajo, respecto de los cuales se sustituye dicho instituto, con base en el artículo 60 de la Ley del Seguro Social, por lo cual debe concluirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no violan las garantías individuales del Instituto Mexicano del Seguro Social, al basarse en el ya referido artículo 493, para determinar el grado de las incapacidades y, consecuentemente el monto de las pensiones. Así las cosas, el laudo no es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales.'.".

CUARTO

De lo precisado en los párrafos anteriores, se desprende que los dos colegiados referidos se han pronunciado en torno a un mismo tema, al resolver en forma diversa, los amparos interpuestos por la parte demandada en contra de sendos laudos que fueron dictados por la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad de México, ante la que se demandaron del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, el incremento en el otorgamiento y pago de una pensión, con base en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo.

Queda de manifiesto que sí existe la contradicción de tesis que se denuncia, en razón de que, por una parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene que en el caso de determinarse el grado de las incapacidades y, por ende, el monto de las pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente es aplicable la Ley del Seguro Social, lo que excluye la aplicación por las Juntas del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo y, por la otra, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito arriba a la conclusión contraria, esto es, que las Juntas de Conciliación y Arbitraje sí pueden determinar, con base en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, el grado de las incapacidades y, en consecuencia, el monto de las pensiones.

En estos términos queda configurada la contradicción de tesis entre los Colegiados de referencia.

QUINTO

Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Para dilucidar la presente contradicción, deben tomarse en cuenta los principios reguladores en materia de riesgos de trabajo, debiendo resaltarse, desde luego, que la legislación sobre la materia adopta la teoría de los riesgos del trabajo a cargo del empleador, atento a lo dispuesto por la fracción XIV, del apartado "A" del artículo 123 de la Constitución General de la República, la que a la letra establece:

Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por intermediario;"

En otra norma, como lo es la fracción XXIX del artículo 123 constitucional, se consigna:

Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."

La Ley Federal del Trabajo en sus artículos 472 a 515 del título noveno denominado Riesgos de Trabajo, también determina la responsabilidad a cargo del patrón, y en su artículo 493, establece: "Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes.".

Por su parte, el artículo 60 de la Ley del Seguro Social, determina: "El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo.".

A su vez, el artículo 62 del mismo ordenamiento, consigna que los riesgos de trabajo pueden producir:

  1. Incapacidad temporal;

  2. Incapacidad permanente parcial;

  3. Incapacidad permanente total; y

  4. Muerte.

Se entenderá por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo."

La interpretación de estos dos artículos a la luz de las fracciones constitucionales transcritas, inicialmente, permite deducir con validez, que al quedar incluida en nuestro sistema jurídico la seguridad social a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que funciona con sujeción a su propia ley, no se incurre en contradicción alguna con la normatividad constitucional, sino que por el contrario, se aplica fielmente conforme al espíritu proteccionista que pretende la Constitución.

Ahora bien, aceptando, para efectos de este asunto, a la subrogación como la sustitución jurídica de una persona a otra, con el fin de que la primera pueda ejercer los derechos y obligaciones que corresponden a otra y, de acuerdo a los preceptos antes transcritos, se desprende que no obstante que a la parte patronal le corresponde originalmente la obligación de cubrir las indemnizaciones por riesgos de trabajo, es incuestionable que por disposición expresa del artículo 60 de la Ley del Seguro Social, el empleador queda relevado de aquella responsabilidad, si ya tenía asegurados a sus trabajadores en contra de esos riesgos, dentro del régimen de seguridad social. Así, por imperativo legal y por efecto del aseguramiento existe sustantivamente una subrogación, en que la obligación derivada del riesgo de trabajo, ya no es del patrón, sino del Instituto Mexicano del Seguro Social, el que se subroga en el cumplimiento de la misma y legalmente puede ser condenado, si así procede, al cumplimiento de las obligaciones resultantes.

Por ello, debe entenderse que dicha subrogación opera de pleno derecho respecto del monto de la pensión que otorga dicho instituto, dado que la misma, conceptualmente equivale a la indemnización de que habla la Ley Federal del Trabajo, pues ambas tienen el mismo carácter de prestaciones por riesgos profesionales.

Lo expuesto es congruente para determinar la aplicabilidad del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, antes transcrito, que expresamente otorga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje la facultad de aumentar el monto de las indemnizaciones, sin que sea óbice el que el instituto se rija por su propia ley, como ya se expuso con antelación, sino además en razón de que el citado artículo 493 está contenido en el título de Riesgos de Trabajo y, conforme al artículo 60 de la Ley del Seguro Social, el instituto se sustituye al empleador, en el cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la ley laboral.

Este criterio, aplicable tratándose de las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, hace que el incremento de las mismas tenga como fuente generadora el ejercicio de una facultad que la ley otorga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para el caso de que la incapacidad permanente parcial, consista en la pérdida absoluta de las aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión.

Tal incremento puede ser hasta el monto de la que correspondería por incapacidad total permanente, tomando en cuenta la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes.

A mayor abundamiento y para evidenciar la aplicabilidad del artículo 493 en cita, es de mencionarse que el artículo 275 de la propia Ley del Seguro Social, consagra en beneficio de los asegurados y sus beneficiarios, que las controversias pueden ventilarse directamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad que se establece en el artículo 274 de dicho ordenamiento.

En la parte que concierne a este asunto tiene aplicabilidad la tesis sustentada por esta Cuarta Sala al resolver el amparo directo 4196/86, transcrita en sus considerandos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, así como el criterio sustentado por esta Cuarta Sala en la tesis jurisprudencial 13/92, cuando por motivo diferente, estableció que "De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, cuando el trabajador sufre una incapacidad permanente parcial que consista en la pérdida absoluta de sus facultades o aptitudes para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización correspondiente que corresponda a este tipo de incapacidad, aumento que puede llegar hasta el monto de la prevista para la incapacidad permanente total y para ello, el precepto sólo exige que la Junta tome en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de que el trabajador desempeñe una de categoría similar susceptible de producirle ingresos semejantes; ...".

Dado que las indemnizaciones persiguen siempre la misma finalidad, que es reparar las consecuencias de los infortunios del trabajo, resulta acertado considerar que de interpretarse lo contrario, equivaldría a hacer nugatorio un beneficio previsto legalmente para los trabajadores, como lo es el posible aumento de la indemnización contemplado en el citado artículo 493 de la ley laboral, que debe entenderse incluido dentro de las obligaciones que adquiere el instituto al subrogarse en las obligaciones por riesgos de trabajo.

Consecuentemente y por las razones precedentes, se estima que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia obligatoria, en los términos precisados en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de acuerdo a la tesis jurisprudencial que a continuación se formula:

SEGURO SOCIAL. FACULTAD DE LAS JUNTAS PARA DETERMINAR EL GRADO DE LA INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR Y EL MONTO DE LA PENSION OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.-

La subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social que releva al patrón de la responsabilidad por riesgos de trabajo, opera por imperativo del artículo 60 de la Ley del Seguro Social, en cuanto el empleador hubiere inscrito al trabajador en el régimen obligatorio del seguro social. En caso de que exista controversia respecto de un trabajador asegurado, que goza de los beneficios económicos derivados de una pensión por incapacidad parcial permanente, tiene derecho al incremento de su monto en los términos especificados por el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje está facultada para determinar, de manera fundada y motivada, el grado de aumento de la pensión, que puede válidamente llegar hasta la que corresponde a la de incapacidad total permanente; ello, con base en que los beneficios otorgados a los trabajadores por el artículo 493 mencionado y que, en principio, corren a cargo del patrón en calidad de aumento de la indemnización, son obligaciones que adquiere el Instituto Mexicano del Seguro Social con motivo de la indicada subrogación, y que trasladadas al ordenamiento que lo rige institucionalmente, se traducen en incremento del monto de la pensión.

Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO.-

Debe prevalecer, en esencia, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 10241/93, en términos de la tesis jurisprudencial definida en esta resolución.

N.; remítase la tesis jurisprudencial al Pleno, a las S. y a los Tribunales Colegiados que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta; envíese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de las que derivó la contradicción y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros I.M.C., F.L.C., J.D.R., C.G.V., lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habiendo sido ponente el M.F.L.C.. Ausente el señor M.J.A.L.D., previo aviso.

Tesis:

Número tesis: 207659

R.: SEGURO SOCIAL. FACULTAD DE LAS JUNTAS PARA DETERMINAR EL GRADO DE LA INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR Y EL MONTO DE LA PENSION OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Localizacion: 8a. Época; 4a. Sala; G.S.J.F.; 85, Enero de 1995; P.. 49; [J];