Ejecutoria num. 4a./J. 50/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala - Jurisprudencia - VLEX 26831534

Ejecutoria num. 4a./J. 50/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala

Emisor:Cuarta Sala
Número de Resolución:4a./J. 50/94
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 1994
RESUMEN

SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACION.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACION.

CONTRADICCION DE TESIS 25/94. ENTRE EL TERCER Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, tiene legitimación para denunciar la contradicción de tesis que se plantea, porque los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A, de la Ley de Amparo, establecen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pueden denunciar la contradicción, entre otros, los tribunales que las sustentan.

TERCERO

Corresponde a continuación, como consecuencia, verificar si en el caso existe la contradicción denunciada entre las tesis de referencia.

  1. El juicio de amparo en revisión número RT-973/90, radicado en el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, tiene como antecedentes, los siguientes:

    Por escrito presentado el veinte de abril de mil novecientos noventa, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente y actuario de la misma, que hizo consistir:

    De la Junta Nueve el laudo incidental de liquidación 22 de marzo de 1990, notificado al IMSS el 30 del mismo mes y año, dictado en el juicio 163/85 que liquida en $4'473,380.00 las prestaciones para la actora, ordenadas en el laudo de 4 de septiembre de 1986, salarios caídos y prestaciones; de los CC. Presidente y actuario, reclamo la ejecución que pretenden llevar a cabo, respecto de ese laudo incidental, dictado en el expediente laboral 163/85, seguido por L.P.R.H. en contra del ahora quejoso."

    La Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal siguió el procedimiento constitucional y con fecha veintinueve de junio de mil novecientos noventa dictó sentencia sobreseyendo en el juicio por lo que respecta a los actos atribuidos a los citados presidente y actuario señalados como responsables y negando la protección federal solicitada.

    Inconforme con dicho fallo el quejoso Instituto Mexicano del Seguro Social, interpuso recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que con fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa, dictó sentencia que concluyó con el resolutivo siguiente: "UNICO.-

    Se confirma la sentencia dictada por la entonces Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa, autorizada el veintinueve del mismo mes y año en el juicio de amparo número 160/90 del índice de dicho juzgado, que corresponde ahora al 445/90 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal; en la que se sobresee respecto de los actos reclamados del presidente y actuario de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje y niega el amparo solicitado por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL contra los actos que reclamó de la mencionada Junta.".

    La ejecutoria se apoyó, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:

    Por último, también es infundado el agravio que hace valer el recurrente, consistente básicamente, en que la a quo violó en su perjuicio el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque omitió aplicar la tesis jurisprudencial del rubro: 'CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. DEBE ACREDITARSE COMO PRUEBA PARA ACREDITAR LA INFRACCION DE ALGUNAS DE SUS CLAUSULAS.', que establece que si el actor no demuestra la existencia contractual de cláusulas violadas, debe dictarse laudo absolutorio; y, en el caso concreto, el actor debió acreditar los incrementos salariales y los incrementos a las prestaciones contractuales a que condenó la Junta, las cuales obviamente se pactaron entre el instituto patrón y el sindicato de trabajadores en el contrato colectivo de trabajo, por lo que se trata de prestaciones extralegales que no fueron acreditadas por el trabajador, razón por la que la consideración de la a quo que estimó que la carga de la prueba de dichos incrementos le correspondía al instituto quejoso, fue incorrecta. También es infundado el anterior agravio; pues por lo que se refiere a los incrementos salariales, debe decirse, que con independencia de que éstos sean de carácter legal o contractual, al existir controversia sobre su monto, el patrón debe acreditar la cantidad que señale, atento a lo dispuesto por el artículo 784 fracción XII de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que como acertadamente lo manifiesta la a quo, tales incrementos no son materia distinta o acción diferente de los salarios, pudiendo agregarse, que el patrón cuenta en su poder los documentos necesarios de prueba para acreditar dichos incrementos salariales pactados en un contrato colectivo de trabajo los que de conformidad con el artículo 804 fracción I de la mencionada ley laboral, está obligado a exhibir en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por este tribunal al emitir la ejecutoria del juicio de amparo en revisión número 103/90 promovido por Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, de catorce de febrero de mil novecientos noventa, que a la letra dice: 'SALARIOS. INCIDENTE DE LIQUIDACION EN RELACION A LOS AUMENTOS QUE SE GENEREN DURANTE EL JUICIO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU MONTO.-

    La determinación prevista por el artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, consistente en atribuir al patrón la obligación de probar su dicho cuando exista controversia sobre el monto y pago del salario, no sólo es aplicable en el juicio principal, sino también en el incidente de liquidación que se substancie al respecto, cuando exista disputa en esa instancia procesal sobre el monto del salario atendiendo a los aumentos que se generen; en virtud de que la disposición de referencia encuentra su justificación en la circunstancia de considerar al patrón como la parte que cuenta con los elementos necesarios e idóneos para resolver la controversia que surja al respecto, de tal manera que si en un incidente de liquidación subsiste el cuestionamiento sobre el monto del salario debe aplicarse la misma disposición por existir en ambas hipótesis la misma razón.'. Por otro lado, respecto de los incrementos a las prestaciones contractuales a que se condenó al instituto recurrente, cabe señalar, que también es infundado el agravio que se contesta, pues contrariamente a lo que señala el instituto quejoso, al haber quedado acreditada la existencia y procedencia, tanto de las prestaciones extralegales como de sus incrementos, tal como lo señala la a quo en el tercer considerando de la sentencia que se revisa, es incuestionable que al existir controversia sobre el monto de los incrementos a dichas prestaciones, también le correspondía al instituto demandado, la carga de la prueba a efectos de demostrar la cuantía del incremento de dichas prestaciones, pues de conformidad con el artículo 784 fracción VII en relación con el 804 fracción I, ambos de la Ley Federal del Trabajo, el patrón está obligado a conservar y exhibir en juicio, a efecto de acreditar las controversias que se susciten sobre el contrato de trabajo, dicho documento, razón por la cual la a quo procedió correctamente al considerar que la Junta responsable estuvo en lo correcto al estimar los incrementos señalados por el trabajador, por no haber acreditado el patrón sus objeciones a la planilla de liquidación del mismo. Atento a lo anterior, resultan infundados los agravios que hace valer el recurrente, y por tanto procede confirmar la sentencia que se revisa dictada por la entonces Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa, autorizada el veintinueve del mismo mes y año, en la que sobreseyó en el juicio de garantías, del índice del mencionado Juzgado Federal en contra de los actos que el instituto quejoso reclamó del presidente y actuario adscritos a la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje y negó el amparo en contra de la mencionada Junta."

    La materia, razonamientos y sentido de las garantías pronunciadas en los juicios de amparo en revisión números RT-173/91 y RT-103/90 que también remitió el citado Tercer Tribunal Colegiado en cuestión, coinciden sustancialmente y contienen los mismos elementos de referencia que la resolución dictada en el juicio de amparo en revisión RT-973/90 a que antes se alude. Por ello, se estima innecesario el análisis de dichas ejecutorias.

  2. En lo correspondiente al juicio de amparo en revisión número 536/92, radicado en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, tiene como antecedentes los que se relatan a continuación:

    Por escrito presentado el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, P.M.M., S.A. de C.V., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que hace consistir en la interlocutoria de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, dictada en el expediente laboral 232/87, que resuelve el incidente de liquidación."

    A su vez, L.G.B.G., por escrito presentado ante la citada Oficialía de Partes el doce de marzo de mil novecientos noventa y dos, demandó la protección federal en contra de la misma Junta y por los mismos actos antes referidos.

    Como consecuencia de dichas demandas, que dieran causa a dos juicios distintos, el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal decretó su acumulación por auto de nueve de abril del mismo año y el quince de mayo siguiente pronunció sentencia concediendo la protección constitucional a los quejosos.

    I.P.M.M., Sociedad Anónima de Capital Variable, con la sentencia de que se trata, interpuso recurso de revisión que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mismo que dictó sentencia el dos de julio de mil novecientos noventa y dos, que concluyó con los resolutivos siguientes: "PRIMERO.-

    Se modifica la sentencia combatida.

SEGUNDO

La Justicia de la Unión no ampara ni protege a P.M.M., S.A. de C.V., contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que hace consistir en la resolución de diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, dictada en el expediente laboral 232/87, que resuelve el incidente de liquidación. TERCERO.-

La Justicia de la Unión ampara y protege a L.G.B.G., contra el acto y autoridad precisados en el punto resolutivo anterior.".

Para llegar a tal conclusión el tribunal citado, en lo que interesa, se apoyó en las consideraciones siguientes:

TERCERO

El análisis de los anteriores agravios conduce a determinar lo siguiente: La sentencia recurrida, que estimó legal la carga de la prueba de los incrementos salariales en el incidente de liquidación, no causa agravio al inconforme, ya que esa carga procesal es diferente a la prevista en el artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, pues aunque íntimamente ligada al monto del salario, mediante ella no se exige al trabajador que demuestre el monto del salario, sino que pruebe que el salario fue incrementado. Tampoco causa agravio la desestimación de la copia fotostática del tabulador de salarios en Petróleos Mexicanos, ofrecida por el trabajador para demostrar los incrementos salariales que afirmó en la planilla de liquidación, pues aunque esa empresa y la demandada tengan vínculos contractuales, no aparece que en las relaciones de la demandada con sus trabajadores rijan los tabuladores de Petróleos Mexicanos; tanto más si se tiene en cuenta que la empresa demandada ofreció y demostró tener su propio tabulador. Finalmente, supliendo la deficiencia de los agravios con apoyo en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe decirse que la sentencia recurrida es ilegal por cuanto que concedió el amparo a la empresa demandada, pues, habiendo alegado ésta que la interlocutoria reclamada violaba sus garantías individuales porque el 30% de la cantidad de $34'407,295.00, es la cantidad de $10'322,185.50, y no la que menciona en dicho considerando, por lo que consecuentemente las demás cuantificaciones están mal realizadas ..."

Por su parte, el juicio de amparo directo número 913/87 tramitado ante el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, tiene como antecedente, los siguientes:

H.R.G.B. ocurrió ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en la ciudad capital, demandando de la Universidad Autónoma del Estado de México: "La reinstalación en el trabajo, en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando dicho trabajador; salarios caídos originados desde su separación injustificada, hasta la fecha de la sentencia respectiva; aguinaldo proporcional por el tiempo laborado en dicho año, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo; prima de antigüedad contemplada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo; pago de vacaciones por el tiempo laborado en tal anualidad; prima vacacional sobre el importe de las vacaciones; y, pago de $3,000.00 que la demandada omitió cubrirle como prestación otorgada por el 'Día del Maestro'. Narró los hechos pertinentes a fundar la reclamación de esas prestaciones.".

Seguido el juicio laboral en su trámite, la citada Junta Especial Número Cinco dictó el laudo correspondiente mismo que fue impugnado por la parte actora mediante juicio de amparo y en queja, hasta que, finalmente dicha Junta dictó el laudo de fecha once de junio de mil novecientos ochenta y siete, resolviendo que la parte actora acreditó su acción en tanto que la demandada no justificó sus excepciones y defensas, condenando a ésta a reinstalar al actor en su trabajo en los mismos términos en que lo venía desempeñando, así como a pagarle los salarios caídos y otras prestaciones.

Inconforme con dicho laudo el trabajador demandante interpuso nueva demanda de amparo de la que correspondió conocer el aludido Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el que dictó sentencia el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, negando al quejoso la protección federal solicitada, con base en las consideraciones que en lo relativo, en seguida se transcriben:

QUINTO

Síntesis del único concepto de violación que alega el quejoso a través de su apoderado J.A.G.C.. Que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 48, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que en el laudo reclamado debió de condenar a la parte demandada al pago de los salarios caídos, con los incrementos salariales que se hubieran generado, ya sea por disposición del contrato colectivo vigente dentro de la institución demandada, siendo aplicable la tesis denominada 'SALARIOS VENCIDOS, MONTO DE LOS.'. Es infundado el anterior concepto de violación y debe desestimarse pues la Junta responsable al dictar el laudo reclamado, no infringió en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 48, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que al resolver que había procedido la acción ejercitada por el actor en virtud de que la demandada no acreditó sus excepciones, condenando a esta última, entre otras prestaciones, a cubrirle al ahora quejoso los salarios caídos a partir del día veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y tres, hasta aquélla en que se cumplimente el laudo respectivo, dejando a salvo el derecho del reclamante para que dichos salarios caídos sean cuantificados en su oportunidad, estuvo en lo correcto. Lo anterior es así ya que la pretensión del quejoso de que se le cubran los salarios caídos con los incrementos salariales a que hubiera lugar, no es materia del laudo reclamado puesto que no se está ante una cantidad líquida y determinada por la autoridad responsable, sino que ello será materia del incidente de liquidación que en su oportunidad se abra a petición del ahora quejoso, en el cual deberá demostrar que durante el tiempo que existe entre la fecha en que fue despedido injustificadamente y la fecha en que se le reinstale en su empleo, por disposición de la ley o por otra circunstancia se produjeron incrementos en su salario que deba cubrírsele, es decir, es en el referido incidente de liquidación y no en el laudo reclamado en donde se debe cuantificar el monto de las prestaciones a que se condenó a la demandada, tan es así que la Junta responsable para cuantificar los salarios caídos le dejó a salvo sus derechos."

Atento a los antecedentes relatados y con el fin de dilucidar si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada se toma en consideración que el Tercero y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Laboral del Primer Circuito, se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, esto es, la parte en el juicio laboral a la que corresponde la carga de la prueba, dentro del incidente de liquidación respectivo, tendiente a la cuantificación de los salarios vencidos que deben pagarse al trabajador que deberá ser reinstalado por laudo condenatorio en el puesto del que fue separado injustificadamente, cuando durante el lapso de separación transcurrido se hubieran producido incrementos salariales y de prestaciones que lo integran. Ante tal planteamiento, dichos tribunales establecieron criterios divergentes, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostiene que cuando existiera en el incidente de liquidación respectivo, controversia sobre el monto de los salarios vencidos, es al patrón a quien corresponde la carga procesal de acreditar su cuantificación, de acuerdo con los incrementos producidos en los salarios y prestaciones, en términos del artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, porque independientemente de que tales incrementos sean de carácter legal o contractual, no son materia distinta o acción diferente de los salarios, el Sexto Tribunal Colegiado del mismo Circuito y Materia, en cambio, sostiene que en el caso referido, es el trabajador el que debe demostrar en el incidente en cuestión, los incrementos producidos, porque dicha carga procesal es diferente a la prevista en el artículo 784, fracción XII a que se alude, ya que no se pretende que el trabajador demuestre el monto del salario, sino que éste fue incrementado.

Por lo que hace al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, se considera que el criterio sustentado en el juicio de amparo directo número 913/87, no enfrenta a los sostenidos por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito de que se trata.

Como se advierte de la lectura de los correspondientes antecedentes que se relatan, la ejecutoria dictada por este tribunal se refiere a un juicio de amparo directo promovido en contra del laudo de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por el que se condenó a la demandada a la reinstalación del trabajador en el puesto que venía desempeñando y, entre otras prestaciones, al pago de los salarios vencidos, porque el trabajador peticionario de amparo estimó que en el referido laudo debió condenarse no solamente al pago de los "salarios caídos" materia de la demanda laboral respectiva, sino también al pago de los "incrementos salariales que se hubieran generado" y ante tal planteamiento, que nada tiene que ver con la parte en el juicio laboral a la que corresponde la carga de la prueba, según lo dispuesto en el artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Colegiado en cuestión resolvió en el sentido de que el laudo impugnado no violaba en perjuicio del quejoso los artículos 48, 841 y 842 de la misma Ley Federal del Trabajo y por ende, tampoco sus garantías individuales, toda vez que quedaban a salvo sus derechos para la cuantificación de los salarios vencidos a cuyo pago había condenado el laudo respectivo, que podía hacer valer en el incidente de liquidación correspondiente, ya que "... la pretensión del quejoso de que se le cubran los salarios caídos con los incrementos salariales a que hubiera lugar, no es materia del laudo reclamado puesto que no se está ante una cantidad líquida y determinada por la autoridad responsable, sino que ello será materia del incidente de liquidación que en su oportunidad se abra ...".

Entonces, tomando en consideración, que para que se configure el supuesto de contradicción de tesis, es necesario que los Tribunales Colegiados de que se trata se pronuncien sobre un tema esencialmente igual y lleguen a conclusiones distintas a partir del examen de los mismos elementos de juicio, se advierte que ello no acontece en la especie, en relación únicamente con el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en mención, pues éste, dicta su ejecutoria en un juicio de amparo directo en el que se reclamó esencialmente la omisión de la autoridad de cuantificar los salarios vencidos que incluyan los incrementos producidos, en el propio laudo, y es de este planteamiento del que esencialmente se hizo cargo el tribunal de que se trata, el que si bien es cierto, en la ejecutoria de mérito, dice: "... sino que ello será materia del incidente de liquidación que en su oportunidad se abra a petición del ahora quejoso en el cual deberá demostrar que durante el tiempo que existe entre la fecha en que fue despedido injustificadamente y la fecha en que se le reinstale en su empleo por disposición de la ley o por otra circunstancia se produjeron incrementos en su salario que deba cubrírsele ...", tal aseveración que sugiere la carga de la prueba al respecto, solamente se pronuncia de manera accidental y accesoria, de suerte que no puede legalmente constituir contradicción con los criterios, estos sí contradictorios, sustentados por los citados Tercero y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo contenido esencial antes se ha precisado.

Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio sostenido por esta S. en la jurisprudencia número 22/92 y en la tesis VI/93, publicadas, respectivamente, en la página 23 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, y Tomo XI del mismo Semanario, página 5, Octava Epoca, que a la letra dicen:

CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-

De conformidad con lo que establecen los artículos 207, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

CONTRADICCION DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS.-

Para que configure la contradicción de tesis a que se refiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo, es menester que las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados que sustenten criterios divergentes traten cuestiones jurídicas esencialmente iguales, pero si la disparidad de criterios proviene de temas diferentes, la contradicción es inexistente."

Consecuentemente, no existiendo contradicción con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, procede determinar, únicamente en relación con las ejecutorias pronunciadas por el Tercer Tribunal Colegiado y el Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo y del Primer Circuito, el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.

CUARTO

Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que con el carácter de jurisprudencia debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, en el sentido de que corresponde al patrón demostrar en el incidente de liquidación respectivo, los hechos relativos a si durante el lapso que transcurre entre la separación del trabajador y el cumplimiento del laudo que condenó a reinstalar, el salario y las prestaciones que lo integran permanecieron estables o sufrieron incrementos, cuando se suscite controversia al respecto; ello, porque dentro del incidente de liquidación, el objeto probatorio es, en esencia, el mismo que en el principal y, además, participa inclusive por mayoría de razón, de las características que motivaron al legislador a establecer la carga probatoria sobre la empresa patronal.

En efecto, los artículos 82, 84, 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, disponen:

Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo."

Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo."

Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tienen la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:

I.F. de ingreso del trabajador;

  1. Antigüedad del trabajador;

  2. Faltas de asistencia del trabajador;

  3. Causa de rescisión de la relación de trabajo;

  4. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37 fracción I y 53 fracción III de esta ley;

  5. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido;

  6. El contrato de trabajo;

  7. Duración de la jornada de trabajo;

  8. Pagos de días de descanso y obligatorios;

    X.D. y pago de vacaciones;

  9. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;

  10. Monto y pago del salario;

  11. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y

  12. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda."

    Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:

  13. Contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable;

  14. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo, o recibos de pagos de salarios;

  15. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;

  16. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldo, así como las primas a que se refiere esta ley; y

  17. Los demás que señalen las leyes.

    Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.

    El concepto de "monto del salario" que establecen los preceptos transcritos, especialmente la fracción XII del artículo 784, para los efectos probatorios que se vienen examinando, no puede lógicamente desligarse del concepto de "incremento del salario", porque en cuanto éste se da, a través de cualquiera de las prestaciones referidas en el artículo 84, automáticamente repercute en el "monto", siendo ello de tal manera evidente, que carece de certidumbre y precisión aludir a cualquier incremento del salario si no es como referencia a éste.

    Por otra parte, si efectuando una interpretación auténtica de los preceptos indicados, se toman en consideración las razones que tuvo el legislador que introdujo las reformas a la Ley Federal del Trabajo en vigor a partir de 1980, para establecer el criterio de distribución de las cargas probatorias, se llega a la conclusión de que en el incidente de liquidación se surten los mismos o mejores motivos que en el procedimiento ordinario, para que la carga probatoria gravite sobre el patrón en el aspecto examinado. Efectivamente, la exposición de motivos relativa a la iniciativa del Poder Ejecutivo del Decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, que aparece en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 21 de diciembre de 1979, en lo conducente, expresa:

    ... Estar obligado a probar un hecho y disponer de todos los medios para hacerlo, son dos situaciones que no siempre coinciden. Es frecuente que la contraparte o que terceros ajenos al juicio, dispongan de más elementos que el actor para comprobar lo que éste afirma. Por esa razón, en esta iniciativa se propone que la Junta podrá eximir de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios se está en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Si el patrón es requerido deberá exhibir la documentación que tenga la obligación de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre los hechos y actos en que el empleador está obligado a disponer de sus antecedentes ..."

    ... Se estipula que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio una serie de documentos vinculados con las relaciones de trabajo de sus colaboradores; que deberá conservarlos durante todo el tiempo que dure la relación laboral de aquéllos si se trata del contrato de trabajo y el último año y uno después, si se trata de otros documentos. Estos preceptos constituyen una consecuencia lógica de lo que estipula el artículo 774, comentado anteriormente. La consecuencia procesal del incumplimiento de la obligación a que se refiere este artículo, se traduce en la presunción que admite prueba en contrario, de considerar ciertos los hechos que el actor expresa en su demanda, en relación con los documentos que debieran conservarse. De este modo se coadyuva a que los patrones lleven un registro completo del cumplimiento de sus obligaciones, tanto en los aspectos de contratación, salarios y participación de utilidades, como en lo referente a sus obligaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ..."

    Como puede verificarse de la exposición de motivos en la parte acabada de transcribir, el legislador tuvo en cuenta de modo decisivo para distribuir la carga de la prueba, la mayor o menor facilidad de disponer de los elementos de convicción y, acorde con tal criterio, estableció en la fracción XII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo que al patrón corresponde acreditar el monto y el pago del salario cuando se suscite controversia al respecto, precisamente, por tener a su disposición las pruebas conducentes para demostrar esos hechos, y si esto es aceptado dentro del juicio ordinario, la misma solución cabe dentro del incidente de liquidación, esto es, que toca al patrón la carga probatoria conforme a dicho numeral, ya que dicha parte dispone de las constancias, documentos, contratos, listas de raya, recibos, contrarrecibos, tabuladores y hojas de cálculos tendientes a demostrar los incrementos que, en su caso, se hubieren producido en uno o en varios conceptos integradores del salario, o bien, sí éste se conservó estable.

    A mayor abundamiento, debe tomarse también en consideración la circunstancia de que entre mayor sea el tiempo que el trabajador esté separado del centro de labores, situación que se da en la etapa del incidente de liquidación de manera más acentuada, mayor será la dificultad que tenga para allegar los elementos de convicción relativos a los incrementos salariales. Resulta, por todo lo expuesto, justificado el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, en el sentido de que la carga procesal en cuestión corresponde a la parte en el juicio laboral, el patrón, que está en la posibilidad legal y material, de demostrar en el incidente de liquidación, ante la controversia que en su caso ocurra, la existencia real de incrementos y en qué conceptos se produjeron y como consecuencia, la cantidad que legalmente corresponde pagar al trabajador reinstalado.

    Consecuentemente, debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, conforme a la siguiente redacción:

    SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACION.-

    La regla derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acerca de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se suscita controversia al respecto, es aplicable también, en lo conducente, cuando dentro del incidente de liquidación se discute la existencia de incrementos salariales durante el período que transcurre entre la fecha de separación del trabajador y aquélla en que se da cumplimiento al laudo que condenó a la reinstalación. La aplicación de la misma regla deriva de que en ambos supuestos el objeto probatorio es, esencialmente, el mismo, así como de la circunstancia de que dentro del incidente de liquidación operan las mismas razones tomadas en consideración por el legislador para atribuir la carga probatoria en los aspectos indicados, al patrón, por la mayor facilidad que tiene para disponer de los elementos de convicción.

    Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO

No existe contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y los sostenidos por el Tercero y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito.

SEGUNDO

Existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Tercero y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO

Debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo en revisión 973/90.

N.; remítase la tesis jurisprudencial al Pleno, a las S. y a los Tribunales Colegiados que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; envíese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de los que derivó la contradicción y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros presidente I.M.C., J.A.L.D., C.G.V., F.L.C. y J.D.R., lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el último de los nombrados. Firman el presidente y demás Ministros que integran la Sala con la secretaria de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.

Tesis:

Número tesis: 207662

Rubro: SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACION.

Localizacion: 8a. Época; 4a. Sala; G.S.J.F.; 84, Diciembre de 1994; P.. 26; [J];