Ejecutoria num. 2a./J. 1/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 28228760

Ejecutoria num. 2a./J. 1/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 1/2007
Localizacion:JUAN DÍAZ ROMERO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2007
RESUMEN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1002/2004. DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. (ANTES GUINNESS UDV MÉXICO, S.A. DE C.V.). AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. EL CONSENTIMIENTO DE LA NORMA GENERAL RECLAMADA, POR FALTA DE IMPUGNACIÓN DE APLICACIONES ANTERIORES, TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA).NEGATIVA FICTA. PUEDE CONSTITUIR ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL, IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO, UNA VEZ RESUELTO EL JUICIO DE NULIDAD, SI ÉSTE FUE DESFAVORABLE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO DIRECTO EN REVISI�N 1002/2004. DIAGEO M�XICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. (ANTES GUINNESS UDV M�XICO, S.A. DE C.V.).

MINISTRO PONENTE: JUAN D�AZ ROMERO.

SECRETARIO: I.F.R..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

La Segunda S. de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n es competente para conocer del presente amparo directo en revisi�n, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto del diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracci�n II, de la Ley de Amparo; 11, fracci�n V y 21, fracci�n XI, de la L.O.�nica del Poder J.dicial de la Federaci�n, en relaci�n con lo previsto en el punto primero, fracci�n I, inciso b), del Acuerdo Plenario N�mero 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintid�s de junio de mil novecientos noventa y nueve; en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en el que se reclam� la inconstitucionalidad del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, y si bien subsiste el aspecto de constitucionalidad, no entra�a la fijaci�n de un criterio de importancia y trascendencia que amerite el conocimiento del Tribunal en Pleno.

SEGUNDO

El presente recurso de revisi�n fue interpuesto dentro del plazo de diez d�as previsto en el art�culo 86 de la Ley de Amparo, porque de las constancias de autos se advierte que el fallo recurrido se notific� personalmente a la parte quejosa el ocho de junio de dos mil cuatro, por lo que esa notificaci�n surti� efectos el nueve siguiente, y la temporalidad de diez d�as transcurri� del diez al veintitr�s de junio de dos mil cuatro, descont�ndose al respecto el doce, trece, diecinueve y veinte de ese mismo mes y a�o, por ser s�bados y domingos inh�biles, en t�rminos de los art�culos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la L.O.�nica del Poder J.dicial de la Federaci�n; de tal manera que si el escrito correspondiente se present� el veintitr�s de junio de dos mil cuatro, es patente que se interpuso oportunamente.

Por otro lado, en lo que se refiere a la revisi�n adhesiva del administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes en ausencia por suplencia del administrador central jur�dico -tercero perjudicado-, fue interpuesta oportunamente, pues la admisi�n del recurso de revisi�n se notific� el siete de julio de dos mil cuatro, por lo que dicha notificaci�n surti� efectos el ocho siguiente, y el plazo de cinco d�as que dispone el art�culo 83, fracci�n V, p�rrafo �ltimo, de la Ley de Amparo, inici� el nueve y feneci� el quince de julio pasado, ya que deben descontarse el diez y once de julio de dos mil cuatro por ser inh�biles de acuerdo con el art�culo 23 de la ley reglamentaria de m�rito; de ah� que si el recurso adhesivo se present� en la Oficial�a de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el propio quince de julio de esta anualidad, es patente que se hizo dentro del aludido plazo.

TERCERO

El promovente tiene legitimaci�n para interponer el presente recurso de revisi�n, habida cuenta de que su calidad de apoderado de la empresa quejosa fue reconocida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el auto admisorio de la demanda de amparo directo del veinte de enero de dos mil cuatro.

Adem�s, el recurso de revisi�n adhesivo de que se trata fue interpuesto por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes en suplencia del administrador central jur�dico, con fundamento en el art�culo 17, apartado B, fracci�n XII, inciso b), y p�rrafo �ltimo, del Reglamento Interior de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de enero de dos mil tres, siendo indudable que tiene legitimaci�n para intentarlo en su calidad de autoridad tercera perjudicada.

CUARTO

Debe analizarse si el presente asunto re�ne los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusi�n el art�culo 107, fracci�n IX, de la Constituci�n Federal, as� como el punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, que aparece publicado el veintid�s de junio del mismo a�o, para estar en aptitud de decidir sobre la procedencia del recurso de revisi�n a que este toca se refiere y, por ende, tambi�n sobre la revisi�n adhesiva.

Con tal objetivo, debe tenerse presente que este Alto Tribunal al analizar los art�culos 107, fracci�n IX, de la Constituci�n Federal, 83, fracci�n V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, y 10, fracci�n III y 21, fracci�n III, incisos a) y b), de la L.O.�nica del Poder J.dicial de la Federaci�n, ha precisado cu�les son los requisitos b�sicos que condicionan su procedencia contra las sentencias dictadas en amparo directo, en la jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n, los siguientes:

"REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los art�culos 107, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracci�n V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracci�n III, de la L.O.�nica del Poder J.dicial de la Federaci�n y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, que establece las bases generales para la procedencia y tramitaci�n de los recursos de revisi�n en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza s�lo ser� procedente si re�ne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretaci�n directa de un precepto de la Constituci�n Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entra�e la fijaci�n de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la S. respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto ser� importante cuando de los conceptos de violaci�n (o del planteamiento jur�dico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial inter�s; y ser� trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resoluci�n que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deber� considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habi�ndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los dem�s casos an�logos a juicio de la referida S., lo que, conforme a la l�gica del sistema, tendr� que justificarse debidamente." (Novena �poca, Segunda S., Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 2a./J. 64/2001, p�gina 315).

Del an�lisis de la jurisprudencia transcrita se evidencia que es indispensable que concurran requisitos m�nimos para que sea procedente el recurso de revisi�n contra sentencias pronunciadas en amparo directo, a precisar:

  1. La presentaci�n oportuna del recurso.

  2. La exposici�n de argumentos en la demanda de amparo directo sobre la inconstitucionalidad de una norma general (aun en la hip�tesis de que se omita su estudio en la sentencia), o que se haya realizado una interpretaci�n directa de un precepto de la Constituci�n Federal en la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, o exista decisi�n sobre dicho argumento de inconstitucionalidad.

  3. El problema de constitucionalidad (por interpretaci�n de forma directa de una norma suprema o por an�lisis de una inferior jer�rquicamente) debe entra�ar la fijaci�n de un criterio jur�dico de importancia y trascendencia, de acuerdo con bases previstas en acuerdos generales emitidos por este Alto Tribunal.

Adem�s, destaca de la jurisprudencia transcrita que, por regla general, no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando existe jurisprudencia de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n que define el problema de constitucionalidad planteado en la demanda de amparo, o en el recurso de revisi�n no se hayan expresado agravios, o �stos se estimen ineficaces, inoperantes, inatendibles, insuficientes, entre otras denominaciones an�logas, cuando no se actualice ninguno de los supuestos que para suplir la deficiencia de la queja establece el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo.

En este sentido, debe se�alarse que el recurso de m�rito s� cumple con los requisitos antes aludidos, en virtud de que en los conceptos de violaci�n la quejosa impugn� la constitucionalidad del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, y en esta instancia pretende demostrar que los mencionados conceptos no son ineficaces, para lo cual expone importantes argumentos que no pueden ser materia de an�lisis en la procedencia del recurso, sino al resolverse �ste.

En tales condiciones, como el recurso de revisi�n adhesiva sigue la misma suerte que el principal, tambi�n debe considerarse procedente aqu�l.

QUINTO

Conviene puntualizar, en primer t�rmino, que en el escrito de expresi�n de agravios la parte recurrente manifiesta, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. Que el Tribunal Colegiado de Circuito vulner� lo dispuesto en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, en la medida en que �ste impone la obligaci�n de suplir la deficiencia de la queja cuando el acto se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, como aconteci� con el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos (para este argumento, la recurrente desarroll� lo que a su criterio constituye la finalidad de esa suplencia especial, de las fojas 11 a la 23 y de la 29 a la 36 del recurso de revisi�n).

  2. Que esta Segunda S. de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, en la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE RECLAME EL PRIMERO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACI�N DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA N., defini� que trat�ndose de disposiciones declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, ante su aplicaci�n real y concreta, procede otorgar el amparo solicitado, supliendo la deficiencia de la queja en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la ley de la materia.

  3. Que el Tribunal Colegiado de Circuito infringi� los art�culos 107 de la Constituci�n Federal y 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque es incorrecta la conclusi�n a la que arrib� en el sentido de que la norma reclamada fue consentida por no promoverse contra su primera aplicaci�n el juicio de amparo indirecto, "ya que las reglas para el amparo biinstancial, en el caso de la impugnaci�n de leyes, no tienen aplicaci�n en el juicio de amparo directo, ya que el ordenamiento legal no es reclamado como un acto aut�nomo de las autoridades, sino que su inconstitucionalidad debe hacerse valer en los conceptos de violaci�n planteados en la demanda, por encontrarse condicionada la inconformidad del promovente a la aplicaci�n de la norma en la resoluci�n reclamada, de modo que los efectos de la sentencia de amparo no incidir�n directamente en la ley en s�, sino en la resoluci�n en que �sta fue aplicada, y en esos t�rminos no puede considerarse que el reclamo de su inconstitucionalidad se encuentre constre�ido al primer acto de aplicaci�n al gobernado, como sucede en el juicio de amparo biinstancial, ni a las mismas reglas de procedencia de la acci�n". En apoyo a su postura, cit� la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, del rubro siguiente: "APLICACI�N DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SU IMPUGNACI�N EN AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO."

  4. Que el �rgano primigenio determin� que la quejosa hab�a consentido los efectos del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, con base en el amparo directo en revisi�n n�mero 1887/2003, resuelto en sesi�n del veinticinco de febrero de dos mil cuatro, por la Primera S. de esta Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, "pero sin molestarse en revisar y analizar con el detenimiento debido el por qu� ese estatus jur�dico, ya que s�lo se constri�e a se�alar tal hecho ... de donde se concluye que las consideraciones que lleva a cabo el tribunal a quo en la sentencia que se recurre, para sostener la supuesta improcedencia del juicio de amparo por consentimiento no tiene fundamento alguno en la Ley de Amparo", habida cuenta que el art�culo 351 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, prev� la obligaci�n de los Magistrados de resolver todas las cuestiones planteadas en el juicio de amparo.

  5. Que las reglas para controvertir una norma general en el juicio de amparo directo constituyen serias trampas procesales con el deleznable prop�sito de evitar analizar el fondo de los asuntos, lo que es contrario a la naturaleza generosa de la instituci�n del juicio de garant�as pues, entonces, no existir�a "un instrumento procesal id�neo para controlar o vigilar los actos del Poder Ejecutivo dando lugar a que se pierda de vista la finalidad del juicio de amparo, que es el tutelar la supremac�a de la Constituci�n."

  6. Que contrario a lo sostenido por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el juicio de nulidad se expusieron planteamientos de inconstitucionalidad del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos; en consecuencia, hab�a materia para decidir de fondo en el juicio de amparo directo si dicho precepto transgrede o no los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, con base en el criterio contenido en la tesis aislada de rubro: "ADUANERO, DERECHO DE TR�MITE ADUANERO (SIC). EL ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 49, FRACCI�N I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR LAS IMPORTACIONES EN QUE SE UTILICE UN PEDIMENTO CONFORME A LA LEY ADUANERA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1991)."

  7. Que por todas las anteriores razones, el Tribunal Colegiado de Circuito transgredi� la garant�a de acceso a la justicia prevista en el art�culo 17, p�rrafo segundo, de la Constituci�n Federal.

Son inoperantes los planteamientos sintetizados en el �ltimo inciso, de acuerdo con el criterio contenido en la jurisprudencia 2/97 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, visible en la p�gina cinco del Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, que dice:

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANT�AS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. H.�ricamente las garant�as individuales se han reputado como aquellos elementos jur�dicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder p�blico. Son derechos p�blicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la Rep�blica que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jur�dicamente a trav�s de la verdadera garant�a de los derechos p�blicos fundamentales del hombre que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acci�n constitucional de amparo. Los J.eces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la funci�n de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, seg�n su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos p�blicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisi�n, �ste no es un medio de control constitucional aut�nomo, a trav�s del cual pueda analizarse la violaci�n a garant�as individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un �ptimo ejercicio de la funci�n judicial, a trav�s del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustituci�n, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el J.ez de Distrito tom� en cuenta para emitir su fallo, limit�ndose a los agravios expuestos. Luego, a trav�s del recurso de revisi�n, t�cnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el J.ez de Distrito viol� garant�as individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la funci�n de control constitucional que el a quo desempe�a ya que, si as� se hiciera, se tratar�a extral�gicamente al J.ez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizar�a la �nica v�a establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercer�a un control constitucional sobre otro control constitucional.

Se reitera, son inoperantes los argumentos en los que la parte recurrente sostiene que la sentencia recurrida vulnera la garant�a individual contenida en el art�culo 17 de la Constituci�n Federal, ya que el recurso de revisi�n no es un medio de control constitucional aut�nomo, a trav�s del cual puedan examinarse violaciones a las garant�as individuales, debido a su naturaleza, as� como la funci�n de control de la constitucionalidad que desempe�a; no obstante, el juzgador de amparo puede infringir derechos subjetivos p�blicos de los gobernados, lo que puede alegarse mediante la violaci�n a disposiciones de una ley ordinaria que regule el tr�mite del juicio de amparo, pero no respecto de garant�as individuales.

En ese tenor, para resolver la problem�tica planteada en los restantes argumentos, resulta de especial importancia puntualizar que por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil dos, Guinness UDV M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, hoy D.M.�xico Comercializadora, Sociedad An�nima de Capital Variable, solicit� la devoluci�n del pago de lo indebido, de acuerdo con el art�culo 22 del C�digo F. de la Federaci�n, pues afirm� que en los ejercicios de mil novecientos noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, dos mil y dos mil uno, pag� los derechos de tr�mite aduanero mediante pedimentos de importaci�n, siendo que en el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, se toma en cuenta un elemento ajeno al monto de la prestaci�n del servicio que es el valor de los bienes para los efectos del impuesto general de importaci�n, contrario a la naturaleza de dicho ingreso establecida en el art�culo 2o., fracci�n IV, del c�digo tributario de m�rito, que sin duda incidi� en el monto final que pag�. Para mayor claridad al respecto, resulta oportuno transcribir el referido escrito:

"Guinness UDV M�xico, S.A. de C.V.

"Se solicita la confirmaci�n de criterio que se indica.

"Administraci�n Central J.r�dica de Grandes Contribuyentes de la Administraci�n General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. Presente.

"Mar�a B.T.N.A. (RFC: TOBA-460607-R53), en nombre y representaci�n de Guinness UDV M�xico, S.A. de C.V. (RFC: GME-871114-4V5), personalidad que acredito en t�rminos del testimonio notarial que se acompa�a como anexo 1 al presente escrito, se�alando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, �nicamente por lo que respecta al tr�mite del presente asunto, el ubicado en la calle J.�rez n�mero 3, esquina F.I.M., colonia T.,c�digo postal 01040, M�xico, Distrito Federal, y autorizando para todos los efectos del art�culo 18, fracci�n IV, y 19 del C�digo F. de la Federaci�n (CFF) a los se�ores J.A.B.M.�rquez, A.A.V.P.�n, O.G.G.�n, S.T.J., L.M.P. de la Torre y A.E.A.A., todos con n�mero telef�nico (55) 56630300, con el debido respeto comparezco y expongo:

"Que por medio del presente escrito y con fundamento en los art�culos 18, 18-A, 22, 34 y dem�s relativos y aplicables del CFF, vengo en nombre y representaci�n de Guinness UDV M�xico, S.A. de C.V., a solicitar a esa autoridad confirme el criterio que m�s adelante se describe, de conformidad con los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho.

"Antecedentes.

"1. Mi mandante es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de la Rep�blica Mexicana, cuyo objeto social consiste, entre otros, en la importaci�n, exportaci�n compra, venta, fabricaci�n y distribuci�n de vinos y licores, bebidas alcoh�licas y productos alimenticios, as� como todas las actividades relativas y conexas con el anterior objeto.

"2. Como es del conocimiento de esa autoridad, mi representada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dependiente de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico (SHCP), bajo la clave que fue citada en el proemio de este escrito, a trav�s de la cual cumple con sus obligaciones tributarias federales, entre las que se encuentra el pago de impuestos relacionados con la importaci�n de mercanc�as, tal y como se acredita con la c�dula de identificaci�n fiscal, que se acompa�a como anexo 2 al presente escrito.

"3. Tal como obra en los registros de esa H. Dependencia, mi poderdante tiene su domicilio fiscal en Insurgentes Sur n�mero 1898, cuarto piso, colonia Florida, c�digo postal 01030, M�xico, Distrito Federal, siendo su n�mero telef�nico (55) 5322-2440, tal y como se acredita con la forma fiscal R-1 que se acompa�a como anexo 5 al presente escrito.

"4. Para realizar sus actividades conforme su objeto social descrito en el punto 1 anterior, mi representada realiz� importaciones de vinos, licores, bebidas alcoh�licas y productos alimenticios ante las autoridades fiscales correspondientes, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos legales correspondientes.

"5. De acuerdo con la fracci�n I, del art�culo 49, de la LFD, el DTA se paga por las operaciones aduaneras que se efect�en utilizando un pedimento o el documente aduanero correspondiente en los t�rminos de la Ley Aduanera (LA), pagando el 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importaci�n (IGI).

"6. Como es del conocimiento de esa H. Autoridad, mi representada present� ante la aduana respectiva, por conducto del agente o apoderado aduanal, el pedimento de importaci�n correspondiente a las importaciones de vinos, licores, bebidas alcoh�licas y productos alimenticios que llev� al cabo en los a�os de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, efectuando el pago de los impuestos federales aplicables, incluyendo dentro de �stos el DTA a que se refiere el art�culo 49, fracci�n I, de la LFD aludido.

"7. A efecto de que esa autoridad cuente con los elementos necesarios para resolver la presente solicitud de devoluci�n de pago de lo indebido, se acompa�a a la presente petici�n lo siguiente:

"a. Pedimentos de importaci�n de los a�os de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, as� como los comprobantes de pagos efectuados por concepto del DTA, tal como se demuestra mediante el anexo 3 que al efecto se acompa�a.

"b. Relaci�n de los pedimentos y pagos aludidos en el inciso a) anterior, descritos en el anexo 4 que se acompa�an al presente escrito.

"8. En virtud de que mi representada considera que en el presente caso no se da una correlaci�n entre el servicio p�blico que realiza la autoridad respectiva en las operaciones aduaneras que se efect�en utilizando un pedimento de importaci�n y el monto que se paga por concepto del DTA, por lo que se existen cantidades pagadas indebidamente por concepto del DTA a que se refiere el art�culo 49, fracci�n I, de la LFD; por ello, se formula la presente petici�n con apoyo en las siguientes:

"Consideraciones de derecho.

"De acuerdo con la doctrina jur�dica y la legislaci�n tributaria, las contribuciones conocidas como ?derechos? son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados.

"Los tratadistas en materia tributaria manifiestan que se pagan derechos, en los siguientes casos:

"a) En contraprestaci�n de un servicio p�blico particular;

"b) Cuando el Estado ejerce su monopolio sobre el servicio, pues cuando concurre con los particulares, se estar� en presencia de pago de un precio privado;

"c) En la prestaci�n del servicio, como cuando le es impuesto por una ley;

"d) Cuando el servicio es prestado sea por la administraci�n activa o por la administraci�n delegada del Estado.

"Por ello, dichos tr�mites se�alan que los ?derechos? constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios p�blicos.

"Ahora bien, el art�culo 2o., fracci�n IV, del CFF define a los ?derechos? como: ?... las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio p�blico de la naci�n, as� como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho p�blico excepto cuando se presten por organismos descentralizados u �rganos desconcentrados cuando en este �ltimo caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos; tambi�n son derechos las contribuciones a cargo de los organismos p�blicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.?

"Por tanto, tomando en cuenta tanto la disposici�n anterior, como las ideas antes expuestas, tenemos que se est�n en presencia de un ?derecho?, no de un impuesto o de otra especie de gravamen fiscal, cuando el hecho generador consista en la recepci�n en beneficio de los particulares de un servicio p�blico prestado por la administraci�n en ejercicio de funciones de derecho p�blico, los que de esta manera reciben un beneficio individualizado y distinto del que les corresponder�a por el solo hecho de ser miembros de la colectividad.

"Lo anterior conduce a establecer que en el caso que nos ocupa el citado gravamen DTA califica dentro de los llamados derechos fiscales, porque deriva de la recepci�n de una prestaci�n administrativa concreta, es decir, la realizaci�n de las operaciones aduaneras que se efect�en utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los t�rminos de la LA, situaci�n descrita por el legislador como presupuesto de hecho generador del ?derecho?, por lo que el Estado se encuentra facultado a repercutir el costo de este servicio.

"Sin embargo, el pago del DTA que establece el art�culo 49, fracci�n I, de la LFD no tiene como finalidad recuperar el costo que le implica al Estado realiza las operaciones aduaneras que se efect�en utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los t�rminos de la LA, sino que atiende al valor del bien a importar conforme al IGI, por lo que se est� introduciendo un elemento ajeno al costo del servicio, como lo es el valor del bien a importar para repercutir el costo que le representa al Estado llevar a cabo dicha funci�n, lo que ocasiona que el monto del DTA no guarde relaci�n alguna con el costo del servicio, lo cual trae como resultado, que se causen contribuciones de cuant�a diversa dependiendo del valor del bien a importar, aun cuando se est� recibiendo un mismo servicio, por lo anterior, es que mi representada considera que las cantidades pagadas por conceptos de DTA, que han quedado debidamente precisadas en el cuerpo del presente escrito, resulten estar pagadas indebidas y, por ende, procede su devoluci�n en los t�rminos del CFF.

"Dicho lo anterior en otras palabras, significa que el DTA a pagar depende del valor del bien a importar, sin tomar en consideraci�n el costo del servicio que el Estado realiza por las operaciones aduaneras que se efect�en utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente, en los t�rminos de la LA, ya que en un bien de menor o mayor valor, las operaciones aduaneras son las mismas, pero se paga un derecho fiscal diferente, por lo tanto resulta ser que el pago por concepto de DTA no guarda relaci�n alguna con el costo del servicio que se est� realizando.

"Lo anterior es as�, y en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n (SCJN) al emitir la tesis que lleva por rubro: ?ADUANERO, DERECHO DE TR�MITE. EL ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 49, FRACCI�N I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR LAS IMPORTACIONES EN QUE SE UTILICE UN PEDIMENTO CONFORME A LA LEY ADUANERA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1991).?, la cual es aplicable al caso que nos ocupa, y se encuentra consultable en el T.V.I del Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta (SCJF y G), bajo el n�mero P. VI/98, correspondiente al mes de febrero de 1998, p�gina 41.

"Conforme a lo anterior, en nombre y representaci�n de Guinness UDV M�xico, S.A. de C.V., se hace la siguiente:

"Petici�n.

"De conformidad con los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos en el cuerpo del presente escrito, atentamente se solicita a esa H. Administraci�n, en nombre y representaci�n de Guinness UDV M�xico, S.A. de C.V., confirme el criterio de mi representada en el sentido de que las cantidades pagadas por concepto de DTA, al no tener relaci�n con el servicio prestado, constituyen un pago de lo indebido, tal y como se ha demostrado en el cuerpo del presente. En consecuencia, en su momento se autorice la devoluci�n de las cantidades pagadas por dicho concepto que ha cubierto mi mandante en los ejercicios y en las cantidades que han quedado debidamente se�aladas en este escrito.

"Finalmente y para dar cumplimiento a lo previsto por el art�culo 18-A del C�digo F. de la Federaci�n, se manifiesta lo siguiente:

"Por lo que respecta a los datos a los que se refiere las fracciones I, II y III, del art�culo 18-A del C�digo F. de la Federaci�n, los mismos ya han sido desahogados en los p�rrafos anteriores.

"El monto de la presente operaci�n es el que se describe en el anexo 4, mismo que se acompa�a al presente escrito.

"La materia de la presente promoci�n, lo mismo que los hechos y circunstancias que aqu� se mencionan, no han sido planteados por mi representada ante esa H. Administraci�n o ante ninguna otra autoridad.

"Asimismo, se manifiesta que mi representada no se encuentra sujeta al ejercicio de facultades de comprobaci�n por parte de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico o por las entidades federativas coordinadas en ingresos federales.

"Anexos.

"Anexo 1. Copia certificada del testimonio notarial n�mero 53,029, de fecha 24 de agosto de 2001, pasada ante la fe de el licenciado B.I.�n Guerra Silla, notario p�blico n�mero 7 del Distrito Federal, mediante la cual se acredita tanto la legal constituci�n de Importadora y Distribuidora Inter, S.A. de C.V., a Guinness UDV M�xico, S.A. de C.V. y la personalidad de la suscrita.

"Anexo 2. Copia certificada de la c�dula de identificaci�n fiscal.

"Anexo 3. Copia de los pedimentos aduanales donde se demuestran las operaciones de importaci�n que realiz� mi representada en los a�os 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

"Anexo 4. Relaci�n de los pedimentos aduanales donde se demuestran los pagos realizados por mi representada, por concepto de DTA en los a�os de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

"Anexo 5. Copia certificada del formulario de registro R-1, mediante el cual se demuestra el cambio de domicilio fiscal de mi representada.

"Por lo antes expuesto,

"A esa H. Administraci�n Central J.r�dica de Grandes Contribuyentes, dependiente de la Administraci�n General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administraci�n Tributaria de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, atentamente solicito se sirva:

"Primero. Tenerme por presentada con el presente escrito en nombre y representaci�n de Guinness UDV M�xico, S.A. de C.V., con la personalidad que se acredita en los t�rminos del testimonio notarial que se acompa�a como anexo 1, confirmando el criterio sostenido en el cuerpo de la presente.

"Segundo. Tener por autorizados en los t�rminos se�alados, a las personas mencionadas en el proemio del presente escrito y como domicilio para recibir notificaciones, el mencionado en su momento.

"Tercero. Devolver las cantidades pagadas indebidamente por mi representada por concepto de DTA en los a�os 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, junto con sus accesorios legales.

"M�xico, Distrito Federal, 28 de agosto de 2002.

"Respetuosamente,

"R�brica.

"Mar�a B.T.N.A.

"Representante legal de Guinness UDV M�xico, S.A. de C.V."

Por su parte, ante el silencio administrativo de la autoridad a la que estaba dirigida la consulta fiscal y devoluci�n del pago de lo indebido, D.M.�xico Comercializadora, Sociedad An�nima de Capital Variable, promovi� juicio de nulidad del que conoci� por raz�n de turno la D�cima Primera S. Regional Metropolitana del Tribunal Federal de J.sticia F. y Administrativa. Asimismo, el veinte de octubre de dos mil tres dict� sentencia en el sentido de declarar que se configur� la negativa ficta, as� como reconocer la validez de esta resoluci�n ficta.

Inconforme con esta sentencia, la actora promovi� juicio de amparo directo -que qued� relacionado en los resultandos primero al tercero de esta ejecutoria-, en el que plante� que el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, viola los principios de equidad y proporcionalidad en materia tributaria.

Con base en lo expuesto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito arrib� a la convicci�n de que en el juicio de amparo directo existen elementos suficientes que ponen de manifiesto que antes de la resoluci�n negativa ficta, la quejosa se someti� voluntariamente a los efectos normativos del art�culo impugnado, porque pag�, por lo menos, en el ejercicio de dos mil, el derecho de tr�mite aduanero, sin haber promovido en su contra juicio de amparo indirecto, por lo que este hecho, a su arbitrio, es revelador de la inoperancia de los argumentos relativos a la constitucionalidad del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, por consentir la aplicaci�n de este precepto, seg�n las prevenciones contenidas en el art�culo 73, fracci�n XII, de la ley de la materia.

De lo anterior bien puede advertirse que no asiste raz�n a la parte recurrente en cuanto sostiene en el inciso c) que el Tribunal Colegiado de Circuito estableci� que para impugnar una norma de car�cter general en el juicio de amparo directo es necesario que se trate del primer acto de aplicaci�n que invadi� la esfera jur�dica del gobernado, pues estas precisiones son incorrectas, en virtud de que en el fallo recurrido s�lo se se�al� que el art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos fue consentido por la quejosa, lo que imped�a abordar el estudio de fondo de la inconstitucionalidad planteada, mas en �l nada se refiri� sobre el consentimiento de la norma por no impugnar un primer acto de aplicaci�n; de ah� que no se hermanaron las reglas para controvertir una ley en el juicio de amparo indirecto, con las relativas al juicio de amparo directo.

Ahora bien, los art�culos 73, fracci�n XII, p�rrafo �ltimo, 158 y 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, en ese orden, disponen:

"Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XII. ...

"Si en contra de dicha resoluci�n procede amparo directo, deber� estarse a lo dispuesto en el art�culo 166, fracci�n IV, p�rrafo segundo, de este ordenamiento."

"Art�culo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los t�rminos establecidos por las fracciones V y VI del art�culo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ning�n recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violaci�n se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garant�as cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este art�culo, s�lo ser� procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretaci�n jur�dica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisi�n o negaci�n expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparaci�n, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, s�lo podr�n hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que pongan fin al juicio."

"Art�culo 166. La demanda de amparo deber� formularse por escrito, en la que se expresar�n:

"...

"IV. La sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisar� cu�l es la parte de �ste en la que se cometi� la violaci�n y el motivo por el cual se dej� sin defensas al agraviado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello ser� materia �nicamente del cap�tulo de conceptos de violaci�n de la demanda, sin se�alar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificaci�n de �ste por el tribunal de amparo se har� en la parte considerativa de la sentencia.

Del an�lisis relacionado de las disposiciones transcritas se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ning�n recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, en el que podr�n plantearse como conceptos de violaci�n la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos aplicados en perjuicio del quejoso durante la secuela del juicio natural, sentencia, laudo o resoluci�n reclamado, adem�s en el acto o resoluci�n de origen, cuando sea promovido contra la resoluci�n reca�da a los recursos o medios de defensa legal interpuestos contra el primer acto de aplicaci�n de ellas.

Sobre este tema, resulta oportuno se�alar que esta Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n ha sustentado el criterio de que en la demanda de amparo directo pueden impugnarse disposiciones de observancia general que se hubiesen aplicado en su perjuicio durante la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resoluci�n reclamada, en relaci�n con el primero o ulteriores actos de aplicaci�n, pues en este aspecto es diferente el sistema de impugnaci�n que en el amparo indirecto, como se sostiene en las tesis aisladas que llevan por rubro, texto y datos de localizaci�n, los siguientes:

"APLICACI�N DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL,SU IMPUGNACI�N EN AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 166, fracci�n IV, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de amparo directo respecto de una ley, aun cuando se trate del segundo acto de aplicaci�n, pues no tiene el car�cter de acto reclamado, en virtud de que el planteamiento de inconstitucionalidad de una norma legal que se formula dentro de los conceptos de violaci�n, conduce al tribunal a conceder o negar el amparo respecto de la sentencia, mas no a otorgarlo o negarlo respecto del precepto analizado. As�, aun cuando dentro de la sistem�tica de la Ley de Amparo no se establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicaci�n que perjudique a la parte quejosa, pues ello se traduce en que se estime consentido y se desprende, tambi�n, que de haberse analizado una norma en una ocasi�n, en relaci�n con el mismo quejoso existir� cosa juzgada sobre el tema, debe precisarse que tal sistema rige el amparo que se tramita ante los J.eces de Distrito, no a los juicios de amparo directo, seg�n se ha explicado, en tanto que el juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito es de car�cter restrictivo y el pronunciamiento correspondiente debe referirse a la sentencia en la que se aplica la norma que se tilda de inconstitucional, sin reflejarse en los resolutivos de la sentencia de amparo la decisi�n respecto de la ley." (Novena �poca, Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., mayo de 1998, tesis P. XL/98, p�gina 65).

"CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMIN�. De conformidad con lo ordenado por el �ltimo p�rrafo del art�culo 158 y el segundo p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 166 de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una ley en amparo directo se requiere que �sta se haya aplicado dentro de la secuela procedimental o en la sentencia se�alada como acto reclamado, por lo que resultan inoperantes los conceptos de violaci�n que se formulen en contra de los preceptos que no fueron aplicados." (Novena �poca, Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., septiembre de 1997, tesis P. CXXXIII/97, p�gina 203).

Cabe puntualizar, por la importancia que reviste, que el �ltimo criterio transcrito fue matizado por esta Segunda S. al sostener que la impugnaci�n de constitucionalidad de normas generales en el juicio de amparo directo no se agota solamente en los casos en que hayan sido aplicadas en perjuicio del quejoso durante el procedimiento del juicio natural o en la sentencia definitiva, ya que de acuerdo con el art�culo 73, fracci�n XII, p�rrafo �ltimo, de la ley de la materia, tambi�n se pueden controvertir normas generales aplicadas en el acto o resoluci�n de origen cuando se promueva contra la resoluci�n reca�da a los recursos o medios de defensa legal interpuestos contra el primer acto de aplicaci�n de ellas, esto es, aplicadas antes del inicio del juicio o durante el tr�mite de �ste, que regularmente sucede en los actos de autoridades fiscales o administrativas impugnados en el juicio de nulidad.

Para ilustrar las anteriores precisiones, resulta conveniente citar los siguientes criterios:

"AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCI�N DE ORIGEN. De la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 158 y 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se promueva juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se podr� plantear, en los conceptos de violaci�n, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos que se hubieran aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resoluci�n reclamados; sin embargo, ello no quiere decir que la posibilidad de controvertir tales normas de car�cter general en el amparo directo se agote con los supuestos a que se refieren dichos numerales, pues el art�culo 73, fracci�n XII, �ltimo p�rrafo, del citado ordenamiento permite tambi�n la impugnaci�n, en ese juicio, de las normas aplicadas en el acto o resoluci�n de origen, cuando se promueva contra la resoluci�n reca�da a los recursos o medios de defensa legal que se hubieran hecho valer en contra del primer acto de aplicaci�n de aqu�llas, m�xime que en la v�a ordinaria no puede examinarse la constitucionalidad de una norma de observancia general, pues su conocimiento est� reservado a los tribunales del Poder J.dicial de la Federaci�n." (Novena �poca, Segunda S., Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2003, tesis 2a./J. 152/2002, p�gina 220).

"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ES PROCEDENTE CUANDO SE CONTROVIERTE UNA SENTENCIA EMITIDA POR UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO EN UN RECURSO DE REVISI�N FISCAL, SI SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS APLICADAS EN AQU�LLA O EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN. De la interpretaci�n causal y teleol�gica de lo dispuesto en el art�culo 104, fracci�n I-B, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el recurso de revisi�n fiscal se estableci� como un medio de defensa de la legalidad, mediante el cual la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo puede controvertir la sentencia que declare la nulidad del acto emitido por ella, por lo que al resolver tal recurso el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito ejerce una funci�n de control de la legalidad, no de la constitucionalidad, ya que el sentido de este fallo depender� de que la sentencia recurrida se haya emitido conforme al marco jur�dico previsto en las leyes ordinarias aplicables, sin confrontar dicha sentencia o las normas aplicadas en ella con lo dispuesto en la Constituci�n Federal. En ese tenor, si bien las consideraciones adoptadas al resolver un recurso de revisi�n fiscal constituyen cosa juzgada, ello acontece �nicamente en el aspecto de legalidad, por lo que no existe obst�culo procesal para que el actor en el respectivo juicio contencioso administrativo controvierta en amparo directo la constitucionalidad de las normas que le fueron aplicadas desde el acto administrativo de origen cuya validez se cuestion� ante el Tribunal Federal de J.sticia F. y Administrativa, cuando la sentencia dictada por �ste se emita en cumplimiento de lo resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer de un recurso de revisi�n fiscal. Lo antes expuesto, adem�s de reconocer la naturaleza de este medio ordinario de defensa, permite a los gobernados ejercer la prerrogativa que el art�culo 73, fracci�n XII, p�rrafo tercero, de la Ley de Amparo, les brinda para impugnar la constitucionalidad de una ley que fue aplicada en su perjuicio una vez agotados los medios ordinarios de defensa y cumplidos los respectivos requisitos procesales; m�xime que, conforme al sistema actual, contra la sentencia recurrida en revisi�n fiscal que no afecta el inter�s jur�dico del actor del juicio contencioso administrativo, no procede el juicio de garant�as." (Novena �poca, Pleno, Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., febrero de 2002, tesis P. I/2002, p�gina 7).

Como es f�cil advertir, en el juicio de amparo directo pueden impugnarse normas generales aplicadas en perjuicio del quejoso en el acto o resoluci�n de origen, a condici�n de que se cumplan ciertas premisas, a precisar:

  1. La aplicaci�n concreta de la norma controvertida.

  2. Que esa aplicaci�n de la ley cause perjuicio directo y actual a la esfera jur�dica del gobernado.

  3. Que el acto de aplicaci�n sea el primero que invadi� su esfera jur�dica, o uno posterior, distinto de las aplicaciones que realice la autoridad jurisdiccional durante el procedimiento natural, siempre que no exista consentimiento de la ley por falta de impugnaci�n del acto o resoluci�n a trav�s de los recursos ordinarios o del juicio de amparo indirecto.

    Esta �ltima regla tiene su base en el art�culo 73, fracci�n XII, p�rrafos primero, segundo y tercero, de la Ley de Amparo, que al respecto, establece:

    "Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente:

    "...

    "XII. Contra actos consentidos t�citamente, entendi�ndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los t�rminos que se se�alan en los art�culos 21, 22 y 218.

    "No se entender� consentida t�citamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciaci�n de su vigencia, en los t�rminos de la fracci�n VI de este art�culo, no se haya reclamado, sino s�lo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicaci�n en relaci�n con el quejoso.

    Cuando contra el primer acto de aplicaci�n proceda alg�n recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, ser� optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, s�lo se entender� consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resoluci�n reca�da al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. ...

    El an�lisis del anterior art�culo pone de manifiesto que en �l se prev�n los principios generales del consentimiento t�cito en la aplicaci�n de una norma, cuyo sistema no es exclusivo del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el juicio de amparo directo contra leyes no produce su sobreseimiento, no impide la aplicabilidad de tales principios �tiles y complementarios para analizar en el juicio de amparo directo el consentimiento de la disposici�n reclamada, habida cuenta que en este tipo de juicios constitucionales no existe precepto alguno que regule lo atinente a dicho consentimiento, de tal suerte que, contrariamente a lo sostenido en el inciso d), resulta v�lida la aplicaci�n de las reglas establecidas en el art�culo 73, fracci�n XII, de la ley de la materia, que impiden, l�gicamente, abordar el estudio de fondo del problema de inconstitucionalidad planteado.

    Las consideraciones que anteceden permiten concluir que en los supuestos en que el juicio de amparo directo derive de un juicio com�n u ordinario donde se controvierta un acto o resoluci�n de origen, en el que desde entonces se hubiesen aplicado las normas generales controvertidas en los conceptos de violaci�n, para que proceda el an�lisis relativo de la constitucionalidad, es menester que se trate del primer acto de aplicaci�n, o uno posterior a �ste, si los precedentes a �l fueron combatidos a trav�s de los recursos ordinarios o del juicio de amparo indirecto; de lo contrario, resultan inoperantes los argumentos respectivos, aun bajo la premisa de que se hubiesen aplicado nuevamente durante el juicio natural.

    Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 83/2002 de la Segunda S. de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, que aparece publicada en la p�gina 240 del Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2002, que dice:

    AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N INVOCADOS EN CONTRA DE LA NORMA TRIBUTARIA APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQU�LLA FUE CONSENTIDA AL PAGARSE EL IMPUESTO SIN HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA PROCEDENTES. De conformidad con el art�culo 166, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley dentro de los conceptos de violaci�n de la demanda. Ahora bien, dichos argumentos de inconstitucionalidad deben declararse inoperantes en t�rminos de la tesis P. LVIII/99, Tomo X, agosto de 1999, Novena �poca, publicada en el Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, p�gina 53, de rubro: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZAR�A ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.?, si de las constancias del juicio deriva que el quejoso se autoaplic� la norma combatida y la consinti� al pagar el impuesto controvertido sin manifestar su inconformidad mediante la interposici�n del medio de defensa constitucional dentro de los plazos que para tal efecto dispone la Ley de Amparo, no es jur�dico estimar que puede examinarse la constitucionalidad de la ley tributaria a trav�s del juicio de amparo directo, aun cuando en la sentencia definitiva reclamada se hubiera aplicado nuevamente la norma, si resulta evidente que tal resoluci�n no constituye el primer acto de aplicaci�n que trascendi� a la esfera jur�dica del particular ni tampoco lo fue el acto administrativo que dio lugar al juicio de nulidad; por tal motivo, al consentir la norma tributaria correspondiente y no impugnarla mediante la acci�n constitucional en los t�rminos establecidos para su ejercicio, debe concluirse que los conceptos de violaci�n que en el amparo directo se formulen, resultan inoperantes.

    Conviene reiterar que fuera de dicha hip�tesis especial de impugnaci�n, en el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al procedimiento, puede abordarse el an�lisis respectivo de la constitucionalidad de leyes contra el primero, segundo o posteriores actos de aplicaci�n realizados durante el procedimiento jurisdiccional o en la sentencia definitiva, que ordinariamente acontece en las controversias del orden civil, familiar, mercantil, penal y del trabajo, sin que opere por tales aplicaciones consentimiento alguno de la norma, adem�s de que por regla general en aquellos juicios comunes no se combate un acto o resoluci�n de autoridades, como s� sucede en el �mbito del derecho administrativo, sino actos entre particulares; de ah� la justificaci�n de que cuando el juicio de amparo directo derive de un juicio ordinario donde se controvierta un acto o resoluci�n de origen, en el que desde entonces se hubiesen aplicado las normas generales controvertidas en los conceptos de violaci�n, debe promoverse en virtud del primer acto de aplicaci�n para que prospere el estudio respectivo, o bien, no existir consentimiento de aplicaciones actualizadas antes de la aludida resoluci�n o acto de origen.

    Conforme a las exposiciones realizadas, es innegable que la aplicaci�n en la sentencia reclamada del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, no basta para abordar el estudio del problema de inconstitucionalidad planteado, como se pretende en el inciso c), pues era b�sico que la quejosa no hubiese consentido la aplicaci�n de dicha norma antes de la resoluci�n negativa ficta, impugnando los pagos hechos en el ejercicio de dos mil, mediante el juicio de amparo indirecto, dado que se autoaplic� la disposici�n contra la que no proced�an los medios ordinarios de defensa, sino el indicado juicio de garant�as, siendo evidente, ante el se�alado consentimiento, que los conceptos de inconstitucionalidad aducidos en la demanda de amparo son notoriamente inoperantes, como bien lo estableci� el Tribunal Colegiado de Circuito.

    En concordancia con lo expuesto, cabe destacar que en este supuesto no resulta aplicable el criterio general de que en el juicio de amparo directo puede abordarse el an�lisis correspondiente de constitucionalidad contra el primero, segundo o posteriores actos de aplicaci�n realizados durante el procedimiento judicial o en el fallo definitivo, porque la aplicaci�n del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos no aconteci� �nicamente en el juicio de nulidad, dado que se actualiz� desde la resoluci�n administrativa de origen, debi�ndose, entonces, emplear las reglas de impugnaci�n especiales concernientes a este tipo de asuntos.

    Se expone tal aseveraci�n, pues la resoluci�n negativa ficta se configura antes de impugnarse en el juicio de nulidad, aunque la declaratoria relativa se haga hasta el dictado de la sentencia, y de acuerdo a las consecuencias jur�dicas que produce puede ser apta para impugnar en amparo directo la constitucionalidad de una disposici�n de observancia general, siempre que se actualicen las hip�tesis normativas respectivas que generen en relaci�n con el gobernado los efectos de la norma legal, regulando o sancionando una situaci�n jur�dica concreta.

    Para corroborar lo anterior, conviene reproducir los art�culos 11 de la L.O.�nica del Tribunal Federal de J.sticia F. y Administrativa y 34, 37, 209, fracci�n III, 210, fracci�n I y 215 del C�digo F. de la Federaci�n, que disponen:

    L.O.�nica del Tribunal Federal de J.sticia F. y Administrativa.

    "Art�culo 11. El Tribunal Federal de J.sticia F. y Administrativa conocer� de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuaci�n:

    "...

    "IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

    "...

    "Tambi�n conocer� de los juicios que se promuevan contra una resoluci�n negativa ficta configurada, en las materias se�aladas en este art�culo, por el transcurso del plazo que se�alen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocer� de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resoluci�n positiva ficta, cuando �sta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

    No ser� aplicable lo dispuesto en el p�rrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotaci�n ante autoridad administrativa.

    C�digo F. de la Federaci�n.

    "Art�culo 34. ...

    "Las autoridades fiscales no resolver�n las consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen sobre la interpretaci�n o aplicaci�n directa de la Constituci�n. En estos casos, no proceder� la negativa ficta a que se refiere el primer p�rrafo del art�culo 37 de este c�digo."

    "Art�culo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deber�n ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resoluci�n, el interesado podr� considerar que la autoridad resolvi� negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resoluci�n, o bien, esperar a que �sta se dicte. ..."

    "Art�culo 209. El demandante deber� adjuntar a su demanda:

    "...

    "III. ...

    "En el supuesto de que se impugne una resoluci�n negativa ficta deber� acompa�arse una copia, en la que obre el sello de recepci�n, de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad."

    "Art�culo 210. Se podr� ampliar la demanda, dentro de los veinte d�as siguientes a aquel en que surta efectos la notificaci�n del acuerdo que admita su contestaci�n, en los casos siguientes:

    "I. Cuando se impugne una negativa ficta."

    "Art�culo 215. En la contestaci�n de la demanda no podr�n cambiarse los fundamentos de derecho de la resoluci�n impugnada.

    En caso de resoluci�n negativa ficta, la autoridad expresar� los hechos y el derecho en que se apoya la misma. ...

    De la interpretaci�n relacionada de los art�culos transcritos se desprende lo siguiente:

  4. La resoluci�n negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley presume ha reca�do a una solicitud, petici�n o instancia formulada por escrito por un interesado, cuando la autoridad no la contesta oresuelve en el plazo que la propia ley establece.

  5. El objeto de esta figura es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jur�dica ante el silencio de la autoridad que legalmente debe resolver, rompiendo la indefinici�n derivada de la conducta de abstenci�n asumida por �sta, de modo que al pasar cierto tiempo desde la presentaci�n de la solicitud el legislador ha estimado que la misma autoridad la resolvi� en sentido negativo.

  6. La resoluci�n negativa ficta puede impugnarse en el juicio contencioso administrativo, siempre que se haya configurado, de lo contrario, proceder� el sobreseimiento.

    En este contexto, si la autoridad fiscal resolvi� la instancia, petici�n o solicitud en forma ficta, al omitir dar respuesta expresa dentro del plazo de tres meses, es indudable que la situaci�n real resuelta negativamente afecta la esfera jur�dica del particular, que le otorga legitimaci�n para impugnarla en el juicio de nulidad.

    Del mismo modo, en la resoluci�n ficta pueden actualizarse las hip�tesis normativas respectivas que generan en relaci�n con el quejoso los efectos de la norma legal, regulando o sancionando una situaci�n jur�dica concreta en sentido negativo, constituyendo, en consecuencia, un acto de aplicaci�n de la disposici�n general que puede impugnarse mediante el juicio de amparo directo, una vez resuelto desfavorablemente el juicio de nulidad, pero, sin duda, debe ser el primero, o uno posterior, como sucedi� en la especie, siempre que no exista consentimiento por falta de impugnaci�n a trav�s de los recursos ordinarios o del juicio de amparo indirecto, situaci�n que patentiza la ineficacia de los argumentos resumidos en el inciso c).

    No representa obst�culo para la anterior conclusi�n que la recurrente precise en el inciso e) que las reglas para controvertir una disposici�n general en el juicio de amparo directo constituyen serias trampas procesales con el fin de evitar analizar el fondo de los asuntos, puesto que con estos argumentos no se controvierte la decisi�n de inoperancia de los conceptos de inconstitucionalidad realizada por el Tribunal Colegiado en el fallo recurrido, aunado a que los presupuestos para impugnar una ley en amparo directo no son trampas o artificios, sino que surgen de la propia interpretaci�n de diversos preceptos de la ley de la materia, los cuales tienden a hacer una verdadera y efectiva tutela jurisdiccional.

    Bajo esa misma l�nea de pensamiento, deben desestimarse los planteamientos sintetizados en los incisos a) y b), pues si bien este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que la suplencia de la queja procede en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, contra el primero o ulteriores actos de aplicaci�n de la disposici�n declarada inconstitucional, no opera en trat�ndose de una sola tesis aislada, de acuerdo con las consideraciones que enseguida se exponen.

    En primer t�rmino, debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de J.sticia ha establecido que la prerrogativa procesal de la suplencia de la queja se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el quejoso o recurrente, o bien, analizar aquellas respecto de las que se limita a se�alar que las estima inexactas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmaci�n.

    Tal postura se corrobora con el criterio que informa la tesis sustentada por la Segunda S. de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n, los siguientes:

    "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES O DESFAVORABLES PARA QUIEN SE SUPLE.-La figura de la suplencia de la queja prevista en el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relaci�n con el juicio de garant�as, como con los recursos que en aqu�lla se establezcan, consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violaci�n o en sus agravios, respectivamente, que podr�an resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. T�cnicamente resulta absurdo entender que s�lo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, puesto que para determinar si procede la suplencia tendr�a que examinarse previamente la cuesti�n relativa, lo que implicar�a necesariamente haber realizado esa suplencia. Por consiguiente, es suficiente la posibilidad de que el an�lisis de un problema no propuesto pudiera resultar ben�fico para que se deba suplir, realizando el an�lisis correspondiente." (Novena �poca, Segunda S., Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, tesis 2a. LXXX/2000, p�gina 166).

    Adem�s, cabe significar, por la importancia que reviste, que el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, que establece una suplencia de queja especial, dispone:

    "Art�culo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

    "I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de J.sticia."

    Como puede apreciarse, el art�culo transcrito prev� que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por esta Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, lo que pone de manifiesto que despu�s del examen de la procedencia, el juzgador lleva a cabo un estudio con base en la aplicaci�n exacta del contenido de la jurisprudencia formada por reiteraci�n, contradicci�n o modificaci�n y, en su caso, declara que al fundarse en una ley inconstitucional debe concederse la protecci�n al gobernado.

    En esas condiciones, resultan ineficaces los planteamientos resumidos en los incisos a) y b), porque el Tribunal Colegiado pudo observar la tesis aislada de rubro: "ADUANERO, DERECHO DE TR�MITE. EL ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 49, FRACCI�N I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR LAS IMPORTACIONES EN QUE UTILICE UN PEDIMENTO CONFORME A LA LEY ADUANERA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS. ...", en caso de que hubiese analizado la constitucionalidad del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, pero no es �til para suplir la deficiencia de la queja en t�rminos de lo dispuesto en el numeral 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, por constituir un criterio que no ha formado jurisprudencia.

    Por �ltimo, debe decirse que son inoperantes los restantes argumentos sintetizados en el inciso f), porque son una reiteraci�n de lo expuesto en la demanda de garant�as que no controvierten la declaratoria de ineficacia sustentada en la sentencia recurrida, al mismo tiempo que se refieren a cuestiones de fondo, las que no pueden ser estudiadas ante el consentimiento de los efectos del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos.

    Sirve de apoyo, por identidad de razones, la jurisprudencia 12/94 de la Tercera S. de la anterior integraci�n de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, que lleva por rubro, texto y datos de localizaci�n, los siguientes:

    "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISI�N. LO SON LOS QUE DEBIENDO COMBATIR EL SOBRESEIMIENTO, V. SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.-Si en su sentencia el J.ez de Distrito estim� que se surt�an dos causales de sobreseimiento y basado en ello resolvi� sobreseer en el juicio, son inoperantes los agravios que expresa el recurrente si en lugar de combatir los argumentos y razonamientos que el a quo formul� para arribar a esa conclusi�n, versan sobre la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados lo cual es un problema de fondo que el juzgador no abord� precisamente por el sentido del fallo." (Octava �poca, Gaceta del Semanario J.dicial de la Federaci�n, N�mero 77, mayo de 1994, tesis 3a./J. 12/94, p�gina 24).

    Es corolario de lo anterior que debe confirmarse la sentencia recurrida, al ser infundados unos e inoperantes otros los agravios expuestos en el recurso de revisi�n.

SEXTO

En tales condiciones, resulta ocioso analizar los argumentos expuestos por la autoridad tercera perjudicada en el recurso de revisi�n adhesiva, porque en ellos se insiste en que la quejosa consinti� la aplicaci�n del art�culo 49, fracci�n I, de la Ley Federal de Derechos, y que no es aplicable para suplirle la queja deficiente la tesis aislada de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: "ADUANERO, DERECHO DE TR�MITE. EL ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 49, FRACCI�N I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR LAS IMPORTACIONES EN QUE SE UTILICE UN PEDIMENTO CONFORME A LA LEY ADUANERA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1991).", ante el consentimiento de la disposici�n combatida, temas �stos que fueron estudiados en esta ejecutoria.

De ah� se sigue que si se declar� firme la consideraci�n de inoperancia de los conceptos de inconstitucionalidad, la revisi�n adhesiva de la autoridad tercera perjudicada debe declararse sin materia, al desaparecer jur�dicamente la condici�n a la que estaba sujeto su inter�s jur�dico para interponerla, en la medida de que de acuerdo al art�culo 83, p�rrafo �ltimo, de la Ley de Amparo, quien obtuvo resoluci�n favorable a sus intereses puede adherirse a la revisi�n interpuesta por la parte recurrente dentro del plazo de cinco d�as, expresando los agravios respectivos; por ende, si en el recurso de revisi�n principal se declar� firme la parte de la sentencia que beneficia a la recurrente adhesiva, sin que �sta al respecto formule otros argumentos contra otra consideraci�n que le sea favorable o desfavorable, debe declararse sin materia, pues su pretensi�n que motiv� la interposici�n de la revisi�n adhesiva se encuentra colmada.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO

La J.sticia de la Uni�n no ampara ni protege a D.M.�xico Comercializadora, Sociedad An�nima de Capital Variable (antes Guinness UDV M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable), respecto de la sentencia que reclam� de la D�cima Primera S. Regional Metropolitana del Tribunal Federal de J.sticia F. y Administrativa, la cual qued� precisada en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO

Se declara sin materia la revisi�n adhesiva a que este toca se refiere.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como concluido.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el Ministro J.an D�az R..