Ejecutoria num. P./J. 6/2006 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823015

Ejecutoria num. P./J. 6/2006 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 6/2006
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 52/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N.

MINISTRO PONENTE: J.N.S.M..

SECRETARIOS: P.A.S.E.I.F.R..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 10, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto tercero, fracci�n VI del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicci�n de criterios suscitada entre la Primera y Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

SEGUNDO

La presente denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, toda vez que fue formulada por la presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal, con apoyo en la facultad que le confieren los art�culos 197 de la Ley de Amparo y 10 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

TERCERO

De las constancias que integran el expediente de la presente contradicci�n de tesis se advierte que el procurador general de la R.�blica, por medio de la agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, designada por el director general de constitucionalidad de dicha dependencia, formul� su opini�n institucional en el sentido de que debe prevalecer el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Dicha opini�n est� expresada en tiempo, pues de la certificaci�n que obra a foja 179 del toca se desprende que el t�rmino de treinta d�as que se le concedi� para ese efecto, transcurri� del siete de diciembre de dos mil cuatro al dos de febrero de dos mil cinco, siendo el caso que su petici�n la present� el veintiocho de enero del citado a�o.

CUARTO

Los criterios en posible contradicci�n son los siguientes:

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sesi�n de fecha veintis�is de marzo de dos mil cuatro, al resolver el amparo directo en revisi�n 6/2004, promovido por Montes y Compa��a, Sociedad An�nima de Capital Variable, sostuvo lo siguiente:

SEXTO. Para emprender dicho estudio, debe tenerse en cuenta, ante todo, que en el caso se impugna la aplicaci�n de una norma general, a saber, el art�culo 5o., p�rrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, precepto que como se precis� en p�rrafos precedentes, fue declarado inconstitucional en jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, por considerar que es violatorio del principio de equidad tributaria tutelado en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Carta Magna. En relaci�n a ese supuesto, el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, impone la obligaci�n de suplir la queja deficiente en cualquier materia, trat�ndose de actos de aplicaci�n de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, como se corrobora con la transcripci�n de dicho numeral que a la letra dispone: ?Art�culo 76 Bis?. (se transcribe). Partiendo de lo anterior y dada la especial naturaleza y finalidad del amparo contra leyes, se estima procedente apuntar a continuaci�n algunas consideraciones sobre el tema. Nuestro Estado de derecho se rige por un sistema jur�dico bien definido que tiene como base fundamental la Constituci�n a la que se le otorga un rango de supremac�a en virtud del cual sus disposiciones prevalecen sobre las dem�s que conforman el sistema jur�dico mexicano vigente, lo que se justifica en tanto que este cuerpo normativo contiene las bases relativas a la organizaci�n del Estado, su estructura, las funciones de sus poderes, y determina adem�s los derechos fundamentales de los gobernados, as� como sus restricciones y dem�s prescripciones generales que hacen posible el orden y convivencia en la sociedad mexicana. En ese contexto, resulta de especial inter�s subrayar que el principio de supremac�a constitucional implica la sujeci�n de todas las leyes y actos del poder p�blico a las normas y principios b�sicos establecidos en la Constituci�n, de manera que ni los gobernantes ni los gobernados pueden sustraerse al orden jur�dico implicado en el conjunto de disposiciones y reglas vigentes, que es a lo que originalmente se le ha denominado orden p�blico. El sistema jur�dico mexicano reconoce dicho principio de supremac�a constitucional en el art�culo 133 de la propia Carta Magna, que prescribe: ?Art�culo 133.? (se transcribe). Congruente con esa disposici�n, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha precisado la supremac�a absoluta de la Constituci�n sobre toda legislaci�n secundaria, ya que la sociedad y el Estado tienen inter�s en que se apliquen los preceptos de aqu�lla y no los textos contrarios a las disposiciones y contenido de ese m�ximo ordenamiento. Lo anterior se destaca en la tesis aislada visible a foja 7848, Tomo LXXIII, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, sustentada por la entonces Segunda Sala de este M�ximo Tribunal, que dice ?CONSTITUCI�N, SUPREMAC�A DE LA.? (se transcribe). Ahora bien, del principio de supremac�a de la Constituci�n deriva, como una necesidad consecuente, el establecimiento de un sistema de control de la constitucionalidad que haga efectiva su vigencia y la prevalencia de sus disposiciones. En M�xico, el sistema de control constitucional se ha venido desarrollando seg�n las circunstancias de la historia pol�tica y jur�dica del pa�s, dando origen, en la actualidad, a la adopci�n de un sistema propio que comprende la existencia de diversos instrumentos e instituciones legales a trav�s de los que se procura la constitucionalidad de las leyes y dem�s actos de autoridad, con la finalidad de anularlos y dejar as� insubsistente la aplicaci�n de las normas generales que sean contrarias a la Ley Suprema. Entre ellos, destaca el juicio de amparo por ser una instituci�n procesal esencial para la defensa de la Constituci�n y de los derechos fundamentales de los gobernados, conceptuado como un medio jur�dico de protecci�n y preservaci�n del principio de supremac�a constitucional, cuya finalidad es el control de las leyes, actos y omisiones provenientes de la autoridad p�blica. Su ubicaci�n en la Constituci�n -art�culos 103 y 107- no supone una normatividad que deba acatarse preferentemente frente a otras, sino que su observancia obedece a su especial naturaleza y finalidad. Acorde con ello, el inter�s que ata�e al Estado y a la sociedad en general es la eficacia plena de ese medio de control constitucional que permita el imperio de la Constituci�n y garantice as� la vigencia del Estado de derecho, inter�s prevalente que no puede ser relegado bajo ninguna justificaci�n, por ser objeto esencial del Estado el orden p�blico y el bien supremo de la comunidad. Lo anterior se justifica porque la Constituci�n es la m�xima de las fuentes del derecho y por ello, debe reconoc�rsele eficacia inmediata y directa de conformidad con los fines que propone; por consiguiente, resulta de suma relevancia lograr de manera eficaz el control de la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad, a fin de impedir la aplicaci�n de aquellas normas que resulten contrarias a la Carta Fundamental. Uno de los medios para alcanzar ese prop�sito y preservar a su vez la eficacia del amparo, viene a ser la interpretaci�n de la ley, entendida como la actividad por la cual se determina el sentido y alcance de las disposiciones que conforman el derecho vigente, contenidas en la Constituci�n y en las leyes ordinarias. A trav�s de la interpretaci�n los �rganos judiciales que inquieren acerca del sentido y alcance de las normas constitucionales y legales, desentra�an su verdadero sentido, fijando los criterios para su debida observancia y aplicaci�n. La labor del int�rprete adquiere as� un especial inter�s por la necesidad de establecer un sistema unitario de interpretaci�n jur�dica de la legislaci�n en general. Sobre el tema relativo a la interpretaci�n, tienen aplicaci�n los art�culos 94, p�rrafo octavo, de la Constituci�n y 192 de la Ley de Amparo, que en su orden, disponen lo siguiente: ?Art�culo 94.? (se transcribe). ?Art�culo 192.? (se transcribe). De la transcripci�n precedente deriva el imperativo contenido en el precepto constitucional se�alado, de fijar la ley secundaria los t�rminos en que ser� obligatoria la jurisprudencia sobre interpretaci�n de la Constituci�n, leyes, reglamentos federales y locales y tratados internacionales, en cumplimiento al cual el art�culo 192 de la Ley de Amparo determina la obligatoriedad de la establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, tanto del Tribunal Pleno como de las S. que la integran, lo que tiene como prop�sito la uniformidad en la legislaci�n y criterios a seguir para su exacta y debida aplicaci�n, en todos los �mbitos. La funci�n de interpretaci�n de la ley cobra mayor relevancia cuando la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como int�rprete �ltimo de la Constituci�n, resuelve acerca de la conformidad de las normas generales con ese m�ximo ordenamiento, es decir, cuando decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones ordinarias y como resultado de esa labor de interpretaci�n se constituye jurisprudencia, obligatoria para los �rganos judiciales y tribunales administrativos y del trabajo, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, anteriormente reproducido. En ese supuesto, la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una norma general por infringir o contraponerse al Texto Constitucional, viene a ser relevante porque juega un doble papel, por un lado, tiene un car�cter unificador de todo el sistema jur�dico y, por otro, su observancia y fuerza obligatoria determinada en la ley reglamentaria de la materia, tiene como objeto esencial lograr el cabal cumplimiento de la Constituci�n y su prevalencia, as� como la vigencia de los valores supremos y principios que subyacen en sus disposiciones, lo que conlleva a preservar el orden constitucional y legal. De ah� la importancia de la funci�n que cumple la jurisprudencia dentro de nuestro sistema de derecho. Ahora bien, sobre el tema concerniente a la obligaci�n de aplicar la jurisprudencia de este Alto Tribunal que declara inconstitucional una ley, deben puntualizarse los siguientes aspectos. Desde el origen del amparo en M�xico, se instituy� como uno de los principios rectores de este medio de control constitucional, vigente a la fecha, el de relatividad de las sentencias, al establecerse en el art�culo 25 del Acta de Reformas de 1847, la obligaci�n para los tribunales de la Federaci�n, de limitarse a otorgar el amparo y protecci�n en el caso particular sobre el que verse el proceso, ?sin hacer ninguna declaraci�n general respecto de la ley o del acto que la motivare?. Este principio conocido como f�rmula O., establecido actualmente en los art�culos 107, fracci�n II, de la Constituci�n y 76 de la Ley de Amparo, rige en general para las sentencias dictadas en amparo contra leyes; por lo tanto, la protecci�n que se otorgue en esos casos contra la ley impugnada, determinada inconstitucional en resoluci�n ejecutoria, no constituye una declaraci�n con efectos generales ni es aplicable a cualquier otro proceso judicial distinto de aquel en que fue reclamada con motivo del ejercicio de la acci�n constitucional; a ello debe agregarse que la anulaci�n de la ley s�lo beneficia al peticionario, lo que origina que pueda seguir teniendo aplicaci�n un ordenamiento contrario a la Constituci�n y que las autoridades emitan nuevos actos fundados en dicho ordenamiento legal, no obstante ser inconstitucional, puesto que s�lo en los casos en que se acuda a impugnarlo en amparo, obteniendo la protecci�n de la Justicia Federal contra su aplicaci�n, perder� eficacia la ley o norma declarada inconstitucional. Frente a esa circunstancia derivada no s�lo de la aplicaci�n del principio de relatividad de las sentencias, sino tambi�n de los principios de instancia de parte agraviada y de estricto derecho, rectores del juicio de amparo, y ante la importancia que reviste como medio de impugnaci�n para controvertir la constitucionalidad de las leyes, constituido por ello como instrumento de tutela de todo el orden constitucional, se busc� su perfeccionamiento y con ese prop�sito se instituy� en la Constituci�n y en la Ley de Amparo, como una medida para hacer m�s eficaz la protecci�n contra las leyes contrarias a la Carta Magna, la suplencia de la queja trat�ndose de la aplicaci�n de normas generales declaradas inconstitucionales en jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte, disposici�n en la que subyace la intenci�n del legislador federal de evitar la aplicaci�n de leyes que contravengan la Norma Suprema, en concordancia con el prop�sito del Poder Reformador de la Constituci�n inmerso en la reforma al art�culo 107, de lograr que prevalezca este m�ximo ordenamiento sobre cualquier norma contraria a sus disposiciones y contenido, haciendo as� efectivo el principio de supremac�a constitucional, propio de todo Estado de derecho, al impedir la subsistencia de actos que se funden en leyes declaradas inconstitucionales por este Alto Tribunal. Fue entonces la necesidad de hacer prevalecer la Constituci�n, como Ley Suprema, el sustento de la reforma al art�culo 107 constitucional efectuada mediante decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, para incorporar a su texto el imperativo constitucional de suplir la queja deficiente en materia de amparo, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Ello se advierte de la parte relativa de la iniciativa de dicho decreto de reformas que, en su parte conducente, se�al�: (se transcribe). La transcripci�n precedente revela la preocupaci�n del Poder Reformador de la Constituci�n de evitar que por cuestiones de t�cnica deficiente en la formulaci�n de la demanda de garant�as, pudiera afectar a los gobernados la aplicaci�n de una ley contraria a la Carta Magna, situaci�n que confirma lo expresado por el diputado T.U. al discutirse en la C�mara de Diputados la iniciativa de reformas en comento, manifestando sobre el tema lo siguiente: (se transcribe). En tanto que en el dictamen de la C�mara de Senadores, se expuso: (se transcribe). As�, a partir de la reforma se�alada, el texto del segundo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 107 constitucional, qued� en los t�rminos siguientes: (se transcribe). La reforma al art�culo 107 constitucional dio lugar a las reformas y adiciones correlativas a su ley reglamentaria, concretamente en lo tocante a la materia de suplencia de la queja, se public� en la misma fecha diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, en el Diario Oficial de la Federaci�n, la reforma al art�culo 76 de la Ley de Amparo que llev� a consignar, en principio en su p�rrafo segundo, la procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. En la iniciativa de reformas a dicho ordenamiento, se se�al� sobre el tema en cuesti�n lo siguiente: (se transcribe). En el dictamen de la C�mara de Senadores, que fungi� como C�mara de Origen, se manifest� en torno a la iniciativa de reformas se�alada, lo siguiente: (se transcribe). Volviendo al texto del art�culo 107 constitucional, cabe precisar que el segundo p�rrafo de su fracci�n II se mantuvo sin modificaci�n hasta que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de abril de mil novecientos ochenta y seis, se determin� que la suplencia de la deficiencia de la queja fuera regulada por el legislador ordinario en la ley reglamentaria de la materia, a efecto de facilitar y ampliar los beneficios de esa instituci�n, de acuerdo con las necesidades impuestas por el cambio social. Acorde con esa reforma constitucional, mediante decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, se efectuaron reformas y adiciones al art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, cuya fracci�n I qued� en los t�rminos en que actualmente se encuentra en vigor. Para constatarlo, se transcribe de nueva cuenta el texto de dicha fracci�n I, que establece: ?Art�culo 76 Bis.? (se transcribe). Lo anterior confirma, como ya se dijo, que el establecimiento del principio de suplencia de la queja en materia de leyes declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, tuvo como finalidad hacer prevalecer la Constituci�n como Ley Suprema. Otro aspecto relevante que present� la reforma a la Ley de Amparo, efectuada mediante el referido decreto publicado oficialmente el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, fue haber instituido en el texto del art�culo 76 Bis, la suplencia de la deficiencia de los agravios, haciendo acorde esa instituci�n con la estructura y contenido del juicio de amparo que, como sistema de control constitucional, no se agota con el an�lisis del acto reclamado. De este modo, si el tribunal revisor analiza la actuaci�n del juzgador de amparo, a efecto de verificar si es o no conforme con la ley reglamentaria de la materia, resulta esencial que en los recursos procedentes en amparo, se siga el mismo sistema de suplencia de la queja, aplicable al juicio constitucional, para hacer efectiva a favor de los gobernados, la protecci�n y tutela de sus derechos fundamentales. Bajo esa perspectiva, la suplencia en materia de leyes declaradas inconstitucionales opera no s�lo trat�ndose de la deficiencia de los conceptos de violaci�n en el amparo, sino tambi�n de la deficiencia de los agravios formulados en cualquiera de los recursos establecidos en la ley reglamentaria, a saber, el de revisi�n, queja y reclamaci�n. Ahora bien, trat�ndose del amparo directo contra leyes, se ha considerado que no se trata propiamente del ejercicio de la acci�n constitucional contra una ley, como en el caso del amparo indirecto, sino de juicios enderezados contra la aplicaci�n o ejecuci�n de la ley, es decir, no se impugna directamente en esa v�a a la ley sino el acto o resoluci�n en que se aplica la ley controvertida; por ende, la suplencia en amparo directo, trat�ndose de actos fundados en leyes declaradas inconstitucionales, opera de manera absoluta, a diferencia de los amparos indirectos contra leyes en los que el juzgador debe decidir sobre su inconstitucionalidad, sin posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones que en ocasiones pueden incluso llevar a determinar la improcedencia de la acci�n constitucional, salvo que exista alguna otra causa para suplir la deficiencia de la queja. Consecuentemente, debe entenderse que la suplencia de la queja prevista en la fracci�n I del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, no se refiere �nicamente a los conceptos de violaci�n sino a las omisiones en que incurra el quejoso al no haber enderezado su demanda contra la ley inconstitucional, sino contra los actos fundados en dicha ley, situaci�n que de no existir la suplencia determinar�a la improcedencia de la acci�n de amparo. As�, ese tipo de suplencia implica que la jurisprudencia en la que se declara inconstitucional una ley o norma general pueda a su vez tener aplicaci�n a casos diversos a los que motivaron su emisi�n, aun cuando no se haya invocado por el quejoso, ello en atenci�n al mandato legal contenido en la fracci�n I del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, y a la observancia obligatoria determinada en el art�culo 192 de la propia Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, sin que tal actuaci�nsignifique darle efectos generales a la determinaci�n de inconstitucionalidad de la ley, dado que s�lo producir� la inaplicaci�n de dicha ley en los casos concretos en que se controvierta en la v�a de amparo directo. Tampoco en los casos sometidos a la jurisdicci�n de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo correspondientes, obligados a acatar la jurisprudencia de este M�ximo Tribunal de Justicia, se estar�a dando efectos generales a la declaraci�n de inconstitucionalidad de leyes determinada en jurisprudencia, porque s�lo como efecto particular dejar insubsistente el acto de aplicaci�n controvertido, con lo que se busca, fundamentalmente, darle efectividad a las declaraciones de inconstitucionalidad decretadas por esta Suprema Corte, mediante la anulaci�n de los actos de aplicaci�n de normas generales contrarias a la Constituci�n. En ese sentido y considerando que la suplencia en materia de amparo contra leyes declaradas inconstitucionales, se instituy� como un medio para hacer eficaz el control constitucional de la legislaci�n en general, debe estimarse que los Jueces y tribunales judiciales, al advertir que el acto reclamado se funda en una norma declarada inconstitucional en jurisprudencia emitida por este M�ximo Tribunal, est�n obligados a suplir la deficiencia de la queja y a observar la jurisprudencia respectiva, a fin de dejar insubsistente, en el caso jur�dico sometido a su decisi�n, la aplicaci�n de la ley inconstitucional. Sin embargo, el sistema legal y constitucional mexicano no ha evolucionado al grado de lograr ese prop�sito, ello en gran parte por la aplicaci�n de los principios como el de relatividad de las sentencias y el de estricto derecho, bajo la misma concepci�n de su origen, es decir, sin hacerlos compatibles con la situaci�n actual; como resultado de ello, la observancia de cuestiones t�cnicas dentro de las que deben entenderse comprendidas todas las que tienen que ver con la procedencia de la acci�n constitucional, as� como la aplicaci�n de la normatividad que rige en materia de amparo, bajo un esquema que fue eficaz en otra �poca, han constituido un obst�culo para hacer eficaz el control de la constitucionalidad de las leyes. En amparo directo, precisamente por su significaci�n y trascendencia, son mayores aun las deficiencias del sistema de impugnaci�n de los actos de aplicaci�n de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia, fundamentalmente porque est� sujeto a un tratamiento especial que en ocasiones lleva a determinar la improcedencia y por la normatividad y principios que rigen en general esa acci�n constitucional uniinstancial, conforme a los cuales la protecci�n contra leyes contrarias a la Constituci�n es limitada a los casos en que se acuda a reclamar su inconstitucionalidad. A fin de hacer patente esa problem�tica, se estima conveniente destacar que trat�ndose del amparo contra leyes procedente ante los Juzgados de Distrito, son los art�culos 21, 22, 73, fracciones VI y XII, y 114, fracci�n I, de la Ley de Amparo, los que rigen para determinar el momento en que puede ejercitarse la acci�n constitucional, seg�n la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de la ley reclamada. Conforme a lo dispuesto en dichos preceptos, pueden impugnarse las normas generales que se estimen inconstitucionales desde el momento de su expedici�n, esto es, si son de naturaleza autoaplicativa podr�n reclamarse a partir de su entrada en vigor, o bien con motivo del primer acto de aplicaci�n que le cause perjuicio al gobernado si se trata de leyes heteroaplicativas, ya sea un acto de autoridad o alguna actuaci�n equiparable que concrete la aplicaci�n de la norma reclamada, en perjuicio del particular. En el primer caso, basta con que el gobernado se encuentre ubicado en los supuestos de la norma reclamada tildada de inconstitucional, que afecta su esfera jur�dica, para que surja su derecho a solicitar el amparo; en el segundo caso, se requiere de un acto de aplicaci�n para que se produzca la actualizaci�n de la hip�tesis normativa; es decir, para la impugnaci�n de las normas a trav�s del amparo indirecto, debe quedar acreditado que se produjo una afectaci�n en la esfera jur�dica de quien solicita la protecci�n federal, ya sea porque se genere en forma inmediata con su sola entrada en vigor o porque se produzca tal afectaci�n a partir de aplicarse la ley al particular. Ahora bien, trat�ndose del amparo directo que se promueve ante los Tribunales Colegiados, es importante considerar lo previsto en el art�culo 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: ?Art�culo 166.? (se transcribe). Consecuentemente, las reglas aplicables para el amparo biinstancial, en el caso de la impugnaci�n de leyes, no tienen aplicaci�n en el juicio de amparo directo, ya que el ordenamiento legal no es reclamado como un acto aut�nomo de las autoridades, sino que su inconstitucionalidad debe hacerse valer en los conceptos de violaci�n planteados en la demanda, por encontrarse condicionada la inconformidad del promovente a la aplicaci�n de la norma en la resoluci�n reclamada, de modo que los efectos de la sentencia de amparo no incidir�n directamente en la ley en s�, sino en la resoluci�n en que �sta fue aplicada, y en esos t�rminos, no puede considerarse que el reclamo de su inconstitucionalidad se encuentre constre�ido al primer acto de aplicaci�n al gobernado, como sucede en el juicio de amparo biinstancial, ni a las mismas reglas de procedencia de la acci�n. Lo anterior determina que la impugnaci�n de una norma en un juicio de amparo uniinstancial, no excluye la posibilidad de que incluso el mismo quejoso al que se le haya otorgado la protecci�n constitucional contra un primer acto de aplicaci�n de la ley determinada inconstitucional, est� en posibilidad de acudir a impugnarla nuevamente en la v�a de amparo directo, al aplic�rsele en un segundo o ulterior acto de ejecuci�n de dicha ley, dado que la sentencia que se emite en los juicios de amparo uniinstancial, se reitera, produce efectos directos en relaci�n �nicamente con la resoluci�n reclamada, mas no con la ley impugnada, atento a lo cual no procede desestimar los conceptos de violaci�n hechos valer en un juicio de amparo directo respecto de una ley, aun cuando se trate del segundo o posterior acto de aplicaci�n, por no tener el car�cter de acto reclamado la ley en s�. En efecto, aun cuando dentro de la sistem�tica de la Ley de Amparo no se establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicaci�n que perjudique a la parte quejosa, pues ello se traduce en que se estime consentido o en su caso en que existe cosa juzgada sobre el tema, de haberse analizado la ley en un primer juicio de garant�as, en relaci�n al mismo quejoso, debe precisarse que tal sistema rige el amparo contra leyes que se tramita ante los Jueces de Distrito, mas no as� en relaci�n con el juicio de amparo directo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, seg�n se ha precisado, en tanto que es de car�cter restrictivo y el pronunciamiento correspondiente debe referirse a la resoluci�n reclamada en la que se aplica la norma tildada de inconstitucional, sin realizarse pronunciamiento en los resolutivos de la sentencia dictada en amparo, respecto de la ley controvertida. Tiene aplicaci�n al caso la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ?APLICACI�N DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SU IMPUGNACI�N EN AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO.? (se transcribe). Bajo esa perspectiva, la importancia del amparo contra leyes es insoslayable, teniendo en cuenta por una parte, que sigue rigiendo bajo el mismo enfoque aplicable en su origen, el principio de relatividad conforme al cual los efectos particulares de las sentencias en los amparos contra leyes, son limitados, en tanto una norma general considerada o declarada inconstitucional en un caso concreto, sigue siendo aplicable a los dem�s destinatarios de la norma que no hayan acudido a reclamar su inconstitucionalidad en lo particular, a trav�s del amparo y, por otra, que los derechos fundamentales reconocidos en la Constituci�n pueden ser vulnerados no s�lo por los actos de autoridad sino precisamente por la aplicaci�n de leyes inconstitucionales, cuya subsistencia puede motivar el quebranto de los valores y principios del sistema constitucional; por ello, la protecci�n contra su aplicaci�n viene a ser fundamental para garantizar la supervivencia de esos valores y principios, as� como la supremac�a de la Constituci�n misma. Las razones expuestas, ponen de relieve que asumir la tarea de control constitucional de las leyes e inclusive la interpretaci�n de las normas de la Carta Magna, requiere una actitud compatible con el fin esencial que se pretende a trav�s del juicio de amparo y con el prop�sito fundamental que llev� al legislador a prever la suplencia de la queja cuando exista jurisprudencia que declare inconstitucional la ley impugnada. Con ese motivo y dada la importancia fundamental de lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes, es imprescindible en materia de amparo directo contra resoluciones en las que se aplique una norma general declarada inconstitucional en jurisprudencia de esta Suprema Corte, superar los factores y cuestiones t�cnicas o de �ndole procesal que sean incompatibles con los prop�sitos apuntados, lo que implica la obligaci�n para los Jueces y tribunales de amparo de suplir en esos casos la deficiencia de la queja, en forma absoluta, para hacer efectiva la declaraci�n de inconstitucionalidad de la ley determinada por este M�ximo Tribunal. Ello es as� porque la finalidad esencial de garantizar el principio de supremac�a de la Constituci�n, es superior a cualquier inter�s particular y a la prevalencia de principios o instituciones que, vistas bajo un enfoque o concepci�n aplicable a la �poca en que fueron instituidas, no tienen cabida en el sistema de control constitucional actual, porque ser�a con riesgo a permitir la subsistencia de la aplicaci�n de leyes contrarias a la Constituci�n; consecuentemente, ante el inter�s p�blico que como bien supremo del Estado debe imperar frente a cualquier circunstancia, es necesario que se acate puntualmente la obligaci�n de suplencia de la queja en los casos en que se impugne en amparo directo la aplicaci�n de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin que bajo ninguna circunstancia pueda estimarse justificado el incumplimiento de ese imperativo legal y menos aun la inobservancia de la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, en virtud del inter�s supremo de lograr el control de las normas, actos y decisiones emanados de �rganos p�blicos, para que sean conformes con la Constituci�n. No obsta a esa consideraci�n que se trate del primero o de un ulterior acto de aplicaci�n de la ley el reclamado en el amparo, en tanto que la finalidad de suplir en esos casos la deficiencia de la queja y aplicar la jurisprudencia de este Alto Tribunal, es hacer prevalecer la Constituci�n como Ley Suprema, cuya violaci�n se encuentra impl�cita en cualquier acto de autoridad fundado en una ley inconstitucional, lo que lleva a considerar que aun en la hip�tesis de que hubiera operado el consentimiento t�cito por falta de impugnaci�n del primer acto de aplicaci�n o cualquier otra cuesti�n que pueda llevar a determinar la improcedencia de la acci�n constitucional, no debe impedirse que el segundo o ulteriores actos sean declarados insubsistentes, si la ley en que se fundan ya fue declarada inconstitucional en jurisprudencia de esta Suprema Corte, procediendo ello en suplencia de la queja, conforme a lo dispuesto por el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo. Tal situaci�n es sin dejar de observar el principio de relatividad de la sentencias, toda vez que la aplicaci�n de la declaraci�n de inconstitucionalidad de la ley, como se ha precisado, no da lugar a su anulaci�n con efectos erga omnes, sino tan s�lo a dejar insubsistente su aplicaci�n en el caso concreto; es decir, la declaraci�n de inconstitucionalidad impedir� �nicamente que se aplique la ley al promovente del juicio de que se trate, efectos que adem�s ser�n solamente hacia el futuro, a partir de la emisi�n del acto de aplicaci�n. Congruente con lo expuesto y dada la importancia que reviste dentro del sistema jur�dico mexicano el control de la constitucionalidad de la leyes, encomendado en exclusiva a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es menester que la funci�n sustancial que realice est� dirigida invariablemente a hacer eficaz la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas contrarias a la Carta Magna, por ser la columna vertebral de todo ese sistema de control constitucional. Para tal efecto, el tr�mite y resoluci�n del amparo directo contra la aplicaci�n de leyes declaradas inconstitucionales, debe despojarse de tecnicismos y cuestiones de cualquier �ndole que impidan sea un eficaz medio de control de la constitucionalidad de la legislaci�n en general, de modo tal que deben superarse aquellos factores o situaciones que incidan en la consecuci�n de ese prop�sito, porque vedar o anular su eficacia ser�a en detrimento al principio de supremac�a de la Constituci�n; de ah� que ninguna cuesti�n pueda prevalecer a la aplicaci�n de la jurisprudencia de este Alto Tribunal que declare inconstitucional una ley o norma general, y menos aun justificar su inobservancia, atento el inter�s p�blico de anular la aplicaci�n de las leyes contrarias a la Carta Magna, para garantizar as� la supremac�a de la Constituci�n frente a las leyes secundarias que se opongan o contravengan los principios o disposiciones de ese M�ximo Ordenamiento. En el mismo tenor, los �rganos judiciales y tribunales que realicen una funci�n materialmente jurisdiccional, quedan vinculados a acatar la jurisprudencia en la que se contenga la declaraci�n de inconstitucionalidad de una ley, realizada por este M�ximo Tribunal, teniendo en cuenta que con ello se busca procurar que las normas sean acordes a la Constituci�n.

La anterior resoluci�n dio origen a las siguientes tesis:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIX, junio de 2004

"Tesis: 2a. XXXI/2004

"P�gina: 387

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE TRAT�NDOSE DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO LEY SUPREMA. El imperativo legal de suplir la queja deficiente en materia de amparo cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal, contenido en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, se instituy� con el prop�sito de lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes a fin de hacer prevalecer la Constituci�n como Ley Suprema; de ah� que sea imprescindible superar los factores y cuestiones t�cnicas o de �ndole procesal que sean incompatibles con los prop�sitos apuntados, lo que implica la obligaci�n para los juzgadores de amparo de suplir en esos casos la deficiencia de la queja, en forma absoluta, para hacer efectiva la referida declaraci�n de inconstitucionalidad. Ello, porque la finalidad esencial de garantizar el principio de supremac�a de la Constituci�n es superior a cualquier inter�s particular, pues se busca evitar la aplicaci�n de leyes contrarias a ella; consecuentemente, ante el inter�s p�blico que como bien supremo del Estado debe imperar en todo caso, es necesario que se acate puntualmente la obligaci�n de suplencia de la queja en los t�rminos se�alados, sin que pueda estimarse justificado el incumplimiento de ese imperativo legal y menos a�n la inobservancia de la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal.

"Amparo directo en revisi�n 6/2004. Montes y Compa��a, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretaria: M.N.A..

"Amparo directo en revisi�n 1909/2003. M.O., S. de R.L. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretaria: A.Z.C.�eda."

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIX, junio de 2004

"Tesis: 2a. XXXII/2004

"P�gina: 386

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE RECLAME EL PRIMERO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACI�N DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N. Los derechos fundamentales reconocidos en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos pueden ser vulnerados por la aplicaci�n de leyes inconstitucionales cuya subsistencia puede motivar el quebranto de los valores y principios del sistema constitucional; por ello, la protecci�n federal contra su aplicaci�n es fundamental para garantizar la supervivencia de esos valores y principios, as� como la supremac�a de la Constituci�n. En ese sentido, el control constitucional de las leyes, e inclusive la interpretaci�n de las normas constitucionales, deben ser compatibles con el fin esencial del juicio de amparo y con el prop�sito fundamental que llev� al legislador a prever la suplencia de la queja deficiente cuando exista jurisprudencia que declare inconstitucional la ley impugnada, sin que obste que se reclamen en amparo el primero o ulteriores actos de aplicaci�n de la ley, en tanto que la finalidad de tal suplencia en esos casos y de la aplicaci�n de la jurisprudencia de este Alto Tribunal es hacer prevalecer la Constituci�n como Ley Suprema, cuya violaci�n se encuentra impl�cita en cualquier acto de autoridad fundado en una ley inconstitucional, lo que lleva a considerar que aun en la hip�tesis de que hubiera operado el consentimiento t�cito por falta de impugnaci�n del primer acto de aplicaci�n, no debe impedirse que ulteriores actos sean declarados insubsistentes, si la ley en que se fundan ya fue declarada inconstitucional en jurisprudencia de esta Suprema Corte, lo cual procede en suplencia de la queja deficiente, conforme a lo dispuesto en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo.

"Amparo directo en revisi�n 6/2004. Montes y Compa��a, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretaria: M.N.A..

"Amparo directo en revisi�n 1909/2003. M.O., S. de R.L. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretaria: A.Z.C.�eda."

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIX, junio de 2004

"Tesis: 2a. XXXIII/2004

"P�gina: 386

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY TIENE APLICACI�N A CASOS DIVERSOS A LOS QUE MOTIVARON SU EMISI�N, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DARLE EFECTOS GENERALES. La suplencia prevista en la fracci�n I del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, se refiere a los conceptos de violaci�n y a las omisiones en que incurra el quejoso al enderezar su demanda contra actos fundados en una ley inconstitucional. Ese tipo de suplencia implica que la jurisprudencia por la que se declara inconstitucional una ley o norma general pueda tener aplicaci�n a casos diversos a los que motivaron su emisi�n, aun cuando no se haya invocado por el quejoso, en atenci�n al mandato contenido en el precepto legal citado y a la observancia obligatoria determinada en el art�culo 192 de la propia ley, sin que tal actuaci�n signifique dar efectos generales a la declaraci�n de inconstitucionalidad de la ley, dado que s�lo producir�su inaplicaci�n a los casos concretos que se controviertan.

"Amparo directo en revisi�n 6/2004. Montes y Compa��a, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretaria: M.N.A..

"Amparo directo en revisi�n 1909/2003. M.O., S. de R.L. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretaria: A.Z.C.�eda."

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIX, junio de 2004

"Tesis: 2a. XXXIV/2004

"P�gina: 383

"AMPARO DIRECTO DONDE SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. DEBE SUPLIRSE LA QUEJA DEFICIENTE AUN CUANDO SE TRATE DE ULTERIORES ACTOS DE APLICACI�N, SI LA LEY EN QUE SE FUNDAN FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA N.T.�ndose de la impugnaci�n de leyes en amparo directo, el ordenamiento legal no se reclama como un acto aut�nomo de las autoridades, sino que su inconstitucionalidad debe hacerse valer en los conceptos de violaci�n planteados en la demanda, por encontrarse condicionada la inconformidad del promovente a la aplicaci�n de la norma en la resoluci�n reclamada, de modo que los efectos de la sentencia de amparo no incidir�n directamente en la ley en s�, sino en la resoluci�n en que �sta fue aplicada y, en esos t�rminos, no puede considerarse que el reclamo de su inconstitucionalidad se encuentre constre�ido al primer acto de aplicaci�n al gobernado, como sucede en el juicio de amparo biinstancial, ni a las mismas reglas de procedencia de la acci�n. En ese sentido, la impugnaci�n de una norma en un juicio de amparo uniinstancial no excluye la posibilidad de que incluso el mismo quejoso al que se le haya otorgado la protecci�n constitucional contra el primer acto de aplicaci�n de la ley declarada inconstitucional, est� en posibilidad de acudir a impugnarla nuevamente en amparo directo, al aplic�rsele en un segundo o ulterior acto de ejecuci�n dicha ley, dado que la sentencia que se emite en ese tipo de juicios produce efectos directos en relaci�n �nicamente con la resoluci�n reclamada, mas no con la ley impugnada, con lo cual se observa el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues la declaraci�n de inconstitucionalidad no da lugar a la anulaci�n de la ley con efectos erga omnes, por lo que no procede desestimar los conceptos de violaci�n hechos valer en un juicio de amparo directo respecto de una ley, aun cuando se trate de ulteriores actos de aplicaci�n.

"Amparo directo en revisi�n 6/2004. Montes y Compa��a, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretaria: M.N.A..

Amparo directo en revisi�n 1909/2003. M.O., S. de R.L. de C.V. 26 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretaria: A.Z.C.�eda.

QUINTO

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sesi�n de fecha trece de octubre de dos mil cuatro, al resolver el amparo directo en revisi�n 1189/2004, promovido por Club Campestre El Campanario, Asociaci�n Civil, sostuvo lo siguiente:

En el agravio sintetizado en el punto I, la recurrente aduce que el Tribunal Colegiado debi� suplir la deficiencia de la queja y aplicar las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en las que declar� la inconstitucionalidad de los art�culos 45 y 145 del C�digo Fiscal de la Federaci�n. En apoyo de su agravio, la recurrente cita las siguientes tesis de jurisprudencia sostenidas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyos rubros son: ?VISITAS DOMICILIARIAS. EL ART�CULO 45 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, EN LA PARTE EN QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES A RECOGER LA CONTABILIDAD PARA EXAMINARLA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL, ES INCONSTITUCIONAL.?. ?EMBARGO PRECAUTORIO. EL ART�CULO 145 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N QUE LO PREV� VIOLA EL ART�CULO 16 DE LA CONSTITUCI�N.?. Los preceptos referidos en dichas tesis son del tenor siguiente: ?Art�culo 45.? (se transcribe). ?Art�culo 145.? (se transcribe). Las tesis de jurisprudencia respecto de las cuales la recurrente aduce que debi� suplirse la deficiencia de la queja son del contenido siguiente: ?VISITAS DOMICILIARIAS. EL ART�CULO 45 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, EN LA PARTE EN QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES A RECOGER LA CONTABILIDAD PARA EXAMINARLA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL, ES INCONSTITUCIONAL.? (se transcribe). ?EMBARGO PRECAUTORIO. EL ART�CULO 145 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N QUE LO PREV� VIOLA EL ART�CULO 16 DE LA CONSTITUCI�N.? (se transcribe). Como lo hace notar la recurrente, la autoridad hacendaria al expedir la orden de visita (nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco), aplic� los art�culos 45 y 145 del C�digo Fiscal de la Federaci�n, en la siguiente forma: (se transcribe). No obstante lo anterior, el agravio en estudio, en el que la recurrente aduce que el Tribunal Colegiado debi� suplir la deficiencia de la queja, deviene infundado, conforme a las siguientes consideraciones. Resulta pertinente analizar uno de los principios rectores del juicio de garant�as, a saber: el de estricto derecho, as� como la excepci�n a �ste, la suplencia de la queja deficiente. El art�culo 76 de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo s�lo se ocupar�n de las personas que lo hubieren solicitado, limit�ndose a ampararlos y protegerlos, si as� procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare. De lo anterior se desprende, a contrario sensu, que los �rganos jurisdiccionales deber�n concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violaci�n o en su caso, de los agravios. En tal virtud, el �rgano de control constitucional no puede libremente realizar el examen del precepto legal reclamado o de la resoluci�n recurrida, sino que debe determinar si los conceptos de violaci�n y, en su oportunidad, los agravios, son o no fundados, de tal manera que legalmente no se encuentra en aptitud de resolver si el precepto reclamado es contrario a la Carta Magna, sin la existencia de un m�nimo razonamiento expresado en la demanda, ni puede afirmar que la sentencia recurrida es violatoria de garant�as, sin un planteamiento expresado en los agravios. En relaci�n con dicho principio rector del juicio de garant�as, el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo establece diversas excepciones, a trav�s de la figura jur�dica de la suplencia de la queja deficiente, misma que puede resultar aplicable atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, o bien, a las circunstancias personales del quejoso o del recurrente. En este contexto, debe considerarse que la suplencia de la queja deficiente es una instituci�n procesal que, si bien fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer la Constituci�n como Ley Suprema, no deja de encontrarse sujeta a los requisitos establecidos al efecto, tanto por la Ley Fundamental, como por la Ley de Amparo. Al respecto, el art�culo 107 constitucional, a trav�s del segundo p�rrafo de su fracci�n II, determina que la suplencia de la deficiencia de la queja sea regulada por el legislador ordinario en la ley reglamentaria de la materia, a efecto de facilitar y ampliar los beneficios de esa instituci�n, de acuerdo con las necesidades impuestas por el cambio social. De conformidad con dicha reforma constitucional, mediante decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, se efectuaron reformas y adiciones al art�culo 76 Bis, de la Ley de Amparo, cuya fracci�n I qued� redactada en los t�rminos en que actualmente se encuentra en vigor. El art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, impone la obligaci�n de suplir la queja deficiente en cualquier materia, trat�ndose de actos de aplicaci�n de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal. Sin embargo, dicha suplencia debe efectuarse en el contexto delimitado por la Constituci�n General de la R.�blica y por la propia Ley de Amparo, cumpliendo con los requisitos legales y respetando la naturaleza de la referida instituci�n. A fin de apreciar el debido alcance de la obligaci�n de suplir la deficiencia de la queja, establecida a cargo del �rgano jurisdiccional, debe tomarse en cuenta que el propio art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, se�ala que la suplencia de la queja deficiente se entiende referida a los conceptos de violaci�n y, en su caso, a los agravios, es decir, a la materia misma del juicio de garant�as. Considerando que el juicio de amparo es un medio de defensa del gobernado frente a las arbitrariedades del gobernante, los conceptos de violaci�n formulados por aqu�l necesariamente deben constituir un planteamiento l�gico jur�dico relativo al fondo del asunto (o cuando menos la expresi�n clara de la causa de pedir), a trav�s del cual la parte quejosa pretende acreditar la afectaci�n a sus garant�as individuales. Sin embargo, el estudio de dichos planteamientos se encuentra condicionado a que el juzgador aprecie el cumplimiento de ciertos requisitos, a saber: En el caso del amparo indirecto, previamente al estudio de fondo, resulta necesario que se analice la procedencia del juicio. En el caso del amparo directo, el Tribunal Colegiado debe analizar la idoneidad de los conceptos de violaci�n para el otorgamiento de la protecci�n constitucional, en el entendido de que, si aprecia alguna causa de improcedencia que, si se tratara de un amparo indirecto, traer�a como consecuencia la improcedencia del juicio, ello tendr�a como consecuencia la inoperancia de los conceptos de violaci�n. En efecto, el estudio de cuestiones relacionadas con la procedencia del juicio de garant�as, desde un punto de vista l�gico, necesariamente debe preceder al estudio de las cuestiones planteadas en relaci�n con el fondo del asunto, a trav�s de los conceptos de violaci�n, en el entendido de que la calificaci�n del car�cter fundado o infundado de dichos argumentos jur�dicos resultar�a irrelevante, ante la eventualidad de que el juzgador considere que se actualiza alguna causa de improcedencia. En otras palabras, la etapa en la que el juzgador se avoca al estudio de lo fundado o infundado de los conceptos de violaci�n, corresponde a un momento procesal posterior, tanto por raz�n l�gica como por cuesti�n t�cnica, a aquel en el que analiza la procedencia del juicio de garant�as en el caso del amparo indirecto, o bien, a aquel en el que se verifica, en el amparo directo, si se actualiza una causal que, si se tratara de un amparo indirecto, dar�a lugar a la improcedencia del juicio, lo cual tendr�a como consecuencia la inoperancia de los conceptos de violaci�n, en t�rminos de la siguiente jurisprudencia. ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZAR�A ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.? (se transcribe). Las consideraciones anteriores resultan igualmente aplicables a los agravios vertidos por las partes en la revisi�n, toda vez que el �rgano jurisdiccional efect�a el estudio de la procedencia del juicio de manera oficiosa, es decir, con antelaci�n al an�lisis de los argumentos vertidos por las partes y con independencia de que �stos versen, o no, sobre cuestiones vinculadas con la procedencia del juicio. En este contexto, respecto del alcance de la suplencia de la queja deficiente, esta Primera Sala considera que el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo limita el �mbito de aplicaci�n de dicha instituci�n a las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, no as� con la procedencia del juicio de garant�as, tal y como se detalla a continuaci�n. Partiendo de la explicitada premisa de que el estudio de los conceptos de violaci�n debe ser precedido por el an�lisis oficioso de la procedencia del juicio, ante la eventualidad de que dicho estudio previo pusiera de manifiesto la materializaci�n de alguna causa de improcedencia, se tornar�a innecesario el an�lisis del fondo del asunto, motivo por el cual, atendiendo a la letra del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, el juzgador se encontrar�a imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja, pues es obvio que si no se adentra al estudio de los conceptos de violaci�n, mucho menos podr� apreciar las deficiencias de �stos, ni la suplencia que podr�a ameritar el caso concreto. Las consideraciones expuestas permiten apreciar que el planteamiento de la recurrente resulta infundado, toda vez que, contrariamente a lo aducido, el Tribunal Colegiado no se encontraba obligado a suplir la deficiencia de la queja, lo cual se desprende del propio art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo. En el caso concreto, no se cumplen los requisitos formales que determinan la posibilidad de efectuar una suplencia de la queja deficiente, toda vez que la parte quejosa no plante� ning�n concepto de violaci�n relacionado con la inconstitucionalidad de los preceptos legales, respecto de los cuales ahora pretende que se supla la deficiencia de la queja. Trat�ndose del amparo directo en el que se plantean cuestiones de constitucionalidad de normas legales, se ha considerado que no se trata propiamente del ejercicio de la acci�n constitucional contra una ley, como en el caso del amparo indirecto, sino de juicios enderezados contra la aplicaci�n o ejecuci�n de la ley, es decir, no se impugna directamente en esa v�a a la ley, sino el acto o resoluci�n en que se aplica la ley controvertida. Al respecto, en materia de amparo directo, resulta importante considerar que, atendiendo a lo previsto en el art�culo 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, las reglas aplicables para el amparo indirecto, en el caso de la impugnaci�n de leyes, no tienen aplicaci�n en el juicio de amparo directo, ya que la inconstitucionalidad del ordenamiento legal se plantea en los conceptos de violaci�n expresados en la demanda, por encontrarse condicionada la inconformidad del promovente a la aplicaci�n de la norma en la resoluci�n reclamada, de modo que los efectos de la sentencia de amparo no incidir�n directamente en la ley, sino en la resoluci�n en que �sta fue aplicada. En efecto, el juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es de car�cter restrictivo y el pronunciamiento correspondiente debe referirse a la resoluci�n reclamada en la que se aplica la norma legal cuya constitucionalidad se cuestiona, sin realizar pronunciamiento en los resolutivos de la sentencia dictada en amparo directo, respecto de la ley controvertida. Consecuentemente, al no plantearse argumento alguno que controvirtiera la constitucionalidad del fallo reclamado, como acto de aplicaci�n de los art�culos 45 y 145 del C�digo Fiscal de la Federaci�n, el referido Tribunal Colegiado no se encontraba en posibilidad de suplir la deficiencia de la queja, pues ello hubiera sido equivalente a ampliar la litis en el juicio de amparo directo, respecto de cuestiones no propuestas, por la parte quejosa, con lo cual no s�lo se afectar�a el principio de estricto derecho del juicio de amparo, sino tambi�n el de instancia de parte agraviada. Debe ponerse de manifiesto que, en todo caso, es necesario plantear conceptos de violaci�n de los cuales se pueda desprender una m�nima causa de pedir, lo cual resulta indispensable tanto en el juicio de amparo indirecto, como en el directo, pues a trav�s de dichos argumentos se posibilita la fijaci�n de la litis constitucional, con miras al estudio de los temas propuestos por la propia quejosa. En las relatadas condiciones, resulta importante considerar que la parte quejosa, habiendo promovido juicio de amparo directo en contra de la sentencia de la Sala Fiscal, limit� la litis al estudio y calificaci�n de los conceptos de anulaci�n planteados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, as� como a la aducida vulneraci�n a sus garant�as individuales, derivada de la aplicaci�n de art�culos que consider� inconstitucionales, como son los numerales 46-A, 67 y 76 del C�digo Fiscal de la Federaci�n, no as� respecto de los diversos 45 y 145 del citado ordenamiento, apreci�ndose que, en relaci�n con �stos, la quejosa no expres� ning�n argumento encaminado a cuestionar su constitucionalidad. Como puede apreciarse de la sentencia reclamada, no obstante que en la resoluci�n fiscal, impugnada en juicio de nulidad, fueron aplicados, no fue cuestionada la constitucionalidad de los art�culos 45 y 145 del C�digo Fiscal de la Federaci�n, motivo por el cual, el Tribunal Colegiado no hizo pronunciamiento alguno, adem�s de que no se reun�an los requisitos para suplir la deficiencia de una queja que nunca fue planteada por la quejosa. Lo contrario hubiera implicado la construcci�n absoluta del concepto de violaci�n, lo cual trasciende al alcance que corresponde a dicha instituci�n procesal en materias distintas a la penal. En efecto, el art�culo 76 Bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo establece que la suplencia de la queja deficiente, espec�ficamente para la materia penal, opera inclusive ante la ausencia de conceptos de violaci�n o de agravios del reo. En dichas condiciones, si el p�rrafo segundo de la fracci�n II del art�culo 107 constitucional, determina que la suplencia de la queja deficiente deber� operar en los t�rminos que determine la Ley de Amparo, debe considerarse que dicha regla espec�fica de suplencia absoluta fue establecida por el legislador ordinario exclusivamente para la materia penal, motivo por el cual no resulta v�lido extender su �mbito de aplicaci�n a otros supuestos, en t�rminos absolutos. Con base en todas las consideraciones anteriores, esta Primera Sala considera que resulta jur�dicamente correcto que el Tribunal Colegiado no se haya adentrado al estudio de la constitucionalidad de los art�culos 45 y 145 del C�digo Fiscal de la Federaci�n, porque al respecto la quejosa no expres� la m�s m�nima causa de pedir, pues en su demanda de amparo directo no hizo ninguna referencia a dichos preceptos, mucho menos alg�n cuestionamiento relativo a su constitucionalidad, de ah� que si no hubo queja, tampoco hab�a materia para suplir, pues lo contrario habr�a implicado la ampliaci�n de la litis constitucional, lo cual, como se ha precisado con antelaci�n, trasciende al alcance y prop�sito de dicha instituci�n, pues la misma se circunscribe al estudio que el juzgador realice sobre el fondo de los conceptos de violaci�n o de los agravios. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que el juicio de amparo directo es un medio extraordinario de defensa, regulado por el art�culo 107, fracci�n IX, constitucional. En relaci�n con lo dispuesto en dicho numeral, el art�culo 93 de la Ley de Amparo establece en qu� casos procede el recurso de revisi�n en amparo directo, mientras que el art�culo 88 del mismo ordenamiento precept�a los requisitos que debe contener el recurso, como es el de expresar los agravios contra la resoluci�n impugnada. Por lo tanto, conforme a estos preceptos, el recurso se limita a las hip�tesis contenidas en los art�culos anteriores, siempre y cuando los agravios se dirijan a controvertir la sentencia recurrida, considerando que cualquier otro argumento resulta ajeno a la materia de la revisi�n. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera de fundamental importancia recalcar que, con el sentido del presente fallo, no se pasa por alto el principio de supremac�a constitucional. En efecto, el Estado de derecho se rige por un sistema jur�dico bien definido que tiene como base fundamental el Texto Constitucional, al que se le otorga un rango de supremac�a en virtud del cual susdisposiciones prevalecen sobre las dem�s que conforman el sistema jur�dico mexicano vigente, lo que se justifica en tanto que este cuerpo normativo contiene los criterios rectores relativos a la organizaci�n del Estado, su estructura, las funciones de sus poderes, y determina adem�s los derechos fundamentales de los gobernados, los mecanismos procesales de defensa, as� como sus restricciones y dem�s prescripciones generales. As�, se observa que el Texto Constitucional se encuentra en el pelda�o superior de la pir�mide normativa, porque de �l derivan las relaciones de validez de las normas inferiores, as� como su contenido, que no puede contravenirlo. Debe ponerse de manifiesto que el principio de supremac�a constitucional implica la sujeci�n de todas las leyes y actos del poder p�blico a las normas y principios b�sicos establecidos en la Constituci�n, de manera que ni los gobernantes ni los gobernados pueden sustraerse al orden jur�dico. El sistema jur�dico mexicano reconoce dicho principio en el art�culo 133 constitucional y, congruente con esa disposici�n, este Alto Tribunal ha manifestado la supremac�a absoluta de la Constituci�n sobre toda legislaci�n secundaria. Del principio de supremac�a constitucional deriva el establecimiento de defensas y de sistemas de control de la constitucionalidad, que haga efectiva su vigencia y la prevalencia de sus disposiciones. En M�xico, el sistema de control constitucional se ha desarrollado seg�n las circunstancias de la historia pol�tica y jur�dica del pa�s, dando origen a la adopci�n de un sistema propio, que comprende la existencia de diversos instrumentos e instituciones legales, a trav�s de los que se procura la constitucionalidad de las leyes y dem�s actos de autoridad, con la finalidad de anularlos y dejar as� insubsistente la aplicaci�n de las normas generales que sean contrarias a la Ley Suprema. Dicho control de constitucionalidad se realiza a trav�s de las acciones y controversias constitucionales, as� como del juicio de amparo. Entre ellos, destaca el juicio de amparo por ser una instituci�n procesal esencial para la defensa de la Constituci�n y de los derechos fundamentales de los gobernados, conceptuado como un medio jur�dico de protecci�n y preservaci�n del principio de supremac�a constitucional, cuya finalidad es el control de las leyes, actos y omisiones provenientes de la autoridad p�blica. Lo anterior se justifica porque la Constituci�n es la m�xima de las fuentes del derecho y por ello, debe reconoc�rsele eficacia inmediata y directa de conformidad con los fines que propone; por consiguiente, resulta de suma relevancia lograr, de manera eficaz, el control de la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad, a fin de impedir la aplicaci�n de aquellas normas que resulten contrarias a la Carta Fundamental. No obstante, existen cuestiones formales o t�cnicas inherentes al juicio de amparo, que no pueden ser pasadas por alto, si se refieren a una instituci�n contenida en el propio Texto Constitucional, debiendo ser interpretada acorde a �ste. En consecuencia, los �rganos jurisdiccionales deben tutelar dicho principio de supremac�a constitucional, pero ello debe efectuarse en el �mbito de sus atribuciones y de acuerdo con los principios rectores del juicio de garant�as, mismos que, como se ha se�alado, han sido elevados inclusive a rango constitucional. Como ya qued� se�alado, el an�lisis oficioso de la procedencia del juicio en el caso del amparo indirecto, as� como la calificaci�n de inoperancia de los conceptos de violaci�n en el amparo directo, al actualizarse una causa que har�a improcedente el juicio, si se tratara de un amparo indirecto, por ser cuestiones de orden e inter�s p�blico, constituyen condici�n necesaria para realizar el estudio de fondo. En consecuencia, el juzgador deber� pronunciarse sobre el fondo de la controversia �nicamente si se cumple con dichos requisitos formales. En efecto, el juicio de garant�as se desarrolla dentro de un marco normativo particular que no puede ser pasado por alto, considerando que el �rgano jurisdiccional no debe desentenderse de cuestiones t�cnicas o procesales, en raz�n de que, como se apunt�, previo al estudio del fondo de los conceptos de violaci�n de la demanda de amparo, o de los agravios del recurso de revisi�n, respecto de los cuales puede operar la suplencia de la queja, debe atenderse a cuestiones t�cnicas que se reducen a que no se actualice alguna causa de improcedencia, pues ello tendr�a como consecuencia el sobreseimiento en el amparo indirecto, o bien, la inoperancia de los conceptos de violaci�n en el directo. Por lo anterior, se considera que la suplencia de la queja deficiente no debe aplicarse de manera absoluta, a priori, sino que debe entenderse constre�ida a aquellos casos en los que no se actualice una causa de improcedencia, lo cual -excepci�n guardada de las materias penal y agraria- presupone el planteamiento de los conceptos de violaci�n que permitan desentra�ar la causa de pedir. Debe precisarse que el sentido del presente fallo no soslaya la importancia que reviste la jurisprudencia de este Alto Tribunal. En efecto, uno de los medios para alcanzar ese prop�sito y preservar a su vez la eficacia del amparo, es la interpretaci�n de la ley efectuada a trav�s de la jurisprudencia, entendida como la actividad por la cual se determina el sentido y alcance de las disposiciones que conforman el derecho vigente, contenidas en la Constituci�n y en las leyes ordinarias. La funci�n interpretativa cobra mayor relevancia cuando la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como int�rprete �ltimo de la Constituci�n, resuelve acerca de la conformidad de las normas generales con ese M�ximo Ordenamiento, es decir, cuando decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones ordinarias, constituy�ndose jurisprudencia como resultado de esa labor, misma que resulta obligatoria para los �rganos judiciales y tribunales administrativos y del trabajo, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe precisarse que la aplicaci�n de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de alg�n precepto legal, est� supeditada a dos presupuestos: 1) que el juicio de amparo sea procedente; y 2) que la parte quejosa impugne y cuestione ante el �rgano jurisdiccional, la constitucionalidad de la disposici�n legal. De esa manera, aunque la quejosa desconociera la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto impugnado, s� habr�a materia para suplir la queja deficiente, lo que no podr�a ocurrir ante la ausencia total de un planteamiento tendente a impugnar la disposici�n legal, porque, como ya qued� explicado, dicha circunstancia rebasa los alcances de la figura jur�dica de la suplencia de la queja deficiente; por ende, la no aplicaci�n de la jurisprudencia, relativa a la inconstitucionalidad de una norma, no implica su inobservancia, lo contrario implicar�a darle efectos generales erga omnes, trastocando as� el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Por las razones expresadas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n no comparte los criterios sustentados por la Segunda Sala, los cuales son del siguiente tenor: ?SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE TRAT�NDOSE DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO LEY SUPREMA.? (se transcribe). ?SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE RECLAME EL PRIMERO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACI�N DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N.? (se transcribe). ?SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY TIENE APLICACI�N A CASOS DIVERSOS A LOS QUE MOTIVARON SU EMISI�N, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DARLE EFECTOS GENERALES.? (se transcribe). ?AMPARO DIRECTO DONDE SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. DEBE SUPLIRSE LA QUEJA DEFICIENTE AUN CUANDO SE TRATE DE ULTERIORES ACTOS DE APLICACI�N, SI LA LEY EN QUE SE FUNDAN FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N.? (se transcribe). En las relacionadas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los agravios, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida y negar la protecci�n constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se

resuelve: PRIMERO. En la materia de la revisi�n, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Club Campestre El Campanario, Asociaci�n Civil, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Con similares consideraciones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n resolvi� los siguientes asuntos: Amparo directo en revisi�n 247/2004. Grupo Costamex, S.A. de C.V. 13 de octubre de 2004; Amparo directo en revisi�n 1576/2004. C.C.P.. 1o. de diciembre de 2004; Amparo directo en revisi�n 1449/2004. J.C.M.A.. 1o. de diciembre de 2004; Amparo directo en revisi�n 1572/2004. Contratistas Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. 12 de enero de 2005; Amparo directo en revisi�n 1796/2004. M. �ngel C.C.. 26 de enero de 2005; Amparo directo en revisi�n 1854/2004. P.R.�n G.�a R.�rez. 2o. de febrero de 2005.

Las transcritas consideraciones reiteradas en los referidos asuntos, dieron origen a la tesis de jurisprudencia aprobada en sesi�n de fecha treinta de marzo de dos mil cinco, habi�ndole correspondido el n�mero 35/2005, y que tiene el siguiente texto:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR LO TANTO NO ES ILIMITADA. El art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo se�ala que la suplencia de la queja deficiente se entiende referida a los conceptos de violaci�n y, en su caso, a los agravios, es decir, a la materia misma del juicio de garant�as, por lo que debe considerarse que dicho precepto limita el �mbito de aplicaci�n de tal figura a las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, de ah� que dicha suplencia no sea aplicable a la procedencia del juicio de amparo. En ese tenor, a excepci�n de la materia penal, el �rgano de control constitucional no puede libremente realizar el examen del precepto legal reclamado o de la resoluci�n recurrida, sino que debe hacerlo a partir de lo expresado en los conceptos de violaci�n o, en su caso, en los agravios, de manera que sin la existencia de un m�nimo razonamiento expresado en la demanda, esto es, sin la elemental causa de pedir, el juzgador no se encuentra en aptitud de resolver si el acto reclamado es o no violatorio de garant�as, porque la suplencia de la queja deficiente es una instituci�n procesal que si bien fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer las garant�as que otorga la Constituci�n Federal, no deja de estar sujeta a los requisitos previstos al efecto tanto en la Ley Fundamental como en la Ley de Amparo.

"Amparo directo en revisi�n 1576/2004. C.C.P.. 1o. de diciembre de 2004. Mayor�a de cuatro votos. Disidente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretaria: R.�a Argumosa L�pez.

"Amparo directo en revisi�n 1449/2004. J.C.M.A.. 1o. de diciembre de 2004. Mayor�a de cuatro votos. Disidente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: P.A.S..

"Amparo directo en revisi�n 1572/2004. Contratistas Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. 12 de enero de 2005. Mayor�a de cuatro votos. Disidente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: E.N.�s L.M..

"Amparo directo en revisi�n 1796/2004. M. �ngel C.C.. 26 de enero de 2005. Cinco votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretaria: R.R.S..

Amparo directo en revisi�n 1854/2004. P.R.�n G.�a R.�rez. 2 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: E.N.�s L.M..

SEXTO

Previo al estudio de fondo del asunto es necesario determinar si, en el presente caso, existe o no contradicci�n de tesis, entre las sustentadas por las S. de este M�ximo Tribunal. Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis jurisprudencial, que en este caso es aplicable por identidad de raz�n.

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Seg�n se desprende de la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicci�n de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

  1. Que al resolver los planteamientos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, en los razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias.

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, de las ejecutorias pronunciadas por las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, respectivamente se desprende lo siguiente:

La Segunda Sala de este Alto Tribunal sostiene:

Que el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo impone la obligaci�n de suplir la queja deficiente, trat�ndose de actos de aplicaci�n de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Que el principio de supremac�a constitucional implica la sujeci�n de todas las leyes y los actos del poder p�blico, a las normas y principios b�sicos establecidos en la Constituci�n General de la R.�blica.

Que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n juega un doble papel, por un lado, tiene un car�cter unificador del sistema jur�dico y, por otro, su fuerza obligatoria tiene como objeto esencial lograr el cabal cumplimiento de los principios que subyacen en las disposiciones constitucionales.

Que el principio de relatividad de las sentencias rige tambi�n para las dictadas en amparo contra leyes, y la anulaci�n de la norma s�lo beneficia al peticionario del amparo.

Que la suplencia de la queja se instituy� como una medida para hacer m�s eficaz el amparo contra leyes, declaradas inconstitucionales en jurisprudencia de este Alto Tribunal, disposici�n en la que subyace la intenci�n del legislador de evitar la aplicaci�n de leyes contrarias a la Norma Suprema, haciendo as� efectivo el principio de supremac�a constitucional.

Que debe evitarse que por cuestiones de t�cnica deficiente en la elaboraci�n de una demanda de garant�as, afecte a los gobernados la aplicaci�n de una ley contraria a la Constituci�n.

Que la suplencia de la queja en amparo directo, trat�ndose de actos fundados en leyes declaradas inconstitucionales, opera de manera absoluta.

Que dicha suplencia no se refiere �nicamente a los conceptos de violaci�n, sino a las omisiones en que incurra el quejoso al no haber enderezado su demanda contra la ley inconstitucional, sino contra los actos fundados en ella.

Que ese tipo de suplencia implica que la jurisprudencia, que declar� inconstitucional una ley, pueda tener aplicaci�n a casos diversos de los que motivaron su emisi�n, aun cuando no haya sido invocada por el quejoso, sin que tal actuaci�n implique darle efectos generales dado que dicha determinaci�n s�lo aplicar�a en los casos concretos en que se controvierta en la v�a de amparo directo. Con ello se busca darle efectividad a las declaraciones de inconstitucionalidad.

Que los �rganos jurisdiccionales al advertir que el acto reclamado est� fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia del M�ximo Tribunal, est�n obligados a suplir la deficiencia de la queja y aplicar la jurisprudencia.

Que la importancia de lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes, en amparo directo, hace imprescindible superar las cuestiones t�cnicas de �ndole procesal, que sean incompatibles con los prop�sitos apuntados, lo que implica la obligaci�n de suplir la deficiencia de la queja, en forma absoluta, porque el principio de supremac�a constitucional es superior a cualquier inter�s particular.

Que bajo ninguna circunstancia se justifica el incumplimiento de dicho imperativo legal, aun cuando se trate de ulteriores actos de aplicaci�n de la ley, ni siquiera en la hip�tesis en que hubiera operado el consentimiento t�cito por falta de impugnaci�n del primer acto de aplicaci�n.

Que con dicha consideraci�n no se desconoce el principio de relatividad de las sentencias de amparo, porque la declaraci�n de inconstitucionalidad de la ley no da lugar a su anulaci�n con efectos erga omnes.

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sostiene lo siguiente:

Que conforme a lo dispuesto en el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, que establece la suplencia de la queja como una excepci�n al principio de estricto derecho, entendido a contrario sensu, los �rganos jurisdiccionales deber�n concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violaci�n o, en su caso, de los agravios.

Que el �rgano jurisdiccional legalmente no se encuentra en aptitud de resolver si el precepto reclamado es contrario a la Constituci�n, sin la existencia de un m�nimo razonamiento expresado en la demanda.

Que la suplencia de la queja deficiente es una instituci�n procesal que no deja de estar sujeta a los requisitos establecidos tanto por la Constituci�n como por la Ley de Amparo.

Que en todo caso la suplencia de la queja deficiente debe entenderse referida a los conceptos de violaci�n o bien a los agravios, es decir, a la materia misma del juicio de garant�as.

Que el estudio de dichos planteamientos est� condicionado a que el juzgador aprecie el cumplimiento previo de ciertos requisitos, a saber: en el amparo indirecto la procedencia del juicio, y en el amparo directo la idoneidad de los conceptos de violaci�n de tal manera que si se apreciara alguna causa de improcedencia (que en el caso del amparo indirecto) traer�a como consecuencia la improcedencia del juicio; en el amparo directo determinar�a la inoperancia de los conceptos de violaci�n, en t�rminos de la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZAR�A ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA."

Que el alcance y el �mbito de aplicaci�n de la suplencia de la queja deficiente est�n limitados a las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, porque es obvio que si eljuzgador no se adentra al estudio de los conceptos de violaci�n, no podr�a apreciar las deficiencias de �stos, ni la medida en que tuviera que aplicar la suplencia.

Que si el quejoso no plantea ning�n concepto de violaci�n relacionado con preceptos legales, aunque �stos ya hayan sido declarados inconstitucionales en jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, no habr�a materia que suplir si no existe una m�nima causa de pedir.

Que el juicio de amparo directo tiene un car�cter restrictivo por lo que el pronunciamiento correspondiente debe referirse a la resoluci�n reclamada en la que se aplic� la norma legal, por lo que al no plantearse argumento alguno que controvierta la aplicaci�n de preceptos legales, aunque �stos ya hayan sido declarados inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, dada la ausencia total de impugnaci�n y la inexistencia de una m�nima causa de pedir, el Tribunal Colegiado no puede suplir, en forma absoluta, la deficiencia de la queja, de lo contrario se afectar�an los principios constitucionales de estricto derecho y de instancia de parte agraviada.

Que la construcci�n absoluta del concepto de violaci�n trasciende y rebasa el alcance que corresponde a la suplencia de la queja deficiente, porque la fracci�n II del art�culo 107 constitucional establece que dicha suplencia deber� operar en los t�rminos que determine la Ley de Amparo.

Que la regla de suplencia absoluta fue establecida por el legislador exclusivamente para la materia penal, motivo por el cual no resulta v�lido extender su aplicaci�n en t�rminos absolutos a otros supuestos en los que el quejoso no exprese, aunque sea una m�nima causa de pedir.

Que dicha suplencia absoluta implicar�a la ampliaci�n de la litis constitucional, lo cual trasciende al alcance y prop�sito de dicha instituci�n, relacionado con el estudio de fondo que el juzgador deba realizar.

Que no se pasa por alto el principio de supremac�a constitucional, el cual implica la sujeci�n de todas las leyes y actos del poder p�blico a las normas y principios b�sicos establecidos en la Constituci�n, tal como lo ha reconocido este Alto Tribunal. De dicho principio deriva el establecimiento de los medios de defensa y de los sistemas de control de la constitucionalidad de los actos de todas las autoridades. Entre dichos medios destaca el juicio de amparo, como un instrumento para la preservaci�n del principio de supremac�a constitucional.

Que no obstante lo anterior, debe tomarse en cuenta que existen cuestiones formales o t�cnicas, inherentes al juicio de amparo que no pueden soslayarse, porque se refieren a una instituci�n contenida en el propio Texto Constitucional.

Que el �rgano jurisdiccional no debe desentenderse de cuestiones t�cnicas o procesales, previo al estudio de fondo que, en todo caso, se realiza a partir de lo planteado en los conceptos de violaci�n o de los agravios. Por ello se considera que la suplencia de la queja deficiente, no debe aplicarse de manera absoluta, a priori, sino que debe entenderse constre�ida a que el quejoso presente un principio de queja sobre la cual pueda aplicarse la suplencia.

Que la aplicaci�n de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de alg�n precepto legal, est� supeditada a dos presupuestos: 1) Que el juicio de amparo sea procedente, y 2) Que el quejoso cuestione la constitucionalidad de la disposici�n legal. De esa manera, aunque la parte quejosa desconociera la declaratoria de inconstitucionalidad, ya habr�a materia para suplir la queja deficiente.

Que la no aplicaci�n de la jurisprudencia, relativa a la inconstitucionalidad de una norma, no implica su inobservancia, de lo contrario, la aplicaci�n indiscriminada, mediante una suplencia absoluta, implicar�a darle efectos generales a la jurisprudencia, trastocando as� el principio de relatividad de las sentencias de amparo.

Seg�n se desprende de las consideraciones expresadas en las ejecutorias que participan en la contradicci�n de tesis de m�rito, este Tribunal Pleno advierte los siguientes temas de discusi�n:

  1. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sostuvo que la suplencia de la queja deficiente, prevista en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo opera de manera absoluta (aun ante la ausencia total de conceptos de violaci�n o agravios); en cambio, la Primera Sala de este Alto Tribunal se�al� que los �rganos jurisdiccionales deben concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violaci�n o, en su caso, agravios, esto es, debe existir "un m�nimo razonamiento expresado en la demanda".

  2. La Segunda Sala de este Alto Tribunal argument� que para suplir la queja deficiente en esos t�rminos, no se requiere que se reclame la ley; mientras que la Primera Sala precis� que es b�sico que se enderece la argumentaci�n respectiva contra la ley, para que se actualice esa prerrogativa procesal, "ya que la aplicaci�n de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de alg�n precepto legal, est� supeditada a dos presupuestos: 1) que el juicio de amparo sea procedente; y 2) que la parte quejosa impugne y cuestione ante el �rgano jurisdiccional, la constitucionalidad de la disposici�n legal".

  3. La Segunda Sala de esta Suprema Corte consider� que al crearse la suplencia de la queja deficiente, prevista en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo se ponder� la supremac�a constitucional, sobre las cuestiones de procedencia del juicio de garant�as. A diferencia de lo anterior, la Primera Sala de este Alto Tribunal estim� que sin soslayar la importancia del principio de supremac�a constitucional, debe tomarse en cuenta que "... existen cuestiones formales o t�cnicas, inherentes al juicio de amparo, que no pueden ser pasadas por alto si se refieren a una instituci�n contenida en el propio Texto Constitucional. ..."

  4. En estrecha relaci�n con este punto, la Segunda Sala de la Suprema Corte expres� que aun en la hip�tesis de que se hubiesen consentido t�citamente anteriores aplicaciones de la ley, procede el beneficio de la suplencia de la queja deficiente; sin embargo, la Primera Sala reiter� que esta prerrogativa queda sujeta a las reglas y principios de procedencia establecidos tanto en la Constituci�n Federal como en la Ley de Amparo.

Como puede apreciarse es evidente la oposici�n de criterios entre ambas S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, quienes al analizar una misma instituci�n, a saber: la suplencia de la queja deficiente, prevista en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo arribaron a conclusiones opuestas, seg�n se ha dejado se�alado, por ende, resulta claro que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada y que dicho diferendo interpretativo se presenta en los temas antes descritos.

Asimismo, resulta de especial importancia se�alar que si bien es cierto que los criterios de las S. de este Alto Tribunal derivaron de amparos directos en revisi�n, empero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que la contradicci�n en estudio no debe limitarse a este tipo de amparos, sino que tambi�n debe comprender al juicio de amparo indirecto, porque como se ver� m�s adelante, la mencionada suplencia de la queja deficiente se surte en ambos supuestos, aunque de manera distinta.

S�PTIMO

Deben prevalecer con car�cter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno, de acuerdo con las siguientes premisas jur�dicas.

  1. Con ese fin, debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que ordinariamente la prerrogativa procesal de la suplencia de la queja puede ser total ante la ausencia de conceptos de violaci�n o de agravios, o relativa, cuando se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el quejoso o recurrente o, bien abordar el examen de aqu�llas respecto de las cuales s�lo se�ala que las estima incorrectas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmaci�n, esto es, no existe una ausencia de conceptos de violaci�n o agravios, sino una deficiente argumentaci�n jur�dica.

    Sirve de apoyo a lo anterior, en lo particular, la jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los siguientes:

    "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en com�n que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja s�lo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que se�ala el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, v�lidamente, hasta la integraci�n total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el art�culo 79 del mismo ordenamiento, que apareci� por primera vez en el art�culo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los C�digos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo se�alarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado art�culo 79 en el sentido de que su aplicaci�n no se circunscribe a la correcci�n del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ning�n art�culo constitucional o legal, siempre que el recurrente d� los argumentos l�gico jur�dicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, tesis P./J. 49/96, p�gina 58).

    Para la aplicaci�n del tipo de suplencia de la queja deficiente, tal como se menciona en la jurisprudencia se�alada, el juzgador debe remitirse, por regla general, al art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, que dice:

    "Art�culo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

    "I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

    "II. En materia penal, la suplencia operar� aun ante la ausencia de conceptos de violaci�n o de agravios del reo.

    "III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el art�culo 227 de esta ley.

    "IV. En materia laboral, la suplencia s�lo se aplicar� en favor del trabajador.

    "V. En favor de los menores de edad o incapaces.

    "VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violaci�n manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa."

    Como puede advertirse, el p�rrafo primero del art�culo antes transcrito establece, como regla general, una suplencia relativa, ya que prev� que "deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados", por lo que es elemental la existencia m�nima de la causa de pedir en los planteamientos relativos, haciendo una sola excepci�n expresa en la fracci�n II del mismo numeral, que alberga a la suplencia total de la queja deficiente; sin embargo, en uso de su labor interpretativa, la Suprema Corte de Justicia ha estimado que en otras hip�tesis de suplencia, distinta a la penal, tambi�n se prev�n suplencias totales como en materia laboral trat�ndose del trabajador, como se corrobora con la jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n, los siguientes:

    "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACI�N O AGRAVIOS. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que lleva por rubro: ?SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRAT�NDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.?, establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violaci�n o agravios deficientes en relaci�n con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretaci�n rigurosamente literal del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a trav�s de comparar palabra a palabra la redacci�n de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evoluci�n legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garant�as lleva a concluir que la diversa redacci�n de una y otra fracciones obedeci� sencillamente a una cuesti�n de t�cnica jur�dica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada trat�ndose del reo, lo que no se hizo en otras materias quiz� por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aqu�lla, pero de ello no se sigue que la intenci�n del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violaci�n o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administraci�n de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no s�lo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino tambi�n su posici�n debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., septiembre de 1995, tesis 2a./J. 39/95, p�gina 333).

    Una situaci�n similar ocurre trat�ndose de ejidatarios y de menores e incapaces, como se observa de las siguientes tesis sostenidas por este Alto Tribunal.

    "SUPLENCIA DE LA QUEJA. OPERA CUANDO EL QUEJOSO Y TERCERO PERJUDICADO SON EJIDATARIOS. De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, en los juicios en materia agraria en que una de las partes sea un ejidatario, debe suplirse la deficiencia de los conceptos de violaci�n y de los agravios; recabarse de oficio las pruebas que puedan beneficiarlo y acordarse las diligencias necesarias para precisar sus derechos agrarios, as� como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Ello, con independencia de que si las partes quejosa y tercero perjudicada est�n constituidas por ejidatarios, dado que la finalidad primordial de la tutela es la de resolver, con conocimiento pleno la controversia, y no �nicamente colocarlos en una situaci�n de igualdad procesal durante la tramitaci�n del juicio de garant�as. De tal manera que en los casos en que dos ejidatarios tengan el car�cter de quejoso y de tercero perjudicado respectivamente, deber� suplirse la deficiencia de la queja, sin que ello implique una asesor�a t�cnico-jur�dica en favor de una parte y en detrimento de otra." (Octava �poca, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 80, agosto de 1994, tesis 2a./J. 12/94, p�gina 18).

    "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CAR�CTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n o de los agravios respectivos, siempre que est� de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que est�n en controversia o el car�cter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisi�n, toda vez que el inter�s jur�dico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situaci�n de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene inter�s en que la situaci�n de los hijos quede definida para asegurar la protecci�n del inter�s superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el prop�sito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los art�culos 107, fracci�n II, p�rrafo segundo, constitucional y 76 Bis, fracci�n V y 91, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el inter�s de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervenci�n oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen inter�s en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resoluci�n que se dicte.

    "Amparo directo en revisi�n 182/2000. D.E.R.Q.. 2 de junio del a�o 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.D.�az R.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: R.J.G.�a M.�nez." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, tesis 2a. LXXV/2000, p�gina 161).

    "MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRAT�NDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA. La adici�n a la fracci�n II del art�culo 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que estableci� la suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores e incapaces (decreto de 27 de febrero de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 20 de marzo del mismo a�o), seg�n la exposici�n de motivos de la iniciativa de reformas, tuvo como finalidad inicial la de tutelar los derechos de familia, pretendi�ndose crear una instituci�n ?cuya instrumentaci�n jur�dica adecuada haga posible la satisfacci�n de derechos m�nimos (de los menores e incapaces), necesarios para un desarrollo f�sico, moral y espiritual armonioso.? Sin embargo, en la propia iniciativa presentada por el presidente de la R.�blica se expresa que la referida adici�n a la Constituci�n Federal ?tender� a lograr en favor de los menores e incapaces la derrama de la totalidad de los beneficios inherentes a la expresada instituci�n procesal, invistiendo al Poder Judicial de la Federaci�n que conoce del amparo, adem�s de la facultad de correcci�n del error en la cita del precepto o preceptos violados, la de intervenir de oficio en el an�lisis del amparo, haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o que conduzcan al esclarecimiento de la verdad?. Tal intenci�n de la iniciativa fue desarrollada ampliamente por el Congreso de la Uni�n al aprobar el decreto que la reglament�, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 4 de diciembre de 1974, a trav�s del cual se adicionaron los art�culos 76, 78, 79, 91 y 161 de la Ley de Amparo; y al aprobar tambi�n el decreto de 28 de mayo de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 29 de junio siguiente, queintrodujo nuevas reformas a la Ley de Amparo, en vigor a partir del d�a 15 de julio de 1976. En efecto, la adici�n al art�culo 76 (cuarto p�rrafo), dispone que ?deber� suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o los incapaces figuren como quejosos.?, y la nueva fracci�n V del art�culo 91 de la Ley de Amparo establece que ?trat�ndose de amparos en que los recurrentes sean menores o incapaces (los tribunales que conozcan del recurso de revisi�n), examinar�n sus agravios y podr�n suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el cuarto p�rrafo del art�culo 76 y en el tercero del art�culo 78?. Como se ve, ninguno de esos dos preceptos limita el ejercicio de la suplencia de la queja a los derechos de familia, y s�, por el contrario, la segunda disposici�n transcrita remite expresamente al art�culo 78, p�rrafo tercero, de la Ley de Amparo (tambi�n reformado por el segundo de los decretos que se mencionan), en el que se establece que ?en los amparos en que se controviertan derechos de menores e incapaces, el tribunal que conozca del juicio podr� aportar de oficio las pruebas que estime pertinentes?; es decir, la suplencia instituida en favor de los menores no solamente fue estructurada por el legislador con �nimo de tutelar los derechos de familia, inherentes al estado de minoridad, sino tambi�n para ser aplicada en todos los amparos en los que sean parte los menores de edad, o los incapaces, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos que se cuestionen, y se previ� tambi�n la necesidad de que la autoridad que conozca del juicio recabe oficiosamente pruebas que los beneficien." (S�ptima �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 175-180, Tercera Parte, p�gina 115).

    De acuerdo con lo expuesto, la interpretaci�n literal o aislada del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, no es �til para determinar si se prev� en alguna de sus hip�tesis una suplencia total, sino su propia naturaleza, en comuni�n con los antecedentes legislativos que le dieron origen; por tanto, es menester precisar que el art�culo citado, en su fracci�n I, prev� que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deben suplir la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, siendo evidente que no se trata de un amparo contra leyes, en virtud de que no es necesario se�alar como autoridades responsables a los �rganos legislativos ni tampoco resulta indispensable reclamar alg�n vicio de inconstitucionalidad de la norma en que se apoya o sustenta, sino que despu�s del an�lisis de procedencia del acto impugnado, el �rgano de control constitucional, con base en la aplicaci�n de la jurisprudencia, declara que precisamente al fundarse en una norma declarada inconstitucional, debe concederse la protecci�n al gobernado.

    Debe precisarse que dicha suplencia de la queja deficiente naci� con la reforma legislativa de los art�culos 107 constitucional y 76 de la Ley de Amparo, publicada el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno. En los procesos legislativos que dieron origen a esa reforma, se estableci�:

    Art�culo 107 de la Constituci�n Federal.

    "Exposici�n de motivos. El problema m�s grave que ha surgido en el campo de la Justicia Federal, ha sido suscitado por el rezago de juicios de amparo que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El fen�meno ha adquirido tan graves proporciones que entra�a una situaci�n de verdadera denegaci�n de justicia. El Ejecutivo de mi cargo considera, por ende, que no es posible demorar m�s su soluci�n. El sistema que propongo para resolverlo parte de los siguientes supuestos: ... Segundo. Respetar, en absoluto, el campo actual de procedencia del juicio de amparo, preciada instituci�n mexicana que tan eficazmente ha servido para garantizar a los gobernados el respeto a su vida, a su libertad y a su honra y el pleno ejercicio de sus derechos individuales p�blicos frente a cualquiera posible extralimitaci�n de los gobernantes. El profundo respeto que me inspira el juicio de amparo determina que las reformas que inicio dejen intacta su actual estructura �ntima, por lo cual no se adoptan limitaciones a su esfera de procedencia. No se escapa al Ejecutivo, el hecho del abuso frecuente de nuestro juicio de garant�as; pero las medidas eficaces para contener ese abuso no pueden adoptarse, como lo demuestra la experiencia, sino a costa de imponer fundamentales restricciones que redundan en agravio de quienes ejercitan il�citamente la acci�n de amparo, pues en el mayor n�mero de casos no es posible descubrir el abuso de la acci�n sino hasta el momento en que la sentencia es pronunciada, por lo que cualquier reforma tendr�a que conducir a un peligroso sistema de desechamiento de demandas. De todas maneras, la ley ordinaria debe, a nuestro juicio, contener en�rgicas sanciones para aquellos inescrupulosos quejosos o litigantes que presenten demandas de amparo o instancias en que se oculte maliciosamente la verdad o fundadas en la relaci�n de hechos, pruebas o documentos falsos. b) La deficiencia de la queja, seg�n las vigentes normas constitucionales, s�lo puede suplirse en amparos penales directos. Hemos considerado pertinente ampliar el alcance de esas normas, a fin de que se supla la deficiencia de la queja cualquiera que sea el amparo de que se trate, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Ello es as� porque si ya el Alto Tribunal declar� que una ley es inconstitucional, ser�a impropio que por una mala t�cnica en la formulaci�n de la demanda de amparo, afecte al agraviado el cumplimiento de una ley que ha sido expedida con violaci�n de la Constituci�n. Y en materia penal, restringida hasta ahora la deficiencia de la queja a los amparos directos se ha extendido a los indirectos, acogi�ndose la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia. Y tambi�n podr� suplirse esta deficiencia en amparos del trabajo, directo e indirectos, porque las normas constitucionales contenidas en el art�culo 123, son fundamentalmente tutelares de los derechos de la clase trabajadora, y esta clase muchas veces no est� en posibilidad de defenderse adecuadamente, por ignorancia de rigorismos t�cnicos."

    "D.�n en la C�mara de Origen. El C.G.�a R.G.: se�ores diputados ... Y entre todos los amparos, la iniciativa reconoce el amparo contra leyes con un valor especial, como que le da un subrayado, como que lo coloca en un peralte muy merecido; el amparo contra la ley es el supremo de los amparos, se�ores diputados porque la ley anticonstitucional es el mayor desorden constitucional que puede haber en un pa�s, porque un acto que va contra la Constituci�n altera el orden de la persona herida, que va contra la ley para demostrar que la ley es inconstitucional, es un amparo que tiende a demostrar que las instituciones jur�dicas, abstractas, creadas por la ley, est�n en pugna con la Constituci�n; es una organizaci�n que no fue querida por el Constituyente, es una organizaci�n que es un tumor dentro de la organizaci�n jur�dica y pol�tica de un pueblo. Por eso el rey de los amparos es el amparo contra las leyes inconstitucionales y es donde mejor se ve la funci�n pol�tica del amparo, porque en los amparos contra las leyes quedan enjuiciadas las autoridades de las cuales emana la ley; y si es cierto que las declaraciones de la sentencia es en favor de la persona que lo reclama, pero ya est� puesto el togal, el valladar ante el desbordamiento del poder, y est� incitando a la sentencia del amparo a la autoridad que la expidi� para que la derogue, para que mande que no se aplique o para que definitivamente no se aplique nunca."

    Dictamen C�mara Revisora ... En cuanto a los casos en que, por fundarse el acto reclamado en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, tambi�n puede suplirse la deficiencia de la queja, constituyen, a nuestro entender, un magn�fico paso de adelanto en el perfeccionamiento del juicio de amparo, ya que el desider�tum consiste en despojarlo de los tecnicismos para hacerlo f�cilmente accesible para todo aquel, sin distinci�n alguna, que vea amenazada su vida, su integridad personal, sus libertades o sus derechos por un acto de autoridad, y plenamente eficaz para proteger al hombre frente a las extralimitaciones del poder p�blico. No s�lo existe un vivo inter�s de car�cter general en el debido acatamiento de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte, cuya violaci�n va impl�cita en cualquier acto de autoridad fundado en una ley declarada Inconstitucional con antelaci�n; no s�lo est�n positivamente interesados la sociedad y el Estado en que las leyes que no se ajustan al esp�ritu o a los t�rminos de nuestro C�digo Fundamental dejen de aplicarse, sino que tambi�n se lograr�, por los medios propuestos en la iniciativa y a que venimos aludiendo, evitar el espect�culo nada edificante en que la Suprema Corte, por imposibilidad legal de suplir deficiencias, se ve obligada a aceptar lo que antes hab�a condenado, espect�culo que deja, muchas veces, en el �nimo del no enterado de los rigores del tecnicismo jur�dico, la sombra infamante de una sospecha, no por totalmente injustificada menos grave y s� m�s ofensiva, respecto del funcionamiento del m�s Alto Tribunal de la R.�blica que no tiene otra alternativa que la de ajustarse estrictamente a sus facultades constitucionales, y que ante la ignorancia, la negligencia o la torpeza del quejoso en un amparo, se ve en la ineludible obligaci�n legal de negar la protecci�n de la Justicia Federal a quien notoriamente, ante la vista de la opini�n p�blica que no distingue de sutilezas jur�dicas, es v�ctima de un acto atentatorio, en cuanto que se funda en una ley previamente declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia.

    Art�culo 76 de la Ley de Amparo.

    "Exposici�n de motivos ... El cap�tulo X, t�tulo primero, de la Ley de Amparo, sufre las modificaciones que exige el comprender a los Tribunales Colegiados de Circuito dentro de las normas que deben observar al pronunciar sus sentencias. El texto 76 de ese mismo cap�tulo, se adiciona con dos p�rrafos que tratan de la suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado en amparo se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y para que pueda suplirse tambi�n esas deficiencia, en materia penal, y de la parte obrera, en materia de trabajo, en los casos que contempla. Estas disposiciones derivan directamente de la reciente reforma del art�culo 107 de la Constituci�n, y que si se les incluye en el cap�tulo de las sentencias y dentro de la parte general de juicio constitucional, es por que tienen aplicaci�n tanto en juicios de amparo directos como indirectos o en revisi�n, y ya sean ellos del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales Colegiados de Circuito o de los Jueces de Distrito."

    Dictamen de la C�mara de Origen ... Los art�culos 76, 79 del proyecto se desenvuelven las ideas que, sobre ampliaci�n de facultades para suplir la deficiencia de la queja, se consagraron en la �ltima reforma constitucional. Esta de por medio el inter�s p�blico en las controversias que versan sobre la aplicaci�n de una ley perfectamente declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, y que se resuelvan sin que el m�s Alto Tribunal de la Naci�n se encuentre atado al acierto o desacierto con que las partes hayan planteado el problema jur�dico.

    El referido proceso legislativo pone de relieve los siguientes aspectos:

    1. Al establecerse la suplencia de la queja deficiente cuando el acto se funde en leyes declaradas inconstitucionales, mediante la jurisprudencia de este Alto Tribunal, no se modific� la estructura esencial del juicio de amparo, especialmente, su procedencia.

    2. Dicha suplencia especial deriv� del juicio de amparo contra normas generales.

    3. Esa suplencia de la queja deficiente es aplicable tanto en los juicios de amparo directos como en los indirectos, en primera instancia o en revisi�n.

    4. Con esa suplencia se soslayan tecnicismos, en id�nticas condiciones que en materia penal trat�ndose del reo, o en materia laboral trat�ndose del trabajador.

    5. Esta suplencia procede cuando se aplique a un acto en s�, la norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte mediante jurisprudencia.

    6. No se requiere alegar la constitucionalidad de la ley para que proceda esa especial suplencia de la queja deficiente.

    De lo anterior se advierte que esa suplencia de la queja, en principio, oper� s�lo cuando la norma declarada inconstitucional se aplicaba en un acto propiamente dicho, es decir, que el quejoso no hubiese reclamado la ley sino los vicios en su aplicaci�n, pero en la exposici�n de motivos de la reforma publicada el veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y siete, al art�culo 94 de la Constituci�n Federal, se ampli� dicha prerrogativa, precisamente, cuando el quejoso reclama la ley, pero �sta ya se declar� inconstitucional por la Suprema Corte en jurisprudencia, con independencia de que esa aplicaci�n haya provenido de una autoridad, el propio gobernado o un tercero. La citada exposici�n de motivos, dice:

    A fin de conciliar la necesidad de que la calificaci�n de la constitucionalidad de las leyes impugnadas en amparo sea hecha en segunda instancia por el Pleno de la Suprema Corte, con las exigencias de la expedici�n en la administraci�n de justicia, se propone una adici�n a la fracci�n VIII, inciso a), del art�culo 107 constitucional. De acuerdo con ella las revisiones en amparo contra una ley ser�n sometidas inicialmente al conocimiento del Pleno, pero una vez que dicho Alto Cuerpo haya sustentado criterio en cinco ejecutorias que integren jurisprudencia, se turnar�n a conocimiento de las S. de Amparos en revisi�n en que la jurisprudencia establecida resulte aplicable. Las resoluciones de las S. podr�n emitirse con toda facilidad, puesto que en el caso de que la ley impugnada sea declarada inconstitucional, aunque los conceptos de violaci�n que se hagan valer en diversas demandas sean distintos existir� la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja aplicando la jurisprudencia del Pleno.

    M�s adelante, se reformaron los art�culos 76 de la Ley de Amparo y 107 de la Constituci�n Federal, mediante decretos que fueron publicados, respectivamente, el diecis�is de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, y siete de abril de mil novecientos ochenta y seis. En los procesos legislativos relativos se estableci�, lo siguiente:

    Art�culo 76 de la Ley de Amparo.

    Exposici�n de motivos ... Se expresan a continuaci�n los lineamientos esenciales de las reformas y adiciones contenidas en el proyecto. I. En primer lugar, debe destacarse que una de las cuestiones se�aladas de manera insistente en la referida Consulta Nacional se refiere a aspectos relativos al amparo contra leyes, para lo cual se sugieren modificaciones que tiendan a una mayor flexibilidad y eficacia de este importante sector, particularmente cuando existe jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia. a) La primera de tales medidas consiste en modificar el art�culo 156 para extender al amparo contra leyes el procedimiento de mayor celeridad que actualmente se aplica s�lo a los casos previstos en el art�culo 37, y en introducir un art�culo 182 Bis para hacer m�s breves los plazos de tramitaci�n en los supuestos en los cuales se alegue en el amparo de una sola instancia que la ley aplicada en la sentencia o laudo combatido ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

    Art�culo 107 constitucional.

    "Dictamen de la C�mara de Origen ... La misma iniciativa contiene otra propuesta de gran importancia, por cuanto se refiere a dar mayor amplitud a la instituci�n de la suplencia de la queja deficiente en los juicios de amparo, y para impedir as� la denegaci�n de justicia por s�lo razones formales y de car�cter t�cnico. Esta ampliaci�n de la suplencia de la queja deficiente se propone en esta Iniciativa mediante la referencia de tal instituci�n a lo que disponga la ley reglamentaria del juicio de amparo; es decir, que no estar�n espec�ficamente se�alados en el solemne y r�gido texto de la Constituci�n los distintos casos o las diversas materias jur�dicas en las que habr� de suplirse la queja deficiente; sino que tales casos y materias se determinar�n en las normas secundarias u ordinarias, para as� ampliar y vigorizar el r�gimen del Estado de derecho. ..."

    D.�n de la C�mara de Origen ... La C. Presidenta: Tiene la palabra el ciudadano senador A.�n T�llez Cruces ... La reforma a la fracci�n II del art�culo 107 refiere fundamentalmente a la suplencia de queja. El J. tiene a su cargo la tarea de dar vida a la ley en virtud de que el legislador establece normas generales, que no pueden abarcar todas las situaciones y casos de la cambiante realidad, que todos los d�as crea nuevas tareas. El J. debe atenerse a criterios de equidad, de buena fe, de prudencia, de evitar da�os. Nuestra Constituci�n lo remite a los principios generales de derecho ante las lagunas de la ley. El J. no puede ser un bur�crata para lograr soluciones realmente justas; hist�ricamente justas en las circunstancias sociales en que se encuentra inmerso, deber� suplir la deficiencia de las partes para encontrar la verdad y hacer justicia. A.J. bur�crata se le define como a un ?hombre bueno y leal que, preocupado por el derecho, no alcanza a ver nunca la justicia?. La suplencia de la queja no puede ser utilizada como un medio de despojo del derecho de una de las partes. Esa no es la funci�n de un J. recto y justo. La justicia es el arte de lo bueno y lo equitativo. D.�a U. que es precisamente lo contrario de ?jus strictum?. No se trata de otorgar al J. las facultades del pretor romano. La reforma que se propone, actualiza el Texto Constitucional a las necesidades de la �poca en cuanto a la suplencia de la queja deficiente, con el prop�sito de lograr sin cortapisas y sin formulismos, un estado de equidad, de equilibrio, de igualdad entre las partes, para decidir as�, en justicia, lo que corresponda.

    De acuerdo con los anteriores lineamientos, se corrobora que no es indispensable que se cuestione la constitucionalidad de la ley para que opere la mencionada suplencia de la queja deficiente ya que, de pensarse lo contrario, no tendr�a ning�n sentido su empleo, dado que el quejoso se tendr�a que conformar con el an�lisis de los vicios propios de legalidad del acto reclamado, aunque la norma aplicada haya sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de este Alto Tribunal; sin desdoro de que tambi�n se surta dicho beneficio cuando se reclame una ley, y en igual sentido, exista la jurisprudencia.

    Adem�s, se estableci� que la suplencia de la queja deficiente no debe ser empleada para vulnerar los derechos de las partes, por lo que su aplicaci�n no puede ser r�gida e indiscriminada, sino que queda al prudente arbitrio del juzgador eliminando para tal efecto, como se vio, formalismos o tecnicismos en la exposici�n de la pretensi�n constitucional.

    Por �ltimo, la suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de amparo, qued� regulada en el art�culo 76 Bis de la ley de la materia, con motivo de la adici�n publicada el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, cuyo texto pervive actualmente.

    En tal virtud, del anterior estudio hist�rico, teleol�gico y literal de los art�culos 107 de la Constituci�n Federal y 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, se puede advertir con claridad que dicha suplencia de la queja deficiente es total, ya que se surteaun ante la ausencia de conceptos de violaci�n o agravios, como acontece en las materias penal, atinente al inculpado, o laboral, trat�ndose del trabajador, o cuando est�n involucrados los derechos de ejidatarios o comuneros, de menores e incapaces, al mismo tiempo que opera cuando se reclama una disposici�n de car�cter general declarada inconstitucional por este Alto Tribunal mediante jurisprudencia y tambi�n cuando �sta no se impugna, es decir, cuando se controvierte un acto en s�, en el que se aplic� la norma declarada inconstitucional.

    Estas ideas coinciden con la doctrina del juicio de amparo, en particular, de acuerdo con lo sostenido por el tratadista H�ctor F.Z. en su obra: El Juicio de Amparo, editorial P.�a, M�xico 1964, p�ginas 403 y 404, y por el ex Ministro A.S.R. en su obra Problemas Jur�dicos de M�xico, editorial IUS, M�xico 1953, al destacar, respectivamente, lo siguiente:

    "11. Suplencia de la queja. Una instituci�n muy importante, que ampl�a las facultades del juzgador en el amparo, protegiendo a la parte d�bil en el proceso y evitando la aplicaci�n de leyes inconstitucionales, es la llamada suplencia de la deficiencia de la queja, o con mayor precisi�n, ?suplencia de la queja deficiente?, que consiste en la correcci�n por el J. del amparo, de las omisiones, errores o deficiencias en que hubiese incurrido el promovente al formular su demanda. a) De acuerdo con lo establecido por los art�culos 107, fracci�n II, p�rrafos segundo y tercero de la Constituci�n Federal, y 76, p�rrafo segundo y tercero, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, dicha suplencia comprende cuatro aspectos: En materia penal, procede cuando ha habido en contra del agraviado una violaci�n manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa y adem�s, cuando ha sido juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso. b) En materia laboral, opera la suplencia siempre que haya existido en perjuicio de la parte obrera una violaci�n manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa. c) En materia agraria, cuando el quejoso alegue que ha habido, en contra del n�cleo de poblaci�n o del ejidatario o comunero, una violaci�n manifiesta de sus derechos agrarios sobre tierra y agua. d) En materia de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que tiene aplicaci�n cuando los actos reclamados se apoyan en las referidas leyes inconstitucionales, asume una amplitud mucho mayor que en los casos anteriores, puesto que ya no se trata de completar o perfeccionar los argumentos y datos contenidos en la demanda y en los autos, sino de corregir los defectos de t�cnica en que hubiere incurrido el quejoso, estimando la pretensi�n como si la misma se hubiere enderezado regularmente contra la ley inconstitucional, no obstante que no se combate ese ordenamiento, sino los actos apoyados en el mismo. Sin embargo, esa suplencia no deroga el principio de relatividad de las sentencias de amparo, ya que en ning�n caso la protecci�n otorgada contra leyes inconstitucionales implica la derogaci�n de la propia ley, sino s�lo su desaplicaci�n, adem�s de que, cuando opera la mencionada suplencia, el amparo se concede concretamente contra los actos combatidos por los quejosos, si se comprueba que los mismos se apoyan en leyes que la jurisprudencia de la Corte ha declarado inconstitucionales, y de esta manera, el juicio de amparo mexicano se adapta, sin perder sus caracter�sticas peculiares, a los lineamientos del Estado de derecho democr�tico, de acuerdo con los cuales, ninguna ley inconstitucional puede ni debe ser aplicada, y adem�s, dignifica la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que resulta obligatoria para todo g�nero de autoridades, inclusive administrativas, cuando declara la inconstitucionalidad de una ley."

    Para cumplir con el principio que establece el art�culo 107 constitucional fracci�n II, es posible, pues, hacer caso omiso del hecho de que no se haya combatido la ley en que se funda el acto y de que no se haya se�alado como responsable a la autoridad legisladora. Si se exigiera, para que la suplencia de la queja pudiera operar, que la demanda puntualizase como acto reclamado la ley y como responsable a la autoridad que le dio vida, la innovaci�n introducida en el citado precepto constitucional tendr�a un alcance tan pobre, tan restringido, que casi ser�a intrascendente, ya que aun sin la facultad de suplir la deficiencia de la queja es posible que la autoridad que hubiese de conocer del juicio de garant�as, tuviera que conceder el amparo solicitado si el quejoso combate la ley, cita como responsable a la autoridad que la emiti�, y demuestra que la ley ya fue jurisprudencialmente declarada inconstitucional. R.�ndome al primer caso, debo decir que la �nica deficiencia de la demanda que puede suplirse en uso de la facultad concedida al juzgador, es la consistente en la falta de cumplimiento de los requisitos expuestos por las fracciones V y VI del art�culo 116 y VI del 166, fracciones que estatuyen para el quejoso el deber de expresar los preceptos constitucionales que contengan las garant�as individuales que estima violadas, los conceptos de las violaciones, etc�tera. Es l�gico que si la facultad estriba en atribuir al texto de la demanda un contenido tal que pueda tener como resultado una resoluci�n favorable, en tener por manifestado en ella todo lo que, de haberse dicho, habr�a conducido a la obtenci�n del amparo, el juzgador podr�, una vez que se ha cerciorado de que el acto reclamado se funda en ley jurisprudencialmente inconstitucional, hacer las consideraciones pertinentes a fin de determinar cu�les son los preceptos constitucionales vulnerados y el porqu� de su violaci�n.

  2. Por otro lado, cabe destacar que la Real Academia de la Lengua Espa�ola sostiene que la palabra supremac�a significa grado supremo en cualquier l�nea, as� como preeminencia o, en su caso, superioridad jer�rquica, por lo que con base en estas acepciones, puede concluirse que la supremac�a constitucional se traduce en la cualidad que tiene la Constituci�n de ser una norma que funda y da validez a la totalidad del ordenamiento jur�dico de un pa�s determinado.

    Este principio de supremac�a constitucional se desprende, en M�xico, de los art�culos 15, 40, 41, p�rrafo primero, 128 y 133 de la Constituci�n Federal, que disponen:

    "Art�culo 15. No se autoriza la celebraci�n de tratados para la extradici�n de reos pol�ticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden com�n que hayan tenido en el pa�s donde cometieron el delito, la condici�n de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garant�as y derechos establecidos por esta Constituci�n para el hombre y el ciudadano."

    "Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."

    "Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente Constituci�n Federal y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ..."

    "Art�culo 128. Todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen."

    Art�culo 133. Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la R.�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

    De lo anterior se advierte que el principio de m�rito se prev� expresamente en el transcrito art�culo 133, pero la hegemon�a de la Constituci�n sobre los convenios y tratados internacionales se manifiesta en el diverso precepto 15 e, igualmente, los art�culos 40 y 41 establecen que la forma del Estado y la del gobierno se adecuen a los principios de la Ley Suprema, y que las Constituciones Locales no contravengan las reglas de la Constituci�n Federal y, por �ltimo, en el art�culo 128 se exige que todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su cargo, proteste guardar la Constituci�n y las leyes que de ella se deriven.

    Entonces, los art�culos reproducidos suponen que la Carta Fundamental ocupa la c�spide del orden jur�dico nacional, lo que implica que los poderes p�blicos no deben contravenirla, y por otro lado que ninguna ley debe ser contraria a ella.

    La importancia de este principio se refuerza porque con �l se expresa la soberan�a de una naci�n, organiza a los poderes del Estado y restringe la actividad de las autoridades, con tal que las libertades p�blicas no sean arbitrariamente restringidas por los depositarios del poder p�blico, trayendo consigo la existencia de la seguridad jur�dica. Al respecto, el tratadista H�ctor F.Z., en la obra: I.�n al Estudio de la Defensa de la Constituci�n en el Ordenamiento Mexicano, Cuadernos Constitucionales, M�xico Centroam�rica, editado por la Corte de Constitucionalidad de la R.�blica de Guatemala, 1996, establece:

    La supremac�a constitucional debe considerarse como el principio b�sico de todo sistema jur�dico, como lo demostr� con gran calidad el notable jurista austriaco H.K., en cuanto afirm� que existe una jerarqu�a normativa indispensable y que el fundamento de validez de todo ordenamiento jur�dico se encuentra en las disposiciones de car�cter constitucional.

    De esa forma, es innegable que el control constitucional tiende a garantizar dicha supremac�a constitucional y a evitar que todas las autoridades act�en fuera de los principios y lineamientos que alberga la Constituci�n Federal, siendo un medio de control de esa naturaleza, aunque de car�cter heter�nomo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que declara que una ley o disposici�n general es contraria al Texto Fundamental, pues una vez que se integra es obligatoria para cualquier �rgano judicial, tal como se estableci� en los dict�menes de las C�maras de Origen y Revisora de la reforma del art�culo 94 de la Constituci�n Federal, publicada el veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y siete, que dicen:

    "Dictamen de la C�mara de Senadores ... d). En el propio Art�culo 94 se propone incluir a las leyes locales en el �mbito de obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca el Poder Judicial Federal. Estas comisiones, que reiteran con profunda convicci�n su credo federalista, al estimar procedente esta innovaci�n, rechazan la creencia de que la medida pueda significar invasi�n a la autonom�a de los Estados. El principio indeclinable de la supremac�a de la Constituci�n establecido en los art�culos 41 y 133 de la misma Carta Magna, tiene como consecuencia la de que ninguna ley, sea federal, sea local, pueda contrariar a la Constituci�n ni apartarse de ella, bajo pena de nulidad, en forma de que los Jueces de cada Estado se arreglen directamente a la Constituci�n a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las Constituciones y las leyes de los Estados. Por otra parte, la jurisprudencia del Poder Judicial Federal, espec�ficamente la que establece la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a la que compete exclusivamente el control de la constitucionalidad de las leyes, es voz y expresi�n misma de la Constituci�n emanada del �rgano constituido por la propia Ley Suprema precisamente para interpretarla y hacer que sean respetados y aplicados sus principios en todo el orden jur�dico nacional como una de las condiciones indispensables para la conservaci�n del Pacto Federal y de la unidad nacional. No es dable, por ende, que el control de la constitucionalidad de las leyes, otorgado por medio de la interpretaci�n y de la jurisprudencia que establezca el Poder Judicial Federal, se desentienda de las leyes locales que, lo mismo que las federales, pueden contrariar las bases de convivencia nacional establecidas en el Pacto Federal. Nunca se ha negado al Poder Judicial Federal la facultad de examinar la constitucionalidad de una ley o de cualesquiera otros actos de los poderes p�blicos locales cuando son impugnados mediante el juicio de amparo; ni se ha dicho ni pensado que los fallos que en cada caso dicte, carezcan de obligatoriedad por contrariar autonom�as locales, si tales fallos, en relaci�n con una ley local, son reiterados hasta formar jurisprudencia, no hay raz�n para que �sta no sea tambi�n obligatoria. Por ello se estima acertada la medida que acaba de ser examinada y que queda consignada en el p�rrafo que resulta de trasladar al art�culo 94 el actual primer p�rrafo de la fracci�n XIII del art�culo 107 y, al proponer, que sea aprobada, resta solamente advertir que, adem�s de hacer algunas modificaciones de redacci�n para la mejor claridad del precepto, se incluyen los reglamentos federales y locales en la esfera de obligatoriedad de la jurisprudencia federal, ya que tambi�n ordenamientos de esa �ndole pueden apartarse de las directrices constitucionales."

    Dictamen de la C�mara de Diputados ... d) La inclusi�n, aprobada por el Senado, de las leyes locales en el �mbito de obligatoriedad de la jurisprudencia que llegue a establecer el Poder Judicial Federal debe tambi�n estimarse procedente por las siguientes razones: los art�culos 41 y 133 de la Constituci�n General de la R.�blica establecen el principio de la supremac�a de nuestra Carta Magna o, expresado en otro giro, dispone que las Constituciones Locales en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del acto federal, bajo pena de nulidad; de donde resulta que si la Suprema Corte, a quien compete en forma exclusiva el control de la constitucionalidad de las leyes, se encuentra facultada para declarar la nulidad de los actos que contrar�en la Ley Fundamental es claro que esa facultad constituye, como lo expresaba L.B. ?La voz viva de la Constituci�n, esto es, la voluntad del pueblo, de quien es expresi�n a su vez la ley fundamental que �l ha votado?, supuesto que cuando interpreta la ley m�xima puede declarar si determinado acto de autoridad es o no acorde con la misma. En este orden de ideas, si la Suprema Corte, al ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes, puede v�lidamente determinar en qu� casos las de orden local contrar�an la Ley Suprema, y ese criterio puede llegar a reiterarse hasta formar jurisprudencia, es incuestionable que ninguna raz�n existe para que ella deje de cobrar obligatoriedad, sin que valgan en contrario las objeciones que a tal sistema pudieran hacerse, pues a nadie se le ha ocurrido que cuando se impugna un acto de los poderes p�blicos locales, al trav�s del juicio de amparo, la decisi�n que llegara a pronunciarse carezca de obligatoriedad por contrariar autonom�as locales. Por otra parte, vale decir que cuando se impugna una ley o acto de autoridades locales, por medio del juicio de amparo, el an�lisis que la Suprema Corte realiza lo es siempre a la luz de la Constituci�n, esto es, determina si tales leyes o actos se ajustan o no a las normas supremas y, por tanto, ning�n motivo existe para aceptar que al llegar a formarse jurisprudencia ella no deba ser obligatoria. En estas condiciones, la medida propuesta por la iniciativa y las modificaciones que sugiere la colegisladora en cuanto a redacci�n y para incluir los reglamentos federales y locales en la esfera de obligatoriedad de la jurisprudencia federal, deben considerarse acertadas; respecto de lo primero porque le imprime mayor claridad al precepto, y por lo que hace a lo segundo, en orden a que bien puede darse el caso de que esos reglamentos, en un momento dado, se aparten de los lineamientos contenidos en la Ley Suprema del pa�s. Igualmente se considera adecuada la medida de trasladar al art�culo que se examina el actual primer p�rrafo de la fracci�n XIII del art�culo 107 constitucional, por ser su lugar adecuado.

    De las anteriores notas se desprende que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que declara que una disposici�n de observancia general es inconstitucional, reviste el car�cter de un medio de control heter�nomo de la defensa de la Constituci�n, porque no se ejercita por v�a de acci�n o excepci�n, sino que contiene matices de ambos sistemas en donde el �rgano de control act�a de forma indirecta, al dejar de aplicar la misma ley o norma declarada inconstitucional.

    La jurisprudencia que tiende a asegurar la supremac�a de la Constituci�n sirve de apoyo para suplir la queja deficiente en el juicio de amparo, seg�n se desprende del texto del art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo pero no llega al extremo de dejar de aplicar o soslayar las cuestiones de procedencia de ese juicio, sea que se entable contra la ley o contra un acto de aplicaci�n de ella, ya que al establecerse la suplencia de la queja deficiente, cuando el acto se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal, no se modific� la estructura esencial del juicio de amparo, especialmente, su procedencia, de conformidad con la enunciada exposici�n de motivos de la reforma del art�culo 107 de la Constituci�n Federal, publicada el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, que nuevamente conviene citar:

    Exposici�n de motivos. El problema m�s grave que ha surgido en el campo de la Justicia Federal, ha sido suscitado por el rezago de juicios de amparo que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El fen�meno ha adquirido tan graves proporciones que entra�a una situaci�n de verdadera denegaci�n de justicia. El Ejecutivo de mi cargo considera, por ende, que no es posible demorar m�s su soluci�n. El sistema que propongo para resolverlo parte de los siguientes supuestos: .... Segundo. Respetar, en absoluto, el campo actual de procedencia del juicio de amparo, preciada instituci�n mexicana que tan eficazmente ha servido para garantizar a los gobernados el respeto a su vida, a su libertad y a su honra y el pleno ejercicio de sus derechos individuales p�blicos frente a cualquiera posible extralimitaci�n de los gobernantes. El profundo respeto que me inspira el juicio de amparo determina que las reformas que inicio dejen intacta su actual estructura �ntima, por lo cual no se adoptan limitaciones a su esfera de procedencia. No se escapa al Ejecutivo, el hecho del abuso frecuente de nuestro juicio de garant�as; pero las medidas eficaces para contener ese abuso no pueden adoptarse, como lo demuestra la experiencia, sino a costa de imponer fundamentales restricciones que redundan en agravio de quienes ejercitan il�citamente la acci�n de amparo, pues en el mayor n�mero de casos no es posible descubrir el abuso de la acci�n sino hasta el momento en que la sentencia es pronunciada, por lo que cualquier reforma tendr�a que conducir a un peligroso sistema de desechamiento de demandas. De todas maneras, la ley ordinaria debe, a nuestro juicio, contener en�rgicas sanciones para aquellos inescrupulosos quejosos o litigantes que presenten demandas de amparo o instancias en que se oculte maliciosamente la verdad o fundadas en la relaci�n de hechos, pruebas o documentos falsos. ...

    Una de las razones para que la procedencia del juicio de amparo quedara inc�lume obedece a que la suplencia de m�rito opera respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia de la disposici�n o acto reclamado,toda vez que ser�a absurdo pretender que, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, todo juicio de amparo es procedente, sin que esto implique que la jurisprudencia deje de ser un medio para asegurar la supremac�a de la Constituci�n, porque desde su nacimiento no es medio de control aut�nomo, sino heter�nomo, al depender estrictamente del juicio constitucional de donde emana el criterio.

    En relaci�n con el tema, el autor A.S.R. en la referida obra, precis�:

    Es l�gico que el prop�sito del legislador, al establecer la posibilidad de suplir la deficiencia de que se viene hablando, fue el de hacer que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se respetara y, consecuentemente, que se concediera al quejoso el amparo por �l solicitado, por lo que es indiscutible que, puesto que las causas de improcedencia son de orden p�blico y deben analizarse previamente al estudio de la cuesti�n de fondo (as� lo ha establecido la propia Corte; tesis 536; Ap�ndice al Tomo XCVII del Semanario judicial de la Federaci�n) si se surte alguna de dichas causas de improcedencia, el juicio tendr� que ser sobrese�do y, por lo mismo, el juzgador no tendr� la oportunidad de estudiar el fondo del problema que le fue planteado ni, mucho menos, de aplicar la jurisprudencia. Es decir, si el juicio es improcedente tendr� que ser sobrese�do, sin que sea dable suplir las deficiencias de la queja, porque para suplirlas, habr�a que determinar si la ley en que se funda el acto reclamado ha sido declarada inconstitucional, lo que solamente es posible en el supuesto de que se estudie la esencia misma del acto combatido.

    En las narradas condiciones, la existencia de la prerrogativa prevista en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo no elimin� ni afect� alguno de los principios de procedencia que rigen a este juicio, sea directo o indirecto, con excepci�n del relativo al sobreseimiento por falta de expresi�n de conceptos de violaci�n, pues como se asent�, la suplencia de la queja deficiente es total en lo que se refiere al fondo de la pretensi�n del quejoso.

    Con base en lo expuesto, debe destacarse que las causas de improcedencia fundadas en el art�culo 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo relativas al consentimiento expreso y t�cito de una ley o acto en s�, no sufri� alteraci�n alguna ante la ampliaci�n de la suplencia de la queja deficiente, debido a que esas causas de improcedencia est�n fundadas en el principio de seguridad jur�dica, porque sin duda ser�a incongruente aceptar que procediera el juicio de garant�as despu�s de que el quejoso hubiese manifestado expresamente su conformidad con el acto o ley reclamada, y de igual forma, cuando deja de presentar la demanda de amparo, dentro de los plazos que prev� la ley de la materia.

    Esto significa que si el quejoso reclama una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia, pero sucede que se actualiza la referida causa de improcedencia, dicha circunstancia conducir� al sobreseimiento en el juicio de garant�as por lo que hace a la ley, pero lo anterior no significa que por los actos de aplicaci�n, si provienen de autoridades (en virtud de que el juicio de amparo s�lo procede contra actos de autoridad), no pueda concederse la protecci�n constitucional, pues el consentimiento de la norma, por no ser el primer acto concreto de aplicaci�n, es independiente de los actos propios de aplicaci�n por los cuales pueda aplicarse la prerrogativa procesal de m�rito, o sea, que la mencionada suplencia de la queja no est� sujeta a que se trate del primer o ulteriores actos de aplicaci�n de la ley, porque guarda dicha figura procesal una determinada independencia con respecto a las reglas de impugnaci�n del juicio de amparo contra leyes, es decir, no se trata propiamente de un juicio de esta naturaleza.

    En otras palabras, si la demanda es extempor�nea, l�gico es que se actualice la causa de improcedencia de m�rito, sin que en este caso pueda operar la referida suplencia de la queja deficiente, por no poderse abordar las cuestiones de fondo, respecto del reclamo de la ley -si lo hubiera- o sus actos de aplicaci�n; en cambio, si la causa de improcedencia se surte porque al reclamarse la ley, no se trata del primer acto concreto de aplicaci�n, el sobreseimiento alcanzar� �nicamente a la norma reclamada, sin perjuicio de que pueda concederse la protecci�n constitucional si el acto concreto de aplicaci�n deriva de una autoridad, porque el aludido beneficio de la suplencia de la queja deficiente no est� sujeto a que se trate de la primera aplicaci�n de la norma o una posterior, siempre que respecto de esta �ltima aplicaci�n no se actualice un diverso motivo de improcedencia.

    El solo hecho de que no se trate del primer acto de aplicaci�n no condiciona la improcedencia del juicio, sino que, en todo caso, el juzgador deber� analizar y determinar si con independencia de que se trate de ulteriores actos de aplicaci�n, se actualiza o no alguna causa de improcedencia que impida aplicar una jurisprudencia en la que se haya declarado inconstitucional la norma que le da base al acto de autoridad.

    Por �ltimo, resulta de especial importancia se�alar que para la aplicaci�n de la suplencia de la queja deficiente, es b�sico e indispensable ponderar si sus efectos restitutorios pueden concretarse en favor del quejoso, pues de acuerdo con el sistema previsto en el art�culo 80 de la Ley de Amparo, la concesi�n del amparo no tiene efectos retroactivos en la esfera de derechos del quejoso, sino s�lo presentes y futuros; por tanto, el juzgador no podr�a considerar dicha prerrogativa respecto de actos de aplicaci�n pasados y distintos al que motiv� la demanda constitucional, porque ser�a darle efectos no restitutorios, sino retroactivos a la eventual concesi�n, creando un esquema diverso al establecido en la ley de la materia, lo cual carecer�a de fundamento constitucional, as� como de base legal.

    Este principio elemental para la aplicaci�n del beneficio que prev� el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo no puede ser soslayado ni evadirse por los juzgadores federales, en la medida de que, como se mencion�, la suplencia de la queja deficiente no es ilimitada, ni pueden dejarse de aplicar principios rectores del juicio de garant�as como es el efecto de la concesi�n del amparo, que no es retroactivo sino restitutorio (presente- futuro).

    Por todo lo antes dicho, atento a las razones y fundamentos que han quedado precisados en esta ejecutoria, deben prevalecer con car�cter de jurisprudencia obligatoria las siguientes tesis:

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ART�CULO 76 BIS, FRACCI�N I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.-De los procesos legislativos que culminaron con las reformas a los art�culos 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el 19 de febrero de 1951, el 16 de enero de 1984 y el 7 de abril de 1986, as� como del texto del actual art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la ley citada, se advierte que si el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, debe suplirse la queja deficiente aunque en la demanda no se hayan reclamado dichas leyes, ni se haya se�alado como autoridades responsables a los �rganos legislativos correspondientes o denunciado alg�n vicio de constitucionalidad de la norma en que se apoya o sustenta el acto. La suplencia debe consistir en juzgar que el acto reclamado se apoya en una disposici�n inconstitucional en los t�rminos establecidos por la jurisprudencia, con todas sus consecuencias jur�dicas, para cumplir con la intenci�n del Poder Reformador de garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad.

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ART�CULO 76 BIS, FRACCI�N I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACI�N O AGRAVIOS.-La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido diferencias trat�ndose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violaci�n o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentaci�n jur�dica. Ahora bien, el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garant�as deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los art�culos 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violaci�n o agravios, como acontece en las materias penal trat�ndose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendi� atemperar los tecnicismos del juicio de garant�as, para dar relevancia a la verdad jur�dica.

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ART�CULO 76 BIS, FRACCI�N I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISI�N.-El citado precepto establece que las autoridades que conozcan del juicio de garant�as deben suplir la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, sin expresar que opere s�lo en cierto tipo de amparos, por lo que es dable interpretar que dicho beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de amparo directo y en los indirectos, en primera instancia o en revisi�n, tal como se sostuvo en la exposici�n de motivos del proceso legislativo que culmin� con la reforma del art�culo 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 19 de febrero de 1951.

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ART�CULO 76 BIS, FRACCI�N I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANT�AS.-De conformidad con el proceso legislativo que culmin� con la reforma al art�culo 94 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremac�a de la Constituci�n. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la ley de la materia, aqu�lla podr� aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garant�as, ya que la suplencia de m�rito opera s�lo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues ser�a absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo.

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ART�CULO 76 BIS, FRACCI�N I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACI�N DE LA LEY.-El art�culo 73, fracci�n XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garant�as por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicaci�n, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no los actos de aplicaci�n, en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicaci�n cuando no se est� en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicaci�n.

    Por lo expuesto y fundado se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por la Primera y la Segunda S. de este Alto Tribunal.

SEGUNDO

Deben prevalecer con car�cter de jurisprudencia los criterios sustentados por este Tribunal Pleno, conforme a las tesis que han quedado precisadas en la parte final del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

TERCERO

Rem�tanse las tesis de jurisprudencia sustentadas en esta resoluci�n a los �rganos a que se refiere el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; env�ese testimonio de la presente resoluci�n a los �rganos jurisdiccionales se�alados en el resolutivo primero y, en su oportunidad, arch�vese el toca de la contradicci�n.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de ocho votos de los se�ores Ministros A.A., L.R., D�az R., O.M., V.H.�ndez, S�nchez C., S.M. (ponente) y presidente A.G.�itr�n, que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo cuando exista jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad de una ley procede, en amparos directos e indirectos, la suplencia absoluta de la deficiencia de la queja aunque no se expresen conceptos de violaci�n o de agravio; el se�or Ministro presidente A.G.�itr�n razon� el sentido de su voto; y las se�oras Ministras Luna R.os y S�nchez C. y el se�or Ministro D�az R. estimaron que, adem�s, ser�a conveniente determinar c�mo debe operar la suplencia en cada uno de los mencionados amparos y que, en su caso, formular�n votos concurrentes; por unanimidad de ocho votos, que cuando exista jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad de una ley, procede la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo aunque, en el indirecto no se impugne esa ley, o en el directo no se haga valer su inconstitucionalidad en los conceptos de violaci�n y, por unanimidad de ocho votos, que cuando exista jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad de una ley, procede la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo aunque se trate del segundo o posteriores actos de la aplicaci�n de dicha ley. No asistieron los se�ores Ministros Jos� R.�n C.�o D�az, G.D.G.�ngora P. y Jos� de Jes�s G.�o P., por estar cumpliendo con comisiones de car�cter oficial.