Ejecutoria num. P. CXXXIV/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26829384

Ejecutoria num. P. CXXXIV/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. CXXXIV/97
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 1997
RESUMEN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 698/96. EMILIO OCEJO GUTIÉRREZ Y OTRO.ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. LOS ARTÍCULOS 957, 958, 959 Y 966 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL VEINTIUNO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, NO INFRINGEN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL.CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ.FUERO. SU PROHIBICIÓN EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL IMPLICA LA PROSCRIPCIÓN DE JURISDICCIONES O ESFERAS COMPETENCIALES DISTINTAS, EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE DETERMINADA PERSONA O CORPORACIÓN.IGUALDAD. LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL LA CONSAGRAN, EN EL ASPECTO JURISDICCIONAL, PROHIBIENDO LAS LEYES PRIVATIVAS, LOS TRIBUNALES ESPECIALES Y LOS FUEROS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO DIRECTO EN REVISI�N 698/96. E.O.G. Y OTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver el presente recurso de revisi�n atento lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracci�n V y 84, fracci�n II, de la Ley de Amparo y 10, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que se impugna una resoluci�n dictada en amparo directo por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la que se hizo un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los art�culos 42, 114, 271, 285 y 957 al 966 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

SEGUNDO

La parte considerativa de la sentencia que se revisa, en la materia constitucional, sostiene:

SEXTO. Por raz�n de orden l�gico, se analiza en primer t�rmino el segundo concepto de violaci�n que expresan los quejosos, en tanto que en �l se tachan de inconstitucionales diversos art�culos del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, cuyos numerales transitorios fueron modificados a su vez en el diverso decreto publicado en el citado �rgano informativo el veintitr�s de septiembre del propio a�o. Sin embargo, el mencionado motivo de inconformidad resulta inoperante por un lado e infundado por otro. Lo primero, porque trat�ndose de la impugnaci�n de leyes en el amparo directo, como el que nos ocupa, es necesario que se acredite que durante el procedimiento o en la sentencia misma se hayan aplicado al peticionario las disposiciones que estima contraventoras de la Constituci�n, porque de lo contrario no existir� la causaci�n de un perjuicio en su contra; y en la especie no est� probado que en la secuela procesal de donde emanan los actos reclamados se aplicaron los preceptos que los hoy promoventes tildan de inconstitucionales. En efecto, los supracitados dispositivos, en la parte conducente, materia de la reforma de que fueron objeto, establecen lo siguiente: 'Art�culo 42. En las excepciones de litispendencia, conexidad y cosa juzgada, la inspecci�n de los autos ser� tambi�n prueba bastante para su procedencia, salvo las relativas a los juicios de arrendamiento inmobiliario, en los que solamente ser�n admisibles como prueba de las mismas, las copias selladas de la demanda, de la contestaci�n de la demanda o de las c�dulas de emplazamiento del juicio primeramente promovido, trat�ndose de las dos primeras excepciones, y en el caso de la �ltima, se deber� acompa�ar como prueba, copia certificada de la sentencia y copia del auto que la declar� ejecutoriada.' 'Art�culo 114. ... VI. La sentencia que condene al arrendatario de casa habitaci�n a desocuparla ...'. 'Art�culo 271. ... Se presumir�n confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, se tendr� por contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos.' 'Art�culo 285. ... Trat�ndose de juicios de arrendamiento inmobiliario, la prueba pericial sobre cuantificaci�n de da�os, reparaciones o mejoras s�lo ser� admisible en el periodo de ejecuci�n de sentencia, en la que se haya declarado la procedencia de dicha prestaci�n. Asimismo, trat�ndose de informes que deban rendirse en dichos juicios, los mismos deber�n ser recabados por la parte interesada.' 'Art�culo 489 a 499 (Se derogan).' 'Art�culo 517. ... En el caso en que el arrendatario, en la contestaci�n a la demanda, confiese o se allane a la misma, el J. conceder� un plazo de cuatro meses para la desocupaci�n del inmueble.' 'Art�culo 525. (Se deroga).' 'Art�culo 731. Las Salas del Tribunal Superior conocer�n, en �nica instancia, de las demandas de responsabilidad civil presentadas contra los Jueces de lo Civil, de lo F., del Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursal. Contra las sentencias que aqu�llas dicten no se dar� recurso alguno.' 'T�tulo D�cimo Sexto Bis. De las Controversias en Materia de Arrendamiento Inmobiliario.' 'Art�culo 957. A las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario les ser�n aplicables las disposiciones de este t�tulo. El J. tendr� las m�s amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. A las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de car�cter civil o terceros por controversias derivadas del arrendamiento, se aplicar�n las reglas de este t�tulo, en lo conducente. Igualmente, la acci�n que intente el arrendatario para exigir al arrendador el pago de da�os y perjuicios a que se refieren los art�culos 2447 y 2448-J del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, se sujetar� a lo dispuesto en este t�tulo.' 'Art�culo 958. Para el ejercicio de cualesquiera de las acciones previstas en este t�tulo, el actor deber� exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento correspondiente, en el caso de haberse celebrado por escrito. En la demanda, contestaci�n, reconvenci�n y contestaci�n a la reconvenci�n, las partes deber�n ofrecer las pruebas que pretendan rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieran en su poder en los t�rminos de los art�culos 96 y 97 de este c�digo.' 'Art�culo 959. Una vez admitida la demanda con los documentos y copias requeridas, se correr� traslado de ella a la parte demandada, se�alando el J. en el auto de admisi�n, fecha para la celebraci�n de la audiencia de ley, que deber� fijarse entre los 25 y 35 d�as posteriores a la fecha del auto de admisi�n de la demanda. El demandado deber� dar contestaci�n y formular en su caso reconvenci�n dentro de los 5 d�as siguientes a la fecha del emplazamiento. Si hubiera reconvenci�n se correr� traslado de �sta a la parte actora para que la conteste dentro de los 5 d�as siguientes a la fecha de notificaci�n del auto que la admita. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvenci�n, o transcurridos los plazos para ello, el J. admitir� las pruebas ofrecidas conforme a derecho y rechazar� las que no lo sean, fijando la forma de preparaci�n de las mismas, a efecto de que se desahoguen a m�s tardar en la audiencia de ley.' 'Art�culo 960. Desde la admisi�n de las pruebas y hasta la celebraci�n de la audiencia se preparar� el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas de acuerdo a lo siguiente: I. La preparaci�n de las pruebas quedar� a cargo de las partes, por lo que deber�n presentar a los testigos, peritos y dem�s pruebas que les hayan sido admitidas y s�lo en caso de que demuestren la imposibilidad de preparar directamente el desahogo de algunas de las pruebas que les fueron admitidas, el J. en auxilio del oferente deber� expedir los oficios o citaciones y realizar el nombramiento de peritos, incluso perito tercero en discordia, poniendo a disposici�n de la parte oferente los oficios y citaciones respectivas, a efecto de que las partes preparen las pruebas y �stas se desahoguen a m�s tardar en la audiencia de ley; II. Si llamado un testigo, perito o solicitado un documento que hayan sido admitidos como prueba, no se desahogan �stas a m�s tardar en la audiencia, se declarar� desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente.' 'Art�culo 961. La audiencia de ley a que se refieren los art�culos anteriores se desarrollar� conforme a las siguientes reglas: I. El J. deber� estar presente durante toda la audiencia y exhortar� a las partes a concluir el litigio mediante una amigable composici�n; II. De no lograrse la amigable composici�n se pasar� al desahogo de pruebas admitidas y que se encuentren preparadas, dejando de recibir las que no se encuentren preparadas, las que se declarar�n desiertas por causa imputable al oferente, por lo que la audiencia no se suspender� ni diferir� en ning�n caso por falta de preparaci�n o desahogo de las pruebas admitidas; III. Desahogadas las pruebas, las partes alegar�n lo que a su derecho convenga y el J. dictar� de inmediato la resoluci�n correspondiente.' 'Art�culo 962. En caso de que dentro del juicio a que se refiere este t�tulo, se demande el pago de rentas atrasadas por 2 o m�s meses, la parte actora podr� solicitar al J. que la demandada acredite con los recibos de renta correspondientes o escritos de consignaci�n debidamente sellados, que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas y no haci�ndolo se embargar�n bienes de su propiedad suficientes para cubrir las rentas adeudadas.' 'Art�culo 963. Para los efectos de este t�tulo siempre se tendr� como domicilio legal del ejecutado el inmueble motivo del arrendamiento.' 'Art�culo 964. Los incidentes no suspender�n el procedimiento. Se tramitar�n en los t�rminos del art�culo 88 de este c�digo, pero la resoluci�n se pronunciar� en la audiencia del juicio conjuntamente con la sentencia definitiva.' 'Art�culo 965. Para la tramitaci�n de apelaciones respecto del juicio a que se refiere este cap�tulo, se estar� a lo siguiente: I. Las resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento y que sean apelables, una vez interpuesta la apelaci�n, el J. la admitir� si procede y reservar� su tramitaci�n para que se realice en su caso, conjuntamente con la tramitaci�n de la apelaci�n que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Si no se presentara apelaci�n por la misma parte en contra de la sentencia definitiva, se entender�n consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante dicho procedimiento; y II. En los procedimientos en materia de arrendamiento no proceder� la apelaci�n extraordinaria.' 'Art�culo 966. En los procedimientos de arrendamiento las apelaciones s�lo ser�n admitidas en el efecto devolutivo.'. De la transcripci�n anterior, as� como de las constancias que integran los autos del expediente natural, se llega a la conclusi�n de que la mayor�a de los multicitados numerales no fueron aplicados a los ahora peticionarios de garant�as, en virtud de que, por cuanto hace al art�culo 42, del escrito de contestaci�n a la demanda que obra a fojas de la veinte a la treinta de aquel expediente, no se aprecia que los reos hayan opuesto las excepciones de litispendencia, de conexidad y de cosa juzgada, cuya procedencia y tramitaci�n se prev� en el indicado dispositivo. El precepto 114, fracci�n VI, se refiere a que ser� notificada personalmente en el domicilio se�alado por los litigantes la sentencia que condene al arrendatario de casa habitaci�n a desocuparla, pero en la especie el inmueble materia de la litis se destin� para comercio, como se observa del documento base de la acci�n, por lo que evidentemente no fue ni es aplicable a los quejosos esa disposici�n. El diverso 271 del C�digo de Procedimientos Civiles reformado tampoco fue materia de aplicaci�n, habida cuenta de que en el caso los demandados s� contestaron la demanda y, por ende, no se presumieron confesados los hechos de la misma, como lo autoriza dicho numeral ante la omisi�n de producir tal contestaci�n. El contenido novedoso del art�culo 285 del c�digo adjetivo consiste en que en los juicios de arrendamiento inmobiliario la prueba pericial sobre cuantificaci�n de da�os, reparaciones o mejoras s�lo ser� admisible en el periodo de ejecuci�n de sentencia, y en que los informes que deban rendirse en tales controversias ser�n recabados por la parte interesada; empero, en la especie no se demandaron da�os ocasionados al inmueble materia de la litis ni se reconvinieron reparaciones o mejoras realizadas al mismo y tampoco las partes ofrecieron como prueba documental la relativa o informes que debieran recabar de terceros, por lo que tampoco hubo motivo para que el �rgano jurisdiccional hiciera uso de la disposici�n en comento. La adici�n de que fue objeto el precepto 517 del c�digo procesal aludido esencialmente estriba en que si el arrendatario (obviamente en controversias de esa naturaleza) confiesa o se allana a la demanda, se le conceder� un plazo de cuatro meses para desocupar la finca, hip�tesis que en la especie no se actualiz� porque los reos no confesaron totalmente los hechos en que se apoy� la demanda ni se allanaron a la misma. De igual manera, es indudable que en el procedimiento natural del que emana la sentencia reclamada no se ejecutaron las disposiciones contenidas en el numeral 731 modificado, puesto que en �ste s�lo se prev� que las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal conocer�n, en �nica instancia, de las demandas de responsabilidad civil incoadas contra los Jueces de lo Civil, de lo F., del Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursal; pero en el presente caso no se plante� cuesti�n alguna de esa naturaleza. Respecto de los art�culos 960 y 961 tachados de inconstitucionales, debe decirse que igualmente no fueron aplicados en la fase del orden com�n, pues mientras que sus disposiciones regulan medularmente la preparaci�n y desahogo de las pruebas testimonial, pericial, documental de un tercero cuyo recabamiento corresponda a la parte interesada y las dem�s que hayan sido admitidas, la carga procesal del oferente para procurar el desahogo de tales probanzas y en caso de no lograrlo, la declaraci�n de deserci�n de las mismas, as� como las formalidades que deber�n observarse en el desarrollo de la audiencia de ley; en el juicio del que deriva la resoluci�n reclamada, no se dio ninguna de esas hip�tesis porque al contestar la demanda los hoy impetrantes del amparo �nicamente ofrecieron como prueba la confesional a cargo de la actora, la cual se admiti� en el auto que provey� dicho escrito de contestaci�n, pero se dej� de recibir en la audiencia correspondiente, ante la ausencia de los oferentes para formular posiciones; la documental consistente en el contrato base de la acci�n y en el recibo 1708 por la cantidad de cinco mil ochocientos pesos, que quedaron desahogados por su propia y especial naturaleza; la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, de donde se concluye que no se aplicaron los suprarreferidos preceptos. Similar consideraci�n debe sustentarse en cuanto a los numerarios 962, 963, 964 y 965, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles invocado, toda vez que en el caso no se embargaron bienes de los demandados suficientes para garantizar las rentas adeudadas, no se tuvo como domicilio legal de dichos reos el inmueble materia del arrendamiento, no se tramitaron incidentes y, finalmente, durante la secuela procesal los ahora solicitantes del amparo no interpusieron recurso de apelaci�n alguno que originara la aplicaci�n de lo dispuesto en los art�culos y fracci�n citados en �ltimo t�rmino; en la inteligencia de que el recurso de apelaci�n que se promovi� fue en contra de la sentencia definitiva dictada por el J. primario, el cual no se fund� en las disposiciones de la indicada fracci�n I del numeral 965 de m�rito. En las relatadas circunstancias, al no haber sido aplicados en contra de los quejosos los numerales antes relacionados, es indubitable que no les irroga perjuicio alguno su sola expedici�n y, en esa medida, el concepto de violaci�n materia de an�lisis resulta inoperante. Es aplicable a lo anterior la tesis publicada en la p�gina trescientos noventa y cuatro, del Tomo XIII (abril de 1994), Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo sumario dice: 'LEYES. SU IMPUGNACI�N EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO SE DEMUESTRA SU APLICACI�N. Si en el juicio de amparo directo se alega la inconstitucionalidad de diversos preceptos ordinarios, pero no est� demostrado que esas disposiciones se hubieren aplicado durante el procedimiento del juicio o en la propia sentencia, el concepto de violaci�n respectivo es inoperante, por no causar perjuicio alguno a la quejosa los preceptos que se tildan de inconstitucionales.'. Por otra parte, el motivo de inconformidad objeto de estudio es infundado por cuanto hace a la tildaci�n de inconstitucionalidad de los reformados art�culos 957, 958, 959 y 966 del c�digo adjetivo civil local y cuya aplicaci�n s� se realiz� en el juicio del orden com�n en tanto que con base en ellos se sujet� a su observancia la controversia de arrendamiento de que se trata, esto es, las partes anexaron a sus escritos de demanda y contestaci�n los documentos fundatorios de su derecho y a la vez, en los mismos ocursos, ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, se provey� sobre su admisi�n, se se�al� la fecha y hora para la celebraci�n de la audiencia de ley y se tramit� el recurso interpuesto contra la definitiva. La parte quejosa aduce que dichos dispositivos violan la garant�a de igualdad prevista en los art�culos 1o., 13, 14, 16 y 17 de la Constituci�n Federal porque, a diferencia de otros demandados de iguales caracter�sticas que gozan de los beneficios procesales de un juicio ordinario, a los reos arrendatarios de locales comerciales se les imponen cargas procedimentales imposibles de realizar, t�rminos perentorios y limitaci�n de recursos que los deja en estado de indefensi�n e impiden una adecuada defensa, tales como la obligaci�n de ofrecer pruebas en el mismo escrito de contestaci�n a la demanda, la celebraci�n de la audiencia de ley en un plazo no mayor de veinticinco a treinta y cinco d�as a partir de la fecha del auto admisorio, y para que dentro de �l se ofrezcan y desahoguen las pruebas respectivas. Las anteriores afirmaciones carecen de consistencia jur�dica porque la garant�a de igualdad prevista en la Constituci�n Federal, concretamente en materia procesal y a la que se contrae el art�culo 13 de dicha Ley Fundamental, esencialmente consiste en que los ordenamientos de esa naturaleza que expida el legislador deben ser generales y abstractos, es decir, sus disposiciones no pueden desaparecer despu�s de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino sobrevivir a esta aplicaci�n y continuarse empleando sin consideraci�n de especie o de persona a todos los casos id�nticos al que prevengan, en tanto no sean abrogadas, pero dicha prerrogativa constitucional no impide que se emitan normas que establezcan categor�as de sujetos atendiendo a la particular situaci�n en que se encuentren, en las que adem�s a uno de esos grupos se les someta a un r�gimen jur�dico-procesal diferente para dirimir sus controversias, con independencia de que en este sistema, en relaci�n con otros procedimientos existentes, se reduzcan los plazos y t�rminos procesales y se impongan cargas probatorias a las partes, porque, por un lado, la condici�n primera es que las supraindicadas disposiciones sean generales y abstractas, seg�n se dijo y, por otro, tambi�n es requisito sine qua non que en ellas se contemplen los derechos procedimentales m�nimos de que debe gozar todo contendiente, tales como el emplazamiento, contestaci�n de la demanda, ofrecimiento y desahogo de pruebas y la promoci�n de recursos en contra de las determinaciones judiciales que estime lesivas a sus intereses, y que si bien en el caso de estos procedimientos especiales no se goza de la misma amplitud procesal que en otros sistemas vigentes, ello se debe, como se puntualiz� con antelaci�n, a la situaci�n particular en que se encuentra la categor�a o grupo de sujetos de que se trate. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 222, visible en la p�gina doscientos once, del Tomo I, Materia Constitucional, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, cuyo sumario dice: 'LEYES PRIVATIVAS. Es car�cter constante de las leyes que sean de aplicaci�n general y abstracta; es decir, que deben contener una disposici�n que nodesaparezca despu�s de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicaci�n y se aplique sin consideraci�n de especie o de persona a todos los casos id�nticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el art�culo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposici�n legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el car�cter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicaci�n de las leyes privativas protege el ya expresado art�culo 13 constitucional.'. Tambi�n es aplicable la tesis 57, publicada en la p�gina cuatrocientos veintiuno, de la Primera Parte, Tribunal Pleno, del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por su presidente, al finalizar el a�o de mil novecientos ochenta y cinco, que a la letra dice: 'LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES. No deben confundirse las leyes privativas con las leyes especiales; las primeras, no son de car�cter general, abstracto e impersonal y, por ende, resultan contrarias al art�culo 13 constitucional, mientras que las segundas, aun cuando se aplican �nicamente a una o varias categor�as de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades espec�ficas, s� tienen las referidas caracter�sticas de las leyes y, en consecuencia, no pueden reputarse contrarias al susodicho dispositivo de la Ley Fundamental.'. A mayor abundamiento, la precitada garant�a de igualdad en la materia jur�dico-procesal tambi�n se refiere, fundamentalmente, a que las partes contendientes en un procedimiento determinado, tr�tese de uno ordinario, de uno especial o cualquiera otro, tengan los mismos derechos para hacer valer lo que a sus intereses convenga; pero no a que el legislador no pueda regular en las leyes correspondientes la manera en que hayan de dirimir sus controversias diversas categor�as de sujetos atendiendo a la particular situaci�n en que se encuentren, a condici�n de que se satisfagan los requisitos m�nimos ya citados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a y en lo conducente, la tesis publicada en la p�gina ochenta y ocho, del Tomo II (noviembre de 1995), Primera Parte, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: 'INMUEBLES ARRENDADOS PARA UN FIN DIVERSO AL HABITACIONAL A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE DE 1993. NO VIOLA LA GARANT�A DE IGUALDAD EL DECRETO QUE ORDENA QUE LAS DISPOSICIONES DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL CONTENIDAS EN EL DECRETO DE 14 DE JULIO DE 1993 SE APLICAR�N A AQU�LLOS. El decreto de 11 de septiembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del d�a 23 siguiente, al establecer que las disposiciones del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contenidas en el diverso decreto de 14 de julio de 1993, publicado el d�a 21 siguiente, ser�n aplicables a partir del 19 de octubre del a�o citado entre otros casos, a los inmuebles arrendados para uso distinto del habitacional a partir de la �ltima fecha mencionada. La garant�a de igualdad consagrada por el art�culo 13 constitucional no impide al legislador establecer categor�as de sujetos atendiendo a la particular situaci�n en que se encuentren, siempre que lo haga de manera general y abstracta, sin distinci�n de especie o de persona, para aplicarse las normas relativas a todos los casos id�nticos al que previene en tanto no sean abrogadas, y los inmuebles arrendados para un fin habitacional constituyen una categor�a diversa de los arrendados para fines diversos, pues es un hecho notorio la existencia de un grave problema habitacional en el Distrito Federal cuya satisfacci�n se torna en una cuesti�n de orden p�blico; adem�s de que la habitaci�n constituye una necesidad b�sica del ser humano, de lo que se sigue que la exclusi�n contenida en el primer decreto mencionado no viola la garant�a de igualdad.'.

TERCERO

Los agravios esgrimidos por los quejosos sostienen:

"PRIMERO. La resoluci�n recurrida, en el considerando transcrito, viol� en perjuicio de la quejosa los art�culos 76, 77, 78, 79 y dem�s relativos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Esos preceptos que establecen el principio de congruencia que debe tener toda resoluci�n judicial, obliga al juzgador a hacer un pronunciamiento de todas las cuestiones planteadas en los escritos en los que se fija la litis. En el caso que nos ocupa, por tratarse de un amparo directo, la materia de la revisi�n versar� exclusivamente acerca de si el Tribunal Colegiado estudi� y resolvi� el concepto de violaci�n segundo, contenido de las p�ginas 23 a la 26 de la demanda de garant�as, en las cuales alegamos y solicitamos que se declarara inconstitucional el art�culo 961 reformado del C�digo de ProcedimientosCiviles del Distrito Federal, junto con las dem�s disposiciones contenidas en los decretos de 14 de julio de 1993, publicadas en el Diario Oficial del mi�rcoles 21 del propio mes y el decreto de 11 de septiembre de 1993, publicado en el mismo medio informativo de 23 de septiembre del propio a�o, que contienen reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del C�digo Civil para el D.F., del C�digo de Procedimientos Civiles para la misma entidad federativa y a la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, especialmente los art�culos 42, 114, 285, 517, 731, 957 al 966 del referido c�digo procesal, debido a que por el principio de congruencia citado, ten�a la obligaci�n de estudiar y resolver lo planteado, en su totalidad, en tal concepto. En efecto, existe incongruencia en lo resuelto y transcrito por el H. Tribunal Colegiado del conocimiento, porque del an�lisis que hace de los preceptos legales reformados en el sentido de que no nos fueron aplicados y, por lo tanto, carec�amos de derecho o inter�s jur�dico para alegar su inconstitucionalidad, bastar�a recordar que dicho tribunal estudia el asunto como si se tratara de un juicio de terminaci�n de contrato de arrendamiento o de rescisi�n del mismo, en el que se solicita la desocupaci�n y entrega de la localidad arrendada y el pago de las rentas que se adeudan, cuando el caso a estudio es el de reclamarle al exinquilino y a su fiador el pago de supuestas rentas que se le adeudaban. Por tanto, es obvio que no pod�an aplicarse las reglas de la litispendencia, ni de la conexidad, ni de las pruebas periciales en arrendamiento, ni de los recursos que no se interpusieron, porque el origen del agravio lo es la aplicaci�n de un procedimiento judicial especial lesivo a los intereses y derechos de defensa de los demandados. Esto es, no es cierto, como afirma el colegiado, que para que tuvi�ramos la capacidad derivada del inter�s de obrar en el juicio de garant�as debiera haberse aplicado art�culo por art�culo de la reforma tildada de inconstitucionalidad, ya que estamos en presencia de un procedimiento judicial integral y diferente a los dem�s. En efecto, conforme se aprecia de las constancias de primera instancia, el J. natural, desde la radicaci�n del juicio, se bas� en las reformas tildadas de inconstitucionalidad fundando el auto admisorio en ellas y, por ende, sujetando a las partes a todo ese procedimiento reformado, puesto que al radicar la demanda ignora cu�l va a ser la defensa y los medios procesales que emplean las partes, por lo que los obliga a litigar conforme a las bases del procedimiento a que se refiere el auto admisorio. As�, por ejemplo, si el J. natural hubiera admitido la demanda en la v�a ordinaria civil, todo el procedimiento tendr�a que basarse en las reglas de este tipo de juicio. Pero en el caso que nos ocupa, al haber sujetado el procedimiento a tales reglas, significa que toda la secuela procesal posterior a la admisi�n de la demanda y hasta su ejecuci�n de sentencia, en caso que proceda, deber� someterse a las reglas reformadas. En consecuencia, tuvimos raz�n en impugnar de inconstitucionales todas las reformas porque lo son, como se demostrar� m�s adelante, independientemente de que si nos hubieran aplicado o no cada uno de los art�culos que configuran este sistema procesal especial como el propio colegiado lo reconoce. Independientemente de lo anterior y sin su perjuicio, no podemos compartir la idea discriminatoria vertida en la resoluci�n que se combate, en el sentido de que el legislador tiene facultades para establecer reglas de procedimiento por grupos, porque esto ocasionar�a una desigualdad. En efecto, para nadie es un secreto que el origen de las reformas que se combaten fue el hecho, entre otros, del abuso de muchos demandados en materia inquilinaria de recursos procesales (ocasionados por la imposibilidad de cambiarse de local; en agravio posterior ahondar� al respecto), y para contrarrestar tal abuso, en vez de regular el procedimiento adecuadamente, se cre� un sistema procesal que ahora permite el abuso de los arrendadores en trat�ndose de locales comerciales, puesto que no tienen un adecuado sistema de defensa los ahora demandados. Pongamos por ejemplo que con el criterio esbozado por el Tribunal Colegiado se reformaran las leyes de comercio y que se hiciera un estatuto procesal especial para los deudores de la banca y no se les permitiera mayor defensa, m�s que la de contestar la demanda, ofrecer pruebas y desahogarlas en t�rminos no realizables y alg�n recurso (sic), como insin�a el Tribunal Colegiado. Pensamos que no es la idea de la Constituci�n establecer procedimientos especiales para cada grupo determinado de ciudadanos, sino un sistema de justicia en el que todos los grupos tengan acceso a la justicia. Por tanto, resulta incuestionable la procedencia del agravio. Por lo dem�s, el tribunal sostiene la constitucionalidad de las reformas, en resumen: porque el tribunal primero se limita, en forma general, a declarar infundado tal concepto analizando las argumentaciones que se vertieron en contra de los art�culos tildados de inconstitucionales, para concluir ilegalmente que las reformas mencionadas no resultan inconstitucionales porque en ellas s� se da un trato de igualdad a las partes, pues se confieren derechos procesales id�nticos, a fin de que ambos contendientes puedan acudir en los tiempos y momentos procesales oportunos, a ejercitar sus derechos de acci�n, excepciones, defensas, reconvenci�n, ofrecimiento, preparaci�n y desahogo de pruebas, a fin de que tanto una como la otra acrediten sus pretensiones; y la t�cnica procesal de la forma de ofrecimiento, preparaci�n y desahogo de pruebas, �nicamente obedece a la estructura del juicio a fin de establecer un orden en el tiempo para que acudan testigos, peritos, se giren oficios y en general se realicen los actos tendientes al cumplimiento de las cargas de prueba, se�al�ndose en dichas reformas los t�rminos pertinentes para ello, por lo cual, habi�ndose respetado en el caso dichas reglas procesales, no existe estado de indefensi�n de la quejosa, porque a ella se le concedieron todas las facultades y t�rminos que en su favor le dieron los art�culos reformados para el ofrecimiento y desahogo de sus medios de convicci�n y en igualdad de condici�n estuvo su contrario, por lo que no existe parcialidad en la ley al efecto, y, por ende, desigualdad entre los intervinientes de la contienda. Es obvio que de la simple lectura del concepto de violaci�n segundo, con la parte del considerando cuarto que supuestamente lo analiza, existe una gran incongruencia, puesto que se tergivers� el sentido del concepto de violaci�n en relaci�n con lo que alegamos como base de la inconstitucionalidad de las mencionadas reformas, porque se analiz� el trato desigual a los iguales, refiri�ndonos a los demandados inquilinos de locales comerciales en relaci�n con otros demandados, como lo era el caso del comprador en abonos con reserva de dominio, de un local comercial, que el art�culo 2315 del C�digo Civil le da el trato de arrendatario y, en caso de juicio, �ste tendr�a mayor derecho y posibilidades de defensa por tramitarse un juicio ordinario para hacerlo cumplir sus obligaciones o rescindirle el contrato y en cambio, el arrendatario del local comercial los ve constre�idos por las reformas aludidas. A mayor abundamiento, en la parte final del concepto de violaci�n dijimos que todo lo expuesto era de relevancia, porque la Constituci�n obligaba a que a todos los habitantes de la Rep�blica Mexicana se les tratara igual, y resulta que en materia de procedimientos civiles, las distinciones en el trato para efectos de defensa, se distinguen o por capacidad econ�mica o por tipo de arrendamiento, impidiendo que tengan iguales medios de defensa que los dem�s demandados. Como se aprecia de lo anterior, nunca alegamos que hubiera desigualdad en los derechos de defensa entre actor y demandado en un juicio de arrendamiento de local comercial, con otro tipo de demandados, habi�ndonos referido a diversos ejemplos y comparaciones entre las reformas procesales y las reglas generales del propio c�digo procesal, para demostrar nuestra aseveraci�n. Por tanto, la incongruencia del Tribunal Colegiado al resolver una cuesti�n no planteada determina la procedencia del presente agravio para el efecto de que se determine que efectivamente, y como se plante� en el concepto de violaci�n correspondiente, los derechos de defensa procesal de un demandado de arrendamiento de local comercial, son menores que los demandados de cualquier otro tipo de juicio y, por lo tanto, las reformas objetadas como inconstitucionales deben ser calificadas en ese sentido. Independientemente de lo anterior y sin su perjuicio, tampoco es cierto que las reformas aludidas contengan los mismos derechos y obligaciones procesales para actor y demandado en trat�ndose de juicios de arrendamiento de local comercial a que se refiere la demanda de amparo, puesto que el actor siempre tendr� ventaja, como lo paso a demostrar. A. El actor no cuenta con un t�rmino perentorio de cinco d�as para formular y presentar su demanda, como lo tiene el demandado para contestarla, lo que le permite prepararla adecuadamente y en caso excepcional de necesitar pruebas en poder de archivos o terceros, dispone del tiempo que desee para obtenerlas y acompa�arlas con su demanda. B. Cuando el actor es el arrendador, las pruebas fundamentales son preconstituidas, como lo son el contrato de arrendamiento y en algunos casos medios preparatorios o jurisdicci�n voluntaria en la que conste que ha notificado fehacientemente al inquilino su voluntad de dar por terminado el contrato. En cambio, el demandado inquilino, cuando alega cumplimiento u otras circunstancias que tengan por objeto destruir la acci�n, en muchas ocasiones requiere medios de prueba que se encuentran en archivos o en manos de terceros o necesitan probarlo con testigos de calidad que en muchos casos no pueden presentar personalmente. En estos �ltimos eventos, el demandado inquilino, por el sentido de las disposiciones combatidas como inconstitucionales y lo perentorio de sus plazos y requisitos para la admisi�n y desahogo de las pruebas (de esto nos ocuparemos en agravio posterior), no puede aportar las pruebas correspondientes aunque sea justa su excepci�n. Bastar�an esos dos ejemplos para demostrar que no es cierto que el actor y el demandado en este tipo de juicios tengan las mismas prerrogativas procesales. Sin embargo, en los dem�s procedimientos, tanto ordinarios como oficiales, del propio C�digo de Procedimientos Civiles, existen t�rminos prudentes para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, ampliaci�n de t�rminos probatorios, tiempos suficientes para obtener de terceros o de archivos constancias o contestaciones que permitan su defensa. Por todo ello, debe concluirse que en la reforma procesal mencionada no se da trato igual a los iguales, refiri�ndonos desde luego a los demandados en otros juicios y no como se refiri� el tribunal a quo en relaci�n a la parte actora, que inclusive tiene ventajas como ha quedado demostrado. SEGUNDO. Violaci�n a los art�culos 1o., 14 y 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El considerando transcrito es violatorio de los preceptos constitucionales citados, porque la reforma procesal en materia de arrendamiento a que he hecho referencia, resulta inconstitucional, entre otras circunstancias, por violaci�n a los referidos preceptos de nuestra Carta Magna. As� es, el primero de los preceptos mencionados establece la igualdad entre todos los habitantes de la Rep�blica Mexicana y el segundo el principio de legalidad consistente en que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por lo que hace a la igualdad que todos los habitantes de este pa�s deben gozar, debe entenderse, para el caso en estudio, que es aplicable en el sentido de que todas las personas que sean sujetas a juicio, en materia civil, por ser la materia del agravio, deben tener iguales oportunidades de defensa y por lo que hace al segundo, que los procedimientos establecidos por la ley, llamados formalidades esenciales del procedimiento, deban reunir caracter�sticas tales que permitan la adecuada defensa de los derechos. Lo anterior significa que no basta que el legislador establezca juicios especiales para cumplir con el requisito de legalidad y de igualdad apuntados, sino que es necesario que estos procedimientos re�nan las caracter�sticas m�nimas de adecuada defensa. No es ocioso se�alar que todo procedimiento judicial debe tener las etapas y los t�rminos necesarios para que las partes en contienda puedan preparar y acreditar adecuadamente sus defensas. En materia procesal civil, el c�digo del Distrito Federal siempre ha tenido disposiciones que han permitido la adecuada defensa de los intereses de las partes. As� es, en �l se contemplan los juicios ordinarios, especiales, ejecutivos y las llamadas recientemente controversias, tanto en materia familiar como en materia de arrendamiento. En todos esos procedimientos, hasta antes de la reforma que se�alamos como inconstitucional, exist�an las fases procesales pertinentes y adecuadas, con los t�rminos correspondientes que permit�an la adecuada defensa de los intereses en conflicto. As�, en todos ellos existe como regla general despu�s de la fijaci�n de la litis un periodo de ofrecimiento de pruebas y otro de desahogo, a excepci�n hecha de aquellos procedimientos en los cuales no procede la contrademanda. Tambi�n regula la forma de preparar y desahogar las pruebas, la forma de recepci�n de las mismas y los requisitos para la ampliaci�n de los plazos probatorios. Estructura la manera de recibir las pruebas y las causas y motivos de los diferimientos de las audiencias. Contiene los medios de defensa que permiten combatir arbitrariedades judiciales y, en fin, todas aquellas reglamentaciones tendientes a que las partes, adem�s de las reglas generales de firmeza del procedimiento y econom�a procesal, tengan los medios de defensa adecuados. En el caso que nos ocupa, por todos es sabido que la fuente real de modificaci�n del C�digo de Procedimientos Civiles en materia de arrendamiento, lo fue el grave conflicto social existente por la escasez de vivienda y locales comerciales, achacado, en principio, a supuestos abusos de los inquilinos en la defensa de sus derechos, trat�ndose de resolver el problema y limitando los medios de defensa de los inquilinos. Es obvio que la raz�n de la escasez de viviendas no proviene de la circunstancia apuntada, sino de un sistema que convirti� en v�ctimas a arrendadores y arrendatarios, porque el negocio de los inmuebles parainquilinato, dej� de serlo porque las inversiones dejaron de ser recuperables y rentables, por la cantidad de impuestos y grav�menes, no s�lo en la construcci�n, sino en relaci�n con las utilidades (tr�mites engorrosos y costosos para la obtenci�n de licencias de construcci�n, cambio de uso del suelo, pagos de impuesto predial, impuesto sobre la renta e IVA, inspectores, salubridad, bomberos, cr�ditos para la construcci�n elevados y un sinf�n de problemas y gastos adicionales), por lo que ante la negativa de las personas para invertir en inmuebles de renta se provoc� una demanda superior a la oferta que encareci� de tal manera las rentas, que los inquilinos, ante la imposibilidad de conseguir una vivienda o local comercial para cambiarse o por no poder pagar las rentas que se exig�an, en los juicios en los que eran parte, procuraban mantenerse el mayor tiempo posible. Ante esta problem�tica, en vez de atacar el mal de ra�z, concediendo facilidades administrativas, crediticias y fiscales a los inversionistas en inmuebles, se opt� por tratar de evitar el problema, limitando todos los derechos de defensa de los inquilinos, que tambi�n eran receptores de la circunstancia social de escasez de locales para arrendamiento. Es obvio que la soluci�n adoptada no ha dado los resultados deseados, puesto que a pesar de la citada reforma procesal, el d�ficit de vivienda y de locales comerciales de arrendamiento se acrecent�. En otras palabras, no es permisible, de acuerdo a nuestro marco constitucional, que con el pretexto de corregir un problema social, a una de las partes afectadas se le reduzca su derecho de defensa. Es como si para combatir la impunidad en nuestro pa�s se derogara el juicio de amparo, con el argumento de que recurren a �l personas sin derecho a invocarlo. O que para arreglar los problemas de cr�dito de la banca, se impidiera a los demandados o ejecutados en juicios mercantiles, el defenderse adecuadamente. En el mismo sentido, es necesario precisar que no se puede generalizar en las actuaciones procesales, ya que ni todos los actores tienen la raz�n, ni todos los demandados son incumplidores, sino que es menester resolver caso por caso, y de acuerdo a las actuaciones de cada uno, tomar las determinaciones procesales respecto a la admisi�n o no de pruebas, sanci�n o no por conductas incorrectas, desechamiento o no de recursos y, en fin, el ejercicio de la potestad que tiene el juzgador para evitar el abuso inconveniente de los medios de defensa, pero no establecer, como pasa en este caso, un procedimiento en el que el demandado, como se demostrar�, carece de la oportunidad real de presentar una adecuada defensa de sus intereses. La raz�n de ser de los tribunales radica precisamente en la existencia de reglas adecuadas y pertinentes para que los contendientes que acuden a ellos puedan demostrar sus razones, y el impedir lo anterior, atentar�a no s�lo contra el ideal de justicia, sino en contra de la existencia misma de los Jueces. Por todo ello, debemos llegar a la necesaria conclusi�n de que la idea de las reglas esenciales del procedimiento establecidas por el art�culo 14 constitucional, obligan al legislador a elaborar leyes procesales que contengan este m�nimo de principios. En relaci�n con lo anterior, es pertinente transcribir el elevado concepto que E.R. en su obra El Juicio Constitucional, Or�genes, T.�a y E.�n, editado por la librer�a de la Viuda de Ch. B., edici�n de 1919, menciona en su p�gina 235, a colaci�n por la aprobaci�n del art�culo 14 constitucional y su modificaci�n a partir de la Constituci�n de 1857, que es antecedente de la actual: 'La Constituci�n, cuando habla de leyes como normas, no puede referirse a cualquier acto legislativo, sino a los que por su origen y por sus prescripciones est�n dentro de ella y conforme a ella son v�lidos. Una ley inconstitucional no puede ser ley en el lenguaje de la Constituci�n, salvo que admitamos que ella se desestima y se nulifica en sus propias palabras. W., despu�s de su famosa definici�n de law of the land, tiene cuidado de a�adir: �No todo lo que se aprueba en forma de ley puede ser considerado ley de la tierra�, y despu�s de presentar una serie de ejemplos de leyes inicuas e inconstitucionales, agrega: �Tan extra�a interpretaci�n (la contraria a las palabras citadas) har�a ociosos y nulos los preceptos constitucionales de m�s alta importancia; tender�a a hacer la uni�n de todos los Poderes en el Legislativo; no habr�a una ley general y permanente para norma de los Jueces ni para la protecci�n de la vida de los hombres.�. Las teor�as y la jurisprudencia de los Estados fueron en este sentido inconmovibles desde la resoluci�n de M. en el caso cl�sico M.v.M.; la ley que infringe la Constituci�n es nula, no es ley, no produce ning�n efecto legal, no ha existido nunca. El precepto mexicano dice, en tal caso, que en proceso y sentencia la autoridad s�lo puede aplicar leyes anteriores al hecho de que se trata y estrictamente constitucionales. La aplicaci�n de una ley inconstitucional hace viciosos el procedimiento y la sentencia y reclamables por v�a de amparo por infracci�n del Art�culo 14.'. Objetivo de los siguientes argumentos ser� el de demostrar que la reforma procesal materia del agravio s� es inconstitucional, puesto que limita el derecho de defensa del demandado en relaci�n y en desigualdad con los dem�s demandados en otro tipo de juicios. Aclaro que en teor�a y de acuerdo con el c�digo procesal civil, todo juicio debe iniciarse por el que tenga inter�s en que una autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y pueda intervenir en �l quien tenga el inter�s contrario. Por ello, todos los demandados deben ser tratados en forma igual ante la ley, no s�lo en relaci�n con su contrario, sino con otro tipo de demandados, porque la defensa de sus intereses debe quedar garantizada con un procedimiento que se los permita. La resoluci�n recurrida, en forma incongruente, no comenta que alegamos (sic), en primer t�rmino, que las reformas de m�rito le dan trato desigual a los iguales e impone a los demandados inquilinos de locales comerciales cargas procesales imposibles de realizar, t�rminos perentorios que les impiden su adecuada defensa, limitaci�n de recursos para evitar las arbitrariedades judiciales y otras circunstancias que los dejan en indefensi�n y les impide una defensa justa y adecuada a sus intereses y en comparaci�n a otros demandados de iguales caracter�sticas no les otorgan las garant�as procesales a que �stos tienen derecho y que as�, el art�culo 2315 del C�digo Civil para el D.F., considera al comprador con reserva de dominio, como arrendatario del inmueble materia de la compraventa, mientras no pase a su propiedad, de modo que si �ste no paga el precio tendr� derecho el vendedor a demandarle la rescisi�n del contrato, pero en un juicio ordinario civil, en donde tendr� nueve d�as para contestar la demanda, contra cinco; posibilidades de ofrecer pruebas, contra la obligaci�n de ofrecerlas al contestar la demanda, sin que el colegiado a quo hubiera resuelto este problema planteado de desigualdad entre demandados de caracter�sticas similares, en donde el demandado en juicio ordinario civil, equiparado por la propia ley a un inquilino, tendr�a mejores posibilidades de defensa que un demandado inquilino de local comercial en el procedimiento combatido como inconstitucional; precisamente por esta desigualdad entre iguales, es violatoria del art�culo 1o., de nuestra Carta Magna. Es obvio que esta falta de resoluci�n en ese aspecto convierte a la resoluci�n recurrida en incongruente y obliga al m�s alto tribunal de la Rep�blica a reparar la misma, haciendo el pronunciamiento correspondiente en el sentido solicitado en la demanda de garant�as, puesto que es incuestionable que la reforma trata desigual a los iguales. A continuaci�n acreditaremos que el an�lisis realizado por el a quo no demuestra la constitucionalidad de los preceptos del C�digo de Procedimientos Civiles objetados en la demanda de garant�as y que efectivamente los mismos son inconstitucionales porque no permiten la adecuada defensa de los intereses del demandado, partiendo de la base de que es imposible conforme a nuestra ley y a los principios generales del derecho, prejuzgar sobre la situaci�n real de cada caso, partiendo de la generalidad de que todos los demandados de locales comerciales en materia de inquilinato, carecen de raz�n, sino que las defensas preceptuadas por cualquier ley procesal deben permitir la posibilidad de que efectivamente se puedan probar las defensas y excepciones planteadas, para estar dentro de los presupuestos del art�culo 14 constitucional. En ese orden de ideas, dentro del C�digo de Procedimientos Civiles y contra lo que expresa la a quo, el art�culo 959 combatido, que establece que el demandado deber� dar contestaci�n y, en su caso, formular reconvenci�n dentro de los cinco d�as siguientes a la fecha del emplazamiento, y que la fecha de la audiencia deber� fijarse entre los veinticinco y treinta y cinco d�as posteriores a la fecha del auto de admisi�n de la demanda, y en relaci�n al 960, que obliga a las partes a preparar las mismas, impide la adecuada defensa, porque: A. De acuerdo con la Ley Org�nica de los Tribunales del Fuero Com�n, aplicable al momento de inicio del juicio natural, el emplazamiento deber� hacerse por conducto de la Oficina Central de N.icadores y Ejecutores, por lo que para turn�rselo, es necesario esperar que el auto admisorio de la demanda que fija la fecha de audiencia, se turne por medio de oficio o relaci�n, una vez que haya sido publicado el acuerdo correspondiente y que surta sus efectos, por lo que en el mejor de los casos, este turno se har� despu�s del tercer d�a de la fecha en que se se�ale la audiencia. Una vez que llega a dicha oficina, se tarda por lo menos cuarenta y ocho horas el turno para que un actuario efect�e el emplazamiento, quien por lo menos tarda de dos a tres d�as en efectuar la notificaci�ny descargar el expediente (sin contar los casos en que no se pueda emplazar o que tarde m�s tiempo el emplazamiento). Por ello transcurrir�a entre siete y diez d�as en hacerse el emplazamiento si �ste fuere r�pido, a partir de la fecha en que se se�al� d�a para la audiencia. B. El demandado cuenta con cinco d�as para contestar la demanda y contrademandar y ofrecer pruebas, que empezar�n a contarse al d�a siguiente del emplazamiento, por lo que habr�n transcurrido por lo menos de trece a diecis�is d�as del se�alamiento de la audiencia. C. Si promueve contrademanda, el actor contar� con cinco d�as para contestarla, que empezar�n a correr al d�a siguiente que le surta efectos la notificaci�n por B.�n Judicial, por lo que si tomamos en consideraci�n que el tribunal actuara en estricto apego a la ley acordar�a la contestaci�n a la demanda al d�a siguiente del d�a que la recibi� y la publicar�a al siguiente de su acuerdo, por lo que entre que se resuelva la admisi�n de la contrademanda y la fecha de surtimiento de la notificaci�n al actor, transcurrieron cuatro d�as m�s, por lo que habr�an transcurrido de diecisiete a veinte d�as del de la fijaci�n de la fecha de audiencia, que m�s cinco d�as para contestar la contrademanda, habr�an transcurrido de veintid�s a veinticinco d�as de tal fecha. C (sic). Del d�a en que se recibe la contestaci�n a la contrademanda a que surta efectos la notificaci�n del auto que tenga por contestada la misma y suponiendo que en ese auto se admitan las pruebas a las partes, transcurrir�an cuatro d�as m�s, es decir, de veintis�is a veintinueve d�as. Quiere decir lo anterior que, de acuerdo con esa reforma, los demandados tendr�an si la fecha de audiencia se program� a treinta y cinco d�as, en un procedimiento ideal, aproximadamente seis d�as para preparar sus pruebas, hablar con peritos, que �stos rindieran dictamen, citar testigos, citar a la parte contraria a absolver posiciones y en caso de oficios para informes, hasta obtener la respuesta de las autoridades, so pena de que se le aplique la fracci�n II del art�culo 960 de la citada reforma que establece que si llamado un testigo, perito, o solicitado un documento que hayan sido admitidos como pruebas, no se desahogan �stas a m�s tardar en la audiencia, se declarar� desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente. Es menester recordar que en materia de arrendamiento las pruebas del actor arrendador, como manifestamos en este escrito, son preconstituidas y que adem�s tienen tiempo necesario para preparar su demanda, y que las pruebas del demandado inquilino o fiador no podr�n prepararse y resolverse en un periodo tan perentorio. Para demostrar el trato desigual a los demandados, no referir�amos a que el C�digo de Procedimientos Civiles, en su parte general, permite el diferimiento de la audiencia cuando las pruebas no se encuentren preparadas (art�culo 388); el propio c�digo, en las controversias de car�cter familiar, dispone que podr� diferirse la audiencia por aquellas pruebas no preparadas, de acuerdo a la interpretaci�n de los art�culos 943, 944 y 945, haciendo notar que el primero de los preceptos se�alados establece que si una de las partes no va asesorada por licenciado en derecho, podr� darse un plazo de tres d�as para se�alar un defensor de oficio y pueda asistir a la audiencia. En materia mercantil, aunque exista un plazo perentorio para ofrecer y desahogar pruebas, de 40 y 19 d�as, respectivamente, seg�n se trate de juicio ordinario o ejecutivo, el propio C�digo de Comercio le da facultades al juzgador para permitir que las pruebas no preparadas se reciban despu�s de publicaci�n de probanzas (1386 del C�digo de Comercio) y permitiendo adem�s, la pr�rroga del plazo probatorio (art�culo 1383). El propio C�digo de Procedimientos Civiles, en su art�culo 300, permite la ampliaci�n de los t�rminos probatorios cuando existen pruebas for�neas; sin embargo, en el decreto combatido, el art�culo 960 impide la pr�rroga de cualquier plazo. Lo anterior se confirma con la fracci�n I del art�culo 960 en la que dicen que la preparaci�n de las pruebas quedar� a cargo de las partes, por lo que deber�n presentar a los testigos, peritos y dem�s pruebas que les hayan sido admitidas y s�lo en caso de que demuestren la imposibilidad de preparar directamente el desahogo de algunas de las pruebas que les fueron admitidas, el J., en auxilio del oferente deber� expedir los oficios o citaciones y realizar el nombramiento de peritos, incluso perito tercero en discordia, poniendo a disposici�n de la parte oferente los oficios y citaciones respectivas, a efecto de que las partes preparen las pruebas y �stas se desahoguen a m�s tardar en la audiencia de ley. Es decir, no existe posibilidad de diferimiento de la audiencia. Adem�s de lo anterior, la parte mencionada de la fracci�n I del art�culo 960 procesal en an�lisis, resulta absurda y antijur�dica, porque atenta contra nuestro sistema procesal integral y son de imposible realizaci�n las cargas procesales que se imponen al oferente de la prueba (que en materia de arrendamiento, por las razones apuntadas, en la gran mayor�a de los casos lo es el demandado inquilino), como lo paso a demostrar. a. En la primera parte se obliga a que se deber� presentar a los testigos, peritos y dem�s pruebas que le hayan sido admitidas, es decir, de acuerdo a esa redacci�n habr�a, por ejemplo, la obligaci�n de presentar a declarar al actor, en forma personal, si en esa forma se ofreci� su confesional, lo que ser�a imposible para cualquier demandado. b. Si las pruebas se reciben en la audiencia y se ofreci� y admiti� una prueba pericial, c�mo es posible que el J. haga nombramiento del tercero en discordia, que tendr�a que hacerse hasta que se conociere el resultado del dictamen de los peritos de ambas partes, por lo que ser�a imposible que antes de la audiencia se designara perito tercero en discordia y perdonando el lenguaje, m�s imposible que en la mera audiencia el perito tercero en discordia resolviera, por lo que al no haber posibilidad del diferimiento de la audiencia, o esa prueba no se podr� desahogar o se desahogar�a parcialmente, lo que impedir�a su desahogo colegiado. c. Dentro del t�rmino de unos cuantos d�as, c�mo puede una parte, despu�s de que alguien, por ejemplo, un testigo de calidad sobre el que el oferente no pueda llevarlo a la audiencia, pedirle al J. que lo cite por conducto del mismo oferente, cuando �ste no tiene fe p�blica para acreditar que est� efectivamente citado y al no comparecer, en vez de sancionar al testigo rebelde, se sancione al oferente no desahog�ndole su prueba. d. En trat�ndose de oficios, por ejemplo a autoridades, para que rindan informe al J., seg�n la redacci�n del precepto aludido, tendr�a primero que intentar el oferente, por medio de una petici�n particular, que se contestara a la solicitud del mismo y si se negare el funcionario correspondiente, acudir al J. para que acuerde (por lo menos tres d�as entre la petici�n y la publicaci�n del acuerdo correspondiente) y ponga a disposici�n el oficio, llevarlo al funcionario y adem�s obligarlo a que conteste antes de la audiencia o al momento mismo de la audiencia, cuando lo jur�dico ser�a que el J. previniera a ese funcionario para que rindiera el informe y en caso de que no lo hiciera, se le aplicara medida de apremio, hasta que lo contestara, difiriendo, hasta ese evento, la audiencia. (A los se�ores Ministros cito, como ejemplo, el art�culo 152 de la Ley de Amparo, que en los casos de juicio de garant�as biinstancial y para no dejar en indefensi�n al quejoso o al tercero perjudicado, obliga a las autoridades a expedir las copias o documentos que se le soliciten, con diferimiento de la audiencia constitucional hasta que se satisfaga el evento). Lo anterior significa que la reforma procesal combatida en vez de sancionar a los terceros que no cooperan con una justicia r�pida, sancionan a la v�ctima de la rebeld�a, que lo es el oferente de la prueba y que no tiene los medios para obligar, ya no digamos a una autoridad, sino a ning�n particular, para que rinda informes, entregue objetos o expida documentos. Como se aprecia de lo anterior, resulta incuestionable que ninguna persona dentro del t�rmino que establece la ley puede preparar adecuadamente sus pruebas y que aun con plazo m�s amplio, tampoco lo podr�an hacer, puesto que las cargas que se imponen no dependen de la mera voluntad del oferente sino, por ejemplo, de la voluntad de terceros, contra los cuales la ley y el J. s� tienen elementos para compelirlos a que cumplan con la obligaci�n procesal que establecen los art�culos 278, 287 y 288 del C�digo de Procedimientos Civiles, que parece ignorar la citada reforma. Es decir, contra lo que opina la a quo, la supuesta interpretaci�n que pretende hacer de los art�culos 960 y 957 de la reforma, en el sentido que la igualdad entre las partes en ese tipo de juicios es manifiesta, no concuerda ni con la redacci�n del precepto, ni con la fuente real de la reforma, ni con la realidad de nuestros tribunales. Igualmente sostiene el tribunal recurrido que los inquilinos de locales comerciales se encontraban en el supuesto de la aplicaci�n de la reforma, dando a entender, me imagino, que por el hecho de que un inquilino de local comercial firme el contrato, no tendr�a m�s remedio que acatar, sin discusi�n, el procedimiento establecido por el c�digo procesal correspondiente, olvid�ndose que dicho procedimiento no se le hace saber de antemano al inquilino. Es decir, que no tendr�a derecho mi representado a impugnar la constitucionalidad de la ley procesal por el mero hecho de la suscripci�n del contrato, argumento este que atenta, en principio, con el fundamento de origen del propio tribunal, que es la Ley de Amparo que permite, para fortuna de nuestro pa�s, el de impugnar, precisamente, la constitucionalidad de una ley que se aleje del ideario del PoderConstituyente. En relaci�n con el pretendido an�lisis del art�culo 958 que se hace en tal resoluci�n, resulta inaplicable en la materia que se alega en la demanda de garant�as, puesto que qued� demostrado en p�rrafos anteriores, que precisamente por los tiempos establecidos por la propia ley, cuando hay contrademanda, impide la adecuada preparaci�n de las pruebas porque �stas se admiten hasta una vez que se cierra la litis de la demanda principal y su contestaci�n, y demanda reconvencional y su contestaci�n, lo que en la pr�ctica reduce a escasa semana, la preparaci�n y desahogo de todas las pruebas, lo que es materialmente imposible como ha quedado establecido. En su misma resoluci�n el tribunal a quo insiste en mencionar que no hay trato desigual a los iguales, diciendo que son las mismas oportunidades para actor y demandado en este tipo de juicios, lo que me obliga para impedir que se consideren como consentidos tales argumentos, a insistir en que la desigualdad (aunque existe, como tambi�n demostr�, por las pruebas preconstituidas del actor arrendador) a que me refiero, no era entre actor y demandado en el juicio de arrendamiento de local comercial, sino entre los demandados de este tipo de juicios, con los demandados en cualquier otro tipo de juicios, aclarando nuevamente que ni la ley ni el J. pueden prejuzgar sobre la moralidad, la �tica o comportamiento de una persona, por pertenecer a un grupo social, sino que en trat�ndose de procedimientos judiciales, en cada caso se har� un estudio particularizado para llegar a una sentencia individual. Insisto, ni todos los arrendadores son abusivos, ni todos los inquilinos son abusadores. Existen arrendadores voraces, como existen inquilinos cumplidos. En consecuencia, la ley debe permitir que las partes en contienda tengan la oportunidad en su juicio, de contar con una ley que les permita su adecuada defensa. Aqu� cabr�a hacer una reflexi�n: Si el procedimiento de controversia de arrendamiento hubiera sido realmente estudiado y concebido para hacer justicia �por qu� habi�ndose publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha 21 de julio de 1993, para que entrara en vigor a los 90 d�as de su publicaci�n, despu�s de severas cr�ticas tuvo que enmendarse en el decreto publicado en el Diario Oficial de 23 de septiembre de 1993 y s�lo aplicarse, seg�n, al decreto que modifica los art�culos transitorios del primero, para que entraran en vigor hasta el 19 de octubre de 1988 (sic), y solamente en t�rminos generales a locales comerciales y no a casas habitaci�n, que seg�n el propio �ltimo decreto, entrar�n en vigor por lo que hace a estas �ltimas, en t�rminos generales, hasta el 19 de octubre de 1998? No existe otra respuesta m�s que la de que dicho procedimiento no es justo, ni equitativo, pues de serlo no tendr�a por qu� s�lo aplicarse a un tipo de inquilino y no a todos y de inmediato. Es decir, el propio Congreso de la Uni�n consider� que el procedimiento de arrendamiento de locales comerciales no reun�a las caracter�sticas de un adecuado juicio, que posterg� su aplicaci�n para cinco a�os despu�s para otro tipo de inquilinos. Lo anterior tambi�n nos llevar�a a esta otra conclusi�n: si este procedimiento que ahora impugno fuera un procedimiento procesal justo y adecuado, equitativo e igualitario, por qu� el legislador no lo adopt� para todos los juicios, y la respuesta tambi�n resulta obvia, porque dicho procedimiento fue inventado para impedir que los inquilinos se defendieran adecuadamente, por ello el propio legislador, para calmar los �nimos populares, pospuso la entrada en vigor para otro tipo de inquilinos, seguramente con la intenci�n de que las siguientes legislaturas resolvieran el conflicto y calmar con ello la ira generalizada provocada por tal legislaci�n procesal. Lo manifestado no es un simple argumento en el agravio, sino que es parte toral del mismo, para acreditar que tan resultaba contraria a nuestra idiosincrasia jur�dica tal reforma, que el propio legislador en caso in�dito, hizo reformas a los transitorios para evitar la aplicaci�n general de ella, lo que comprueba desde luego su car�cter inconstitucional. El art�culo 961 del c�digo en estudio tambi�n refleja, sin lugar a dudas, la determinaci�n de que la audiencia no se difiera y dejando de recibir las pruebas admitidas que no estuvieran preparadas, aclarando la fracci�n II del mismo precepto, que se declararen desiertas por causas imputables a la oferente, por lo que la audiencia no se suspender� ni se diferir� en ning�n caso, por la falta de preparaci�n o desahogo de las pruebas admitidas, con lo que se acredita de nueva cuenta que la intenci�n �nica del decreto, es que el juicio de arrendamiento de local comercial no dure m�s de 35 d�as, no importando que las pruebas no se puedan desahogar por causas imputables a terceros o al propio J. que no ordena su preparaci�n adecuada, circunstancia �sta que vuelve inconstitucional la ley, porque el principio de legalidad consagrado por el art�culo 14 constitucional no habla de t�rminos perentorios, sino de procesos justos, y la justicia pronta y expedita de nuestro art�culo 17 no puede considerarse m�s que en el sentido de que los procedimientos se ventilen a la brevedad que lo permita el propio procedimiento y en los t�rminos que establecen las leyes, pero claro, siempre y cuando �stos permitan la defensa de los derechos. Es decir, ser�a impensable afirmar que si la ley establece t�rminos, condiciones o plazos irrealizables, por el hecho de establecerlo la ley, �sta fuera constitucional, sino que la Constituci�n, al referirse a los procedimientos y a los plazos en los mismos, contempla la idea de que �stos permitan la adecuada defensa de los part�cipes en contiendas judiciales, pues de lo contrario carecer�an de raz�n de ser los principios de legalidad y de justicia expedita, contemplados en los art�culos 14 y 17 constitucionales. El art�culo 964 de la reforma materia del amparo, dice que los incidentes no suspender�n el procedimiento y que se tramitar�n en los t�rminos del art�culo 88 del c�digo, pero la resoluci�n se pronunciar� en la audiencia del juicio conjuntamente con la sentencia definitiva, lo que es incongruente con lo establecido por el art�culo 88 procesal, que en materia de incidentes permite que el demandado incidentista lo conteste en el t�rmino de tres d�as, pudi�ndose ofrecer pruebas y desahog�ndose las mismas en la audiencia incidental, lo que impedir�a la recepci�n de las pruebas del incidente, cuando �ste naciera con posterioridad al auto admisorio de pruebas, y adem�s, impedir�a, por ejemplo, que se promoviera incidente de tachas contra testigos, porque esto tendr�a que promoverse al momento de desahogarse la prueba, que es en la audiencia, que de acuerdo con el precepto invocado, obliga a que en la misma audiencia se resuelva tal incidente, pero sin poder ofrecer pruebas. Adem�s, en caso de incidente de nulidad de actuaciones por defecto u omisi�n de emplazamiento, impedir�a adecuadas pruebas, lo que limita la calidad de la defensa. Este art�culo refleja nuevamente la intenci�n de evitar, so pretexto de un juicio r�pido, cualquier defensa. Igualmente se limita la defensa adecuada en comparaci�n con los otros juicios en materia civil, al establecer la fracci�n II del art�culo 965 la no procedencia de la apelaci�n extraordinaria. El art�culo 966 de la reforma en cita, en el que s�lo se admite la apelaci�n contra sentencia definitiva en el efecto definitivo (sic), no establece el sistema de fianzas y contrafianzas que permitir�an evitar lanzamiento injusto, que puede causar da�os irreparables. Por todo ello, resulta claro que la referida reforma no permite al demandado la adecuada defensa de sus intereses, resultando para �l inequitativa y desigual en relaci�n al trato que a todos los dem�s demandados les otorgan las leyes procesales aplicables en el Distrito Federal, situaci�n esta que debe llevar a la convicci�n de que la misma es inconstitucional por atentar contra los m�s elementales derechos que como parte en un juicio deben tener todos los que intervengan en �l, sin distinci�n de clase social o de sector, pues, de lo contrario se volver�an nugatorias sus garant�as individuales. Debido a que todas las reformas al C�digo de Procedimientos Civiles contenidas en esa reforma son tendientes a que el cap�tulo de controversias de arrendamiento se aplique como ilegalmente se encuentra; los art�culos 42, 114, fracci�n VI, 271, cuarto p�rrafo y 731, resultan igualmente inconstitucionales, puesto que limitan los derechos principalmente de los demandados en los juicios de arrendamiento, en comparaci�n a demandados en otras materias. En consecuencia, deber�n declararse procedentes los anteriores agravios para el efecto de que se revoque la resoluci�n pronunciada por el H. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la parte transcrita en la parte primera de este escrito, dej�ndola insubsistente y pronunciando otra en su lugar que declare fundado y procedente el concepto de violaci�n correspondiente a la inconstitucionalidad que alego, decretando la misma en contra de las disposiciones contenidas en los decretos de 14 de julio y 11 de septiembre de 1993, publicados en los Diarios Oficiales de 21 de julio y 23 de septiembre del propio a�o, especialmente en los relativos a los art�culos 42, 114, 285, 517, 731, 957 a 966 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y que, por lo mismo, se conceda a la quejosa la protecci�n constitucional solicitada en relaci�n a la aplicaci�n, en su contra, de tales disposiciones en el procedimiento a que se refiere la demanda de garant�as, con todas su consecuencias legales."

CUARTO

Antes de entrar al examen de los agravios transcritos, este �rgano colegiado considera necesario precisar que del examen del punto �nico resolutivo de la sentencia que se revisa, se advierte que el Tribunal Colegiado de Circuito incurri� en un error al se�alar expresamente que negaba el amparo a los quejosos en relaci�n con los preceptos "tildados de inconstitucionales". En efecto, trat�ndose de amparo directo, los preceptos que se consideran inconstitucionales por el quejoso no tienen el car�cter de actos reclamados y, por lo mismo, el pronunciamiento sobre si se otorga o no el amparo no debe referirse a ellos. S�lo en el estudio de los conceptos de violaci�n se debe hacer referencia a esas cuestiones de inconstitucionalidad. Por consiguiente, debe hacerse la correcci�n respectiva.

QUINTO

Los agravios expresados por los quejosos se pueden sistematizar de la siguiente manera:

  1. La ilegalidad del fallo recurrido, que consider� que no se hab�an aplicado en la especie los art�culos 42, 114, fracci�n VI, 271, 285, 517, 731, 960, 961, 962, 963, 964 y 965, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

  2. La ilegalidad de la sentencia que se revisa, que desestim� los argumentos en torno a la violaci�n de las garant�as de igualdad consagradas en el art�culo 13 constitucional.

  3. La ilegalidad del fallo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que no estudi� las violaciones a la garant�a de audiencia generadas por la aplicaci�n de los preceptos impugnados.

SEXTO

Por lo que hace a los agravios esgrimidos, agrupados en el inciso a) del considerando anterior, los recurrentes se duelen de la incongruencia de la sentencia sujeta a revisi�n cuando sostiene que los art�culos 42, 114, fracci�n VI, 271, 285, 517, 731, 960, 961, 962, 963, 964 y 965, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal no fueron aplicados en el procedimiento. Dicho motivo de inconformidad es infundado en raz�n de que se reitera que la impugnaci�n constitucional se hace de los preceptos que rigen un "procedimiento judicial especial lesivo a los intereses y derechos de defensa de los demandados" o "un procedimiento judicial integral y diferente a los dem�s". Esto es, los recurrentes pretenden considerar que son inconstitucionales los preceptos que rigen el procedimiento de las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, modificado con motivo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, independientemente de que se hayan aplicado o no en el procedimiento. Dicho razonamiento es contrario a la t�cnica y a los principios del juicio de amparo, en especial el del agravio personal y directo. La impugnaci�n constitucional de las leyes a trav�s del juicio constitucional en v�a directa debe tener como presupuesto indispensable que �stos se hayan aplicado en el procedimiento cuya resoluci�n es combatida en el amparo directo o en la propia resoluci�n, tal como lo ordena el �ltimo p�rrafo del art�culo 158 y segundo p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 166 de la Ley de Amparo, que ordenan:

"Art�culo 158. ... Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparaci�n, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, s�lo podr�n hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que ponga fin al juicio."

Art�culo 166. ... IV. ... Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello ser� materia �nicamente del cap�tulo de conceptos de violaci�n de la demanda, sin se�alar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificaci�n de �ste por el tribunal de amparo se har� en la parte considerativa de la sentencia.

De la interpretaci�n sistem�tica de los numerales reproducidos se desprende que s�lo es posible impugnar la inconstitucionalidad de una ley en amparo directo cuando �sta es aplicada en el procedimiento frente a cuya resoluci�n se promueve el juicio constitucional. As�, deben considerarse infundados los agravios manifestados sobre este tema. Conviene a�adir que en los razonamientos que se formulan en el punto analizado, se hacen planteamientos de legalidad relativos a que indebidamente el J. de primera instancia sigui� un procedimiento que no correspond�a para ello, lo que no puede ser materia de an�lisis en un recurso de revisi�n en amparo directo, que debe circunscribirse a las cuestiones constitucionales.

S�PTIMO

En la segunda parte del primer agravio, el recurrente impugna la parte de la sentencia que consider� constitucionales algunos preceptos del c�digo adjetivo, por el hecho de que el legislador estableci� un trato diferenciado por grupos, al regular la materia del arrendamiento, donde se establece un trato diferente a los arrendatarios.

Para mayor claridad, se impone transcribir los art�culos 957, 958, 959 y 966 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal:

"Art�culo 957. A las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario les ser�n aplicables las disposiciones de este t�tulo. El J. tendr� las m�s amplias facultades para decidir en forma pronta y expeditalo que en derecho convenga. A las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de car�cter civil o terceros por controversias derivadas del arrendamiento, se aplicar�n las reglas de este t�tulo, en lo conducente. Igualmente, la acci�n que intente el arrendatario para exigir al arrendador el pago de da�os y perjuicios a que se refieren los art�culos 2447 y 2448-J del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, se sujetar� a lo dispuesto en este t�tulo."

"Art�culo 958. Para el ejercicio de cualesquiera de las acciones previstas en este t�tulo, el actor deber� exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento correspondiente, en el caso de haberse celebrado por escrito. En la demanda, contestaci�n, reconvenci�n y contestaci�n a la reconvenci�n, las partes deber�n ofrecer las pruebas que pretendan rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieran en su poder en los t�rminos de los art�culos 96 y 97 de este c�digo."

"Art�culo 959. Una vez admitida la demanda con los documentos y copias requeridas, se correr� traslado de ella a la parte demandada, se�alando el J. en el auto de admisi�n, fecha para la celebraci�n de la audiencia de ley, que deber� fijarse entre los 25 y 35 d�as posteriores a la fecha del auto de admisi�n de la demanda. El demandado deber� dar contestaci�n y formular en su caso reconvenci�n dentro de los 5 d�as siguientes a la fecha del emplazamiento. Si hubiera reconvenci�n se correr� traslado de �sta a la parte actora para que la conteste dentro de los 5 d�as siguientes a la fecha de notificaci�n del auto que la admita. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvenci�n, o transcurridos los plazos para ello, el J. admitir� las pruebas ofrecidas conforme a derecho y rechazar� las que no lo sean, fijando la forma de preparaci�n de las mismas, a efecto de que se desahoguen a m�s tardar en la audiencia de ley."

Art�culo 966. En los procedimientos de arrendamiento las apelaciones s�lo ser�n admitidas en el efecto devolutivo.

Los preceptos transcritos fueron incorporados al c�digo adjetivo civil del Distrito Federal mediante el decreto de catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintiuno de ese mismo mes y a�o. Dichos art�culos establecen los requisitos que debe contener la demanda, la cual deber� ser acompa�ada con el contrato de arrendamiento y las pruebas que obran en poder del actor; el t�rmino para contestar la demanda y formular reconvenci�n de cinco d�as; la celebraci�n de la audiencia entre los veinticinco y treinta y cinco d�as siguientes de la aceptaci�n de la demanda y que en los procedimientos de arrendamiento las apelaciones s�lo ser�n admitidas en el efecto devolutivo.

El Tribunal Colegiado consider� que las normas supraindicadas no violaban el art�culo 13 de la Constituci�n, dado que no constituyen una ley privativa. En efecto, la idea jur�dica de la igualdad parte de establecer que frente a una situaci�n jur�dica determinada todos los gobernados puedan asumir los mismos deberes y derechos dentro de las garant�as que consagra la Ley Fundamental; en esta materia destacan las del art�culo 13 de la Constituci�n, que establece:

Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporaci�n puede tener fuero, ni gozar m�s emolumentos que los que sean compensaci�n de servicios p�blicos y est�n fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ning�n caso y por ning�n motivo, podr�n extender su jurisdicci�n sobre personas que no pertenezcan al Ej�rcito. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocer� del caso la autoridad civil que corresponda.

El precepto fundamental transcrito contiene las siguientes garant�as de igualdad:

  1. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas.

  2. Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales.

  3. Ninguna persona o corporaci�n puede tener fuero.

  4. Ninguna persona o corporaci�n puede gozar de m�s emolumentos que los que sean compensaci�n de servicios p�blicos y est�n fijados por la ley.

  5. Los tribunales militares en ning�n caso y bajo ninguna circunstancia pueden extender su jurisdicci�n sobre personas que no pertenezcan al Ej�rcito.

  6. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocer� del caso la autoridad civil que corresponda.

El actual art�culo 13 constitucional proviene del precepto de igual n�mero de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta ysiete. El debate respectivo es del tenor siguiente:

"S.�n del 11 de julio de 1856. La comisi�n dividi� el art�culo 2o. en partes, quedando como primera la siguiente: Todos los habitantes de la Rep�blica, sin distinci�n de clases ni de origen, tienen iguales derechos. El se�or Ram�rez (Ignacio) pregunt� de qu� clase de derechos se trata; no cree que se habla de los naturales ni tampoco de los pol�ticos y, para salir de dudas, quiere que se hable con m�s claridad. El se�or A.(.) replica que la parte que se discute es una base fundamental a la que sigue la enunciaci�n de toda clase de derechos, y sostiene el principio abstracto de la igualdad. El se�or Zarco (Francisco), creyendo comprender los deseos de la Comisi�n, dice que no ha andado muy feliz al redactar el art�culo, pues la parte que se discute asienta una cosa enteramente inexacta. Dice que todos los habitantes de la Rep�blica tienen iguales derechos, y basta ver los art�culos siguientes para cerciorarse de que no hay exactitud, pues los extranjeros tienen ciertos derechos, los mexicanos otros que son de distinta naturaleza, los ciudadanos, algunos m�s, que no se hacen extensivos a los individuos del clero, para concluir, propone la siguiente redacci�n: 'Todos los habitantes de la Rep�blica, sin distinci�n de clases ni de origen, son iguales ante la ley'. El se�or A.(.) no acepta esta redacci�n porque ha sido combatida en otras partes, porque la igualdad no debe existir s�lo ante la ley, sino ante la sociedad, ante las autoridades y ante los funcionarios p�blicos; cree que nadie sabe entender que se quieren dar los mismos derechos a nacionales y extranjeros. El se�or Moreno (Espiridi�n) cree que, sin embargo, la fracci�n est� redactada de una manera tan absoluta que los extranjeros pueden creerse con los mismos derechos que los mexicanos; que conforme al art�culo 1o., aun pueden ocurrir a las autoridades para que los amparen y defiendan, si acaso les ocurre ir a votar en las elecciones o ejercer otros derechos pol�ticos. El se�or G.�n (Le�n) dice que, cuando se discuten axiomas, es preciso decir disparates y que 'la Comisi�n considera a los hombres en una situaci�n dada y establece la igualdad cuando es necesaria seg�n las diversas situaciones'. El se�or De la Rosa (L., ministro de Relaciones, propone esta nueva redacci�n: 'Los derechos que la ley concede a los habitantes de la Rep�blica ser�n respetados igualmente, sin que se pueda conceder ninguna distinci�n por raz�n de clases o de origen.'. El se�or Lazo Estrada (Francisco), por medio de una proposici�n suspensiva, propone todav�a otra nueva redacci�n en estos t�rminos: 'Todos los habitantes de la Rep�blica, sin distinci�n de clase ni origen, gozan igualmente de los derechos del hombre.'. La apoya diciendo que aun no es tiempo de tratar de los derechos pol�ticos ni de los civiles, pues entonces el art�culo estar�a en contradicci�n con el 37, que establece que los mexicanos ser�n preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos los empleos, cargos o comisiones, etc�tera. El se�or A.(.) pregunta qu� es lo que est� a discusi�n. La secretar�a contesta que, presentada una proposici�n suspensiva, puede defenderla su autor e impugnarla otro diputado. El se�or Moreno (Espiridi�n) se declara en contra de la enmienda del se�or Lazo porque, en su concepto, la Constituci�n debe ocuparse de derechos pol�ticos y no de los derechos del hombre. La proposici�n del se�or Lazo queda desechada. Sigue la discusi�n sobre la 1a. fracci�n del art�culo. El se�or Lafragua (Jos� Mar�a), ministro de G.�n habla en contra, hace una especie de per�frasis de las objeciones expuestas anteriormente, dice que conforme al art�culo parece que el presidente, los obispos, los diputados, los extranjeros y, en fin, los habitantes todos del pa�s, van a gozar de los mismos derechos. Cree conveniente que se reforme la redacci�n, que se declare la igualdad ante la ley y se incline en favor de la enmienda propuesta por el se�or De la Rosa. El se�or A.(.) cree que las objeciones nacen de que se considera la cuesti�n como absoluta y no como relativa. Le parece que los t�rminos propuestos por el se�or De la Rosa son innecesarios despu�s de aprobado el art�culo 1o., le parecen extra�as las observaciones de los se�ores ministros y, por fin, retira el art�culo para que la Comisi�n vuelva a presentarlo. S.�n del 18 de julio de 1856. El art�culo 8o. es retirado por la Comisi�n con permiso del Congreso, porque debe incluirse en el art�culo 2o., que antes fue retirado. S.�n del 18 de noviembre de 1856. La Comisi�n present� reformados los art�culos siguientes que han sido declarados sin lugar a votar, o que ella ha retirado: Art�culo 2o. En la Rep�blica Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporaci�n puede tener fueros, ni gozar emolumentos que no sean compensaci�n de un servicio p�blico y est�n fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexi�n con la disciplina militar. La ley fijar� con toda claridad los casos de esta excepci�n. S.�n del 20 de noviembre de 1856. Se pusieron a discusi�n los nuevos art�culos reformados. Sin discusi�n, y por 78 votos contra 1, fue aprobado el art�culo 2o., que dice: En la Rep�blica Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, etc�tera."

Del procedimiento legislativo antes reproducido se desprende que la intenci�n del Constituyente fue la de establecer la plena igualdad de los mexicanos, atacando sus manifestaciones jur�dicas m�s claras: las leyes privativas, los tribunales especiales, los fueros, y los emolumentos que no sean contraprestaci�n de servicios p�blicos y no est�n establecidos por la ley.

Cabe precisar que en las sesiones ordinarias n�meros treinta y cinco y treinta y siete del Congreso Constituyente de mil novecientos diecisiete, celebradas las tardes de los d�as lunes ocho y mi�rcoles diez de enero de ese a�o, el art�culo 13 fue objeto de un interesante debate pero s�lo en lo que corresponde a la cuesti�n del fuero militar, cuesti�n que obliga a analizar el art�culo, en una interpretaci�n gen�tica o hist�rica, a la luz de los razonamientos expresados por el Constituyente decimon�nico.

Como se manifest�, la preocupaci�n del Constituyente de mil ochocientos cincuenta y siete fue la de establecer la igualdad de los mexicanos, pero en un aspecto concreto: el de la jurisdicci�n. Esto es, del debate antes reproducido se desprende que la teleolog�a del precepto es el consagrar la igualdad frente a la ley y frente a los tribunales. Por lo anterior, es claro que se proh�ban las leyes privativas, a las que la doctrina desconoce su car�cter de ley, por no cumplir con los requisitos de generalidad, abstracci�n e impersonalidad, siendo particular, concreta y personal. La historia jur�dica del pa�s recuerda la famosa Ley del Caso, del Santanismo, dada en la Ciudad de M�xico el veintitr�s de junio de mil ochocientos treinta y tres, donde tras se�alar una lista de personas a las que "... El gobierno har� que inmediatamente se proceda a asegurar, para expeler del territorio de la Rep�blica por seis a�os", se�alando en seguida que lo mismo se aplicar�a a "... cuantos se encuentran en el mismo caso, sin necesidad de nuevo decreto ...", donde se manifiesta con mayor claridad una ley privativa dirigida a un grupo de personas nominalmente identificadas, para concluir que las consecuencias jur�dicas de dicha norma se har�an extensivas a otras que estuvieran "en el mismo caso", lo cual era imposible dado su car�cter concreto y personal.

Sobre estas bases, la Suprema Corte ha integrado jurisprudencia definida, la cual aparece publicada bajo el n�mero 222 del Tomo I del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995 Materia Constitucional, que es del tenor literal siguiente:

LEYES PRIVATIVAS. Es car�cter constante de las leyes que sean de aplicaci�n general y abstracta; es decir, que deben contener una disposici�n que no desaparezca despu�s de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicaci�n y se aplique sin consideraci�n de especie o de persona a todos los casos id�nticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el art�culo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposici�n legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el car�cter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicaci�n de las leyes privativas protege el ya expresado art�culo 13 constitucional.

Asimismo, sobre el tema de leyes privativas, esta Suprema Corte ha integrado los siguientes PRECEDENTES:

"LEYES PRIVATIVAS, CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE. El art�culo 13 de la actual Constituci�n General de la Rep�blica establece que 'nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.'. Este art�culo 13 es id�ntico al del mismo n�mero de la Constituci�n de 1857 que prohibi�, en iguales t�rminos ser juzgado por leyes privativas y por tribunales especiales. La g�nesis de esta disposici�n constitucional mexicana puede encontrarse en el art�culo 3o. de la Declaraci�n Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que instituy�, por vez primera, como garant�a de la persona humana, que la ley 'debe ser la misma para todos'. Est� fuera de toda discusi�n que la Constituci�n de los Estados Unidos de Am�rica, del 17 de septiembre de 1787, no incluy�, entre sus cl�usulas m�s importantes, el cap�tulo relativo a los derechos del hombre. No es sino hasta las enmiendas que sufre posteriormente, cuando se establece como derecho individual p�blico, la igualdad ante la ley, llegando a consignar en su enmienda 14, que 'ning�n Estado podr� negar, a persona alguna bajo su jurisdicci�n, la igual protecci�n de las leyes.'. La Constituci�n de Apatzing�n del 22 de octubre del a�o de 1814, recoge estos principios de las Constituciones de Francia y de los Estados Unidos de Am�rica, y lo dispuso, as�, en su art�culo 19, que la ley debe ser igual para todos, principios respetados y conservados, despu�s, tanto en el primer proyecto de Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica Mexicana, del 25 de agosto de 1842, como en el voto particular de la minor�a de la Comisi�n Constituyente y en el segundo proyecto de Constituci�n, del 2 de noviembre de aquel a�o de 1842, al trav�s de las prescripciones contenidas, respectivamente, en sus art�culos 7o., fracci�n II, 5o., fracci�n XV y 13, fracciones I y III, que mantienen el derecho fundamental del individuo a la protecci�n concretada en la generalidad de la ley. Sembrada la idea de que todos deben ser iguales ante la ley, o bien, proscrita la aplicaci�n de las leyes privativas, su aceptaci�n en documentos internacionales se impon�a. Por ello, La Declaraci�n Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de 1948, con obligatoriedad para todos los pa�ses que la han suscrito, determin� en su art�culo 7o. que 'todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin distinci�n, a igual protecci�n de la ley.' La coincidencia no s�lo conceptual, sino tambi�n terminol�gica de los art�culos 13 de las mexicanas Constituciones de 1857 y 1917, justifica conocer la interpretaci�n, sentido y alcances que se dio a la expresi�n 'ley privativa' en la primera de esas Leyes Fundamentales, para despu�s orientar la noci�n de la ley privativa en la doctrina y en la Constituci�n mencionada en segundo lugar. V., en sus 'Votos', Tomo III, p�ginas 67 a 72, fij� con toda nitidez el concepto de la ley privativa en estos t�rminos: '... no puede tenerse como privativas aquellas leyes que se refieren s�lo a determinada clase de personas, en raz�n de las circunstancias especiales en que se encuentran, y por esto nadie califica de privativas a las leyes sobre los menores, los incapacitados, los comerciantes, los quebrados, los militares, etc., y todas las razones que no necesito exponer, que se oponen a que se haga esta calificaci�n de tales leyes, existen para que tampoco se llame privativo al impuesto sobre fabricantes, propietarios, agricultores, mineros, exportadores, etc. despu�s de esas ejecutorias no es ya l�cito venir ante los tribunales a negar la constitucionalidad de un impuesto, �nicamente porque �l no pesa sobre todos los contribuyentes, sino s�lo sobre determinada industria, giro, propiedad, etc.; por la sola raz�n de que no siendo general la ley que lo establece, es privativa y en consecuencia contraria al art�culo 13 de la Constituci�n.'. La doctrina de V. es tan convincente, que basta para ello fijar la atenci�n en que expresamente consider� que no puede llamarse ley privativa a las que decretan impuestos sobre fabricantes, propietarios, agricultores, mineros, como tampoco tienen ese car�cter las leyes impositivas que estatuyen impuestos, no sobre todos los contribuyentes, sino s�lo sobre determinada industria, giro, propiedad. De otra parte, C., en su obra Derecho Constitucional Mexicano, p�gina 31, 1887, tambi�n hace una interpretaci�n doctrinaria del art�culo 13 de la Constituci�n de 1857, sosteniendo que 'la ley, pues, tiene car�cter de generalidad; y aun cuando se refiera a persona determinada, como las que habilitan de edad a un menor o declaran electo a un funcionario, no hacen m�s que reconocer una condici�n que se relaciona con el orden social pero entra�an un precepto com�n, obligatorio para todos. As� tambi�n, las leyes que otorgan ciertos beneficios a las mujeres, a los menores, etc., por razones de clara justicia no quitan a la solemne declaraci�n legislativa su sello de generalidad.' Doce a�os antes de la promulgaci�n de la Constituci�n de 1917, esto es, en 1905, G.E. public� sus principios de Derecho Constitucional, Tomo I, p�ginas 299 y 302, y sus comentarios al art�culo 13 fueron de esta �ndole: '... de este texto tan claro de la declaraci�n, se pretende concluir que �sta proclama la igualdad material o econ�mica o aun intelectual de los hombres, y as�, sujetarlos a una especie de nivelaci�n general establecida por la fuerza, que ser�a la negaci�n misma de todos los derechos. Para que se comprenda nuestra idea, haremos presente que las condiciones de todos los seres en la sociedad no son las mismas bastando para comprobar este hecho que no todos est�n dotados igualmente de inteligencia y voluntad, ni tampoco su desarrollo moral es el mismo; de esto resulta que, para obtener, en lo posible, la igualdad ante la ley, el derecho haya introducido distintas reglas, que ser�a largo enumerar, ya en lo relativo a la capacidad de las personas para obligarse, ya supliendo el discernimiento, la inexperiencia, la debilidad del sexo o la edad; con la intervenci�n de terceras personas que de alg�n modo hagan el que se obtenga la igualdad ante la ley.'. Espinosa, tambi�n, da un sentido de ley privativa que se aleja del concepto de lo universal, acerc�ndose a las desigualdades materiales y econ�micas que exigen tratamientos distintos en las normaciones jur�dicas o legales. En la compilaci�n jurisprudencial anterior (1917 a 1954), reproducida por la actual (1917-1965), la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n expuso su criterio sobre lo que debe entenderse por ley privativa, consign�ndose en la tesis n�mero 643, visible a p�ginas 1147 y 1148, lo siguiente: 'Es car�cter constante de las leyes, que sean de aplicaci�n general y abstracta (es decir, que deben contener una disposici�n que no desaparezca despu�s de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicaci�n y, se apliquen sin consideraci�n de especie o de persona, a todos los casos id�nticos al que previenen, en tanto que no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad garantizado por el art�culo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposici�n legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el car�cter de generalidad, se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicaci�n de las leyes privativas, protege el ya expresado art�culo 13 de la Constituci�n.' Y la misma Suprema Corte, en precedente a tesis jurisprudencial que aparece en la p�gina 897 del Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federaci�n, ha estimado que: 'La circunstancia de que un decreto comprenda a un determinado n�mero de individuos, no implica que se le considere privativo, pues para ello se requiere que la disposici�n se dicte para una o varias personas a las que se mencione individualmente, pues las leyes relativas a cierta clase de personas, como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes, etc., no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificaci�n establecida.'. El an�lisis doctrinario de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conduce necesariamente a estas conclusiones: a) La ley es privativa, si la materia de que se trata desaparece despu�s de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano; b) La ley es tambi�n privativa cuando menciona individualmente (nominalmente) a las personas a las que se va aplicar; c) La ley no es privativa cuando se aplica sin consideraci�n de especie o de personas a todos los casos que previene; d) La ley no es privativa cuando comprende a un determinado n�mero de individuos; y e) Las leyes relativas a cierta clase de personas como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificaci�n establecida." (Sala Auxiliar. Informe 1969, Segunda Parte, p�gina 58).

"LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES. No deben confundirse las leyes privativas con las leyes especiales; las primeras, no son de car�cter general, abstracto e impersonal y, por ende, resultan contrarias al art�culo 13 constitucional, mientras que las segundas, aun cuando se aplican �nicamente a una o varias categor�as de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades especificas, s� tienen las referidas caracter�sticas de las leyes y, en consecuencia, no pueden reputarse contrarias al susodicho dispositivo de la ley fundamental." (Pleno. Informe 1985, Primera Parte, p�gina 421).

De acuerdo con las tesis transcritas, una ley es privativa cuando se dirige a un individuo o individuos en lo particular y, por lo mismo, no sobrevive a su aplicaci�n.

Los art�culos impugnados no son privativos porque establecen supuestos normativos amplios que ser�n aplicados a todos los gobernados que se encuentren en el caso de figurar como actor o demandado en una controversia de arrendamiento inmobiliario y, por lo mismo, los art�culos 957, 958, 959 y 966 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se seguir�n aplicando a todos los dem�s gobernados que ejerciten una acci�n de arrendamiento inmobiliario o figuren como parte demandada en los mismos.

De lo se�alado se sigue que, contrariamente a lo afirmado por los quejosos, el hecho de que el legislador haya establecido un procedimiento jurisdiccional distinto al ordinario para un tipo especial de controversias, como en la especie lo son las del arrendamiento inmobiliario, no establece un trato contrario al principio de igualdad, por lo mismo no son discriminatorias. En efecto, el tratoigual a los iguales se manifiesta estableciendo un procedimiento para todos los gobernados que estuvieran en el supuestode actores o demandados en una controversia de arrendamiento inmobiliario; de esta suerte, los art�culos impugnados no son privativos, dado que se establecen supuestos normativos amplios no dirigidos a nadie en lo personal y la ley no desaparece con su aplicaci�n a un caso.

La otra garant�a espec�fica de igualdad que contiene el art�culo 13 constitucional es la que estriba en que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Todos los �rganos jurisdiccionales y, en general todas las autoridades estatales, tienen fijada su competencia legalmente, esto es, por una disposici�n general, abstracta e impersonal. Todas las facultades de una autoridad, bien sea judicial, administrativa o legislativa, que integran su competencia, deben estar consignadas en una norma legal. Por ende, autoridad competente es aquella que est� facultada expresamente por la ley para dictar o ejercitar cualquier acto, idea que ha sido constantemente reiterada por la jurisprudencia de la Suprema Corte. La competencia de una autoridad es pues, sin�nimo de su capacidad jur�dica.

Ahora bien, toda autoridad, dentro de la �rbita de su competencia, es capaz para conocer de todos aquellos casos concretos, en n�mero ilimitado, que se presenten y que encuadren dentro de la hip�tesis o situaci�n jur�dica abstracta en relaci�n con la cual la ley le atribuye ciertas facultades decisorias o ejecutivas ejercidas y ejercitables conjunta o separadamente. Toda autoridad tiene, dentro de su competencia legal que se establece en raz�n de varios factores (territorio, materia, grado, etc�tera), una capacidad permanente de conocer de casos concretos en n�mero ilimitado. Por consiguiente, cualquier asunto o negocio particular que se pueda subsumir dentro de la situaci�n general que origina la competencia de una autoridad, puede ser tratado por �sta bajo las diversas maneras o funciones que procedan (legislativa, judicial o administrativamente). Por lo que toca, pues, a los tribunales, �stos est�n capacitados permanentemente para conocer, dentro de su competencia diversa, de todos aquellos asuntos concretos que se presenten. Lo que caracteriza a los tribunales propiamente dichos, o generales, en oposici�n a los especiales, as� como a cualquier autoridad estatal desde el punto de vista de su capacidad jur�dica o competencia en el conocimiento de un caso concreto, es la permanencia de sus funciones ejecutivas o decisorias y la posibilidad de tener injerencia v�lidamente en un n�mero indeterminado de negocios singulares que encajen dentro de la situaci�n determinada abstracta constitutiva de su �mbito competencial. El primer car�cter implica que la competencia o capacidad de una autoridad judicial, administrativa o legislativa no cesa cuando concluye el conocimiento �ntegro de uno o varios casos concretos, sino que se conserva ilimitadamente en tanto una ley no la despoje de sus atribuciones y facultades. La segunda peculiaridad significa que la competencia o capacidad autoritarias se extiende a todos los casos presentes y futuros que se sometan o puedan someterse a la consideraci�n del �rgano estatal.

Pues bien, ninguna de estas dos caracter�sticas ostentan los llamados "tribunales especiales". En efecto, �stos no son creados por la ley que establece los �rganos jurisdiccionales ordinarios o generales, sino instituidos com�nmente mediante un acto sui generis (decreto, decisi�n administrativa o legislativa formalmente hablando, etc�tera), en el cual se consignan sus finalidades espec�ficas de conocimiento o injerencia (juicios por comisi�n). Precisamente en la delimitaci�n de estas finalidades, un tribunal especial s�lo est� capacitado para conocer de uno o varios casos concretos determinados, objetivo para cuya consecuci�n fue expresamente establecido. Por consiguiente, cuando el conocimiento de estos negocios singulares y determinados en cuanto a su n�mero concluye cabalmente, el tribunal especial deja de tener capacidad para seguir funcionando. De todo lo anteriormente expuesto se colige que un tribunal especial, as� como cualquier autoridad estatal no judicial de la misma �ndole, por id�nticas razones tiene una capacidad limitada y transitoria de conocimientos, esto es, contra�da al negocio o negocios concretos y gen�ricamente determinados para cuyo tratamiento fue creado, de tal manera que, terminado �ste, el �rgano mencionado deja de ser competente y capaz.

En s�ntesis, puede estimarse que los tribunales especiales son sin�nimo de tribunales por comisi�n, aqu�llos creados para conocer por determinado tiempo de determinadas causas, de transitoria competencia dada por un acto diferente de la ley. Este alto tribunal, sobre el tema, ha sostenido los siguientes criterios:

"TRIBUNALES ESPECIALES. Por tribunales especiales, se entiende los que son creados exclusivamente para conocer, en un tiempo dado, de determinado negocio o respecto de ciertas personas, sin tener un car�cter permanente y sin la facultad de conocer de un n�mero indeterminado de negocios de la misma materia, caracter�sticas que no se encuentran ni en el Estatuto Jur�dico ni en el Tribunal de Arbitraje, porque el primero, se aplica a los empleados p�blicos gen�ricamente considerados y el segundo conoce de todos los conflictos que se suscitan entre �stos y los titulares de las distintas unidades burocr�ticas, teniendo el car�cter de permanente." (Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo CXI, p�gina 431).

"TRIBUNALES ESPECIALES. Lo que la Constituci�n proh�be es que se formen tribunales especiales para resolver asuntos concretos ya iniciados, pero no crea en favor del interesado, el derecho de que su negocio sea resuelto por la autoridad ante quien se inici�, ya que la ley puede variar la competencia de dicha autoridad, para conferirla a otra." (Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXXXV, p�gina 1982).

"TRIBUNALES ESPECIALES. Por tribunales especiales se entiende aquellos que se crean exclusivamente para conocer, en un tiempo dado, de ciertos delitos o respecto de determinados delincuentes; por tanto, no puede considerarse tribunal especial, al J. que se nombre para auxiliar a otro en el despacho de todos los negocios de su competencia." (Primera Sala. Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XXVII, p�gina 1140).

"TRIBUNALES ESPECIALES. No pueden considerarse as�, los establecidos por las leyes, para administrar justicia." (Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo III, p�gina 901).

"TRIBUNALES ESPECIALES. Las violaciones sustanciales del procedimiento, no pueden ser fundamento para alegar que se ha juzgado al quejoso en modo especial." (Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo VII, p�gina 1177).

"TRIBUNALES ESPECIALES. No pueden considerarse as�, los establecidos por las leyes, para administrar justicia." (Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo III, p�gina 910).

En el caso que se analiza no se est� frente a un tribunal especial, dado que los preceptos impugnados son aplicados por los tribunales ordinarios del fuero com�n, sin crear una competencia transitoria de �rgano jurisdiccional alguno.

Por lo que respecta a la prohibici�n de fueros, debe destacarse que, dentro de la terminolog�a jur�dica, la palabra fuero es mult�voca; a manera de guisa conviene transcribir los significados que contempla el Diccionario de la Real Academia:

Fuero. (Del lat. forum, tribunal.) m. Ley o c�digo dados para un municipio durante la Edad Media. 2. Jurisdicci�n, poder. Fuero eclesi�stico, secular. 3. Nombre de algunas compilaciones de leyes. Fuero. Juzgo; Fuero real. 4. Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una provincia, ciudad o persona. �. m. en pl. 5. ant. Lugar o sitio en que se hace justicia. ... . 7. fig. y fam. Arrogancia, presunci�n. �. m. en pl. 8. Der. Competencia a la que legalmente las partes est�n sometidas y por derecho les corresponde. activo. Der. Aquel de que gozan unas personas para llevar sus causas a ciertos tribunales por privilegio del cuerpo de que son individuos. de atracci�n. Der. D�cese cuando por el rango del tribunal, la calidad del justiciable o la �ndole del asunto, ha de conocer aqu�l de cuestiones diferentes, aunque conexas, respecto de las que estrictamente le competen. de la conciencia. Libertad de la conciencia para aprobar las buenas obras y reprobar las malas. �. m. en pl. exterior, o externo. Tribunal que aplica las leyes interior, o interno. Fuero de la conciencia. mixto. El que participa del eclesi�stico y del secular. a fuero. o al fuero. m. adv. Seg�n ley, estilo o costumbre. de fuero. m. adv. De ley, o seg�n la obligaci�n que induce la ley. reconvenir en su fuero. fr. Der. Citar a uno para que comparezca en juicio ante el J. o tribunal competente, surtir fuero, o el fuero. fr. Der. Estar o quedar uno sujeto al de un J. determinado.

Partiendo de la preocupaci�n por la igualdad jur�dica plasmada en el debate del Constituyente de mil ochocientos cincuenta y siete, antes transcrito, y la interpretaci�n sistem�tica del segundo enunciado con el tercero del mismo art�culo 13 constitucional, se desprende que los fueros que proh�be dicho art�culo se refieren al establecimiento de jurisdicciones o esferas competenciales distintas, en funci�n de la situaci�n social de determinada persona o corporaci�n. En efecto, al establecer el art�culo 13 del C�digo Supremo la subsistencia del fuero de guerra, en trat�ndose de delitos y faltas contra la disciplina militar, se refiere a la aplicaci�n, en estos supuestos, de leyes distintas por tribunales militares. De esta forma, no existe fuera del �mbito militar ninguna ley que se aplique privilegiando a determinada persona por un tribunal distinto de los ordinarios.

Cabe recordar que durante la �poca virreinal hubo tantos fueros que las competencias para juzgar los negocios se volvieron aut�nticos laberintos judiciales, pues exist�an: el fuero de guerra, tanto activo como pasivo; por el primero, quienes lo disfrutaban, pod�an demandar a personas de otro fuero en sus propios tribunales (militares) pero, por el segundo, los miembros del ej�rcito s�lo pod�an ser demandados ante un tribunal castrense; el fuero eclesi�stico, el mercantil, el minero, el de la Santa Hermandad, el de la Real Hacienda, as� como el del personal burocr�tico de varios ministerios; el de Bienes de Difuntos, el de la Inquisici�n, el de Indios, etc�tera, cada uno con jueces y leyes diferentes, era una monstruosa instituci�n de diversos Estados dentro de un mismo Estado, vulnerando as� la unidad del sistema administrativo, la energ�a del gobierno, el buen orden y la tranquilidad del Estado y esta situaci�n prevaleci� aun con los fueros eclesi�stico y militar hasta la Guerra de Reforma o de Tres A�os. Por lo que toca a que nadie pueda obtener otros ingresos, en pecunia o en especie, que aquellos se�alados por la ley en retribuci�n de servicios p�blicos, corresponde a una prohibici�n que entra�a un principio de justicia, que antiguamente a las clases privilegiadas se les confer�a, adem�s de muchas ventajas sociales, la de percibir peri�dicamente ciertas cantidades de dinero, sin prestar ning�n servicio, es decir, sin trabajar, como ejemplo de lo anterior, que tales eran los tributos y servicios personales que los encomenderos, personas o corporaciones, pod�an exigir de los pueblos que ten�an en encomienda y los diezmos y primicias que los cabildos eclesi�sticos estaban en posici�n de percibir, con apoyo de la autoridad p�blica y de las leyes, hasta que la ley del veintisiete de octubre de mil ochocientos treinta y tres derog� las que impon�an o autorizaban la coacci�n civil para hacer efectivas estas exacciones tan injustas como ruinosas.

De lo anterior se sigue, que tampoco los art�culos tachados de inconstitucionalidad establecen un fuero. En efecto, la regulaci�n de los requisitos de la demanda, de la contestaci�n de la reconvenci�n, as� como la regulaci�n de la audiencia, del ofrecimiento y desahogo de pruebas y el efecto de la apelaci�n en el C�digo de Procedimientos Civiles, no pueden constituir un fuero, dado que no se establece una jurisdicci�n diferente a la ordinaria que tome en cuenta la posici�n social privilegiada de cualquiera de las partes.

La interpretaci�n del art�culo 13 constitucional permite sostener que en nuestro sistema constitucional el legislador se encuentra facultado para establecer procedimientos diferentes, tomando en cuenta la materia de la controversia, siempre y cuando no se apliquen a determinadas personas, por tribunales creados exprofeso con esa finalidad y que tomen en cuenta la condici�n particular o personal privilegiada de las personas, diferentes a las ordinarias. Sobre distintas situaciones procesales en materia de arrendamiento y las garant�as contenidas en el art�culo 13 constitucional se han sentando los siguientes precedentes, que respaldan el sentido de este considerando:

"C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. SU ART�CULO 426, FRACCI�N I, NO VIOLA EL ART�CULO 13 CONSTITUCIONAL, EN TANTO NO ES UNA LEY PRIVATIVA. Una ley es privativa y, por ello, violatoria del art�culo 13 constitucional, cuando no tiene car�cter general, abstracto e impersonal, sino que se dirige a un individuo o conjunto de ellos, espec�ficamente determinados, y su validez se extingue con el solo acto de aplicaci�n; sin embargo, la Constituci�n no proh�be la expedici�n de leyes que regulen la situaci�n jur�dica de un n�mero indeterminado de personas. De esta manera, el art�culo 426, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece que las sentencias pronunciadas en juicios cuyo inter�s no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario m�nimo diario general vigente, causan ejecutoria por ministerio de ley, exceptuando el caso del arrendamiento de fincas r�sticas destinadas a habitaci�n, no es una disposici�n de car�cter privativo, en tanto que conserva sus caracter�sticas de generalidad, abstracci�n e impersonalidad, puesto que no regula a un solo individuo o conjunto de ellos espec�ficamente determinados, ni su validez se extingue con su aplicaci�n, sino que regula a todos los casos iguales, en tanto no sea derogada." (Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, n�mero 59, noviembre de 1992, tesis P. XCVIII/92, p�gina 38).

"ARRENDAMIENTO. ART�CULO �NICO DEL DECRETO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1993, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL D�A 23 SIGUIENTE, QUE MODIFIC� LOS ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE 21 DE JULIO DE 1993, POR EL QUE SE REFORMARON EL C�DIGO CIVIL, EL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCI�N AL CONSUMIDOR, NO VIOLA EL ART�CULO 13 CONSTITUCIONAL POR NO TRATARSE DE UNA LEY PRIVATIVA. El art�culo �nico del decreto de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres reform� los plazos para la entrada en vigor de las reformas al C�digo Civil, C�digo de Procedimientos Civiles y Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, as� como el se�alamiento de las normas que deb�an regir los juicios y procedimientos judiciales y administrativos en tr�mite, contenidos en el referido decreto de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres. El art�culo �nico del primero de los indicados decretos, en su punto segundo estableci� que las disposiciones del diverso decreto de reformas a los ordenamientos citados, se aplicar�an a partir del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, �nicamente cuando se trate de inmuebles que: I. No se encuentren arrendados al diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres; II. Se encuentren arrendados al diecinueve de octubre del mismo a�o, siempre que sean para uso distinto del habitacional, o III. Su construcci�n sea nueva, siempre que el aviso de terminaci�n sea posterior al diecinueve de octubre del citado a�o. Las anteriores disposiciones no son violatorias del principio de igualdad creando una ley privativa, porque la Suprema Corte de Justicia constantemente ha sostenido que la ley privativa se caracteriza porque pugna con el sistema de generalidad en cuanto a su observancia y porque s�lo tiene efectos sobre determinadas personas y cosas, individualmente determinadas; as� podr�a afirmarse que la ley es privativa, si la materia de que se trata desaparece despu�s de aplicarse a un caso previsto de antemano o si menciona individualmente a las personas a las que se va a aplicar, empero, el decreto que se reclama se aplica sin consideraci�n de especie o de personas a todos los casos que previene, adem�s de que no comprende a un determinado n�mero de individuos, sino a todos los que se encuentren o lleguen a encontrarse en la clasificaci�n establecida por el decreto, o sea, que se aplica por igual a todas las personas que tengan arrendamiento de local comercial o industrial pero no s�lo a algunos en particular, de ah� que, tal ordenamiento goza de las caracter�sticas de generalidad y abstracci�n." (Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, agosto 1995, tesis P. XLI/95, p�gina 68).

"ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA CASA HABITACI�N. SU ESTIMACI�N POR EL LEGISLADOR COMO RELACIONES CONTRACTUALES DE ORDEN P�BLICO, NO ES VIOLATORIA DE LA GARANT�A DE IGUALDAD PREVISTA POR EL ART�CULO 13 CONSTITUCIONAL (C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). Corresponde al legislador y no al particular la determinaci�n de qu� institutos o v�nculos son de orden p�blico, ya que a trav�s de la funci�n que le est� encomendada dicta las leyes regulando las diversas relaciones que se presentan en la sociedad. Por ello la determinaci�n del car�cter de orden p�blico que el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal otorga al arrendamiento de inmuebles destinados a habitaci�n, no viola la garant�a de igualdad prevista por el art�culo 13 constitucional, toda vez que el legislador en ejercicio de su facultad que le es propia, regula de forma abstracta y general una clase de relaci�n sin determinar individualmente a una persona o grupo de personas." (Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, n�mero 61, enero de 1993, tesis P. VII/93, p�gina 59).

"ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA FINES ESPEC�FICOS. EL ART�CULO 125, FRACCI�N XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, REFORMADO POR DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1955, NO INFRINGE EL ART�CULO 13 CONSTITUCIONAL, POR NO SER UNA LEY PRIVATIVA. Dicho precepto es una ley general y abstracta, en los t�rminos de la jurisprudencia numero 643 de la compilaci�n de mil novecientos cincuenta y cinco, porque la finalidad para la que se destina el bien arrendado es elemento intr�nseco del contrato, al que obliga la propia naturaleza del inmueble. Sobre este particular, es pertinente distinguir dos situaciones posibles. La una, cuando los inmuebles est�n dispuestos y son aprovechados para cualquiera de las finalidades previstas en la fracci�n XII del art�culo 125, o se arrienda expresa o t�citamente para alguna de ellas. La otra, cuando en el contrato no se expresa el fin o uso del inmueble y por su naturaleza no resulta forzoso que s�lo pueda aprovecharse en alguno de los usos previstos por el precepto. En la primera situaci�n, estamos en presencia de elementos objetivos, como son la disposici�n o naturaleza del bien y la voluntad de las partes que lo destinan expresamente o lo aprovechan en dichos usos. No debe conceptuarse elemento subjetivo la finalidad o destino del inmueble cuando �sta aparece manifiesta en las condiciones arquitect�nicas del mismo; cuando se aplica a una finalidad que le es propia, aunque no se exprese en el contrato alguno de los usos que motivan el gravamen, caso este �ltimo en que no hay subjetividad, porque elmotivo o fin del arrendamiento es un elemento objetivo de los contratos, del que depende su validez, como puede apreciarse del art�culo 1795, fracci�n III, del C�digo Civil del Distrito Federal. En cambio, cuando falte alguna de esas condiciones, har� inaplicable al caso el precepto y no existir� gravamen a cargo del arrendador ni en el caso de que unilateralmente destine el arrendatario el inmueble a alguno de tales fines, ni menos cuando con igual unilateralidad lo impute de por s� la autoridad exactora. Por consiguiente, no podr� decirse que el precepto carezca de generalidad en s� mismo, porque no es exacto que utilice elementos subjetivos para determinar desigualmente a los causantes del impuesto." (Pleno. Ap�ndice 1985, primera parte, tesis 4, p�gina 18).

"ARRENDAMIENTO. EL ART�CULO 2372 DEL C�DIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LE�N NO VIOLA LA GARANT�A DE IGUALDAD.? El art�culo 2372 del C�digo Civil para el Estado de Nuevo Le�n no viola la garant�a de igualdad prevista por el art�culo 13 constitucional, pues de su lectura se desprende que establece una regulaci�n abstracta y general sin determinar situaciones jur�dicas referidas a una persona o a un grupo de personas, ya que comprende a todos los sujetos que se encuentren en el supuesto de arrendamientos, sean de predios r�sticos o urbanos, que no se hayan celebrado por tiempo determinado, y en tanto que pueden darse por concluidos a voluntad de cualquiera de las partes, sin referencia a una de ellas en particular, previo aviso a la otra parte en forma indubitable con dos meses de anticipaci�n si el predio es urbano y con un a�o si es r�stico; lo que adem�s resulta de conformidad con el concepto tradicional del contrato privado, seg�n el cual uno de sus elementos esenciales es la libertad contractual, de tal forma que trat�ndose de arrendamientos celebrados por tiempo indefinido, no puede obligarse a las partes a mantenerse ligadas al mismo aun en contra de su voluntad." (Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, n�mero 71, noviembre de 1993, tesis P. LIV/93, p�gina 27).

"ARRENDAMIENTO. EL ART�CULO 525, �LTIMO P�RRAFO, DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LA GARANT�A DE IGUALDAD.? El art�culo 525, �ltimo p�rrafo, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no viola la garant�a de igualdad prevista por el art�culo 13 constitucional, pues de su lectura se desprende que establece una regulaci�n abstracta y general, sin determinar situaciones jur�dicas referidas individualmente a una persona o num�ricamente a un grupo de personas. En efecto, el precepto legal de que se trata comprende a todos los sujetos que se encuentren en el supuesto de arrendamiento de casa habitaci�n, en tanto que en relaci�n con dichos sujetos, la sentencia que se pronuncie condenando a la desocupaci�n del inmueble relativo, s�lo podr� ejecutarse forzosamente treinta d�as despu�s de haberse notificado el auto de ejecuci�n; am�n de que la disposici�n en cuesti�n no desaparece una vez aplicada sino que deber� aplicarse tambi�n a todos los casos id�nticos al que previene." (Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, n�mero 71, noviembre de 1993, tesis P.LXXVI/93, p�gina 45).

"IGUALDAD, PRINCIPIO DE. EL ART�CULO 470, FRACCI�N III, DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO ES VIOLATORIO DEL ART�CULO 13 CONSTITUCIONAL.? La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos al consagrar el principio de igualdad, no prescribe que el legislador trate de manera igual a quienes se encuentren en situaciones diversas entre s�, sino a dar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en situaci�n semejante, lo que equivale a decir que en situaciones diversas el trato debe ser desigual, sigui�ndose de ello que la desigualdad establecida por el legislador en determinados supuestos, es la v�a de realizaci�n del principio constitucional de igualdad. De acuerdo con ello, corresponde al legislador la previsi�n de los supuestos de hecho o de derecho que, agrupados entre s�, por sus caracter�sticas comunes, sean suficientes y necesarias para diferenciarlos de otros, en cuanto tales notas comunes tengan una relevancia jur�dica. En este orden de ideas, el diverso 470, fracci�n III, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas no infringe el principio de igualdad, porque al prevenir en favor de los abogados la v�a incidental para el cobro de sus honorarios, establece una categor�a de sujetos que por sus caracter�sticas propias pueden quedar exceptuados de la tramitaci�n sumaria de sus pretensiones, por lo que los abogados, acreedores de honorarios por su patrocinio en un determinado juicio, y los clientes luego demandados se distinguen de los sujetos a juicio sumario, toda vez que por su proximidad inmediata con las actuaciones y pruebas del juicio en el que intervinieron debe presumirse que cuentan con los documentos y constancias probatorias preparadas y ofrecidas por ellos en el proceso, lo que en todo caso permite expeditar los plazos de actuaciones y probanza; luego entonces, si la excepci�n prevista por la disposici�n reclamada corresponde plenamente a la finalidad de la ley que la establece, sin que ello se traduzca en una discriminaci�n de otros profesionales pretensores de pago judicial de honorarios, debe concluirse que el referido art�culo 470, fracci�n III, del c�digo adjetivo en materia civil del Estado de Tamaulipas no es conculcatorio del principio de igualdad previsto en el art�culo 13 de la Constituci�n Federal." (Pleno Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, agosto de 1995, tesis P.LV/95, p�gina 72).

"APELACI�N. LOS ART�CULOS 157 Y 426, FRACCI�N I, DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN LA GARANT�A DE IGUALDAD PREVISTA POR EL ART�CULO 13 CONSTITUCIONAL.? Los citados preceptos no violan la garant�a de igualdad prevista por el art�culo 13 constitucional, pues de su lectura e interpretaci�n arm�nica se desprende que establecen una regulaci�n abstracta y general, sin determinar situaciones jur�dicas referidas individualmente a una persona o num�ricamente a un grupo de personas. En efecto, el art�culo 157 comprende a todos los sujetos que se encuentren en el supuesto de arrendamiento en general, en tanto que para dichos sujetos, para establecer la cuant�a del negocio, se computar� el importe de las pensiones en un a�o; y por lo que hace al art�culo 426, fracci�n I, comprende a todos los sujetos que se encuentren en el caso de arrendamiento de fincas distintas a las urbanas destinadas a habitaci�n, porque respecto de tales sujetos, causar�n ejecutoria por ministerio de ley las sentencias dictadas en controversias judiciales cuyo inter�s no exceda de 182 veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal; am�n de que ambas disposiciones no desaparecen una vez aplicadas, sino que deber�n aplicarse tambi�n a todos los casos id�nticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas." (Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, n�mero 61, enero de 1993, tesis P. VIII/93, p�gina 60).

En las referidas circunstancias, resulta infundado el agravio examinado.

OCTAVO

? Por lo que toca a la violaci�n a la garant�a de audiencia que se desprende del agravio se�alado como segundo, tambi�n resulta infundado.

El segundo p�rrafo del art�culo 14 constitucional establece:

Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

La garant�a de seguridad jur�dica contenida en el precepto reproducido consiste en que previamente a un acto privativo el gobernado debe ser o�do y vencido en un procedimiento seguido en forma de juicio, siendo el aspecto m�s importante de dicha prerrogativa el no dejar en estado de indefensi�n al gobernado, lo cual se logra mediante el respeto irrestricto a las formalidades esenciales del procedimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido, en jurisprudencia obligatoria, el concepto de formalidades esenciales del procedimiento en la tesis P./J. 47/95, publicada en el Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a fojas 52 y siguientes, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta expresando:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.? La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.'. �stas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado.

Procede analizar si, en el caso, las disposiciones impugnadas transgreden estas formalidades esenciales del procedimiento.

El art�culo 957 del C�digo de Procedimientos Civiles, antes reproducido, establece, en primer t�rmino, la aplicaci�n de las disposiciones del t�tulo d�cimo sexto bis, art�culos 957 a 966 de dicho c�digo, a las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario. En seguida, se establece que el J. tendr� las m�s amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. Finalmente, el precepto en comento hace extensiva la aplicaci�n de estas normas a las controversias contra el fiado y por el pago de da�os y perjuicios en materia de arrendamiento inmobiliario. Estas prescripciones no son violatorias de la garant�a de audiencia dado que exclusivamente establecen la v�a para el ejercicio de determinadas acciones, lo que en s� mismo instrumenta los propios mandatos del art�culo 14 constitucional de juicio seguido ante tribunal previamente establecido. Respecto a las facultades del juzgador, �stas tampoco pueden constituir una transgresi�n a la garant�a de audiencia dado que no s�lo se ajusta a lo ordenado por el precepto constitucional referido, sino tambi�n a lo ordenado por el art�culo 17 de la misma Ley Fundamental, el que ordena:

"Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil.

Por lo que se refiere al art�culo 958, tampoco se advierte una violaci�n a las formalidades esenciales del procedimiento porque el actor deba anexar los documentos base de la acci�n y que tanto en la demanda, contestaci�n, reconvenci�n y contestaci�n, las partes deber�n ofrecer las pruebas que pretenden rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales que tenga en su poder o el acuse de recibo de la solicitud de documentos en archivos oficiales. Este tribunal aprecia que con esta regulaci�n no se transgrede la posibilidad del demandado de probar, ni se menoscaban sus defensas; simplemente, para hacer efectiva la expedita administraci�n de justicia, se exige que las pruebas vayan con la demanda, la contestaci�n o la reconvenci�n.

Respecto al art�culo 959, los quejosos sostienen que se deja en estado de indefensi�n al inquilino que reconviene, dado que no sabr� la contestaci�n que le d� el actor ni podr� probar en contra. Lo anterior no es exacto, dado que el art�culo 959 establece lo siguiente:

"Art�culo 959. ...

"El demandado deber� dar contestaci�n y formular en su caso reconvenci�n dentro de los 5 d�as siguientes a la fecha del emplazamiento. Si hubiera reconvenci�n se correr� traslado de �sta a la parte actora para que la conteste dentro de los 5 d�as siguientes a la fecha de notificaci�n del auto que la admita.

"Una vez contestada la demanda y, la reconvenci�n, o transcurridos los plazos para ello, el J. admitir� las pruebas ofrecidas conforme a derecho y rechazar� las que no lo sean, fijando la forma de preparaci�n de las mismas, a efecto de que se desahoguen a m�s tardar en la audiencia de ley."

De lo anterior se desprende que el inquilino que reconviene tiene el mismo tratamiento del actor al demandar, por lo que no se contraviene una formalidad esencial del procedimiento.

Los quejosos establecen que el art�culo 959 atenta contra la garant�a de audiencia porque obliga a celebrar la audiencia del juicio dentro de los veinticinco o treinta y cinco d�as siguientes a la fecha del auto de admisi�n, lo que impide preparar adecuadamente las pruebas. Este tribunal advierte que no le asiste raz�n a los agraviados, dado que el t�rmino para celebrar la audiencia no es por s� mismo inconstitucional, sino que es necesario atender a las consecuencias de que la audiencia no se celebre en el t�rmino y a si no se pueden tener listas las pruebas dentro del t�rmino.

Por lo que respecta al efecto de la interposici�n del recurso de apelaci�n, tampoco se estima que haya una transgresi�n a la garant�a de audiencia, dado que dicho precepto prev� la regla procesal de que en materia de arrendamiento, la interposici�n del recurso de apelaci�n s�lo permite que sea admitido en el efecto devolutivo, mismo que conforme a lo dispuesto en el art�culo 694 del citado c�digo no suspende la ejecuci�n del fallo recurrido; sin embargo, tal situaci�n legal en que se ubica el apelante, en su caso, no coarta sus posibilidades de defensa, ni su derecho de audiencia, pues es precisamente el recurso de apelaci�n que interpone, el que tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resoluci�n con la que se inconforma, lo que constituye un medio de defensa que garantiza su derecho a ser o�do en defensa de sus intereses. As�, la circunstancia de que el efecto de la admisi�n del recurso permita, en principio, la ejecuci�n de la determinaci�n judicial que se impugna, por s� misma no impide la defensa del afectado en cuanto a sus posibilidades de ser o�do y de ofrecer pruebas, sino que constituye una medida de car�cter procesal tendiente a evitar dilaciones en el curso del juicio, medida que concede o permite un "derecho procesal".

En consecuencia, debe confirmarse la sentencia recurrida, con la precisi�n contenida en el cuarto considerando.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

? Se confirma la sentencia recurrida, con la precisi�n contenida en el cuarto considerando.

SEGUNDO

? La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a E.O.G.�rrez y a Agsa Construcciones, Sociedad An�nima de Capital Variable contra la sentencia que reclamaron de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

N.�quese y c�mplase. Con testimonio de esta resoluci�n, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

A solicitud de los Ministros D�az R., G�ngora P., G.�o P., R.P., S.C., S.M. y presidente A.A.�n, se acord� que la parte considerativa se publique en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, funcionando en Pleno, por unanimidad de diez votos de los Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., G�ngora P., G.�o P., R.P., S.C., S.M. y presidente A.A.�n. El Ministro O.M. no asisti�, previo aviso a la Presidencia. Fue ponente el M.M.A.G.�itr�n.