Ejecutoria num. P./J. 100/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823466

Ejecutoria num. P./J. 100/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 100/2005
Localizacion:JUAN N. SILVA MEZA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 298/2005. PROVIVIENDA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 298/2005. PROVIVIENDA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: J.N.S.M..

SECRETARIA: M.A.S.M..

CONSIDERANDO:

TERCERO

Con fundamento en el art�culo 91, fracci�n II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno se aboca al an�lisis de los conceptos de violaci�n que formula la parte quejosa en relaci�n con los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, tercer p�rrafo, �nicos respecto de los que subsiste el problema de inconstitucionalidad hecho valer.

Por raz�n de m�todo se analiza, en primer t�rmino, el cuarto concepto de violaci�n en el que la parte quejosa argumenta que los citados numerales resultan violatorios de las garant�as de legalidad, seguridad jur�dica, defensa jurisdiccional y expeditez en la impartici�n de justicia, contenidas en los art�culos 14, 16, 17, 73, 121, fracci�n II y 124, fracci�n II, soberan�a de esta entidad federativa, puesto que no compete al Congreso de la Uni�n legislar en materia de inmuebles, sino que la N. Fundamental establece que los bienes de esta naturaleza se regir�n con base en la legislaci�n del lugar de su ubicaci�n, por tanto, queda reservada esta facultad a los Estados miembros del Pacto Federal.

Es infundado el concepto de violaci�n de m�rito.

A efecto de abordar el an�lisis de este t�pico es menester precisar el fundamento constitucional de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en cuanto implica verificar si el Congreso de la Uni�n tiene facultades para legislar en materia de ventas que los proveedores hacen al p�blico en general (consumidores), de bienes inmuebles destinados a casa-habitaci�n o de tiempo compartido.

Al respecto, se estima conveniente destacar, en primer t�rmino, los principios fundamentales que rigen la divisi�n de competencias legislativas entre la Federaci�n y los Estados de la Rep�blica y, en segundo lugar, la distribuci�n competencial que la Constituci�n Federal establece entre la Federaci�n y el Distrito Federal, tambi�n en materia legislativa.

En cuanto a los principios mencionados inicialmente, cabe se�alar que, de modo muy general, las facultades atribuidas a la Federaci�n se encuentran precisadas en el art�culo 73 constitucional de dos maneras:

En forma expresa, esto es, de manera concreta y espec�fica sobre algunas materias; y en forma impl�cita, que son aquellas facultades que constituyen el medio necesario para ejercer las expresas o expl�citas.

Como ya se indic�, la Constituci�n Federal, en su art�culo 73, establece en sus primeras veintinueve fracciones aquellas atribuciones legislativas con que expresamente cuenta, mientras que las facultades impl�citas se encuentran previstas en la fracci�n XXX del precepto constitucional en cita. Cabe precisar que en esta fracci�n no se autoriza la creaci�n de facultades nuevas, sino las que hagan efectivas las atribuciones establecidas en las veintinueve primeras fracciones del art�culo en comento.

Por otra parte, las facultades atribuidas a los Estados de la Rep�blica se encuentran previstas en el art�culo 124 de la Carta Magna, en cuanto establece que todas aquellas facultades que no est�n concedidas expresamente a la Federaci�n corresponden a los Estados.

Es importante resaltar la diferencia que existe entre las facultades impl�citas y las facultades reservadas a las Legislaturas Locales, pues en tanto las primeras no pueden existir sin atribuciones constitucionalmente expresas y en cuya normaci�n importa su objeto o fin, las segundas son susceptibles de desempe�o en materias que la Constituci�n Federal no reserva al Congreso de la Uni�n, en observancia del principio contenido en el citado art�culo 124 constitucional, que literalmente establece:

"Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

Del precepto transcrito se advierte que los Estados cuentan con las facultades que, por exclusi�n, no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.

En cuanto al �mbito de atribuciones que se�ala la Constituci�n Federal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debe tenerse presente que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya defini� tal aspecto en el criterio que sustenta la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 49/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, correspondiente al mes de agosto de 1999, p�gina 546, de rubro: "DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNI�N LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO EST�N EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCI�N FEDERAL."

En la acci�n de inconstitucionalidad 5/99, fallada el once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que dio origen a la tesis antes referida, el Tribunal Pleno precis� que conforme al sistema federal que consagra la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el Distrito Federal no s�lo no tiene calidad de Estado Federal, sino que las reglas aplicables a la competencia de su Asamblea Legislativa son exactamente opuestas al sistema establecido para las dem�s entidades federativas, antes expuesto, conforme al cual a los Estados toca todo lo que no est� reservado expresamente a la Federaci�n. En efecto, trat�ndose del Distrito Federal a su Asamblea Legislativa s�lo corresponde lo que expresamente le se�ala la Constituci�n Federal; lo dem�s, o sea todo lo que no se le reserva, corresponder� al Congreso de la Uni�n en su car�cter de Legislatura Local.

As� se corrobora de los art�culos 44 y 122 de la Constituci�n Federal, de cuya lectura destaca, para efectos del presente estudio, que el ejercicio de la funci�n legislativa en el Distrito Federal est� encomendado al Congreso de la Uni�n y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme al siguiente sistema de distribuci�n de competencias:

  1. Un r�gimen expreso y cerrado de facultades para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracci�n V del art�culo 122 de la Constituci�n Federal, adem�s de las que expresamente le otorgue la propia Constituci�n.

  2. La reserva a favor del Congreso de la Uni�n respecto de las materias no conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, as� como lo relativo al Estatuto de Gobierno y a la deuda p�blica de esa entidad, a las normas que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Uni�n y las dem�s atribuciones que le se�ale la Ley Suprema, como lo estatuye su art�culo 122, apartado A, fracciones I a V.

Expuesto a grandes rasgos el sistema general de divisi�n de competencias que establece la Constituci�n General, y a efecto de determinar a qu� �rgano compete legislar en materia de protecci�n al consumidor, es necesario tener en consideraci�n que el Congreso de la Uni�n es, por antonomasia, el poder encargado de crear los instrumentos legales que deriven de la Constituci�n y que considere necesarios para el desarrollo econ�mico, pol�tico y social dentro del marco dise�ado por otros preceptos constitucionales, regido por los principios de justicia, democracia, independencia e identidad nacional.

As�, es comprensible que, por regla general, los temas o materias sobre los cuales el Congreso de la Uni�n est� autorizado para legislar sean m�s amplios que los de las Legislaturas Locales, en cuanto se refieren a cuestiones que pueden interesar a toda la Rep�blica y a los mexicanos en general, conforme a los principios del federalismo, tales como la justa y equilibrada distribuci�n de la riqueza nacional, el fortalecimiento econ�mico, pol�tico y social de los Estados y la promoci�n del desarrollo regional, sin desconocer que las leyes que de tal �rgano provienen tambi�n pueden orientar la coordinaci�n entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios para cumplir de forma integral sus funciones, con respeto a sus espacios de competencia.

Bajo tal perspectiva se advierte, inicialmente, que conforme al art�culo 73, fracciones X y XXIX-E, de la Constituci�n Federal, el Congreso de la Uni�n tiene facultad:

"Art�culo 73. ...

"X. Para legislar en toda la Rep�blica sobre hidrocarburos, miner�a, industria cinematogr�fica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediaci�n y servicios financieros, energ�a el�ctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art�culo 123;

"...

XXIX-E. Para expedir leyes para la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.

Tambi�n de manera preliminar debe tomarse en consideraci�n que el art�culo 25 de la Constituci�n Federal establece:

"Art�culo 25. Corresponde al Estado la rector�a del desarrollo nacional para garantizar que �ste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberan�a de la naci�n y su r�gimen democr�tico y que, mediante el fomento del crecimiento econ�mico y el empleo y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constituci�n.

"El Estado planear�, conducir�, coordinar� y orientar� la actividad econ�mica nacional, y llevar� al cabo la regulaci�n y fomento de las actividades que demande el inter�s general en el marco de libertades que otorga esta Constituci�n.

"Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n.

"...

"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� a las empresas de los sectores social y privado de la econom�a, sujet�ndolos a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente.

"La ley establecer� los mecanismos que faciliten la organizaci�n y la expansi�n de la actividad econ�mica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organizaci�n social para la producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentar� y proteger� la actividad econ�mica que realicen los particulares y proveer� las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econ�mico nacional, en los t�rminos que establece esta Constituci�n.

Pero los principios que resultan fundamentales para decidir la cuesti�n planteada se hallan en las normas de tutela social que informan el art�culo 28 constitucional, que a continuaci�n se transcribe en su integridad, resaltando las partes m�s relevantes para el tema planteado.

"Art�culo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic) pr�cticas monop�licas, los estancos y las exenciones de impuestos en los t�rminos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dar� a ls (sic) prohibiciones a t�tulo de protecci�n a la industria.

"En consecuencia, la ley castigar� severamente, y las autoridades perseguir�n con eficacia, toda concentraci�n o acaparamiento en una o pocas manos de art�culos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinaci�n de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre s� y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del p�blico en general o de alguna clase social.

"Las leyes fijar�n bases para que se se�alen precios m�ximos a los art�culos, materias o productos que se consideren necesarios para la econom�a nacional o el consumo popular, as� como para imponer modalidades a la organizaci�n de la distribuci�n de esos art�culos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, as� como el alza de precios. La ley proteger� a los consumidores y propiciar� su organizaci�n para el mejor cuidado de sus intereses.

"No constituir�n monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes �reas estrat�gicas: correos, tel�grafos y radiotelegraf�a; petr�leo y los dem�s hidrocarburos; petroqu�mica b�sica; minerales radioactivos y generaci�n de energ�a nuclear; electricidad y las actividades que expresamente se�alen las leyes que expida el Congreso de la Uni�n. La comunicaci�n v�a sat�lite y los ferrocarriles son �reas prioritarias para el desarrollo nacional en los t�rminos del art�culo 25 de esta Constituci�n; el Estado al ejercer en ellas su rector�a, proteger� la seguridad y la soberan�a de la naci�n, y al otorgar concesiones o permisos mantendr� o establecer� el dominio de las respectivas v�as de comunicaci�n de acuerdo con las leyes de la materia.

"El Estado contar� con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las �reas estrat�gicas a su cargo y en las actividades de car�cter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por s� o con los sectores social y privado.

"El Estado tendr� un banco central que ser� aut�nomo en el ejercicio de sus funciones y en su administraci�n. Su objetivo prioritario ser� procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rector�a del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podr� ordenar al banco conceder financiamiento.

"No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a trav�s del banco central en las �reas estrat�gicas de acu�aci�n de moneda y emisi�n de billetes. El banco central, en los t�rminos que establezcan las leyes y con la intervenci�n que corresponda a las autoridades competentes, regular� los cambios, as� como la intermediaci�n y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulaci�n y proveer a su observancia. La conducci�n del banco estar� a cargo de personas cuya designaci�n ser� hecha por el presidente de la Rep�blica con la aprobaci�n de la C�mara de Senadores o de la Comisi�n Permanente, en su caso; desempe�ar�n su encargo por periodos cuya duraci�n y escalonamiento provean al ejercicio aut�nomo de sus funciones; s�lo podr�n ser removidas por causa grave y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aquellos en que act�en en representaci�n del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, cient�ficas, culturales o de beneficiencia (sic). Las personas encargadas de la conducci�n del banco central, podr�n ser sujetos de juicio pol�tico conforme a lo dispuesto por el art�culo 110 de esta Constituci�n.

"No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del inter�s general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la regi�n en que se produzcan o que no sean art�culos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones est�n bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorizaci�n que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por s� o a propuesta del Ejecutivo podr�n derogar, cuando as� lo exijan las necesidades p�blicas, las autorizaciones concedidas para la formaci�n de las asociaciones de que se trata.

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producci�n de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

"El Estado, sujet�ndose a las leyes, podr� en casos de inter�s general, concesionar la prestaci�n de servicios p�blicos o la explotaci�n, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federaci�n, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijar�n las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestaci�n de los servicios y la utilizaci�n social de los bienes, y evitar�n fen�menos de concentraci�n que contrar�en el inter�s p�blico.

"La sujeci�n a reg�menes de servicio p�blico se apegar� a lo dispuesto por la Constituci�n y s�lo podr� llevarse a cabo mediante ley.

"Se podr�n otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de car�cter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la naci�n. El Estado vigilar� su aplicaci�n y evaluar� los resultados de �sta."

Del examen integral, arm�nico y sistem�tico de estas normas constitucionales, deriva que al Congreso de la Uni�n compete legislar en materia de comercio; asimismo, que corresponde al Estado -aqu� entendido como Federaci�n- la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, fundamentalmente las de abasto y las que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios, tutelando la rector�a econ�mica del Estado para garantizar el crecimiento econ�mico del pa�s, alentando la producci�n y concediendo subsidios, estimular la exportaci�n de productos y facilitar la importaci�n de materias primas, entre otras acciones.

Lo anterior es la cobertura necesaria para considerar que, conforme al art�culo 28 constitucional, la legislaci�n que al efecto se emita debe cumplir con una serie de principios rectores de pol�tica econ�mica y social, que reflejan, en la materia que se viene analizando, la intenci�n del Constituyente de proteger o tutelar al sector de consumidores que en la vida contempor�nea ha adquirido tan gran relevancia que, inclusive, a la colectividad actual se le identifica como sociedad de consumo.

En esta parte, es importante se�alar que la expresi�n "Estado" utilizada por el multicitado art�culo 28, se refiere a la Federaci�n, pues cuando ha querido aludir a las entidades federativas las menciona espec�ficamente como "Estados", como acontece con el p�rrafo octavo que, en la parte conducente, que se reitera, dice:

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del inter�s general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la regi�n en que se produzcan o que no sean art�culos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones est�n bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorizaci�n que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso.

El mismo tratamiento distintivo se observa en la fracci�n VI del art�culo 27 de dicha N. Superior, que es del tenor literal siguiente:

"VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los Municipios de toda la Rep�blica, tendr�n plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes ra�ces necesarios para los servicios p�blicos.

Las leyes de la Federaci�n y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinar�n los casos en que sea de utilidad p�blica la ocupaci�n de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa har� ladeclaraci�n correspondiente. ...

Por tanto, la protecci�n de los consumidores se erige en una de las prioridades del Constituyente cuyo desarrollo se encomienda a la Federaci�n con el prop�sito de que garantice la adecuada protecci�n de los derechos de dichos consumidores, en cuanto constituyen la parte d�bil en las relaciones de mercado; as�, la intervenci�n de los poderes p�blicos, en la medida de sus respectivas competencias, es necesaria para corregir aquellas disparidades que el mercado, por s� solo, es incapaz de subsanar. De esta manera, la Constituci�n Federal establece un principio general a favor de los consumidores y predica el deber de los poderes p�blicos de ejercer una serie de actuaciones encaminadas a su protecci�n, dentro de las cuales cabe la regulaci�n y vigilancia de los contratos de compraventa de casa-habitaci�n celebrados por aquellos que hacen de dicha actividad su ocupaci�n habitual.

Dicha protecci�n de los consumidores queda enmarcada como uno de los principios rectores de la pol�tica social y econ�mica que enuncia la Constituci�n Federal con las importantes consecuencias que derivan de ello, partiendo del reconocimiento de que existe una gran mayor�a de personas que al realizar operaciones que van m�s all� de las que le son conocidas y ordinarias, como las que tienen por objeto la adquisici�n de bienes inmuebles para casa-habitaci�n con motivo de las ofertas que hacen empresarios (proveedores) al p�blico en general, carecen de la asesor�a profesional para verificar si los contratos o condiciones bajo los que se pactan son equitativos y apegados a derecho, o son totalmente ventajosos para el empresario. Por ello, el Constituyente estim� necesario que la Federaci�n intervenga, los proteja y establezca las condiciones indispensables para que puedan, efectivamente, ejercer los derechos que la ley les concede.

La Federaci�n, conforme a la Constituci�n Federal, trat�ndose de este tipo de relaciones, tutela a los econ�micamente m�s desprotegidos, precisando las directrices normativas que impidan o mitiguen las desigualdades.

Lo anterior permite precisar que la institucionalizaci�n de la protecci�n al consumidor en donde el Estado es un ente activo en su defensa y ayuda se inserta como facultad del Congreso de la Uni�n en el tema del desarrollo econ�mico nacional, cuyo fin es lograr una distribuci�n m�s equitativa del producto nacional y, al mismo tiempo, hacer m�s eficiente el aparato productivo corrigiendo los vicios y deformaciones de los sistemas de comercializaci�n que puedan afectar el desarrollo econ�mico en donde el consumidor est� ubicado.

Tales argumentos se confirman con el texto de los trabajos legislativos que dieron origen tanto a la fracci�n XXIX-E del art�culo 73 como a la modificaci�n del art�culo 28 de la Constituci�n Federal en menci�n, que a continuaci�n se detallan.

En la exposici�n de motivos de la iniciativa enviada a la C�mara de Diputados que fungi� como C�mara de Origen, el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en la parte que interesa, se dijo:

"La Constituci�n estableci� las bases para forjar la unidad cultural y pol�tica de la naci�n y de una democracia que contara con instituciones s�lidas para conducir la transformaci�n social y garantizar, en la libertad, el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.

"A partir de este orden normativo, M�xico ha podido construir sus instituciones de fomento del desarrollo econ�mico, las instituciones pol�ticas que le dar�an vialidad al proyecto nacional y crear los instrumentos de intervenci�n del Estado en la econom�a para promover un desarrollo m�s acelerado y equilibrado de las fuerzas productivas, hacer frente a los impactos de las crisis econ�micas internacionales manteniendo la soberan�a de la naci�n y dar sustento a un proceso de industrializaci�n mediante la orientaci�n, regulaci�n y fomento de las actividades econ�micas.

"La Constituci�n de 1917 aport� una nueva concepci�n de los fines del Estado. Es una norma integradora y program�tica que da al Estado la responsabilidad fundamental en la promoci�n del desarrollo integral de la colectividad. Por la naturaleza y las exigencias de la lucha revolucionaria, la preocupaci�n central de los Constituyentes de 1917 fue establecer el esquema normativo de la organizaci�n y ejercicio del poder, y los principios que dieran sustento al nacionalismo, la democracia y la justicia social. Para ello, establecieron las directrices para lograr la integraci�n territorial y cultural de la naci�n, as� como las bases para la ruptura de la econom�a de enclave que hab�a fomentado el porfiriato. En respuesta a la bandera inicial del sufragio efectivo y la no reelecci�n, instituyeron los derechos pol�ticos del r�gimen democr�tico. Para la realizaci�n de los prop�sitos sociales del pueblo definieron los derechos a la tierra y a mejores condiciones del trabajo.

"Las condiciones de aquella �poca, de exigencias sociales, de defensa de la naci�n y participaci�n social y pol�tica, llevaron al Constituyente a adoptar las decisiones pol�ticas fundamentales sobre el r�gimen de propiedad y los derechos de las mayor�as a participar en la vida pol�tica y social, con lo que defini� visionariamente las orientaciones pol�ticas y sociales del desarrollo econ�mico.

"...

"La sociedad tambi�n ha cambiado. Las clases sociales y los diversos agrupamientos se han ampliado y fortalecido. El tejido social es hoy m�s rico y complejo. Existe ya un amplio y fuerte movimiento obrero, organizaciones campesinas, de clases medias, empresariales, de t�cnicos y profesionistas, cada vez m�s participantes e interconectados en un sistema de comunicaci�n nacional y con posibilidades crecientes para expresar sus puntos de vista.

"...

"Se ha dado en M�xico una acelerada modernizaci�n. Sin embargo, esta no ha podido resolver con la celeridad necesaria los graves problemas de desigualdad social, de ineficiencia y baja productividad, de escasa competitividad de nuestros productos en el exterior y la generaci�n de suficiente ahorro interno para financiar el desarrollo.

"...

"Ante esta situaci�n el pa�s requiere asumir el problema de la definici�n del rumbo de la estrategia de desarrollo a partir de principios constitucionales del desarrollo econ�mico nacional que actualicen y ordenen las atribuciones existentes, establezcan la seguridad jur�dica y permitan romper con los principales obst�culos que en mayor medida limitan el cumplimiento de los fines de la naci�n.

"Es necesario, para fortalecer la estructura constitucional del sistema econ�mico de la naci�n, que �sta, de nuevo, se reencuentre en sus or�genes, reafirme sus valores y recupere la esencia de la Constituci�n para que, sobre esas bases, lleguemos a la s�ntesis de la orientaci�n que nos dan nuestros valores con las necesidades de instrumentaci�n. S�lo as� podremos arribar a una nueva etapa de desarrollo en todos los �rdenes de la vida nacional, sobre bases de seguridad jur�dica, solidez, dinamismo, permanencia, eficiencia y mayor igualdad social.

"En nuestro pa�s, y en la �poca actual, no es posible separar el �mbito de la econom�a del de la participaci�n pol�tica y de los valores de la sociedad. La legitimidad que en nuestro r�gimen deriva de su origen revolucionario y del proceso de renovaci�n democr�tica de los poderes, est� cada vez m�s relacionada con las apreciaciones de la sociedad sobre la capacidad del sector p�blico para conducir con justicia y eficiencia el desarrollo integral.

"...

"Los principios constitucionales del desarrollo econ�mico nacional, que esta reforma propone, est�n referidos a la naturaleza y funcionamiento de nuestro sistema pol�tico que establece la Constituci�n. Estos son correspondientes con el r�gimen de propiedad y las formas de relaci�n del Estado y la sociedad que ella determina, as� como con nuevos mecanismos de participaci�n social que lleven a fortalecer y perfeccionar nuestro r�gimen democr�tico.

"...

"Estas reformas y adiciones, junto con las principales atribuciones del Estado en materia econ�mica, que se encuentran tambi�n consignadas en los art�culos 3o., 5o., 31, 73, 74, 89, 115, 117, 118, 123, 131 y dem�s relativos de nuestra Ley Suprema, dotan al Estado mexicano de las bases constitucionales -en los casos que proceda- para la modernizaci�n de la legislaci�n de fomento industrial, agr�cola, minero, de aprovechamiento de los energ�ticos, ciencia y tecnolog�a, pecuario, pesquero, forestal y de turismo; de los estatutos reguladores del comercio exterior y la pol�tica cambiaria, antimonopolios, de la inversi�n extranjera, la empresa transnacional, la adquisici�n de tecnolog�a, as� como la legislaci�n sobre regulaci�n del abasto y los precios, y la organizaci�n y defensa de los consumidores; tambi�n para el derecho penal econ�mico y la legislaci�n reglamentaria de la participaci�n y gesti�n del Estado en la econom�a nacional.

"...

"Se introducen las bases para regular el abasto y los precios, as� como para imponer aquellas limitaciones que eviten intermediaciones innecesarias o excesivas que provocan el alza de los precios. Se sientan las bases jur�dicas para la vital modernizaci�n del comercio interno.

"Se introduce la protecci�n de los consumidores propiciando su organizaci�n.

"...

"El art�culo 73 es adicionado con fracciones que hacen expl�citas las facultades del Congreso para expedir leyes sobre las nuevas materias objeto de la reforma, as� como aquellas tendientes a la promoci�n de la inversi�n mexicana, la regulaci�n de la inversi�n extranjera, sobre transferencia de tecnolog�a y generaci�n, difusi�n y aplicaci�n de los conocimientos cient�ficos y tecnol�gicos que requiere el desarrollo nacional.

"...

"Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n.

"...

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� al sector social y al sector privado de la econom�a, sujet�ndolos, junto con las actividades econ�micas que realiza el Estado, a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente.

En el dictamen de origen del veintitr�s de diciembre de mil novecientos ochenta y dos se expuso, en la parte que informa la litis, lo siguiente:

"El Constituyente de 1917 estableci� que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional corresponde originalmente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"Instituy�, asimismo, que la naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular, en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n.

"...

"La gesti�n directa del Estado se ha diversificado, asimismo, con diversas instituciones, organismos y empresas para atender el desarrollo econ�mico independiente de la naci�n. La acci�n econ�mica y social del Estado tiene en este campo un car�cter din�mico. Alienta y regula las energ�as productivas para establecer un sano equilibrio de las reacciones entre los factores de la producci�n que contribuyan al fortalecimiento de la econom�a y la realizaci�n de la justicia social. Frente a las tendencias de las fuerzas del mercado y de los intereses meramente privatistas, ha realizado una acci�n deliberada y ha trascendido de manera irreversible la concepci�n decimon�nica de un soterrado Estado guardi�n.

"...

"Asimismo, del mandato constitucional se desprenden normas precisas que proh�ben los monopolios, formas inconvenientes de concentraci�n en la industria y los servicios, permitiendo adem�s la regulaci�n del comercio interno y del intercambio con el exterior. Por tanto, el nuestro no es un r�gimen de libre concurrencia, seg�n la concepci�n del individualismo posesivo, sino un sistema que entra�a un profundo sentido de justicia y solidaridad, que protege los intereses populares, tutela y promueve los derechos de los trabajadores y establece las instituciones de seguridad social.

"...

"En este contexto hist�rico y jur�dico surge la iniciativa de reformas del presidente M. de la Madrid. La comisi�n considera que este proyecto del Ejecutivo implica la configuraci�n de un derecho constitucional econ�mico que recoge la tendencia del derecho p�blico moderno de establecer en la Ley Fundamental los principios, medios y t�cnicas que deben regir la actuaci�n del Estado en materia econ�mica.

"...

"El papel que se asigna al sector social como integrante de la econom�a mixta responde a las demandas mayoritarias y fortalece la alianza hist�rica popular en que se funda nuestro proyecto social, en lo fundamental, el de lograr una distribuci�n cada vez m�s equitativa de los beneficios que genera el quehacer econ�mico del pa�s.

"...

"Esta modificaci�n a la iniciativa es consecuente con la doctrina constitucional mexicana, con el concepto del Estado como rector de la econom�a y con la responsabilidad pol�tica y social que la historia y las demandas populares han otorgado al Estado nacional.

"...

"Las modificaciones propuestas al art�culo 28 constituyen un paso trascendente en la doctrina constitucional mexicana. Al superar expl�citamente el principio nunca acreditado hist�ricamente de la libre competencia, se da curso legal a una concepci�n propia del juego de los factores productivos y, en funci�n de ella, se fijan las normas operativas a seguir. Introducir el concepto de pr�cticas monop�licas, regular la concentraci�n de poder econ�mico y enfrentar los nuevos fen�menos del oligopolio y el consumismo son importantes avances en los derechos fundamentales que el pueblo de M�xico se otorga por su soberana voluntad y que en el nuevo texto propuesto para el art�culo 28 encuentran su definici�n.

"Se ampl�a as� una interpretaci�n estrecha del monopolio, y las nuevas manifestaciones de concentraci�n en la industria, el comercio y los servicios, podr�n enfrentarse con mejores instrumentos, dentro de un empe�o que avanza desde los mismos or�genes de nuestro constitucionalismo y que aspira a que las actividades econ�micas del Estado, los grupos y los particulares, se desenvuelvan con un sentido de progreso social.

"...

"De especial inter�s resulta la reforma propuesta al art�culo 28, tendiente a proteger a los consumidores, propiciando su organizaci�n y especificando las actividades que el Estado ha de realizar en forma exclusiva, sin sujetarlas a concepci�n de los particulares. Con base en estos criterios se fortalece la tesis del derecho constitucional mexicano que justifica y fundamenta la existencia de las instituciones, organismos y empresas que requiera el Estado para realizar con eficacia las actividades estrat�gicas que demanda la soberan�a nacional y el inter�s p�blico."

Al pasar a la C�mara Revisora, que en la especie fue la de Senadores, el texto de los preceptos constitucionales de que se trata no sufrieron modificaci�n alguna.

Con base en lo antes expuesto es dable afirmar que en t�rminos de las consideraciones anteriores, as� como en las normas invocadas de la Constituci�n Federal, el Congreso de la Uni�n tiene facultad expresa para legislar sobre las relaciones derivadas de los actos en los que el proveedor dedicado al fraccionamiento, construcci�n, promoci�n o asesor�a de inmuebles realiza ventas al p�blico en general (consumidores), con la finalidad de proteger a �stos y, al mismo tiempo, lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida mediante el fortalecimiento de su poder de compra a trav�s de la adquisici�n en el mercado de productos de buena calidad, en condiciones jur�dicamente correctas y precios justos.

No es obst�culo para la conclusi�n anterior el hecho de que el objeto de los convenios entre proveedor y consumidores sean, en este supuesto espec�fico, contratos de compraventa de inmuebles que, por regla general, son de naturaleza civil y, por tanto, regidos por las leyes locales, en virtud de que en el supuesto de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor el proveedor es un comerciante, dado que la fracci�n II de su art�culo 2o. lo define como tal, cuando lo identifica como "la persona f�sica o moral que habitual o peri�dicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios"; se trata, pues, de un comerciante, en los t�rminos del art�culo 3o. del C�digo de Comercio; y como, por otra parte, de los art�culos 75, fracci�n II, y 371 de este mismo ordenamiento, son mercantiles las compraventas de bienes inmuebles cuando se hagan con prop�sito de especulaci�n comercial, que es precisamente lo que sucede en la materia que se analiza, ha de concluirse que los aspectos tutelares de los consumidores que regulan los preceptos reclamados son propios del Congreso Federal.

Se invoca en apoyo de estas consideraciones la tesis sustentada por la Tercera Sala de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 187-192, Cuarta Parte, p�gina 171, que a la letra dice:

PROTECCI�N AL CONSUMIDOR, LEY FEDERAL DE. NO ES APLICABLE A LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES CELEBRADA EVENTUALMENTE POR PARTICULARES. El art�culo 2o. de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor dice: ?Quedan obligados al cumplimiento de esta ley los comerciantes, industriales, prestadores de servicios, as� como las empresas de participaci�n estatal, organismos descentralizados y los �rganos del Estado, en cuanto desarrollen actividades de producci�n, distribuci�n de bienes o prestaciones de servicios a consumidores?; y el art�culo 3o. del mismo ordenamiento, precept�a: ?Para los efectos de esta ley, por consumidor se entiende a quien contrata, para su utilizaci�n la adquisici�n, uso o disfrute de bienes o la prestaci�n de un servicio. Por proveedores, a las personas f�sicas o morales a que se refiere el art�culo 2o., y por comerciantes, a quienes hagan del comercio su ocupaci�n habitual o realicen, aunque fuere accidentalmente, un acto de comercio y su objeto sea la compraventa o arrendamiento de bienes muebles o la prestaci�n de servicios?. Como se ve, la ley federal en cuesti�n s�lo ser�a aplicable, trat�ndose de contratos de compraventa de inmuebles, cuando el vendedor haya sido una persona f�sica o moral cuyo trabajo ordinario es la realizaci�n de operaciones de compraventa sobre inmuebles, pues en este supuesto se tratar�a de personas que hacen ?del comercio su ocupaci�n habitual?; pero el mencionado ordenamiento es inaplicable cuando dos personas f�sicas celebran accidentalmente un contrato de compraventa que tenga por objeto un bien inmueble, pues este caso est� fuera de los supuestos previstos en los art�culos antes transcritos.

Es corolario de lo anterior que la expedici�n y aprobaci�n de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor por parte del Congreso de la Uni�n resulta acorde con la facultad que en favor de este cuerpo legislativo consagran los art�culos 73, fracciones X y XXIX-E, 25 y 28 de la Constituci�n Federal, pues en defensa de los consumidores los preceptos impugnados establecen modalidades, condiciones y requisitos para la celebraci�n de contratos relacionados con proveedores dedicados al fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a y venta al p�blico en general de viviendas destinadas a casa-habitaci�n.

Debe, sinembargo, hacerse la precisi�n fundamental de que las facultades tutelares o protectoras de los consumidores, que corresponden al Congreso de la Uni�n, en las relaciones de ventas de viviendas de casa-habitaci�n o de tiempo compartido que ofertan los proveedores, no invaden las esferas de competencia que constitucionalmente corresponden a los Estados de la Rep�blica y al Distrito Federal; antes bien, se armonizan y complementan, porque mientras a los �rganos federales compete normar y vigilar que las relaciones jur�dicas entre proveedores y consumidores se establezcan dentro de un marco de seguridad y legalidad, y conforme a un tratamiento equilibrado y exento de abusos, a los Estados y al Distrito Federal toca dictar leyes que, con fundamento en los art�culos 121, fracciones I y II; 122, base primera, fracci�n V, inciso h) y 124 constitucionales, establezcan las formalidades de los contratos de compraventa, sus elementos y sus requisitos de existencia y validez.

Dado que el Congreso de la Uni�n tiene facultades expresas para legislar en materia de comercio y de protecci�n al consumidor, es claro que puede emitir leyes regulatorias de la actividad de los proveedores que se dedican, entre otras, a la venta de casas-habitaci�n al p�blico en general pues, por un lado, ellos tienen la calidad de comerciantes y, por otro, sus contrapartes son consumidores.

Ahora bien, como se advierte, las obligaciones que establecen los dispositivos combatidos a cargo de los proveedores ata�en, m�s que a las formalidades de los contratos, a las convenciones que aquellos pactan con los consumidores en actos mercantiles, caracter�stica esta �ltima que deriva de los art�culos 75, fracci�n II y 371 del C�digo de Comercio, y que conllevan ciertas protecciones, tales como la de registrar sus modelos de contratos ante la Procuradur�a Federal de Protecci�n al Consumidor, la de incluir en dichos modelos ciertas cl�usulas e informaci�n sobre diversos aspectos de los inmuebles que ofrecen al p�blico, etc�tera, y que en conjunto desarrollan una facultad espec�ficamente encomendada al Congreso de la Uni�n y, en general, a la Federaci�n por el art�culo 28 constitucional, que consiste en brindar protecci�n al sector de los consumidores frente a los empresarios proveedores, trat�ndose de los actos mercantiles que celebran, independientemente de que al formalizarse en definitiva las ventas deban acatarse las normas locales.

Por tanto, la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor no pugna con la facultad de los Estados y del Distrito Federal para legislar en las materias contractual y de bienes inmuebles.

La facultad constitucional de los Estados y del Distrito Federal para regular el derecho contractual deriva de un principio jur�dico que recoge expresamente el art�culo 13, fracci�n IV, del C�digo Civil Federal, pero que es de jerarqu�a mayor, ya que proviene de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 121, fracciones I, II y III; 122, base primera, fracci�n V, inciso h) y 124 constitucionales, principalmente.

El principio general de derecho que de tales dispositivos deriva, postula que es la ley del lugar en donde el contrato se otorga la que lo rige (locus regit actum).

El art�culo 124 prev� la facultad residual a favor de los Estados para legislar en cualquier �mbito que no est� reservado expresamente a la Federaci�n, mientras que el art�culo 122, base primera, fracci�n V, inciso h), faculta expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia civil (en la que, indudablemente, se ubica la regulaci�n de los contratos):

"Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

"Art�culo 121. En cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito de los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Uni�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes:

"I. Las leyes de un Estado s�lo tendr�n efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podr�n ser obligatorias fuera de �l.

"II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n.

"III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, s�lo tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes.

"Las sentencias sobre derechos personales s�lo ser�n ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por raz�n de domicilio, a la justicia que las pronunci�, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio."

"Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito Federal, su gobierno est� a cargo de los Poderes Federales y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo.

"...

"Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

"...

"V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades:

"...

h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participaci�n ciudadana, defensor�a de oficio, notariado y registro p�blico de la propiedad y de comercio.

As�, mientras que los art�culos 28 y 73, fracci�n X, constitucionales sirven de apoyo al Congreso Federal para emitir leyes protectoras de los consumidores, el fundamento constitucional de que los Estados y el Distrito Federal tienen competencia para legislar en materia contractual civil, en cuanto a los actos que se celebran en su territorio, resulta de la conjugaci�n del principio general de derecho descrito y de la concatenaci�n de diversos dispositivos de la propia Carta Magna.

Sirven de apoyo, en lo conducente, las siguientes tesis consultables en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo CXXI, p�gina 2121, y la publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, correspondiente al mes de octubre de 1995, bajo el n�mero P. LXXVII/95, p�gina 77, respectivamente, que a la letra dicen:

"LEGISLATURAS LOCALES, FACULTADES DE LAS, EN MATERIA CIVIL (DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1916 DEL GOBIERNO DE PUEBLA). Las autoridades legislativas de los Estados tienen competencia constitucional para legislar en materia civil, y en las leyes relativas siempre se establecen restricciones a la autonom�a contractual, por razones de forma o de capacidad, por motivos referentes a la ilicitud del fin, del objeto o de la causa del acto jur�dico, o con la idea de garantizar una verdadera libertad de consentimiento en los particulares y de mantener la igualdad entre los contratantes; por lo que estando los Estados autorizados para legislar sobre la propiedad privada en todo aquello que no est� expresamente reservado a la Federaci�n, tal facultad lleva impl�cita la obligaci�n que tienen las mismas entidades, de velar por los intereses de la colectividad. Aunque en las legislaciones hay normas liberales, de car�cter individualista, que consagran el respeto a la libertad de los particulares, y la protecci�n m�s amplia a la autonom�a contractual, tambi�n hay otras que limitan justificadamente los derechos privados. Una de ellas es precisamente el decreto de 10 de abril de 1916, que establece que ?la acci�n de rescisi�n a que se refiere el art�culo 1509 del C�digo Civil no es renunciable, y su renuncia no producir� efecto jur�dico alguno?. Ya la Suprema Corte, a trav�s de la Sala Auxiliar, expres� el criterio de que es justificada la disposici�n por la que se proh�be y priva de todo efecto jur�dico la renuncia a la acci�n rescisoria por causa de lesi�n, dado que esta �ltima, adem�s de viciar el libre consentimiento y el pleno conocimiento que deben inspirar la celebraci�n de los contratos, es fuente de actos que la moral reprueba y que vulneran en forma directa los intereses colectivos. La facultad de prohibir la renuncia a la acci�n rescisoria por causa de lesi�n no se halla otorgada al Congreso Federal de modo expreso por los art�culos 27 y 73 a 77 de la Constituci�n de la Rep�blica y tampoco de una manera t�cita, puesto que no se comprende dentro de las llamadas ?facultades impl�citas? (art�culo 73, fracci�n XXX), ni se incluye tampoco en las diversas prohibiciones o limitaciones que la Carta Magna impone a las entidades federativas (art�culos 116 a 119 y 121). Por tanto, de acuerdo con el art�culo 124 de la Ley Suprema, se concluye que las mencionadas facultades se entienden concedidas a los Estados."

C�DIGO CIVIL Y C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNI�N TEN�A LA FACULTAD PARA EXPEDIRLOS. (SITUACI�N ANTERIOR A LA REFORMA DEL PRECEPTO 122, F.I., INCISO G), CONSTITUCIONAL, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES). Aun cuando es verdad que en ning�n art�culo de la Constituci�n se establec�a de modo expreso la facultad del Congreso de la Uni�n para expedir el C�digo Civil y el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dichas atribuciones se encontraban asentadas de manera impl�cita en diversos art�culos constitucionales, entre ellos, el 14, 16 y 17 de la Ley Fundamental. En efecto, el art�culo 14 establece que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; que en los juicios del orden civil, la sentencia deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley y, a falta de �sta, se fundar� en los principios generales del derecho; asimismo, el art�culo 16 previene que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento; el art�culo 17 proh�be a las personas hacerse justicia por s� mismas o ejercer violencia para reclamar su derecho, estableciendo la obligaci�n correlativa, a cargo del Estado, de instituir tribunales que administren justicia a las personas en los t�rminos y plazos que fijen las leyes. Por tanto, de las disposiciones legales en comento, se advierte la necesidad de que la comunidad cuente con ordenamientos de orden civil y procesal; de ah� que la facultad legislativa se conced�a al Congreso de la Uni�n, en la materia de las bases antes mencionadas. Adem�s, el art�culo 73, fracci�n VI, constitucional, como aparec�a en 1917, ya establec�a las reglas para el nombramiento de Magistrados y Jueces del Distrito Federal, preven�a la expedici�n de la Ley Org�nica del Poder Judicial y la responsabilidad de los titulares. De lo anterior se infiere, l�gicamente y de manera congruente, que el Congreso de la Uni�n tiene facultades para expedir los ordenamientos necesarios en materia civil y procesal, de lo contrario, la existencia de los tribunales a que se refiere la mencionada base 4a., ser�a completamente est�ril, pues ser�a incongruente tener la facultad de integrar los tribunales si �stos carecen de leyes conforme a las cuales han de dictar sus resoluciones.

Debe admitirse, por tanto, que si de acuerdo con los art�culos 25, 28 y 73, fracci�n X, de la Constituci�n Federal, en relaci�n con los art�culos 75, fracci�n II y 371 del C�digo de Comercio, toca a la Federaci�n la tutela de los consumidores en el acto mercantil que celebran con los proveedores con motivo de la venta de casas-habitaci�n y de tiempo compartido, mientras que conforme a lo establecido en los art�culos 121, fracciones I, II y III; 122, base primera, fracci�n V, inciso h) y 124 constitucionales, corresponde a los Estados y al Distrito Federal legislar sobre las formalidades, elementos y requisitos de los contratos civiles con que, en su caso, habr�n de culminar aquellas convenciones mercantiles, deber� concluirse que los preceptos reclamados de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor no invaden la esfera de competencia local, sino que, por el contrario, se complementan y armonizan entre s�.

Tambi�n son infundadas las alegaciones en que se invoca violaci�n al r�gimen federativo por parte del art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en cuanto establece que no surten efectos en perjuicio del consumidor los contratos sobre casa-habitaci�n si los proveedores no cumplen con la obligaci�n de registrarlos ante la Procuradur�a Federal del Consumidor.

Cabe observar que el numeral cuestionado no obliga al consumidor, sino en todo caso al proveedor, quien tiene la calidad de comerciante y, por ello, est� sujeto a las normas federales tanto en materia de comercio como de protecci�n al consumidor.

En el alegato se parte de la base de que dicha sanci�n es, en verdad, una causa de nulidad, pues el no surtimiento de efectos supone que el registro es una condici�n de validez del contrato.

Debe se�alarse al respecto que el art�culo 73 de la ley reclamada establece en su primer p�rrafo que la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor es aplicable a la materia inmobiliaria cuando se trate de actos relacionados con el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa-habitaci�n, por parte de proveedores.

En su segundo p�rrafo, el mismo precepto dispone que los contratos relacionados con el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa-habitaci�n deben registrarse ante la Procuradur�a Federal del Consumidor.

Es claro que si conforme al primer p�rrafo del art�culo 73 las normas de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor son aplicables a la materia inmobiliaria en el supuesto del fraccionamiento, construcci�n, promoci�n, asesor�a o venta al p�blico de casa-habitaci�n por parte de proveedores, y una de esas normas es la relativa a la obligaci�n de inscribir ante la procuradur�a los contratos referidos a dichas actividades, basta con que una persona que tenga la calidad de proveedor se dedique a ellas para que autom�ticamente est� obligada a inscribir los contratos relativos ante la procuradur�a; de no cumplir con dicha obligaci�n, el art�culo 87, segundo p�rrafo, impide el surtimiento de efectos del mismo contra el consumidor.

As�, el segundo p�rrafo del art�culo 87 dice a la letra:

"Art�culo 87. ...

Los contratos que deban registrarse conforme a esta ley, las normas oficiales mexicanas y dem�s disposiciones aplicables, y no se registren, as� como aquellos cuyo registro sea negado por la procuradur�a, no producir�n efectos contra el consumidor.

En relaci�n con la naturaleza de la figura jur�dica prevista en el segundo p�rrafo del art�culo 87, se entiende que es, por una parte, una causa de nulidad relativa del contrato y, por otra, el facultamiento al consumidor de oponer una excepci�n ante la eventual exigencia de pago por parte del proveedor. Su prop�sito es garantizar que los contratos se registren.

Se trata de una nulidad relativa, en tanto constituye una sanci�n instituida en ley que produce la ineficacia de los actos realizados en contra de las formas legales, pero que puede ser convalidada.

Este dispositivo debe ser visto en armon�a con los art�culos 78 y 79, fracci�n I, del C�digo de Comercio, que aunque establecen la regla general de que en materia contractual mercantil cada uno se obliga en los t�rminos en que aparece que quiso obligarse sin necesidad de agotar formalidades determinadas, introduce la excepci�n de que ello opera salvo que exista alguna forma o solemnidad prevista en el propio c�digo o cualesquiera otra ley que condicionen la eficacia del acuerdo de voluntades.

As�, el art�culo 2228 del C�digo Civil Federal (al cual cabe remitirse, en supletoriedad) previene que la falta de forma establecida por la ley produce la nulidad relativa del acto. Si se concede que el registro del contrato al que se refiere el art�culo 87, segundo p�rrafo, es una formalidad, debe aceptarse que su falta ocasiona la nulidad relativa. En ese tenor, es dable la convalidaci�n al tenor de los numerales 2233 y 2234 del propio ordenamiento sustantivo.

Por otra parte, es una causa de nulidad que perjudica al proveedor y no al consumidor, quien puede aprovecharse de todos los efectos del contrato; ello se infiere de la propia redacci�n del precepto, que dispone que el contrato no registrado no surtir� efectos contra el consumidor, pero no proh�be el surtimiento de efectos en lo que le aproveche.

Y ser�a il�gico que el no surtimiento de efectos alcanzara tambi�n al proveedor, porque es a �ste, y no al consumidor, a quien corresponde la carga de registrar el contrato, so pena, precisamente, de que no pueda aprovecharse de �l. El proveedor no podr�a aprovecharse de su propio dolo, alegando que, como el contrato no est� registrado, no puede dar cumplimiento al contrato celebrado con un consumidor, pues la obligaci�n de inscribirlo corre a su cargo. La circunstancia de que el consumidor pueda aprovecharse del contrato en lo que le beneficie, por lo dem�s, es acorde con el principio constitucional de protecci�n a la clase de los consumidores.

En ese orden, es claro que la prevenci�n contenida en el segundo p�rrafo del art�culo 87 de la ley reclamada es una causa de nulidad relativa que puede ser convalidada, que el consumidor puede aprovecharse de los efectos del contrato en lo que le beneficien, y que puede oponer una excepci�n en contra del proveedor, si eventualmente �ste lo demandara.

Se reitera el argumento de que existe vulneraci�n al r�gimen federal, en tanto que el art�culo 121, fracci�n II, constitucional dispone que los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del lugar en que se ubican, esto es, la ley local de la entidad federativa donde se encuentre ubicado el bien inmueble objeto de compraventa, de manera que una norma federal, como el art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, al imponer ese requisito, lo contraviene.

El art�culo referido, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"Art�culo 121. ...

"II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n.

III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, s�lo tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes.

La fracci�n II del art�culo preinserto dispone que la regulaci�n de los bienes es materia local, propia del derecho civil interno de cada entidad federativa; en concatenaci�n con el primer p�rrafo del mismo art�culo, y con las fracciones I y III, primer p�rrafo, se desprende que, adem�s, la regulaci�n de los procedimientos judiciales que versen sobre derechos reales es propia de cada entidad federativa.

As�, en virtud de dicho dispositivo cada Estado de la Rep�blica (y el Distrito Federal, se entiende) cuenta con un C�digo Civil que, para efectos de su propio territorio -y respetando el conjunto de dispositivos constitucionales que regulan la propiedad, como el art�culo 27-, regula aspectos tales como la forma de clasificar los bienes (inmuebles, muebles, mostrencos, vacantes, etc�tera) y los derechos reales que se ejercen sobre ellos (propiedad, usufructo, uso, las servidumbres o la posesi�n), y cuenta con leyes procesales que consignan procedimientos para resolver las controversias que deriven de derechos reales.

Como se aprecia, el alegato resulta infundado, al partir de una base falsa: que el dispositivo impugnado (art�culo 87, segundo p�rrafo) regula la materia contractual civil propia respecto de bienes inmuebles, esto es, que se trata de una norma sustantiva referida al contrato de compraventa de esa clase de bienes.

Y. no es as�, pues la norma cuestionada contiene sin g�nero de duda una regulaci�n espec�fica de la materia mercantil y de protecci�n al consumidor, referida a los acuerdos de voluntades celebrados entre proveedores y consumidores sobre el fraccionamiento, construcci�n, promoci�n o venta de inmuebles destinados a casa-habitaci�n o de tiempo compartido.

En ese orden, no existe la posibilidad de contrastar el art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor con el 121, fracci�n II, de la Constituci�n, en tanto ambos se refieren a cuestiones diversas: por un lado, la norma federal sobre la materia de protecci�n al consumidor y que establece una obligaci�n a cargo de comerciantes y, por otro, una norma local sobre la materia de bienes.

En apoyo de las consideraciones precedentes, resulta oportuno citar algunos criterios, tanto del Pleno como de Sala, que permiten ver cu�l ha sido la interpretaci�n que esta Suprema Corte ha hecho del art�culo 121, fracci�n II, de la Carta Magna.

Tesis sustentadas por el Pleno de este Alto Tribunal, en su anterior integraci�n, visibles en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XX, p�gina 1004, y la consultable en la S�ptima �poca, Vol�menes 217-228, Primera Parte, p�gina 13, respectivamente, que dicen:

"BIENES INMUEBLES. El hecho de que los bienes inmuebles est�n sujetos a la ley de su ubicaci�n, no puede traer la consecuencia forzosa de que los tribunales de esa ubicaci�n, sean los competentes para conocer de las controversias que se susciten sobre aqu�llos, porque son cosas distintas las leyes relativas al r�gimen de la propiedad, y las concernientes a la jurisdicci�n de los tribunales. Las leyes territoriales versan, fundamentalmente, sobre la organizaci�n de la propiedad y por eso se dice que los inmuebles est�n siempre sujetos a la ley local de su ubicaci�n; estas leyes son inseparables de las ideas que han precedido a la constituci�n de la propiedad individual en cada Estado, son territoriales, porque el soberano local es el m�s interesado en su aplicaci�n. No existe inconveniente alguno para que tribunales de distinto Estado apliquen la ley territorial a una cuesti�n sometida a su jurisdicci�n, aun cuando el inmueble se encuentre dentro de otra entidad. Lo que no ser�a posible es que el juzgador aplicara su ley territorial sobre constituci�n de la propiedad inmobiliaria, trat�ndose de un inmueble ubicado en otra entidad, teor�a que se conforma con lo que manda el art�culo 121 constitucional, cuando dispone que las sentencias pronunciadas por tribunales de un Estado, sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro, tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes. En otros t�rminos, el juicio puede substanciarse aun cuando verse sobre bienes inmuebles ubicados fuera de la jurisdicci�n del Juez; pero la ejecuci�n forzada del fallo queda sujeta a lo que dispongan las leyes del Estado en donde tal ejecuci�n ha de realizarse. En resumen: las leyes de un Estado s�lo tienen efecto en su propio territorio y no son obligatorias fuera de �l; pero esto no impide que se pueda aplicar la ley de un Estado fuera de su territorio y por tribunales ajenos a la misma, cuando as� se haya estipulado, o cuando corresponda legalmente hacerlo, por la naturaleza de los bienes en litigio; los bienes inmuebles e inmuebles se rigen por la ley de su ubicaci�n en lo que se refiere al r�gimen de la organizaci�n de la propiedad, pero por lo que toca a la capacidad de los contratantes, a la existencia del acto y a su prueba, se aplica el principio locus regit actum."

ART�CULO 121 CONSTITUCIONAL. NO ESTABLECE BASES PARA LA DIVISI�N DE PODERES TRIBUTARIOS ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. El art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos es el cimiento establecido por el federalismo para que pueda aplicarse de manera ordenada y arm�nica el derecho de un Estado de la Federaci�n en otro y constituye tambi�n el ligamento de los diversos ordenamientos jur�dicos estatales. Sin los principios que sienta, los Estados no tendr�an la obligaci�n de reconocer como v�lidas las leyes de los otros miembros de la Federaci�n. Espec�ficamente, la fracci�n II de dicho precepto, al asentar que ?los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n?, establece la base de que en todos los Estados miembros se dar� entera fe y cr�dito a los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales que referidos a dichos bienes provengan del Estado donde se hallan, teniendo plenos efectos si est�n conformes con el ordenamiento jur�dico de dicho Estado. Consecuentemente, el art�culo 121, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es ajeno a la formulaci�n de reglas de divisi�n de poderes en materia tributaria, y s�lo establece bases o principios para prevenir posibles diferencias entre los Estados, mas no entre la Federaci�n y uno de sus miembros.

Asimismo, es ilustrativa la tesis de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n consultable con el n�mero 1a. XLII/2000, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de 2000, p�gina 256:

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNI�N NO ES EL �NICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN T�RMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ART�CULO 27 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Si bien es cierto que el Congreso de la Uni�n est� facultado legalmente para imponer las modalidades a la propiedad privada, a trav�s de las leyes que expida, tambi�n lo es que dicha facultad legislativa no opera en todos los casos, pues es menester para ello que el inter�s p�blico que legitime constitucionalmente la imposici�n de la modalidad, incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de los Estados por virtud del principio contenido en el art�culo 124 de la Constituci�n Federal, las leyes que impongan modalidades a la propiedad privada pueden provenir de �stos, lo que encuentra apoyo en lo previsto en la fracci�n II del art�culo 121 de la Ley Fundamental que consagra el principio lex rei sitae, al disponer que los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n. As�, al ser evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho ser�a inconcebible, la imposici�n de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ah� que respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, las Legislaturas Locales pueden dictar las leyes que regulen su uso, goce y disponibilidad, siempre que el inter�s p�blico que funde dicha regulaci�n no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Uni�n, integrada por las facultades expresas e impl�citas de dicho �rgano legislativo federal, pues considerar lo contrario, es decir, que el mencionado Congreso, en todos los casos, es el �nico facultado para imponer modalidades a la propiedad privada en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 27 constitucional, implicar�a un impedimento para aqu�llas de establecer las modalidades necesarias en funci�n del inter�s p�blico.

Por �ltimo, debe atenderse al criterio de la Sala Auxiliar de este Alto Tribunal, en su anterior integraci�n, publicada en el Informe de 1969, S�ptima �poca, p�gina 96, que es del tenor literal siguiente:

"IMPUESTOS, EL ART�CULO 121 CONSTITUCIONAL, F.I., NO IMPIDE LA CREACI�N DE, RESPECTO A BIENES MUEBLES O INMUEBLES O SUS PRODUCTOS, POR RAZ�N DEL LUGAR DE SU UBICACI�N. Es inexacto que a virtud de ?que los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n?, seg�n los t�rminos de la fracci�n II del art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica; no puedan decretarse impuestos con respecto a ellos o al producto que se obtiene de los mismos, mediante la concertaci�n de un contrato de arrendamiento o de cualquiera otro contrato de diversa naturaleza. En rigor la disposici�n constitucional invocada es de aplicaci�n a leyes no impositivas, generalmente civiles, m�xime que la facultad del Congreso de la Uni�n, para decretar impuestos y gravar los ingresos provenientes de la celebraci�n de determinados contratos de arrendamiento o de cualquier otro acto relacionado con el capital o el trabajo, o en funci�n de �stos, est� consignada en la fracci�n VII del art�culo 73 de la mencionada Constituci�n, lo que funda la imposici�n de cargos fiscales en esas materias."

Otro tanto cabe decir de la supuesta vulneraci�n al art�culo 124 en relaci�n con el 73 constitucionales.

Conforme al citado 124, seg�n se vio, "Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."; el 73 establece la competencia para legislar por materia del Congreso de la Uni�n. Como en este precepto no se confiere al Congreso la facultad de regular la materia de bienes inmuebles, �sta se entiende reservada a los Estados.

Y ello es correcto, pero de all� no se desprende la inconstitucionalidad por violaci�n al r�gimen federativo del art�culo 87, tercer p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, pues �ste, como se ha visto, regula un aspecto referido a la actuaci�n de los proveedores (comerciantes) en beneficio de los consumidores, muy diverso de la regulaci�n en materia de bienes que, en efecto, es propia de las leyes locales de cada entidad federativa.

Por lo dem�s, como se ha visto, el Congreso s� tiene facultades para legislar en materia contractual mercantil y de protecci�n a los consumidores, seg�n se desprende, primordialmente, de los art�culos 28 y 73 constitucionales.

Por otro lado, resulta tambi�n infundado el primer concepto de violaci�n en el que la parte quejosa argumenta en lo fundamental que los preceptos impugnados son violatorios de las garant�as de seguridad jur�dica contenidas en los art�culos 14, 16 y 17 constitucionales, principalmente del �ltimo respecto del principio de expeditez en la impartici�n de justicia, en la medida en que contemplan como obligatorio a los "proveedores" someterse al proceso conciliatorio y arbitral de la procuradur�a, antes que someterse a un proceso llevado por �rganos judiciales competentes, o en lugar del mismo.

El art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

"Art�culo 17. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.

"Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil."

El precepto constitucional transcrito prev�, fundamentalmente, cinco garant�as:

1) La prohibici�n de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano";

2) El derecho a la tutela jurisdiccional;

3) La abolici�n de costas judiciales;

4) La independencia judicial; y,

5) La prohibici�n de la prisi�n por deudas del orden civil.

Para efectos del presente estudio �nicamente se analizar� el derecho a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho p�blico subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y t�rminos que fijen las leyes, para comparecer ante tribunales independientes e imparciales para que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial y, en su caso, para que se ejecute la resoluci�n.

En acatamiento a esta garant�a, el poder p�blico (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) no debe obstaculizar el acceso a los tribunales.

La reserva legal, en virtud de la cual el precepto constitucional se�ala que la justicia se administrar� en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esa reglamentaci�n, debe perseguir la consecuci�n de sus fines.

En consecuencia, si un ordenamiento secundario establece obst�culos al gobernado para hacer valer el derecho a la justicia, el legislador, en ejercicio de las facultades delegadas, estar�a transgrediendo los fines que persigue el precepto constitucional.

Pues bien, ni la existencia de periodos conciliatorios ni el arbitraje obstaculizan el acceso a la justicia, puesto que permiten resolver una controversia antes de ser llevada ante los tribunales, o act�an como v�a alterna de soluci�n de conflictos. Se insiste, ni la conciliaci�n ni el arbitraje est�n prohibidos en el Estado de derecho; por el contrario, son instituciones auxiliares muy importantes dentro de la sociedad, porque sin desdoro de la disposici�n de los tribunales para impartir justicia, aquellas alternativas alivian la carga de litigios formales.

En el derecho mexicano son aceptados el procedimiento conciliatorio y el arbitraje en varias materias, como la civil y la laboral; en la materia mercantil, que es dentro de la cual opera la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, la conciliaci�n y el arbitraje datan de tiempo atr�s; en la actualidad encuentran su fundamento en los art�culos 1051 y 1052 del C�digo de Comercio, que establecen:

"Art�culo 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se se�alan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral.

"La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando est� ajustado a ley, pueden ser reclamadas en forma incidental y sin suspensi�n del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia.

"El procedimiento convencional ante tribunales se regir� por lo dispuesto en los art�culos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral por las disposiciones del t�tulo cuarto de este libro."

Art�culo 1052. Los tribunales se sujetar�n al procedimiento convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en escritura p�blica, p�liza ante corredor o ante el Juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

Ahora bien, a fin de determinar si el art�culo 86 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor reclamado transgrede o no el derecho a la tutela jurisdiccional en comento, es menester transcribir dicho precepto secundario.

"Art�culo 86. La secretar�a, mediante normas oficiales mexicanas podr� sujetar contratos de adhesi�n a registro previo ante la procuradur�a cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.

"Las normas podr�n referirse a cualesquiera t�rminos y condiciones, excepto precio.

Los contratos de adhesi�n sujetos a registro deber�n contener una cl�usula en la que se determine que la procuradur�a ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretaci�n o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deber�n se�alar el n�mero de registro otorgado por la procuradur�a.

Conforme al precepto preinserto se advierte que en su �ltimo p�rrafo establece que en los contratos de adhesi�n sujetos a registro debe insertarse una cl�usula en la que se establezca que la Procuradur�a Federal del Consumidor es competente en la v�a administrativa para resolver las controversias sobre interpretaci�n o cumplimiento de los citados contratos de adhesi�n.

Debe tenerse en cuenta que la parte quejosa se encuentra obligada a cumplir con tal disposici�n, en virtud de que debe registrar ante la citada procuradur�a los contratos que celebre en raz�n de su objeto social, es decir, los relacionados con inmuebles, en su calidad de proveedora que se dedica a la construcci�n y venta al p�blico de bienes inmuebles destinados a casa habitaci�n, de acuerdo a lo previsto en el diverso art�culo 73 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, que establece:

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 73. Los actos relacionados con inmuebles s�lo estar�n sujetos a esta ley, cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, promotores y dem�s personas que intervengan en la asesor�a y venta al p�blico de viviendas destinadas a casa-habitaci�n o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los t�rminos de los art�culos 64 y 65 de la presente ley.

Los contratos relacionados con las actividades a que se refiere el p�rrafo anterior, deber�n registrarse ante la procuradur�a.

En ese contexto, diversos ordenamientos legales de la esfera administrativa facultan a las autoridades administrativas a llevar a cabo funciones de arbitraje de estricto derecho para la soluci�n de controversias; as�, el art�culo 117 de la ley reclamada se�ala que la Procuradur�a Federal del Consumidor podr� actuar como �rbitro entre consumidores y proveedores cuando los interesados as� la designen y sin necesidad de reclamaci�n o procedimiento conciliatorio previo.

Ello es as�, en tanto que para dirimir las controversias suscitadas entre proveedores y consumidores la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor en comento prev� los procedimientos conciliatorio y el arbitral, regulados en los art�culos 111 a 122, cuya transcripci�n se estima conveniente realizar.

"Art�culo 111. La procuradur�a se�alar� d�a y hora para la celebraci�n de una audiencia de conciliaci�n en la que se procurar� avenir los intereses de las partes, la cual deber� tener lugar, por lo menos, cuatro d�as despu�s de la fecha de notificaci�n de la reclamaci�n al proveedor.

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"La conciliaci�n podr� celebrarse v�a telef�nica o por otro medio id�neo, en cuyo caso la procuradur�a o las partes podr�n solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos."

"Art�culo 112. En caso de que el proveedor no se presente a la audiencia o no rinda informe relacionado con los hechos, se le impondr� medida de apremio y se citar� a una segunda audiencia, en un plazo no mayor de 10 d�as, en caso de no asistir a �sta se le impondr� una nueva medida de apremio y se tendr� por presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante.

"En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de conciliaci�n y no presente dentro de los siguientes 10 d�as justificaci�n fehaciente de su inasistencia, se tendr� por desistido de la reclamaci�n y no podr� presentar otra ante la procuradur�a por los mismo (sic) hechos."

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 113. Previo reconocimiento de la personalidad y de la relaci�n contractual entre las partes el conciliador expondr� a las partes un resumen de la reclamaci�n y del informe presentado, se�alando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las exhortar� para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentar� una o varias opciones de soluci�n, salvaguardando los derechos del consumidor.

Trat�ndose de bienes o servicios de prestaci�n o suministro peri�dicos tales como energ�a el�ctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatoriosuspender� cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento.

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 114. El conciliador podr� en todo momento requerir a las partes los elementos de convicci�n que estime necesarios para la conciliaci�n, as� como para el ejercicio de las atribuciones que a la procuradur�a le confiere la ley. Asimismo, podr� acordar la pr�ctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamaci�n. Las partes podr�n aportar las pruebas que estimen necesarias para acreditar los elementos de la reclamaci�n y del informe.

"El conciliador podr� suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia de conciliaci�n hasta en tres ocasiones. Asimismo, podr� requerir la emisi�n de un dictamen a trav�s del cual se cuantifique en cantidad l�quida la obligaci�n contractual.

"En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador se�alar� d�a y hora para su reanudaci�n, dentro de los quince d�as siguientes, donde en su caso, har� del conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, las cuales podr�n formular durante la audiencia observaciones al mismo.

"La procuradur�a podr� emitir un acuerdo de tr�mite que contenga el dictamen a que se refieren los p�rrafos anteriores, que constituir� t�tulo ejecutivo no negociable a favor del consumidor, siempre y cuando la obligaci�n contractual incumplida que en �l se consigne sea cierta, exigible y l�quida a juicio de la autoridad judicial, ante la que el proveedor podr� controvertir el monto del t�tulo, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.

"De toda audiencia se levantar� el acta respectiva. En caso de que el proveedor no firme el acta, ello no afectar� su validez, debi�ndose hacer constar dicha negativa.

"Para la sustanciaci�n del procedimiento de conciliaci�n a que se refiere el presente cap�tulo, se aplicar� supletoriamente el C�digo Federal de Procedimientos Civiles."

(Adicionado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 114 bis. El dictamen a que se refiere el art�culo anterior se efectuar� en base a las siguientes consideraciones:

"I. Se calcular� el monto de la obligaci�n contractual, atendiendo a las cantidades originalmente pactadas por las partes;

"II. Se analizar� el grado de cumplimiento efectuado por el proveedor con relaci�n a la obligaci�n objeto del procedimiento;

"III. Con los datos antes se�alados, se estimar� la obligaci�n incumplida y, en su caso, la bonificaci�n a que se refiere el art�culo 92 ter, y

"IV. La bonificaci�n se�alada en la fracci�n anterior, se calcular� conforme al siguiente criterio:

"a) En los casos en que el consumidor hubiere entregado la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 30% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen;

"b) Cuando el consumidor hubiere entregado m�s del 50% de la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 25% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen;

"c) En los supuestos en los que el consumidor hubiere entregado hasta el 50% de la totalidad del monto de la operaci�n al proveedor, la bonificaci�n ser� del 20% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen, y

"d) En los dem�s casos, la bonificaci�n correspondiente ser� del 20% del monto de la obligaci�n contractual que se determine en el dictamen.

"Las bonificaciones se�aladas con anterioridad, se fijar�n sin perjuicio de las sanciones a que se hubiese hecho acreedor el proveedor o de que sean modificadas por la autoridad judicial."

(Adicionado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 114 ter. El dictamen emitido deber� contener lo siguiente:

"I.L. y fecha de emisi�n;

"II. I.�n de quien emite el dictamen;

"III. Nombre y domicilio del proveedor y del consumidor;

"IV. La obligaci�n contractual y tipo de bien o servicio de que se trate;

"V. El monto original de la operaci�n y materia de la reclamaci�n;

"VI. La determinaci�n del importe de las obligaciones a cargo del proveedor, y

"VII. La cuantificaci�n l�quida de la bonificaci�n al consumidor.

"La determinaci�n del importe consignado en el dictamen, para efectos de ejecuci�n se actualizar� por el transcurso del tiempo desde el momento en que se emiti� hasta el momento en que se pague, tomando en consideraci�n los cambios de precios en el pa�s, de conformidad con el factor de actualizaci�n que arroje el �ndice Nacional de Precios al Consumidor que mensualmente d� a conocer el Banco de M�xico.

"La acci�n ejecutiva derivada del dictamen prescribir� a un a�o de su emisi�n."

"Art�culo 115. Los acuerdos de tr�mite que emita el conciliador no admitir�n recurso alguno.

"Los convenios celebrados por las partes ser�n aprobados por la procuradur�a cuando no vayan en contra de la ley, y el acuerdo que los apruebe no admitir� recurso alguno."

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 116. En caso de no haber conciliaci�n, el conciliador exhortar� a las partes para que designen como �rbitro a la procuradur�a o a alg�n �rbitro independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este �ltimo caso, la procuradur�a podr� poner a disposici�n de las partes informaci�n sobre �rbitros independientes.

"En caso de no aceptarse el arbitraje se dejar�n a salvo los derechos de ambas partes."

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 117. La procuradur�a podr� actuar como �rbitro entre consumidores y proveedores cuando los interesados as� la designen y sin necesidad de reclamaci�n o procedimiento conciliatorio previos, observando los principios de legalidad, equidad y de igualdad entre las partes.

(Actualizado en su monto D.O.F. 21 diciembre de 2004)

"Cuando se trate de aquellas personas f�sicas o morales a que se refiere la fracci�n primera del art�culo 2o. de esta ley, que adquieren, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producci�n, transformaci�n, comercializaci�n o prestaci�n de servicios a terceros, la procuradur�a podr� fungir como �rbitro siempre que el monto de lo reclamado no exceda de $310,402.20."

"Art�culo 118. La designaci�n de �rbitro se har� constar mediante acta ante la procuradur�a, en la que se se�alar�n claramente los puntos esenciales de la controversia y si el arbitraje es en estricto derecho o en amigable composici�n."

"Art�culo 119. En la amigable composici�n se fijar�n las cuestiones que deber�n ser objeto del arbitraje y el �rbitro tendr� libertad para resolver en conciencia y a buena fe guardada, sin sujeci�n a reglas legales, pero observando las formalidades esenciales del procedimiento. El �rbitro tendr� la facultad de allegarse todos los elementos que juzgue necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan planteado. No habr� t�rminos ni incidentes."

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 120. En el juicio arbitral de estricto derecho las partes formular�n compromiso en el que fijar�n las reglas del procedimiento, acordes con los principios de legalidad; equidad e igualdad entre las partes. En el caso de que las partes no las propongan o no se hayan puesto de acuerdo, el �rbitro las establecer�. En todo caso se aplicar� supletoriamente el C�digo de Comercio y a falta de disposici�n en dicho c�digo, el ordenamiento procesal civil local aplicable."

"Art�culo 121. El laudo arbitral emitido por la procuradur�a o por el �rbitro designado por las partes deber� cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumplimentaci�n dentro de los quince d�as siguientes a la fecha de su notificaci�n, salvo pacto en contrario."

(Reformado, D.O.F. 4 de febrero de 2004)

"Art�culo 122. Las resoluciones que se dicten durante el procedimiento arbitral admitir�n como �nico recurso el de revocaci�n, que deber� resolverse por el �rbitro designado en un plazo no mayor de tres d�as. El laudo arbitral s�lo estar� sujeto a aclaraci�n dentro de los dos d�as siguientes a la fecha de su notificaci�n."

De la lectura de estas disposiciones se advierte que la Procuradur�a Federal del Consumidor es competente en la v�a administrativa para resolver cualquier diferencia que se suscite entre proveedores y consumidores, ya sea de manera inicial por el procedimiento conciliatorio o, si no se logra la avenencia de las partes, mediante el arbitraje, siempre y cuando lo acepten ambas partes, ya que bastar� con que una no est� de acuerdo para que se dejen a salvo sus derechos.

De lo hasta aqu� expuesto se tiene, por una parte, que los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor para dirimir las diferencias entre proveedores y consumidores son el conciliatorio y el procedimiento arbitral, previstos en sus art�culos 111 a 122, los cuales son de agotamiento optativo.

Es importante destacar que los art�culos acabados de mencionar no s�lo prescriben el procedimiento relativo a la conciliaci�n y al arbitraje, sino que tambi�n se�alan qui�nes pueden fungir como �rbitros a opci�n de las partes; el art�culo 116 es claro al respecto, ya que rehusada la conciliaci�n "el conciliador exhortar� a las partes para que designen como �rbitro a la procuradur�a o a alg�n �rbitro independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este �ltimo caso, la procuradur�a podr� poner a disposici�n de las partes informaci�n sobre �rbitros independientes".

Tambi�n debe subrayarse que los procedimientos conciliatorios y arbitral constituyen la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite entre proveedor y consumidor.

Del cotejo de las reglas generales a que se refieren dichas disposiciones con el art�culo 86, �ltimo p�rrafo, reclamado, se advierte que en la cl�usula que se exige poner en los contratos de adhesi�n se debe decir que la Procuradur�a Federal del Consumidor ser� competente en la v�a administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretaci�n o cumplimiento de dichas contratos.

De aqu� se infiere que esta disposici�n no tiene los alcances que le atribuye la parte recurrente, pues en ning�n momento transforma el arbitraje en obligatorio -no dice eso-, ni tampoco proh�be a las partes acudir ante los tribunales para dirimir la controversia, y mucho menos revoca la opci�n de rehusar el arbitraje.

La �nica modificaci�n que introduce esta reforma al p�rrafo �ltimo del art�culo 86, en lo que importa, es que en la cl�usula del contrato de adhesi�n se debe nombrar a la multicitada procuradur�a competente para resolver la controversia en la v�a administrativa ya demarcada por los art�culos 111 y siguientes de la ley, pues no hay otra, pero las partes, en el aspecto examinado, ya no pueden nombrar a �rbitros independientes como permite el art�culo 116 como regla general.

En suma, la interpretaci�n conforme y arm�nica de los preceptos mencionados permite considerar que la �nica modificaci�n al sistema introducida por el art�culo 86, en la parte que se viene examinando, en que las partes ya no pueden escoger, en caso de que admitan el arbitraje, a �rbitros distintos de la Procuradur�a Federal del Consumidor, con lo cual no se violan la garant�as invocadas por la parte recurrente, pues, no impide ni retrasa el acceso a la justicia de los proveedores justiciables, en raz�n de que no proh�be que las partes se sometan a las instancias judiciales correspondientes, sino que s�lo puntualiza que si las partes en conflicto optan por la v�a administrativa a trav�s del arbitraje, la autoridad administrativa que tiene competencia para conocer de esas controversias es la Procuradur�a Federal del Consumidor, competencia que ya ten�a desde antes de la reforma.

Finalmente, es infundado el segundo concepto de violaci�n en el que se argumenta que los preceptos impugnados resultan violatorios de las garant�as de seguridad jur�dica contenidas en los art�culos 13, 14, 16 y 17 constitucionales, principalmente respecto del principio de igualdad y equidad procesal, en la medida en que contemplan el otorgamiento de privilegios, ventajas o protecci�n especial a alguno o algunos con marginaci�n de otros, del segundo, por hacer nugatorio el derecho a ser o�do y vencido en juicio, seguido ante tribunales judiciales competentes, y del �ltimo, por retardar la expeditez en la impartici�n de justicia.

Ciertamente, el art�culo 13 de la Constituci�n Federal establece:

"Art�culo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporaci�n puede tener fuero, ni gozar m�s emolumentos que los que sean compensaci�n de servicios p�blicos y est�n fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n extender su jurisdicci�n sobre personas que no pertenezcan al Ej�rcito. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocer� del caso la autoridad civil que corresponda."

Esto es, el art�culo 13 constitucional citado proh�be a las autoridades juzgar a los justiciables bajo leyes privativas y tribunales especiales; asimismo, proh�be a las personas o corporaciones tener fuero o gozar m�s emolumentos que los que sean compensaci�n de servicios p�blicos y est�n fijados por la ley, subsistiendo el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, el que no puede extenderse sobre personas que no pertenezcan al Ej�rcito.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P.C., de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 204 del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, en su Novena �poca, cuyo contenido es:

IGUALDAD. LAS GARANT�AS PREVISTAS EN EL ART�CULO 13 CONSTITUCIONAL LA CONSAGRAN, EN EL ASPECTO JURISDICCIONAL, PROHIBIENDO LAS LEYES PRIVATIVAS, LOS TRIBUNALES ESPECIALES Y LOS FUEROS. De la interpretaci�n hist�rica del art�culo 13 constitucional, y particularmente del debate que suscit� el mismo precepto de la Constituci�n de 1857, se desprende que la teleolog�a de tal norma es la de consagrar la plena igualdad ante la ley, eliminando las manifestaciones m�s evidentes que atentan contra ella, como son las leyes privativas, los tribunales especiales y los fueros; de lo que se sigue que la igualdad que consagra el citado precepto se refiere a un aspecto espec�fico: el de la jurisdicci�n. As�, el art�culo 13 constitucional proscribe la aplicaci�n de ?leyes? que no sean generales, abstractas y permanentes; de tribunales distintos a los ordinarios creados por la ley con competencia gen�rica y jurisdicci�n diferente para las personas, en funci�n de su situaci�n social.

En ese sentido, es infundado lo considerado por la quejosa al estimar que la ley en estudio es un ordenamiento privativo que establece un fuero especial en favor de los consumidores.

Lo anterior es as�, pues de la lectura de los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 85, 86, �ltimo p�rrafo y 87 a que hace menci�n la peticionaria en sus conceptos de violaci�n, no se advierte que sean disposiciones que formen un sistema privativo en detrimento de la promovente, pues no se dirigen a ella en forma espec�fica, esto es, no regulan s�lo los actos de la empresa quejosa, sino que sus dispositivos se dirigen a un sector indeterminado de proveedores, siendo esa indeterminaci�n lo que le da el car�cter de ley general y abstracta.

Es aplicable al caso la jurisprudencia de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable con el n�mero P./J. 18/98, en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la p�gina 7, que a la letra dice:

LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES. Las leyes privativas se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que despu�s de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano pierden su vigencia, encontr�ndose prohibidas por el art�culo 13 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que atentan contra el principio de igualdad jur�dica; mientras que las leyes especiales, aun cuando se aplican a una o a varias categor�as de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades espec�ficas, s� se encuentran investidas de las caracter�sticas de generalidad, abstracci�n y permanencia, dado que se aplican a todas las personas que se colocan dentro de las hip�tesis que prev�n y no est�n dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado, adem�s de que su vigencia jur�dica pervive despu�s de aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se actualicen los supuestos contenidos en ellas, no transgrediendo, por tanto, el citado precepto constitucional.

Aunado a que no constituyen ning�n fuero o privilegio alguno en favor de los consumidores porque, contrariamente a la naturaleza del fuero, los consumidores no quedan excluidos de la observancia de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, la que, adem�s, no erige a la Procuradur�a Federal del Consumidor como un tribunal especial u �rgano creado ex profeso con posterioridad a determinados hechos para juzgarlos, concluyendo sus labores una vez dictado el fallo correspondiente; por el contrario, dicha instituci�n se define como un organismo del Poder Ejecutivo Federal con facultades para dirimir en la v�a administrativa controversias suscitadas con posterioridad a la vigencia de la ley.

En ese contexto, contrariamente a lo se�alado por la quejosa, la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, en particular los numerales 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, �ltimo p�rrafo, no establecen privilegios ni fuero especial en favor de los consumidores ni constituyen un tribunal especial, de donde deviene infundado el argumento de la recurrente.

En m�rito de lo hasta aqu� expuesto, se resuelve:

�NICO. En la materia competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Provivienda del Sureste, Sociedad An�nima de Capital Variable, en contra de los art�culos 73, 73 bis, 73 ter, 75 y 86, �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sesi�n de veinte de junio del a�o dos mil cinco, por unanimidad de once votos de los se�ores Ministros: A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n, se aprob� el proyecto excepto por lo que hace a la negativa del amparo en contra del art�culo 86, �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de febrero de dos mil cuatro, respecto de la cual hubo siete votos de los se�ores Ministros C.�o D�az, D�az R., G�ngora P., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n; votaron en contra los se�ores Ministros A.A., L.R., G.�o P. y O.M. y reservaron su derecho de formular voto de minor�a. El se�or Ministro ponente J.N.S.M. manifest� que, en su caso, adecuar�a las consideraciones de su proyecto para atender las sugerencias formuladas durante el an�lisis gen�rico de los temas. El se�orMinistro presidente declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos. Fue ponente el se�or M.J.N.S.M..