Ejecutoria num. P. CLXXXVI/2000 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26827336

Ejecutoria num. P. CLXXXVI/2000 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. CLXXXVI/2000
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2000
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 579/2000. MARÍA ELENA SÁNCHEZ GUZMÁN.MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. NO PUEDE CONSIDERARSE QUE CONSINTIÓ SU REMOCIÓN AL ENTREGAR LA OFICINA AL MAGISTRADO QUE FUE ADSCRITO EN SU LUGAR, SI PREVIAMENTE HABÍA RECLAMADO EN AMPARO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 579/2000. MAR�A E.S.G.

CONSIDERANDO:

D�CIMO

Previamente al estudio de los agravios que ata�en al fondo del asunto, este Tribunal Pleno considera conveniente, dada la complejidad, extensi�n e importancia del tema materia de debate, proceder al estudio integral del art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos para desentra�ar los principios rectores que, en cuanto a la organizaci�n de los Poderes Judiciales de los Estados miembros de la Federaci�n, se consagran en la Carta Magna y a los cuales �stos deben sujetarse.

Para ello debe, en primer t�rmino, se�alarse que el texto actual del art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n F., es principalmente producto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, pues con anterioridad a esta reforma constitucional no se encontraba regulada constitucionalmente la administraci�n de justicia de los Estados. Resulta en este sentido ilustrativo citar al respecto, lo se�alado por el tratadista L.E.G. en su art�culo "Independencia del Poder Judicial y Democracia", publicado en el libro "Las Nuevas Bases C.onales y Legales del Sistema Judicial Mexicano. La Reforma Judicial 1986-1987", en los siguientes t�rminos: "... El Poder de la Federaci�n hab�a evolucionado notablemente desde 1824. Pero el federalismo ten�a un adeudo con la provincia que le dio vida; faltaba regular constitucionalmente la administraci�n de justicia de los Estados. �stos, desde luego, no carec�an de tribunales, cuya organizaci�n se hab�a realizado conforme a las facultades derivadas del art�culo 124 de la C.�n. Pero al existir un vac�o en la norma superior, era en dem�rito del federalismo, ya que se dispersaban los esfuerzos que debieran ser comunes para mejorar la justicia. La anarqu�a de sistemas propiciaba su estancamiento y ello lesionaba, mutilaba, el principio de descentralizaci�n democr�tica de los servicios de justicia, impl�cito en el federalismo. De tal suerte que durante 163 a�os -desde 1824 hasta la fecha-, hemos tenido en el pa�s justicia de dos calidades: la federal y la de los Estados. La primera, con un gran desarrollo constitucional, legal y doctrinal. La segunda, en la orfandad. Con la consecuencia de que el ciudadano siempre se ha sentido m�s seguro en manos de un J. F. que en las de un J. de los Estados. Posiblemente esta situaci�n inveterada haya propiciado tambi�n el incremento notable habido en el uso del juicio de amparo, como remedio contra una justicia local que siempre ha dejado mucho que desear. En estas circunstancias, el presidente de la Rep�blica, M. de la Madrid H., promovi� y el Constituyente Permanente decret� este a�o, la reforma constitucional que viene a subsanar el citado vac�o. ...".

As�, a partir del dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete, es decir, al d�a siguiente de la publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n de la reforma constitucional se�alada, entr� en vigor el texto reformado del art�culo 116 constitucional que era el siguiente:

"El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

"...

"III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas.

"La independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

"Los M. integrantes de los Poderes Judiciales L.es deber�n reunir los requisitos se�alados por el art�culo 95 de esta C.�n.

"Los nombramientos de los M. y J. integrantes de los Poderes Judiciales L.es ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica.

"Los J. de primera instancia y los que con cualquiera otra denominaci�n se creen en los Estados, ser�n nombrados por el Tribunal Superior o por el Supremo Tribunal de Justicia de cada Estado.

"Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos de los Estados.

Los M. y los J. percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo.

En la exposici�n de motivos de la iniciativa del Ejecutivo F. de la reforma constitucional aludida, y que llev� al decreto de reformas de la Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n de veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete de marzo del mismo a�o, en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n, en t�rminos de su art�culo primero transitorio, se manifest�, en la parte relativa, lo siguiente:

El perfeccionamiento de la impartici�n de justicia en M�xico, ha sido una preocupaci�n constante de la presente administraci�n para satisfacer la necesidad permanente del pueblo de disfrutar de legalidad, equidad, orden y seguridad que permitan el pleno desarrollo del individuo en su convivencia social.-La sociedad mexicana en su conjunto nos ha acompa�ado en el prop�sito de alcanzar una nueva concepci�n social del Estado y del derecho, y de establecer los instrumentos institucionales para la consulta popular en las tareas del desarrollo y la renovaci�n de nuestro modelo de vida nacional.-El derecho se concibe, entre nosotros, como un instrumento de transformaci�n social, por lo que la reforma jur�dica, tan profunda como sea necesario, figura entre las grandes prioridades del presente.-M�xico vive y se desarrolla con nuevas normas jur�dicas que permiten una vida individual m�s justa y segura y que han mejorado la calidad de nuestra vida social, normas jur�dicas en cuya elaboraci�n ha participado el pueblo, no solamente por su aprobaci�n formal por el H. Congreso de la Uni�n, porque son el resultado de un permanente proceso de consulta popular que responde a la vocaci�n democr�tica de los mexicanos.-El perfeccionamiento del orden jur�dico y de los instrumentos de procuraci�n e impartici�n de justicia, es un proceso permanente y din�mico, en el que cada avance mejora la realidad social, provoca propuestas de mayor calidad y profundidad y alienta las aspiraciones de todos los mexicanos para proseguir en esta tarea con tenacidad.-El bienestar del individuo inserto en su vida social, es el prop�sito central de nuestro proyecto nacional, plasmado en la C.�n, la organizaci�n y correcto funcionamiento del Estado y del poder p�blico, deben contribuir al logro de este prop�sito con estricto sometimiento a las normas constitucionales y leyes que de ellas emanan, pues ha sido y es decisi�n mexicana vivir en el sano ambiente de un Estado de derecho.-La C.�n contiene el proyecto nacional del pueblo de M�xico, en ella, la naci�n expresa sus decisiones fundamentales y afirma su voluntad de conservar su identidad como comunidad, como cultura y como historia; conjuga los principios pol�ticos de la independencia, la reforma y la revoluci�n, que recoge lo mejor de nuestra historia y los anhelos de la mayor�a; establece las bases que sustentan la historia de un gobierno nacional viable y propone las reformas de relaci�n entre gobierno y sociedad constitutivas de la democracia.-El respeto a los derechos del hombre y el principio de la divisi�n de poderes son piezas estructurales en la concepci�n del Estado mexicano, pues lo primero constituye el prop�sito de las instituciones sociales y el l�mite extr�nseco de la actividad del Estado, garant�a de la libertad de los hombres, y el segundo contiene la base org�nica de la estructuraci�n del poder estatal y es el l�mite intr�nseco de su propia actividad, pues el ejercicio de la potestad p�blica debe estar �ntegramente supeditado al orden jur�dico y su divisi�n forma parte del sistema general de protecci�n a la libertad.-La necesidad de dividir el ejercicio de las potestades del Estado fue reconocido en la elaboraci�n de las C.ones que surgieron de las revoluciones democr�ticas y liberales en Am�rica y Europa, por lo que el principio de la divisi�n de poderes ha sido una de las bases fundamentales de la doctrina constitucional moderna. En M�xico, ya la C.�n de Apatzing�n, primer ensayo constitucional mexicano, contiene la concepci�n tripartita de la divisi�n de poderes, al establecer que la atribuci�n de la soberan�a consist�a en la facultad de dictar leyes, en la facultad de hacerlas ejecutar y en la facultad de aplicarlas a los casos particulares, estableciendo en consecuencia tres �rganos de gobierno: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.-El constitucionalismo mexicano a trav�s de toda su historia, salvo la C.�n de 1836, ha mantenido inc�lume el esquema cl�sico de la divisi�n de poderes, con la particularidad de que, debido a nuestra organizaci�n de car�cter federal, siempre ha existido similitud fundamental de este principio estructural entre la Federaci�n y las entidades federativas.-La C.�n F. mexicana, en su doble aspecto, de Ley Fundamental del Estado F. y de estatuto nacional com�n a los Estados que lo integran, contiene preceptos que afirman la identidad de nuestros principios pol�ticos-fundamentales. Esta caracter�stica de nuestra forma de ser federal, es la base en donde se sostiene toda la organizaci�n pol�tica y social de M�xico, principio rector que condiciona la estructura pol�tica de los Estados.-Dentro del marco de estos principios y para el perfeccionamiento de nuestro orden jur�dico nacional, presentamos al �rgano Constituyente Permanente, por conducto del H. Congreso de la Uni�n, la iniciativa de reforma de los art�culos 17, 46, 115 y 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.-El fundamento filos�fico-jur�dico de la funci�n jurisdiccional a cargo del Estado, se encuentra en la garant�a individual contenida en el art�culo 17 constitucional, precepto que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por mano propia y a ejercer violencia para reclamar su derecho, pero en reciprocidad establece la garant�a individual de acceso a la jurisdicci�n. Y para ello dispone que los tribunales de justicia la impartir�n en forma expedita y gratuita.-La garant�a a la acci�n jurisdiccional est�, pues, establecida en nuestra C.�n en beneficio y protecci�n del individuo, por lo que proponemos enriquecerla y adaptarla al presente, conservando los valores establecidos desde el art�culo 18 del Acta Constitutiva de la Federaci�n de 1824, y recogiendo los principios contenidos en los documentos actuales que atienden a los derechos humanos y a sus libertades fundamentales.-La impartici�n de justicia que merece el pueblo de M�xico debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tard�as no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas; y debe ser honesta, pues al juzgador se conf�a el destino de la libertad y patrimonio ajenos.-Los tribunales de justicia deben ser independientes para fortalecer en la realidad social el principio de divisi�n de poderes y porque la independencia judicial constituye la primer garant�a de la jurisdicci�n, establecida no precisamente en inter�s del �rgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues s�lo cabe esperar justicia completa y estricta del J. jer�rquicamente libre, dependiente s�lo de la ley.-La independencia judicial requiere que los J. al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisi�n del J. a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando �sta propende a la arbitrariedad.-A la independencia objetiva se une el consentimiento de lo que se hace, pues siempre hemos considerado que una verdadera y aut�ntica independencia judicial, se nutre en una real toma de conciencia del papel que el J. desempe�a en la aplicaci�n del derecho. Estas calidades son el esp�ritu de la autoridad moral del J., pues la autoridad formal le es conferida por la ley.-El J. es s�mbolo de la justicia y guardi�n del derecho, por ello los �rganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selecci�n del derecho, la vocaci�n, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen J. no se improvisa, requiere del transcurso de a�os de estudio y pr�ctica en los tribunales para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicaci�n de la ley.-Selecci�n, formaci�n, eficiencia y preparaci�n adecuada son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempe�o de la funci�n jurisdiccional independiente.-En cuanto a la estabilidad en el cargo, �sta proporciona a los servidores de la administraci�n de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozar� de permanencia en su puesto. Sin J. estables en el desempe�o de su cargo, la independencia en el ejercicio de la funci�n se ve considerablemente disminuida.-Finalmente, al J. debe garantizarse una posici�n social digna, proporcion�ndole bienestar econ�mico que permita su total entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra �ndole. Los �rganos de los Poderes Judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relaci�n con la importancia del servicio p�blico que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administraci�n de justicia.-El nuevo texto del art�culo 17 que se propone, perfecciona y robustece la garant�a individual de acceso a la jurisdicci�n, al se�alar sus calidades: independencia en sus �rganos, prontitud en sus procesos y resoluciones, que agote las cuestiones planteadas y sea completa, imparcial para que asegure el imperio del derecho y gratuita para afirmar nuestra vocaci�n democr�tica.-Para ello es necesario, adem�s, establecer las bases constitucionales en relaci�n a los Poderes Judiciales L.es y proponer reformas a los preceptos constitucionales que regulan el Poder Judicial de la Federaci�n.-La inclusi�n en nuestro texto constitucional de las bases para la organizaci�n y funcionamiento de los Poderes Judiciales de los Estados, es una aspiraci�n que esta iniciativa hace suya y revitaliza, expresada desde el voto particular de la minor�a de la Comisi�n Constituyente de 1842, recogida por D.V.C. en las ideas contenidas en su Declaraci�n de Veracruz de 1914, y reiteradas en su discurso inaugural del Congreso Constituyente de 1o. de diciembre de 1916, para consolidar un Poder Judicial respetable, digno, vigoroso e independiente, tanto en el �mbito federal como en el local.-Dado que nuestra C.�n cumple el cometido de ser el estatuto nacional de los Estados que integran la Federaci�n, es necesario que nuestra N.F. se�ale las bases conforme a las cuales los Poderes Judiciales de los Estados, deban cumplir con la relevante tarea de impartir justicia, en condiciones de calidad similar en todo el territorio nacional.-Las bases que se plantean en esta iniciativa armonizan la necesidad de que los tribunales de justicia cumplan plenamente con los principios que se contienen en el art�culo 17 constitucional que se propone, con respeto al principio fundamental de la autonom�a constitucional de los Estados. Para ello, las bases contienen la afirmaci�n y los medios para lograr la independencia del Poder Judicial, calidad de la cual deben surgir los restantes atributos de la impartici�n de justicia, y deja a las C.ones y leyes locales, la regulaci�n del Poder Judicial L., para que ellas establezcan las especiales caracter�sticas y modalidades que m�s se adecuen a las particularidades geogr�ficas, etnogr�ficas, demogr�ficas y econ�micas de cada entidad federativa.-La inclusi�n en nuestro texto constitucional de las bases para la organizaci�n y funcionamiento de los Poderes Judiciales, es una petici�n expresa del XIII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la Rep�blica Mexicana que se celebr� en Tuxtla Guti�rrez, Chiapas, el d�a 16 de mayo de 1986.-Se propone la reforma del art�culo 46 constitucional para eliminar su texto presente, que respond�a a la realidad presente; se propone que el contenido vigente del art�culo 116 de nuestra C.�n, se ubique en el art�culo 46, que es su mejor ubicaci�n sistem�tica; esta reforma permite dejar sin contenido el numeral 116, para dedicarlo a las normas relativas a los Poderes de los Estados.-Se propone derogar las fracciones VIII, IX y X del art�culo 115 constitucional, para reubicarlas en el art�culo 116 y consagrar, en exclusiva, el art�culo 115 a las normas que rigen a los Municipios mexicanos.-El nuevo texto del art�culo 116 que se propone, se dedica a las normas relativas a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Estados, y sus fracciones I y II repiten el contenido actual de la fracci�n VIII del art�culo 115 constitucional, dedicando la fracci�n I a las normas relativas al Poder Ejecutivo y la fracci�n II a las normas relativas al Poder Legislativo; la fracci�n III contiene las bases a que debe sujetarse la organizaci�n y funcionamiento del Poder Judicial; la fracci�n IV se dedica a se�alar la posibilidad constitucional de la justicia administrativa en el �mbito local; y las fracciones V y VI repiten el contenido de las fracciones IX y X del texto vigente del art�culo 115 constitucional, relativas a las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores y a la posibilidad de celebrar convenios entre la Federaci�n, los Estados y sus Municipios.-Por lo que se refiere al perfeccionamiento de las normas que rigen a los Tribunales de Justicia del Fuero Com�n del Distrito F., se formular�n las adecuaciones necesarias para que tales normas conserven congruencia con las contenidas en el art�culo 116 constitucional que propone, adaptadas a las circunstancias del Distrito F.. ...

En el dictamen de la C�mara de Senadores se se�al�, en su parte conducente:

Comisiones Unidas Primera de Gobernaci�n, de Puntos C.onales y de Asuntos relativos al Pacto F..-H. Asamblea: A las Comisiones Unidas Primera de Gobernaci�n, de Puntos C.onales y de Asuntos relativos al Pacto F. que suscriben, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma los art�culos 17, 46 y 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y deroga las fracciones VIII, IX y X del art�culo 115 de la propia C.�n, enviada por el Ejecutivo F. a esta C�mara de Senadores, en su car�cter de C�mara de origen, con fundamento en lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 71 de la Carta Magna. ... Es conveniente advertir que si bien se ampl�a la redacci�n del art�culo 17, de prosperar su reforma no se modificar� su esp�ritu y teleolog�a, sino que antes bien, quedar� subrayada su finalidad de procurar justicia a los gobernados. Al modificar su texto, la parte inicial ?nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil? pasar� a serel �ltimo p�rrafo del propio precepto, mismo que ganar� en claridad por cuanto que principiar� con la sacramental frase ?ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho?, condenaci�n absoluta de la justicia por propia mano que con toda raz�n y l�gica, nunca es ni puede ser aut�ntica justicia, que requiere de imparcialidad para ser efectiva. Esta frase constituir� el p�rrafo primero del art�culo 17.-En su segundo p�rrafo y como natural consecuencia de la condena a la autojusticia, se especificar� que toda persona f�sica o moral, tiene derecho a que se le administre justicia por parte de tribunales que establezca el Estado, y que su actuaci�n, como expresa el texto actual, ser� expedita y gratuita, y que ejercitar�n sus atribuciones ?en los plazos y t�rminos que fijen las leyes?; pero, adem�s, se indicar� que los juzgadores resolver�n los asuntos de su competencia ?de manera pronta, completa e imparcial? quedando en vigor la prohibici�n de las costas judiciales.-Un tercer p�rrafo del propio art�culo 17 decretar� que las leyes federales o locales, seg�n sea el caso, establecer�n y garantizar�n la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. Este mandato ser� principio ineludible de las leyes org�nicas de los Poderes Judiciales de la Federaci�n y de los Estados de la Rep�blica. De su resoluci�n se beneficiar�n todos los servidores p�blicos a cuya responsabilidad se conf�a la impartici�n de justicia, pues son los J., sobre todo los de segunda instancia y los de car�cter federal, quienes al interpretar la ley precisan su sentido y hacen efectiva, en favor de los gobernados, la divisi�n de poderes, postulado imprescindible de la democracia. ... La fracci�n III del art�culo 116 constitucional contiene la referencia al Poder Judicial de cada Estado, es la novedosa en esta iniciativa y principia por se�alar que dicho Poder Judicial se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones L.es.-De manera adecuada el segundo p�rrafo de la fracci�n III, congruente con la exposici�n de motivos, establece que la independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones, se garantizar� en las C.ones y leyes org�nicas de cada entidad y establece un contenido m�nimo, en relaci�n con el tema para esa C.�n y leyes org�nicas, al indicar que precisamente en ellas se establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.-En el siguiente p�rrafo esta fracci�n III obliga a que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa, re�nan como requisitos los mismos que el art�culo 95 de la C.�n F. se�ala para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Esta exigencia es adecuada, pues son los Tribunales Superiores de Justicia, los m�ximos �rganos jurisdiccionales de cada entidad y quienes los integren deben probar, objetivamente, su idoneidad profesional y moral para ocupar esos cargos.-El p�rrafo cuarto de esta fracci�n III establece el principio de una aut�ntica carrera judicial en los Estados de la Rep�blica, al se�alar que los nombramientos de M. y J. se har�n, preferentemente, entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia y no cierra la puerta para que puedan designarse tambi�n en esos cargos los que lo merezcan por su honorabilidad y competencia profesional.-El p�rrafo quinto salvaguarda la facultad de cada Tribunal Superior de Justicia de los Estados, de designar los J. de primera instancia o los que, con cualquier denominaci�n, sean equivalentes a �stos en las entidades federativas.-El p�rrafo sexto de la fracci�n que se analiza cumple una de las necesidades insoslayables a fin de lograr una verdadera independencia del Poder Judicial: la de permanencia en el cargo. Para mantener autonom�a de criterio, sin detrimento de la seguridad social personal y familiar, se establece que los M. durar�n en su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es y podr�n ser reelectos en ese cargo y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos del Estado. Esto es, quien sea ratificado en su cargo de Magistrado por su eficiente desempe�o y por su probidad, despu�s de esa ratificaci�n, s�lo podr� ser relevado por causa justificada. Es indudable que las leyes de cada entidad federativa podr�n hacer extensiva esa inamovilidad, se�alando los requisitos de la misma, a otros servidores p�blicos encargados de impartir justicia, pero en la C.�n se establece ya el principio de inamovilidad de los M..-El �ltimo p�rrafo de esta fracci�n III complementa la posibilidad real de independencia de los Poderes Judiciales L.es al establecer que M. y J. deber�n percibir una remuneraci�n adecuada e irrenunciable por el desempe�o de su cargo, remuneraci�n que no podr� ser disminuida durante el desempe�o de la funci�n.-Insistimos en que el contenido de esta fracci�n III del art�culo 116, posibilitar� el logro de la real independencia de los Poderes Judiciales al se�alar los requisitos m�nimos de ingreso, formaci�n y permanencia de sus integrantes y al establecer las garant�as de adecuada remuneraci�n y la inamovilidad en el cargo. ...

En el debate llevado a cabo en la C�mara de origen se manifest�:

... El C. Senador S.L.: Con su venia, se�or presidente. Honorable asamblea: Una vieja controversia sobre la funci�n del derecho reaparece peri�dicamente en �mbitos diversos. ... Se trata de un paso m�s en el proceso de reforma jur�dica emprendido por el Ejecutivo F., que ya ha logrado una importante transformaci�n del orden jur�dico mexicano.-Es evidente que a partir de la Consulta Nacional sobre Administraci�n de Justicia, emprendida en 1983, se han logrado cambios sustanciales en la materia. Gracias al proceso de consulta popular se pudieron analizar a fondo las condiciones que afronta nuestro sistema jur�dico y las circunstancias en que se desenvuelven los �rganos encargados de la seguridad p�blica y la administraci�n de justicia. De ah� surgieron las directrices que han impulsado una reforma jur�dica e institucional que poco a poco ir� haciendo sentir mayor impacto en la vida cotidiana de la ciudadan�a.-Las mejoras introducidas en diversos ordenamientos jur�dicos, a trav�s de numerosas reformas que se han venido aprobando desde 1983 han sido, en efecto, producto de amplia auscultaci�n y de an�lisis cuidadoso. Como se dice en la iniciativa, en la elaboraci�n de esas nuevas normas jur�dicas ha participado el pueblo ?no solamente por su aprobaci�n formal por el H. Congreso de la Uni�n, sino porque son el resultado de un permanente proceso de consulta popular que responde a la vocaci�n democr�tica de los mexicanos?.-Pero el ir perfeccionando ordenamientos diversos tendr�a eficacia limitada, si no se busca paralelamente ir perfeccionando la administraci�n de justicia. Es por uno -como alguna vez se dijo- por lo que la organizaci�n judicial representa uno de los pilares en que descansa toda naci�n, ya que de la forma como se encuentre constituida y de los funcionarios que la integren depender� que se puedan alcanzar una verdadera justicia individual y una verdadera justicia social. ... En la iniciativa que analizamos, destaca el objetivo b�sico de mejorar la administraci�n de justicia. Se trata pues, de una iniciativa m�s que contempla �rea tan trascendente. Y es que no puede haber verdadera democracia si todo el pueblo no tiene acceso a una justicia gratuita y eficaz. Hemos logrado que la justicia sea gratuita, pero podemos lograr que sea m�s eficaz.-En el documento que analizamos se busca una importante reforma al art�culo 17 de nuestro C�digo B�sico, precepto medular sobre la funci�n jurisdiccional, donde se demanda del individuo no hacerse justicia por propia mano, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Se impone pues, a los gobernados, el deber de acudir a las autoridades estatales para reclamar sus derechos y el deber rec�proco de las autoridades judiciales de actuar en favor de los ciudadanos, cuando as� lo soliciten.-Pero los tribunales no s�lo deber�n administrar justicia, sino hacerlo en plazos y t�rminos que fije la ley y sin cobrar a las partes remuneraci�n alguna por el servicio prestado, lo que se traduce en la prohibici�n constitucional de las costas judiciales.-Si bien, pues, la garant�a a la acci�n jurisdiccional est� actualmente establecida en la C.�n General de la Rep�blica en beneficio y protecci�n del individuo, mediante la reforma propuesta se busca enriquecerla y adaptarla a los tiempos presentes. Se busca que las resoluciones de la autoridad judicial no s�lo satisfagan los requisitos de plazos y gratuidad, sino que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial.-Tambi�n se establece que las autoridades federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se les garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.-Vieja preocupaci�n de juristas y de instituciones diversas ha sido que si bien nuestra Carta Magna se ocupa de se�alar las bases que regulan el funcionamiento del Poder Judicial F. y del Distrito F., nada dice respecto de los Poderes Judiciales de las entidades federativas. Y esto, ciertamente, no se ha debido a que no se hubiese se�alado en otras �pocas. Por el contrario, se trata de una antigua aspiraci�n con diversos antecedentes en nuestra historia constitucional, pues se plasm� en el voto particular de la minor�a de la Comisi�n Constituyente de 1842, que despu�s fue recogida por V.C. en su Declaraci�n de Veracruz en 1914 y reiterada en su discurso inaugural del Congreso Constituyente de diciembre de 1916.-Pero ya m�s recientemente, la idea de incluir en nuestro texto constitucional las bases para la organizaci�n y funcionamiento de los Poderes Judiciales de los Estados, fue una petici�n expresa del XIII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la Rep�blica Mexicana, que tuvo lugar en Tuxtla Guti�rrez, Chiapas, en mayo de 1986.-Ah� los presentes manifestaron su preocupaci�n por consolidar de manera integral la administraci�n de justicia del fuero com�n, a partir de la necesidad de una reforma que contuviera los principios b�sicos que regulen la actuaci�n de los Poderes Judiciales L.es, sustentada en lo que se ha denominado ?garant�as de jurisdicci�n?. �stas se traducen en independencia judicial, autogobierno, carrera judicial, seguridad econ�mica, consagraci�n exclusiva al cargo y responsabilidad en la funci�n.-Se juzg� m�s conveniente el camino de la incorporaci�n a la C.�n F. que otro consistente en que las directrices se�aladas pudieran irse incorporando de manera paulatina a las C.ones L.es, juzgando, con acierto, que nuestra Carta Fundamental es la Ley Suprema de la Uni�n y ra�z de la que nace nuestro orden jur�dico y los �rganos encargados de su aplicaci�n.-Por otra parte, no hay argumento valedero para explicar que la C.�n F. establezca los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en las entidades federativas y no haga referencia al Poder Judicial de las mismas.-La idea fue recogida por el presidente de la Rep�blica y se propone como adici�n importante en la presente iniciativa. ... Respecto de los lineamientos b�sicos que deben regir el funcionamiento de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, en la iniciativa se establece que la independencia de los M. y J. deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados. Tales ordenamientos, por lo tanto, deber�n establecer las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de los funcionarios judiciales del �mbito estatal.-Resulta indudable que uno de los fines principales del derecho, es la seguridad jur�dica, la que ha sido definida como ?la garant�a dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no ser�n objeto de ataques violentos o que, si �stos llegan a producirse, le ser�n asegurados por la sociedad, protecci�n y reparaci�n?.-Para hacer posible las garant�as de seguridad jur�dica establecidas en el art�culo 17 constitucional, especialmente a la luz de la nueva redacci�n propuesta, se requiere de la independencia de M. y J. en todo el �mbito nacional.-Resulta claro que no puede haber seguridad jur�dica concebible sin divisi�n de poderes, pues este principio no s�lo aparta a los Estados de la posibilidad de caer en el absolutismo, sino que es presupuesto indispensable para que cada uno de ellos cumpla adecuadamente su funci�n sin intromisiones de los otros.-Por lo tanto, hay que establecer los medios adecuados, como se busca en la iniciativa, para lograr una verdadera independencia del Poder Judicial en todas las entidades del pa�s y que los J. no tengan m�s norma rectora que la ley.-Hay que superar todo vestigio de caciquismo estatal en torno a la administraci�n de justicia y cerrar las puertas a las arbitrariedades a que conduce el hecho de que los J. est�n supeditados en ocasiones a gobernantes o sujetos a caprichos de �mbito local.-Una de las condiciones b�sicas para garantizar la independencia de los altos funcionarios judiciales, es la estabilidad en el cargo, pues �sta proporciona a los servidores de la administraci�n de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozar� de permanencia en su puesto.-Ya lo dec�a A.H. en ?El F.ista?, hace doscientos a�os, que la adhesi�n uniforme e inflexible a la ley, indispensable en los tribunales de justicia, manifiestamente no puede esperarse de J. que est�n en posesi�n de sus cargos en virtud de designaciones temporales. Y a ello agregaba: ?Los nombramientos peri�dicos, cualquiera que sea la forma como se regulen o la persona que los haga, resultar�an fatales para esa imprescindible independencia.?.-De ah� pues, la trascendencia de la disposici�n que se pretende incluir en la fracci�n III del art�culo 116, que establece que los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, que podr�n ser reelectos, y que si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos de los Estados.-Para garantizar la independencia de los funcionarios judiciales, tambi�n debe preverse una remuneraci�n adecuada, la cual no podr� ser disminuida durante el encargo, tal y como se se�ala en uno de los p�rrafos del art�culo 116 propuesto.-Resultado obvio, tambi�n, que un ingreso adecuado no s�lo alentar� mayor inter�s por la judicatura, lo que se traducir� en una superaci�n constante de los funcionarios judiciales, sino que har� posible que �stos se dediquen con plenitud a las funciones que les corresponden.-De aceptarse estas reformas constitucionales y a medida que se vaya legislando al respecto en el �mbito local, el resultado ser� contar con J. m�s honestos, m�s preparados y con m�s vocaci�n en todas las entidades federativas, lo que equivale a decir que se elevar�a el nivel de la impartici�n de justicia en M�xico entero.-Justicia y luego mejor justicia, ha sido viejo anhelo del pueblo mexicano.-Justicia se pidi� en la lucha por la independencia, justicia se pidi� en la reforma, justicia se pidi� en la revoluci�n. La historia de M�xico ha sido una demanda reiterada de justicia. Justicia individual y justicia social deben ser metas se�eras hoy y siempre para la superaci�n nacional.-La aprobaci�n de la presente iniciativa ser� un paso destacado para que una mejor justicia est� al acceso de todo mexicano. ... El C. Senador Mart�nez B.: ... El segundo principio fundamental de que se ocupan las presentes reformas a la C.�n, es el relativo al tema supremo de la justicia, tanto en su elevada esencia y en sus superiores fines, como cuanto la administraci�n de justicia en todos los niveles gubernativos o pol�ticos mencionados. ... El marco normativo del Acta Constitutiva de la Federaci�n mexicana de 31 de enero de 24, del pasado siglo y la C.�n del 4 de octubre de ese mismo a�o, se�alaron los principios y las decisiones pol�ticas fundamentales de la divisi�n y separaci�n de los poderes, y se previno que se aplicaran tambi�n en el �mbito de los Estados miembros de la Uni�n, con id�nticas f�rmulas a las establecidas para el Gobierno de la Uni�n, as� como tambi�n se definieron los tres distintos poderes, y ahora, se�ores senadores, estamos nosotros reproduciendo el esquema, el modelo de la C.�n de 1824.-Ahora se reproducen con ciertas modificaciones formales, como un cambio -y esto es importante- un cambio que recoge y adopta el modelo originario, el modelo cl�sico que perdimos en M�xico hace un siglo y medio con las absurdas leyes de la reacci�n centralista, de las S.L., y que se mantuvo con el r�gimen dictatorial del porfiriato. Ahora se vuelve a insertar en estas reformas el principio establecido por el art�culo 18 del acta constitutiva de enero del a�o de 24, que se expresaba as�: ?Todo hombre que habita en el territorio de la Federaci�n tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia.?.-Me extra�� el d�a de ayer, en la comparecencia del procurador general de la Rep�blica, doctor S.G.�a R., que siempre se habl� de justicia expedita e imparcial, pero no se repiti� lo que contiene ahora la iniciativa del presidente De la Madrid, volviendo a expresar lo que se invoca como una f�rmula magn�fica constitucional, que la justicia sea tambi�n completa.-El p�rrafo adicional del art�culo 17 establece entre los requisitos de la justicia, que �sta sea administrada en forma completa, tal como se dijo en el a�o de 1824. Adem�s de que sea pronta e imparcial. Y ese regreso en el tiempo hist�rico, no es un retroceso conceptual, pues aqu� tambi�n debo yo, por razones podr�amos decir profesionales y acad�micas, se�alar que en los modernos instrumentos internacionales, tanto de la Organizaci�n de las Naciones Unidas, como de la Organizaci�n de los Estados Americanos, en la materia de derechos humanos, se recogen en estos instrumentos modernos, como derechos humanos, el acceso a recibir justicia con los caracteres cl�sicos adoptados en M�xico en el a�o 24 del pasado siglo, de que la impartici�n de la justicia, sea completa, pues no hay en verdad justicia cuando �sta es en fragmentos o a medias. ... La justicia de la que ha hablado ya A.S., con brillo excepcional, que no me extra�a, es objeto de una especial y concreta preocupaci�n dominante, al extenderse y ampliarse la vigencia de los mismos preceptos o principios que rigen en materia de la Federaci�n.-Esa ampliaci�n de lo que se dice del Poder Judicial de la Federaci�n al Poder Judicial de los Estados, no es arbitraria, ni significa un centralismo, puesto que es una simple, podr�amos decir una homologaci�n constitucional, expresando en distinto grado lo que se dice del Poder Judicial de la Federaci�n, se aplica a grandes l�neas, respecto a los Estados, y eso parecer�a que los Estados no ten�an una organizaci�n constitucional, ordenada, preceptuada, por la C.�n F..-Ya se ha dicho por el orador que me ha precedido en el uso de la palabra, que esta ampliaci�n yo la considerar�a como una simetr�a constitucional, detallada en la C.�n F. respecto al Gobierno de la Federaci�n, en cuanto al gobierno judicial -digamos- esto es, a la administraci�n de justicia.-Es una simetr�a que hay que expresarla como lo dec�a la C.�n de 24; hay que consignar los principios fundamentales dela organizaci�n pol�tica de los Estados, ello en sus tres distintos poderes, bien separados y bien definidos, prohibi�ndose la fusi�n de dos o m�s de estos poderes en una sola corporaci�n o individuo.-Hay -repito- una simetr�a constitucional: la C.�n F. trata ahora de todos los distintos Poderes de los Estados, como lo hac�a el acta fundacional de nuestro Estado F..-Simetr�a y homologaci�n, que no van en contra, insisto, de la Federaci�n o del Pacto F., sino al contrario, y como lo ha se�alado el senador A.S., ellas son medidas de una consulta popular y de una demanda de los tribunales superiores de los Estados.-Yo agregar�a, que semejante y correlativa solicitud tambi�n la han formulado las Procuradur�as de Justicia de los Estados. ...

En el dictamen de la C�mara revisora se expres� al respecto:

... Esta comisi�n coincide con la iniciativa presidencial, en cuanto a que el perfeccionamiento del orden jur�dico y de los instrumentos de procuraci�n e impartici�n de justicia es un proceso permanente y din�mico, en el que cada avance mejora la realidad social, provoca propuestas de mayor calidad y profundidad y alienta las aspiraciones de todos los mexicanos para proseguir en esta tarea con tenacidad.-La C.�n F. Mexicana, en su doble aspecto, de Ley Fundamental del Estado F. y de estatuto nacional com�n a los Estados que lo integran, contiene preceptos que afirman la identidad de nuestros principios pol�ticos fundamentales.-Dentro del marco de estos principios y para el perfeccionamiento de nuestro orden jur�dico nacional, fue presentada por el presidente de la Rep�blica al Constituyente Permanente, la iniciativa de reforma de los art�culos 17, 46, 115 y 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.-La garant�a individual, derecho p�blico subjetivo, contenida en el art�culo 17 constitucional, precepto que proh�be al individuo hacerse justicia por mano propia y ejercer violencia para reclamar su derecho, se complementa, idealmente, con la postulaci�n del acceso a la jurisdicci�n como un derecho c�vico y una obligaci�n estatal. Para ello, la C.�n dispone que los tribunales de justicia la impartir�n en forma expedita y gratuita.-La iniciativa presidencial propone adaptar la garant�a jurisdiccional establecida en nuestra C.�n en beneficio y protecci�n de toda persona f�sica o moral, individual o colectiva, a las necesidades del presente, conservando los valores establecidos desde 1824, recogiendo al efecto, los principios contenidos en los documentos actuales que atienden a los derechos humanos y de sus libertades fundamentales, documentos que forman parte de nuestro derecho y recogen aspiraciones vigentes en el seno de nuestra sociedad. La impartici�n de justicia que merece el pueblo de M�xico debe ser pronta y gratuita. Procesos lentos, resoluciones tard�as, justicia inaccesible para las mayor�as, no son compatibles con los requerimientos del Estado social de derecho. La reforma que se propone en la minuta en examen al art�culo 17 constitucional, permite a juicio de la comisi�n que suscribe, sentar bases firmes sobre las cuales se apoye un moderno sistema procesal en que el derecho a la jurisdicci�n asuma su aut�ntica dimensi�n de derecho p�blico.-La nueva redacci�n que para el art�culo 17 constitucional se prev� en la minuta en examen, no altera la fundamentaci�n y teleolog�a que el Constituyente originalmente imprimi� al acceso a la justicia, antes bien lo complementa y sistematiza. As�, la prohibici�n de aprisionar a un individuo por deudas civiles con la que se abr�a el art�culo, para ser el �ltimo p�rrafo del propio precepto, con lo que adquiere claridad, pues se abre con la prohibici�n de la autojusticia y contin�a con la consagraci�n del derecho a la jurisdicci�n. Igualmente, atendiendo a la naturaleza federal del Estado mexicano, el tercer p�rrafo que al art�culo 17 se propone en la iniciativa presidencial y en la minuta se examina, establecen y garantizan la independencia de los tribunales judiciales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. La consagraci�n constitucional de este principio lo convierte en norma rectora de las leyes org�nicas de los Poderes Judiciales de la Federaci�n y de los Estados.-Incorporar la independencia judicial al precepto constitucional que garantiza el derecho a la justicia, se estima por la comisi�n que rinde el presente dictamen como un fiel eco de la exposici�n de motivos del proyecto de C.�n del primer jefe de Ej�rcito C.onalista en que categ�ricamente se afirma: ?uno de los anhelos m�s ardientes y m�s hondamente sentidos por el pueblo mexicano es el de tener tribunales independientes que hagan efectivas las garant�as individuales contra los atentados y excesos de los agentes del poder p�blico.?.-Igualmente, la comisi�n estima que postular constitucionalmente la plena ejecuci�n de las resoluciones judiciales, como proponen la iniciativa presidencial y la minuta de la colegisladora, como contribuye a explicitar el imperio que al Poder Judicial es propio y consustancial. ... Finalmente, la fracci�n III del art�culo 116 constitucional contiene la referencia al Poder Judicial de cada Estado. Aqu� radica una de las innovaciones fundamentales de la iniciativa, pues se�ala que dicho Poder Judicial se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones L.es. El segundo p�rrafo de la fracci�n III, establece que la independencia de los M. y J. se garantizar� en cada una de las C.ones y leyes org�nicas locales y fija las bases para su reglamentaci�n al se�alar que corresponde a estos ordenamientos establecer las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. En el siguiente p�rrafo, esta fracci�n III obliga a que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa re�nan como requisitos, los mismos que el art�culo 95 de la C.�n F. se�ala para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. La comisi�n que suscribe, estima que esta exigencia es adecuada, pues son los Tribunales Superiores de Justicia, los m�ximos �rganos jurisdiccionales de cada entidad y quienes los integren deben probar, objetivamente, su idoneidad profesional y moral para ocupar esos cargos. Se establece tambi�n el principio de una aut�ntica carrera judicial en los Estados de la Rep�blica, al se�alar que los nombramientos de M. y J. se har�n, preferentemente, entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia.-Se propone tambi�n que a nivel constitucional se salvaguarde la facultad de cada Tribunal Superior de Justicia de designar a los J. de primera instancia o a los que, con cualquier denominaci�n, sean equivalentes a �stos en las entidades federativas y que se asegure la permanencia en el cargo de los funcionarios judiciales para mantener autonom�a de criterio, sin detrimento de la seguridad social, personal y familiar del juzgador. Al efecto, se establece que los M. durar�n en su encargo el tiempo que se�alasen las C.ones L.es y podr�n ser reelectos en ese cargo y, si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos de los Estados. Las leyes de cada entidad federativa podr�n hacer extensiva esa inamovilidad, se�alando los requisitos de la misma a otros servidores p�blicos encargados de impartir justicia, pero en la C.�n se establece ya el principio de inamovilidad, el art�culo 116 de la minuta en examen, consagra el principio de remuneraci�n adecuada e irrenunciable, remuneraci�n que no podr� ser disminuida durante el desempe�o de la funci�n judicial, corolario necesario de la independencia judicial. ...

El decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, que dio lugar a la regulaci�n constitucional de la administraci�n de justicia estatal, sentando en la fracci�n III del art�culo 116 de la Carta Magna, las bases a las que deb�an sujetarse los Poderes Judiciales de los Estados, tambi�n incluy� la reforma al art�culo 17 de la Carta Magna, para quedar con el texto actualmente en vigor que dispone:

"Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil.

El art�culo segundo transitorio del decreto de reformas constitucionales aludido, dispuso:

Las Legislaturas de los Estados, en el plazo de un a�o, computado a partir de la vigencia de este decreto, proceder�n a reformar y adicionar las C.ones y leyes locales, para proveer el debido cumplimiento de las disposiciones de este decreto.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se reform� el p�rrafo tercero de la fracci�n III del art�culo 116 constitucional y se derog� su p�rrafo quinto, para quedar en los t�rminos en que actualmente se encuentra en vigor. La reforma del p�rrafo tercero tuvo como raz�n de ser, el adecuar los requisitos exigidos para ocupar el cargo de Magistrado a los consignados en el art�culo 95 de la propia Carta Magna, que tambi�n fue reformado mediante el decreto en comento y adicionar como impedimentos para ocupar dicho cargo el haber desempe�ado, durante el a�o previo a la designaci�n, los cargos de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local en los respectivos Estados; y la derogaci�n del p�rrafo quinto tuvo como finalidad el eliminar el esquema de nombramiento r�gido para los J. de los Estados, a fin de que cada entidad federativa adoptara el esquema de organizaci�n judicial que estimara m�s conveniente, cumpliendo los principios de la carrera judicial, dada la gran semejanza que con el �mbito federal guardaba el gobierno y la administraci�n del Poder Judicial de los Estados que, podr�a llevar, a que la separaci�n funcional y org�nica de las atribuciones jurisdiccionales y administrativas, realizada mediante la creaci�n del Congreso de la Judicatura F., con la consecuente reforma del art�culo 100 de la Carta Magna, realizada en el decreto en comento, tambi�n pudiera ser adoptada por los Estados. En la exposici�n de motivos de la iniciativa del decreto de reformas constitucionales aludido, se se�al� al respecto lo siguiente:

"... Poder Judicial de la Federaci�n. Integraci�n

"...

"R�gimen jur�dico de los Ministros de la Suprema Corte.

"...

"En la iniciativa de reformas se proponen nuevos requisitos de designaci�n de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Para fortalecer su independencia se propone que el presidente de la Rep�blica no pueda nombrar a aquellas personas que con seis meses de anterioridad hubieran ocupado los cargos de secretario de Estado, jefe del Distrito F., jefe de departamento administrativo, procurador general de la Rep�blica o de Justicia del Distrito F., senador, diputado federal o gobernador de alg�n Estado. Con esta propuesta se busca garantizar que factores de car�cter pol�tico no interfieran en la asignaci�n de los Ministros y que se tome en cuenta la vocaci�n judicial.

"Otras modificaciones en cuanto a los requisitos de designaci�n son la ampliaci�n de cinco a diez a�os de la expedici�n del t�tulo profesional de abogado, la supresi�n de la edad m�xima de ingreso y la reducci�n a un a�o del periodo de residencia en el pa�s antes de la designaci�n. Con las dos primeras medidas se busca que las personas propuestas tengan mayores conocimientos y experiencia al momento de ocupar el cargo, mientras que la �ltima, iguala los t�rminos de residencia respecto de los principales cargos p�blicos de la Federaci�n, al no existir razones para mantener las diferencias que hasta hoy prevalecen.

"...

"Administraci�n del Poder Judicial de la Federaci�n.

"...

"Integraci�n del Consejo de la Judicatura F..

"De acuerdo con la iniciativa que ahora someto a su consideraci�n, se propone modificar el art�culo 100 constitucional, a fin de que las funciones administrativas que hasta ahora ejerce la Suprema Corte recaigan en un Consejo de la Judicatura F.. ...

"Poderes Judiciales de los Estados y del Distrito F..

"La iniciativa de reformas que presento, incluye tambi�n dos modificaciones a los reg�menes de los Poderes Judiciales de los Estados y del Distrito F..

"Consejos de la Judicatura y carrera judicial.

"La situaci�n que guardan el gobierno y la administraci�n del Poder Judicial de la Federaci�n, tiene una enorme simetr�a con lo que acontece en los �mbitos estatales y del Distrito F.. Es una constante que los tribunales supremos en los �mbitos locales tengan a su cargo funciones semejantes a las que hasta el d�a de hoy realiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con la excepci�n hecha del Estado de Sinaloa, donde desde hace a�os existe un Consejo de la Judicatura.

"El enorme c�mulo de funciones descritas propicia, al igual que en el �mbito federal, que los M. distraigan buena parte del tiempo que debieran dedicar a las funciones jurisdiccionales. Por ello, si los motivos que justifican la separaci�n funcional y org�nica de las atribuciones jurisdiccionales y administrativas en el Poder Judicial de la Federaci�n, subsisten tambi�n en el �mbito local, resulta necesario llevar a cabo la consiguiente reforma respecto de estos �ltimos.

"En raz�n de lo anterior, se plantea la derogaci�n del p�rrafo cuarto de la fracci�n III del art�culo 116 constitucional, que plantea un esquema de nombramiento r�gido para los J. en los Estados. Con ello se posibilita que cada entidad federativa adopte el esquema de organizaci�n judicial que considere m�s conveniente para ampliar los principios de la carrera judicial que anuncia el p�rrafo segundo de la fracci�n antes invocada.

"En cuanto al r�gimen judicial del Distrito F. se plantea incluir en la fracci�n VII del art�culo 122 constitucional, las disposiciones necesarias para crear el correspondiente Consejo de la Judicatura a efecto de que asuma las funciones administrativas que por su naturaleza le son encomendadas.

"Como consecuencia de las propuestas planteadas, la iniciativa pone a la consideraci�n del Constituyente Permanente la conveniencia de modificar el p�rrafo tercero del art�culo 108, el segundo del 110 y el quinto del 111 constitucionales, a fin de hacer sujetos respectivamente, de responsabilidad, del juicio pol�tico y de inmunidad procesal a los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales.

Con la posibilidad de que las entidades federativas adopten la figura de los Consejos de las Judicaturas, se sientan las bases institucionales para el establecimiento y desarrollo de la carrera judicial. Hasta ahora, la operaci�n de la carrera judicial ha encontrado en muchos casos, grandes obst�culos por la falta de un �rgano espec�ficamente dedicado a ella. Con su cabal instrumentaci�n se dar� respuesta a un reclamo general en la sociedad para elevar el nivel profesional y garantizar la solvencia moral de J. y M.. El establecimiento de concursos de oposici�n para la designaci�n, el ascenso y la adscripci�n de los funcionarios judiciales ha probado ser un m�todo id�neo. ...

El texto actualmente en vigor del art�culo 116, fracci�n III, es el siguiente:

"El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

"...

"III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas.

"La independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

"Los M. integrantes de los Poderes Judiciales L.es, deber�n reunir los requisitos se�alados por las fracciones I a V del art�culo 95 de esta C.�n. No podr�n ser M. las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n.

"Los nombramientos de los M. y J. integrantes de los Poderes Judiciales L.es ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica.

"Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos de los Estados.

"Los M. y los J. percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo."

Los antecedentes legislativos del art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, actualmente en vigor, permiten advertir que su g�nesis tuvo lugar en virtud de la preocupaci�n latente en el pueblo mexicano del perfeccionamiento de la impartici�n de justicia, que plasm� su voluntad en la consulta popular sobre administraci�n de justicia emprendida en el a�o de mil novecientos ochenta y tres, y que dio lugar a la aprobaci�n formal por el Congreso de la Uni�n de las reformas constitucionales en la materia que, en forma integral, sentaron los principios b�sicos de la administraci�n de justicia en los Estados, en las reformas de mil novecientos ochenta y siete.

El art�culo 17 que consagra la garant�a de acceso jurisdiccional, como derecho de toda persona ante la prohibici�n de hacerse justicia por s� misma, consign� como atributos propios de la administraci�n de justicia, adem�s de su gratuidad, el que resoluciones de los tribunales deb�an ser prontas, es decir, dictadas dentro de los plazos razonables fijados en la ley; imparciales, o sea, ajust�ndose a derecho en su dictado y considerando en el proceso el principio de igualdad de las partes; y completas, lo que significa no s�lo que debe decidirse sobre la totalidad de las peticiones de las partes, sino adem�s que �sta debe ser integral, es decir, en todo el �mbito nacional, sea federal o local, lo que supone que los principios b�sicos que la sustentan resultan aplicables tanto al Poder Judicial F., como al de los Estados y del Distrito F., estableci�ndose como postulados b�sicos de estos principios la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones, al se�alarse en su tercer p�rrafo que "Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.".

P.�ndose as� de unajusticia completa que debe garantizar en todo el �mbito nacional la independencia judicial, al haberse incorporado estos postulados en el precepto constitucional que consagra el derecho a la justicia, en el art�culo 116, fracci�n III, se consagra tambi�n que la independencia de los M. y J., encargados de la administraci�n de justicia, deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados. Asimismo, en su p�rrafo inicial, el propio precepto impone a los Estados miembros de la Federaci�n el principio de la divisi�n de poderes conforme al cual, entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debe existir equilibrio e independencia rec�proca.

Por tanto, se consagra a la independencia judicial como postulado b�sico de la administraci�n de justicia a nivel nacional, porque, como se se�al� en la exposici�n de motivos de las reformas constitucionales relativas "... la independencia judicial constituye la primer garant�a de la jurisdicci�n establecida no precisamente en inter�s del �rgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues s�lo cabe esperar justicia completa y estricta del J. jer�rquicamente libre, dependiente s�lo de la ley. La independencia judicial requiere que los J. al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisi�n del J. a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando �sta propende a la arbitrariedad. ...".

En igual sentido se pronunci� este Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisi�n 2639/96, promovido por F.A.V., en sesi�n de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, cuyas consideraciones relativas, son del tenor literal siguiente:

"... De lo reproducido precedentemente y, en general, del proceso que dio lugar a las reformas constitucionales de que se trata, se desprende que las mismas tuvieron como antecedentes la consulta popular realizada en el a�o de mil novecientos ochenta y tres, las conclusiones del XIII Congreso de Tribunales Superiores de Justicia del pa�s y la necesidad de establecer en el Pacto F. los lineamientos fundamentales para la organizaci�n de los Poderes Judiciales de los Estados. Debe destacarse que la reforma a la fracci�n III del art�culo 116 de la Ley Fundamental, se realiz� conjuntamente con la enmienda de varios preceptos en materia de administraci�n de justicia y, principalmente, del art�culo 17. De las partes expuestas del procedimiento de enmienda constitucional, se deduce claramente que la finalidad de la reforma, en la parte que interesa, fue garantizar efectivamente la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados; ello se sigue de la reiteraci�n con que se habla de hacer efectiva la divisi�n de poderes y la autonom�a de los Poderes Judiciales L.es. Dentro de esta tem�tica, espec�ficamente, se abord� la cuesti�n de la inamovilidad, se se�al� enf�ticamente que con la inclusi�n de ella en las reformas se pretende hacer efectiva la independencia de los Poderes Judiciales L.es. De modo claro, tanto en la exposici�n de motivos de la iniciativa de reforma como en la intervenci�n del senador S., se dijo categ�ricamente que una de las condiciones b�sicas para garantizar la independencia de los altos funcionarios judiciales es la estabilidad en el cargo, pues �sta proporciona a los servidores de la administraci�n de justicia, la seguridad de que mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia gozar� de permanencia en el puesto.-De lo expuesto se sigue que la interpretaci�n del art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n F., debe favorecer la realizaci�n de la independencia y autonom�a del Poder Judicial de las entidades federativas y a la inamovilidad judicial como un medio para lograrla. ..."

Ahora bien, como formas de garantizar esta independencia judicial en la administraci�n de justicia local, el art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n F., consagra como principios b�sicos a los que deben sujetarse las entidades federativas y los tres poderes en los que se divide el ejercicio del poder p�blico de cada entidad, los siguientes:

1) La sujeci�n de la designaci�n de M. a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren para ocupar los m�s altos puestos de los Poderes Judiciales L.es, al consignarse que los nombramientos de M. y J. deber�n hacerse, preferentemente, entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica (cuarto p�rrafo de la fracci�n III), y exigirse que los M. deban cumplir los requisitos que las fracciones I a V del art�culo 95 de la Carta Magna consagra para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia y que son: a) ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos pol�ticos y civiles; b) tener cuando menos treinta y cinco a�os cumplidos el d�a de la designaci�n; c) poseer, el d�a de la designaci�n, t�tulo profesional de licenciado en derecho con antig�edad m�nima de diez a�os; d) gozar de buena reputaci�n y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de m�s de un a�o de prisi�n o por delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto p�blico, cualquiera que haya sido la pena impuesta; y e) haber residido en el pa�s durante los dos a�os anteriores al d�a de la designaci�n. Adem�s, al igual que en la fracci�n VI del art�culo 95 constitucional, pero adaptado al �mbito local, se se�ala como impedimento para ser designado Magistrado, el haber ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n (p�rrafo tercero). Lo anterior ser� responsabilidad de los �rganos de gobierno que de acuerdo con la C.�n Estatal, a la que remite la F., participen en el proceso relativo a dicha designaci�n.

No se establece en la C.�n F. la forma de designaci�n de los M. y J. integrantes de los Poderes Judiciales L.es, por lo que corresponder� a cada entidad determinarlo en sus respectivas C.ones y leyes org�nicas, pero desde luego, deber� estar sujeta a la garant�a constitucional consagrada tanto en el art�culo 17 como en el 116, fracci�n III, de la Carta Magna, de independencia judicial, por lo que la designaci�n deber� ser libre de compromisos pol�ticos y vinculada con otro de los principios b�sicos que con posterioridad se analizar� y que se consagra en los p�rrafos segundo y cuarto de la fracci�n III del art�culo 116 en an�lisis, a saber, la carrera judicial.

A nivel federal y en el Distrito F., los art�culos 96 y 122, base cuarta, fracci�n I, segundo p�rrafo, de la Carta Magna, respectivamente, establecen la designaci�n de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y M. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito F., mediante la participaci�n de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pues para el nombramiento de Ministros, el presidente de la Rep�blica someter� una terna a consideraci�n del Senado, el cual designar� al que deba cubrir la vacante con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes y para el nombramiento de M. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito F., el jefe de Gobierno someter� la propuesta respectiva a la decisi�n de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, como se se�al�, es principio consagrado para los Poderes Judiciales L.es, el que sus m�s altos servidores p�blicos a nivel judicial, que son los M., deban reunir los mismos requisitos que constitucionalmente se prev�n tambi�n para los m�s altos funcionarios a nivel federal, a saber, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, requisitos que tienden a garantizar la alta capacidad y honorabilidad de las personas que desempe�en tales cargos.

En este aspecto, importa resaltar la buena fama en el concepto p�blico que deber�n tener las personas en quienes recaigan los nombramientos relativos, al consignarse este requisito en el art�culo 95, fracci�n IV, de la Carta Magna, y establecerse tambi�n que los nombramientos deben recaer preferentemente en quienes hayan prestado con eficiencia, capacidad y probidad sus servicios en la administraci�n de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la profesi�n jur�dica, requisito que tambi�n es exigible para el nombramiento de J..

Esto significa que es obligaci�n de quienes legalmente tengan la facultad de intervenir en el procedimiento de designaci�n de M. y J. que integren los Poderes Judiciales L.es, de acuerdo con las C.ones y leyes org�nicas respectivas, la de proponer y aprobar la designaci�n de M. y J. que efectivamente cumplan estos requisitos, lo que debe avalarse mediante la apertura de un expediente en el que consten los antecedentes curriculares que justifiquen tales atributos e inclusive, someterse a la opini�n p�blica la proposici�n relativa para corroborar la buena fama en el concepto p�blico de la persona que se propone para ocupar el cargo.

Como ejemplo de lo asentado con anterioridad, puede citarse el Acuerdo 3/1996, dictado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, con fecha veintis�is de agosto de mil novecientos noventa y seis, para las propuestas que realizar�a a la C�mara de Senadores de las personas que deb�an ocupar los cargos de M. Electorales, al no haberse dictado las leyes reglamentarias relativas que se�alaran el procedimiento correspondiente, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 99 de la C.�n F., que en su parte conducente dispone que: "... Los M. Electorales que integren la Sala Superior y las Regionales ser�n elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Senadores, o en sus recesos por la Comisi�n Permanente, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. La ley se�alar� las reglas y el procedimiento correspondientes. ...", M. respecto de los cuales tambi�n se exige la satisfacci�n de los requisitos que para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n consigna la Carta Magna, al disponerse en el propio numeral 99 de la misma que: "... Los M. Electorales que integren la Sala Superior deber�n satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podr�n ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. ...". En los puntos primero a quinto de dicho acuerdo se estableci�:

"PRIMERO.-Los interesados en ser propuestos por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para ocupar los cargos de M. Electorales en la Sala Superior o en las Salas Regionales del Tribunal Electoral, que estimen reunir los requisitos constitucionales y legales, podr�n presentar en la Oficina de Certificaci�n Judicial y de Correspondencia de este Alto Tribunal, dentro del improrrogable plazo de cinco d�as h�biles contados a partir del siguiente al de la publicaci�n de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federaci�n, la solicitud respectiva, acompa�ada por duplicado de la documentaci�n siguiente: 1. Historial.-2. Copia certificada de: a) Acta de nacimiento.-b) T�tulo profesional.-c) C�dula profesional.-Los aspirantes deber�n se�alar la Sala a la que les interese ingresar.-SEGUNDO.-El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n elaborar� una lista de los aspirantes que re�nan los requisitos aludidos; y a cada uno de ellos se les formar� un expediente por duplicado.-TERCERO.-La lista a que se refiere el punto que antecede ser� publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n a fin de que, dentro del improrrogable plazo de cinco d�as h�biles contados a partir del siguiente al de su publicaci�n, quienes lo deseen puedan formular por escrito, de manera fundada y en forma comedida y respetuosa, las observaciones u objeciones que estimen procedentes, las que podr�n presentar en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, apoy�ndolas, en su caso, con prueba documental.-CUARTO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, despu�s de examinar y evaluar, conforme a criterios objetivos y alleg�ndose los elementos que estime pertinentes, las peculiaridades que revistan los aspirantes, seleccionar� a los candidatos que deba proponer al Senado de la Rep�blica para la designaci�n, en su caso, de los M. de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral.-QUINTO.-Las propuestas a que se refiere el punto anterior se har�n llegar oportunamente a la H. C�mara de Senadores, acompa�adas de la documentaci�n que las sustente y el acta de evaluaci�n, despu�s se mandar� publicar en el Diario Oficial de la Federaci�n y en el Semanario Judicial de la Federaci�n."

Deriva del anterior acuerdo transcrito que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ante el cumplimiento de la obligaci�n que le impone el art�culo 99 de la C.�n F. de proponer a la C�mara de Senadores a las personas que deben ocupar los puestos de M. Electorales y que deben satisfacer los requisitos se�alados, y ante la falta de expedici�n a la fecha en que deb�a hacerse, de la ley que estableciera las reglas a las que deb�a sujetarse para el cumplimiento de tal obligaci�n, determin�: 1) el establecimiento de un plazo para que las personas que estimaran reunir los requisitos para ocupar el cargo presentaran la solicitud respectiva, acompa�ada de la documentaci�n que acreditara la satisfacci�n de dichos registros; 2) la elaboraci�n de una lista de aspirantes y la formaci�n de un expediente de cada uno de ellos por duplicado; 3) la publicaci�n de la lista relativa en el Diario Oficial de la Federaci�n para que dentro de un determinado plazo, quienes lo desearan, formularan por escrito las observaciones u objeciones procedentes, apoy�ndolas, en su caso, con prueba documental; 4) la selecci�n de los candidatos que deb�an proponerse al Senado, previo examen y evaluaci�n de los aspirantes, conforme a criterios objetivos y alleg�ndose los elementos que se estimaran convenientes; 5) el env�o de las propuestas al Senado, acompa�ado de la documentaci�n y el acta de evaluaci�n que las sustenta; 6) la publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y en el Semanario Judicial de la Federaci�n de las propuestas.

As�, el m�s Alto Tribunal de la Rep�blica, como reconocimiento a la importancia de que la designaci�n de M. Electorales recayera en las personas id�neas para ocupar el cargo, de alta honorabilidad y competencia y de buena fama en el concepto p�blico y en cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 99 constitucional, que alude a reglas a las que deber� sujetarse el procedimiento de designaci�n de dichos M., no reglamentadas a�n en ley, a la fecha en que hizo la propuesta relativa, sujet� su actuaci�n a reglas l�gicas que garantizaran el correcto cumplimiento de su obligaci�n de proponer a las personas id�neas, como son la formaci�n de un expediente, con la documentaci�n relativa que ampare la satisfacci�n de los requisitos exigidos para el cargo a desempe�ar, la publicaci�n para consulta p�blica de los aspirantes al cargo, el acta de evaluaci�n y el env�o al Senado, que finalmente realizar�a la designaci�n, de la lista de los candidatos propuestos con toda la documentaci�n y el acta de evaluaci�n para avalar su proposici�n.

Es claro entonces, que al igual que lo ha hecho el m�s Alto Tribunal de la Federaci�n, el nombramiento de M. y J. en todo el �mbito nacional, ya sea a nivel federal o local, debe estar sujeto a reglas que garanticen la idoneidad de las personas que se designen y su plena satisfacci�n de los requisitos exigidos para el desempe�o del cargo y, por tanto, el fiel cumplimiento por parte de los �rganos a quienes se les da la atribuci�n de realizar las designaciones o que intervienen en el procedimiento relativo mediante la proposici�n o aprobaci�n de los nombramientos respectivos, de sujetarse en la elecci�n que realicen a criterios objetivos que garanticen una selecci�n justa y que la designaci�n recaiga en personas que cumplan cabalmente los requisitos que en la C.�n F. se prev�n para ocupar el cargo, reglas que si bien no son establecidas en la C.�n F., de su esp�ritu deriva que deben ser consignadas en la legislaci�n relativa, como expresamente se establece en los art�culos 97 y 99 de la C.�n F. para la designaci�n de M. de Circuito, J. de Distrito y M. Electorales, al no existir raz�n para hacer diferenciaci�n respecto de M. de los Poderes Judiciales L.es o, ante su falta de establecimiento, deben ser dictadas por el �rgano u �rganos encargados de realizar o participar en la designaci�n, dentro del l�mite de sus atribuciones, para que pueda constatarse la transparencia y cumplimiento fiel a los requisitos constitucionales al hacer uso de su facultad, como lo hizo esta Suprema Corte de Justicia en el acuerdo referido.

2) La consagraci�n de la carrera judicial, al consignarse que C.ones y las leyes org�nicas de los Estados establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados en la parte final del segundo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116, as� como en la preferencia establecida en el cuarto p�rrafo del propio precepto y fracci�n constitucional citada para el nombramiento de M. y J., entre las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia, lo que ser� responsabilidad de los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de Justicia de los Estados o, en su caso, de los Consejos de la Judicatura, cuando se hayan establecido.

El establecimiento de un sistema de designaci�n y promoci�n de los miembros del Poder Judicial garantiza que prevalezca un criterio de absoluta capacidad y preparaci�n acad�mica, pues al proporcionarse expectativas de progreso, se favorece un desempe�o m�s brillante y efectivo y se logra que la magistratura se mantenga separada de las exigencias y funciones pol�ticas que puedan mermar la independencia judicial en la promoci�n de sus integrantes.

En la exposici�n de motivos de la iniciativa de mil novecientos ochenta y siete se se�ala, al respecto, que: "... El J. es s�mbolo de la justicia y guardi�n del derecho, por ello los �rganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selecci�n del derecho, la vocaci�n, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen J. no se improvisa, requiere del transcurso de a�os de estudio y pr�ctica en los tribunales para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicaci�n de la ley.-Selecci�n, formaci�n, eficiencia y preparaci�n adecuada son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempe�o de la funci�n jurisdiccional independiente. ...".

La derogaci�n del quinto p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116 constitucional por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro que establec�a que: "... Los J. de primera instancia y los que con cualquiera otra denominaci�n se creen en los Estados, ser�n nombrados por el Tribunal Superior o por el Supremo Tribunal de Justicia de cada Estado. ...", precisamente tuvo como finalidad, seg�n lo se�alado en la exposici�n de motivos de la iniciativa de reformas relativa, transcrita con antelaci�n, el eliminar el esquema de nombramiento r�gido para los J. de los Estados y el abrir la posibilidad alas entidades federativas de adoptar la figura de los Consejos de las Judicaturas, sent�ndose as� "las bases constitucionales para el establecimiento y desarrollo de la carrera judicial", dado que la operaci�n de la carrera judicial hab�a encontrado "en muchos casos grandes obst�culos por la falta de un �rgano espec�ficamente dedicado a ella", por lo que con su "cabal instrumentaci�n se dar� respuesta a un reclamo general en la sociedad para elevar el nivel profesional y garantizar la solvencia moral de J. y M.", consign�ndose asimismo que "El establecimiento de concursos de oposici�n para la designaci�n, el ascenso y la adscripci�n de los funcionarios judiciales ha probado ser un m�todo id�neo".

As�, se deja constitucionalmente abierta a los Estados la posibilidad de separar funcional y org�nicamente las atribuciones jurisdiccionales y administrativas, mediante la creaci�n de los Consejos de las Judicaturas que tendr�an a su cargo la implementaci�n de las medidas para una eficaz carrera judicial, como son la formaci�n de cursos de capacitaci�n, la creaci�n de m�todos para la selecci�n y promoci�n de los servidores p�blicos de los Poderes Judiciales, dentro de los que se encuentran los concursos de oposici�n, y la vigilancia y el seguimiento de la actuaci�n de los funcionarios judiciales, todo esto a fin de dar cumplimiento al principio de la carrera judicial al que deben sujetarse los Poderes Judiciales L.es, como una de las formas para garantizar la independencia judicial.

3) La seguridad econ�mica de J. y M. como servidores de alto nivel de la administraci�n de justicia, al consignarse en el �ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116 de la Carta Magna, que percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable que no podr� ser disminuida durante su encargo, lo que, por una parte, evita preocupaciones de car�cter econ�mico de tales servidores y la posibilidad de que sean objeto de presiones de esta �ndole en el desempe�o de su funci�n jurisdiccional y, por la otra, incentiva el desarrollo profesional para la ocupaci�n del cargo por profesionales m�s capacitados.

4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, como principio que salvaguarda la independencia judicial, al garantizar la de los m�s altos funcionarios del Poder Judicial L., consignada en el pen�ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116 de la Carta Magna en estudio, al se�alarse que "Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos de los Estados.".

Como se observa del p�rrafo constitucional transcrito, este principio de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, abarca varios aspectos a los que deben sujetarse las entidades federativas y que son:

  1. La determinaci�n en las C.ones L.es de manera general y objetiva del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo de Magistrado. Esto significa que cada Estado, de acuerdo con las caracter�sticas y modalidades que m�s se adecuen a sus particularidades, deber� fijar en la C.�n L. cu�l es el tiempo que el Magistrado designado conforme al procedimiento que en la misma se establezca ejercer� el cargo, lo que le da al funcionario judicial la seguridad de que durante ese t�rmino no ser� removido de manera arbitraria, pues adquiere el derecho a ejercerlo por el t�rmino previsto, salvo, desde luego, que incurra en causal de responsabilidad o en un mal desempe�o de su funci�n judicial.

  2. La posibilidad de ratificaci�n de los M. al t�rmino del ejercicio conforme al periodo se�alado en la C.�n L. respectiva, siempre y cuando demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al hab�rseles designado, as� como que esa demostraci�n se realiz� a trav�s del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial, como expresi�n de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto significa que el derecho a la ratificaci�n supone, en principio, que se ha ejercido el cargo por el t�rmino que el Constituyente L. consider� conveniente y suficiente para poder evaluar la actuaci�n del Magistrado.

    En efecto, la posibilidad de ratificaci�n que se encuentra prevista en el pen�ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n F., debe entenderse referida a la actuaci�n del funcionario judicial y no as� a la sola voluntad de la autoridad o autoridades o poderes a quienes la C.�n L. otorgue la facultad de nombrar y reelegir a los M. del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. Debe entenderse que es la evaluaci�n en el desempe�o profesional en el ejercicio del cargo de Magistrado lo que otorga al funcionario la posibilidad de ratificaci�n, lo que supone la obligaci�n del �rgano u �rganos a los que la C.�n L. les da la facultad de decidir sobre la ratificaci�n de M., de llevar un seguimiento de la actuaci�n del funcionario en el desempe�o de su cargo para poder calificarlo y determinar si es merecedor a la reelecci�n o no en el puesto.

    Como se analiz� con anterioridad, concretamente al estudiarse el primero de los principios que la fracci�n III del art�culo 116 de la Carta Magna consagra para garantizar la independencia judicial de la administraci�n de justicia local, consistente en la sujeci�n en la designaci�n de M. a los requisitos legales que en la propia Carta Magna se precisan, los �rganos de poder a los que las C.ones L.es otorguen la facultad de intervenir en el procedimiento de designaci�n de M., deben abrir un expediente con las documentales que avalen el fiel cumplimiento por parte de la persona que se designe para ocupar el cargo de Magistrado con los requisitos constitucionalmente previstos para ello y sujetarse el procedimiento de selecci�n a reglas establecidas legalmente que garanticen y permitan constatar el correcto uso de la atribuci�n de designaci�n que se les confiere y que implica, a su vez, la obligaci�n de sujetarse en el uso de tal facultad a los requisitos constitucionales y a las reglas establecidas para ello.

    Pues bien, al expediente relativo del Magistrado que se abre con motivo de su proposici�n y designaci�n debe d�rsele continuidad mediante el seguimiento de su actuaci�n en el cargo, para que al t�rmino de duraci�n de su cargo previsto en la C.�n L., pueda evaluarse su desempe�o y determinarse su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que llevar� a que sea o no ratificado, pero todo esto avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto uso por parte de los �rganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificaci�n de tal atribuci�n.

    Debe advertirse que el seguimiento del desempe�o del cargo de un Magistrado, si son otros poderes del Estado a quienes se les otorga en la C.�n L. la facultad de decidir sobre su ratificaci�n, no significa la intromisi�n de estos poderes en las facultades de otro poder, pues el seguimiento relativo debe realizarse por el propio Poder Judicial, ya sea a trav�s del Consejo de la Judicatura o del �rgano de dicho poder encargado de realizar las funciones administrativas, dependiendo de si se ha optado en la entidad por la separaci�n funcional y org�nica de las atribuciones jurisdiccionales y administrativas, limit�ndose la actuaci�n de los poderes facultados para decidir sobre la ratificaci�n, al an�lisis del expediente relativo y la comprobaci�n mediante los medios id�neos para ello, como puede serlo la consulta popular, de su excelencia en el desarrollo del cargo, en el entendido de que si para la designaci�n la C.�n F. establece la buena reputaci�n y la buena fama en el concepto p�blico, estos requisitos siguen teniendo plena vigencia para la ratificaci�n y que, por tanto, implican la exigencia de que la evaluaci�n de la actuaci�n del funcionario judicial que lleve a la ratificaci�n se base no s�lo en la ausencia de aspectos negativos en el desempe�o del cargo, sino en su alta capacidad y honorabilidad que lo califique como la persona id�nea para seguir ocupando el cargo de Magistrado.

    Por tanto, el seguimiento de la actuaci�n de Magistrado en el desempe�o de su cargo, no va dirigido a que sean los mismos �rganos encargados de decidir sobre su ratificaci�n los que lo lleven a cabo, sino s�lo a que el momento de realizarse el acto de evaluaci�n relativo para decidir sobre su ratificaci�n o no, cuente con todos los elementos que le permitan tomar una decisi�n que se encuentre avalada y apoyada con pruebas que permitan constatar el correcto uso de su facultad para el logro de una verdadera independencia judicial, que es la garant�a de jurisdicci�n, cuya finalidad persigue el establecimiento del principio de seguridad o estabilidad en el desempe�o del cargo, como se se�ala en la exposici�n de motivos de la iniciativa de reformas constitucionales de mil novecientos ochenta y siete, al manifestarse que: "... La sumisi�n del J. a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan ... En cuanto a la estabilidad en el cargo, �sta proporciona a los servidores de la administraci�n de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozar� de permanencia en su puesto. Sin J. estables en el desempe�o de su cargo, la independencia en el ejercicio de la funci�n, se ve considerablemente disminuida ...".

    En este sentido, debe resaltarse la circunstancia de que la ratificaci�n de los M. prevista en el precepto en an�lisis de la C.�n F., como uno de los aspectos del principio de la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, al igual que los dem�s principios consagrados para garantizar la independencia judicial, no s�lo constituye una garant�a para el funcionario judicial sino, principalmente, una garant�a de la sociedad de contar con servidores id�neos para impartir justicia, a trav�s del an�lisis de la conducta que desarroll� en el periodo en el que ejerci� el cargo y que asegure una impartici�n de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita en los t�rminos consignados por el art�culo 17 de la Carta Magna, como lo ha determinado este Alto Tribunal en las tesis LXXII/99 y XXXIV/2000, que textualmente disponen:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: X, noviembre de 1999

    "Tesis: P. LXXII/99

    "P�gina: 42

    "MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EL PROCEDIMIENTO PARA SU RATIFICACI�N TIENDE A LA SATISFACCI�N DE UNA NECESIDAD COLECTIVA.-El procedimiento de ratificaci�n de M. de Circuito y J. de Distrito a que se refiere el art�culo 97 de la C.�n F., no responde s�lo a la necesidad de vigilar que la conducta desarrollada por �stos se apegue a las normas que rigen su actuaci�n y, en caso contrario, se apliquen los correctivos procedentes, sino que tiende a la satisfacci�n de una necesidad colectiva, consistente en garantizar un derecho subjetivo p�blico de los gobernados a trav�s del an�lisis de la conducta desarrollada por los juzgadores federales en el periodo para el que fueron nombrados, lo que permite decidir si tienen o no la capacidad para continuar desempe�ando la labor jurisdiccional, bajo los principios que establece la C.�n, a trav�s de los dict�menes que el Consejo de la Judicatura F. emita, en los que se contenga un an�lisis detallado de los hechos relevantes de su desempe�o y el conocimiento cierto de su actuaci�n �tica profesional.

    "R.�n administrativa (Consejo) 11/97. 2 de julio de 1998. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: G.D.G.�ngora P. y G.I.O.M.. Impedimento legal: J.V.A.A.�n. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.�ndez.

    "El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprob�, con el n�mero LXXII/1999, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XI, marzo de 2000

    "Tesis: P. XXXIV/2000

    "P�gina: 102

    "RATIFICACI�N DE JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. ES UNA GARANT�A DE ESTABILIDAD EN EL CARGO Y PRINCIPALMENTE UNA GARANT�A A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES ID�NEOS PARA IMPARTIR JUSTICIA PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA QUE ESTABLECE EL ART�CULO 17 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-De un an�lisis arm�nico y sistem�tico de los art�culos 17, 97, primer p�rrafo y 100, sexto p�rrafo, de la C.�n F., y 105 y 121 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se advierte que la ratificaci�n de los M. de Circuito y J. de Distrito constituye una instituci�n para que estos altos funcionarios judiciales puedan adquirir estabilidad en el cargo p�blico que detentan previa satisfacci�n de determinados requisitos, pero principalmente constituye una garant�a de la sociedad de contar con servidores id�neos para impartir justicia. Esto es as�, ya que para que proceda la ratificaci�n, el funcionario debe haber desempe�ado el encargo durante seis a�os y se debe atender a su desempe�o en la funci�n, al resultado de las visitas de inspecci�n que se le hayan practicado durante su gesti�n, al grado acad�mico, cursos de actualizaci�n y de especializaci�n que tenga, el que no haya sido sancionado por falta grave con motivo de una queja administrativa y a los dem�s que se estimen convenientes para evaluar al funcionario; y, por otra parte, debe tenerse presente que estos cargos forman parte de la carrera judicial en la que rigen los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antig�edad, en su caso; todo lo cual tiene como fin �ltimo el garantizar que la impartici�n de justicia sea expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, en los t�rminos que lo consigna el art�culo 17 constitucional, lo que es responsabilidad directa del funcionario judicial.

    "R.�n administrativa (Consejo) 20/97. 29 de noviembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: J.D.�az R. y J.V.A.A.�n. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: O.A.C.Q..

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprob�, con el n�mero XXXIV/2000, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a veintinueve de febrero de dos mil.

    Lo anterior supone entonces lo siguiente:

    b.1) El cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en la C.�n L. relativa para la duraci�n del cargo, pues ello atentar�a contra el principio de seguridad y estabilidad en la duraci�n del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y autonom�a judicial al impedirse que continuaran en el ejercicio del cargo los funcionarios judiciales aun cuando se hubieren considerado los m�s adecuados, adem�s de contrariarse con ello tambi�n el principio de carrera judicial establecido en la C.�n F., en el que una de sus caracter�sticas es la permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administraci�n de justicia. Al respecto resulta aplicable, por analog�a, la tesis XLIX/97 de este Tribunal Pleno que se�ala:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: V, marzo de 1997

    "Tesis: P. XLIX/97

    "P�gina: 137

    "MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EL TRANSCURSO DEL PERIODO QUE ESTABLECE EL ART�CULO 97 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO FACULTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA IMPEDIR QUE CONTIN�EN EN SUS FUNCIONES, A MENOS QUE AS� LO DETERMINE EN UNA RESOLUCI�N QUE, DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, NIEGUE LA RATIFICACI�N.-El art�culo 97 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que los J. de Distrito y los M. de Circuito ?... Durar�n seis a�os en el ejercicio de su encargo, al t�rmino de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.?. En consecuencia, cuando un Magistrado de Circuito o J. de Distrito concluye el periodo de seis a�os su ejercicio, debe determinarse a trav�s de un acto administrativo de evaluaci�n de la conducta y funcionamiento del interesado, si debe ratific�rsele o no, pues de no llevarse a cabo esa calificaci�n no puede v�lidamente ordenarse la remoci�n. De interpretarse en otro sentido, permitir�a que se restringiera la facultad que el Constituyente de mil novecientos diecisiete reconoci� al Poder Judicial de la Federaci�n para nombrar a sus funcionarios y chocar�a con el sistema de carrera judicial, en el que una de sus caracter�sticas es la permanencia de los funcionarios en los cargos, como presupuesto de una eficaz administraci�n de justicia, as� como de su posible promoci�n. En esas condiciones, en tanto no se lleve a efecto el mencionado acto administrativo de evaluaci�n, el Consejo de la Judicatura F. no est� facultado para impedir que J. y M. contin�en en el ejercicio de sus funciones, invocando exclusivamente el vencimiento del periodo de seis a�os.

    "R.�n administrativa (Consejo) 7/96. 4 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. S.S.A.A. y G.I.O.M. emitieron su voto con salvedades respecto de los efectos de la resoluci�n. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: S.E.A.P..

    "R.�n administrativa (Consejo) 8/96. 4 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. S.S.A.A. y G.I.O.M. emitieron su voto con salvedades respecto de los efectos de la resoluci�n. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretario: Ne�fito L�pez Ramos.

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el trece de marzo en curso, aprob�, con el n�mero XLIX/1997, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a trece de marzo de mil novecientos noventa y siete.

    La anterior tesis transcrita resulta aplicable anal�gicamente al caso, pues al igual que del art�culo 97 constitucional, se desprende que trat�ndose de M. y J. F.es, el solo transcurso del periodo de duraci�n de su cargo no lleva a su conclusi�n, del art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, se deriva la misma regla para los M. integrantes de los Tribunales Supremos de Justicia de las entidades federativas.

    b.2) La ratificaci�n supone como presupuesto o condici�n que el funcionario judicial de que se trate haya cumplido el t�rmino de duraci�n de su cargo establecido en la C.�n L., pues es a su t�rmino cuando puede evaluarse si su conducta y desempe�o en la funci�n lo hace o no merecedor a continuar en el mismo.

    b.3) El acto de evaluaci�n constituye un acto administrativo de orden p�blico que se concretiza en la emisi�n de un dictamen escrito de calificaci�n por el �rgano u �rganos competentes, en el que se precisen las causas por las que se considera debe o no ser ratificado el Magistrado, el cual debe emitirse antes de que concluya el periodo de funci�n de su cargo para no afectarse lacontinuidad en el funcionamiento normal del �rgano al que se encuentra adscrito y debe aplicar criterios objetivos y ajustarse a reglas fijadas en ley o, en su defecto, por el �rgano u �rganos encargados de realizar la evaluaci�n.

    Constituye un acto administrativo de orden p�blico, en virtud de que la figura de la ratificaci�n o reelecci�n ha sido establecida en el art�culo 116, fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, de la Carta Magna, que encuentra su justificaci�n en el inter�s de la sociedad de conocer, por conducto del �rgano de administraci�n, la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios que lleve a que la sociedad se beneficie con su experiencia y desarrollo profesional a trav�s de su ratificaci�n, o a impedir que contin�e en la funci�n jurisdiccional que ha venido desempe�ando si su actuaci�n no ha sido �ptima ni ha arrojado la idoneidad del cargo que se esperaba, seg�n lo ha determinado este Alto Tribunal en la tesis LI/97 que establece:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: V, marzo de 1997

    "Tesis: P. LI/97

    "P�gina: 254

    "RATIFICACI�N DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. CONSTITUYE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE ORDEN P�BLICO.-De lo dispuesto en el art�culo 97 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se deriva una obligaci�n impuesta al Consejo de la Judicatura F. para que, de manera fundada y motivada, determine legalmente si procede o no ratificar a los J. de Distrito y M. de Circuito. En efecto, el hecho de que el Poder Revisor de la C.�n haya establecido la figura de la ratificaci�n en el mencionado dispositivo constitucional, implica el establecimiento de un dispositivo de orden p�blico que, adem�s, se justifica porque la sociedad est� interesada en conocer a ciencia cierta, por conducto del �rgano de administraci�n, la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios e impedir, en el caso de causas graves probadas que as� lo justifiquen, el que contin�en en la funci�n jurisdiccional.

    "R.�n administrativa (Consejo) 7/96. 4 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. S.S.A.A. y G.I.O.M. emitieron su voto con salvedades respecto de los efectos de la resoluci�n. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: S.E.A.P..

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el trece de marzo en curso, aprob�, con el n�mero LI/1997, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a trece de marzo de mil novecientos noventa y siete.

    Tal acto administrativo de orden p�blico se concretiza en un dictamen de evaluaci�n, que debe ser elaborado por el �rgano u �rganos que tengan la atribuci�n de decidir sobre la ratificaci�n o no en el cargo de los M., en el que se refleje el conocimiento cierto de la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios, que permita arribar a la conclusi�n de si contin�an con la capacidad y los requisitos constitucionalmente exigidos para el desempe�o de la funci�n, bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia.

    As� lo ha establecido este �rgano colegiado, tanto en materia federal, al resolver las revisiones administrativas 7/96 y 8/96, interpuestas por ... y ... en sesi�n de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, como en el �mbito local, al fallar el amparo en revisi�n 2639/96, promovido por F.A.V., en sesi�n de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, bajo la premisa de que la interpretaci�n realizada por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al art�culo 97 de la Carta Magna, en el punto referente a la reelecci�n de J. y M. del Poder Judicial de la Federaci�n, es aplicable lo dispuesto en el art�culo 116, fracci�n III, de la propia C.�n F., en torno a la ratificaci�n de M. de los Poderes Judiciales L.es, atendiendo a que lo que se pretendi� con el establecimiento de esta �ltima norma, fue la de hacer extensivo a los m�s altos servidores del fuero com�n los mismos principios de seguridad jur�dica y de independencia judicial que nuestra evoluci�n hist�rica ha determinado para el Poder Judicial F., como marco de actuaci�n al que deben sujetarse los tres poderes en que se divide el ejercicio del poder p�blico de los Estados, dejando a la regulaci�n de cada entidad las materias propias de acuerdo a sus condiciones particulares, pero siempre respetando estos principios.

    En la resoluci�n reca�da a la revisi�n administrativa 7/96, anteriormente citada, en iguales t�rminos que en la referente a la revisi�n administrativa 8/96, este Tribunal Pleno sostuvo:

    PRIMERO. ... As� tambi�n, con igual apoyo legal, es muy significativo precisar el alcance del art�culo 100, p�rrafo octavo, de la citada Carta Magna, en la parte que se�ala que son revisables por la Suprema Corte de Justicia ?las decisiones que se refieran a la designaci�n, adscripci�n y remoci�n de M. y J.?, a efecto de establecer si el caso concreto encuadra o no en ese dispositivo.-Para llevar a cabo esa labor, conviene aludir a los principales m�todos de interpretaci�n que, con gran profundidad y sabidur�a, estim� la Suprema Corte de Justicia en voz del Ministro Fernando de la Fuente, en sesi�n de siete de agosto de mil novecientos cuarenta y seis, al resolver el asunto varios 301/946, donde se determin� el alcance del art�culo 97 de la multicitada C.�n F..-Los m�todos de interpretaci�n a que se hace referencia son: I. El gramatical, cuya funci�n es encontrar el significado, sentido, extensi�n y connotaci�n de los t�rminos del lenguaje.-II. El de ex�gesis: anal�tico-sint�tico, que pretende descubrir el pensamiento aut�ntico y la voluntad del legislador, en el momento en que dict� la norma, tomando tambi�n en cuenta el momento literal.-III. El hist�rico, tambi�n llamado de la evoluci�n hist�rica, cuya finalidad es fijar la aplicaci�n que debe darse a las normas positivas en las nuevas condiciones pol�tico-sociales, hist�ricas y econ�micas de la �poca en que debe aplicarse la ley, al considerar en esta �poca su naturaleza propia, ajena a la voluntad del legislador.-IV. El sistem�tico, que pretende investigar la costumbre para resolver conforme a ella el caso dudoso.-V. El dial�ctico, que sirve para determinar el alcance de la norma tomando en cuenta no s�lo la costumbre sino el fin social que persigui� al dictar la norma.-VI. El casual, que persigue la finalidad de encontrar la verdad investigada, los fines pol�ticos y sociales, as� como la naturaleza de su r�gimen.-VII. El cr�tico, que parte de la letra de la ley y de la voluntad del legislador para procurar la verdad mediante la libre investigaci�n por el juzgador de las condiciones econ�micas, sociales y pol�ticas, usando para ello de un criterio cient�fico.-Conforme al primer m�todo, el gramatical, es f�cil comprobar que la expresi�n utilizada por el legislador, en el sentido de que ?Los M. de Circuito ... durar�n seis a�os en el ejercicio de su encargo, al t�rmino de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley?, constituye una construcci�n adverbial subordinada entre s�, clasificada como condicional. Es decir, la acci�n contenida en una de las oraciones est� supeditada a la realizaci�n de otra, contenida tambi�n en otro enunciado.-En efecto, es adverbial, porque expresa el tiempo (seis a�os) en que los sujetos (los M.) desempe�an una acci�n (cargo o funci�n). Es subordinada, porque expresa una condici�n que se somete con el nexo si. As� es, se trata de una construcci�n condicional que se compone de dos partes: una que enuncia la condici�n y otra que expresa lo condicionado. De esa manera, al examinar el enunciado que habla de los M. que cumplen seis a�os de encargo, la condici�n, que en este caso es doble, consiste en que sean ratificados o promovidos a cargos superiores (pr�tasis o antecedentes) y lo condicionado recae en que s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley (ap�dosis o consiguiente).-As�, para poder realizar la hip�tesis contenida en la segunda oraci�n (privaci�n del puesto), por estar subordinada al primer enunciado, exige el cumplimiento de alguna de las dos condiciones contenidas en esta primer oraci�n (emisi�n de una ratificaci�n o en la existencia de una promoci�n).-En efecto, por el sentido del lenguaje utilizado por el Constituyente, es claro establecer que cuando un Magistrado concluye el periodo de seis a�os en su ejercicio, puede ser privado de su cargo ?conforme a los procedimientos que establezca la ley?, s�lo si no es ratificado o promovido a otro superior, lo que implica, l�gicamente, que al terminar ese lapso debe determinarse mediante una acci�n real el procedimiento de ratificaci�n -hip�tesis esta �ltima que tambi�n podr�a dar lugar a su separaci�n- o, en su caso, promoverlo a un cargo superior, pues de no llevarse a cabo esa acci�n no se podr�a cumplir la relatada condici�n que gramaticalmente se advierte; esto es, la hip�tesis de privar del puesto ?en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley?.-En otras palabras, si no se atiende a las reglas gramaticales y al sentido del lenguaje, y se considera, como lo se�al� el Consejo de la Judicatura F., que s�lo con el transcurso del referido t�rmino el funcionario termina en el ejercicio de su encargo, se desconocer�a el nexo condicionante entre ambos enunciados, lo que provocar�a adem�s que ni siquiera se cumpla lo condicionado. Es decir, no podr�a ni siquiera hipot�ticamente realizarse el supuesto contenido en la oraci�n subordinada, que, por remitirse a otras reglas, es distinto a la separaci�n por no ratificaci�n.-El m�todo exeg�tico o anal�tico-sint�tico, conviene aplicarlo conjuntamente con el hist�rico, pues, el primero, como ya se vio, pretende descubrir el pensamiento aut�ntico y la voluntad del legislador en el momento en que se dict� la norma, tomando tambi�n en cuenta el momento literal y, el segundo, por referir la evoluci�n hist�rica, coincide para precisar el origen y la finalidad que debe darse a las normas positivas en las nuevas condiciones pol�tico-sociales.-La interpretaci�n, conforme a esos m�todos, lleva a establecer el objetivo del precepto constitucional en t�rminos id�nticos al m�todo gramatical.-En efecto, la redacci�n original del art�culo 97 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, facult� a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a nombrar a los J. F.es y a los M. de Circuito, facultad que fue reconocida en esa �poca por ser congruente con las que, en la tercera parte del siglo pasado, reclam� para s� el M�ximo Tribunal de la Naci�n en el dictamen que formul� el cuatro de julio de mil ochocientos setenta y siete. ... Reconocida entonces la referida facultad de designar J. y M. por el Constituyente de mil novecientos diecisiete (sic), se respet�, en iguales t�rminos, en las reformas que sufri� el precepto constitucional en los decretos del veinte de agosto de mil novecientos veintiocho y de once de septiembre de mil novecientos cuarenta, y no fue sino hasta el de diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta, cuando se incluy� un t�rmino en la duraci�n de los cargos. En efecto, esa enmienda determin� que tales funcionarios durar�an en su encargo cuatro a�os y que ?al t�rmino de los cuales, si fueran reelectos o promovidos a cargos superiores, s�lo podr�n ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del art�culo 111, o previo al juicio de responsabilidad correspondiente?.-En las subsecuentes reformas de seis de diciembre de mil novecientos setenta y siete, de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, de diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el legislador no alter� sino el t�rmino de la duraci�n y cre� otro �rgano dentro del Poder Judicial de la Federaci�n, al que le otorg� la facultad de formular la designaci�n, pero no desapareci� la condici�n de que para privar de sus cargos era necesaria la actualizaci�n de cierta hip�tesis prevista en la propia norma, que debe determinarse mediante una acci�n que corresponde realizar al aludido �rgano.-As� es, al establecerse originalmente por el Constituyente y reconocerse en las subsecuentes reformas la aludida condici�n, es f�cil advertir que el legislador fue cuidadoso en prever que la reelecci�n o ratificaci�n se realizara y se realice mediante un acto administrativo. De no interpretarse de esa manera, y permitir que el aplicador de la norma tome en cuenta �nicamente la terminaci�n de un periodo, provocar�a que se restringiera asimismo la facultad que el Constituyente de mil novecientos diecisiete reconoci� a uno de los tres poderes que integran la Rep�blica, pues considerar concluido el cargo por el solo transcurso del tiempo, impedir�a que los funcionarios, aun considerados los m�s adecuados, continuaran en el ejercicio de su encargo, restringi�ndose con esa medida la facultad de nombramiento de los J. y M.F. que tiene el Poder Judicial de la Federaci�n. Adem�s, se chocar�a con el sistema de carrera judicial establecido en la C.�n F., en el que una de sus caracter�sticas es la permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administraci�n de justicia, as� como de su posible promoci�n.-El acto administrativo referido en el p�rrafo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su momento y al interpretar la voluntad del legislador, en la pr�ctica lo concretiz� con la emisi�n de dict�menes en los que reflejaba el examen valorativo de la conducta personal y profesional de los funcionarios que ocupaban los cargos.-Por otra parte, el m�todo sistem�tico que pretende investigar la costumbre para resolver conforme a ella el caso dudoso, obliga a actuar con apoyo en las conclusiones derivadas de los anteriores m�todos. As� es, la reforma que entr� en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, provoc� que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya no interviniera directamente en las designaciones, pues se consider� que no constitu�a una funci�n propiamente jurisdiccional -que el propio Constituyente reserv� como conocimiento exclusivo del M�ximo Tribunal de la Rep�blica-; y, por ende, determin� que el nuevo �rgano denominado Consejo de la Judicatura F. llevara a cabo las funciones de administraci�n y vigilancia que anteriormente correspond�an a la Suprema Corte. Por tanto, como la referida reforma -aparte de que no desapareci� la multicitada condici�n-, no estableci� reglas distintas en el procedimiento de ratificaci�n, es f�cil tambi�n concluir que las tareas que con anterioridad desempe�aba la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n debe continuar realiz�ndolas la instituci�n creada con ese concreto fin.-En esas condiciones, las tareas administrativas de las que se descarg� a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, obligan al referido �rgano de administraci�n a elaborar los correspondientes dict�menes, seg�n lo consider� siempre el propio Tribunal Pleno al interpretar el esp�ritu del legislador, lo que se puede corroborar de las actuaciones que se observan en los expedientes personales de los funcionarios que, en su momento, fueron confirmados o separados de sus cargos.-Lo anterior se fortalece si se considera que uno de los puntos de mayor relieve de las reformas constitucionales relativas al Poder Judicial de la Federaci�n, fue el establecimiento de la carrera judicial para garantizar que la sociedad, por un lado, contara con M. y J. id�neos y, por otro, que a �stos, con objetividad, se les reconociera su actuaci�n, logr�ndose -cuando se actuara con los atributos requeridos-, la seguridad y estabilidad en el desempe�o de sus cargos y la posibilidad de ser promovidos a otros superiores.-En referencia al m�todo dial�ctico, que sirve para determinar el alcance de la norma, tomando en cuenta no s�lo la costumbre sino el fin social que se persigui� al dictarla, conviene tambi�n aplicarlo conjuntamente con el casual, que persigue la finalidad de encontrar la verdad investigada, los fines pol�ticos y sociales, as� como la naturaleza de su r�gimen.-Al respecto, no hay duda de que la elaboraci�n de dict�menes constituye un objetivo que necesariamente debe cumplirse, pues es en �l donde habr� de reflejarse el conocimiento cierto de la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios, que permitir� arribar a la conclusi�n de si contin�an con la capacidad de desempe�ar la dif�cil labor de juzgar a sus semejantes bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia. En efecto, es en el dictamen donde queda patentizado el examen cualitativo de quienes se han desempe�ado como J. y M.F. y sirve, como lo indic� la exposici�n de motivos que dio la pauta para modificar la estructura del Poder Judicial F. ?para garantizar la adecuada calificaci�n de las personas que asuman la funci�n jurisdiccional?.-Adem�s, la emisi�n de ese dictamen es congruente con los objetivos pol�ticos y sociales del r�gimen constitucional que la propia reforma, en su exposici�n de motivos, traz� como fin a alcanzar, pues lo ?inscribe en la larga tradici�n nacional que ha buscado subordinar los actos del poder p�blico a la C.�n y las leyes?, y permite que, conforme al r�gimen constitucional, el interesado y la sociedad en general est�n en aptitud de conocer a ciencia cierta si el procedimiento para ratificarlo es congruente o no con la finalidad de ?garantizar la adecuada calificaci�n de las personas que asuman la funci�n jurisdiccional?.-Finalmente, el m�todo cr�tico, que parte de la letra de la ley y de la voluntad del legislador para procurar la verdad mediante la libre investigaci�n por el juzgador, queda subsumido en todos los anteriores razonamientos, pues las consideraciones expuestas toman en cuenta las condiciones econ�micas, sociales y pol�ticas que impuso el Constituyente al cumplir los requerimientos de la sociedad en general; esto es, que la funci�n judicial se realice por personas probas e independientes. Toman en cuenta, adem�s, las condiciones particulares de los individuos que son seleccionados para desempe�ar las tareas jurisdiccionales.-As�, en los t�rminos ya explicados, es f�cil concluir que el solo transcurso del t�rmino de seis a�os, en que un funcionario judicial se desempe�a con el cargo de Magistrado de Circuito o J. de Distrito, no impide que contin�e en sus funciones ni sirve para que el Consejo de la Judicatura F. le impida desempe�arse como tal, pues de lo dispuesto en el art�culo 97 de la C.�n General de la Rep�blica se deriva una obligaci�n, consistente en la emisi�n de un dictamen con el que el �rgano administrativo facultado para ello determina legalmente si procede o no ratificarlo en esos cargos. ... Esto es, la confirmaci�n no es t�cita porque en la ratificaci�n de J. y M.F. est� de por medio el inter�s p�blico, pues la sociedad, por conducto del �rgano de administraci�n, est� interesada en conocer a ciencia cierta la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios e impedir, s�lo en el caso de causas graves probadas que as� lo justifiquen, el que contin�en en la funci�n jurisdiccional.-En esas condiciones, en la confirmaci�n de un J. o Magistrado est� de por medio el inter�s p�blico con el exclusivo fin de establecer si en el desarrollo de su actuaci�n judicial existieron las circunstancias destacadas, que no dieranlugar inclusive a imponer sanciones menores como el apercibimiento, la amonestaci�n y la suspensi�n, aplicables a faltas leves y graves que no conducen a la remoci�n del cargo como lo constituye la no ratificaci�n.-De manera que s�lo con la exposici�n de las circunstancias relacionadas se podr�a arribar a la conclusi�n de saber si el referido funcionario, bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia, puede o no continuar con la capacidad de desempe�ar la labor de juzgador.-Incluso, al quedar patentizado en esa actuaci�n el examen cualitativo de quienes se han desempe�ado como J. y M.F., les sirve a �stos para estar en aptitud de conocer a ciencia cierta si el procedimiento para ratificarlo es congruente o no con la finalidad de ?garantizar la adecuada calificaci�n de las personas que asuman la funci�n jurisdiccional?. ... En esos t�rminos, es f�cil concretar que el Consejo de la Judicatura F. no elabor� el dictamen que constitucionalmente ordena realizar el art�culo 97 de la C.�n F., vulner�ndose, por consecuencia, la garant�a de audiencia, que s�lo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su inter�s en contra de la resoluci�n recurrida, as� como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan, lo que permite dar seguridad al J. o Magistrado recurrentes de que la decisi�n correspondiente ser� examinada con apego a derecho por los dos �rganos m�ximos del Poder Judicial F., finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. ...

    El anterior criterio dio lugar a la tesis L/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Novena �poca, Pleno, Tomo V, marzo de 1997, p�gina 253, que dispone:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: V, marzo de 1997

    "Tesis: P. L/97

    "P�gina: 253

    "RATIFICACI�N DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. CONSTITUYE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACI�N QUE CONSTITUCIONALMENTE SE ENCOMEND� AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.-El decreto del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que reform� la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, implica que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya no intervenga directamente en las ratificaciones ni en las promociones de J. de Distrito y M. de Circuito, pues se cre� el Consejo de la Judicatura F. como nuevo �rgano del Poder Judicial de la Federaci�n, al que se le encomendaron las tareas de administraci�n, de vigilancia y de disciplina de dicho poder, con excepci�n de la Suprema Corte de Justicia, ya que a �sta se le reserv� el conocimiento exclusivo de las cuestiones propiamente jurisdiccionales. Por tanto, como la referida reforma no estableci� reglas distintas en el procedimiento de ratificaci�n, las tareas administrativas que con anterioridad desempe�aba el Tribunal Pleno debe continuar realiz�ndolas la instituci�n creada con ese concreto fin y, por ende, en acatamiento a la referida reforma constitucional, el mencionado �rgano de administraci�n est� obligado a elaborar los dict�menes que emit�a el Tribunal Pleno, pues es ah� donde se refleja el conocimiento cierto de la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios y permite arribar a la conclusi�n de saber si contin�an con la capacidad de llevar a cabo las tareas jurisdiccionales bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia. Adem�s, sirven para ?garantizar la adecuada calificaci�n de las personas que asuman la funci�n jurisdiccional? y ?se inscriben en la larga tradici�n nacional que ha buscado subordinar los actos del poder p�blico a la C.�n y a las leyes?.

    "R.�n administrativa (Consejo) 7/96. 4 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. S.S.A.A. y G.I.O.M. emitieron su voto con salvedades respecto de los efectos de la resoluci�n. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: S.E.A.P..

    "R.�n administrativa (Consejo) 8/96. 4 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. S.S.A.A. y G.I.O.M. emitieron su voto con salvedades respecto de los efectos de la resoluci�n. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretario: Ne�fito L�pez Ramos.

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el trece de marzo en curso, aprob�, con el n�mero L/1997, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a trece de marzo de mil novecientos noventa y siete.

    Al fallarse el amparo en revisi�n 2639/96, promovido por F.A.V., en sesi�n de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, al que tambi�n con anterioridad se hizo alusi�n, y ya en referencia a la interpretaci�n propia del art�culo 116, fracci�n III, en relaci�n con el 17 de la Carta Magna, para los principios a que se sujeta la funci�n judicial de los Estados, se determin�:

    S�PTIMO. ... es preciso analizar en detalle c�mo se debe dar cumplimiento a los imperativos previstos por el art�culo 116, fracci�n III, p�rrafo quinto, de la C.�n F. y su correlativo de la C.�n del Estado de Michoac�n. En el precepto de la C.�n F. se habla de un plazo en que los M. durar�n en su encargo y de su reelecci�n, agregando que los que obtengan esa calidad s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos de los Estados. Lo anterior impone la necesidad de determinar la finalidad y alcances que corresponden a esa figura de la reelecci�n, c�mo debe determinarse, si opera o no �sta, y los derechos que corresponden a quien ocupa ese cargo.-A prop�sito del t�rmino ?reelecci�n o ratificaci�n?, es oportuno referir, en lo conducente, lo razonado por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver las revisiones administrativas 7/96 y 8/96, interpuestas, respectivamente, por ... y ... falladas el d�a cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, resoluciones en las que al interpretar lo previsto por el art�culo 97, p�rrafo primero, del Pacto F., respecto a la ratificaci�n de M. de Circuito y J. de Distrito, se concluy� esencialmente lo siguiente: (se transcribe). ... La interpretaci�n directa del art�culo 97 de la C.�n F., en el punto referente a la reelecci�n de J. y M. del Poder Judicial de la Federaci�n, que ya realiz� esta Suprema Corte de Justicia en dos casos, es aplicable, en principio, a lo dispuesto por el art�culo 116, fracci�n III, del mismo Cuerpo Supremo de Leyes, en torno a la reelecci�n de los M. de los Poderes Judiciales L.es, puesto que lo que se pretendi� con el establecimiento de esa norma fue hacer extensivo a los m�s altos servidores del fuero com�n el mismo r�gimen de inamovilidad y de seguridad jur�dica que nuestra evoluci�n hist�rica ha determinado para el Poder Judicial F., con los matices propios que cada entidad federativa le puede imprimir, pero sin faltar a los siguientes principios: A) El t�rmino para el cual un Magistrado fue designado, no expira fatalmente por el solo transcurso del tiempo para el que fue designado.-B) La determinaci�n de la reelecci�n o no reelecci�n de tales funcionarios debe realizarse mediante un acto administrativo, pues considerar concluido el cargo por el solo transcurso del tiempo impedir�a que los funcionarios, aun considerados los m�s adecuados, continuaran en el ejercicio de su encargo.-C) Dicho acto administrativo debe concretarse en la emisi�n de dict�menes en los que se refleje el examen valorativo de la conducta personal y profesional de los funcionarios que ocupan los cargos. La elaboraci�n de dict�menes constituye un objetivo que necesariamente debe cumplirse, pues es en �l donde habr� de reflejarse el conocimiento cierto de la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios, que permitir� arribar a la conclusi�n de si contin�an con la capacidad de desempe�ar la dif�cil labor de juzgar a sus semejantes bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia. ...

    Lo anteriormente transcrito dio lugar a la tesis XXIX/98 de este �rgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., abril de 1998, p�gina 120, que es del siguiente tenor literal:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: VII, abril de 1998

    "Tesis: P. XXIX/98

    "P�gina: 120

    "MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. ANTES DE CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN DE EVALUACI�N POR EL �RGANO U �RGANOS COMPETENTES EN EL QUE SE PRECISEN LAS CAUSAS POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE DEBEN O NO SER REELECTOS.-La interpretaci�n jur�dica del art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deben sujetarse las C.ones L.es y las leyes secundarias, obliga a establecer que para salvaguardar los principios de excelencia, profesionalismo, independencia y carrera del Poder Judicial de las entidades federativas, antes de concluir el periodo por el que fueron nombrados los M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y con la debida anticipaci�n que garantice la continuidad en el funcionamiento normal del �rgano al que se encuentren adscritos, debe emitirse un dictamen de evaluaci�n, debidamente fundado y motivado, en el cual se refleje el conocimiento cierto de la actuaci�n �tica y profesional de los juzgadores y permita arribar a la conclusi�n de si deben o no continuar llevando a cabo las altas labores jurisdiccionales que les fueron encomendadas y, en el �ltimo supuesto, si es el caso de nombrar a un nuevo Magistrado que los deba sustituir.

    "A. en revisi�n 2639/96. F.A.V.. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en cuanto a la concesi�n del amparo y mayor�a de seis en cuanto a las consideraciones y los efectos. Ausentes: J.V.C. y C. y H.R.P.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: A.A.R.C..

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el veintitr�s de marzo en curso, aprob�, con el n�mero XXIX/1998, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n no es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a veintitr�s de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

    Resta tan s�lo a�adir en relaci�n al acto administrativo de orden p�blico de evaluaci�n, que se concretiza en el dictamen de calificaci�n de la actuaci�n de los M. y que debe realizarse antes de que concluya el periodo de duraci�n de los nombramientos conforme a la C.�n L., que para tal acto de evaluaci�n, como ya con anterioridad se se�al�, el �rgano u �rganos encargados de ello no s�lo deben limitarse a analizar que el Magistrado en el desempe�o de su funci�n no haya incurrido en irregularidades o en ineptitud, negligencia o descuido, sino tambi�n a todas las circunstancias que permitan calificar que es la persona id�nea que re�ne a total satisfacci�n los requisitos constitucionales exigidos, como son, la buena fama en el concepto p�blico, por lo que, inclusive, puede abrirse a consulta popular el desarrollo de su funci�n. La no limitaci�n en este sentido en cuanto al an�lisis integral que permita una evaluaci�n en todos los aspectos, se advierte claramente, ha sido el criterio que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno al no limitar, verbigracia, tal evaluaci�n, s�lo al desempe�o que haya tenido el funcionario judicial en el cargo de Magistrado, sino ampliarlo a toda su carrera judicial, y al aludir expresamente a que no proceder� la ratificaci�n cuando del examen integral del ejercicio de la funci�n se advierta que no se re�nen las caracter�sticas de excelencia propias del perfil del cargo, seg�n deriva de las tesis VIII/2000 y XXXV/2000, que textualmente, disponen:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XI, marzo de 2000

    "Tesis: P. VIII/2000

    "P�gina: 94

    "JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. SU RATIFICACI�N. INTERPRETACI�N DE LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 121 DE LA LEY ORG�NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N.-El Pleno del Consejo de la Judicatura F., al examinar el elemento que debe tomar en consideraci�n en el acto de ratificaci�n de los J. de Distrito y M. de Circuito, a que se refiere la fracci�n I del art�culo 121 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, no se encuentra limitado al an�lisis del desempe�o que haya tenido el funcionario judicial de que se trate en el periodo de seis a�os para el que fue designado, pues este elemento temporal s�lo se requiere como presupuesto para que se d� el acto de ratificaci�n, pero de ninguna manera implica una restricci�n para examinar, en su caso, el desempe�o que haya tenido tal funcionario en la carrera judicial, ya que ello es con la finalidad de tener conocimiento cierto de su actuaci�n �tica y profesional que permita arribar a la conclusi�n de saber si contin�a con la capacidad de llevar a cabo sus tareas jurisdiccionales bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, a que se refiere el art�culo 100, p�rrafo s�ptimo, de la C.�n F..

    "R.�n administrativa (Consejo) 2/97. 9 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.A.A.�n y Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.�ndez.

    "El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprob�, con el n�mero VIII/2000, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a veintinueve de febrero de dos mil."

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XI, marzo de 2000

    "Tesis: P. XXXV/2000

    "P�gina: 103

    "RATIFICACI�N DE JUECES Y MAGISTRADOS. NO PROCEDE CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRI� EN GRAVES IRREGULARIDADES O CUANDO DEL EXAMEN INTEGRAL DEL DESEMPE�O DE SU FUNCI�N SE ADVIERTE QUE NO RE�NEN LAS CARACTER�STICAS DE EXCELENCIA PROPIAS DEL PERFIL DE LOS ALTOS SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N.-Cuando con motivo del vencimiento del plazo de la designaci�n de un J. de Distrito o Magistrado de Circuito se tenga que determinar si procede o no ratificarlo, volvi�ndose inamovible, proceder� realizar un an�lisis detallado de todo su desempe�o para poder determinar fundada y motivadamente si la resoluci�n debe ser favorable o desfavorable. Ahora bien, tomando en cuenta que el servidor p�blico de alto nivel del Poder Judicial de la Federaci�n debe tener el perfil id�neo, a saber, honestidad invulnerable, excelencia profesional, laboriosidad y organizaci�n necesarias para prevenir y evitar problemas y para solucionarlos con programas eficaces, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, seg�n su gravedad, debe inferirse que no proceder� la ratificaci�n no s�lo cuando se advierten graves irregularidades en el desempe�o de su funci�n sino tambi�n cuando las faltas constantes, carencia de organizaci�n, ausencia de calidad jur�dica en las resoluciones, descuido generalizado en la tramitaci�n y soluci�n de asuntos y faltas similares, revelan que se carece de esos atributos.

    "R.�n administrativa (Consejo) 20/97. 29 de noviembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: J.D.�az R. y J.V.A.A.�n. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: O.A.C.Q..

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprob�, con el n�mero XXXV/2000, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a veintinueve de febrero de dos mil.

    En la parte relativa de la resoluci�n que dio lugar a la tesis VIII/2000 anteriormente transcrita, este Tribunal Pleno sostuvo:

    NOVENO. ... A efecto de informar la presente resoluci�n se considera conveniente, previamente, transcribir los preceptos constitucionales y legales que prev�n la figura de la ratificaci�n de M. de Circuito y J. de Distrito ... (se transcriben los art�culos 97 y 100 de la C.�n y 81, fracci�n VII, 106 y 122 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n) ... De lo dispuesto por los art�culos antes transcritos, se colige: 1) Se otorga competencia a un �rgano de autoridad denominado Consejo de la Judicatura F., para ratificar a los M. de Circuito y J. de Distrito.-2) El nombramiento de M. de Circuito y J. de Distrito, debe ser por el periodo de seis a�os, al t�rmino del cual pueden ser ratificados o ascendidos.-3) Es una condici�n especial para emitir el acto de ratificaci�n, que los funcionarios judiciales mencionados cumplan seis a�os en el ejercicio del cargo.-4) El acto administrativo en que se establezca la ratificaci�n o no, debe constar por escrito y surgir como resultado de aplicar los criterios objetivos y ajustarse a los requisitos y procedimientos que para tales efectos establezca la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.-5) La determinaci�n que emita el Consejo de la Judicatura F., por cuanto a la ratificaci�n de M. de Circuito y J. de Distrito, es revisable por la Suprema Corte de Justicia, a efecto de verificar que �sta haya sido adoptada conforme a los requisitos que establece la ley org�nica.-Como se colige, el acto ratificador de J. de Distrito y M. de Circuito, tiene como presupuesto la condici�n especial consistente en que el funcionario judicial de que se trate cumpli� seis a�os en el ejercicio del cargo para el que fue nombrado.-Pues bien, dado el presupuesto que como condici�n especial se requiere para poder emitir el acto ratificador, no puede entenderse �ste de manera aislada, sino que debe interpretarse en relaci�n a lo dispuesto por el art�culo 121, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, que dispone: ?El desempe�o que se haya tenido en el ejercicio de la funci�n.?.-De tal manera que la evaluaci�n del funcionario judicial de que se trate, no implica que el Consejo de la Judicatura F. debe circunscribir su an�lisis al periodo de seis a�os para el que fue designado, pues el examen del funcionario de que se trate tiene como finalidad el conocimiento cierto de su actuaci�n �tica y profesional que permita arribar a la conclusi�n de saber si contin�a con la capacidad de llevar a cabo sus tareas jurisdiccionales bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, a que refiere el art�culo 100, p�rrafo s�ptimo, de la C.�n F., esto es, garantizar la adecuada calificaci�n de las personas que ejerzan la funci�n jurisdiccional, lo que implica necesariamente un examen minucioso del desempe�o que, en su caso, se haya tenido en la funci�n p�blica que haya desarrollado en la carrera judicial.-Lo anterior es as�, si se toma, adem�s, en consideraci�n el material legislativo que dio origen a la nueva Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, que entr� en vigor el d�a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco. ... En concordancia con lo anterior, la misma Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en sus art�culos 105, 106 y 113, respectivamente, dispone que el ingreso y promoci�n de los servidores p�blicos de car�cterjurisdiccional del Poder Judicial F., se regir� por los principios antes mencionados; que para poder ser designado Magistrado de Circuito, en trat�ndose de concursos internos de oposici�n, se requiere el desempe�arse como J. de Distrito y, que el jurado correspondiente, en la evaluaci�n relativa tomar� en consideraci�n entre otras cuestiones, la antig�edad en el Poder Judicial de la Federaci�n y el desempe�o que se haya tenido.-Incluso, para efectos de adscripciones y cambios de adscripci�n de M. de Circuito y J. de Distrito, tambi�n los art�culos 119 y 120 establecen que el Consejo de la Judicatura F. debe tomar en consideraci�n, entre otros elementos, la antig�edad en el Poder Judicial de la Federaci�n y el desempe�o que se haya tenido en el mismo.-En consecuencia, debe estimarse que el Pleno del Consejo de la Judicatura F., en el acto ratificador de J. de Distrito y M. de Circuito, al examinar el primer elemento a que refiere el art�culo 121 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, no se encuentra limitado a analizar �nicamente el desempe�o que haya tenido el funcionario judicial de que se trate, en el periodo de seis a�os para el que fue nombrado, pues este elemento temporal s�lo se requiere como presupuesto para que se d� el acto de ratificaci�n, pero de ninguna manera implica una restricci�n para examinar, en su caso, el desempe�o que se haya tenido en la carrera judicial, ya que los principios que la rigen, que son de car�cter p�blico, llevan a la necesidad de organizar el sistema con la finalidad de que, a trav�s del acto de ratificaci�n, los J. del pa�s sean las personas m�s preparadas, capaces y experimentadas, con el objeto de que se pueda desarrollar con honestidad y alta calificaci�n la trascendente actividad que la C.�n F. de los Estados Unidos Mexicanos, le ha encargado a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales de la Federaci�n.-Por otra parte, si bien los juzgadores federales, M. de Circuito o J. de Distrito, se encuentran sujetos a diversos procedimientos para vigilar que su actuaci�n se desarrolle conforme a las normas que la rigen, como lo son las visitas de inspecci�n peri�dicas o de las denuncias y quejas, y que los resultados que arrojen las visitas o los procedimientos administrativos respectivos, pueden o no incidir en el acto ratificador; sin embargo, en caso de ser as�, el mismo legislador previ� esas situaciones para poder determinar la ratificaci�n o no en el cargo, en las diversas fracciones II y IV del art�culo 121 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n ...

    Las anteriores consideraciones permiten concluir que el acto de evaluaci�n debe constar por escrito y comprender un an�lisis integral de la actuaci�n del funcionario judicial conforme a criterios objetivos y ajustarse a los requisitos que deben preverse legalmente para asegurar la correcta calificaci�n del �rgano u �rganos facultados para ello, consideraciones que aun cuando fueron sustentadas por este Tribunal Pleno en relaci�n a los J. y M.F., resultan plenamente aplicables trat�ndose de M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, resultando en este sentido importante citar el art�culo 121 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, que regula a nivel federal, los elementos que deber�n tomarse en consideraci�n para la ratificaci�n de M. de Circuito y J. de Distrito, que tambi�n a nivel local deben ser previstos legalmente. El precepto citado dispone:

    "Art. 121. Para la ratificaci�n de M. de Circuito y J. de Distrito a que se refiere el primer p�rrafo del art�culo 97 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura F. tomar� en consideraci�n, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes elementos:

    "I. El desempe�o que se haya tenido en el ejercicio de su funci�n;

    "II. Los resultados de las visitas de inspecci�n;

    "III. El grado acad�mico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor p�blico as� como los diversos cursos de actualizaci�n y especializaci�n acreditados de manera fehaciente;

    "IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de car�cter administrativa, y

    "V. Los dem�s que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipaci�n a la fecha de la ratificaci�n."

    Por tanto, los dict�menes de evaluaci�n deben emitirse por las autoridades de los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificaci�n y vigilancia en el desempe�o de la funci�n, conforme a reglas y procedimientos legalmente establecidos previamente y con motivo de la conclusi�n del periodo del ejercicio del cargo de un Magistrado.

  3. Inamovilidad judicial para los M. que hayan sido ratificados en sus puestos, lo que implica que en esta hip�tesis "s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos de los Estados".

    Por tanto, la inamovilidad judicial se alcanzar� cuando se hayan satisfecho dos condiciones previas, a saber: a) el ejercicio del cargo durante el tiempo se�alado en la C.�n de la entidad federativa respectiva; y b) la ratificaci�n en el cargo, que supone que el dictamen de evaluaci�n en su funci�n arroj� como conclusi�n que se trata de la persona id�nea para desempe�arlo.

    Al respecto resulta aplicable la tesis VII/2000 de este Tribunal Pleno, que se�ala:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XI, febrero de 2000

    "Tesis: P. VII/2000

    "P�gina: 5

    "MAGISTRADO DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ZACATECAS. SI DEMUESTRA QUE DESEMPE�� SU CARGO POR M�S DE SEIS A�OS Y QUE, A.N.�RSELE NUEVAMENTE, SE LE REELIGI�, DEBE CONSIDER�RSELE INAMOVIBLE.-El art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n F. establece que un Magistrado de un Estado de la Rep�blica adquiere la inamovilidad si es reelecto despu�s de haber durado en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es; por otra parte, la Suprema Corte ha interpretado el art�culo 66-A de la C.�n de Zacatecas en el sentido de que ese tiempo es de seis a�os a partir de la fecha en que el Magistrado haya protestado ante la legislatura. Consecuentemente, si el quejoso demuestra haber sido designado Magistrado, haber desempe�ado el cargo por el tiempo se�alado y, al nombr�rsele nuevamente, haber sido reelecto, debe concluirse que tiene la calidad de inamovible, por lo que si se le removi� de su cargo se vulner� el art�culo constitucional especificado, debi�ndosele otorgar la protecci�n solicitada para el efecto de que se le reinstale y se le cubran las remuneraciones que dej� de percibir.

    "A. en revisi�n 783/99. D.D.G.�a. 24 de enero de 2000. Once votos. Ponente: O.M.�a S�nchez C.. Secretario: J.C.�n H..

    "A. en revisi�n 234/99. I.R.S.. 24 de enero de 2000. Once votos. Ponente: J.V.A.A.S.: E.G.R.G..

    "El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy diecisiete de febrero en curso, aprob�, con el n�mero VII/2000, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a diecisiete de febrero de dos mil."

    Es importante resaltar, por una parte, que la inamovilidad judicial, obtenida previo el cumplimiento de las condiciones anteriormente se�aladas, es s�lo un aspecto del principio de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de Magistrado, al lado de los que se han se�alado en los incisos a) y b) precedentes, consistentes en la determinaci�n en las C.ones L.es del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo y de la posibilidad de ratificaci�n al t�rmino del periodo, pues es claro que la seguridad y estabilidad se obtiene desde el inicio del desempe�o del cargo, aunque con la condici�n de que en �l se llegue a distinguir por su diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, y no hasta que se adquiere la inamovilidad. Esta conclusi�n deriva del segundo y cuarto p�rrafos de la fracci�n III del art�culo 116 de la Carta Magna y del proceso legislativo que le dio lugar, al establecerse requisitos y preferencias de nombramiento en personas de alta honorabilidad, competencia y antecedentes para la designaci�n de M., as� como la carrera judicial relativa al ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados, aunado a las previsiones de que las C.ones L.es deber�n establecer el tiempo en que los M. durar�n en el ejercicio del cargo y la posibilidad de su ratificaci�n, que permiten concluir que el cargo de Magistrado no concluye con el solo transcurso del periodo previsto para su duraci�n, puesto que si en el caso concreto el servidor judicial ha mostrado cumplir con su responsabilidad, actuando permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerables debe ser ratificado no s�lo porque desde su designaci�n hab�a adquirido ese derecho condicionado, sino por el inter�s de la sociedad de contar con M. de experiencia, honorabilidad, competencia e independientes de la voluntad de los gobernantes y dependientes s�lo de la ley, lo que de modo fundamental tiende a salvaguardar el art�culo 116 constitucional que se interpreta.

    Considerar que la seguridad y estabilidad en el cargo se obtiene hasta que se logra la inamovilidad judicial, ser�a contradecir la garant�a de independencia judicial consagrada tambi�n en el art�culo 17 constitucional, como una de las principales garant�as de jurisdicci�n, ya que se propiciar�a un fen�meno contrario a la seguridad y permanencia en el cargo que se busca, pues se entender�a, indebidamente, que la ratificaci�n de M. es una facultad discrecional del �rgano u �rganos de gobierno previstos por las C.ones L.es para ejercerla, propici�ndose la actuaci�n arbitraria de nunca reelegir o ratificar M., con lo que se burlar�a lo dispuesto en la norma constitucional, pues no habr�a M. inamovibles y, por lo mismo, absolutamente independientes de la persona o personas que intervinieron en su designaci�n, lo que llevar�a tambi�n al doble riesgo de que los m�s altos servidores de los Poderes Judiciales L.es conservaran v�nculos opuestos a la autonom�a e independencia que debe caracterizarlos, salvaguardando la situaci�n de desempleo que l�gicamente tendr�an que afrontar, as� como independientemente de reunir o no los requisitos de excelencia aludidos, buscaran la ratificaci�n que, en cierto sentido, se considerar�a un favor con el grave peligro de disminuir o aniquilar la referida independencia. Con ello, el prop�sito del Constituyente Permanente se habr�a burlado con la consecuencia l�gica de que los gobernados no llegar�an a tener confianza en el sistema de impartici�n de justicia local. Adem�s, si los �rganos encargados, conforme a la C.�n L., fueron los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad, lejos de salvaguardarse la divisi�n y equilibrio de poderes se disminuir�a al Poder Judicial, al someterlo, a trav�s de ese sofisticado sistema.

    Por tanto, el principio de seguridad o estabilidad en el cargo, como forma de garantizar la independencia de los Poderes Judiciales L.es, da al funcionario designado el derecho a ejercer el cargo de Magistrado durante el t�rmino previsto para ello en la C.�n L., salvo, desde luego, que incurra en causas de responsabilidad o en un mal desempe�o de su funci�n judicial, as� como a ser evaluado al t�rmino de tal periodo y, en caso de ser ratificado, a obtener su inamovilidad.

    Debe, por otra parte, tambi�n hacerse hincapi� en que este principio de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, que comprende a la inamovilidad judicial, como se ha se�alado, constituye no s�lo un derecho del funcionario, pues no tiene como objetivo fundamental su protecci�n, sino que, principalmente, constituye una garant�a de la sociedad de contar con M. independientes y de excelencia que realmente hagan efectivos los principios que en materia de administraci�n de justicia consagra nuestra Carta Magna, como se se�al� en la exposici�n de motivos de la iniciativa del decreto de reformas constitucionales que dio lugar al art�culo 116, fracci�n III, al consignarse "... la independencia judicial constituye la primer garant�a de la jurisdicci�n, establecida no precisamente en inter�s del �rgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues s�lo cabe esperar justicia completa y estricta del J. jer�rquicamente libre dependiente s�lo de la ley. ... En cuanto a la estabilidad en el cargo, �sta proporciona a los servidores de la administraci�n de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozar� de permanencia en su puesto. Sin J. estables en el desempe�o de su cargo, la independencia en el ejercicio de la funci�n, se ve considerablemente disminuida. ..." y como se ha sostenido en las tesis LXXII/99 y XXXIV/2000 de este Tribunal Pleno, transcritas con antelaci�n, que llevan por rubros: "MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EL PROCEDIMIENTO PARA SU RATIFICACI�N TIENDE A LA SATISFACCI�N DE UNA NECESIDAD COLECTIVA." y "RATIFICACI�N DE JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. ES UNA GARANT�A DE ESTABILIDAD EN EL CARGO Y PRINCIPALMENTE UNA GARANT�A A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES ID�NEOS PARA IMPARTIR JUSTICIA PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA QUE ESTABLECE EL ART�CULO 17 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.". Resultan ilustrativas al respecto las consideraciones expuestas por este �rgano colegiado, al resolver el amparo en revisi�n 2639/96, promovido por F.A.V., en sesi�n de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, que en su parte conducente se�alan:

    "... La interpretaci�n sistem�tica del art�culo 116, fracci�n III, con el 17, antes reproducido, permite concluir que la independencia del Poder Judicial se manifiesta en que �ste, hacia el exterior estar� libre de cualquier presi�n o injerencia, y que a trav�s de las llamadas garant�as judiciales se logra su objetivo, destacando entre ellas la inamovilidad de los J.. La mayor�a de los doctrinarios han explicado esta figura judicial en el rubro de la independencia que debe corresponder al Poder Judicial, frente a otros �rganos p�blicos o privados; su concepto puede entenderse en dos sentidos, a saber: primero, como el derecho p�blico subjetivo de que deben gozar los funcionarios judiciales con los siguientes derechos: a) el de permanecer en sus puestos sin limitaci�n de tiempo y, por ende, el de no ser destituidos sino por las causas determinadas por la ley y mediante un juicio en forma en que se demuestre la responsabilidad del funcionario; b) el de no ser trasladados a un puesto diferente para el que fueron designados, a no ser que medie la voluntad del interesado; c) el de no ser suspendidos, sino siguiendo un procedimiento formal y por haber cometido una falta que amerite esa pena; y d) el de ser jubilados cuando hayan desempe�ado sus funciones determinado n�mero de a�os fijado por la ley (E.P.. A los aspectos anteriormente precisados se incorpora el derecho a la no disminuci�n arbitraria de sus emolumentos. Aparte de la inamovilidad vitalicia, est�, en segundo lugar, aquella protecci�n establecida por las leyes para que el J. o Magistrado no sea removido dentro de un lapso determinado sin una causa que lo justifique (P., de C..-No basta con dotar a la judicatura de la independencia de la funci�n, sino que el propio J. necesita tener la certeza de que no ser� removido arbitrariamente de su puesto; es preciso asegurar al funcionario judicial la estabilidad de su puesto. Todav�a m�s, la doctrina jur�dica ha sostenido que la inamovilidad de los M. y J. reposa en motivos de orden p�blico muy respetables, no es como con frecuencia se finge creer, s�lo un privilegio del J., sino una garant�a (derecho subjetivo p�blico) establecida a favor del justiciable; no �nicamente se establece para favorecer la dignidad del J., ni en inter�s de su tranquilidad se le coloca en esa posici�n envidiable, es para que encuentre en su independencia el valor de resistir a las presiones y amenazas, de cualquier parte que puedan venir, y de castigar por ello a todos los culpables.-Se pide que los juzgadores tengan una dedicaci�n absoluta en la delicada labor que desempe�an, a trav�s de la inamovilidad, que conserven su independencia de criterio frente a los poderosos del momento y que tengan la seguridad de que al llegar la edad en que no puedan trabajar eficazmente, se les jubile con pago de emolumentos decorosos, lo que constituye un aliciente (B.B.) y una compensaci�n por la tarea cumplida con fidelidad.-La inamovilidad es la m�s importante de las garant�as concedidas al J., como que tiende a asegurar pr�cticamente su independencia respecto del Poder Ejecutivo, no dependiendo el funcionario judicial m�s que de la ley (Chiovenda, B.�a).-Tambi�n hay que tutelar al J. de las presiones de los otros poderes y aun de los jerarcas judiciales, que a guisa de consejos al inferior, imponen criterios de resoluci�n o de conducta. Otro tanto debe hacerse en resguardo del J., que puede ser cambiado, sustituido, suspendido, ascendido (extremo enga�oso) o hasta despedido, en aras de cumplir arbitrariedades impuestas por influyentes, por grupos pol�ticos, o por campa�as ama�adas para desvirtuar la opini�n p�blica y otras presiones no menos il�citas.-Este tribunal constitucional advierte que las opiniones doctrinarias antes referidas sint�ticamente se encuentran plenamente incorporadas en nuestro sistema constitucional, como se desprende de los procedimientos de enmienda constitucional, cuyas partes relativas han quedado reproducidas precedentemente; por lo anterior, es claro que la inamovilidad se garantiza en un aspecto, a trav�s de hacer efectivo que el juzgador no tenga preocupaciones en cuanto a su futuro personal y distraiga su atenci�n en aras de oportunidades o favores dentro de su labor; esta garant�a, aunada a la que consiste en que la remuneraci�n no podr� ser disminuida, permiten brindar a la judicatura de elementos objetivos que en el plano individual le permiten realizar sus altas funciones sin ning�n tipo de presiones o injerencias. La inamovilidad pues, dentro de nuestro sistema constitucional no debe verse como un privilegio otorgado a un grupo de individuos, sino en un mecanismo, a trav�s del cual el orden jur�dico pretende garantizar la independencia del Poder Judicial para que se encuentre libre de interferencias para permitir la realizaci�n de una justicia pronta, completa e imparcial. De esta forma, es claro que los gobernados son los primeros interesados en salvaguardar la independencia de sus tribunales, los cuales deber�n estar expeditos a administrar justicia. Conviene destacar que las prerrogativas mencionadas se aplican fundamentalmente a los funcionarios judiciales, porque los mismos, en el desempe�o de sus cargos, deciden controversias, lo que exige, esencialmente, imparcialidad que presupone, a su vez, autonom�a e independencia. ..."

    Debe, finalmente, advertirse que la cr�tica que pudiera formularse a la inamovilidad judicial ante la posibilidad de que resulten beneficiados funcionarios que carezcan de la excelencia y diligencia necesaria carece de sustento, si se considera que ello no ser�a consecuencia de esta garant�a de jurisdicci�n, sino de un inadecuado sistema de evaluaci�n sobre su desempe�o que incorrectamente haya llevado a su ratificaci�n. De ah� la importancia que elseguimiento constante de la actuaci�n de los M. reviste y de que el acto de ratificaci�n se base en una correcta evaluaci�n, debi�ndose tener presente que, adem�s, la inamovilidad judicial no es garant�a de impunidad ni tiene por qu� propiciar que una vez que se obtenga se deje de actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el desempe�o del cargo exige, en tanto esta garant�a tiene sus l�mites propios, ya que implica no s�lo sujeci�n a la ley sino tambi�n la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, lo que lleva al necesario establecimiento en la ley local de adecuados sistemas de: 1) vigilancia de la conducta de los M. y 2) responsabilidad de estos servidores p�blicos. Lo anterior en virtud de que, como lo determin� este Alto Tribunal al resolver el recurso de revisi�n administrativa 20/97, interpuesto por ... en sesi�n de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve: "... debe tenerse presente tambi�n que el cargo encomendado a los citados funcionarios judiciales, es de tal naturaleza que exige que �stos no s�lo cumplan con los requisitos y cualidades elementales al momento de su ratificaci�n, sino que deben darse de tal manera y en un grado extremo que garanticen el continuo y permanente perfil del funcionario que en un primer momento justifica su ratificaci�n, pues el cargo de Magistrado de Circuito o de J. de Distrito es un constante examen que no se agota al momento de la ratificaci�n, sino que prevalece mientras permanezca en el cargo. ...".

    As�, el sistema de vigilancia puede operar a trav�s de visitas inspecci�n, quejas y denuncias de particulares o solicitud de investigaci�n de conducta de alg�n J. o Magistrado por quien la ley faculte para ello.

    En cuanto a las responsabilidades de los M. de los Tribunales Superiores de Justicia locales, los art�culos 108, tercer p�rrafo, 109, 110, segundo y tercer p�rrafos, 111, quinto y octavo p�rrafos y 113 de la Carga Magna, disponen:

    "Art�culo 108. ...

    "Los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas L.es, los M. de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas L.es, ser�n responsables por violaciones a esta C.�n y a las leyes federales, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales."

    "Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

    "I. Se impondr�n, mediante juicio pol�tico, las sanciones indicadas en el art�culo 110 a los servidores p�blicos se�alados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho.

    "No procede el juicio pol�tico por la mera expresi�n de ideas.

    "II. La comisi�n de delitos por parte de cualquier servidor p�blico ser� perseguida y sancionada en los t�rminos de la legislaci�n penal; y

    "III. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones.

    "Los procedimientos para la aplicaci�n de las sanciones mencionadas se desarrollar�n aut�nomamente. No podr�n imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

    "Las leyes determinar�n los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento il�cito a los servidores p�blicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por s� o por interp�sita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como due�os sobre ellos, cuya procedencia l�cita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionar�n con el decomiso y con la privaci�n de la propiedad de dichos bienes, adem�s de las otras penas que correspondan.

    "Cualquier ciudadano, bajo su m�s estricta responsabilidad y mediante la presentaci�n de elementos de prueba, podr� formular denuncia ante la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n respecto de las conductas a las que se refiere el presente art�culo."

    "Art�culo 110. ...

    "Los gobernadores de los Estados, diputados locales, M. de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, s�lo podr�n ser sujetos de juicio pol�tico en los t�rminos de este t�tulo por violaciones graves a esta C.�n y a las leyes federales que de ella emanen, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resoluci�n ser� �nicamente declarativa y se comunicar� a los Legislaturas L.es para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

    "Las sanciones consistir�n en la destituci�n del servidor p�blico y en su inhabilitaci�n para desempe�ar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio p�blico."

    "Art�culo 111. ...

    "Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los Estados, diputados locales, M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se seguir� el mismo procedimiento establecido en este art�culo, pero en este supuesto, la declaraci�n de procedencia ser� para el efecto de que se comunique a las Legislaturas L.es, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda.

    "...

    "En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor p�blico no se requerir� declaraci�n de procedencia."

    Art�culo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, determinar�n sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, as� como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem�s de las que se�alen las leyes, consistir�n en suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas, y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos obtenidos por el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracci�n III del art�culo 109, pero que no podr�n exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los da�os y perjuicios causados.

    Como se advierte de los anteriores preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de responsabilidades de los servidores p�blicos, dentro del que se encuentran incluidos los M. de los Tribunales Superiores de Justicia locales, establece cuatro tipos de responsabilidades: penal, civil, pol�tica y administrativa.

    Resultan en este sentido aplicables las consideraciones sustentadas por este Tribunal Pleno al resolver la revisi�n administrativa 11/97, interpuesta por ... en sesi�n de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de ocho votos, en las que se sostuvo:

    ... el sistema de responsabilidades de los servidores p�blicos establecido en la C.�n F., plantea cuatro diversos tipos que descansan en un principio de autonom�a, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen �rganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de �stas coincidan desde el punto de vista material como ocurre trat�ndose de las sanciones econ�micas aplicables tanto a la responsabilidad pol�tica, a la administrativa o penal, as� como la inhabilitaci�n prevista para las dos primeras, de modo que un servidor p�blico puede ser sujeto de diversas responsabilidades y, por lo mismo susceptible de ser sancionado en diferentes v�as y con distintas sanciones.-El sistema de responsabilidades de los servidores p�blicos que prev� el texto constitucional, se integra por cuatro diversos tipos de responsabilidades, a saber: a) penal, b) civil, c) pol�tica y, d) administrativa; las dos primeras reguladas por la ley de la materia y las dos �ltimas por la Ley F. de Responsabilidades de los Servidores P�blicos.-Cabe se�alar que de acuerdo con la doctrina, el t�rmino ?responsabilidad? tiene las acepciones siguientes: a) Como sin�nimo de obligaci�n, b) Como causa de ciertos acontecimientos, c) Como consecuencia o efecto de una situaci�n de hecho, d) Como capacidad mental del individuo, y e) Como sin�nimo de ?infracci�n?; es decir, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones funcionariales.-Si se toma en consideraci�n que la fracci�n III del art�culo 109 constitucional, se refiere a las sanciones administrativas aplicables a los servidores p�blicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones, es de estimarse que, en estos casos, la acepci�n utilizada por el legislador del t�rmino ?responsabilidad? se encuentra referida a la de ?infracci�n?, por parte del servidor p�blico de las obligaciones que las leyes le imponen en su actuaci�n.-De tal manera que en trat�ndose de responsabilidades administrativas, seg�n lo previsto en el texto constitucional, los elementos de esa infracci�n, ser�n: a) aquellos actos u omisiones que sean contrarios a las normas que rigen la actuaci�n de los servidores p�blicos; b) los sujetos, que desde luego ser�n aquellos que tengan la calidad de servidores p�blicos; y c) el objeto de la tutela constitucional, que lo ser� el conservar la disciplina en el ejercicio de la funci�n p�blica, a trav�s de cinco valores: la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia.

    El art�culo 47, fracci�n I, de la Ley F. de Responsabilidades de los Servidores P�blicos establece:

    "Art�culo 47. Todo servidor p�blico tendr� las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempe�o de su empleo, cargo o comisi�n, y cuyo incumplimiento dar� lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, as� como de las normas espec�ficas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

    I. Cumplir con la m�xima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisi�n que cause la suspensi�n o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisi�n.

    La anterior causa de responsabilidad administrativa ha sido interpretada por este Tribunal Pleno en la tesis identificada con el n�mero XXV/99, que dispone:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: IX, mayo de 1999

    "Tesis: P. XXV/99

    "P�gina: 25

    "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. INTERPRETACI�N DE LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES P�BLICOS.-Conforme a lo dispuesto en la fracci�n XI del art�culo 131 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n ser�n causas de responsabilidad para los servidores p�blicos del Poder Judicial de la Federaci�n, las previstas en el art�culo 47 de la Ley F. de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la funci�n jurisdiccional, se�alando este �ltimo precepto en su fracci�n I, entre aqu�llas, el no ?cumplir con la m�xima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisi�n que cause la suspensi�n o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisi�n?. De la interpretaci�n literal de este supuesto normativo deriva que la causa de responsabilidad prevista en �l contiene dos hip�tesis relacionadas, la primera, consistente en el deber de cumplir con la m�xima diligencia el servicio que le sea encomendado al servidor p�blico, y la segunda, conforme a la cual los servidores p�blicos deber�n abstenerse de cualquier acto u omisi�n que cause la suspensi�n o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisi�n. De ah�, que la conducta que colma alguna de tales hip�tesis encuentra una distinci�n de origen, pues en el caso de la primera debe estimarse que para valorar el cumplimiento de la m�xima diligencia en el servicio encomendado, el �rgano de control ha de tomar en cuenta el c�mulo de actividades desarrolladas por el servidor p�blico, durante el lapso en que ha desempe�ado el cargo, y en el caso de la funci�n judicial, deber� apreciar los factores que han incidido en su desempe�o, como son, la carga de trabajo con que cuente el juzgado o tribunal; la premura con que deban resolverse los asuntos; la complejidad de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del problema jur�dico a resolver o por ambas; y, en general, todas aquellas circunstancias que tengan relaci�n con los elementos materiales y humanos con que cuente el juzgador para apoyarse en su actividad. En cambio, respecto de la segunda hip�tesis, para su actualizaci�n basta una conducta singular, que valorada conforme a los factores antes expuestos, provoque la suspensi�n o deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisi�n y que, por ende, lleve a concluir que el servidor p�blico no cumple con la m�xima diligencia el servicio encomendado.

    "R.�n administrativa 10/97. 23 de junio de 1998. Unanimidad de diez votos. Impedimento legal: J.V.A.A.�n. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: R.C.C..

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el veinte de abril en curso, aprob�, con el n�mero XXV/1999, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve.

    Por su parte, el t�tulo und�cimo del C�digo Penal F. regula los delitos cometidos contra la administraci�n de justicia y, en su cap�tulo I, concretamente, los delitos cometidos por los servidores p�blicos, se�alando en su art�culo 225 lo siguiente:

    "Art�culo 225. Son delitos contra la administraci�n de justicia, cometidos por servidores p�blicos los siguientes:

    "I. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento legal para ello;

    "II. Desempe�ar alg�n otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les proh�ba;

    "III. Litigar por s� o por interp�sita persona, cuando la ley les proh�ba el ejercicio de su profesi�n;

    "IV. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen;

    "V. No cumplir una disposici�n que legalmente se les comunique por su superior competente, sin causa fundada para ello;

    "VI. Dictar, a sabiendas, una resoluci�n de fondo o una sentencia definitiva que sean il�citas por violar alg�n precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado; u omitir dictar una resoluci�n de tr�mite, de fondo o una sentencia definitiva l�cita, dentro de los t�rminos dispuestos en la ley;

    "VII. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un da�o o concedan a alguien una ventaja indebidos;

    "VIII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administraci�n de justicia;

    "IX. Abstenerse injustificadamente de hacer la consignaci�n que corresponda de una persona que se encuentre detenida a su disposici�n como probable responsable de alg�n delito, cuando �sta sea procedente conforme a la C.�n y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligaci�n; o ejercitar la acci�n penal cuando no preceda denuncia, acusaci�n o querella;

    ".D. a un individuo durante la averiguaci�n previa fuera de los casos se�alados por la ley, o retenerlo por m�s tiempo del se�alado por el p�rrafo s�ptimo del art�culo 16 constitucional;

    "XI. No otorgar, cuando se solicite, la libertad caucional, si procede legalmente;

    "XII. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura;

    "XIII. No tomar al inculpado su declaraci�n preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignaci�n sin causa justificada, u ocultar el nombre del acusador, la naturaleza y causa de la imputaci�n o el delito que se le atribuye;

    "XIV. Prolongar la prisi�n preventiva por m�s tiempo del que como m�ximo fije la ley al delito que motive el proceso;

    "XV. Imponer gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de detenci�n o internamiento;

    "XVI. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias judiciales, en las que se ordene poner en libertad a un detenido;

    "XVII. No dictar auto de formal prisi�n o de libertad de un detenido, dentro de las setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a su disposici�n, a no ser que el inculpado haya solicitado ampliaci�n del plazo, caso en el cual se estar� al nuevo plazo;

    "XVIII. Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley;

    "XIX. Abrir un proceso penal contra un servidor p�blico, con fuero, sin hab�rselo retirado �ste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley;

    "XX. Ordenar la aprehensi�n de un individuo por delito que no amerite pena privativa de libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusaci�n o querella; o realizar la aprehensi�n sin poner al detenido a disposici�n del J. en el t�rmino se�alado por el p�rrafo tercero del art�culo 16 de la C.�n;

    "XXI. A los encargados o empleados de lugares de reclusi�n o internamiento que cobren cualquier cantidad a los internos o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentaci�n o r�gimen;

    "XXII. Rematar, en favor de ellos mismos, por s� o por interp�sita persona, los bienes objeto de un remate en cuyo juicio hubieren intervenido;

    "XXIII. Admitir o nombrar un depositario o entregar a �ste los bienes secuestrados, sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes;

    "XXIV. Hacer conocer al demandado, indebidamente, la providencia de embargo decretada en su contra;

    "XXV. Nombrar s�ndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona que sea deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido, o a persona que tenga con el funcionario relaci�n de parentesco, estrecha amistad o est� ligada con �l por negocios de inter�s com�n;

    "XXVI. Permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las personas que est�n recluidas;

    "XXVII. No ordenar la libertad de un procesado, decretando su sujeci�n a proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga se�alada pena no privativa de libertad o alternativa; y

    "XXVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o informaci�n que obren en una averiguaci�n previa o en un proceso penal y que por disposici�n de la ley o resoluci�n de la autoridad judicial, sean confidenciales.

    "A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV y XXVI, se les impondr� pena de prisi�n de tres a ocho a�os y de quinientos a mil quinientos d�as multa.

    "A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII y XXVIII, se les impondr� pena de prisi�n de cuatro a diez a�os y de mil a dos mil d�as multa.

    En todos los delitos previstos en este cap�tulo adem�s de las penas de prisi�n y multa previstas, el servidor p�blico ser� destituido e inhabilitado de tres a diez a�os para desempe�ar otro empleo, cargo o comisi�n p�blicos.

    Los anteriores preceptos reproducidos de la Ley F. de Responsabilidades de los Servidores P�blicos y del C�digo Penal F., permiten derivar que a nivel federal se encuentran reguladas las actuaciones de los funcionarios judiciales que dar�n lugar a responsabilidad administrativa o penal, si la conducta relativa se ubica en alguna de las hip�tesis tipificadas como delito, lo que constituye una clara demostraci�n de que la actuaci�n de estos servidores p�blicos debe sujetarse a la ley y que, por tanto, la garant�a de inamovilidad judicial no es garant�a de impunidad, ni tiene por qu� propiciar que una vez que se obtenga tal inamovilidad se deje de actuar con la excelencia, honestidad y diligencia que el desempe�o del cargo exige, si se tiene el correcto seguimiento de su actuaci�n que lleve a poder hacer exigible al funcionario que deje de cumplir con tales atributos las responsabilidades en que incurra.

    A nivel local, corresponder�, en t�rminos de lo se�alado en el art�culo 116, fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, a las C.ones y leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos de los Estados, regular las conductas de los M. que den lugar a la privaci�n de sus puestos y al fincamiento de las responsabilidades correspondientes, dentro de ellas, la responsabilidad penal cuando se incurra en conductas que los C�digos P. locales tipifiquen como delitos, por lo que es claro que la inamovilidad judicial consagrada para los M. que hayan sido ratificados en su cargo al t�rmino del periodo para el que fueron nombrados, no significa que no deban continuar con las caracter�sticas de excelencia propias del perfil de su cargo.

    Resulta aplicable a todo lo anteriormente expuesto, en relaci�n al principio de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de Magistrado que consagra el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, la tesis V/2000 sustentada por este �rgano colegiado, que dispone:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XI, febrero de 2000

    "Tesis: P. V/2000

    "P�gina: 7

    "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACI�N CONFORME A LA INTERPRETACI�N DE LA F.I. DEL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-Del an�lisis de este precepto y de las diferentes tesis que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se pueden enunciar los siguientes criterios sobre la situaci�n jur�dica de los Poderes Judiciales L.es, y que constituyen el marco que la C.�n F. establece a los Poderes Ejecutivo y Judicial de los Estados miembros de la Federaci�n, en cuanto a la participaci�n que les corresponde en la integraci�n de aqu�llos: 1o. La C.�n F. establece un marco de actuaci�n al que deben sujetarse tanto los Congresos como los Ejecutivos de los Estados, en cuanto al nombramiento y permanencia en el cargo de los M. de los Tribunales Supremos de Justicia, o Tribunales Superiores de Justicia. 2o. Se debe salvaguardar la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados y, l�gicamente, de los M. de esos tribunales. 3o. Una de las caracter�sticas que se debe respetar para lograr esa independencia es la inamovilidad de los M.. 4o. La regla espec�fica sobre esa inamovilidad supone el cumplimiento de dos requisitos establecidos directamente por la C.�n F. y uno que debe precisarse en las C.ones L.es, por remisi�n que a ellas hace aqu�lla: El primero, conforme al quinto p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n F., consiste en que los M. deben durar en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es (dice expresamente el texto constitucional: ?Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es ...?); el segundo consiste en que la inamovilidad se alcanza cuando, cumpli�ndose con el requisito anterior, los M. sean reelectos (sigue diciendo el texto constitucional: ?... podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados.?). El requisito que debe preverse en las C.ones L.es es el relativo al tiempo espec�fico que en ellas se establezca como periodo en el que deben desempe�ar el cargo. 5o. La seguridad en el cargo no se obtiene hasta que se adquiere la inamovilidad, sino desde el momento en el que un Magistrado inicia el ejercicio de su encargo. Esta conclusi�n la ha derivado la Suprema Corte del segundo y cuarto p�rrafos de la propia fracci�n III del art�culo 116 y de la exposici�n de motivos correspondiente, y que se refieren a la honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados como M., as� como a la carrera judicial, relativa al ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Si se aceptara el criterio de que esa seguridad s�lo la obtiene el Magistrado cuando adquiere la inamovilidad, se propiciar�a el fen�meno contrario que vulnerar�a el texto constitucional, a saber, que nunca se reeligiera a nadie, con lo que ninguno ser�a nunca inamovible, pudi�ndose dar lugar exactamente a lo contrario de lo que se pretende, a saber, que sea imposible alcanzar esa seguridad, poni�ndose en peligro la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados de la Rep�blica. El principio de supremac�a constitucional exige rechazar categ�ricamente interpretaciones opuestas al texto y al claro sentido de la Carta Fundamental. Este principio de seguridad en el cargo no tiene como objetivo fundamental la protecci�n del funcionario judicial, sino salvaguardar la garant�a social de que se cuente con un cuerpo de M. y J. que por reunir con excelencia los atributos que la C.�n exige, hagan efectiva, cotidianamente, la garant�a de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita que consagra el art�culo 17 de la C.�n F.. No pasa inadvertido a esta Suprema Corte, que este criterio podr�a propiciar, en principio, que funcionarios sin la excelencia y sin la diligencia necesarias pudieran ser beneficiados con su aplicaci�n, pero ello no ser�a consecuencia del criterio, sino de un inadecuado sistema de evaluaci�n sobre su desempe�o. En efecto, es l�gico que la consecuencia del criterio que se sustenta en la C.�n, interpretada por esta Suprema Corte, exige un seguimiento constante de los funcionarios judiciales, a fin de que cuando cumplan con el t�rmino para el que fueron designados por primera vez, se pueda dictaminar, de manera fundada y motivada, si debe reeleg�rseles, de modo tal que si se tiene ese cuidado no se llegar� a producir la reelecci�n de una persona que no la merezca, y ello se podr� fundar y motivar suficientemente. 6o. Del criterio anterior se sigue que cuando est� por concluir el cargo de un Magistrado, debe evaluarse su actuaci�n para determinar si acredit�, en su desempe�o, cumplir adecuadamente con los atributos que la C.�n exige, lo que implica que si se considera que no debe ser reelecto, por no haber satisfecho esos requisitos, deber� emitirse una resoluci�n fundada y motivada por la autoridad facultada para hacer el nombramiento, en que lo justifique. L�gicamente cuando se considera que se re�nen los requisitos, resulta innecesario que se formule el dictamen. Esto se puede realizar, en la pr�ctica, de diversas maneras, a saber, reelegir expresamente al Magistrado o permitir que contin�e desempe�ando esa funci�n sin designar a ninguna persona que lo sustituya.

    "A. en revisi�n 783/99. D.D.G.�a. 24 de enero de 2000. Once votos. Ponente: O.M.�a S�nchez C.. Secretario: J.C.�n H..

    "A. en revisi�n 234/99. I.R.S.. 24 de enero de 2000. Once votos. Ponente: J.V.A.A.S.: E.G.R.G..

    "El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy diecisiete de febrero en curso, aprob�, con el n�mero V/2000, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a diecisiete de febrero de dos mil.

    V�ase: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., abril de 1998, p�gina 120, tesis P. XXIX/98, de rubro: ?MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. ANTES DE CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN DE EVALUACI�N POR EL �RGANO U �RGANOS COMPETENTES EN EL QUE SE PRECISEN LAS CAUSAS POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE DEBEN O NO SER REELECTOS.? y p�gina 121, tesis P. XXX/98, de rubro: ?MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SI AL CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS NO SE DESIGNA EN SU LUGAR A OTRO Y TRANSCURRE EL PERIODO NECESARIO PARA ALCANZAR LA INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN VALORATIVO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DE SU NO REELECCI�N, DEBE ENTENDERSE QUE ADEM�S DE HABER SIDO REELECTOS T�CITAMENTE, ALCANZARON ESA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (INTERPRETACI�N DE LA F.I. DEL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).?.

    S�lo debe precisarse en relaci�n a lo se�alado en la parte final de la tesis anteriormente transcrita que, a diferencia de lo se�alado en ella, el dictamen de evaluaci�n del desempe�o de Magistrado para efectos de decidir sobre su ratificaci�n o no en el puesto, en los t�rminos que se analizaron con anterioridad, debe ser siempre emitido, ya sea que se concluya en la ratificaci�n o lo contrario, al constituir no s�lo un derecho del Magistrado, sino, principalmente, una garant�a para la sociedad de contar con servidores id�neos para impartir una justicia que satisfaga a plenitud los requisitos consagrados en el art�culo 17 de la Carta Magna, que implica el inter�s de la sociedad de conocer a ciencia cierta, por conducto del �rgano u �rganos de administraci�n correspondientes, la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios judiciales relativos.

UND�CIMO

Precisado as� el marco jur�dico que para los Poderes Judiciales L.es establece el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, cuyo p�rrafo segundo obliga a las C.ones y leyes de los Estados a garantizar la independencia de M. y J. y, con ello, los principios analizados en el anterior considerando como forma de garantizar tal independencia, lo que lleva a que las normas dictadas por los Constituyentes y legisladores locales deben crear un sistema en el que efectivamente se permita que la labor jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin injerencias externas, y como consecuencia l�gica, incluy�ndose las garant�as jurisdiccionales, se procede a continuaci�n al estudio de los agravios relativos al fondo del asunto, bajo la premisa de que el marco jur�dico establecido por el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, lleva a interpretar el sistema creado por el Constituyente del Estado de San Luis Potos�, en sus lagunas o en disposiciones que admitan diversos significados, conforme al criterio de fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial o de hacer efectivas las garant�as judiciales. En otras palabras, ante situaciones de hecho que no se encuentren reguladas o que no lo sean con toda claridad, la interpretaci�n de las normas locales debe hacerse en forma tal que se integren bajo los principios que con toda nitidez se contienen en la C.�n F..

Ahora bien, retomando el an�lisis de los agravios, por resultar de orden preferente, se analiza el agravio de fondo que plantea la quejosa, y que sustancialmente se hace consistir en que el J. de Distrito indebidamente determin� que la parte quejosa no hab�a adquirido la ratificaci�n t�cita del cargo de Magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potos�.

Dicho agravio resulta fundado, por las razones siguientes:

En efecto, ante todo conviene recordar, que con anterioridad a las reformas al art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n F., los art�culos 63, 64, 67 y 68 de la C.�n Pol�tica del Estado de San Luis Potos�, dispon�an:

"Art�culo 63. El Tribunal Supremo de Justicia se compondr� de siete M., ser�n nombrados por el gobernador del Estado y sometidos a la aprobaci�n del Congreso, el que otorgar� o negar� esa aprobaci�n dentro del improrrogable t�rmino de diez d�as. Si el Congreso no resolviera dentro de dicho t�rmino, se tendr�n por aprobados los nombramientos. Sin la aprobaci�n del Congreso, no podr�n tomar posesi�n los M. del Supremo Tribunal nombrados por el gobernador del Estado. En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de una misma vacante, el gobernador del Estado har� un tercer nombramiento que surtir� sus efectos desde luego, como provisional y que ser� sometido a la aprobaci�n de dicho Congreso en el siguiente periodo ordinario de sesiones. En este periodo de sesiones, dentro de los primeros diez d�as, el Congreso deber� aprobar o reprobar el nombramiento y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado nombrado provisional continuar� en sus funciones con car�cter definitivo. Si el Congreso desecha el nombramiento, cesar� desde luego en sus funciones el Magistrado provisional y el gobernador del Estado someter� nuevo nombramiento a la aprobaci�n del Congreso, en los t�rminos se�alados anteriormente."

"Art�culo 64. Para suplir las faltas de los M. propietarios, se nombrar�n al mismo tiempo y en iguales t�rminos que �stos, seis M. supernumerarios, que entrar�n a funcionar en el orden de su elecci�n."

"Art�culo 67. Para ser Magistrado del Supremo Tribunal se requiere:

"I. Ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos.

"II. Tener t�tulo de abogado con seis a�os de ejercicio profesional as� como justificar haber hecho sus estudios preparatorios y profesionales con arreglo a la ley.

"III. Tener treinta a�os cumplidos el d�a de su elecci�n, y

"IV. No haber sido sentenciado legalmente por delito que merezca pena corporal, a no ser por causa pol�tica."

"Art�culo 68. El Supremo Tribunal de Justicia se renovar� en su totalidad cada cuatro a�os, debiendo contarse �stos desde el d�a de su instalaci�n. Si por alguna circunstancia no se reuniere en el tiempo que deben hacerlo, continuar�n ejerciendo las funciones judiciales los individuos que antes lo formaban, hasta que se presenten los nuevamente nombrados.

Con motivo de las reformas al art�culo 116 de la Carga Magna, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, y en cumplimiento al art�culo segundo transitorio del decreto de reformas aludido, que estableci� el plazo de un a�o, computado a partir de su vigencia, para que las Legislaturas de los Estados procedieran a reformar y adicionar las C.ones y leyes locales para proveer su debido cumplimiento, con fecha trece de octubre de mil novecientos ochenta y siete, se public� en el Peri�dico Oficial del Estado de San Luis Potos�, el decreto del Congreso de la entidad que reform�, entre otros, los art�culos 63, 64, 67 y 68 de la C.�n L., para quedar en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 63. El Supremo Tribunal de Justicia se compondr� de diez M., nombrados por el gobernador del Estado y sometidos a la aprobaci�n del Congreso, el que otorgar� o negar� esa aprobaci�n dentro del improrrogable t�rmino de diez d�as. Si el Congreso no resolviera dentro de dicho t�rmino, se tendr�n por aprobados los nombramientos. Sin la aprobaci�n del Congreso, no podr�n tomar posesi�n los M. del Supremo Tribunal nombrados por el gobernador del Estado. En caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el gobernador del Estado har� un tercer nombramiento que surtir� sus efectos desde luego, como provisional y que ser� sometido a la aprobaci�n de dicho Congreso en el siguiente periodo ordinario de sesiones. En este periodo de sesiones, dentro de los primeros diez d�as, el Congreso, deber� aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado nombrado provisional continuar� en sus funciones con car�cter definitivo. Si el Congreso desecha el nombramiento, cesar� desde luego en sus funciones el Magistrado provisional y el gobernador del Estado someter� nuevo nombramiento a la aprobaci�n del Congreso, en los t�rminos se�alados anteriormente."

"Art�culo 64. Para suplir las faltas de los M. propietarios, se nombrar�n al mismo tiempo y en iguales t�rminos que �stos, diez M. supernumerarios, que entrar�n a funcionar en el orden de su nombramiento."

"Art�culo 67. Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se requiere:

"I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos pol�ticos y civiles.

"II. No tener m�s de 65 a�os de edad ni menos de 35, el d�a de la aprobaci�n.

"III. Poseer el d�a de la aprobaci�n, con antig�edad m�nima de cinco a�os, t�tulo profesional de abogado, expedido por instituci�n legalmente facultada para ello.

"IV. Gozar de buena reputaci�n y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de m�s de un a�o de prisi�n; pero si se tratare de robo, fraude, falsificaci�n, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto p�blico, inhabilitar� para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y

".H. residido en el Estado durante los �ltimos cinco a�os, salvo el caso de ausencia en servicio de la Rep�blica para un tiempo menor de seis meses."

"Art�culo 68. Los M. del Supremo Tribunal de Justicia durar�n en su cargo seis a�os, pudiendo ser reelectos y, si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que establezca esta C.�n."

Por diverso decreto publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de San Luis Potos�, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la C.�n Pol�tica del Estado de San Luis Potos� fue reformada integralmente, reestructur�ndose sus t�tulos y cap�tulos, quedando el cap�tulo II "Del Supremo Tribunal de Justicia" dentro del t�tulo octavo "Del Poder Judicial", compuesto por los art�culos 96 a 100, as� como su art�culo 93, en los siguientes t�rminos, que son los que se encuentran vigentes en la actualidad:

"Art�culo 93. Los nombramientos de los funcionarios judiciales ser�n hechos, preferentemente, de entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartici�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica, de conformidad con la Ley Org�nica del Poder Judicial."

"Art�culo 96. El Supremo Tribunal de Justicia se integra con trece M. numerarios y doce supernumerarios. Para el nombramiento de los numerarios, el gobernador propondr� al Congreso al triple de personas respecto al n�mero de cargos por cubrir, dentro de las cuales la legislatura har� los nombramientos respectivos en el t�rmino de diez d�as; y en el caso de que, vencido ese plazo, a�n no se haya hecho la designaci�n, el titular del Ejecutivo proceder� a hacer el nombramiento de entre las propuestas.

"En caso de que el Congreso rechace la propuesta, el gobernador del Estado presentar� una nueva en los t�rminos delp�rrafo anterior. Si esta segunda propuesta fuera rechazada, ocupar� el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el gobernador del Estado."

"Art�culo 97. Los M. del Supremo Tribunal de Justicia durar�n en su cargo seis a�os, pudiendo ser ratificados y, si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos establecidos en la presente C.�n y en las leyes respectivas."

"Art�culo 98. En la misma forma que los M. numerarios, ser�n nombrados los M. supernumerarios, pudiendo elegirse tambi�n dentro de la lista de los propuestos como numerarios. Los M. supernumerarios tendr�n las funciones que les asigne la ley y sustituir�n, en el orden en que hayan sido nombrados por el Congreso del Estado, a aqu�llos en sus faltas temporales y, provisionalmente, en las absolutas. En este �ltimo caso, los supernumerarios permanecer�n en el desempe�o del cargo hasta que tome posesi�n el Magistrado numerario nombrado para cubrir la vacante.

"S�lo los supernumerarios que ejerzan como numerarios formar�n parte del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. �ste podr� llamar a los supernumerarios que requiera y asignarles sus funciones.

"Los nombramientos de los M. supernumerarios ser�n por seis a�os y podr�n ser designados, por una sola vez, para un periodo igual, sin perjuicio de que sean propuestos por el Ejecutivo para ser nombrados numerarios."

"Art�culo 99. Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere:

"I. Ser mexicano por nacimiento, y ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos pol�ticos y civiles;

"II. Tener cuando menos treinta y cinco a�os de edad el d�a de su nombramiento;

"III. Tener al d�a de su nombramiento, t�tulo profesional de licenciado en derecho con una antig�edad m�nima de diez a�os, expedido por autoridad o instituci�n legalmente facultada para ello y acreditar el ejercicio profesional por el mismo tiempo;

"IV. Gozar de buena reputaci�n y no haber sido condenado por delito que haya ameritado pena privativa de libertad de m�s de un a�o; pero, si se tratare de robo, fraude, falsificaci�n, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto p�blico, inhabilitar� para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

".H. residido en el Estado durante los dos a�os anteriores al d�a de su nombramiento; y

"VI. No haber ocupado el cargo de secretario de despacho o su equivalente, procurador general de Justicia, diputado local, o presidente municipal en el a�o inmediato anterior al d�a de su nombramiento.

"Para ser Magistrado supernumerario deber�n cumplirse los mismos requisitos."

"Art�culo 100. El cargo de Magistrado no es renunciable, sino por causa justificada calificada por el Congreso del Estado."

Las reformas a la C.�n de San Luis Potos� publicadas en el Peri�dico Oficial el trece de octubre de mil novecientos ochenta y siete, tuvieron como finalidad ajustarse a los principios rectores de la reforma a la Carta Magna, analizados en el anterior considerando, tendientes al fortalecimiento de la independencia y autonom�a del Poder Judicial L., en estricto cumplimiento a lo establecido en el art�culo segundo transitorio del decreto de reformas a la Carta Magna, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete y que estableci� el plazo de un a�o para que las Legislaturas de los Estados procedieran a reformar y adicionar las C.ones y leyes locales para proveer el debido cumplimiento a sus disposiciones, principios que contin�an vigentes en el texto actual de los preceptos reformados de la C.�n de la entidad referida.

Lo anterior corrobora lo se�alado en la parte inicial del presente considerando, en torno a que la interpretaci�n de los diversos preceptos de la C.�n de San Luis Potos�, relativos a la integraci�n, estructura y funcionamiento del Poder Judicial L., debe realizarse conforme al criterio de fortalecimiento de su independencia y de la realizaci�n plena de su autonom�a e independencia, lo que exige la efectividad de las garant�as jurisdiccionales.

En efecto, el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, establece un marco jur�dico para los Poderes Judiciales L.es al que deben sujetarse las C.ones y leyes de los Estados y los �rganos de poder, a fin de garantizar la independencia de M. y J. y, con ello, los principios que consagra como formas para lograr tal independencia. Asimismo, tal dispositivo de la Carta Magna en su p�rrafo inicial, impone a los Estados miembros de la Federaci�n el principio de la divisi�n de poderes conforme al cual, entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debe existir equilibrio e independencia rec�proca. Lo anterior implica que ante diversas interpretaciones posibles de los preceptos relativos de las C.ones L.es, debe optarse por aquella que permita que la labor jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin injerencias externas. Por tanto, ante situaciones que no se encuentran reguladas o que no lo sean con toda claridad, la interpretaci�n de las normas locales debe hacerse en forma tal, que se integren bajo los principios que con toda nitidez se contienen en la C.�n F.. Aceptar que se interpretaran las normas de las C.ones L.es en forma tal, que pugnen con la C.�n F., en especial cuando se advierta que su prop�sito espec�fico fue ajustarse a la segunda, equivaldr�a a atribuir al Congreso Estatal y, l�gicamente, a sus integrantes dolo y mala fe, lo que resulta jur�dicamente inaceptable, debiendo en consecuencia entenderse que si por la redacci�n del precepto podr�a seguirse esa oposici�n, ello s�lo puede explicarse por deficiencias de expresi�n o de t�cnica legislativa.

En este orden, con relaci�n a las facultades del gobernador del Estado, resulta conveniente precisar, que el art�culo 80, fracci�n XIII, de la C.�n Pol�tica del Estado de San Luis Potos�, establece como atribuci�n de dicho funcionario el "Proponer al Congreso el nombramiento de los M. del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con la presente C.�n.", y el art�culo 96 transcrito con antelaci�n, establece el procedimiento para la designaci�n de M. del Supremo Tribunal de Justicia. Estos preceptos no deben ser interpretados aisladamente, sino en concordancia con los dem�s art�culos relativos a la materia y, concretamente, para el tema a debate, con el art�culo 97 que consigna la duraci�n del cargo de Magistrado por seis a�os y la posibilidad de su ratificaci�n, caso en el cual adquirir�n la prerrogativa de la inamovilidad, pues s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos establecidos en la C.�n y en las leyes respectivas.

La posibilidad de ratificaci�n que se consagra en el art�culo 97 de la C.�n L., permite derivar las facultades del Ejecutivo Estatal y del Congreso L. de proponer y aprobar, respectivamente, la ratificaci�n de M., con lo que obtendr�an la inamovilidad y, ante la ausencia de norma que regule el procedimiento de ratificaci�n, y en su caso, su consecuente inamovilidad, debe inferirse que debe seguirse el procedimiento previsto para la designaci�n, compuesto por las etapas analizadas en el considerando d�cimo de la presente resoluci�n, a saber, la propuesta del Ejecutivo Estatal, la aprobaci�n por el Congreso de la entidad y la rendici�n de protesta ante el propio Congreso. En iguales t�rminos se pronunci� este Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisi�n 2639/96, promovido por F.A.V., en sesi�n de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, en cuya parte conducente sostuvo:

... En el caso, acorde con lo dispuesto por los art�culos 60, fracci�n IV y 44, fracci�n XXI, de la C.�n del Estado de Michoac�n, la designaci�n de M. del Supremo Tribunal de Justicia de esa entidad federativa, seg�n qued� apuntado anteriormente, consta de dos etapas interdependientes entre s�, la primera consistente en la propuesta que para ese efecto realice el Ejecutivo L. y, la segunda, la relativa a la respectiva aprobaci�n por el Legislativo de la propia entidad federativa, procedimiento que, ante la ausencia de norma que regule tal aspecto, debe inferirse que debe seguirse tambi�n, en principio, para resolver sobre la reelecci�n de dichos M. ...

Por tanto, de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 80, fracci�n XIII, 96 y 97 de la C.�n L., concordante con el art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n F., permite derivar la facultad del Ejecutivo L. de proponer al Congreso de la entidad la ratificaci�n o no en el cargo de un Magistrado, facultades de propuesta y aprobaci�n, respectivamente, que no operan a su libre arbitrio, sino sujetas a los lineamientos constitucionales establecidos.

De los preceptos referidos de la C.�n L. en relaci�n con el numeral 116, fracci�n III, de la Carta Magna, deriva que la duraci�n en el ejercicio del cargo de Magistrado en el Estado de San Luis Potos�, es de seis a�os, sin que tal t�rmino de duraci�n se encuentre vinculado a la persona f�sica del gobernador y al sexenio durante el cual ejerce su cargo, t�rmino que se computar�, l�gicamente, a partir de que se entre en el ejercicio de funciones.

Lo anterior permite arribar a las siguientes conclusiones de lo dispuesto en el art�culo 97 de la C.�n de San Luis Potos�: 1) El periodo de duraci�n del ejercicio del cargo de M. es de seis a�os; y 2) dicho t�rmino se contar� a partir de que entren en funciones, con independencia absoluta de las fechas en que inicie y concluya el sexenio del gobernador.

Resultan aplicables al respecto, anal�gicamente al caso, las consideraciones sustentadas por este Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisi�n 783/99, promovido por D.D.G.�a, en sesi�n de veinticuatro de enero de dos mil, por unanimidad de once votos, y que textualmente se�alan:

... Tomando en cuenta los criterios de interpretaci�n aceptados por esta Suprema Corte, en cuanto al art�culo 116 de la C.�n F., deben interpretarse, a su vez, los preceptos reproducidos para resolver el problema relativo a la ?duraci�n en el ejercicio de su encargo de los M. del Supremo Tribunal de Justicia del Estado?.-Ante todo, debe destacarse que en ninguno de los preceptos reproducidos, ni en ning�n otro, se determina con claridad cu�l es esa duraci�n. No hay, en efecto, ninguna disposici�n en la que se diga, como sucede en otras C.ones de la Rep�blica, que los M. durar�n en su cargo determinado n�mero de a�os. Por consiguiente, el problema debe resolverse interpretando, de manera coherente, los referidos preceptos, en relaci�n con el art�culo 116 de la C.�n F.. Al respecto debe considerarse que la duraci�n en el ejercicio del cargo de Magistrado, que previene la C.�n del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es de seis a�os, que deber�n contarse a partir de la fecha en que protesten ante la Legislatura del Estado.-A la anterior conclusi�n llevan las siguientes disposiciones: 1. El art�culo 66-A que determina que: ?Los M. del Tribunal Superior de Justicia durar�n en el ejercicio de su cargo el mismo periodo del gobernador que los nombr�.?.-2. El art�culo 53 que determina que el gobernador durar� en su cargo seis a�os.-3. El art�culo 65, parte final del primer p�rrafo, que determina que sin la aprobaci�n de la legislatura no podr�n tomar posesi�n los M. nombrados por el gobernador; y.-4. El art�culo 68 que establece que los M. ?al entrar a ejercer el cargo protestar�n ante la Legislatura del Estado?.-Sobre lo anterior debe precisarse que la duraci�n en el cargo debe determinarse de acuerdo con el an�lisis de la propia C.�n, con independencia de situaciones de hecho que pudieran presentarse.-Debe advertirse que la redacci�n del art�culo 66-A, en su literalidad, podr�a llevar a considerar que el tiempo de la duraci�n del cargo de un Magistrado debe coincidir con el periodo del gobernador que los nombr�, refiri�ndose, en consecuencia, el texto constitucional, a una situaci�n f�ctica que vincular�a a un gobernador concreto y a un Magistrado concreto. Esta interpretaci�n, no obstante seguirse de la literalidad de la norma, es inaceptable por los siguientes motivos: I.V.�a el art�culo 116 de la C.�n F., puesto que esa similitud en cuanto a la duraci�n en el encargo, pugnar�a con el principio de la independencia del Poder Judicial y de los M..-II. Llevar�a al absurdo de sujetar la duraci�n del encargo a situaciones f�cticas diversas, como ser�an la variable duraci�n que se pueda dar en el ejercicio del cargo de un gobernador concreto y que pueden depender de la muerte, de una renuncia, de una destituci�n, de una licencia, etc.-III. Se producir�a una situaci�n desigual en el tiempo de duraci�n de los M., puesto que si alguno de ellos muriera, pidiera una licencia, etc., el nombrado ya estar�a sujeto a una duraci�n diversa.-IV. Pr�cticamente se evadir�a el art�culo 116 constitucional, en cuanto a la posibilidad de que se adquiera la inamovilidad, puesto que ser�a imposible que de acuerdo con esta interpretaci�n de la C.�n del Estado de Zacatecas, alg�n Magistrado pudiera cumplir con el primer requisito que establece la C.�n F., ya que en cuanto a los que se designaron por el gobernador al iniciar el ejercicio de su cargo, iniciar�an su desempe�o a partir de la fecha en que protestaron desempe�ar ante la Legislatura del Estado, y ello tendr�a que ocurrir con posterioridad a la fecha en que inici� el cargo el gobernador, con lo que ninguno podr�a reunir el requisito de duraci�n. Por otro lado, los M. que se designaran con posterioridad, tambi�n estar�an impedidos para alcanzar la inamovilidad, puesto que nunca durar�an en el ejercicio de su cargo el mismo periodo del gobernador que los nombr�.-V. Como la C.�n de Zacatecas, en congruencia con la C.�n F., previene la existencia de gobernadores provisionales interinos o sustitutos, cuando alguno de ellos designara a un Magistrado se producir�an, con mayor claridad, las situaciones absurdas a que se refiere el punto anterior y que revelan lo inaceptable de la interpretaci�n literal a la que se alude.-En relaci�n con las interpretaciones a que se ha hecho referencia, esta Suprema Corte considera que cuando en la interpretaci�n literal de una norma jur�dica, cualquiera que �sta sea, se llega a una conclusi�n incongruente con la C.�n F., hay que elegir otro sistema de interpretaci�n que la haga compatible. En otros t�rminos, este principio de interpretaci�n prefiere entender que el legislador ordinario, incluso cuando emite una norma de la C.�n L., busca, ante todo, respetar la C.�n F., y no que su prop�sito fuera apartarse de ella.-En torno al problema que se examina, a mayor abundamiento debe se�alarse que en la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que entr� en vigor el diecis�is de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, se previene, en el art�culo 95, que los M. del Tribunal Superior de Justicia ?ser�n designados cada seis a�os?, con lo que podr�a inferirse que se introdujo una reforma aclaratoria, derivada de las situaciones confusas que el texto relativo de la anterior C.�n, provocaba. ...

El anterior criterio dio lugar a la tesis VI/2000 de este Alto Tribunal, que dispone:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XI, febrero de 2000

"Tesis: P. VI/2000

"P�gina: 6

"MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ZACATECAS. SU DURACI�N EN EL CARGO ES DE SEIS A�OS, DE ACUERDO CON LA INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 66-A DE LA CONSTITUCI�N LOCAL, EN CONGRUENCIA CON LO DISPUESTO POR EL ART�CULO 116, F.I., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que cuando en la interpretaci�n literal de una norma jur�dica se llega a una conclusi�n incongruente con la C.�n F., se deber� elegir otro sistema interpretativo que la haga compatible. En estas condiciones, el art�culo 66-A de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas que prev� que: ?Los M. del Tribunal Superior de Justicia durar�n en el ejercicio de su cargo el mismo periodo del gobernador que los nombr�.?, debe ser interpretado en el sentido de que esa duraci�n es de seis a�os, con independencia de que �stos no coincidan con el sexenio del gobernador y de la situaci�n f�ctica que vincula a un Magistrado con el gobernador que lo design�. Ello es as�, porque si se interpretara el citado precepto en el sentido de que la duraci�n en el cargo de un Magistrado se refiere al tiempo en que ejerza su mandato la persona espec�fica que lo nombr�, en su calidad de gobernador, se vulnerar�a el principio de independencia del Poder Judicial y de los M.; se producir�a una situaci�n desigual en el tiempo de duraci�n de �stos, debido a que si alguno de ellos muriera o pidiera una licencia, el nombrado estar�a sujeto a una duraci�n diversa; se evadir�a el art�culo 116 de la Carta Magna, en cuanto a la posibilidad de que los M. adquieran la inamovilidad, puesto que ser�a imposible que de acuerdo con esta interpretaci�n, alg�n Magistrado pudiera cumplir con el primer requisito que establece la Ley Fundamental para alcanzarla, relativo a que dichos funcionarios durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, ya que los designados por el gobernador al iniciar el ejercicio de su cargo, comenzar�an su desempe�o a partir del momento en que protestaron ante la Legislatura del Estado, lo que ocurrir�a despu�s de la fecha en que inici� el cargo el gobernador y los M. que se designaran con posterioridad a esa fecha, tambi�n estar�an impedidos para obtener la inamovilidad, debido a que nunca durar�an en el ejercicio de su cargo el mismo tiempo que el gobernador que los nombr�.

"A. en revisi�n 783/99. D.D.G.�a. 24 de enero de 2000. Once votos. Ponente: O.M.�a S�nchez C.. Secretario: J.C.�n H..

"A. en revisi�n 234/99. I.R.S.. 24 de enero de 2000. Once votos. Ponente: J.V.A.A.S.: E.G.R.G..

El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy diecisiete de febrero en curso, aprob�, con el n�mero VI/2000, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a diecisiete de febrero de dos mil.

P.endo de la anterior determinaci�n, es claro que conforme a la C.�n del Estado de San Luis Potos�, debe seguirse un procedimiento previo a la designaci�n o ratificaci�n de M. para comprobar la satisfacci�n de los requisitos constitucionalmente previstos para ocupar el cargo y para evaluar el desempe�o en el ejercicio del cargo, trat�ndose de reelecci�n, en la inteligencia de que esta �ltima, expresa o t�cita, presupone la inamovilidad.

Tanto el gobernador del Estado como el Congreso L. deben, al hacer la designaci�n de M., abrir un expediente que justifique la plena satisfacci�n por los M. de los requisitos constitucionalmente previstos para ocupar el cargo y, al t�rmino de los seis a�os previsto para su duraci�n, emitir un dictamen de evaluaci�n de su desempe�o que funde y motive su decisi�n de ratificaci�n o de negativa a la reelecci�n, sujet�ndose a criterios objetivos y a reglas en el procedimiento relativo que si no se encuentran legalmente establecidas deben ser dictadas por tales�rganos previamente, en los t�rminos que han quedado analizados en el considerando precedente de este fallo, lo que supone un seguimiento constante en la actuaci�n de los M..

Conforme a la l�gica del sistema, el gobernador debe cumplir su responsabilidad de designar a los M. del Poder Judicial cuidando escrupulosamente que recaigan los nombramientos en personas que re�nan con suficiencia los requisitos que la C.�n exige, as� como la de aportar al Congreso la documentaci�n que lo acredite en forma indubitable, independientemente de que este cuerpo legislativo realice las investigaciones pertinentes, incluso invitando a la comunidad a que presente objeciones, si las tiene respecto de alguno, algunos o todos los nombrados.

La falta de cumplimiento a la anterior responsabilidad da lugar a la ratificaci�n t�cita del nombramiento de un Magistrado. En efecto, aun cuando expresamente no se establece as� en dicha C.�n, es claro que la abstenci�n del gobernador de realizar un dictamen de evaluaci�n del desempe�o de un Magistrado, antes de que termine su periodo de ejercicio del cargo para no afectar el funcionamiento del �rgano jurisdiccional, que concluya con la ratificaci�n de su nombramiento o la negativa a tal ratificaci�n, debe dar lugar a la ratificaci�n t�cita del nombramiento del Magistrado y, por consecuencia, a que �ste alcance la prerrogativa de la inamovilidad judicial, porque la falta de ejercicio por el Ejecutivo Estatal de las facultades que constitucionalmente se le han conferido, no puede dar lugar a afectar derechos establecidos para el funcionario, pero que han sido consagrados principalmente en inter�s de la sociedad, como es el relativo a la seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo como una de las formas de garantizar la independencia judicial, previsto tanto en la C.�n F. en su art�culo 116, fracci�n III, como en la C.�n del Estado de San Luis Potos� en sus art�culos 93 y 97, este �ltimo al prever expresamente la posibilidad de reelecci�n de los M., posibilidad que conforme a lo analizado en el considerando anterior de esta resoluci�n, debe entenderse referida a la actuaci�n del Magistrado en el cargo, y que dar� lugar a su inamovilidad.

Desde luego, �sta constituye una situaci�n excepcional que no debe presentarse, porque el correcto uso de las atribuciones que la C.�n del Estado de Colima confiere al gobernador del Estado, supone que �ste debe, antes de que termine el ejercicio del cargo de un Magistrado, emitir el dictamen de evaluaci�n de su actuaci�n, que concluya con la proposici�n al Congreso de su ratificaci�n o la negativa a ella, debidamente avalada por el expediente relativo y las pruebas conducentes, pero si el gobernador no emite el dictamen relativo, una vez transcurrido el t�rmino del periodo de duraci�n del cargo, debe entenderse t�citamente ratificado. Esta regla excepcional, derivada del sistema previsto en el art�culo 116 de la C.�n F. para los Poderes Judiciales de los Estados, puede propiciar que la ratificaci�n t�cita favorezca a una persona no id�nea, pero ello, por una parte, no ser�a consecuencia del sistema sino de la negligencia de no emitir el dictamen desfavorable respectivo, por parte del �rgano u �rganos competentes y, por otra, no impedir�a que, seg�n la naturaleza de la falta de idoneidad, se pudiera actuar en contra del Magistrado ratificado t�citamente, de conformidad con la legislaci�n, administrativa y penal, aplicables. As� lo determin� este Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisi�n 2639/96, promovido por F.A.V., en sesi�n de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, cuyas consideraciones relativas son del tenor literal siguiente:

... Por lo que toca al caso concreto, cabe inferir de la interpretaci�n gen�tico-teleol�gica del art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n General de la Rep�blica que, como lo pretende el quejoso, cuando un Magistrado desempe�a el cargo por el periodo para el que fue designado y contin�a en el mismo por los a�os necesarios para alcanzar su inamovilidad, tanto por no haberse emitido dictamen de no ratificaci�n, como por no haberse designado nuevo Magistrado, debe concluirse que no s�lo fue ratificado t�citamente, sino que alcanz� la prerrogativa prevista tanto por la C.�n L. como por la F.. En efecto, si bien antes de concluir el periodo por el que fue nombrado un Magistrado, conforme a la l�gica del sistema, debe emitirse un dictamen en el que, como se precis�, se funde y motive la decisi�n por la que se le ratifica o reelige o por las que se decide en sentido adverso, ante la ausencia de dicho acto administrativo, de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como aconteci� en la especie, debe entenderse, que si el Magistrado continua en el puesto, sin oposici�n de los otros dos poderes, �ste ha sido reelecto t�citamente. La anterior conclusi�n se sustenta, en que para garantizar la independencia de un Magistrado, su permanencia en el cargo no puede quedar al arbitrio de la voluntad del gobernador en turno, el que, como se precis�, tiene la facultad de proponer a la Legislatura L. el dictamen de no ratificaci�n y el nombramiento de un nuevo Magistrado que lo sustituya, lo que implicar�a que de no ejercer esa atribuci�n en el plazo relativo al tiempo por el que fue designado un Magistrado, pudiera, en forma latente, estar ante la posibilidad de llegar a ejercerla en cualquier momento, con lo que se tendr�a al Magistrado, que estar�a obligado a continuar desempe�ando su cargo, en una situaci�n de inseguridad que lo har� f�cilmente vulnerable, en especial frente al funcionario del que depender�a que continuara en su funci�n o fuera removido. Tambi�n puede deducirse de los argumentos expuestos que s�lo podr� hacerse una nueva designaci�n cuando, previamente, el gobernador haya presentado al Congreso el dictamen de no ratificaci�n del Magistrado anterior. ... En efecto, a trav�s de ese mecanismo de mantener a un Magistrado en la situaci�n relatada de no reelegirlo expresamente y no nombrar otro Magistrado que lo sustituya, al estar obligado a continuar en el desempe�o del cargo quedar�a, necesariamente, en una situaci�n de incertidumbre respecto de la estabilidad en su puesto, lo que disminuir�a o aniquilar�a su independencia en relaci�n con los integrantes de los otros poderes, de quienes depender�a su situaci�n. Ello resultar�a especialmente grave, pues dentro de la misma l�gica podr�a hacerse con algunos, e incluso con todos los M. integrantes del tribunal, con lo que se vulnerar�a seriamente la independencia y autonom�a que garantiza el art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n. Por otro lado, ese proceder atentar�a contra la carrera judicial que tiende a garantizar la administraci�n pronta, completa e imparcial que establece el art�culo 17 de la C.�n y que tiene como uno de sus pilares al funcionario judicial que en la permanencia en su cargo logra la excelencia profesional en su desempe�o.-Debe rechazarse, en consecuencia, por violatoria del art�culo 116 de la C.�n F., la interpretaci�n de los art�culos 80, 60, fracci�n IV y 44, fracci�n XXI, de la C.�n Pol�tica del Estado de Michoac�n, que dio lugar a los actos reclamados en el juicio al que se refiere esta revisi�n, pues se correr�a el riesgo de que a trav�s de ese procedimiento, los M. del Poder Judicial desempe�aran sus servicios hasta que, discrecionalmente y en el momento que lo estimara oportuno, el gobernador de la entidad sometiera a la consideraci�n de la legislatura la propuesta de un nuevo Magistrado, de tal suerte que, desde esa �ptica, la inamovilidad como garant�a jurisdiccional quedar�a anulada.-La conclusi�n antes expuesta tambi�n se ve soportada por la aplicaci�n del principio jur�dico de la seguridad jur�dica, ya que la condici�n de un Magistrado, que desempe�� su cargo por el tiempo requerido por la C.�n L. para ser inamovible, sin dictamen adverso y sin designaci�n de un Magistrado que lo sustituyera con anterioridad a que se diera ese supuesto, debe llevar a la conclusi�n establecida de que adquiri� por el transcurso del tiempo y las situaciones descritas, la inamovilidad; pues de lo contrario, la misma se dejar�a en manos de los otros poderes.-La interpretaci�n del art�culo 116, fracci�n III, como ha quedado asentado, debe realizarse tomando en cuenta que debe salvaguardarse en todo caso la independencia del Poder Judicial y la inamovilidad como un mecanismo para llevarla a cabo. Esto quiere decir que de modo general debe interpretarse que as�, antes de concluir el periodo por el que fue nombrado un Magistrado debe emitirse un dictamen en los t�rminos precisados para reelegirlo o para nombrar en su lugar otro Magistrado y, cuando ello no se haga, debe entenderse que el Magistrado ha sido reelecto y, en los t�rminos del art�culo 72 de la C.�n Michoacana, de llegar a completar el tiempo necesario, en igual situaci�n, adquiere la calidad de inamovible. ... No es �bice a lo sostenido precedentemente el contenido de la tesis XLIX/97 del Tribunal Pleno, publicada en el Tomo V, marzo de 1997, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, visible a fojas 137, que establece: ?MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EL TRANSCURSO DEL PERIODO QUE ESTABLECE EL ART�CULO 97 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO FACULTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA IMPEDIR QUE CONTIN�EN EN SUS FUNCIONES, A MENOS QUE AS� LO DETERMINE EN UNA RESOLUCI�N QUE, DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, NIEGUE LA RATIFICACI�N.-El art�culo 97 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los J. de Distrito y los M. de Circuito �durar�n seis a�os en el ejercicio de su encargo, al t�rmino de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.�. En consecuencia, cuando un Magistrado de Circuito o J. de Distrito concluye el periodo de seis a�os en su ejercicio, debe determinarse a trav�s de un acto administrativo de evaluaci�n de la conducta y funcionamiento del interesado, si debe ratific�rsele o no, pues de no llevarse a cabo esa calificaci�n no puede v�lidamente ordenarse la remoci�n. De interpretarse en otro sentido, permitir�a que se restringiera la facultad que el Constituyente de mil novecientos diecisiete reconoci� al Poder Judicial de la Federaci�n para nombrar a sus funcionarios y chocar�a con el sistema de carrera judicial, en el que una de sus caracter�sticas es la permanencia de los funcionarios en los cargos, como presupuesto de una eficaz administraci�n de justicia, as� como de su posible promoci�n. En esas condiciones, en tanto no se lleve a efecto el mencionado acto administrativo de evaluaci�n, el Consejo de la Judicatura F. no est� facultado para impedir que J. y M. contin�en en el ejercicio de sus funciones, invocando exclusivamente el vencimiento del periodo de seis a�os.?.-El criterio anteriormente reproducido no es aplicable en la especie, ya que como ha quedado asentado precedentemente, en el caso de Michoac�n, en el nombramiento y reelecci�n de los M. del Tribunal Superior de Justicia concurren tanto el gobernador del Estado como la Legislatura L., por lo que de aceptarse el criterio que informa la tesis insertada, como se se�al�, la reelecci�n de los M. quedar�a al arbitrio del gobernador del Estado, para que cuando �l lo decidiera formulara la propuesta correspondiente a la legislatura, lo que evidentemente menoscaba la independencia del Poder Judicial de la entidad, por lo que la interpretaci�n jur�dica de la fracci�n III del art�culo 116 del C�digo Pol�tico permite, como lo pretende el quejoso, la reelecci�n t�cita, si con anterioridad al vencimiento del t�rmino por el que fue designado el Magistrado no se emite el dictamen respectivo o se nombra, al vencimiento, uno nuevo, ya que la tesis reproducida parte de que el nombramiento y remoci�n de J. y M.F. es una cuesti�n propia del Poder Judicial de la Federaci�n como una cuesti�n de orden interno y que se ejerce a trav�s del Consejo de la Judicatura F., sin involucrar a otro Poder F.. ...

Las consideraciones anteriormente transcritas dieron lugar a la tesis XXX/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., abril de 1998, p�gina 121, que se�ala:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VII, abril de 1998

"Tesis: P. XXX/98

"P�gina: 121

"MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SI AL CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS NO SE DESIGNA EN SU LUGAR A OTRO Y TRANSCURRE EL PERIODO NECESARIO PARA ALCANZAR LA INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN VALORATIVO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DE SU NO REELECCI�N, DEBE ENTENDERSE QUE ADEM�S DE HABER SIDO REELECTOS T�CITAMENTE, ALCANZARON ESA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (INTERPRETACI�N DE LA F.I. DEL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).-La interpretaci�n gen�tico-teleol�gica de la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos revela la preocupaci�n del Poder Revisor de la C.�n de fortalecer la independencia del Poder Judicial de los Estados y de establecer la inamovilidad de los M. como un mecanismo para lograrla. De lo anterior se sigue que, al interpretarse el precepto anteriormente se�alado, debe buscarse salvaguardar el valor de la independencia judicial por lo que si se est� ante la situaci�n anormal de que al concluirse el periodo por el que fue nombrado un Magistrado, sin que se haya designado uno nuevo que lo sustituya, contin�a en el ejercicio del cargo por el tiempo necesario para alcanzar la inamovilidad, sin que se llegue a emitir un dictamen valorativo que funde y motive la causa para no reelegirlo, debe entenderse que, adem�s de haber sido reelecto t�citamente, alcanz� la inamovilidad, dado que esta calidad no puede quedar sujeta al arbitrio de otros �rganos del poder local en detrimento de la independencia de la judicatura, puesto que a trav�s de ese mecanismo podr�a mantenerse, incluso permanentemente, a todos los integrantes del Poder Judicial, en una situaci�n de incertidumbre en relaci�n con la estabilidad en su puesto lo que, necesariamente, disminuir�a o aniquilar�a la independencia de los M., respecto de los integrantes de los otros poderes y se atentar�a contra el principio de la carrera judicial que tiende a garantizar la administraci�n pronta, completa e imparcial que establece el art�culo 17 de la C.�n, a trav�s de M. independientes, aut�nomos y con excelencia �tica y profesional.

"A. en revisi�n 2639/96. F.A.V.. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en cuanto a la concesi�n del amparo y mayor�a de seis votos en cuanto a las consideraciones y los efectos. Ausentes: J.V.C. y C. y H.R.P.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: A.A.R.C..

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el veintitr�s de marzo en curso, aprob�, con el n�mero XXX/1998, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n no es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito F., a veintitr�s de marzo de mil novecientos noventa y ocho."

S�lo debe precisarse en relaci�n a la tesis anteriormente transcrita, que no es presupuesto para que opere la ratificaci�n t�cita en el cargo de Magistrado, el que no haya sido designado un nuevo Magistrado que sustituya al que ejerci� el cargo por el t�rmino previsto en la C.�n L. y en relaci�n a cuyo desempe�o no se haya emitido un dictamen de evaluaci�n que concluya en la determinaci�n de que no deba ser reelecto, como parece desprenderse de los t�rminos en que se encuentra redactada dicha tesis, pero que del an�lisis de la sentencia dictada por este Tribunal Pleno que dio lugar a la misma, deriva que no es as�, pues es claro que s�lo podr� hacerse una nueva designaci�n cuando, previamente, el gobernador haya presentado al Congreso el dictamen de no ratificaci�n del Magistrado anterior, ya que de aceptarse lo contrario se vulnerar�an sus derechos constitucionalmente establecidos sin resoluci�n fundada y motivada que as� lo determine.

Por tanto, para que opere la ratificaci�n t�cita de un Magistrado en su cargo, s�lo es necesario que se presenten dos condiciones: 1) que se haya ejercido el cargo por el t�rmino previsto en la C.�n L., que en el caso de San Luis Potos�, es de seis a�os; y 2) que al t�rmino del periodo no se haya emitido dictamen de evaluaci�n de su actuaci�n que concluya en la negativa de su ratificaci�n.

Dichas condiciones, contra lo sustentado por el J. de Distrito en su sentencia, s� se encuentran plenamente satisfechas, es decir, la quejosa s� se encuentra en la situaci�n de pod�rsele considerar t�citamente ratificada en su cargo, pues seg�n se deriva de los antecedentes del caso, que se encuentran acreditados en autos y que fueron relatados con anterioridad, fue nombrada Magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potos�, habi�ndose aprobado su nombramiento por el Congreso del Estado por Decreto N�mero 604, de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Peri�dico Oficial de la entidad el d�a diecis�is siguiente, el cual obra a fojas setenta y ocho del expediente del juicio de amparo, se�al�ndose que dicho decreto adiciona el art�culo primero del diverso n�mero 4o., publicado en el Peri�dico Oficial del Estado n�mero 83, de fecha diecis�is de octubre de mil novecientos ochenta y siete. En este �ltimo decreto se hab�an designado M. para el periodo o ejercicio del cargo, del diecis�is de octubre de mil novecientos ochenta y siete al quince de octubre de mil novecientos noventa y tres. De lo anterior se desprende que la parte quejosa fue nombrada Magistrada a partir del d�a diecis�is de enero de mil novecientos noventa y tres, entendi�ndose, de acuerdo con el texto antes transcrito de los referidos decretos, que su cargo terminar�a el d�a quince de octubre del mismo a�o, o sea, durar�a nueve meses. Sin embargo, de nueva cuenta fue nombrada Magistrada, habi�ndose aprobado su nombramiento por el Congreso del Estado, por Decreto N�mero 2, de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Peri�dico Oficial de la entidad el mismo d�a, el cual obra a fojas diecinueve del expediente del juicio de amparo, se�al�ndose como periodo para el ejercicio del cargo, del diecis�is de octubre de mil novecientos noventa y tres al quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve. De lo anterior se desprende que se hab�a desempe�ado con el cargo de Magistrada por m�s de seis a�os, concretamente, por seis a�os nueve meses, sin que las responsables hubiesen acreditado, que al cumplir seis a�os de encargo, hubieran emitido un dictamen a trav�s del cual ratificaran o no a la referida quejosa, por lo que a la fecha en que se inici� el procedimiento de designaci�n de nuevos M. que se impugna, seg�n propuesta del Ejecutivo F. de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, recibida en el Congreso el veintis�is del mismo mes y a�o, ya hab�a contabilizado m�s de seis a�os en el ejercicio ininterrumpido del cargo, sin que existiera dictamen a favor o en contra de su reelecci�n o ratificaci�n, de ah� que resulte claro, que s� se surten los presupuestos para la operancia de la ratificaci�n t�cita de dicho cargo, raz�n por la cual, aunque por diversos motivos, debe confirmarse la concesi�ndel amparo a la quejosa, porque el procedimiento que llev� a su remoci�n resulta violatorio de sus garant�as, al haberse iniciado cuando ya se hab�a configurado la t�cita ratificaci�n de su cargo.

Ahora bien, con relaci�n a la concesi�n del amparo debe se�alarse que en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 80 de la Ley de A. "La sentencia que conceda el amparo tendr� por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n, cuando el acto reclamado sea de car�cter positivo ...", por lo que los efectos de la concesi�n del amparo a la parte quejosa, precisamente implican el retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n, dej�ndose insubsistente el procedimiento de designaci�n de nuevos M. y de integraci�n del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potos� en relaci�n con la quejosa, para poderla reinstalar en el puesto que ven�a desempe�ando, con el pago de las percepciones que dej� de percibir desde que fue separada de su cargo, para volver as� las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n de garant�as, existiendo la imposibilidad de que se dictamine sobre su ratificaci�n o no, pues conforme a lo anterior, t�citamente la ha conseguido por virtud del transcurso del tiempo, esto es, por desempe�arse con el cargo de que se trata por m�s de seis a�os, contabilizando el total de los dos periodos por los que fue nombrada, es decir, se ejerci� a satisfacci�n el cargo por el t�rmino previsto en la C.�n L., sin que se emitiera el dictamen correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, cabe precisar que debe ser considerado v�lido todo lo actuado por la persona que, con el car�cter de Magistrado ha venido fungiendo en lugar de la quejosa en la adscripci�n en que se encontraba hasta que �sta reasuma sus funciones en acatamiento estricto de este fallo, lo que deber� hacerse en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificaci�n de esta ejecutoria, sin que proceda, por tanto, el reintegro de las percepciones que por el desempe�o del cargo recibi� el Magistrado que ven�a sustituyendo a la quejosa.

En las relatadas condiciones, al resultar fundado el segundo de los agravios planteado por la quejosa recurrente, que ha motivado la modificaci�n de la concesi�n del amparo en los t�rminos antes indicados, es innecesario pronunciarse respecto del cuarto de los agravios del gobernador del Estado de San Luis Potos�, en el cual controvierte la forma en que originalmente el a quo otorg� el amparo, pues dicha forma se reitera, ha sido confirmada por diversos motivos.

En otras palabras, el J. otorg� el amparo para que con plena jurisdicci�n, el gobernador estatal emitiera dictamen debidamente fundado y motivado en el que determine la ratificaci�n o no ratificaci�n de la quejosa como Magistrada, lo cual controvierte dicho gobernador en el cuarto de sus agravios; sin embargo, como este Alto Tribunal por virtud de haber declarado fundado el segundo de los agravios de la quejosa, ha modificado los t�rminos de la concesi�n del amparo, al considerar, que dicha quejosa ha sido ratificada t�citamente, adquiriendo la inamovilidad en su cargo, y que �sta debe ser reinstalada con todas las prestaciones que ha dejado de percibir desde la fecha de su remoci�n, por ello resulta innecesario el an�lisis del referido agravio del gobernador, pues no puede analizarse algo que ha sido confirmado por diversos motivos, como acontece en la especie.

Por lo expuesto, y con fundamento adem�s en los art�culos 90 y 91 de la Ley de A., se

resuelve:

PRIMERO

?Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO

?La Justicia de la Uni�n ampara y protege a Mar�a E.S.G.�n, contra las autoridades y por los actos precisados en el primer resultando de esta resoluci�n, para los efectos especificados en el �ltimo considerando de esta ejecutoria.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de ocho votos de los se�ores Ministros: A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., O.M., S.C., S.M. y presidente G�ngora P. se aprob� el resolutivo primero; los se�ores Ministros G.�o P. y A.A.�n votaron en contra y por la confirmaci�n de la sentencia recurrida; y por unanimidad de diez votos se aprob� el resolutivo segundo, excepto por lo que se refiere a la parte final, en cuanto a los efectos de la concesi�n del amparo, la que fue aprobada por mayor�a de ocho votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., O.M., S.C., S.M. y presidente G�ngora P.; los se�ores Ministros G.�o P. y A.A.�n votaron en contra, y manifestaron que formular�n voto de minor�a. No asisti� el se�or Ministro Humberto Rom�n P., por estar desempe�ando una comisi�n de car�cter oficial. Fue ponente el se�or Ministro Jos� de Jes�s G.�o P..