Ejecutoria num. P. LXII/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26829223

Ejecutoria num. P. LXII/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. LXII/97
Localizacion:GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 1997
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 1355/95. INMOBILIARIA RAMA, S.A. DE C.V.PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ARTÍCULO 170 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA. NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CON LA CLAUSURA QUE ESTABLECE.SOCIEDADES MERCANTILES. LA ADOPCIÓN DE LA MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE QUE REALICE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, NO ORIGINA UNA PERSONA MORAL DISTINTA, POR LO QUE SUBSISTEN LOS MANDATOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD.VISITAS DOMICILIARIAS. LA CLAUSURA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y SANCIÓN NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, SI EL ACTO DE MOLESTIA CONSTA POR ESCRITO, EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Nota: Esta ejecutoria apareci� publicada bajo el rubro: "VISITA DOMICILIARIA. LA NORMA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA SU REALIZACI�N Y QUE FACULTA A LA AUTORIDAD QUE LA PRACTIQUE, PARA APLICAR DETERMINADAS MEDIDAS Y SANCIONES, DEBE SUJETARLA A LAS FORMALIDADES PREVISTAS PARA LOS CATEOS, EN RESPETO A LAS GARANT�AS DE SEGURIDAD JUR�DICA Y DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.".

AMPARO EN REVISI�N 1355/95. INMOBILIARIA RAMA, S. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIO: NE�FITO L�PEZ RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente recurso de revisi�n, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 84, fracci�n I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracci�n II, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se trata de un recurso de revisi�n contra una sentencia dictada por un J. de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se plante� la inconstitucionalidad de una ley emanada del Congreso de la Uni�n, como es la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, en cuanto a su art�culo 170.

SEGUNDO

Los agravios expuestos por la recurrente son del tenor literal siguiente:

"PRIMER AGRAVIO. Al decretar el sobreseimiento del amparo promovido por Inmobiliaria Rama, S., que reclamaba la inconstitucionalidad de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico, por la causal prevista en la fracci�n XII del art�culo 73, en relaci�n con la fracci�n III del art�culo 74 de la Ley de Amparo, la J. Segundo de Distrito en el Estado de G. aplic� indebidamente los mencionados art�culos, as� como la tesis de jurisprudencia 1386 (sic): ?ORDENAMIENTOS GENERALES. T�RMINO PARA PROMOVER EL AMPARO CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE LA APLICACI�N.?. De los numerales mencionados se desprende que es improcedente el amparo contra actos consentidos t�citamente, entendi�ndose que esto ocurre cuando no se promueve dentro del t�rmino que se�ala la ley, en el caso, seg�n la J., no se reclam� dentro del t�rmino de 15 d�as del primer acto de aplicaci�n, de la Ley General de Ecolog�a. Cierto es que en la demanda de amparo se se�ala como acto reclamado al Congreso de la Uni�n, la aprobaci�n de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 28 de enero de 1988 y actos derivados, por la evidente inconstitucionalidad de su art�culo 170, la J. a quo, sostiene que los reclamados, no son los primeros actos fundados en dicha Ley del Equilibrio Ecol�gico y P.�n al Medio Ambiente, que se aplicaron en contra de Inmobiliaria Rama, S., ya que consta en autos el acta de inspecci�n 012-001-013/91 Chilpo (sic) levantada el 27 de septiembre de 1991, y de ella se advierte la inoportunidad. Sin embargo, eso no es correcto por lo siguiente:-a) Cierto es que obra en autos el acta de septiembre de 1991, en la cual ya se menciona la Ley del Equilibrio Ecol�gico, pero la J. de Distrito omite tomar en cuenta que dicha acta y la aplicaci�n correspondiente de la ley, qued� sin efecto por el contenido del oficio 00645, en donde la Subsecretar�a de Ecolog�a, D.�n General de Normatividad y R.�n Ecol�gica indica que la autoridad federal carece de jurisdicci�n en el fraccionamiento B.M.�s y que esto corresponde a las autoridades del Estado de G. al contar con la Ley Ecol�gica. Para mayor claridad debe decirse que el antecedente de ello se encuentra en la comunicaci�n de 10 de octubre de 1991, en donde el delegado estatal de la Sedue consulta al funcionario mencionado ?para su conocimiento y efectos consiguientes?, sobre las actuaciones practicadas el 27 de septiembre de 1991, esto es, somet�a lo actuado a la opini�n de esa direcci�n. Es decir, habr�a remedio a la acci�n de la delegaci�n estatal de Sedue, como de hecho ocurri� al dejar de intervenir las autoridades federales en el caso de B.M.�s, por existir la Ley de Ecolog�a estatal y porque adem�s las autoridades ecol�gicas del Estado eran las competentes, lo que se interpreta de la respuesta del director de Normatividad de la Sedue que textualmente dice: ?En respuesta al mismo comunico a usted que de acuerdo a los art�culos 6o., fracci�n XIV, 35, 37, fracci�n VII y 38, segundo p�rrafo, de la Ley del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente de esa entidad federativa, corresponde al Gobierno del Estado la evaluaci�n de impacto ambiental, trat�ndose de fraccionamientos, unidades habitacionales y de nuevos centros de poblaci�n, por lo que esta unidad administrativa no es competente para intervenir en el asunto que se comenta.?. Es evidente de septiembre de 1991 (sic), el oficio del delegado de Sedue, la respuesta del director de Normatividad, que la J. no analiz� debidamente las constancias de autos, como son la misma acta de inspecci�n, de haberlo hecho hubiera advertido que la misma autoridad corrigi� su actuaci�n y que, por lo tanto, hab�a quedado sin efecto lo actuado por el delegado de Sedue. b) Adem�s, en el acta de inspecci�n de septiembre de 1991, no hay una menci�n concreta de disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico, como para considerar que hubo acto de aplicaci�n fundado en dicha ley. En la foja 5 leemos lo siguiente: ?Acto seguido, visto el riesgo inminente de desequilibrio ecol�gico con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes y la salud p�blica, y con fundamento en el oficio de orden de visita n�mero 131.3.826 de fecha veintis�is de los corrientes y en las disposiciones legales: art�culos 1o., 160, 162, 164, 170, 171, 174, 28 y 70 del Reglamento en Materia de Impacto Ambiental y dem�s relativos de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente.?; es decir, que se hace menci�n a diversas disposiciones concretas del Reglamento en Materia de Impacto Ambiental y ?dem�s relativos de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente? y no hay ninguna otra menci�n ni siquiera en la hoja pen�ltima del art�culo 170 impugnado, simplemente menciona la ley, pero no indica cu�l es el art�culo en que se funda; es importante subrayar que no es suficiente que se indique que se apoya en una ley, sino que era necesario indicar qu� art�culo en concreto fundaba su actuaci�n, puesto que de otra forma esa imprecisi�n dejar�a en estado de indefensi�n al perjudicado, que no estar�a en aptitud de impugnar debidamente el acto reclamado y si se tratara de un error, �ste no puede corregirse en perjuicio del quejoso;-c) Adem�s, no s�lo se tilda de inconstitucional la Ley del Equilibrio Ecol�gico en su art�culo 170, sino tambi�n el art�culo 33 del acuerdo de 15 de julio de 1991, que alude a cuestiones similares (aun cuando son sustancialmente diferentes), esto es, la aplicaci�n de medidas de seguridad, con la agravante de que esta �ltima permite que apliquen esas medidas ?auditores, peritos o inspectores de las procuradur�as y sus delegaciones? en franca violaci�n al art�culo 16 constitucional, en cambio, el art�culo 179 de la ley estableci� cierto (sic) la medida de seguridad que aplicar�a ?la secretar�a cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecol�gico o casos de contaminaci�n con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, o la salud p�blica?, ?y promover la ejecuci�n ante la autoridad competente, en los t�rminos de las leyes relativas de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establecen.?. Esto es, respetando el derecho de audiencia, a diferencia del 33 del acuerdo, que lo deja al arbitrio del inspector. Sobre este punto, es atendible la tesis del Pleno que a continuaci�n se transcribe:-?LEYES, CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE CUANDO DOS ORDENAMIENTOS LEGALES CONTEMPLAN SITUACIONES JUR�DICAS IGUALES, AUN CUANDO SE HAYA CONSENTIDO LA CREADA POR EL PRIMERO DE AQU�LLOS. Aun cuando la quejosa se hubiera sometido a las disposiciones que contemplaba la ley anterior y que tales disposiciones se recojan en la nueva ley reclamada, ello de ninguna manera puede implicar que la nueva ley resulte derivada de aquella que fue consentida, ya que, desde el punto de vista formal y material, son actos legislativos distintos. S�ptima �poca, Primera Parte, Vol. 38, p�g. 36. A.R. 3729/69, H.E., S., (Acums.). Unanimidad de 16 votos. V.. 127-132, P�g. 215. A.R. 4287/77. Gas Huatusco, S. de R.L., Unanimidad de 18 votos. V.. 163-168, P�g. 99. A.R. 6211/81, Cal de A., S. Unanimidad de 15 votos. V.. 163-168, P�g. 99. A.R. 3014/79. Industrias Qu�micas de M�xico, S. Unanimidad de 16 votos. V.. 181-186. A.R. 5643/79. J.�s G.G. y otros (Acumulados). Unanimidad de 16 votos.?. Es bien importante destacar que ni el art�culo 16 constitucional, ni la Ley General del Equilibrio Ecol�gico, en su art�culo 170, autoriza que se apliquen, en inspecci�n, medidas de seguridad; en cambio, el acuerdo, en su art�culo 33, permite incluso que la aplique no s�lo cualquier inspector, tambi�n los peritos y auditores, por ello, el primer acto de aplicaci�n del art�culo 33 del acuerdo es el practicado por un inspector en Brisa M.�s, en septiembre de 1994, de all� pues, la oportunidad del amparo, de conformidad con los art�culos 73, fracci�n XII y 114, fracci�n I, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo dicho me atrevo a transcribir la siguiente jurisprudencia. ?Poder Judicial de la Federaci�n. 16/05/95. 1er. CD-ROM septiembre de 1991. Hoja No. 1. Fuente: Com�n. S.�n: Jurisprudencia. N�m. Tesis: 194. Ap�ndice: 1985. P�gina: 315. Vol. Tomo: VIII. �poca: T�tulo (sic) ORDENAMIENTOS GENERALES. T�RMINO PARA PROMOVER EL AMPARO CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE SU APLICACI�N. Texto: Cuando se reclaman, con motivo del primer acto concreto de su aplicaci�n en perjuicio del quejoso, Disposiciones contenidas en ordenamientos de car�cter general y abstracto, tr�tese de leyes, reglamentos, circulares o acuerdos, la demanda debe presentarse dentro del t�rmino de 15 d�as computados del modo establecido en el art�culo 21 de la ley de amparo. Precedentes: S�ptima �poca, Tercera Parte: Vol. 56, p�g. 29. A.R. 918/73. Almacenes A., S. 5 votos. Vol. 56, p�g. 29. A.R. 2744/73. A.�n L�pez U.. 5 votos. Vol. 56, p�g. 29. A.R. 2852/73. C.L., S. 5 votos. Vol. 59 p�g. 43. A.R. 1047/73. F.B.R.. 5. votos. Vol. 61, p�g. 37. A.R. 3108/73. H.M.T.. 5. Votos.?. Como consecuencia de lo anterior, al no haberse fundado el acto de 27 de septiembre de 1991, expresamente en el art�culo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico, resulta oportuno ahora estudiar su inconstitucionalidad; adem�s, el inspector responsable de la clausura del 10 (sic) septiembre de 1994, se apoy� en el art�culo 33 del acuerdo, que le da facultades ampl�simas para aplicar medidas de seguridad que se consideren necesarias, siendo oportuno el amparo por haberse promovido dentro del t�rmino de 15 d�as del primer acto de aplicaci�n, por lo que debi� entrarse al estudio de todos los conceptos de violaci�n y en especial el que ata�e al art�culo 33 del acuerdo de 15 de julio de 1992, que incluso puede desvincularse del art�culo 170 de la ley general, puesto que tiene vicios propios. Quiero remarcar que solamente el art�culo 170 de la ley, en s� mismo, podr�a interpretarse de manera distinta, pero con el art�culo 33 del acuerdo se le da una connotaci�n distinta, que afecta al quejoso no s�lo su aplicaci�n sino el texto constitucional (sic), como se expresa en la demanda de amparo. d) Pero adem�s, no consta en forma alguna que se hubiese notificado al representante legal de Inmobiliaria Rama, S. el acta de inspecci�n de septiembre de 1991, como para que pudiera considerarse que hubo un conocimiento directo de la aplicaci�n de la misma y no inferirlo a base de presunciones, como en el caso lo hizo la J. Segundo de Distrito, esto es, que no debi� tomar en cuenta el supuesto acto de aplicaci�n que motiva el sobreseimiento. Por las anteriores consideraciones, resulta que contrariamente a lo dicho por la J., no se tipifica la causal de sobreseimiento invocada por ella, siendo oportuna la presentaci�n del amparo, conforme al art�culo 114, fracci�n I, de la Ley de Amparo; por ello era obligado el estudio de los conceptos de violaci�n, por lo que debe revocarse la resoluci�n de sobreseimiento y entrar al estudio de la inconstitucionalidad de dicho cuerpo normativo y de los conceptos de violaci�n, que como consecuencia del sobreseimiento, no estudi� la J. a (sic). SEGUNDO AGRAVIO. Suponiendo sin conceder que valiera el sobreseimiento del acto reclamado, consistente en la aprobaci�n y promulgaci�n de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico, no debieron sobreseerse los dem�s actos reclamados, sino entrar al estudio de la inconstitucionalidad de los mismos por vicios propios, lo contrario equivaldr�a (como as� ha ocurrido), a dejar en completo estado de indefensi�n a la quejosa, por violaci�n a los art�culos 76 y 77 de la Ley de Amparo, puesto que el sobreseimiento impide el an�lisis de los actos reclamados, pero s�lo de aquellos que est�n dentro del supuesto normativo, para as� decretarlos. Es oportuno transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia sobre esta cuesti�n, que si bien no se refiere al caso concreto, por exclusi�n bien podr�a tomarse en cuenta:

?LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACI�N. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicaci�n concreta en perjuicio del quejoso, el J. no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicaci�n, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por s� solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculaci�n entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicaci�n, que impide examinar el uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicaci�n necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos �ltimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicaci�n, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesi�n del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender tambi�n al acto de su aplicaci�n. S�ptima �poca, Tercera Parte: Vol. 58, p�g. 55. A.R. 583/73. E.H., S. 5 votos. Vol. 61, p�g. 33. A.R. 2577/73. E.S.M., S. de C.V. 5 votos. Vol. 70, p�g. 51. A.R. 2323/72. Almacenes C., S. 5 votos. V.. 133-138, p�g. 71. A.R. 5006/79. Transportes Tur�sticos M�xico-Express, S. 5 votos. V.. 145-150, p�g. 78. A.R. 4773/80. Neftal� Fuentes, 5 votos.?. -Es importante diferenciar el art�culo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico establece (sic) claramente que corresponde a la secretar�a (no a un inspector), ordenar la aplicaci�n de la medida de seguridad, cuando se den los graves supuestos (desequilibrio ecol�gico, casos de contaminaci�n con repercusiones peligrosas ...), en esos casos podr� ordenar (as� lo dice), entre otras cosas, la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, y promover la ejecuci�n ante la autoridad competente, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establecen; en el fondo incluso podr�a advertirse que pudiera ser correcta dicha disposici�n y aun que valdr�a considerar que no existe inconstitucionalidad, porque en efecto, la medida de seguridad la ordenar�a la secretar�a, entendi�ndose esto en un procedimiento respetando las formalidades del procedimiento (sic), en cambio, el art�culo 33 del acuerdo es francamente inconstitucional, diferente al anterior, porque un simple inspector est� facultado para realizar ?auditor�as ambientales, visitas de inspecci�n y peritajes y para aplicar las medidas de seguridad que se consideren necesarias?, como efectivamente lo hizo en B.M.�s, hasta all� est� claramente diferenciado el procedimiento que no le atempera que hasta el final del art�culo y ambiental (sic), porque la autorizaci�n al inspector es contundente. Remarco la diferencia de situaciones. En aqu�lla (la ley) la secretar�a ordena, en �sta es el inspector que a su criterio y en el acto de la inspecci�n aplica la medida de seguridad. De all� que aun cuando ni siquiera se impugnara la Ley de Ecolog�a, con el solo apoyo del acuerdo el inspector clausura un fraccionamiento, como en efecto lo hizo, sin respetar las garant�as de audiencia y legalidad. En suma, el sobreseimiento de los actos reclamados sobre la inconstitucionalidad de una ley, s�lo tiene efectos sobre ese acto, no es extensivo hacia los dem�s, acto que, como el acuerdo, tiene vicios propios y que fue el fundamento para la clausura; nadie imped�a a la J. el an�lisis de los conceptos de violaci�n, aun sobreseyendo el amparo contra la Ley General de Ecolog�a. Es m�s, quitemos el concepto de violaci�n que ataca la Ley General de Ecolog�a, qued�monos con el art�culo 33 del acuerdo, seguir�a siendo un amparo contra ley, de conformidad con el art�culo 114, fracci�n I, de la Ley de Amparo, lo que traer�a como consecuencia el estudio de los conceptos de violaci�n, a partir del inconstitucional art�culo 33 ya citado, el no hacerlo signific� que la J. Segundo de Distrito violara los art�culos 76 y 77 de la Ley de Amparo, por lo que solicito se repare esa violaci�n, revocando la sentencia y entrando al an�lisis de los conceptos de violaci�n. TERCER AGRAVIO. Se promueve un amparo en el que se tilda de inconstitucional una ley y un acuerdo de observancia general y obligatoria, o sea, es lo que podr�amos llamar amparo contra leyes, esto, como bien lo dice la a quo y que expresamente lo se�ala el art�culo 73, fracci�n II (sic), hace que no sea necesario agotar el recurso que la ley impugnada establece; ahora bien, ese solo hecho obligaba a la J. Segundo de Distrito a efectuar el an�lisis de los conceptos de violaci�n, ya que el sobreseimiento de una de las dos normatividades reclamadas, no trae como consecuencia que se hubiere tenido que agotar el recurso, entre otras, por las siguientes razones:-a) Se trata, como ya se dijo, de un amparo contra leyes; b) Porque el art�culo 73, fracciones II y III (sic), nada dice respecto a que decretado el sobreseimiento de la ley, entonces estar�a obligado a agotar el recurso. Esto a mi me parece que no permite la interpretaci�n que hizo la J., porque el paso siguiente ser�a que, de declararse que no hay vicio de inconstitucionalidad de la ley reclamada, entonces tambi�n se sobreseer�a. Bien o mal, no hubo sometimiento a la ley, esto es lo b�sico y all� no hab�a por qu� agotar los recursos que ella misma se�ala. Adem�s, como se ha venido repitiendo, se impugna un acuerdo en el que se apoy� el inspector para clausurar el fraccionamiento, sin sometimiento al mismo, ni a la Ley de Ecolog�a; c) Adem�s, se reclama la violaci�n a las garant�as de audiencia y de legalidad, o sea, de la violaci�n directa a preceptos de la Constituci�n. Esto tiene importancia por cuanto a que los actos de molestia fueron sin audiencia del afectado, lo que es contrario al art�culo 16 constitucional, por ello sabiamente se da opci�n al quejoso de agotar el recurso o irse al amparo, lo que mejor le convenga, lo que en el caso se hizo. El quejoso opt� por el amparo, por lo tanto, no cab�a el sobreseimiento, de all� que la J. viola los art�culos 73, fracciones II y III (sic), as� como 75 y 76 de la Ley de Amparo, en la sentencia recurrida, por lo que debe revocarse y entrar al estudio de los conceptos de violaci�n. CUARTO AGRAVIO. La J. Segundo de Distrito omite analizar todos los actos reclamados, violando en consecuencia los art�culos 76 y 77 de la Ley de Amparo. En efecto,en su sentencia, si bien transcribe en el primer resultando los actos reclamados, en los considerandos para nada se refiere a ellos. Me refiero en concreto a que en el amparo se reclam� entre otros: ?d) Del secretario de Desarrollo Social, reclamo que se decrete la inconstitucionalidad del acuerdo dado en la Ciudad de M�xico, D.F., el 15 de julio de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 17 del mismo mes y a�o, que regula la organizaci�n y funcionamiento interno del Instituto Nacional de Ecolog�a y de la Procuradur�a Federal de P.�n al Ambiente, por la evidente inconstitucionalidad del art�culo 33 de dicho acuerdo, que es pr�cticamente un reglamento que en todo caso corresponder�a al presidente de la Rep�blica, el cual permite a los auditores, peritos e inspectores de las procuradur�as y sus delegaciones, aplicar las medidas de seguridad que se consideren necesarias con flagrante violaci�n al art�culo 16 constitucional y de la misma Ley General de Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente.?. Es incuestionable que la sentencia de amparo debe atender todo lo expuesto en la demanda y resolver todos los puntos que fueron sometidos a su consideraci�n, de conformidad con los art�culos 76 y 77 de la Ley de Amparo. Aqu� evidentemente que hubo incongruencia, puesto que no estudi� el acto mencionado con anterioridad. �ste tiene importancia no s�lo como una violaci�n, independientemente que debe ser reparada, sino porque adem�s tiene relaci�n con el sobreseimiento sobre la inoportunidad del amparo atendiendo al principio de definitividad. En efecto, el acuerdo reclamado contiene disposiciones de fondo que reglamentan el funcionamiento de la Procuradur�a Federal de P.�n al Ambiente y de personal a su servicio, como en el caso de inspectores y notificadores, y fue precisamente un inspector que aplic�, como medida de seguridad, la cancelaci�n del fraccionamiento, el 10 de septiembre de 1994. Este acuerdo, publicado el 17 de julio de 1992, es posterior a la creaci�n de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico (enero de 1988) y a la creaci�n misma de la Procuradur�a Federal de P.�n al Ambiente (4 de junio de 1992, por medio del Reglamento Interior de la Sedesol), siendo su primer acto de aplicaci�n el que se reclama y por lo tanto es oportuna la demanda de garant�as, de conformidad con el art�culo 114, fracci�n I, de la Ley de Amparo, de ah� que no debi� sobreseerse el amparo y entrar al estudio de si era constitucional o no el acuerdo reclamado, que es una verdadera ley. Ese inconstitucional acuerdo del secretario de Sedesol, estrictamente es un acto legislativo, porque contiene disposiciones generales y abstractas, adem�s porque no s�lo reglamenta dos dependencias, sino que establece su organizaci�n y funcionamiento, veamos el Art�culo 1o.: ?El presente Acuerdo tiene por objeto regular la organizaci�n y funcionamiento interno de los �rganos desconcentrados de la Secretar�a de Desarrollo Social, denominados Instituto Nacional de Ecolog�a y Procuradur�a Federal de P.�n al Ambiente.?. Y el art�culo 33, cuya inconstitucionalidad a mi parecer es incuestionable, se�ala: ?Art�culo 33. Los auditores, peritos e inspectores de la procuradur�a y sus delegaciones estar�n facultados para realizar auditor�as ambientales, visitas de inspecci�n y peritajes, y para aplicar las medidas de seguridad que se consideren necesarias, en t�rminos de lo dispuesto por las disposiciones jur�dicas aplicables en materia ecol�gica y ambiental.?. F�cilmente se puede advertir que se trata de una ley de observancia general, no de un simple acuerdo, que adem�s establece la organizaci�n y funcionamiento del Instituto Nacional de Ecolog�a y de la Profepa (sic), menciona departamentos, funciones y atribuciones, de all�, pues, que impugnar ese acuerdo de inconstitucional, para efectos del amparo, es una impugnaci�n a una ley; as� se le llame acuerdo, mediante este juicio, sigue las mismas reglas del amparo contra leyes a que se refiere el art�culo 21 de la Ley de Amparo, esto es, a partir del primer acto de aplicaci�n en perjuicio del quejoso. ?REGLAMENTOS. T�RMINO PARA INTERPONER AMPARO EN SU CONTRA. C�MPUTO PARA LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA LAS LEYES. Trat�ndose del amparo contra leyes, �stas pueden impugnarse cuando son autoaplicativas, es decir, en los casos en que por su sola expedici�n causan perjuicio a los quejosos, debiendo promoverse la demanda dentro del t�rmino de treinta d�as contados a partir de la fecha en que inicie su vigencia la ley impugnada (art�culo 22, fracci�n I, de la Ley de Amparo), o cuando se actualice el perjuicio con el primer acto de aplicaci�n, en cuyo supuesto la demanda debe promoverse dentro del t�rmino establecido en el art�culo 21 de la Ley de Amparo. Esos principios son aplicables no solamente a las leyes, sino tambi�n a los reglamentos, en virtud de que, aunque �stos formalmente son actos administrativos, en su aspecto material constituyen verdaderos actos legislativos por cuanto a que son de naturaleza impersonal, general y abstracta. S�ptima �poca, Tercera Parte: Vol. 70, p�g. 53. A.R. 2323/72. Almacenes C., S. 5 votos. V.. 115-120, p�g. 80 A.R. 524/78. Perfiles, M., T., T. y Similares, S. Unanimidad de 4 votos. V.. 127-132, p�g. 98 A.R. 3591/78. R.M., S. de C.V. 5 votos. V.. 145-150, p�g. 102 A.R. 4773/80. N.M.F., 5 votos. V.. 187-192 A.R. 480/84. Compa��a Minera R�o Colorado, S. Unanimidad de 4 votos. Esta tesis apareci� publicada con el n�mero 407, en el Ap�ndice 1917-1985, Tercera Parte, p�g. 716.?. Es clara, pues, la violaci�n por la a quo al principio de congruencia que consagran los art�culos 76, 77 y 114, fracci�n I, de la Ley de Amparo, por lo que debe revocarse la sentencia y proceder al estudio de los conceptos de violaci�n, sobre el inconstitucional acuerdo, que indebidamente la J. omiti� hacerlo y todos los dem�s actos reclamados. QUINTO AGRAVIO. La J. Segundo de Distrito sobresee en el amparo porque indica que se promueve en contra de una ley que se tilda de inconstitucional y que ya hubo acto de aplicaci�n, por lo tanto, es inoportuno el amparo y respecto a los dem�s actos, tambi�n los sobresee por considerar que debi� agotar el promovente, previamente a la interposici�n de la demanda de garant�as, el recurso correspondiente. Esto no es correcto por lo siguiente:-Hay varias excepciones al principio de definitividad que se desprenden del art�culo 73 de la Ley de Amparo, o sea, que no es necesario agotar el recurso:-1. Cuando se trata de amparos contra leyes o reglamentos, art�culo 73, fracci�n XII y tesis de jurisprudencia 403, �ltimo Ap�ndice, Segunda Secretar�a (sic). 2. Si el acto reclamado carece de fundamentaci�n (73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo) o implica la violaci�n directa a un precepto constitucional. 3. Cuando se trata de la materia administrativa, si el recurso no prev� la suspensi�n o la prev� exigiendo m�s requisitos que los que se�ala el art�culo 124 de la Ley de Amparo; 107 constitucional, fracci�n IV y 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo. 4. Tambi�n estimo conveniente mencionar, como excepci�n, cuando se est� dentro de las fracciones II y III del art�culo 103 de la Constituci�n General de la Rep�blica, ya que en todo caso se tratar�a de la violaci�n a preceptos constitucionales. En el caso a estudio se est� dentro de todos los casos de excepci�n se�alados. En efecto, se promueve un amparo sin sometimiento a la ley, puesto que se plantea su inconstitucionalidad, tambi�n del acuerdo en su art�culo 33 de dicha ley (sic), que otorga facultades a simples inspectores o notificadores para imponer sanciones en el acta de visita, como ocurri� en el caso que nos ocupa. Es evidente pues, que se trata de un amparo contra leyes y aqu�, independientemente de la oportunidad e inoportunidad (sic) de la misma, estaba obligada la J. de Distrito a analizar los dem�s conceptos de violaci�n, lo que no hizo en un af�n denegatorio de justicia que debe ser reparado. Pero adem�s existe la violaci�n expresa y directa de preceptos constitucionales. A.�rtase que en el 2o. y 4o. conceptos de violaci�n se reclama la violaci�n directa y expresa de los art�culos 16, 124 y 103, fracci�n II (sic), de la Constituci�n. En el caso, el art�culo 16 constitucional establece cu�les son las formalidades que deben seguirse en las visitas domiciliarias, en el amparo se establece que el art�culo 16 constitucional ordena que debe haber mandamiento escrito dirigido al quejoso, a fin de verificar si se cumplen los reglamentos sanitarios y de polic�a o pedir exhibici�n de libros, pero de ninguna manera se autoriza aplicar la medida sancionadora, como lo hizo el inspector. Y por otro lado, hay una invasi�n de soberan�a estatal, puesto que las cuestiones relativas a los fraccionamientos son competencia de las autoridades estatales, conforme al art�culo 124 de la Constituci�n, lo que ni siquiera se analiz�, por ello hay una violaci�n a la fracci�n II del art�culo 103 de la Constituci�n General de la Rep�blica, puesto que invadiendo la soberan�a estatal se violan las garant�as individuales de mi mandante. En tercer lugar, se alega la invasi�n de soberan�a invocada por los art�culos 103, fracci�n I y 124 de la Constituci�n General de la Rep�blica, porque la misma autoridad responsable del conocimiento de la materia ecol�gica, la D.�n General de Normatividad y R.�n Ecol�gica, ya hab�a declinado jurisdicci�n en favor de las autoridades estatales, no obstante vuelven, despu�s de varios a�os, a iniciar un procedimiento y a clausurar un fraccionamiento, no obstante contar con las autorizaciones estatales y a pesar de que la autoridad federal ninguna facultad ten�a para intervenir en un fraccionamiento estatal, apoy�ndose el inspector en el inconstitucional art�culo 33 del acuerdo multicitado. Adem�s, si comparamos la Ley de Amparo, art�culo 124 y el art�culo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico, advertiremos que esta �ltima tiene mayores requisitos para conceder la suspensi�n de los actos reclamados, puesto que, a�ade: ?No se trata de infracciones reincidentes?. Por ese solo hecho se est� dentro del caso de excepci�n para no agotar previamente el recurso ordinario. En suma, no es aplicable el principio de definitividad en perjuicio de la quejosa, ni la causal prevista en la fracci�n XIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, por estar en los casos de excepci�n que establece la ley, lo que la obligaba a la J. (sic) entrar (sic) al fondo y al estudio de los conceptos de violaci�n opuestos.

TERCERO

El agente del Ministerio P�blico Federal de la adscripci�n, plantea como causa de improcedencia que el promovente del amparo no acredita la representaci�n de la persona moral denominada Inmobiliaria Rama, S. de C.V., porque el poder que exhibe fue otorgado por Inmobiliaria Rama, S., que es distinta a la primeramente mencionada, por lo que, en su opini�n, se surte la causa de improcedencia establecida en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n con lo que disponen los art�culos 4o. y 8o., todos de la Ley de Amparo, y que debe sobreseerse en el juicio de garant�as.

Ahora bien, en el caso, de las constancias que integran el expediente de amparo, se advierte, por un lado, que en escrito presentado el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, ante la Oficial�a de Partes Com�n de los Juzgados de Distrito en el Estado de G., con residencia en la ciudad de Acapulco, L.U.F. ostent� el car�cter de apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administraci�n y de dominio de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., y que tal car�cter lo acreditaba con la copia certificada de la escritura n�mero 85,719 del protocolo de las notar�as p�blicas n�meros 48 y 49 del Distrito Federal.

A la demanda de garant�as acompa�� copias fotost�ticas certificadas por el notario p�blico n�mero 12 del Distrito Federal, de la referida escritura p�blica n�mero 85,719, por lo que atendiendo a su calidad de documento p�blico, se le concede valor probatorio pleno, en t�rminos de los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, en t�rminos del art�culo 2o. de esta �ltima, y de dicho documento se desprende que con fecha dos de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, el notario p�blico n�mero 145 del Distrito Federal, hizo constar que ante �l compareci� R.R. de Su�rez, en representaci�n de Inmobiliaria Rama, Sociedad An�nima, a otorgar mandato en favor de L.U.F..

El documento de referencia tambi�n hace constar que R.R. de Su�rez acredit� la personalidad que ostent�, con testimonio de la escritura n�mero 85,101, de fecha once de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, en la que se protocoliz� el acta de asamblea general de accionistas de Inmobiliaria Rama, Sociedad An�nima, de nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, en la que, entre otros acuerdos, se design� a R.R. de Su�rez como apoderada general para pleitos y cobranzas, actos de administraci�n y de dominio, y con facultades para conferir a su vez poderes generales o especiales.

Conforme a lo expuesto, resulta que el poder que se exhibi� acredita que a L.U.F. se le confiri� la representaci�n de Inmobiliaria Rama, S., mientras que en la demanda de amparo ostenta la representaci�n de la persona moral denominada Inmobiliaria Rama, S. de C.V., pero esta circunstancia no significa que el promovente carezca de facultades para representar a la precitada sociedad. En efecto, de lo dispuesto en los art�culos 1o., 213, 214, 215, 217 y 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se concluye que una sociedad puede acordar que su capital social pueda aumentarse o disminuirse y agregar as�, a su nombre, las siglas S. de C.V., sin que esto d� origen a un ente de derecho distinto al inicialmente constituido, dado que persisten los mismos fines sociales y �nicamente se produce la posibilidad de que el capital social sea susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisi�n de nuevos socios, o bien, que disminuya por retiro parcial de las aportaciones; adem�s, las sociedades de capital variable se rigen por las disposiciones que corresponden a la especie de sociedad de que se trate y el acto constitutivo debe contener las estipulaciones propias de la sociedad de la cual deriven, as� como las condiciones que se fijen para el aumento o disminuci�n del capital social; de tal manera que cuando una sociedad acuerda que su capital pueda aumentarse o disminuirse, adoptando las siglas S. de C.V., solamente opera una transformaci�n y no se da origen a una persona moral distinta, lo que implica que existe continuidad en las operaciones mercantiles y actos jur�dicos de la misma. En consecuencia, esa transformaci�n, al no extinguir la personalidad de la sociedad de donde deriva, permite que subsistan los mandatos otorgados con anterioridad a la transformaci�n, mientras no se demuestre que les ha sido revocado el poder.

Por ello, es inoperante la causa de improcedencia que plante� el agente del Ministerio P�blico Federal de la adscripci�n.

CUARTO

El primer agravio resulta esencialmente fundado, conforme a lo que en seguida se expone:

De las copias fotost�ticas certificadas por el jefe de la Unidad Jur�dica de la Procuradur�a Federal de P.�n al Ambiente, que aparecen glosadas al expediente de amparo de la foja 233 a la 260, a las que en su calidad de documentos p�blicos se les concede valor probatorio pleno en t�rminos de los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a lo que dispone el art�culo 2o. de esta �ltima, se advierte lo siguiente:

  1. Que mediante oficio n�mero PFPA-SVN-UV-00100-09295, de fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, el jefe de la Unidad de V.�n, dependiente de la Procuradur�a Federal de P.�n al Ambiente, encomend� a E.M.B.R. y R.R.B.H., la pr�ctica de una visita de inspecci�n extraordinaria a Inmobiliaria Rama, S. de C.V., y que en lo conducente, dice:

    "La visita de inspecci�n extraordinaria tendr� por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, de su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, Normas Oficiales Mexicanas y dem�s disposiciones jur�dicas aplicables, por tal motivo el propietario, encargado u ocupante del establecimiento deber� (n) permitirle el acceso a todas las �reas de las instalaciones; as� como tambi�n deber� (n) de darles todo g�nero de facilidades e informes que le soliciten para la pr�ctica de la diligencia, apercibi�ndole que de no hacerlo se le impondr�n las medidas de apremio correspondientes. No omito se�alarles que se encuentran facultados conforme al art�culo 33 del acuerdo antes citado, para aplicar las medidas de seguridad que se consideren necesarias, en t�rminos de lo dispuesto por las disposiciones jur�dicas aplicables en materia ecol�gica y ambiental. Una vez practicada la visita de inspecci�n extraordinaria de referencia, se servir� (n) usted (es) rendir el informe de la comisi�n, dentro de las veinticuatro horas siguientes, anexando el acta levantada para los efectos correspondientes."

  2. Con fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, E.M.B.R. levant� acta de inspecci�n n�mero SMIA-12-001-052/94, derivada del oficio de comisi�n n�mero PFPA-SVN-UV-00100-09295, en la que asent�, que se constituy� en el domicilio de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., ubicado en la calle Km. 4.5 carretera esc�nica Puerto M.�s, s/n, fraccionamiento B.M.�s, Municipio de Acapulco de J., Estado de G.; que estuvo presente R.I.�s B.O., quien design� dos testigos; y despu�s de asentar diversas circunstancias, el referido funcionario concluy� con lo siguiente: "... Una vez de haber sido escuchada la persona con quien se entendi� la diligencia y toda vez que (sic) los hechos u omisiones se�alados con anterioridad se desprende y se comprueba alteraci�n al equilibrio ecol�gico, con fundamento en todo lo expuesto y en los art�culos 170 de la Ley General de Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente y 33 del Acuerdo que establece la Organizaci�n y Funcionamiento del Instituto Nacional de Ecolog�a y de la Procuradur�a Federal de P.�n al Ambiente, se decreta como medida de seguridad la clausura total temporal por lo que no se podr� realizar ninguna obra o actividad en el desarrollo tur�stico de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., procediendo a colocar los sellos de clausura n�mero 1529, 1530 y 1531, en la vialidad Cl�per y en la vialidad Corveta ...".

  3. Mediante oficio n�mero 131.3.826, despachado el veintis�is de septiembre de mil novecientos noventa y uno, el delegado estatal de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, comision� al inspector I.C.�s Mu�oz, la pr�ctica de visita de inspecci�n extraordinaria a Inmobiliaria Rama, S. de C.V., en los t�rminos siguientes:

    Con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 4o., 5o., 8o., fracciones I, II, III y VII, 10, del 162 al 165 y 170 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente; 1o. y 2o., del 40 al 44, 46 y 49 del Reglamento para la Prevenci�n y Control de la Contaminaci�n de Aguas; 1o., 5o., 7o., fracci�n VII, 9o., Apartado A, fracci�n I, 40, fracci�n II y 49 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente en Materia de Prevenci�n y Control de la Contaminaci�n de la Atm�sfera; 1o., 2o., 46, 52, 54, 56 y 59 del Reglamento para la P.�n al Ambiente contra la Contaminaci�n Originada por la Emisi�n de Ruido; 1o., 2o., 58, fracci�n II y 61 delReglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos; 1o., 2o., 4o., 10, 11 y 24, fracciones VIII y IX, del Reglamento Interior de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, se servir� (n) usted (es) practicar visita de inspecci�n extraordinaria a: Inmobiliaria Rama, S. de C.V., Km. 4.5 carretera esc�nica, Acapulco, G.. La visita de inspecci�n tendr� por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de la materia, sus reglamentos y dem�s preceptos legales que de ella se deriven; por tal motivo, el propietario, encargado u ocupante del establecimiento deber� (n) permitirle (s) el acceso a todas las �reas de las instalaciones industriales, relacionadas con los usos, tratamientos y disposici�n final del agua, de los desechos s�lidos, de las fuentes emisoras de humos, gases, polvos, ruido y vibraciones; as� como tambi�n deber� (n) de darle (s) todo g�nero de facilidades e informes que le soliciten para la pr�ctica de la diligencia, apercibi�ndolo que de no hacerlo, se le impondr�n las medidas de apremio correspondientes. Queda facultado, en caso de que exista el riesgo inminente de desequilibrio ecol�gico o en casos de contaminaci�n, con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o la salud p�blica, para aplicar como medida de seguridad la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes.

  4. Con fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, se levant� acta de inspecci�n en los t�rminos siguientes:

    "Acto seguido, visto el riesgo inminente de desequilibrio ecol�gico con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes y la salud p�blica, y con fundamento en el oficio de orden de visita n�mero 131.3.866 de fecha veintis�is de los corrientes y en las disposiciones legales: art�culos 1o., 160, 162, 164, 170, 171, 174 y 28 y 70 del Reglamento en Materia de Impacto Ambiental (sic) dem�s relativos de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, 1o., 40, 41, 42, 53, 54, 59, 60 y dem�s aplicables del Reglamento para la Prevenci�n y Control de la Contaminaci�n de Aguas; 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente en Materia de Prevenci�n y Control de la Contaminaci�n de la Atm�sfera; 1o., 2o., 3o., 4o., 43, 58, 59, 60, 61 y 62 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos; 1o., 2o., 3o., 52, 53, 54 y dem�s similares del Reglamento para la P.�n del Ambiente contra la Contaminaci�n Originada por la Emisi�n de Ruido; 24, fracciones VIII, IX y XII, del Reglamento Interior de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a; se procede a clausurar parcial temporal a la empresa, fijando los sellos en el sich, debe decir suwich (sic) y volante de y/o palancas de dos tractores y una moto conformadora; as� mismo, se le advierte al representante legal de la empresa, que la violaci�n de sellos est� sancionada por el C�digo Penal Federal. En uso de la palabra, el C.M.A.E.C., a nombre de la empresa Inmobiliaria Rama, S. de C.V. manifiesta que, conforme a derecho, expone que: en la presente manifiesto que efectivamente desconoc�a la manifestaci�n que hab�a que hacerse en los t�rminos de la ley y por tal raz�n solicito con toda atenci�n una pr�rroga razonable en tiempo a fin de presentar todo lo relacionado a su solicitud, debido a que no es razonable llegar hoy viernes d�a 27 de septiembre a las 14:00 horas, solicitar la manifestaci�n del impacto ambiental so pena de no contar con �l. Hacer la clausura de la empresa. En donde se�ala que gran parte de los s�lidos han llegado al mar producto de la excavaci�n es incorrecto, lo correcto es que diga parte de los s�lidos (m�nima han llegado al mar) en cuanto a las dem�s observaciones son correctas y en cuanto a lo del derrame de aceite quemado en el piso de tierra se corregir� inmediatamente. La presente acta se funda en las siguientes disposiciones legales: art�culos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., del 110 al 116, del 117 al 133, del 134 al 144, del 145 al 149, del 1590 (sic) al 156, 164 y dem�s relativos de la Ley del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente; 44, 45, 46, 47 y 48 del Reglamento para la Prevenci�n y Control de la Contaminaci�n de Aguas; 1o., 5o., 7o., fracci�n VII, 9o., apartado A, fracci�n I, 46, fracci�n II y 59 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente en Materia de Prevenci�n y Control de la Contaminaci�n A.�rica; 1o., 2o., 58, fracci�n II y 61 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente en Materia de Residuos S�lidos; 1o., 52, 55, 56, 57 y 58 del Reglamento para la P.�n del Ambiente contra la Contaminaci�n Originada por la Emisi�n de Ruido; 24, fracciones VIII, IX, X y XI, del Reglamento Interior de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a. Practicada la inspecci�n, concluye esta diligencia, levant�ndose para constancia la presente acta en ocho fojas �tiles a las quince horas con cero minutos, del d�a veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, firmando los que en ella intervinieron. El C.M.A.E.C. manifiesta que recibe copia fiel, debidamente firmada de la presente acta y copia del oficio de comisi�n que ampara la realizaci�n de la presente diligencia."

    El texto de esta �ltima diligencia es claro en cuanto a que se practic� visita de inspecci�n a Inmobiliaria Rama, S. de C.V., y que tanto en la orden como en la diligencia respectiva se invocaron diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente y, de manera confusa, se precisa el art�culo 170, porque sobre el texto impreso de la diligencia, se halla manuscrito uno diverso que le da otro sentido, lo que implica una alteraci�n al texto impreso, pero como no est� demostrado que lo manuscrito haya sido con la intenci�n dolosa de cambiar el sentido del texto impreso, donde s� se precisa con claridad que se trata del art�culo 170 de la ley mencionada, debe prevalecer que hay invocaci�n confusa de la ley que sirve de fundamento a esos actos, y que, por ende, la quejosa no estuvo en aptitud de combatir desde aquella fecha, con motivo de esos actos, la inconstitucionalidad del precepto que ahora reclama; porque el texto impreso y manuscrito crean una situaci�n compleja que impide arribar, con plena certeza, que se aplic� el precepto ahora reclamado; adem�s, no est� probada plenamente la fecha en que aquellas diligencias hubieran sido del conocimiento del representante legal de la quejosa; asimismo, se tiene en cuenta que la autoridad federal residente en el Distrito Federal, en relaci�n a esa diligencia, comunic� a la Delegaci�n Estatal en G., que no era de su competencia esa materia, lo que virtualmente dej� sin efectos lo que hubiera sido el primer acto de aplicaci�n de la ley reclamada, lo que permitir�a a la quejosa promover oportunamente este juicio de amparo.

    Consecuentemente, al no surtirse la causa de improcedencia invocada por el J. de Distrito para sobreseer, procede revocar el sobreseimiento y con fundamento en el art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo, en seguida se analizar�n los conceptos de violaci�n que ata�en a la materia competencia de este Tribunal Pleno.

QUINTO

El primer concepto de violaci�n es infundado, de acuerdo a lo que en seguida se expone:

Debe quedar establecido que el art�culo 16 constitucional, en el p�rrafo que establece que la autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a y exigir la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han cumplido las disposiciones fiscales, sujet�ndose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, contempla como garant�a individual del gobernado, la inviolabilidad del domicilio, pues el acto de molestia, en tal lugar, queda sujeto al cumplimiento de determinadas formalidades que delimitan la facultad de la autoridad administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias, con lo que se estatuye tambi�n una garant�a de seguridad jur�dica en ese acto de molestia; pero ello no implica que la autoridad administrativa no pueda llevar a cabo visitas domiciliarias con el fin de vigilar y asegurarse de que se cumplan las leyes que regulan en general la actividad de los particulares, pues para esto �ltimo basta que cumpla con lo que establece el primer p�rrafo del art�culo 16, o sea, que el acto de molestia conste por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento.

En efecto, la autoridad administrativa puede practicar visitas domiciliarias sujet�ndose a las formalidades previstas para los cateos, a fin de constatar que se cumplen los reglamentos sanitarios y de polic�a, lo que implica que est� facultada para cerciorarse de que se cumplen todas las disposiciones legales de car�cter restrictivo que aseguran el orden p�blico y protegen el inter�s social, porque al referirse a reglamentos "sanitarios y de polic�a", no se est� limitando esa facultad a la aplicaci�n de normas emanadas de la autoridad administrativa en uso de la facultad reglamentaria prevista en la fracci�n I del art�culo 89 de la Constituci�n, y que tengan por contenido aspectos relativos a la salud y al orden social, en un sentido meramente administrativo, sino que debe entenderse que se trata de cualquier norma jur�dica que otorgue facultades a las autoridades administrativas para regular la conducta de los particulares y cerciorarse de que se ajusta a las normas de orden p�blico aplicables, con la finalidad de prevenir que su actividad atente contra el orden p�blico y el inter�s social.

Ello, porque resulta evidente que el Congreso de la Uni�n, en las materias de su competencia, puede expedir leyes que tiendan a regular y restringir determinadas actividades de los particulares, pero es preciso que la autoridad administrativa, en ejercicio de la facultad que el confiere la fracci�n I del art�culo 89 de la Constituci�n, ejecute lo mandado en la ley y provea en la esfera administrativa a su exacta observancia, para lo cual debe contar con la facultad prevista en la propia ley, de aplicar y vigilar que el contenido de las normas correspondientes se acate.

Al ejecutar lo mandado en la norma expedida por el Congreso de la Uni�n y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, la autoridad administrativa no solamente puede emitir disposiciones reglamentarias que desarrollen o complementen o pormenoricen lo dispuesto en la ley, sino que tambi�n debe realizar la actividad necesaria para ejecutar la ley y cerciorarse de que la misma se acata por los gobernados.

De modo que el contenido de las leyes, en la esfera administrativa, no se ejecutar�a y carecer�a de observancia si, no obstante que una norma expedida por el Congreso facultara a la autoridad administrativa a aplicar determinadas medidas en inter�s de la sociedad, ella careciera de la facultad o no tuviera la obligaci�n constitucional de cerciorarse de que se cumplen.

De ah� que aplicar y ejecutar el contenido de la ley en la esfera administrativa, es una funci�n que est� encomendada a la autoridad administrativa, pues incluso se trata de un deber que le impone la Constituci�n.

Luego, si una norma expedida por el Congreso de la Uni�n previene la pr�ctica de una visita domiciliaria y autoriza a la autoridad administrativa a aplicar la clausura temporal como medida de seguridad, esto no contrar�a la garant�a individual de seguridad jur�dica e inviolabilidad del domicilio, porque la circunstancia de que el art�culo 16 constitucional no contemple, literalmente, que la autoridad administrativa, con motivo de la pr�ctica de una visita domiciliaria, puede imponer una medida de esa naturaleza, esto no significa una limitante al contenido de las leyes que pueda emitir la autoridad competente y, por ende, la norma puede facultar a la autoridad administrativa a aplicarla, pues lo que la garant�a contempla es solamente la forma en que debe desarrollarse el acto de molestia que se lleva a cabo en el domicilio, pero el otorgamiento de facultades y la competencia de la autoridad administrativa deriva de lo que establezca la ley, que da la medida y la materia de sus facultades, siempre que no contrar�e lo mandado por la Constituci�n.

La garant�a que establece el art�culo 16 constitucional, en cuanto a los requisitos que debe reunir una visita domiciliaria, aplicados al acto legislativo, operan como limitante en cuanto a que la norma general, abstracta e impersonal, no debe permitir a la autoridad administrativa dejar de acatar o contrariar alguna de las formalidades prescritas para los cateos, que tambi�n rige a las visitas domiciliarias, pues lo que tutela el precepto constitucional es la inviolabilidad del domicilio, aunque no es necesario que la norma jur�dica que prevea la visita domiciliaria, reproduzca el texto constitucional.

Por ello, la ley que establezca la visita domiciliaria como acto concreto de autoridad que causa una molestia en el domicilio del gobernado, no debe contrariar las formalidades relativas a los cateos que previene el art�culo 16 constitucional, en lo conducente, pero no restringe la facultad de crear las medidas o sanciones administrativas que puede imponer la autoridad que practica la visita, a partir de los hechos y circunstancias concretas propias de la diligencia por el hecho de que no est�n previstas expresamente en la norma constitucional.

Esto es, que si bien es verdad que la garant�a del art�culo 16 constitucional, en la parte que determina los requisitos que debe reunir la pr�ctica de una visita domiciliaria, no se�ala que la autoridad pueda imponer alguna sanci�n a los particulares, tambi�n lo es que el establecimiento de medidas de seguridad y sanciones aplicables a quienes infrinjan determinadas normas, por parte de la autoridad administrativa, no son en s� mismas inconstitucionales, pues el Congreso tiene facultad para, en la materia de su competencia, expedir las leyes que regulen la actividad de los gobernados y, en su caso, restringirlas para tutelar el orden p�blico y el inter�s social, facultando a la autoridad administrativa para imponer determinadas medidas que los salvaguarden, cumpliendo con los requisitos que exige el primer p�rrafo del art�culo 16 constitucional, o sea, que la ley le otorgue competencia para emitir por escrito el acto de molestia en el domicilio, fundando y motivando la causa legal del procedimiento.

En este orden de ideas, la norma jur�dica respeta las garant�as de seguridad jur�dica y de inviolabilidad del domicilio que establece el art�culo 16 constitucional, en cuanto a los requisitos que debe reunir una visita domiciliaria, si no permite a la autoridad administrativa dejar de cumplir con alguna de las formalidades previstas para los cateos, que tambi�n rigen para aquella clase de actos y no se transgrede por el hecho de que faculte a la autoridad que debe practicarlos para aplicar determinadas medidas o sanciones que tiendan a tutelar el orden p�blico y el inter�s social.

Adem�s, la circunstancia de que en el art�culo 16 constitucional no se establezca como facultad de la autoridad administrativa, la imposici�n de la clausura como medida de seguridad en el acto de la visita domiciliaria, no implica, necesariamente, la inconstitucionalidad de la norma, pues lo que determina este vicio es la contradicci�n entre su texto y los principios establecidos en la Constituci�n Federal, por lo que no basta que el Poder Legislativo expida una norma que establezca una instituci�n jur�dica no prevista en la Constituci�n, para declarar la inconstitucionalidad de la misma.

En este sentido, por analog�a, es aplicable al caso el contenido de la tesis n�mero CXVI/95 (9a.), del Tribunal Pleno, que es del tenor literal siguiente:

LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES POR EL SOLO HECHO DE QUE LAS INSTITUCIONES QUE REGULAN NO EST�N PREVISTAS EN LA CONSTITUCI�N. La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicci�n con los principios establecidos por la Constituci�n Federal, seg�n lo ha precisado la Suprema Corte de Justicia. Por ello, el solo hecho de que una ley establezca instituciones jur�dicas no previstas en la Constituci�n -como las costas judiciales- no implica, necesariamente, la inconstitucionalidad de la norma, pues �sta, como se indic�, resulta de la contradicci�n se�alada.

Por otra parte, este Tribunal Pleno ejerce la facultad de atracci�n respecto del art�culo 33 del acuerdo impugnado, porque se trata de un aspecto que guarda estrecha vinculaci�n con el problema de constitucionalidad de la ley, y a fin de no dividir su estudio, y en aras de una pronta administraci�n de justicia, que consagra el art�culo 17 constitucional.

En la especie, el art�culo 33 del acuerdo reclamado faculta a los inspectores y auditores para imponer la clausura temporal de la obra, como medida de seguridad, si es que del resultado o con motivo de la visita de inspecci�n, advierte que se pone en peligro o se atenta la destrucci�n del medio ambiente.

Dicho art�culo a la letra dice:

Art�culo 33. Los auditores, peritos e inspectores de la procuradur�a y sus delegaciones, estar�n facultados para realizar auditor�as ambientales, visitas de inspecci�n y peritajes y para aplicar las medidas de seguridad que se consideren necesarias, en t�rminos de lo dispuesto por las disposiciones jur�dicas aplicables en materia ecol�gica y ambiental.

Por su parte, el art�culo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, es del tenor literal siguiente:

Art�culo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecol�gico o casos de contaminaci�n con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, o la salud p�blica, la secretar�a, como medida de seguridad, podr� ordenar el decomiso de materiales o sustancias contaminantes, la clausura temporal, parcial o total, de las fuentes contaminantes correspondientes, y promover la ejecuci�n ante la autoridad competente, en los t�rminos de las leyes relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establecen.

Conforme a los preceptos transcritos, la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, en su art�culo 170, contempla la imposici�n de la clausura temporal de la obra, como medida de seguridad, y faculta a la autoridad administrativa para imponerla, y por su parte, el art�culo 33 del acuerdo impugnado solamente se ajusta al contenido de la norma, por lo que no es en s� mismo inconstitucional y, por ende, la autoridad administrativa determinada por la ley con facultades para aplicar esa medida, al concretarla, �nicamente est� ejecutando lo que ordena la ley.

Las disposiciones mencionadas tampoco transgreden la garant�a de audiencia, porque la clausura temporal, parcial o total, prevista en el art�culo 170 de la ley reclamada, no constituye un acto de privaci�n definitiva, presupuesto indispensable para que rija la garant�a de que se trata, sino �nicamente es una medida preventiva para casos de peligro inminente para la salud p�blica y el medio ambiente, que por su car�cter temporal y precautorio no implica una privaci�n definitiva de propiedades, posesiones o derechos, sino un acto de aseguramiento relacionado con la resoluci�n final que se dicte al concluir el tr�mite correspondiente.

Pero aun en el caso de que la clausura deba adquirir el car�cter de definitiva, tampoco resulta inconstitucional la disposici�n legal reclamada.

En efecto, los art�culos 167, 168, 169 y 176 a 181 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, queguardan relaci�n con el art�culo 170 que se reclama, previenen, esencialmente, que cuando la autoridad ordenadora reciba el acta de inspecci�n, requerir� al interesado para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicaci�n, fundando y motivando el requerimiento y, asimismo, para que dentro del t�rmino de diez d�as h�biles manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas en relaci�n con los hechos y omisiones asentados en el acta de inspecci�n; una vez o�do el presunto infractor y desahogadas las pruebas, se dictar� la resoluci�n que corresponda dentro de los treinta d�as h�biles siguientes, misma que se notificar� al interesado.

En la resoluci�n administrativa se se�alar�n, o en su caso se adicionar�n, las medidas que deber�n llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas.

Dicha resoluci�n admite en su contra el recurso de inconformidad que debe interponerse dentro de los quince d�as siguientes e incluso puede suspenderse su ejecuci�n siempre que se cumplan determinados requisitos previstos en el art�culo 180.

De ah� que el afectado s� es o�do con motivo de ese acto y aunque la garant�a no es previa, ello se justifica por el inter�s de la sociedad en preservar la vida de los habitantes y el medio que los rodea, frente a casos de peligro o riesgo inminentes.

Un criterio id�ntico al que se viene sustentando, se adopt� por el Tribunal Pleno al resolver, el siete de julio de mil novecientos ochenta y siete, el amparo en revisi�n n�mero 3063/85, promovido por Herramientas Truper, S., en donde reclam� el art�culo 55 de la Ley Federal de P.�n al Ambiente, que es de contenido similar al art�culo 170 que se reclam� en este juicio, por mayor�a de once votos de los se�ores Ministros: De Silva Nava, L�pez Contreras, C.M.�n, A.G.�itr�n, F.�ndez Doblado, P.�n V., M.D., G.M.�nez, S.O., D�az R. y Olivera Toro, en contra del voto de los se�ores Ministros: Casta��n Le�n, D�az I., A.G., R.�guez R.�n, G.�rrez de V., M.F. y presidente del R�o R.�guez, quienes lo emitieron en el sentido de que se sobreseyera en el juicio de amparo.

Por otra parte, debe destacarse que la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, vigente en el a�o de 1992, en sus art�culos 14, 15 y 16, contienen la facultad del secretario de Desarrollo Social, actualmente secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para delegar determinadas funciones, entre ellas, la de imponer las medidas a que se refiere el art�culo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, raz�n por la cual, el acuerdo emitido por el secretario de Desarrollo Social con fecha quince de junio de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del d�a diecisiete siguiente, encuentra apoyo en esas disposiciones, que en el caso no fueron impugnadas de inconstitucionales.

De ah� que analizar la constitucionalidad de esos preceptos que autorizan la delegaci�n de facultades, sin que se hubiesen reclamado, resultar�a contrario al principio de congruencia que debe regir a las sentencias de amparo y, adem�s, se dejar�a de o�r a las autoridades responsables, en cuanto a la inconstitucionalidad de esos preceptos.

Los art�culos mencionados con anterioridad, a la letra dicen:

"Art�culo 14. Al frente de cada secretar�a habr� un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliar� por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, secci�n y mesa, y por los dem�s funcionarios que establezcan el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.

"En los juicios de amparo, el presidente de la Rep�blica podr� ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, seg�n la distribuci�n de competencias ..."

"Art�culo 15. Al frente de cada departamento administrativo habr� un jefe de departamento, quien se auxiliar� en el ejercicio de sus atribuciones, por secretarios generales, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de oficina, secci�n y mesa, conforme al reglamento interior respectivo, as� como por los dem�s funcionarios que establezcan otras disposiciones legales aplicables. Para los departamentos administrativos, regir� lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo anterior."

"Art�culo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las secretar�as de Estado y departamentos administrativos el tr�mite y resoluci�n de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organizaci�n del trabajo podr�n delegar en los funcionarios a que se refieren los art�culos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposici�n de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos en que la delegaci�n de facultades recaiga en jefes de oficina, de secci�n y de mesa de las secretar�as de Estado y departamentos administrativos, aqu�llos conservar�n su calidad de trabajadores de base en los t�rminos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

"Los propios titulares de las secretar�as de Estado y departamentos administrativos tambi�n podr�n adscribir org�nicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las subsecretar�as, oficial�a mayor, y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior.

Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicar�n en el Diario Oficial de la Federaci�n.

Luego, como el art�culo 33 del acuerdo reclamado halla fundamento en cuanto a su expedici�n, en dichos preceptos, que no fueron impugnados, tampoco puede hacerse pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la delegaci�n de facultades que contienen.

SEXTO

En los conceptos de violaci�n marcados como tercero, en parte del segundo y del cuarto, la quejosa argumenta, esencialmente, que existe invasi�n de soberan�a, de la autoridad federal a la local, porque la D.�n General de Normatividad y R.�n Ecol�gica de la Secretar�a de Desarrollo Social, ya hab�a declinado su competencia en favor de las autoridades del Estado de G..

Esos argumentos resultan inoperantes. La inoperancia estriba en que los argumentos de la quejosa en torno a que se produce la invasi�n de esferas se�alada, por la visita domiciliaria en la obra a su cargo, se hace derivar de la existencia de un oficio en el que la precitada direcci�n declin� la competencia para practicar esa orden en favor de una autoridad local; sin embargo, no basta para establecer que se da un acto de invasi�n de esferas, la existencia del aludido oficio, pues por un lado, es al �rgano jurisdiccional a quien corresponde determinar si se da o no esa invasi�n de esferas y esta facultad no puede quedar subordinada a lo que establezca una autoridad administrativa como es la mencionada con antelaci�n; y por otro lado, debe atenderse a la naturaleza del caso concreto, en relaci�n con las facultades que la Constituci�n y la ley otorgaban a las autoridades federales y locales, cuya competencia se controvierte.

En otro aspecto, a fin de resolver sobre los dem�s argumentos de los conceptos de violaci�n, debe tenerse en cuenta que los art�culos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, son del tenor siguiente:

"Art�culo 4o. Las atribuciones que en materia de preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y protecci�n al ambiente tiene el Estado y que son objeto de esta ley, ser�n ejercidas de manera concurrente por la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios con sujeci�n a las siguientes bases:

"I. Son asuntos de competencia federal los de alcance general en la Naci�n o de intereses de la Federaci�n; y,

"II. Competen a los Estados y Municipios, los asuntos no comprendidos en la fracci�n anterior, conforme a las facultades que �sta y otras leyes les otorgan, para ejercerlas en forma exclusiva o participar en su ejercicio con la Federaci�n, y sus respectivas circunscripciones."

"Art�culo 5o. Son asuntos de alcance general en la Naci�n o de inter�s de la Federaci�n:

"I. La formulaci�n y conducci�n de la pol�tica general de ecolog�a;

"II. La formulaci�n de los criterios ecol�gicos generales que deber�n observarse en la aplicaci�n de los instrumentos de la pol�tica ecol�gica, para la protecci�n de las �reas naturales y de la flora y fauna silvestre y acu�ticas, para el aprovechamiento de los recursos naturales, para el ordenamiento ecol�gico del territorio y para la prevenci�n y control de la contaminaci�n del aire, agua y suelo;

"III. Los que por su naturaleza y complejidad requieren de la participaci�n de la Federaci�n;

"IV. Las acciones para preservaci�n y la restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente, que se realicen en bienes y zonas de jurisdicci�n federal;

"V. Los originados en otros pa�ses, que afecten el equilibrio ecol�gico dentro del territorio nacional o las zonas sobre las que la Naci�n ejerce derechos de soberan�a y jurisdicci�n;

"VI. Los originados dentro del territorio nacional o a las zonas sobre las que la Naci�n ejerce derechos de soberan�a y jurisdicci�n, que afecten el equilibrio ecol�gico de otros pa�ses;

"VII. Los que afecten al equilibrio ecol�gico de dos o m�s entidades federativas;

"VIII. La expedici�n de las normas t�cnicas en las materias objeto de esta ley;

"IX. La prevenci�n y el control de emergencias y contingencias ambientales, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios a los ecosistemas o de los da�os reales o potenciales a la poblaci�n o al ambiente lo haga necesario;

"X. La regularizaci�n de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas, seg�n esta y otras leyes y sus disposiciones reglamentarias, por la magnitud o gravedad de los efectos que pueden generar en el equilibrio ecol�gico o el ambiente;

"XI. La creaci�n y la administraci�n de las �reas naturales protegidas de inter�s de la Federaci�n, con la participaci�n de las autoridades locales, en los casos que �sta y otras leyes lo prevean;

"XII. La protecci�n de la flora y la fauna silvestres, para conservarlas y desarrollarlas en los t�rminos de esta ley y la Ley Federal de la Caza;

"XIII. La protecci�n de la flora y fauna acu�ticas, en aguas de propiedad nacional o sobre las que la Naci�n ejerce derechos de soberan�a y jurisdicci�n;

"XIV. La protecci�n de la atm�sfera en zonas o en casos de fuentes emisoras de jurisdicci�n federal;

"XV. El aprovechamiento racional y la prevenci�n y el control de la contaminaci�n en aguas de jurisdicci�n federal, conforme a esta ley, la Ley Federal de Aguas, las disposiciones vigentes del derecho internacional y las normas que de dichas disposiciones se deriven;

"XVI. El ordenamiento ecol�gico general del territorio del pa�s;

"XVII. El aprovechamiento racional de los recursos forestales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal, as� como el aprovechamiento racional del suelo en actividades productivas, de acuerdo con su vocaci�n y la prevenci�n y el control de la contaminaci�n y degradaci�n de los suelos;

"XVIII. La regularizaci�n de las actividades relacionadas con la exploraci�n y explotaci�n de los recursos del subsuelo que el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos reserva a la Naci�n, en cuanto pueda originar desequilibrios ecol�gicos o da�os al ambiente;

"XIX. La regularizaci�n de las actividades relacionadas con materias o residuos peligrosos;

"XX. La prevenci�n y el control de la emisi�n de los contaminantes en zonas o en casos de fuentes emisoras de jurisdicci�n federal, que rebasen los niveles m�ximos permisibles por ruido, vibraciones, energ�a t�rmica, lum�nica y los olores perjudiciales al equilibrio ecol�gico o al ambiente; y

"XXI. Los dem�s que esta y otras leyes reserven a la Federaci�n."

"Art�culo 6o. Compete a las entidades federativas y Municipios, en el �mbito de sus circunscripciones territoriales y conforme a la distribuci�n de atribuciones que se establezca en leyes locales:

"I. La formulaci�n de la pol�tica y de los criterios ecol�gicos particulares en cada entidad federativa, que guarden congruencia con los que en su caso hubiere formulado la Federaci�n, en las materias a que se refiere el presente art�culo;

"II. La preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicci�n de las entidades federativas y de los Municipios, salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la Federaci�n por �sta u otras leyes;

"III. La prevenci�n y el control de emergencias ecol�gicas y contingencias ambientales, en forma aislada o participativa con la Federaci�n, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecol�gicos o da�os al ambiente no rebasen el territorio de la entidad federativa o del Municipio, o no hagan necesaria la acci�n exclusiva de la Federaci�n;

"IV. La regulaci�n de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas. Cuando por los efectos que puedan generar, se afecten ecosistemas o el ambiente de una entidad federativa o del Municipio correspondiente.

"V. La regulaci�n, creaci�n y administraci�n de los parques urbanos y zonas sujetas a conservaci�n ecol�gicas, que esta ley prev�;

"VI. La prevenci�n y el control de la contaminaci�n de la atm�sfera, generada en zonas o por fuentes emisoras de jurisdicci�n estatal o municipal;

"VII. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibici�n de emisiones contaminantes que rebasen los niveles m�ximos permisibles por ruido, vibraciones, energ�a t�rmica, lum�nica y olores perjudiciales al equilibrio ecol�gico o al ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicci�n federal;

"VIII. La regulaci�n del aprovechamiento racional y la prevenci�n y el control de la contaminaci�n de las aguas de jurisdicci�n de los Estados;

"IX. La prevenci�n y control de la contaminaci�n de aguas federales que tengan asignadas o concesionadas para la prestaci�n de servicios p�blicos y de las que se descarguen en las redes de alcantarillado de los centros de poblaci�n, sin perjuicio de las facultades de la Federaci�n, en materia de tratamiento, descarga, infiltraci�n y recurso de aguas residuales, conforme a esta ley y las dem�s aplicables;

"X. El ordenamiento ecol�gico local, particularmente en los asentamientos humanos, a trav�s de los programas de desarrollo humano y dem�s instrumentos regulados en esta ley, en la Ley General de Asentamientos Humanos y en las disposiciones locales;

"XI. La regulaci�n con fines ecol�gicos, del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federaci�n, que constituyan dep�sitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposici�n que s�lo pueden utilizarse para la fabricaci�n de materiales para la construcci�n u ornamento.

"XII. La preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n ambiental en los centro de poblaci�n en relaci�n con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, tr�nsito y transporte locales;

"XIII. La regulaci�n del manejo y disposici�n final de los residuos s�lidos que no sean peligrosos, conforme a esta ley y sus disposiciones reglamentarias; y

"XIV. Los dem�s asuntos que se prev�n en esta ley.

"Con base en las disposiciones que para la distribuci�n de competencias en las materias que regula esta ley expidan los Congresos Locales con arreglo a sus respectivas Constituciones, los Ayuntamientos dictar�n los bandos y reglamentos de polic�a y buen gobierno, a efecto de que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las disposiciones del presente ordenamiento.

En el ejercicio de sus atribuciones las entidades federativas y en su caso, los Municipios, observar�n las disposiciones de esta ley y las normas t�cnicas ecol�gicas que expida la secretar�a."

"Art�culo 7o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la secretar�a, y en su caso con la intervenci�n de otras dependencias, podr� celebrar acuerdos de coordinaci�n con los gobiernos de las entidades federativas, y con su participaci�n, con los Municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, para la realizaci�n de acciones en las materias objeto de esta ley.

Cuando as� lo soliciten los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios, la secretar�a les prestar� la asistencia t�cnica necesaria.

En el caso, la visita domiciliaria de fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, practicada a Inmobiliaria Rama, S. de C.V., en la que se aplic� la clausura como medida de seguridad, prevista en el art�culo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, se desarroll� en los t�rminos que, en lo conducente, se transcriben:

"... Acto seguido se inform� a los testigos que deber�n permanecer durante el transcurso de la inspecci�n procediendo a realizar la visita, encontr�ndose que: el desarrollo tur�stico B.M.�s de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., se encuentra en un �rea que seg�n la memoria descriptiva del fraccionamiento cuenta con una frondosa vegetaci�n tropical, lo que el inspector observ� como una selva media. Entre la fauna se encuentra venado, mapache, armadillo, ardillas, tejones, iguanas, culebras y aves como pericos, cotorras y chachalacas entre otros. Este fraccionamiento es un componente de un complejo tur�stico que en su conjunto tiene amplia significancia ambiental. Se pregunt� a la C.P. R.I.�s B. si se cuenta en el fraccionamiento con: Licencia para el cambio de uso de suelo, lo cual en el expediente consultado no se encontr�, sin embargo, en el recorrido de campo se identific� que se ha iniciado la construcci�n de tres vialidades denominadas CLIPPER con 1500 metros, balandro de 790 metros y bajel con 360 metros, todas con un ancho de 12 m. Dando un total de 26.90 m. Se le pregunt� a la contadora B. si cuenta con permiso de aprovechamiento forestal, la Srita. B., dijo no tenerla. Por otra parte, se le pregunt� si cuenta con la autorizaci�n de impacto ambiental, a lo que la contadora B. dijo no saber si lo tiene. Este desarrollo tur�stico como componente del desarrollo tur�stico B.M.�s se estima un proyecto de competencia federal toda vez que de las tres secciones arriba se�aladas, que son: secci�n Puerto M.�s, secci�n Cerro de la Bandera y secci�n Mar. En esta �ltima contempla el uso de la zona federal a trav�s de diversas actividades de playa. Esto se comprueba con la vialidad denominada navegantes que comunica al proyecto de Inmobiliaria Rama, S. de C.V. (sic). Asimismo, se comprueba con el documento denominado M.�n de Impacto Ambiental, modalidad general, del proyecto tur�stico Brisas del M.�s, Acapulco de J., G. y formulado por la empresa Tecno-Consult. Sin embargo, no cuentan con autorizaci�n en materia de impacto ambiental. Por lo que al no contar con autorizaci�n para el cambio de uso del suelo, la autoridad competente no tuvo oportunidad de evaluar la significancia de la p�rdida de la selva media y se viola lo dispuesto por el art�culo 104 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente y 45 y 49 del Reglamento de la Ley Forestal. Al no contar con la autorizaci�n para el aprovechamiento de selva tropical se viola el art�culo 29, fracci�n VII, de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente. Por ser un proyecto de competencia federal, toda vez que del recorrido de campo y del an�lisis de lainformaci�n proporcionada por la contadora R.I.�s B. se concluye que el proyecto es un desarrollo tur�stico federal, por lo que haber iniciado obras sin autorizaci�n de impacto ambiental resulta violatorio del art�culo 29, fracci�n V y 5o., fracci�n VIII, del reglamento de la propia ley en materia de impacto ambiental."

Ahora bien, la agraviada plantea como una cuesti�n de invasi�n de esferas determinar, esencialmente, si en el caso concreto la autoridad federal llev� a cabo un acto cuyas facultades no le corresponden, sino que son de la competencia de la autoridad local, lo que implica una cuesti�n de legalidad, consistente en determinar si quien orden� y practic� la visita domiciliaria es o no competente para emitir ese acto.

Al efecto, debe tenerse en cuenta que en la materia de invasi�n de esferas subyace, necesariamente, el an�lisis de si el acto concreto de autoridad fue emitido por autoridad competente, a la luz de las facultades que la Constituci�n y las leyes ordinarias otorgan a la autoridad que lo emiti�, en relaci�n con aquellas facultades que se atribuyen a la autoridad que, en opini�n de la quejosa, era la competente para efectuarlo; de modo que es preciso analizar el caso concreto que se impugna por ese motivo.

Los elementos que obran en autos son los siguientes:

En el punto I del cap�tulo de antecedentes de la demanda de garant�as, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifest� que: "... es propietaria de diversos predios ubicados en el �rea tur�stica de este puerto de Acapulco, en donde se ha desarrollado un fraccionamiento denominado B.M.�s, y ha obtenido los permisos correspondientes para desarrollar no s�lo la infraestructura, sino la comercializaci�n de los terrenos. Actualmente se est�n realizando trabajos para adoquinar calles y avenida de dicho lugar.

"Algunos de los predios han sido vendidos y sus propietarios est�n realizando obras dentro de sus propiedades."

Por otra parte, de entre las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que se aportaron las documentales consistentes en copias fotost�ticas certificadas por notario p�blico, de lo siguiente:

  1. Una autorizaci�n en favor de Inmobiliaria Queira, S. de C.V., sobre el proyecto denominado "B.M.�s", localizado en la ciudad y puerto de Acapulco, G., expedida por la D.�n General de Ecolog�a y P.�n al Ambiente del Estado mencionado, y que en las cl�usulas primera y d�cima, esa autorizaci�n contempla lo siguiente:

    Primera. El titular de la presente autorizaci�n deber� cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley del Equilibrio Ecol�gico y P.�n al Ambiente del Estado de G., y las medidas de mitigaci�n que marca su estudio ...

    D�cima. El dictamen tiene efectos para el �rea del proyecto que est� bajo la responsabilidad de la Inmobiliaria Queira, S. de C.V., que usted representa.

  2. Una autorizaci�n de fraccionamiento en favor de Inmobiliaria Rama, S.A, expedida por el presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Estado de G., que en lo conducente, es del tenor siguiente:

    "En ejercicio de la facultad que me confiere el art�culo 93 de la Constituci�n Pol�tica del Estado y con fundamento en el art�culo 38, fracciones IV y V, de la Ley Org�nica del Municipio Libre, y art�culo 15 del Reglamento sobre F.onamiento de Terrenos de los Municipios del Estado, tomando en consideraci�n que la promoci�n satisface los requisitos previstos en el mismo, este H. Ayuntamiento ha tenido a bien autorizar la promoci�n y establecimiento del fraccionamiento denominado ?Brisas del M.�s?, ubicado en esta ciudad, bajo las siguientes caracter�sticas: -PROMOCI�N: FRACCIONAMIENTO.

    "PROMOVENTE: INMOBILIARIA RAMA, S.

    "UBICACI�N: PUERTO MARQU�S

    "SUP. �REA VENDIBLE: 523,180.00 M2

    "SUP. �REA VERDE: 52,500.00 M2

    "SUP. �REA V�A P�BLICA: 93,024.00 M2

    "NO. DE LOTES: 371

    "NO. DE MANZANAS: 7

    "NO. DE SECCIONES: 7

    "SUPERFICIE TOTAL: 668,704.00 M2

    Por este mismo hecho queda transferido el derecho de propiedad al dominio p�blico del Municipio las �reas destinadas a equipamiento urbano y �reas verdes de las siguientes fracciones:-F.�n 1. Noroeste: En l�nea curva con 248.00 mts., y colinda con proyecto nueva carretera esc�nica baja ... Sur: En 24.00 mts, colinda con futura ampliaci�n. Poniente: 130.00 mts. Colinda con propiedades del Monte, S., con una superficie de 5117.00 m2. F.�n 2. Noroeste: En 8 tramos, 251.00 mts. Colinda con carretera esc�nica actual y 80.00 mts. con tanque de Capama. Sur: 140.00 mts. Con futura ampliaci�n. Sureste: En 52.00 mts, con tanque de Capama. Noroeste: En 217.00 mts. Y colinda con nueva carretera esc�nica baja, con una superficie de 22,328.00 m2. F.�n 3. Norte: En 211.00 mts. Colinda con proyecto nueva carretera esc�nica baja. Sureste: L�nea curva con 289.00 mts. Colinda con proyecto de nueva carretera esc�nica baja. Noroeste: 2 tramos de 100.00 mts. colinda con lotes 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 55 mts. Colinda con futura ampliaci�n, superficie de 13,228.00 mts. F.�n 4. Noroeste: L�nea curva colinda con zona federal pluvial. En 68.00 mts. Colinda con futura ampliaci�n con una superficie de 204.00 m2. F.�n 5. Noroeste: En 188.00 mts, colinda zona federal pluvial. Sur: En 165.00 mts, colinda con I.d.M.�s, S. Noroeste: En 129.00 mts, colinda con proyecto nueva carretera esc�nica baja. Propuesta de la nomenclatura de las v�as p�blicas del fraccionamiento deber� obtener la aprobaci�n y el acuerdo respectivo del cabildo municipal. Por esta autorizaci�n se obliga a cumplir con lo establecido en los art�culos 41, 50, 51, 53 y 72 en forma y t�rminos se�alados; el no cumplimiento de lo anterior dar� lugar a la cancelaci�n de la presente autorizaci�n.

  3. Oficio n�mero 00645, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, suscrito por S.E.O., en esa fecha director general de Normatividad y R.�n Ecol�gica, y dirigido a M.A.P.B., delegado de la Sedue en el Estado de G., y que es del tenor literal siguiente:

    Se recibi� en esta D.�n General su comunicado No. 131.3.894/02493 de fecha 10 de octubre de 1991, a trav�s del cual remite copia fotost�tica de las actuaciones practicadas a la empresa Inmobiliaria Rama, S. de C.V., el d�a 27 de septiembre del a�o pr�ximo pasado en relaci�n con las acciones de urbanizaci�n, lotificaci�n y comercializaci�n de predios ubicado en el fraccionamiento Las Brisas del M.�s, ubicado en el km 4.5 de la carretera esc�nica Acapulco-Puerto M.�s, manifestando que esa delegaci�n a su cargo efect�o clausura parcial temporal a las instalaciones de dicha empresa, en virtud de que la misma no cuenta con autorizaci�n en materia de impacto ambiental. En respuesta al mismo comunico a usted que de acuerdo a los art�culos 6o., fracci�n XIV, 35, 37, fracci�n VII y 38, segundo p�rrafo, de la Ley del Equilibrio Ecol�gico y P.�n al Ambiente de esa entidad federativa, corresponde al gobierno del Estado la evaluaci�n del impacto ambiental trat�ndose de fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de poblaci�n, por lo que esta unidad administrativa no es competente para intervenir en el asunto que se comenta.

  4. Oficio n�mero 00821 de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, por el que el director general de Normatividad y R.�n Ecol�gica, se dirige a R.F.R.�n, en su car�cter de apoderado legal de Inmobiliaria Rama, S. de C.V. y Queira, S. de C.V., en los t�rminos siguientes:

    "Me refiero a su comunicado s/n de fecha 5 de marzo del a�o en curso, por conducto del cual envi� a esta direcci�n general la manifestaci�n de impacto ambiental en su modalidad general del proyecto denominado B.M.�s de la empresa Inmobiliaria Rama, S. de C.V., con pretendida ubicaci�n en el Municipio de Acapulco, G.. En atenci�n a su solicitud y con fecha 9 de marzo de 1992, se ha iniciado la revisi�n de la documentaci�n presentada y como parte de ella se ha solicitado el dictamen t�cnico de la D.�n General de Conservaci�n Ecol�gica de los Recursos Naturales de esta Secretar�a. Asimismo, notificaremos a usted si la informaci�n contenida en la manifestaci�n general satisface los requisitos t�cnicos para su evaluaci�n en materia de impacto ambiental. En caso positivo y una vez obtenido el dictamen t�cnico de la direcci�n general antes citada, emitiremos la resoluci�n correspondiente en apego a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental. En caso de ser necesaria mayor informaci�n le formularemos el requerimiento correspondiente, quedando suspendido el plazo de evaluaci�n hasta tener la documentaci�n solicitada. No omito manifestarle que la legislaci�n en materia ecol�gica establece que las obras no podr�n iniciarse sin previa autorizaci�n de impacto ambiental."

  5. Concesi�n n�mero DZF-080/93, expediente n�mero 53/29435, de fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y tres, otorgada por la Secretar�a de Desarrollo Social, a trav�s de la D.�n General del Patrimonio Inmobiliario Federal, en favor de Queira, S. de C.V., sobre una superficie de 2,912,61 m2, de zona federal mar�timo terrestre, localizada en un lugar conocido como: Entre Punta Bruja y Punta Diamante, B.�a de Puerto M.�s de por medio, F.onamiento Brisas del M.�s, Municipio Acapulco, G., exclusivamente para club de playa, parte de un restaurante bar y asoleadero, por un t�rmino de 10 a�os. "El titular del presente instrumento jur�dico se denominar� ?El concesionario?, quien es de nacionalidad mexicana y tiene domicilio en Km. 4.5 carretera esc�nica (sic) F.onamiento Brisas del M.�s, Municipio de Acapulco, G..?."

  6. Oficio n�mero A.O.O.D.G.N.A. 9728, de fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por el que el director general de Normatividad Ambiental comunica al delegado de Sedesol en el Estado de G., que en el ejercicio de sus actividades deber� considerar como insubsistente el contenido del oficio n�mero 410-00645 de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y dos (descrito en el inciso c) que antecede).

  7. Escrito de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, presentado al d�a siguiente, por el que R.F.R.�n, en representaci�n de Queira, S. de C.V., se dirigi� al director general de Normatividad y R.�n Ecol�gica, para presentar la manifestaci�n de impacto ambiental modalidad general del proyecto tur�stico B.M.�s, "de acuerdo a la cl�usula segunda del convenio de fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa y uno, y art�culos 9o., 10 y 11 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la P.�n al Ambiente, en materia de Impacto Ambiental." (foja 339).

    En el punto 2.2.7 del anexo exhibido con el escrito antes referido, se precis� por el promovente que: "El �rea para el desarrollo de este proyecto es propiedad de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., y de Queira, S. de C.V." (fojas 360).

  8. El perito A.E.B.�rcenas, (designado por el juzgado) al dar respuesta al cuestionario que se formul� para el desahogo de la prueba pericial correspondiente, precis� que quien autoriz� el uso del suelo (en el fraccionamiento B.M.�s) fue la D.�n de Desarrollo Urbano del Municipio de Acapulco de J., a trav�s de la oficina de Plano Regulador, as� como que el F.onamiento B.M.�s est� ubicado sobre la acera sur de la carretera esc�nica y que se ubica dentro de lo que puede considerarse �rea urbana, ya que se encuentra en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de la Poblaci�n de Acapulco de J., mostr�ndose como uso y zonificaci�n primaria el de residencial tur�stica (fojas 607 a 609).

  9. El perito G.J.C.G.�lez (nombrado por las autoridades responsables), en su dictamen precis�, fundamentalmente, que el F.onamiento B.M.�s se ubica en el Puerto de Acapulco de J., G., en el paraje Punta Bruja, de la secci�n denominada Acapulco Diamante, y que de acuerdo a la manifestaci�n de impacto ambiental, modalidad general, presentada por la quejosa ante el Instituto Nacional de Ecolog�a, el desarrollo no es una zona urbana, sino que es de �ndole tur�stica de alto nivel que integrar� hoteles, condominios, apartamentos, residencias, club de playa, zonas deportivas, zonas comerciales y �reas verdes.

    Asimismo, produjo las respuestas siguientes:

    "1) Que diga el perito qu� tipo de vegetaci�n existe en el lugar en que se realizan las obras de la empresa. Respuesta: En el predio del proyecto B.M.�s se localiza una selva mediana subcaducifolia en excelente estado de conservaci�n. La comunidad ecol�gica natural presente en el lugar es de un alto valor nacional, ya que es uno de los remanentes mejor conservados de uno de los ecosistemas m�s fragmentados y amenazados de M�xico. Esta selva es un ecosistema muy fr�gil, que adem�s alberga una alta diversidad de especies de flora y fauna, que incluyen a un elevado n�mero de especies end�micas y en riesgo de extinci�n. La selva mediana de B.M.�s est� muy bien desarrollada, con dos estratos arb�reos bien definidos y algunos �rboles emergentes del dosel. Presenta una cantidad considerable de �rboles grandes, de m�s de 30 cent�metros de di�metro, con abundancia de arbustos, enredaderas y ep�fitas. La selva mediana es el tipo de vegetaci�n m�s extenso en la regi�n de las bah�as de Acapulco y Puerto M.�s. El terreno sobre el que se desarrolla tiene como caracter�sticas conspicuas, pendientes pronunciadas y una gran cantidad de rocas de gran tama�o (1 m. de di�metro). Esto se puede constatar gr�ficamente en el anexo 1. Para constatar la importancia de la regi�n de B.M.�s, cabe se�alar que a pesar de que el inventario de plantas vasculares de la regi�n de Acapulco Diamante es todav�a incompleto, ya se han registrado 208 especies de un total estimado de por lo menos 800 especies. Estas especies representan a 70 familias y 175 g�neros. La familia mejor representada es leguminosa con 35 especies, seguida de euphorbiaceae con 12 especies y biognoniaceae con 8 especies. Algunas de las especies m�s comunes son ptericarpus acapulcensis, tabebuia rosea, plumeria obtusa, ceiba spp, cordia allidora, bursera spp, penicereus fosterianus, cochlosper mum vitifolium, croton glandulosum, guazuna umbifolia e hymanea curbaril. La riqueza y unicidad de la zona queda de manifiesto si se considera que es la localidad tipo de especies como pterocarpus acapulcensis, mimosa acapulcenss, eugenia acapulcenss, ampero-cyssus acapulcensis y que en los �ltimos a�os se han encontrado por lo menos dos especies de �rboles nuevos para la ciencia, incluyendo una probablemente del g�nero passiflora. Un total de 49 especies son end�micas o est�n consideradas en riesgo de extinci�n, de las que la mayor�a son �rboles. 2) Que diga el perito c�mo afecta al medio ambiente la construcci�n de tres vialidades, en una zona de selva tropical (selva baja caducifolia). Respuesta: La construcci�n de tres vialidades, el predio de Inmobiliaria Rama, S. de C.V. tiene severos impactos ambientales negativos, derivados principalmente por la destrucci�n, la fragmentaci�n y el aislamiento de la selva, as� como de la destrucci�n de los refugios, fuentes de alimentaci�n y la creaci�n de barreras para la fauna silvestre. Las vialidades, adem�s, han impactado el ambiente por la severa erosi�n y arrastre de rocas y materiales inorg�nicos que han provocado. 3) Que diga el perito c�mo afectan al medio ambiente al hacer cortes en un terreno para la construcci�n de tres vialidades. Respuesta: El desarrollo ha causado un profundo impacto al paisaje natural, por la construcci�n de las vialidades, lo que implic� la destrucci�n total de la vegetaci�n natural. Al modificarse de esta forma el ambiente, se destruye a la vegetaci�n, elimin�ndose toda clase de especies, incluyendo a las end�micas y las consideradas en riesgo de extinci�n. Asimismo, se destruyen los refugios y fuentes de alimento para la fauna silvestre. Se observ�, adem�s, que la depositaci�n (sic) de material en taludes ha provocado erosi�n profunda y arrastre de ese material a la zona marina. 4) Que diga el perito de qu� manera se afecta a la fauna con la construcci�n de tres vialidades. Respuesta: La destrucci�n, fragmentaci�n y aislamiento de la vegetaci�n, aunado a la presencia de trabajadores, ruido, maquinaria y explosiones, han afectado a la fauna del predio. Estos efectos se acumulan a los de los desarrollos aleda�os, por lo que son m�s intensos. En general, las vialidades han destruido por completo la selva, con lo que se eliminaron refugios y fuentes de alimentaci�n de innumerables especies de fauna. Aunado a esto, estas obras causan la fragmentaci�n y el aislamiento de la fauna y flora, y conducen a la p�rdida de la diversidad biol�gica. Una vialidad representa una barrera insalvable para muchas especies; asimismo, representa un medio por el cual pueden invadir y establecerse especies ex�ticas como pastos y malezas. 5) Que diga el perito si el construir tres vialidades requiere de alg�n tipo de medidas para proteger y preservar al medio ambiente. Respuesta: Evidentemente, la construcci�n de vialidades en una selva en tan excelente estado de conservaci�n requiere de medidas de mitigaci�n de impactos negativos y medidas encaminadas a la conservaci�n de la diversidad biol�gica regional. Por lo tanto, es imperativo que en el proyecto B.M.�s se lleve a cabo un estudio serio, objetivo y cient�fico apegado a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente y dem�s disposiciones en materia ambiental que de �sta deriven, con el objeto de identificar los impactos m�s importantes y sus medidas de mitigaci�n. 6) Que diga el perito c�mo han erosionado o deteriorado el suelo las obras realizadas en el domicilio citado. Respuesta: Tales obras han ocasionado una erosi�n severa en varias partes del predio, como puede apreciarse en el anexo fotogr�fico. Por ejemplo, la preparaci�n del terreno para la construcci�n de obras en B.M.�s se ha hecho por medio de desmontes, seguidos por dinamitaci�n de las tosas. Esto es muy evidente en las partes ya afectadas del predio. Esto provoc�, entre otras cosas, ruido, humo y polvos. Debido a las pronunciadas pendientes del lugar, as� como de la abundancia de rocas, los impactos identificados de la preparaci�n del terreno incluyen destrucci�n y fragmentaci�n de la vegetaci�n, erosi�n y arrastre de material, deslaves e interrupci�n de los drenes naturales. Se observaron efectos directos e indirectos sobre las ca�adas y arroyos intermitentes por la construcci�n de casas y vialidades, como la erosi�n y deslizamiento de sedimentos y materiales diversos por el desmonte y el transporte de materiales. 7) Que diga el perito c�mo afectan al medio ambiente las obras que realiza la empresa. Respuesta: Evidentemente, las obras realizadas tienen impactos ambientales negativos severos, tal y como se ha explicado en detalle en este documento. Estos impactos modifican la estructura y funci�n de los sistemas biol�gicos y repercuten en el mantenimiento de la diversidad biol�gica. Por ejemplo, la destrucci�n de la selva implica la desaparici�n de un n�mero considerable de especies, en especial de �rboles y ep�fitas. Se observ� que la remoci�n de la flora es total, elimin�ndose casi todas las especies presentes. En los predios desmontados s�lo se observaron plantas herb�ceas, algunas de la cuales son introducidas. El n�mero de individuos y especies de plantas destruidos es alto. A pesar de que no existen datos en el sitio de estudio, los trabajos flor�sticos disponibles sobre la selva baja y selva mediana de la costa de Jalisco, que son menos exuberantes que las de B.M.�s, indican que existen en promedio 300�rboles mayores de 10 cm. de di�metro en la selva baja y 490 en la mediana, por hect�rea. Por lo tanto, la remoci�n de cada 100 hect�reas de selva mediana en B.M.�s implica la destrucci�n de por lo menos 49,000 �rboles. Si como se calcul� conservadoramente que ya se han destruido completamente alrededor de 20 hect�reas de selva, esto implica la destrucci�n de 4,900 �rboles grandes. Las vialidades de B.M.�s han servido de medio de invasi�n y colonizaci�n de algunas especies de plantas introducidas, como R. repens. 8) Que diga el perito en sus conclusiones si las obras que realiza la empresa representan un riesgo inminente de desequilibrio ecol�gico. Respuesta: Es un hecho que dada la magnitud del proyecto y la carencia de estudios adecuados para identificar los impactos ecol�gicos negativos y sus medidas de mitigaci�n, este proyecto representa un riesgo inminente al ambiente. Por ejemplo, al momento de realizar la inspecci�n de campo se estim� que ya se han destruido alrededor de 10 a 20 hect�reas de selva. Se observ� que existen dos casas, una casa -club y restaurante ya construidas, en las que la vegetaci�n natural fue totalmente destruida. Esto mismo se observ� en dos lotes en preparaci�n para construcci�n, en los que los �nicos �rboles que se respetaron fueron los de la periferia de los predios. Como se ha manifestado a lo largo de los incisos anteriores, este proyecto ya est� causando impactos ambientales negativos bastante severos, como son la deforestaci�n y destrucci�n de la selva, fauna y flora asociadas, y la erosi�n y depositaci�n (sic) de sedimentos con sus impactos en la vida silvestre var�an. La evaluaci�n de este proyecto permiti� constatar los severos da�os que ha ya causado, y que han tenido una seria repercusi�n en la p�rdida de la diversidad biol�gica regional. Debido a que el proyecto carece de medidas de mitigaci�n y considera la lotificaci�n total del predio en lotes de alrededor de 1,000 m2, es de esperarse que el desarrollo destruya la mayor parte de la selva, y los remanentes que puedan quedar est�n totalmente aislados y fragmentados. La escasa representaci�n areal de esta vegetaci�n se�ala serias objeciones t�cnicas al desarrollo proyectado. Finalmente, cabe enfatizar que la destrucci�n de la vegetaci�n rompe con la continuidad de la selva mediana y afecta procesos ecol�gicos tanto del predio como de la zona de influencia, por lo que su impacto es de car�cter irreversible y de amplitud regional. 9) Que diga el perito c�mo repercute el dep�sito de sedimentos en el mar. Respuesta: Una de las perturbaciones que m�s afectan a invertebrados y flora marina, de manera irreversible, es la descarga de residuos s�lidos y l�quidos que contaminan el agua y modifican sus caracter�sticas qu�micas y f�sicas. En el �rea de desarrollo existe una interacci�n muy clara entre la selva y los ambientes marinos adyacentes. Se pudo constatar que cantidades considerables de materiales y sedimentos se han depositado en el mar, producto del deslave ocasionado por las explosiones y de la erosi�n causada por la deforestaci�n. En las �reas en las que se ha depositado este material los ambientes marinos han sido destruidos en su totalidad. 10) Que diga el perito c�mo lleg� a sus conclusiones. Respuesta: Se realizaron dos inspecciones en el desarrollo B.M.�s, una por tierra y otra por aire. Al momento de hacer las inspecciones se constat� que ya est�n totalmente terminadas las siguientes obras: tres vialidades, dos casas y una casa-club con restaurante, que consta de varias construcciones. Las vialidades terminadas son de 14 metros de ancho, pavimentadas y sin camell�n. Existen dos casas de gran tama�o, una ubicada en la parte media del desarrollo y otra muy cercana al mar. Finalmente, lo que aparentemente es la casa-club consiste de un restaurante, con una palapa grande, otras dos construcciones (una en forma de faro), club de playa y andadores. Adem�s de las inspecciones, se hizo una extensa evaluaci�n de la informaci�n bibliogr�fica disponible sobre la diversidad biol�gica de la regi�n, lo que permiti� constatar su valor y unicidad biol�gicos, debido a la presencia de una alta diversidad de especies, entre las que se encuentran decenas end�micas y en riesgo de extinci�n. Esta evaluaci�n, sin embargo, subestima los impactos negativos, que s�lo pueden determinarse a trav�s de un estudio detallado de impacto ambiental. Esto se debe a que existen efectos no lineares y efectos acumulativos, que s�lo pueden detectarse por medio de t�cnicas cuantitativas, basadas en informaci�n detallada sobre la diversidad biol�gica del predio y las caracter�sticas del proyecto de desarrollo. Esta evaluaci�n del proyecto B.M.�s pone en manifiesto que ha causado profundos impactos negativos al ambiente. Debido a que el proyecto no cuenta con una manifestaci�n de impacto ambiental y una autorizaci�n del Instituto Nacional de Ecolog�a, carece de medidas de mitigaci�n a los impactos que est� provocando. Esto, aunado a las caracter�sticas biol�gicas tan importantes del predio, en el que se encuentra una de las �ltimas selvas medianas del occidente de M�xico, con una alta concentraci�n de especies end�micas y en peligro de extinci�n, dejan en una precaria situaci�n al desarrollo. Todo indica que el mismo no es compatible con sus lineamientos actuales con un sitio de caracter�sticas tan particulares, por lo que no puede justificarse en su forma actual."

  10. El perito O.�n N. L�pez, designado por la quejosa, en su dictamen precis�, esencialmente, que el F.onamiento B.M.�s se ubica colindando al Norte con la carretera esc�nica Clemente Mej�a, al Sur con la B.�a de Puerto M.�s, al Oriente con J.S.�rez de Villa, Inmobiliaria Puerto M.�s, S.; al Poniente con propiedades del Monte; que s� est� considerado como zona urbana dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad y Puerto de Acapulco de J., indicando uso y zonificaci�n residencial tur�stica; as� como que autoriz� el uso del suelo la D.�n de Desarrollo Urbano del Municipio mencionado, a trav�s del plano regulador.

  11. El perito J.V.A., nombrado por la quejosa, en su dictamen, esencialmente precisa que el �rea definida para el F.onamiento B.M.�s, se encuentra dentro del litoral costero del Estado de G., dentro de la provincia flor�stica de la Costa Pac�fica, y que en �sta, los diversos tipos de vegetaci�n m�s frecuentes son la selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia o bosque tropical subcaducifolio; que este tipo de selva es, en su estado natural, una comunidad densa cuya altura comprende los 5 y 15 metros y el di�metro de los troncos no tiende a superar los 50 cent�metros; que la zona donde se ubica el proyecto es considerada como muy perturbada por encontrarse en un �rea urbana; que los objetivos fundamentales del proyecto consisten en la construcci�n de vialidades y la respectiva lotificaci�n del predio con la intenci�n de darle el uso permitido de "residencial tur�stico de densidad baja.".

    Asimismo, verti� las conclusiones siguientes:

    Una vez que ya han sido descritos y evaluados los efectos ocasionados por las vialidades del F.onamiento B.M.�s, llegamos a las siguientes conclusiones sobre los mismos:-Existe una compatibilidad para el desarrollo de las vialidades del fraccionamiento B.M.�s con los lineamientos establecidos para esta zona por el Plan Director Urbano del Municipio de Acapulco. La construcci�n y puesta en operaci�n de las vialidades para el F.onamiento B.M.�s no provocar� efectos ambientales significativos de manera dr�stica e irreversible, con lo cual no debe haber motivos para prohibir dicho proyecto. Para cada una de las etapas de construcci�n de las vialidades, se implementar�n medidas de mitigaci�n o rehabilitaci�n acordes con las caracter�sticas t�picas de la zona. En lo que respecta a la flora identificada en el predio, no se encontr� (sic) especies amenazadas, en peligro de extinci�n o end�micas, es decir, su remoci�n no significar� la destrucci�n de especies �nicas, adem�s, mucha de esta vegetaci�n ser� utilizada para �reas verdes de ornato urbano. Teniendo presentes las medidas y ejecuci�n de acciones concretas para prevenir o restituir los da�os ocasionados al medio ambiente y su entorno a consecuencia de los efectos ocasionados, se ha planificado la construcci�n de las vialidades para el F.onamiento B.M.�s buscando minimizar los efectos adversos. La mayor�a de estos efectos ser�n ocasionados durante las etapas de preparaci�n y construcci�n de las vialidades y sobre todo en el suelo y la vegetaci�n; a su vez, dichos efectos quedar�n f�sicamente limitados al sitio del proyecto. Llevando a cabo las medidas de prevenci�n propuestas en este documento, se atenuar�n en gran medida los efectos producidos. En vista de la gran distancia que existe entre el �rea donde se realizan los trabajos de las vialidades del F.onamiento B.M.�s (Inmobiliaria Rama, S. de C.V.) y el mar, la ubicaci�n de este proyecto no puede ser considerado como parte de la zona federal mar�timo-terrestre.

  12. Por su parte, G.J.C.G.�lez, perito nombrado por las autoridades responsables, en ampliaci�n de su dictamen, precis� que el predio del proyecto B.M.�s se localiza en una selva mediana subcaducifolia en excelente estado de conservaci�n; que la construcci�n de tres vialidades en una zona de selva tropical afecta al medio ambiente y, asimismo, concluy� lo siguiente:

    8) Que diga el perito en sus conclusiones si las obras que realiza la empresa representan un riesgo inminente de desequilibrio ecol�gico. Respuesta: Es un hecho que dada la magnitud del proyecto y la carencia de estudios adecuados para identificar los impactos ecol�gicos negativos y sus medidas de mitigaci�n, este proyecto representa un riesgo inminente al ambiente. Por ejemplo, al momento de realizar la inspecci�n de campo se estim� que ya se han destruido alrededor de 10 a 20 hect�reas de selva. Se observ� que existen dos casas, una casa-club y restaurante ya construidas, en las que la vegetaci�n natural fue totalmente destruida. Esto mismo se observ� en dos lotes en preparaci�n para construcci�n, en los que los �nicos �rboles que se respetaron fueron los de la periferia de los predios. Como se ha manifestado a lo largo de los incisos anteriores, este proyecto ya est� causando impactos ambientales negativos bastante severos, como son la deforestaci�n y destrucci�n de la selva, fauna y flora asociadas, y la erosi�n y depositaci�n (sic) de sedimentos con sus impactos en la vida silvestre marina. La evaluaci�n de este proyecto permiti� constatar los severos da�os que ya ha causado y que han tenido una seria repercusi�n en la p�rdida de la diversidad biol�gica regional. Debido a que el proyecto carece de medidas de mitigaci�n y considerar la lotificaci�n total del predio en lotes de alrededor de 1,000 m2, es de esperarse que el desarrollo destruya la mayor parte de la selva, y los remanentes que puedan quedar est�n totalmente aislados y fragmentados. La escasa representaci�n areal de esta vegetaci�n en el predio, su enorme diversidad biol�gica y la presencia de especies end�micas y en peligro de extinci�n exclusivas de esta vegetaci�n, se�alan serias objeciones t�cnicas al desarrollo proyectado. Finalmente, cabe enfatizar que la destrucci�n de la vegetaci�n rompe con la continuidad de la selva mediana y afecta procesos ecol�gicos tanto del predio como de la zona de influencia, por lo que su impacto es de car�cter irreversible y de amplitud regional. 9) Que diga el perito c�mo repercute el dep�sito de sedimentos en el mar. Respuesta: Una de las perturbaciones que m�s afectan a invertebrados y flora marina, de manera irreversible, es la descarga de residuos esp�lidos (sic) y l�quidos que contaminan el agua y modifican sus caracter�sticas qu�micas y f�sicas. En el �rea del desarrollo existe una interacci�n muy clara entre la selva y los ambientes marinos adyacentes. Se pudo constatar que cantidades considerables de materiales y sedimentos se han depositado en el mar, producto del deslave ocasionado por las explosiones y de la erosi�n causada por la deforestaci�n. En el �rea en la que se ha depositado este material, los ambientes marinos han sido destruidos en su totalidad. 10) Que diga el perito c�mo lleg� a sus conclusiones. Respuesta: Se realizaron dos inspecciones en el desarrollo Brisas del M.�s (sic), una por tierra y otra por aire. Al momento de hacer las inspecciones se constat� que ya est�n totalmente terminadas las siguientes obras: tres vialidades, dos casas y una casa-club con restaurante, que consta de varias construcciones. Las vialidades terminadas son de 14 metros de ancho, pavimentadas y sin camell�n. Existen dos casas de gran tama�o; una ubicada en la parte media del desarrollo y otra muy cercana al mar. Finalmente, lo que aparentemente es la casa-club consiste de un restaurante con una palapa grande, otras dos construcciones (una en forma de faro), club de playa y andadores. Adem�s de las inspecciones, se hizo una extensa evaluaci�n de la informaci�n bibliogr�fica disponible sobre la diversidad biol�gica de la regi�n, lo que permiti� constatar su valor y unicidad biol�gicas, debido a la presencia de una alta diversidad de especies, entre las que se encuentran decenas end�micas y en riesgo de extinci�n. Esta evaluaci�n, sin embargo, subestima los impactos negativos, que s�lo pueden determinarse a trav�s de un estudio detallado de impacto ambiental. Este se debe a que existen efectos no lineales y efectos acumulativos que s�lo pueden detectarse por medio de t�cnicas cuantitativas, basadas en informaci�n detallada sobre la diversidad biol�gica del predio y las caracter�sticas del proyecto de desarrollo. Esta evaluaci�n del proyecto B.M.�s, pone de manifiesto que ha causado profundos impactos negativos al ambiente. Debido a que el proyecto no cuenta con una manifestaci�n de impacto ambiental y una autorizaci�n del Instituto Nacional de Ecolog�a, carece de medidas de mitigaci�n a los impactos que est� provocando. Esto, aunado a las caracter�sticas biol�gicas tan importantes del predio, en el que se encuentra una de las �ltimas selvas medianas del occidente de M�xico, con una alta concentraci�n de especies end�micas y en peligro de extinci�n, dejan en una precaria situaci�n al desarrollo. Todo indica que el mismo no es compatible con sus lineamientos actuales con un sitio de caracter�sticas tan particulares, por lo que no puede justificarse en su forma actual. Se pretende que despu�s de llevar a cabo un estudio serio y exhaustivo sobre la diversidad biol�gica del sitio se puede realizar una manifestaci�n de impacto ambiental que justifique de manera coherente los requisitos y lineamientos que debe cumplir un proyecto como el desarrollo tur�stico B.M.�s. En relaci�n a las preguntas vertidas por la quejosa, en el presente juicio de garant�as, me permito manifestar lo siguiente: 1) Que precise si las vialidades que existen en los predios propiedad de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., se encuentran debidamente trazadas y si hay necesidad de tumbar �rboles en las mismas. A pesar de no ser un experto en ingenier�a, me parece que es evidente que el trazo de las vialidades en los predios de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., tienen deficiencia en sus trazos ya que se observan amplios taludes expuestos que han causado erosi�n y destrucci�n de vegetaci�n. Es un hecho que para construir las vialidades se han derribado cientos de �rboles, ya que las vialidades se ubican en la selva mediana subcaducifolia. Como se mencion� en las preguntas anteriores, los trabajos flor�sticos disponibles sobre la selva baja y selva mediana de la costa de Jalisco, que son menos exuberantes que las de B.M.�s, indican que existen en promedio 300 �rboles mayores de 10 cm. de di�metro en la selva baja y 490 en la mediana por hect�rea. Por lo tanto, la remoci�n de cada 100 hect�reas de selva mediana en B.M.�s implica la destrucci�n de por lo menos 49,000 �rboles. Como se calcul� conservadoramente que ya se han destruido completamente alrededor de 20 hect�reas de selva, la mayor�a para la construcci�n de las vialidades, esto implica la destrucci�n de por lo menos 4,900 �rboles adultos y miles m�s subadultos y peque�os. 2) Que precise si Inmobiliaria Rama, S. de C.V., env�a sedimentos al mar. Las obras que ya se han construido han ocasionado una erosi�n severa de suelo, grava y rocas en varias partes del predio, que han ido a parar al mar. Esto puede apreciarse en el anexo fotogr�fico presentado en el primer dictamen. Gran parte de los sedimentos que han ido a parar al mar ha sido como consecuencia de la falta de planeaci�n adecuada en los trazos de las vialidades, de lo abrupto del terreno y del uso indiscriminado de dinamita para preparar los predios en donde se han ubicado las obras ya realizadas. Adem�s de la p�rdida de la capa org�nica e inorg�nica del suelo, se observ� que las obras de este proyecto han causado un enorme derrame y arrastre de rocas, lo que ha destruido a la vegetaci�n natural. Por ejemplo, la preparaci�n del terreno para la construcci�n de obras en B.M.�s se ha hecho por medio de desmontes, seguido por dinamitaci�n de las rocas. Esto es muy evidente en las partes ya afectadas del predio. Esto provoca, entre otras cosas, ruido, humo y polvo. Debido a las pronunciadas pendientes del lugar, as� como de la abundancia de rocas, los impactos identificados de la preparaci�n del terreno incluyen destrucci�n o fragmentaci�n de vegetaci�n, erosi�n y arrastre de materia, deslaves e interrupci�n de los drenos naturales. Se observaron efectos directos e indirectos sobre las ca�adas y arroyos intermitentes por la construcci�n de casas y vialidades, como la erosi�n y deslizamiento de sedimentos y materiales diversos por el desmonte y el transporte de materiales. La preparaci�n del sitio para la construcci�n de la vialidad principal, la casa-club y las casas particulares han provocado un deslave masivo de rocas, que han acabado con la vegetaci�n natural y han afectado los ambientes marinos adyacentes. Este impacto es, probablemente, irreversible. 3) Que diga si Inmobiliaria Rama, S. de C.V. colinda en alguna de sus partes con el mar o con la zona mar�timo-terreste. Respuesta: Esta pregunta no la puedo responder adecuadamente, ya que corresponde a un perito en materia jur�dica. Sin embargo, es evidente que Inmobiliaria Rama, S. de C.V. est� afectando severamente la zona mar�timo-terrestre, ya que se est�n depositando sedimentos en el mar. 4) Que diga el perito c�mo apoya sus conclusiones. Respuesta: Para llevar a cabo la evaluaci�n del proyecto de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., se realizaron inspecciones en el desarrollo B.M.�s, una por tierra y otra por aire. Asimismo, con objeto de sustentar la informaci�n biol�gica del trabajo de campo se hizo una extensa evaluaci�n de la informaci�n bibliogr�fica disponible sobre la diversidad biol�gica de la regi�n, lo que permiti� constatar su valor y unicidad biol�gicas, debido a la presencia de una alta diversidad de especies, entre las que se encuentran decenas end�micas y en riesgo de extinci�n.

  13. El perito A.M.M.�nez, designado por el Juzgado de Distrito, emiti� dictamen en el que precis� que en el lugar donde se realizan las obras de la empresa existe un tipo de selva baja caducifolia y en lo conducente sus respuestas son del tenor literal siguiente:

    8. Que diga el perito en sus conclusiones si las obras que realiza la empresa representan un riesgo inminente de desequilibrio biol�gico. R= Desde luego representa un riesgo de desequilibrio biol�gico no tan s�lo en el presente, sino desde que se dio inicio a la obra, ya que ocasion� un cambio radical en las condiciones de vida de los organismos y extinci�n de losmismos, debido al cambio del medio natural. Se anexa fotograf�a. 9. Que diga el perito c�mo repercute el dep�sito de sedimentos en el mar. R= Como dato informativo, debido a que se erosion� el suelo y se explot� en una forma indebida, la compa��a tuvo que acarrear arena de otros lugares por cantidades grandes, de �sta a dicho lugar, por lo tanto, el dep�sito de sedimentos en el mar cambia la din�mica de corrientes superficiales profundas y de retorno, debido a que es constante la precipitaci�n al mar, debido a las condiciones del terreno, asimismo, los organismos marinos del orden de moluscos bivalvos, como son organismos filtradores sufren las consecuencias del impacto ecol�gico y modifica la calidad f�sica-qu�mica del cuerpo de agua, cre�ndose un impacto negativo en la flora y fauna marina del cuerpo de agua que esta alternando. Se anexa fotograf�a. 10. Que diga el perito c�mo lleg� a su conclusiones. R= Las conclusiones de este dictamen se logr� (sic) debido a que se obtuvo informaci�n del predio de la quejosa, datos faun�sticos de la regi�n obtenidos en la Sedesol y estudios biol�gicos del lugar, as� como de la flora y fauna terrestre y marina, asimismo, debido a la colaboraci�n de dos ingenieros top�grafos de la instituci�n armada. Ampliaci�n al cuestionario:-1. Que precise si las vialidades que existen en los predios propiedad de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., se encuentran debidamente trazadas y si hay necesidad de tumbar �rboles en las mismas. R= El trazo y el nivelaci�n (sic) se encuentran correctos, no hay necesidad de accidentar m�s el terreno. se anexa plano del levantamiento topogr�fico de la propiedad Inmobiliaria Rama, S. de C.V. 2. Que precise si Inmobiliaria Rama, S. de C.V., env�a sedimentos al mar. R= Debido a lo accidentado del terreno se est�n llevando aportes de sedimentos hasta el cuerpo de agua. Se anexa fotograf�a. 3. Que diga si Inmobiliaria Rama, S. de C.V. colinda en alguna de sus partes con mar o con la zona federal mar�timo-terrestre. R= No colinda con el mar, ni con la zona federal mar�timo-terrestre debido a que la fracci�n IX (sic) de zona federal mar�timo-terrestre, delimita la faja de 20 metros de ancho de tierra firme transitable que corre paralela a los litorales del mar o a las riberas de cualquier dep�sito que se forme con aguas mar�timas o de los r�os, desde la desembocadura de �stos en el mar hasta el punto r�o arriba donde llegue el mayor flujo anual. 4. Que diga el perito en qu� apoy� sus conclusiones. R= Se realiz� un recorrido visual en el �rea accidentada del terreno con la ayuda de un ingeniero top�grafo de la armada y por mar.

  14. Oficio n�mero 0816, expediente 2,210, de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en el que el director de Desarrollo Urbano y Ecolog�a informa al representante legal de Queira, S. de C.V. (L.U.F., lo siguiente:

    A) Si el F.onamiento Brisas del M.�s, ubicado en este Distrito cuenta con licencia de fraccionamiento autorizada por el Municipio y de ser posible anexar copia de dicha licencia. Se informa que efectivamente cuenta con una licencia autorizada por este H. Ayuntamiento para fraccionamiento y cont� con una licencia para obras de urbanizaci�n, agua potable, drenaje y pavimentaci�n de la segunda etapa de fraccionamiento a nombre de Inmobiliaria Rama, S. de C.V., y/o Queira, S. de C.V., otorgada el 24 de enero de 1992, con un plazo de vigencia de 720 d�as, la cual venci� el 24 de enero de 1994, se anexa copia de la licencia de urbanizaci�n. B) Si el fraccionamiento B.M.�s, se encuentra dentro del �rea urbana indicando qu� destino o uso de suelo se encuentra autorizado. Se inform� que efectivamente se encuentra dentro del �rea urbana y el uso de suelo correspondiente es residencial tur�stico de baja densidad (H.1.T) de acuerdo al Plan Parcial de Acapulco Diamante. C) Se expide copia certificada de la carta urbana que corresponde al fraccionamiento asentado si se encuentra o no dentro de la mancha urbana del Municipio de Acapulco. Por lo anterior, se anexa copia del Plan Parcial de Acapulco Diamante y reafirmamos que se encuentra dentro del �rea urbana de Acapulco de J..

    �) Licencia �nica de construcci�n otorgada a A. L�pez �vila, para la construcci�n de obras de urbanizaci�n, agua potable, drenaje y pavimento de la segunda etapa de fraccionamiento seg�n planos aprobados de un predio que �l dijo ser propiedad de Inmobiliaria Rama, S. de C.V. y/o Queira, S. de C.V., ubicado en Km. 4.5 carretera esc�nica a Puerto M.�s, de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos, expedida por las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco de J..

  15. A.�n de fraccionamiento de fecha veintitr�s de enero de mil novecientos noventa y dos, expedida por autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de J., a Inmobiliaria Rama, S. de C.V. y/o Queira, S. de C.V., cuyo texto es el siguiente:

    "En ejercicio de la facultad que me confiere el art�culo 93, fracci�n V, inciso a), de la Constituci�n Pol�tica del Estado y con fundamento en el art�culo 63, fracciones I y II, de la Ley Org�nica del Municipio Libre y art�culo 15 del Reglamento sobre F.onamiento de Terrenos para el Municipio de Acapulco, tomando en consideraci�n que la promoci�n satisface los requisitos previstos en el mismo, este H. Ayuntamiento ha tenido a bien autorizar la constituci�n de la 2a. etapa, S.�n Navegantes, del fraccionamiento denominado ?Brisas del M.�s?, ubicado en esta ciudad y puerto, con las siguientes caracter�sticas:

    Ver caracter�sticas

    Por esta autorizaci�n se obliga a cumplir con lo establecido en los art�culos 41, 50 y 72, en forma y t�rminos se�alados; el incumplimiento de lo anterior dar� lugar a la cancelaci�n de la presente autorizaci�n. Queda pendiente la autorizaci�n de los planos de red de alcantarillado sanitario y el de nomenclatura de la 1a. y 2a. etapa.

  16. En la audiencia constitucional se desahog� la prueba testimonial ofrecida a cargo de J.L.M.�n B., P.F.C.�n, M.M.�nez y F.S.H., quienes dieron respuesta al interrogatorio siguiente:

    Cuestionario conforme al cual ser�n examinados los testigos M.M.�nez y R.O. de la Cruz. Dir�n los testigos si saben y les consta:-1. Que conocen el F.onamiento B.M.�s. 2. Que conocen la existencia de la sociedad Inmobiliaria Rama, S.A de C.V. 3. Dir� el testigo si sabe qu� trabajos ha efectuado Inmobiliaria Rama, S. de C.V., en el F.onamiento B.M.�s. 4. Que describa el testigo qu� trabajos ha efectuado Inmobiliaria Rama, S. de C.V., en el F.onamiento B.M.�s. 5. Dir� el testigo c�mo ha efectuado Inmobiliaria Rama, S. de C.V., sus trabajos. 6. Que diga el testigo por qu� sabe y le consta lo que ha contestado en la pregunta anterior. 7. Que diga el testigo si sabe y le consta desde cu�ndo ha efectuado sus trabajos Inmobiliaria Rama, S. de C.V., en el F.onamiento B.M.�s. 8. Que diga el testigo si sabe y le consta qu� autoridades han supervisado los trabajos que ha realizado Inmobiliaria Rama, S. de C.V., en el F.onamiento B.M.�s. 9. Que diga el testigo por qu� sabe y le consta lo que ha declarado. Acapulco, Gro., octubre 11 de 1994. Firma.

    Por su orden, los testigos mencionados, en relaci�n al interrogatorio propuesto, expusieron lo siguiente:

    J.L.M.�n B. (sic), originario y vecino de esta ciudad, con domicilio en Quebrada e Independencia n�mero cuatro, colonia Centro, de treinta y seis a�os de edad, casado, de ocupaci�n empleado federal en la Secretar�a de Educaci�n P�blica. Sin tachas confesadas. Examinado conforme al interrogatorio presentado y calificado de legal contest�: A la primera: S�, s� lo conozco. A la segunda: S�. A la tercera: Al parecer las obras ah� aun apenas (sic) empiezan donde est�n abiertas dos vialidades. A la cuarta: No, lo desconozco. A la quinta: S�. A la sexta: Al parecer van a hacer un desarrollo tur�stico club de playa, seg�n letrero que ten�an en la esc�nica. A la s�ptima: S� existe pero deteriorada. A la octava: Era tupida y abundante, donde se pod�an observar grandes �rboles. A la novena: Era tupida y abundante. A la d�cima: S�, si s�. A la d�cima primera: Donde se abrieron las dos vialidades se encuentra la deforestaci�n total y en algunos lugares est� semidestruida y en algunos otros est� la vegetaci�n original. A la d�cima segunda: Soy originario de este puerto y conozco la regi�n desde hace m�s de veinte a�os. Se ratifica lo expuesto, previa lectura, firmando al margen para constancia. Ante la presencia judicial, el segundo de los testigos propuestos por las responsables, quien con cargo a la protesta que rindi� en autos por sus generales expresa: L.P.F.C.�n, de treinta y tres a�os de edad, uni�n libre, con estudios hasta primero de secundaria, empleado del H. Ayuntamiento Constitucional, adscrito a la D.�n de V�a P�blica, con domicilio en calle J.R., n�mero tres, colonia Centro, originario de Morelia, M.�n. Sin tachas confesadas. Examinado conforme al interrogatorio que se calific� de legal contest� a la primera: S� lo conozco. A la segunda: S�. A la tercera: Se notan vialidades, como calles. A la cuarta: No s�. A la quinta: Tampoco lo s�. A la sexta: No s�. A la s�ptima: S�. A la octava: Era abundante y espesa. A la novena: Abundante y espesa. A la d�cima: Tambi�n ah� regular. A la d�cima primera: Es abundante pero no espesa. A la d�cima segunda: Porque tengo aqu� de radicar quince a�os completos y viajo peri�dicamente por all�. Se ratifica lo expuesto, previa lectura, firmando al margen para constancia. Ante la presencia judicial, el primero de los testigos propuestos por la parte quejosa, quien dijo llamarse M.M.�nez, de cuarenta y cuatro a�os de edad, casado, sobreestante de construcci�n, con instrucci�n de t�cnico en construcci�n, originario de Oaxaca, Oaxaca y vecino de esta ciudad, con domicilio en Cumbres de L.L., andador sin nombre, trescientos sesenta y seis, lote uno. Sin tachas confesadas. Acto continuo, interrogado conforme al cuestionario exhibido, a la primera pregunta contest�: S�. A la segunda: S�. A la tercera: S�, trabajos de urbanizaci�n, apertura de calles. A la cuarta: De apertura de calles, adoquinado de calles. A la quinta: Por medios mec�nicos, tractores, maquinaria pesada. A la sexta: Porque he trabajado ah� desde que se inici� el fraccionamiento. A la s�ptima: Desde mil novecientos ochenta y nueve. A la octava: Han ido varias autoridades del Ayuntamiento, de Ecolog�a. A la novena: Porque he trabajado ah� conozco el fraccionamiento. Se ratifica lo expuesto, previa lectura, firmando al margen para constancia. Acto continuo, en uso de la palabra del apoderado de la persona moral disconforme licenciado L.U.F. manifiesta: en atenci�n a que el arquitecto R.O., testigo ofrecido viaja constantemente fuera de este puerto, y no se encuentra en estos momentos en posibilidad de declarar, lo sustituyo y presento en este acto al se�or F.S.H., solicitando se le interrogue en los t�rminos ofrecidos en nuestro escrito donde se anunci� la prueba testimonial, fechado el veintid�s de octubre del a�o pasado. La J. acuerda: como lo solicita el apoderado de la disconforme y toda vez que presenta a otra persona como testigo de su parte, se le tiene sustituyendo al diverso testigo que hab�a propuesto por el compareciente, a quien se protesta para que se conduzca con verdad, haci�ndole saber las penas de prisi�n en que incurren los que declaran falsamente ante una autoridad judicial y habiendo ofrecido no mentir, por sus generales expresa: Llamarse como ha quedado escrito, originario de S.C., Oaxaca, con domicilio en avenida L�zaro C�rdenas n�mero 27-A, esquina calle Tres, colonia B.V., en esta ciudad, ser de cincuenta y un a�os, casado, top�grafo, con instrucci�n hasta preparatoria. Sin tachas confesadas. Examinado en t�rminos del interrogatorio que se calific� de legal respondi� a la primera pregunta: S�. A la segunda: S�. A la tercera: S�. A la cuarta: Apertura de calles, desde mil novecientos ochenta y nueve. A la quinta: Personal propio y maquinaria. A la sexta: He andado trabajando en la inmobiliaria. A la s�ptima: Desde mil novecientos ochenta y nueve. A la octava: principales, Obras P�blicas Municipales, Ecolog�a del Estado y Zona Federal Mar�timo Terrestre. A la novena: Porque tengo contacto con el fraccionamiento, es decir porque yo trabajo ah�.

    Del an�lisis conjunto de los elementos de prueba antes descritos, se concluye que asiste la raz�n a la quejosa, porque como lo alega, no est� demostrado que est� construyendo un desarrollo tur�stico en zona federal, pues del acta de visita y de los diversos dict�menes periciales que se emitieron, no se demuestra plenamente que est� construyendo en una zona mar�timo-terrestre, consistente en la franja comprendida entre los 20 metros de ancho de tierra firme transitable que corre paralela a los literales del mar o a las riberas de cualquier dep�sito que se forma con aguas mar�timas o de los r�os, desde la desembocadura de �stos en el mar hasta el punto r�o arriba donde llegue el mayor flujo anual, que determine tal circunstancia.

    Corrobora la conclusi�n anterior, el contenido de la autorizaci�n expedida por la D.�n General de Ecolog�a y P.�n al Ambiente del Estado de G.; autorizaci�n de fraccionamiento en favor de Inmobiliaria Rama, S., expedida por el presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco; licencia �nica de construcci�n otorgada a A. L�pez �vila, para la construcci�n de obras de urbanizaci�n, agua potable, drenaje y pavimento de la segunda etapa de fraccionamiento seg�n planos aprobados de un predio que �l dijo ser propiedad de Inmobiliaria Rama, S. de C.V. y/o Queira, S. de C.V., ubicado en Km. 4.5 carretera esc�nica a Puerto M.�s, de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos, expedida por las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco de J.; y autorizaci�n de fraccionamiento de fecha veintitr�s de enero de mil novecientos noventa y dos, expedida por autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de J., a Inmobiliaria Rama, S. de C.V. y/o Queria, S. de C.V., pues de tales documentos se advierte que la autoridad municipal claramente establece que la obra de Inmobiliaria Rama se halla ubicada en carretera esc�nica a Puerto M.�s, Km. 4.5, lo que excluye la jurisdicci�n federal, en el supuesto de que se trate de una zona federal mar�timo-terrestre.

    No obsta a lo anterior que en el art�culo 4o. de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, se contemple como facultad concurrente de la Federaci�n y la autoridad local, la aplicaci�n de las normas en materia ecol�gica, porque cada una de las entidades y la Federaci�n tienen supuestos de competencia delimitados y la secretar�a puede prestarles asistencia cuando la soliciten las entidades federativas, o bien celebrar acuerdos de coordinaci�n.

    Consecuentemente, como no est� plenamente demostrado que se trata de un desarrollo tur�stico de car�cter federal, pues aunque se trata de un fraccionamiento destinado al turismo, no se ubica en una zona mar�timo-terrestre ni se trata de una concesi�n de playa.

    Por otra parte, un an�lisis sistem�tico y arm�nico de lo que disponen los art�culos 4o., 5o., 6o., 8o., 28 y 29 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho, que ya se transcribieron, lleva a establecer que, en materia de preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y protecci�n al ambiente, son de competencia federal los asuntos de alcance general en la Naci�n o de inter�s de la Federaci�n, y entre estos �ltimos se halla el relativo al aprovechamiento racional de los recursos forestales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal.

    Asimismo, que era facultad de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, actualmente de la Secretar�a de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, evaluar el impacto ambiental en las actividades que comprendan desarrollos tur�sticos en una zona federal y aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y de especies de dif�cil regeneraci�n.

    Por otra parte, compete a las entidades federativas y Municipios, en el �mbito de sus circunscripciones territoriales y conforme a la distribuci�n de atribuciones que se establezcan en las leyes locales, la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente que se realicen en bienes y zonas de su jurisdicci�n, as� como el ordenamiento ecol�gico local, particularmente en los asentamientos humanos.

    En la especie, la quejosa aduce, esencialmente, que la visita domiciliaria que culmin� con la clausura temporal del fraccionamiento y obras de construcci�n que lleva a cabo en el kil�metro 4.5 de la carretera esc�nica Puerto M.�s, invade la soberan�a estatal, porque no se trata de un desarrollo tur�stico federal, sino que es un fraccionamiento que se halla en la zona urbana del Municipio de Acapulco; y que est� excluido de la aplicaci�n de la Ley Forestal, conforme al art�culo 3o. de esta �ltima.

    En el expediente aparece que la licencia de construcci�n y autorizaci�n de fraccionamiento est�n expedidas por las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco de J., Estado de G., as� como un informe de las autoridades municipales en el que precisan, expresamente, que el inmueble donde se levanta el fraccionamiento de la hoy quejosa, se halla en la zona urbana del Municipio.

    Esos documentos tiene valor probatorio pleno porque est�n expedidos por autoridades con fe p�blica, en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establecen los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, en t�rminos del art�culo 2o. de esta �ltima, y por su contenido demuestran que en las fechas y condiciones que en ellos se indican, otorgaron la licencia y autorizaci�n para que Inmobiliaria Rama, llevara a cabo el fraccionamiento ubicado en el kil�metro 4.5 de la carretera esc�nica Puerto M.�s, Municipio de Acapulco, y que se halla en la zona urbana.

    De igual manera, como se dej� analizado en p�rrafos precedentes, no est� acreditado plenamente que el inmuebles propiedad de la quejosa est� enclavado en una zona mar�timo-terrestre de jurisdicci�n federal, pues en el acta que se levant� con motivo de la visita domiciliaria, �nicamente se asienta que tiene comunicaci�n con el inmueble de Inmobiliaria Queira, quien s� tiene concesi�n de una parte de la playa, pero no hay un elemento de prueba id�neo del cual se desprenda que s� se halla en una zona de jurisdicci�n federal; incluso, el perito designado por el juzgado asienta en una de sus conclusiones que no se trata de una zona de esta naturaleza, en los t�rminos siguientes:

    3 Que diga si Inmobiliaria Rama, S. de C.V. colinda en alguna de sus partes con mar o con la zona federal mar�timo-terrestre. R= No colinda con el mar, ni con la zona federal mar�timo-terrestre, debido a que la fracci�n IX (sic) de zona federal mar�timo-terrestre, delimita la faja (sic) de 20 metros de ancho de tierra firme transitable que corre paralela a los litorales del mar o a las riberas de cualquier dep�sito que se forme con aguas mar�timas o de los r�os, desde la desembocadura de �stos en el mar hasta el punto r�o arriba donde llegue el mayor flujo anual. 4. Que diga el perito en qu� apoy� sus conclusiones. R= Se realiz� un recorrido visual en el �rea accidentada del terreno con la ayuda de un ingeniero top�grafo de la armada y por mar.

    En este orden de ideas, son fundados los argumentos de laquejosa, en el sentido de que su inmueble est� enclavado en la zona urbana y que no se trata de un desarrollo tur�stico enclavado en zona federal.

    Ello, porque aun cuando de las mismas, licencia de construcci�n y autorizaci�n del fraccionamiento se asienta la caracter�stica de que es un desarrollo tur�stico, no est� probada la calidad de federal, porque no est� ubicado en una zona mar�timo-terrestre.

    Por otra parte, en la propia acta que el funcionario correspondiente levant� con motivo de la visita domiciliaria, establece que advirti� que se trataba de un fraccionamiento inmerso en una zona de selva y que se infring�a lo dispuesto en el art�culo 29, fracci�n VII, de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la P.�n al Ambiente (que se refiere al aprovechamiento de la selva tropical) porque la visitada no contaba con autorizaci�n en esa materia.

    Esto �ltimo, verificar el aprovechamiento de la selva, s� surte en principio la competencia federal pues es una materia que est� reservada al Gobierno Federal, conforme lo establece el art�culo 29, fracci�n VII, de la precitada ley, cuyo texto a la letra dice:

    "Art�culo 29. Corresponder� al Gobierno Federal, por conducto de la secretar�a, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el art�culo 28 de esta ley, particularmente trat�ndose de las siguientes materias:

    ... VII. Aprovechamiento forestal de bosques y selvas tropicales y de especies de dif�cil regeneraci�n, en los casos previstos en el segundo p�rrafo del art�culo 56 de la Ley Forestal.

    La circunstancia de que el inmueble donde se ubica el fraccionamiento de la quejosa est� enclavado en una zona de selva, queda plenamente probado con el resultado de los dict�menes periciales rendidos en el juicio de amparo, porque todos coinciden esencialmente, en que es una zona de selva mediana subcaducifolia, en la que se alberga una alta diversidad de especies de flora y fauna, que incluyen a un elevado n�mero de especies end�micas y en riesgo de extinci�n.

    Pero como el inmueble de la quejosa, aunque comprende �rea de selva, de acuerdo a los documentos expedidos por la autoridad local, est� dentro de una zona urbana, por esta raz�n no se constituye en un recurso forestal teniendo en cuenta que �ste se define en la Ley Forestal, como aquellos terrenos que est�n cubiertos por bosques, selvas o vegetaci�n forestal de zonas �ridas y que no se considerar�n como terrenos forestales los situados en �reas urbanas, de modo que cobra aplicaci�n la excepci�n que se establece en el art�culo 3o. de la Ley Forestal, que es del tenor literal siguiente:

    "Art�culo 3o. Las disposiciones de esta ley son aplicables en los terrenos forestales y en aquellos con aptitud preferentemente forestal, cualquiera que sea su r�gimen de propiedad.

    "Son terrenos forestales los que est�n cubiertos por bosques, selvas o vegetaci�n forestal de zonas �ridas.

    Son terrenos de aptitud preferentemente forestal, aquellos que no estando cubiertos por dicha vegetaci�n, por sus condiciones de clima, suelo y topograf�a, puedan incorporarse al uso forestal, excluyendo aquellos que, sin sufrir degradaci�n permanente, puedan ser utilizados en agricultura y ganader�a. No se considerar�n como terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal los situados en �reas urbanas.

    Consecuentemente, la orden de inspecci�n emitida por la autoridad federal que practic� la visita invadi� la soberan�a estatal, como lo plantea la quejosa, porque la emiti� sin tener atribuciones, y, por ende, infringe, en perjuicio de la quejosa, lo dispuesto en el art�culo 103, fracci�n II, constitucional, as� como la garant�a consagrada en el art�culo 16 constitucional, relativa a que el acto de molestia debe estar emitido por autoridad competente, lo que motiva a concederle el amparo y protecci�n de la Justicia Federal.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Inmobiliaria Rama, S. de C.V., contra actos del Congreso de la Uni�n, presidente de la Rep�blica, secretario de G.�n y secretario de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, actualmente secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO

Con la salvedad anterior, la Justicia de la Uni�n ampara y protege a Inmobiliaria Rama, S. de C.V., contra actos de las dem�s autoridades que se precisan en el resultando primero de esta sentencia.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, devu�lvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, funcionando en Pleno, por unanimidad de once votos de los Ministros S.S.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., G.D.G.�ngora P., Jos� de J.�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.M.�a del Carmen S�nchez C., J.N.S.M. y presidente J.V.A.A.�n.

Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..

Nota: En el acta de sesi�n celebrada el 6 de enero de 1997, se orden� la publicaci�n de la presente ejecutoria.

Las tesis derivadas de esta ejecutoria fueron publicadas con los n�meros P.L., P.L. y P.L., en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo V-Mayo, p�ginas 176, 177 y 168, respectivamente.