Voto num. P. XX/2006 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26933163

Voto num. P. XX/2006 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. XX/2006
Materia:Voto Particular de la Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 2006
RESUMEN

PRISIÓN VITALICIA. LA ACUMULACIÓN MATERIAL DE PENAS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EQUIVALE A UNA PENA DE TAL NATURALEZA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO DE 2003).

 
CONTENIDO

PRISI�N VITALICIA. NO ES UNA PENA INUSITADA Y TRASCENDENTAL, POR LO QUE NO VIOLA LA CONSTITUCI�N FEDERAL.

PRISI�N VITALICIA. SE EQUIPARA A �STA LA PENA DE PRISI�N CUYA DURACI�N REBASE OSTENSIBLEMENTE EL TIEMPO DE VIDA DEL SER HUMANO.

Voto particular del M.J.N.S.M..

En el presente voto expongo las razones por las cuales no comparto la determinaci�n mayoritaria, en relaci�n con la forma y sentido en que se resuelve el primero de los temas planteados por la accionante, esto es, el relativo al art�culo 27 del C�digo Penal del Estado de Chihuahua.

I.A. de la accionante.

La accionante, en su segundo concepto de invalidez, manifiesta que la aplicaci�n del art�culo 27 del C�digo Penal del Estado de Chihuahua, trae como consecuencia que por la comisi�n de delitos de homicidio doloso (trat�ndose de mujeres o menores de edad) y de secuestro, cuyas penalidades van de treinta a sesenta a�os y veinte a cuarenta a�os, respectivamente, se impondr�, trat�ndose de concurso de delitos, la pena m�xima por cada uno de ellos; que si se toma en cuenta que el art�culo 74 de dicho ordenamiento legal, proscribe el otorgamiento de beneficios preliberacionales, la pena que se impusiera en esos t�rminos, ser�a vitalicia, por lo que ser�a contraria a las garant�as contenidas en los art�culos 18, 22 y 133 de la Constituci�n Federal.

Como se puede apreciar, lo que se cuestiona es el sistema para la imposici�n de las penas y no las penas en s� mismas que le corresponden a cada uno de los delitos a que alude la porci�n normativa del precepto cuya invalidez se solicita (homicidio doloso y secuestro).

En mi concepto, el precepto cuya invalidez se solicita, es inconstitucional.

Como una cuesti�n previa, debe se�alarse que los promoventes de la presente acci�n de inconstitucionalidad, en su segundo concepto de invalidez, ponen de manifiesto la preocupaci�n que tienen por el homicidio de mujeres, por lo que est�n de acuerdo en que se aumenten las penas correspondientes.

Pero aducen, que para que no resulte contraproducente, el aumento de penas debe hacerse respetando el marco constitucional que las rige, para que en un futuro los delincuentes no puedan aprovecharse de posibles vicios de constitucionalidad y puedan obtener su libertad.

De lo anterior, puede advertirse que los legisladores promoventes est�n previendo que las personas a quienes se les atribuya la comisi�n de un delito y que por esa raz�n est�n relacionadas en un procedimiento penal, aplic�ndoles los preceptos cuya invalidez solicitan, puedan encontrar en la propia ley, por adolecer de alg�n vicio de inconstitucionalidad los mismos, un medio para obtener su libertad.

  1. La libertad personal en relaci�n con el art�culo 1o. de la Constituci�n General de la Rep�blica.

    Las garant�as individuales constituyen un n�cleo indispensable para todos los Poderes Constituidos.

    El legislador est� subordinado a la Constituci�n, por lo que no puede crear una ley que tenga por objeto disponer de todo el contenido y eficacia de alguna garant�a individual.

    Es decir, el legislador, en cuanto Poder Constituido, no tiene facultades para vaciar de contenido toda la libertad personal de los gobernados.

    La norma secundaria general, abstracta e impersonal que contenga una pena privativa de libertad vitalicia o equiparable, constituye un acto que, en autom�tico, tiene como finalidad sustraer toda la libertad personal del individuo que se ubique en el supuesto respectivo.

    Por tanto, el legislador act�a en exceso de facultades cuando dispone de toda la libertad personal de un individuo, con independencia de los bienes jur�dicos constitucionales que busque proteger.

    Las garant�as individuales son el freno de las mayor�as democr�ticas, son el l�mite infranqueable de las leyes. Las garant�as individuales favorecen incluso a quienes cobardemente arrebatan la libertad de otros. El Estado constitucional no puede rebajarse al nivel de los delincuentes, y responderles con la misma moneda, porque no puede deslegitimarse y desvalorar la vida y libertad de los gobernados.

    En el momento en que se permita al legislador disponer de todo el contenido de una garant�a individual, ello significar� que un Poder Constituido puede desconstitucionalizar los derechos fundamentales.

    El hecho de que el Constituyente haya previsto la pena de muerte para los delitos que �l mismo precis� en el art�culo 22 de la N.S., no conduce a determinar que los Poderes Constituidos puedan disponer de las garant�as individuales que se pudieran considerar de menor valor que el derecho a la vida.

    Esto es as�, porque, en primer lugar, es el Constituyente, y no el legislador, quien, en ese supuesto, est� disponiendo del derecho a la vida para sancionar las conductas respectivas. En segundo lugar, porque esa interpretaci�n dejar�a sin efectos el principio de supremac�a constitucional, que impide que el legislador pueda nulificar plenamente el contenido de las garant�as individuales.

  2. Fines de las penas en el art�culo 18 de la Constituci�n General de la Rep�blica.

    El segundo p�rrafo del art�culo 18 constitucional prev�: "Los Gobiernos de la Federaci�n y de los Estados organizar�n el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitaci�n para el mismo y la educaci�n como medios para la readaptaci�n social del delincuente. ..."

    Asimismo, el art�culo 5o., apartado 6, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, prev� que: "Las penas privativas de la libertad tendr�n como finalidad esencial la reforma y la readaptaci�n social de los condenados."

    Del art�culo 18 constitucional se desprende un mandato dirigido a la Federaci�n y los Estados en el sentido de que el sistema penal debe estar construido sobre fines ligados al respeto a la dignidad humana, porque debe estar organizado sobre la base del trabajo, la educaci�n y la readaptaci�n social.

    De la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos se desprende la obligaci�n del Estado mexicano (dirigida consecuentemente a todos los poderes p�blicos) de que el fin esencial de las penas privativas de libertad sea la readaptaci�n social de los condenados.

    En consecuencia, si la Federaci�n, las entidades federativas y todo el Estado mexicano, deben respetar la finalidad esencial de readaptaci�n social en el �mbito punitivo, est� claro que ni el legislador local, ni esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n podr�an variar, tolerar o validar actuaciones que nulifiquen dicho mandato jur�dico.

    Es innegable que la funci�n de readaptaci�n de las penas, no es la �nica y exclusiva finalidad del derecho punitivo.

    La imposici�n de penas tiene diversos fines, adem�s de la readaptaci�n social, como, por ejemplo, la prevenci�n del delito.

    El legislador est� facultado para expedir leyes que prevean penas privativas de libertad que persigan fines constitucionales distintos a la readaptaci�n social; sin embargo, a lo que no est� autorizado el legislador es a establecer penas que ignoren, excluyan o evadan de modo absoluto la finalidad de readaptaci�n exigida por la Constituci�n.

    Esto es, el legislador puede prever penas, persiguiendo distintas finalidades constitucionales, sin excluir la de readaptaci�n social.

    Se ha cuestionado si la readaptaci�n social del reo es o no una garant�a individual; en este caso, nos encontramos analizando una acci�n de inconstitucionalidad, en que no es necesario examinar la existencia de un perjuicio o inter�s jur�dico, por lo que resulta irrelevante decidir si la funci�n de readaptaci�n social de las penas constituye una garant�a individual.

    Lo que s� es relevante es que el Poder de Reforma ha previsto un mandato dirigido a la Federaci�n y a los Estados en el sentido de que el sistema de punici�n del Estado mexicano debe perseguir como finalidad, entre otras, la readaptaci�n social de los individuos.

    Lo que tambi�n es relevante es que la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos impide al legislador mexicano a inobservar en sus leyes que la finalidad esencial de las penas debe ser la readaptaci�n social del reo.

    Esto es, aun cuando se considerara que no es una garant�a individual la readaptaci�n social, lo cierto es que la Constituci�n y la Convenci�n Americana, obligan al legislador federal y local a que construya el sistema penal con fines humanitarios, toda vez que obligan a que organice sobre la base del trabajo, la capacitaci�n para el mismo y la educaci�n, para la readaptaci�n social del delincuente.

    Por ende, ni el legislador ordinario, ni esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, est�n facultados para reemplazar, sustituir o modificar la decisi�n tomada por el Poder de Reforma en el sentido de que las penas deben tener, entre otras, una finalidad ligada a la readaptaci�n social del reo.

    La cristalizaci�n de esa filosof�a del poder punitivo del Estado en la Constituci�n misma, genera que no corresponda al legislador ordinario ni a los tribunales emitir juicios de conveniencia, ni de constitucionalidad, del contenido de dicha decisi�n.

    Si la sociedad desea modificar esa filosof�a del derecho punitivo, corresponde al Poder de Reforma realizar las modificaciones pertinentes, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n no est� legitimada para trastocar las decisiones de la democracia mayoritaria de nuestro pa�s, plasmadas en la Constituci�n.

    En el siglo XXI, el poder punitivo del Estado tiene fines diversos a los imperantes en �pocas del pasado. La justa retribuci�n, la intimidaci�n, la ley del tali�n -ojo por ojo, diente por diente-, constituyen conceptos y fines ajenos al Estado constitucional en que vivimos.

    El Juez-vengador es un concepto excluyente al de Juez-imparcial, previsto como garant�a en todos los Estados constitucionales del momento.

    Actualmente, las penas persiguen fines centralmente preventivos, disuasorios y, de modo complementario, fines de readaptaci�n social. No podr�a readaptarse una persona que, por su conducta, est� destinada a ser segregada por cien a�os o m�s de la vida en sociedad.

    Cuando una ley tolera y posibilita que una persona pueda ser reclu�da por cien a�os o m�s, por su conducta, esa norma busca �nicamente una contraprestaci�n a cargo de dicho individuo, lo que va ligado a una concepci�n retributiva de la pena, equiparable a la filosof�a de la ley del tali�n, que cuando menos el sistema constitucional mexicano excluye expresamente a trav�s del art�culo 18 constitucional.

    En el caso que nos ocupa, como se expondr� detalladamente m�s adelante, la pena privativa de libertad vitalicia, o equiparable, es ostensiblemente contraria a los fines de readaptaci�n social de las penas que exige la Constituci�n, toda vez que la naturaleza de su ejecuci�n, impide absolutamente la reintegraci�n del individuo en sociedad, ya que ese tipo de penas presentan como objetivo �nico la justa retribuci�n y generan, por tanto, una regresi�n del sistema jur�dico equiparable a la filosof�a imperante en los tiempos de la ley del tali�n.

    En suma, sea o no una garant�a individual la readaptaci�n social del reo, lo cierto es que existe un mandato constitucional e internacional, dirigido a la Federaci�n, a las entidades federativas y al Estado mexicano en su conjunto, en el sentido de que las normas sobre punici�n deben perseguir, adem�s de otros fines, funciones de readaptaci�n social.

  3. Las penas inusitadas y trascendentales en el art�culo 22 de la Constituci�n General de la Rep�blica.

    El art�culo 22 constitucional prev� que: "... Quedan prohibidas las penas ... inusitadas y trascendentales. ..."

    De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Espa�ola, las palabras inusitada y trascendental tienen los siguientes significados.

    La palabra inusitado significa: No usado, desacostumbrado.

    Por su parte, la palabra trascendental significa:

    1. Que se comunica o extiende a otras cosas.

    2. Que es de mucha importancia o gravedad, por sus probables consecuencias.

    Desde mi punto de vista, la utilizaci�n de dichas palabras por la Constituci�n supone que la intenci�n de la norma radica en excluir de nuestro sistema jur�dico penal, cuando menos, la imposici�n de penas no acostumbradas, innecesarias o graves.

    La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n no est� llamada a juzgar si la pena de prisi�n de m�s de cien a�os satisface el llamado de la sociedad en una crisis de inseguridad p�blica.

    Los Jueces constitucionales debemos resolver si una pena de prisi�n de m�s de cien a�os respeta o no derechos fundamentales y los referidos mandatos previstos en la Constituci�n.

    A mi juicio, la pena privativa de libertad vitalicia, o equiparable, es una pena prohibida por el art�culo 22 constitucional, porque es innecesaria y trasciende a la dignidad de la persona humana, tomando en cuenta la ausencia de beneficio de ese tipo de penas; su escasa eficacia disuasoria; su car�cter irreversible; su efecto deseducativo; as� como la desvalorizaci�n oficial de la vida humana que implica.

    Es una pena inusitada y trascendental, adem�s, porque afecta la idea del respeto a la dignidad de la persona, ya que tiende a cosificar al ser humano, al considerarlo como un medio para conseguir objetivos de publicidad para el sistema en crisis de seguridad p�blica, por lo que deja de tratar al individuo como un fin en s� mismo.

    En efecto, el legislador, a trav�s del establecimiento de prisiones vitalicias o equiparables, cosifica al ser humano, porque parte de la idea de la sociedad como organismo del que es correcto amputar o desmembrar el �rgano infectado, segregando a individuos definitivamente de la comunidad.

    La relaci�n entre pena y delito no es una relaci�n de cambio como la que se da entre mercanc�a y moneda, sino una relaci�n p�blica y determinada por la autoridad en la que no se cambia y mucho menos se contrata algo, y las penas privativas de libertad o pecuniarias, aun cuando concebibles como "equivalentes generales", no se imponen a causa de un "cambio de equivalentes" sino contra la voluntad del condenado para prevenir los males mayores que provendr�an de las represiones informales y de la repetici�n de delitos an�logos.

    La cr�tica constitucional a las penas privativas de libertad excesivas se basan por el simple principio moral de la inviolabilidad incondicional de la vida humana. La ausencia de beneficio de dichas penas, su escasa eficacia disuasoria, su car�cter irreversible o el efecto deseducativo derivado de la desvalorizaci�n oficial de la vida humana, generan que ese tipo de penas carezca de legitimaci�n alguna.

    Es obvio que las penas, si quieren desarrollar la funci�n preventiva que tienen asignada, deben consistir en hechos desagradables o, en cualquier caso, en "males" id�neos para disuadir de la realizaci�n de otros delitos.

    Pero, "qu�" y "cu�nta pena son legalmente admisibles cualquiera que sea la gravedad del delito".

    La m�s antigua respuesta al primer orden de cuestiones. La idea iusnaturalista de que la pena deba igualar al delito y consistir, por tanto, en un mal de la misma naturaleza e intensidad.

    Esta pretensi�n va estrechamente ligada a una concepci�n retributiva de la pena. Constituye la base de la primera doctrina de la calidad de la pena: el principio del tali�n -ojo por ojo, diente por diente- presente con connotaciones m�gico-religiosas en todos los ordenamientos arcaicos, desde el C�digo de H. hasta la Biblia y las XII Tablas.

    La doctrina, actualmente, ha distinguido, en t�rminos aproximados, tres fases en el desarrollo hist�rico de las penas:

    1. La de las penas informales, marcada por el car�cter casual, relativamente espont�neo, no reglado y, sobre todo, privado de la intervenci�n punitiva;

    2. La de las penas naturales, caracterizada por la b�squeda, aunque sea ilusoria, de un nexo natural o sustancial entre pena y delito; y,

    3. La de las penas convencionales, basada en el reconocimiento del car�cter exclusivamente jur�dico de la relaci�n entre el tipo y el grado de las penas y el tipo y el grado de delito.

    Cada una de estas fases corresponde, en l�neas generales, al afirmarse de un principio penal garantista y de una consiguiente limitaci�n del arbitrio punitivo.

    As�, las penas que he llamado "naturales" supone, respecto a las "informales", la aceptaci�n del principio de retributividad expresado en nuestro primer axioma nulla poena sine crimine e indudablemente satisfecho por el criterio del tali�n.

    Las penas "convencionales", a su vez, se afirman simult�neamente al principio de legalidad de las penas expresado en la tesis nulla poena sine lege, indispensable para la estipulaci�n y graduaci�n normativas de la calidad y cantidad de las penas.

    En fin, la formalizaci�n legal de la pena constituye un presupuesto esencial tambi�n para su minimizaci�n conforme al criterio, utilitarista y humanitario, expresado por la tesis nulla poena sine necesitate.

    Si los dos primeros principios responden a la pregunta "�Cu�ndo castigar?", este tercer principio constituye la principal respuesta, elemental y quiz� un poco sumaria, dada por el pensamiento ilustrado a la pregunta "�C�mo castigar?". La pena debe ser "necesaria" y "la m�nima de las posibles" respeto al fin de la prevenci�n de nuevos delitos.

    Se trata de una como freno a las penas in�tilmente excesivas. "La ley no debe establecer m�s que penas estricta y evidentemente necesarias", establecen el art�culo 8o. de la declaraci�n de mil setecientos ochenta y nueve, el art�culo 16 de la Constituci�n francesa de mil setecientos noventa y tres y el art�culo 12 de la de mil setecientos noventa y cinco. Y antes a�n el art�culo 9o. de la declaraci�n de Virginia de mil setecientos setenta y seis hab�a sancionado la prohibici�n de infligir "castigos crueles o inusitados".

    No hay libertad cuando algunas veces permiten las leyes que en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se repute cosa.

    Argumento decisivo contra la inmunidad de las penas es por el contrario el principio moral del respeto a la persona humana, enunciado por B. y por K. con la m�xima de que cada hombre y, por consiguiente, tambi�n el condenado, no debe ser tratado nunca como un "medio" o "cosa", sino siempre como "fin" o "persona". No es s�lo, y sobre todo, no es tanto por razones econ�micas, sino por razones morales ligadas a aquel principio.

    Debo a�adir que este argumento tiene un car�cter pol�tico, adem�s de moral; sirve para fundar la legitimidad del Estado �nicamente en las funciones de tutela de la vida y los restantes derechos fundamentales; de suerte que conforme a ello, un Estado que mata, que tortura, que humilla a un ciudadano no s�lo pierde cualquier legitimidad, sino que contradice su raz�n de ser, poni�ndose al nivel de los mismos delincuentes.

    Un argumento a favor de la humanidad de las penas, en el sentido de que toda pena cualitativa y cuantitativamente (superflua por ser) mayor que la suficiente para frenar reacciones informales m�s aflictivas para el reo, puede ser considerada lesiva para la dignidad de la persona. Ya se ha dicho que esta medida es el l�mite m�ximo no superable sin que el reo sea reducido a la condici�n de cosa y sacrificado a finalidades ajenas.

    En suma, a mi juicio, la pena privativa de libertad vitalicia o equiparable, es una pena prohibida por el art�culo 22 constitucional, porque es innecesaria y trasciende a la dignidad de la persona humana, tomando en cuenta la ausencia de beneficio de ese tipo de penas; su escasa eficacia disuasoria; su car�cter irreversible; su efecto deseducativo; as� como la desvalorizaci�n oficial de la vida humana que implica.

  4. Las penas y el sistema para su imposici�n.

    El legislador al crear las penas y el sistema para la imposici�n de las mismas, no cuenta con libertad absoluta para su establecimiento en la ley, sino que debe atender a diversos principios como, entre otros, lo es el de la proporcionalidad entre delito y pena, ya que de ello depender� si su aplicaci�n es o no humanitaria, infamante, cruel o excesiva, o por el contrario, es acorde a los postulados constitucionales.

    La proporci�n entre delito y pena, en el caso del Poder Legislativo, es el de hacer depender la gravedad de la pena en forma abstracta, lo cual se encuentra relacionado con la naturaleza del delito cometido, el bien jur�dico protegido y el da�o que se causa al mismo; el aspecto del grado de culpabilidad es una cuesti�n que ata�e al �rgano jurisdiccional.

    Esto permite advertir la importancia que tiene el que el Poder Legislativo justifique, en todos los casos y en forma expresa, en el proceso de creaci�n de la ley, cu�les son las razones del establecimiento de las penas y el sistema de aplicaci�n de las mismas, para cuando una persona despliega una conducta considerada como delito.

    De lo anterior se concluye que tanto las penas que establece el legislador para cada uno de los delitos establecidos en la parte especial del C�digo Penal, como el sistema para su imposici�n, se encuentran sujetos al �rgano de control constitucional.

    El legislador, para el efecto de establecer las penas, tendr� que observar el principio de humanidad, que implica lo siguiente:

    - Que la pena de que se trate sea justa, para ello deber� establecer su proporci�n con el bien jur�dico, quedando al juzgador establecer el grado de culpabilidad.

    - Que la pena que se establezca sea necesaria, con lo que se tender� a la conservaci�n del sistema y la estabilidad social.

    - Que la pena sea socialmente �til, es decir, que produzca m�s beneficio a la sociedad que da�o.

    - Que la pena sea humanitaria, en el sentido de que no se aplique con crueldad y sufrimientos, con total respeto a los derechos del gobernado reconocidos universalmente, en aras de su readaptaci�n social.

    - Que la pena sea lo que merece el sujeto de acuerdo al grado de su culpabilidad y, que la misma sea legal en sus dos vertientes: desde que se establece en la ley sustantiva, hasta por lo que hace a su ejecuci�n penitenciaria.

    Como puede apreciarse, la pena contemplada para cada uno de los delitos y el sistema para su imposici�n se complementan, ya que no puede concebirse el principio de humanidad de las penas si alguno de los dos, o ambos, no son acordes a los postulados constitucionales.

  5. Concurso de delitos.

    Por lo general, la ley distingue los casos en que una acci�n realiza m�s de un tipo penal y los de varias acciones m�s de un tipo penal o m�s de una vez un tipo penal.

    Cuando con una conducta se comenten varios resultados, se le denomina concurso ideal o formal; por el contrario, cuando con varias conductas se comenten varios resultados, se est� en presencia de un concurso real o material.

    El C�digo Penal del Estado de Chihuahua, al respecto dispone:

    Art�culo 14. Existe concurso ideal o formal, cuando con una sola conducta se comente varios delitos."

    Art�culo 15. Existe concurso real o material, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos, si no han sido motivo de sentencia ejecutoriada y la acci�n para perseguirlos no est� prescrita."

    En ambos casos el autor debe responder de varios delitos, por lo que la importancia de este tema radica en la forma en c�mo se va a determinar la sanci�n correspondiente.

    De esta manera se debe analizar, desde el punto de vista de la pol�tica legislativa, si el concurso de delitos debe recibir el mismo tratamiento sancionatorio, o bien, debe ser diferenciado.

    En algunas legislaciones como Francia, ofrecen el mismo tratamiento para el concurso de delitos; mientras que, por ejemplo, en Espa�a y M�xico, distinguen para efectos sancionatorios el concurso ideal del concurso real.

    A.�rtase, que lo que se analiza, no es la pena, espec�ficamente considerada, que corresponde a cada delito cometido, sino que lo anterior conduce al an�lisis de las reglas que se establecen para tal efecto.

    El legislador, puede adoptar el principio de absorci�n, de acuerdo al cual, se aplica la pena del delito m�s grave de la pluralidad de delitos presentados, o bien, que se determinen las penas correspondientes para cada uno de los delitos concurrentes para sumarlas, lo que se denomina acumulaci�n material o aritm�tica.

    El inconveniente del principio de absorci�n, es que el sujeto activo del delito contar� con que el juzgador, de acuerdo a la regla establecida en la ley, le aplicar� la pena del delito m�s grave sin tomar en cuenta la de los delitos menos graves, con menoscabo de la prevenci�n general.

    En relaci�n con el principio de acumulaci�n material o aritm�tica, se sustenta en la idea de retribuci�n (retribuci�n de un mal -delito- con un mal -pena-), lo que genera que en muchos casos, cuando son penas privativas de libertad, la acumulaci�n puede cambiar su car�cter espec�fico, para convertirla en una prisi�n vitalicia o perpetua, que se aleja del principio de readaptaci�n social; por lo que en el caso tambi�n debe analizarse el "l�mite absoluto" que para tal efecto se establece.

    El legislador adopt� el anterior principio en el c�digo sustantivo del Estado de Chihuahua, como se aprecia a continuaci�n:

    Art�culo 67. En caso de concurso real de delitos se impondr�n las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, aplic�ndose en su caso, lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 27 de este C�digo."

    Ante los inconvenientes de los anteriores principios que rigen las reglas para la imposici�n de la penas, surgen otros, como el de asperaci�n o exasperaci�n, que toma en cuenta la pena del delito m�s grave, increment�ndola por encima de su l�mite superior; tambi�n se encuentra el principio de acumulaci�n jur�dica, el cual parte de la suma de las penas individuales de cada uno de los delitos, fijando l�mites m�ximos a su cumplimiento efectivo.

    En cuanto al concurso real de delitos, para efecto de acumulaci�n de penas, cabe referir que en nuestra legislaci�n se ha establecido un "l�mite absoluto", que oscila entre los cincuenta y sesenta a�os.

  6. Concurso de penas.

    Una cuesti�n diferente, lo constituye el concurso de penas, por el cual se entiende cuando un sentenciado debe compurgar m�s de una pena proveniente de sentencias diversas e irrevocables.

    Al respecto, existe el principio de acumulaci�n material, en el cual en el concurso de m�s de una pena proveniente de dos o m�s sentencias, es necesario aplicar todas al sentenciado, pero no en forma simult�nea.

    En el principio de absorvimiento, se aplica la pena de m�s larga duraci�n de las impuestas.

    Por otra parte, en el principio de acumulaci�n jur�dica se aplica la pena de m�s larga duraci�n, aumentada en relaci�n con las restantes, sin que sobrepase el "l�mite absoluto" (cincuenta o sesenta a�os).

    Finalmente, est� el principio simult�neo, que de acuerdo a su establecimiento, se compurgan al mismo tiempo todas las penas privativas de libertad impuestas.

  7. An�lisis del proceso legislativo que origin� la creaci�n del precepto cuya invalidez se solicita.

    En la exposici�n de motivos de reforma y adici�n propuesta por el gobernador del Estado de Chihuahua, recibida en el Congreso de dicha entidad federativa en el mes de julio de dos mil tres, no se expresan argumentos concretos respecto de cada una de las reformas y adiciones de m�rito.

    Se alude al �ndice delictivo y la inseguridad jur�dica, as� como a la necesidad de aplicar mayor rigor legal en la penalizaci�n de las conductas antisociales; que la sociedad sufre el embate de la delincuencia y del crimen organizado; que la mayor�a de los delitos, se encuentran ligados con el narcotr�fico, las adicciones y la delincuencia organizada, lo que facilita dicha actividad con el pa�s vecino, principal demandante a nivel mundial de estupefacientes, lo que ha generando actos de violencia, homicidios, robos, secuestros, lesiones, adicciones, entre otros; que convencidos de que es necesario generar un marco propicio que permita abatir a�n m�s la incidencia de homicidios de mujeres, es por lo que se hace necesario la modificaci�n de los ordenamientos penales.

    En el dictamen presentado por la comisi�n legislativa correspondiente al P. del Congreso del Estado de Chihuahua, en lo conducente, se expuso lo siguiente:

    Dictamen: I. El iniciador propone modificar el art�culo 27 del C�digo Penal del Estado a efecto de precisar que la prisi�n podr� ser de tres meses a sesenta a�os. Asimismo propone adicionar un p�rrafo en el que se exprese que dicha regla no es aplicable al caso del delito de homicidio doloso cometido en contra de mujeres o menores de edad y del delito de secuestro, a los cuales se les aplicar� la sanci�n que a cada delito corresponda. Cabe destacar que la parte final del art�culo 58 del c�digo sustantivo penal, dispone que en ning�n caso podr�n reducirse los l�mites m�nimos generales que correspondan a cada pena, ni rebasarse los m�ximos; es decir, que en el caso de la pena de prisi�n, �sta podr� imponerse por un plazo mayor al que fija el art�culo 27 del aludido ordenamiento legal, que actualmente es de 50 a�os (con la propuesta reforma que se propone aumentar�a a 60 a�os). Coincidimos con el iniciador en que las condiciones de criminalidad que prevalecen en el pa�s, a cuyos efectos no escapa nuestro Estado, exigen el replanteamiento y adecuaci�n del marco jur�dico penal con el prop�sito de dictar medidas legislativas encaminadas a inhibir efectivamente la proliferaci�n de conductas antisociales. Por otro lado, la din�mica social ha propiciado que con m�s frecuencia se presenten formas de delincuencia progresivamente compleja con actos delictivos que implican la actualizaci�n de diversos tipos penales, mismos que con la legislaci�n vigente, aun cuando puede v�lidamente sancionarse acumulativamente, s�lo pueden penalizarse hasta el l�mite de cincuenta a�os de prisi�n, que es lo m�ximo permitido actualmente por el C�digo Penal del Estado. No obstante, la incidencia delictiva y la evidente descomposici�n del tejido social, nos indican que el actual sistema punitivo no est� cumpliendo con su fin primario que es el restablecimiento del orden externo de la sociedad, ni con el fin �ltimo que es la readaptaci�n social del delincuente. Esta norma penal, que limita la pena de prisi�n actualmente a cincuenta a�os, tiene como consecuencia la impunidad de los delitos en los casos que se hayan cometido varios il�citos cuya sanci�n acumulada rebase dicho l�mite, pues con independencia de responsabilidad del sujeto por la totalidad de cr�menes cometidos y del riesgo que represente para la sociedad, el l�mite m�ximo de 50 a�os. Esta consideraci�n y la necesidad de impedir que las conductas criminales queden impunes, nos lleva a estimar la necesidad de replantear el marco jur�dico vigente y establecer el endurecimiento de las penas como mecanismo que tienda a la conservaci�n del orden social y la punibilidad de las conductas que lo alteran. En la exposici�n de motivos de la Constituci�n Federal, los constituyentes reconocieron que el fin de la pena es social, representado en el orden que se obtiene merced a la tutela de las leyes. De ah� que la pena deba reparar el da�o causado a la sociedad mediante el restablecimiento del orden que se vea alterado por el delito, y esta reparaci�n que se expresa en la pena, lleva impl�citos los resultados de readaptaci�n, intimidaci�n y castigo. ... Estas consideraciones permiten afirmar que la pena de prisi�n ha sido reconocida como adecuada para el restablecimiento del orden social y su duraci�n no la vuelve inusitada ni la hace perder la referida correspondencia. Por otro lado, el Constituyente no estableci� que la pena en lo general o la de prisi�n, en lo particular, debiera tener como �nica y necesaria consecuencia la readaptaci�n del sentenciado y que �ste, ya readaptado, debiera ser reintegrado al n�cleo social, pues de haber sido esa su intenci�n lo hubiera plasmado de manera expresa en el texto constitucional. Aceptar ese supuesto implicar�a admitir que la pena de prisi�n debiera cesar una vez que se ha alcanzado la readaptaci�n del reo, o que la misma debiera subsistir hasta en tanto se lograra el pretendido objetivo de readaptaci�n. No obstante, sabemos que la readaptaci�n es una consecuencia potencial de la pena de prisi�n y que el resultado en nuestro sistema se persigue con la prisi�n es primeramente segregar el n�mero social al individuo que ha delinquido, precisamente para preservar el orden externo. En concordancia con lo anterior, la Constituci�n Pol�tica General de la Rep�blica, en el art�culo 22, establece provisiones en torno a las penas, entre las que destaca el impedimento para aplicar penas de mutilaci�n y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De lo anterior se advierte que el Constituyente no fij� un l�mite m�ximo para la pena de prisi�n; por lo que corresponde a las legislaturas establecer en las codificaciones penales las sanciones y los l�mites de �stas, sin m�s restricciones que las impuestas en este ordinal. Por ello, estimamos procedente y oportuno modificar el art�culo 27 del C�digo Penal a efecto de aumentar el l�mite m�ximo de la pena de prisi�n a 60 a�os. De igual manera, consideramos procedente adicionar un segundo p�rrafo al invocado art�culo 27 de la codificaci�n sustantiva penal, con la finalidad de precisar que trat�ndose del delito de homicidio doloso cometido en perjuicio de mujeres o menores de edad o del delito de secuestro, deber� imponerse pena por cada delito cometido aun y cuando con ello se exceda el l�mite de 60 a�os establecido para la pena de prisi�n. Este segundo p�rrafo viene a constituir un l�mite especial�simo para el caso de los il�citos que en el mismo se detalla, en tanto que el m�ximo de 60 a�os de prisi�n, constituye el l�mite gen�rico aplicable a todos los dem�s casos criminales que no se encuentran detallados en el segundo p�rrafo del mencionado art�culo 27. ... III. Respecto a la propuesta de reforma al art�culo 67 del C�digo Penal, mediante la cual se pretende que en el concurso real de delitos, cuando a un sujeto le sean imputables varios delitos que deban de juzgarse en un mismo proceso, se penalicen por separado cada una de las infracciones realizadas, acumul�ndose las sanciones que resulten, sin que puedan excederse los l�mites m�ximos establecidos en el t�tulo tercero del libro primero del C�digo Penal. Los homicidios en contra de mujeres, perpetrados en el territorio del Estado en los �ltimos diez a�os, han quebrantado gravemente el orden social y causado un da�o moral al perturbar la tranquilidad de todos en general, sin que los delincuentes encuentren en el orden normativo vigente un est�mulo para no delinquir. Por ello es indispensable generar los mecanismos legales que tiendan a reparar ese da�o pero sobre todo a lograr el restablecimiento del orden social. Estamos convencidos que al responsabilizar al infractor de todas las conductas antisociales por �l realizadas y lograr que purgue las penas que al efecto le corresponden, con independencia de que se exceda el l�mite m�ximo establecido para la pena de prisi�n; necesaria e inevitablemente se conseguir� incidir en la reducci�n de la criminalidad en el Estado, pues habr� de inhibir en los individuos el �nimo de delinquir. A este respecto, consideramos oportuno establecer en la codificaci�n penal, la posibilidad jur�dica de que en el concurso real de delitos se impongan las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, aplic�ndose en su caso la regla contenida en el segundo p�rrafo del art�culo 27 de dicho c�digo. Con esta f�rmula, se genera la posibilidad de que los responsables del delito de homicidio cometido en contra de mujeres o de ni�os o del delito de secuestro, cumplan las penas que correspondan a cada delito perpetrado, con independencia de que se rebase el l�mite m�ximo de sesenta a�os de prisi�n que se impone para el resto de los casos criminales. La modificaci�n al art�culo 67 en los t�rminos que la Comisi�n D. propone, aunada a la adici�n del segundo p�rrafo al art�culo 27, hace innecesario que se adicione el art�culo 67 bis, cuenta habida que la hip�tesis que prev� el art�culo 67 bis propuesto, queda incluida en la reforma a los art�culos precitados, ..."

    Como se advierte de lo anterior, el legislador del Estado de Chihuahua, en el art�culo 27 del C�digo Penal, en el primer p�rrafo, aument� el "l�mite absoluto" de la pena de prisi�n a sesenta a�os, denomin�ndole "l�mite gen�rico", adicionando en el segundo p�rrafo de dicho numeral, una regla a la que denomin� "l�mite especial�simo", consistente en que trat�ndose del delito de homicidio doloso cometido en perjuicio de mujeres o menores de edad o del delito de secuestro, deber� imponerse pena por cada delito cometido aun cuando ello exceda el mencionado "l�mite gen�rico".

    Adem�s, se aprecia que dicho sistema para la imposici�n de penas (acumulaci�n material o aritm�tica) es para el caso de que se est� en presencia de concurso real de delitos, cuando al sujeto le sean imputables varios delitos que deban juzgarse en un mismo proceso; penas que habr�n de compurgarse en forma sucesiva, ya que as� se desprende cuando se se�ala "cumplan las penas que correspondan a cada delito perpetrado".

    Sin embargo, no se aludi� a la problem�tica que se presenta en el caso de concurso de penas impuestas en sentencias diversas e irrevocables por esos mismos delitos.

    Independientemente de lo que se expuso en relaci�n con el contexto social que se vive en la entidad federativa de referencia, las razones que se dieron para legislar en tal sentido, fueron las siguientes:

    1. Que en la exposici�n de motivos de la Constituci�n Federal, los constituyentes reconocieron que el fin de la pena es social, representado en el orden que se obtiene merced a la tutela de las leyes, por lo que la pena deba reparar el da�o causado a la sociedad mediante el restablecimiento del orden que se vea alterado por el delito, y esta reparaci�n que se expresa en la pena, lleva impl�citos los resultados de readaptaci�n, intimidaci�n y castigo.

    2. Que lo anterior, permite afirmar que la pena de prisi�n ha sido reconocida como adecuada para el restablecimiento del orden social y su duraci�n no la vuelve inusitada ni la hace perder la referida correspondencia.

    3. Que el Constituyente no estableci� que la pena en lo general o la de prisi�n, en lo particular, debiera tener como �nica y necesaria consecuencia la readaptaci�n del sentenciado y que �ste, ya readaptado, debiera ser reintegrado al n�cleo social, pues de haber sido esa su intenci�n lo hubiera plasmado de manera expresa en el Texto Constitucional.

    4. Que aceptar ese supuesto implicar�a admitir que la pena de prisi�n debiera cesar una vez que se ha alcanzado la readaptaci�n del reo, o que la misma debiera subsistir hasta en tanto se lograra el pretendido objetivo de readaptaci�n.

    5. Que la readaptaci�n es una consecuencia potencial de la pena de prisi�n y que el resultado que en nuestro sistema se persigue con la prisi�n, es primeramente segregar el n�mero social al individuo que ha delinquido, precisamente para preservar el orden externo.

    6. Que en concordancia con lo anterior, la Constituci�n Pol�tica General de la Rep�blica, en el art�culo 22, establece provisiones en torno a las penas, entre las que destaca el impedimento para aplicar penas de mutilaci�n y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

    7. Que el Constituyente no fij� un l�mite m�ximo para la pena de prisi�n; por lo que corresponde a las legislaturas establecer en las codificaciones penales las sanciones y los l�mites de �stas, sin m�s restricciones que las impuestas en este ordinal.

  8. An�lisis de la constitucionalidad del sistema de imposici�n de penas previsto en el art�culo 27, p�rrafo segundo, del C�digo Penal del Estado de Chihuahua.

    El sistema para la imposici�n de las penas, establecido en el art�culo cuya invalidez se solicita, es inconstitucional.

    Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estableci� lo que debe entenderse por pena inusitada y que la pena vitalicia adolece de dicho vicio de inconstitucionalidad, como puede apreciarse del contenido de las jurisprudencias siguientes:

    Novena �poca

    Instancia: P.

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    Tomo: XIV, octubre de 2001

    Tesis: P./J. 126/2001

    P�gina: 14

    PENA INUSITADA. SU ACEPCI�N CONSTITUCIONAL.-

    Seg�n el esp�ritu del art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el t�rmino inusitado aplicado a una pena no corresponde exactamente a la acepci�n gramatical de ese adjetivo, que significa lo no usado, ya que no podr�a concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicaci�n, adem�s de las penas que enuncia el citado precepto 22, de todas aquellas que no se hubiesen usado anteriormente; interpretar gramaticalmente el concepto, ser�a tanto como aceptar que dicha disposici�n constituye un impedimento para el progreso de la ciencia penal, pues cualquier innovaci�n en la forma de sancionar los delitos implicar�a la aplicaci�n de una pena inusitada. As�, por "pena inusitada", en su acepci�n constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad."

    Novena �poca

    Instancia: P.

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    Tomo: XIV, octubre de 2001

    Tesis: P./J. 127/2001

    P�gina: 15

    PRISI�N VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ART�CULO 22 CONSTITUCIONAL.-

    Si por pena inusitada, en su acepci�n constitucional, se entiende aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines punitivos; ha de concluirse que la prisi�n vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislaci�n mexicana la pena de prisi�n siempre ha tenido un l�mite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el art�culo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptaci�n social del delincuente. En efecto, la finalidad de la pena ha evolucionado a trav�s del tiempo, pues �sta surgi� en principio como una venganza privada en la que el ofendido aplicaba el castigo de acuerdo a la gravedad del da�o causado; luego, como una venganza divina, pues el delito se consideraba como una ofensa a la divinidad; en el derecho griego, adem�s, era intimidatoria; en el derecho romano constituy� una reacci�n p�blica, en raz�n de la ofensa; en el periodo cient�fico, en Alemania, se estim� que el fin de la pena es una coacci�n psicol�gica, de donde surgi� la teor�a de la prevenci�n general; para la escuela cl�sica la pena tiende a conservar el orden legal; para los positivistas la finalidad de la pena es un medio de defensa social; para la doctrina absolutista responde a la idea de justicia absoluta, esto es, que el bien merece el bien y que el mal merece el mal; para la doctrina relativa es el instrumento para asegurar la vida en sociedad; y la doctrina ecl�ctica propone que la pena p�blica puede tener los fines siguientes: reformar al delincuente, ser ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa. Ahora bien, en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el art�culo 18, segundo p�rrafo, despu�s de analizar las iniciativas, dict�menes y discusiones de las reformas de que fue objeto, siempre ha sido como finalidad de la pena y garant�a del sentenciado la readaptaci�n social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitaci�n y la educaci�n como medios para lograr ese fin; en consecuencia, si en la legislaci�n mexicana no se encuentra prevista y sancionada como pena la cadena perpetua o prisi�n vitalicia, porque contraviene el fin �ltimo de la pena, que consiste en readaptar al delincuente para incorporarlo a la sociedad, es evidente que se trata de una pena inusitada, por tanto, es inconstitucional."

    Establecido qu� son las penas inusitadas y qu� la prisi�n vitalicia la constituye, lo que procede es verificar si el sistema para la imposici�n de penas establecido en el art�culo 27 del C�digo Penal del Estado de Chihuahua, tomando en cuenta las penas establecidas en cada uno de los delitos que describe, establece una pena inusitada.

    El precepto legal de referencia establece:

    Art�culo 27. La prisi�n consiste en la privaci�n de la libertad, que podr� ser de tres meses a sesenta a�os, recluyendo al sentenciado en la instituci�n que designe el Ejecutivo del Estado.

    Trat�ndose del delito de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de menores de edad, o del delito de secuestro, deber� imponerse pena por cada delito cometido aun y cuando con ello se exceda el m�ximo de la pena de prisi�n."

    El legislador del Estado de Chihuahua, en el precepto cuestionado, sigui� el sistema de acumulaci�n material o aritm�tica para la imposici�n de las penas, las cuales habr�n de compurgarse sucesivamente, ya que se imponen las mismas por cada delito cometido, por estar en presencia de un concurso real de delitos a que se refiere el diverso art�culo 67 del propio ordenamiento legal; sistema que es aplicable cuando dichos delitos deban juzgarse en el mismo proceso.

    Asimismo, del precepto reproducido se aprecia que se establecen dos l�mites; uno, que el legislador denomin� gen�rico, que es de sesenta a�os para la pena de prisi�n, aplicable a la mayor parte de los delitos y, otro de excepci�n, denominado especial�simo, trat�ndose del delito de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de menores de edad, o del delito de secuestro, en donde debe imponerse pena por cada delito cometido aun cuando con ello se exceda el m�ximo de la pena de prisi�n.

    De esta manera, de acuerdo a dicha legislaci�n, el "l�mite absoluto" (l�mite para la privaci�n de la libertad), ahora es lo que se denomin� "l�mite gen�rico", en raz�n de que se estableci� una excepci�n llamada "l�mite especial�simo", que establece un sistema para la aplicaci�n de la pena en dos delitos en particular, homicidio doloso y secuestro.

    El sistema para la aplicaci�n de la pena, tomando en cuenta el "l�mite especial�simo", que es el que se cuestiona, establece una pena inusitada, por ende, contraria a los art�culos 18 y 22 de la Constituci�n General de la Rep�blica.

    En efecto, el art�culo 194 ter del C�digo Penal del Estado de Chihuahua, establece la penalidad para el delito de homicidio calificado de treinta a sesenta a�os de prisi�n; por su parte, el diverso art�culo 195 bis de dicho ordenamiento, se�ala que cuando la v�ctima del delito de homicidio sea del sexo femenino, se aplicar�n las penas previstas en el primero de los dispositivos citados.

    Por lo que hace al delito de secuestro, el art�culo 229 del c�digo sustantivo mencionado establece que se sancionar� con prisi�n de veinte a cuarenta a�os y multa; adem�s de las penas anteriores, se aplicar� prisi�n de uno a cinco a�os, en los casos que prev� el art�culo 229 bis.

    El sistema de imposici�n de penas, en el caso, permite la aplicaci�n de una pena de prisi�n de ciento cinco a�os, lo que en s� misma la convierte en desproporcionada y, por ende, inusitada.

    Una de las finalidades de la pena es la readaptaci�n social del delincuente, lo que no se logra con sistemas que permiten imponer penas exorbitantes que rebasan el promedio de vida de las personas.

    Lo anterior, se corrobora con el propio sistema de imposici�n de penas, porque el art�culo 27 de referencia �nicamente alude a la concurrencia de los delitos de homicidio doloso y secuestro, pero pueden concurrir otros delitos de diferente naturaleza, que por efectos de la acumulaci�n material o aritm�tica, que tambi�n prev� el diverso 67, permitir�an la aplicaci�n de una pena privativa de libertad mayor a la se�alada; consecuentemente, el "l�mite especial�simo", que como excepci�n se estableci� para el sistema de imposici�n de la pena de prisi�n, la convierte en vitalicia o perpetua, que al ser desproporcionada es inusitada, violando los art�culos 18 y 22 de la Constituci�n General de la Rep�blica.

    No se soslaya, tomando en cuenta lo que se expuso en el dictamen de la comisi�n respectiva del Congreso del Estado de Chihuahua, que una de las finalidades de la pena es que se restablezca el orden social; sin embargo, la pena de prisi�n desproporcionada, como la prisi�n vitalicia o perpetua, no permite alcanzar dicho objetivo, por m�s que se le d� la connotaci�n de intimidatoria y de castigo, pues de la sola retribuci�n de un mal con un mal, nada bueno puede salir en beneficio de la propia sociedad.

    Por otro lado, es verdad que la readaptaci�n social no es la �nica finalidad de la pena de prisi�n (prevenci�n especial), sino que atiende a aspectos de prevenci�n general, ya sea que cree efectos intimidatorios en las personas para se que abstengan de cometer delitos, o bien, para que compartan los valores contenidos en las normas.

    Asimismo, tomando como base lo que se dice en el dictamen mencionado, el principio de readaptaci�n social no constituye una f�rmula mediante la cual toda persona podr� regresar a la sociedad para vivir una vida feliz y sin m�s delitos, es lo que se pretende, pero a partir de la propia voluntad de la persona de ser readaptado, aspecto que trascender� de acuerdo a los diversos mecanismos que se establecen en el �mbito penitenciario.

    Es verdad que el Constituyente no fij� un l�mite m�ximo para la pena de prisi�n en el art�culo 22 de la Constituci�n General de la Rep�blica, pero s� estableci� par�metros dentro de los cuales puede analizarse si una pena y el sistema para su imposici�n, pueden o no ser contrarios a dicho precepto, como lo es que los mismos sean inusitados, por lo que las Legislaturas Locales, al respecto, no pueden ejercer las facultades que les corresponden con absoluta libertad.

    En la determinaci�n de la naturaleza y medida de la pena no existen reglas exactas o matem�ticas, dado que se encuentra sujeto a la prudente valoraci�n desde la pol�tica criminal que realice el legislador, estando sujeto a la prohibici�n de exceso, por lo que las penas desproporcionadas est�n prohibidas.

    En este tenor, es cierto que el legislador ordinario cuenta con un margen amplio de decisi�n, trat�ndose de la determinaci�n de las penas en el �mbito criminal. Sin embargo, ese margen de apreciaci�n no significa que el Poder Legislativo se encuentre autorizado para rebasar los l�mites constitucionales que condicionan la validez de su actuaci�n.

    La medida de la pena se encuentra estrechamente relacionada con el principio de proporcionalidad, expresado en la antigua m�xima poena debet commensurari delicto.

    La doctrina ha encontrado el principio de proporcionalidad, en los principios de legalidad, de certeza e igualdad, b�sicamente.

    No existe una restricci�n constitucional absoluta al derecho a la libertad personal, porque el Constituyente no ha autorizado expresamente al legislador a prever penas privativas de libertad vitalicias.

    El legislador s� est� autorizado a prever restricciones al derecho a la libertad personal, porque esta garant�a individual no es absoluta.

    Esas restricciones legales se traducen, por ejemplo, en el establecimiento legal de penas privativas de libertad, que tienen por objeto proteger otros bienes tutelados por el ordenamiento jur�dico; sin embargo, el legislador est� facultado para restringir el derecho a la libertad personal, pero no para nulificarlo plenamente.

    Es decir, las restricciones legales a las garant�as individuales no deben vaciar de contenido la sustancia de los derechos constitucionales.

    Es aqu� donde cobra importancia el principio constitucional de proporcionalidad.

    Se ha dicho que el principio de proporcionalidad no constituye un par�metro para medir la constitucionalidad de las leyes.

    Es cierto que el principio de proporcionalidad no aparece textualmente en la N.S.; no obstante, dicho par�metro constitucional s� deriva de la Constituci�n, especialmente, de dos aspectos:

    1. En primer t�rmino, el principio de proporcionalidad de la actuaci�n del legislador deriva de la garant�a constitucional de legalidad en sentido amplio, del principio consistente en que todos los Poderes Constituidos est�n limitados en su actuaci�n por los mandatos constitucionales.

    2. En segundo t�rmino, el principio de proporcionalidad deriva de la fuerza normativa de las garant�as individuales, a partir de la noci�n de contenido esencial o sustancial de los derechos fundamentales, como n�cleo indisponible a todos los Poderes Constituidos.

    Lo anterior, tiene su explicaci�n en que, como se sabe, las garant�as individuales tienen l�mites constitucionales, derivados del orden p�blico y de los derechos de terceros.

    Con base en dichos l�mites constitucionales, el legislador est� autorizado para restringir el contenido de las garant�as individuales, a partir de dichos fundamentos.

    Pero el legislador no puede disponer de todo el contenido de las garant�as individuales, puesto que no tiene facultades para desconstitucionalizarlas o anularlas.

    Todas las garant�as individuales presentan un contenido esencial o sustancial, que no es disponible para el legislador, ni puede, por tanto, ser materia de sus restricciones, pues lo contrario supondr�a que una ley dejara sin efectos la totalidad de una garant�a constitucional.

    De ello, resulta que el principio de proporcionalidad es un par�metro derivado de la Constituci�n, a partir de la necesidad que existe a cargo del juzgador, de examinar si las restricciones legales a las garant�as individuales autorizadas por la N.S. al Poder Legislativo se han establecido de manera excesiva o no.

    En el �mbito punitivo, el principio constitucional de proporcionalidad encuentra su base en:

    1. El derecho fundamental a la libertad personal.

    2. El respeto a la dignidad de la persona.

    3. El principio constitucional de legalidad, que prev� que el legislador no puede actuar m�s all� de los l�mites constitucionalmente previstos.

    El examen de proporcionalidad, as� se encontrar� fundada en la propia garant�a individual materia de restricci�n, en relaci�n con el principio constitucional de legalidad, de tal forma que el contenido esencial o sustancial del derecho fundamental se ubicar�a como el l�mite infranqueable de las facultades del legislador en el �mbito punitivo.

    De esa guisa, la noci�n de contenido esencial de la garant�a individual ser�a lo que, de un lado, impedir�a al legislador a actuar desproporcionada y excesivamente en su funci�n delimitadora de las garant�as individuales y, de otro, facultar�a al juzgador constitucional a verificar si el legislador ha ido m�s all� de su poder, actuando desproporcionadamente, en esos casos.

    El precepto legal que tolera la aplicaci�n de penas de prisi�n privativas de libertad de m�s de cien a�os, dado que supone una restricci�n que ostensiblemente rebasa el promedio de vida de un individuo (calculado incluso desde su nacimiento), constituye una restricci�n legal desproporcionada al derecho a la libertad personal, porque est� destinada a sustraer indiscriminadamente todo el contenido de dicha garant�a individual, pese a la existencia de otros medios igualmente eficaces para obtener los fines constitucionales perseguidos por el legislador a trav�s del derecho punitivo.

    Si la sociedad estima conveniente prever la pena de prisi�n vitalicia o equiparable, no corresponde al legislador, ni a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, tomar una decisi�n en ese sentido, porque no tienen facultades para nulificar y extinguir completamente una garant�a individual.

    De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se debi� haber declarado la invalidez del segundo p�rrafo del art�culo 27 del C�digo Penal del Estado de Chihuahua y preceptos que se relacionan con el sistema de imposici�n de penas que el mismo prev�.

    Tesis:

    N�mero tesis: 175842

    R.: PRISI�N VITALICIA. SE EQUIPARA A �STA LA PENA DE PRISI�N CUYA DURACI�N REBASE OSTENSIBLEMENTE EL TIEMPO DE VIDA DEL SER HUMANO.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Febrero de 2006; P�g. 1179; [T.A.];

    N�mero tesis: 175843

    R.: PRISI�N VITALICIA. NO ES UNA PENA INUSITADA Y TRASCENDENTAL, POR LO QUE NO VIOLA LA CONSTITUCI�N FEDERAL.

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Febrero de 2006; P�g. 1178; [T.A.];

    N�mero tesis: 175845

    R.: PRISI�N VITALICIA. LA ACUMULACI�N MATERIAL DE PENAS ESTABLECIDA EN EL ART�CULO 27 DEL C�DIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EQUIVALE A UNA PENA DE TAL NATURALEZA (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO DE 2003).

    Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Febrero de 2006; P�g. 1178; [T.A.];