Ejecutoria num. P./J. 57/98 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26828677

Ejecutoria num. P./J. 57/98 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 57/98
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1998
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y OTROS Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y OTROS. APERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. NO ENCUBRE EL ESTABLECIMIENTO ILÍCITO DE INTERESES SOBRE INTERESES.APERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. POR SÍ SOLA, NO CONSTITUYE SIMULACIÓN.APERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. SU APROVECHAMIENTO NO IMPLICA LA EXISTENCIA DE FALSEDAD IDEOLÓGICA O SUBJETIVA.APERTURA DE CRÉDITO. LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS POR EL DEUDOR CONVALIDAN LA NULIDAD RELATIVA DE QUE PUDIERA ADOLECER LA CLÁUSULA EN QUE SE PACTA UN CRÉDITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES.APERTURA DE CRÉDITO. NO SON NULAS LAS CLÁUSULAS QUE ESTABLECEN LA OBLIGACIÓN DEL ACREDITADO, DE AVISAR CON ANTICIPACIÓN SI RECHAZA LA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES. APERTURA DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE PASIVOS. EL CONTRATO RELATIVO PACTADO CON INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PARA TAL FIN, NO ESTÁ REGIDO POR EL REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES NACIONALES DEL CRÉDITO, NI ES CONTRARIO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.APERTURA DE CRÉDITO Y PRÉSTAMO MERCANTIL. LEGISLACIÓN APLICABLE A ESOS CONTRATOS EN MATERIA DE INTERESES.CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. CUANDO SE PACTA EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA DETERMINAR SUS ALCANCES NO DEBE ACUDIRSE A LA SUPLETORIEDAD DEL ARTÍCULO 2397 DEL CÓDIGO CIVIL APLICABLE EN MATERIA FEDERAL, SINO A LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS.CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. EL ARTÍCULO 2397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO.CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. EL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA PERMITE EN FORMA PREVIA O POSTERIOR A LA CAUSACIÓN DE LOS RÉDITOS, A CONDICIÓN DE QUE EXISTA ACUERDO EXPRESO.CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. EL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO, PERO SÍ PUEDE SERLO COMO NORMA CONTRACTUAL, POR VOLUNTAD DE LAS PARTES.CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. NO LA CONSTITUYE EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO PARA COBERTURA DE INTERESES (REFINANCIAMIENTO).INTERESES. LAS TASAS VARIABLES EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO SON DETERMINABLES, NO IMPRECISAS.VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS. LA OMISIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE REALIZAR EL ESTUDIO RELATIVO, NO INVALIDA EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO.ANATOCISMO. DICHO VOCABLO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.APERTURA DE CRÉDITO. ES VÁLIDA LA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES EXPRESAMENTE PACTADA EN DICHO CONTRATO.APERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES DEVENGADOS. NO OCULTA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES.INTERESES EN CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO. LA INCLUSIÓN, ENTRE OTROS, DE UN ÍNDICE O REFERENTE ALTERNATIVO, CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA PRIMORDIALMENTE DE LA VOLUNTAD UNILATERAL DEL BANCO ACREEDOR, ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 1797 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL.INTERESES. TASAS DE REFERENCIA ALTERNATIVAS EN CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO (DISPOSICIONES APLICABLES).VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS. LA OMISIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE BANCA MÚLTIPLE DE REALIZAR EL CITADO ESTUDIO, NO PUEDE SER RECLAMADA POR EL ACREDITADO EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO POR CARECER DE LEGITIMACIÓN ACTIVA.

 
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 31/98.
M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio 47/97, presentado el quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el presidente del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunci� la contradicci�n de tesis entre las sustentadas por ese tribunal al resolver el juicio de amparo directo 6247/97 y la que sostiene el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 215/96.
SEGUNDO. En acuerdo de nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n acus� recibo de la denuncia de contradicci�n de tesis, la que registr� con el n�mero 2/98; y, orden� girar oficio al Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, a fin de requerirle para que remitiera el expediente relativo al amparo directo 215/96 o, en su caso, copia certificada de la sentencia dictada en el mismo.
TERCERO. Por prove�do de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� glosar a los autos, copia fotost�tica certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 215/96 y dar vista al procurador general de la Rep�blica, para la intervenci�n legal que le compete.
CUARTO. Por escrito de ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho, recibido en la Primera S. de esta Suprema Corte, el quince del mismo mes y a�o, el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, designado por el procurador general de la Rep�blica para emitir opini�n en el presente asunto, expres� lo siguiente:
"Que estando dentro de tiempo y con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de A., y 21 fracci�n VIII de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, vengo a emitir opini�n en la contradicci�n de tesis denunciada por el Magistrado presidente del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respecto de las tesis sustentadas, por ese tribunal bajo el rubro ?CR�DITO ADICIONAL O REFINANCIAMIENTO, SISTEMA DE. ES UN ACTO SIMULADO QUE ENCIERRA UN PACTO DE ANATOCISMO.?, al resolver el juicio de amparo directo 6247/97 promovido por Jos� Ferm�n V�zquez L. y L.M.�a T.D.�nguez; y el criterio del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, bajo el rubro ?ANATOCISMO, PACTO DE. NO LO CONSTITUYE EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LOS CONTRATANTES A FIN DE QUE EL ACREDITADO DISPONGA DISCRECIONALMENTE, EN SU CASO, DE UN CR�DITO ADICIONAL PARA CUBRIR INTERESES DEVENGADOS E INSOLUTOS.?, sustentado al resolver el juicio de amparo directo 215/96, promovido por B., S.
"El S�ptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil, considera:
"?SEXTO. En cuanto al problema de fondo, los quejosos aducen, de manera fundamental, la nulidad de algunas de las cl�usulas del contrato o apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria celebrado entre los quejosos y Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, mediante escritura p�blica n�mero 60,416 de fecha doce de enero de mil novecientos noventa y dos, en virtud de que el sistema de cr�dito adicional que contemplan en realidad es una simulaci�n, pues encubre una capitalizaci�n de intereses antes de que se generen, es decir, un pacto de anatocismo, prohibido por el art�culo 363, del C�digo de Comercio. Antes de entrar en materia, es pertinente se�alar que el asunto se inserta en el tema �cr�dito bancario�, raz�n por la cual, para tener un mejor entendimiento, conviene recordar que la apertura de cr�dito, en t�rminos del art�culo 291, de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, es un contrato por el que el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposici�n del acreditado o a asumir una obligaci�n por �ste, quien se compromete a restituir dicha suma o a cubrir el importe de dicha obligaci�n, si fuere cumplida por el acreditante. Dice J.�n R.�guez, en su texto Curso de Derecho Mercantil, Tomo II, D�cimo S�ptima E.�n, Editorial Porr�a, Sociedad An�nima, M�xico, 1983, p�gina 86 y siguientes, que en raz�n del objeto que el acreditante se compromete a entregar, se distinguen seg�n sea dinero o asunci�n de obligaciones a pagar: por la forma de disposici�n, la apertura de cr�dito es simple, si consiste en una prestaci�n �nica o en cuenta corriente, cuando pueden hacerse sucesivas prestaciones; por la garant�a, el cr�dito es en descubierto o quirografario, cuando tiene s�lo la firma del acreditado, o con garant�a si junto a �sta se encuentra otro patrimonio responsable, bien sea mediante firma (fianza o aval) o mediante la entrega de bienes con prop�sitos de garant�a (prenda, hipoteca, fideicomiso); finalmente, por su destino, el cr�dito es libre o especializado (av�o o refacci�n). Entre otros efectos de la apertura de cr�dito, el citado autor se�ala la concesi�n del cr�dito, por la que el acreditante pone a disposici�n del acreditado la cantidad prevista en la forma convenida y por el tiempo pactado; la utilizaci�n, es decir, el derecho del acreditado a disponer del cr�dito cobrando su importe en uno o varios pagos o exigiendo que se contraigan las obligaciones prometidas; la forma de la disposici�n, o sea, que si no se ha pactado cosa distinta, el acreditado tiene el derecho de disponer del cr�dito a la vista, pero si hubo convenio especial, el cr�dito podr� ser utilizado mediante sucesivas disposiciones, con derecho para el acreditado de hacer reembolsos que hagan recuperar al cr�dito su cuant�a primitiva, habl�ndose en el primer caso, del cr�dito simple. La restituci�n del cr�dito. As�, cuando las partes no fijen plazo para devoluci�n de las sumas de que puede disponer el acreditado o para que el mismo reintegre las que por cuenta suya pague el acreditante de acuerdo con el contrato, se entender� que la restituci�n debe hacerse al expirar el t�rmino se�alado para el uso del cr�dito, o en su defecto, dentro del mes que siga a la extinci�n de este �ltimo; y la comisi�n, esto es el derecho del acreditado a pagar una comisi�n sobre el importe del cr�dito que se le concede, adem�s de intereses por las cantidades de que disponga efectivamente, aparte de otros cargos establecidos por la legislaci�n mercantil. Tales son las condiciones normales y legales de un cr�dito bancario, en especial, de otorgarlo a trav�s del contrato de apertura de cr�dito simple con inter�s y garant�a hipotecaria; es decir, cuando los bancos se apegan a sanas pr�cticas y usos bancarios, como se dispone en el art�culo 4o. de la Ley de Instituciones de Cr�dito. C.�n distinta ocurre cuando las instituciones crediticias se apartan de su objetivo primordial de apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del pa�s y el crecimiento de la econom�a nacional, con quebranto de dichas pr�cticas y usos; por ejemplo, cuando no cuidan que las condiciones de los cr�ditos guarden una relaci�n adecuada con la situaci�n econ�mica presente y previsible de los acreditados, seg�n previene el art�culo 65, de la Ley de Instituciones de Cr�dito, o bien, cuando celebran operaciones pactando condiciones y t�rminos que se apartan de manera significativa de las condiciones del mercado prevaleciente en el momento de su otorgamiento, de las pol�ticas generales y de las referidas sanas pr�cticas y usos bancarios, como se�ala el art�culo 106, fracci�n V, del citado ordenamiento. Cierto es que los cambios en las condiciones econ�micas y financieras del pa�s tornan necesario actualizar las condiciones de los cr�ditos bancarios, pero ello no justifica que tenga que transgredirse la ley. Por lo contrario, es el estricto apego al derecho la soluci�n a problemas de esta �ndole. Es pertinente ahora tener en cuenta el an�lisis del cr�dito bancario con garant�a hipotecaria, realizado por O.�n P�rez F.�ndez, con la asesor�a de J.R.R., titulado �An�lisis Jur�dico Financiero del Cr�dito Bancario�, publicado en la revista del Centro de Estudios de Actualizaci�n Jur�dica, a�o 1, n�mero 1, febrero de 1997, p�ginas 28 a 33, en donde, entre otras cosas, se se�ala que �es evidente que los bancos, desde un punto de vista econ�mico, estructuraron financieramente el cr�dito buscando que sus condiciones se fueran actualizando conforme a las variables econ�micas que se fueran presentando; sin embargo, no consideraron su marco jur�dico imponiendo un esquema financiero para su operaci�n muy por encima de las leyes que lo regulan.�. Dicho esquema, que dise�aron y establecieron los bancos, lo sujetaron al comportamiento que fueran teniendo las variables econ�micas sin tener ning�n control sobre ellas (mucho menos los acreditados), apostando seguramente, seg�n sus consideraciones econ�micas, a que las tasas de inter�s se iban a disminuir; empero, terminaron aument�ndose significativamente. Es decir, este esquema consider� que por un lado las tasas de inter�s se iban a disminuir y, por otro, que en la misma medida que las tasas se disminuyeran los pagos se pod�an ir aumentando, de tal suerte que en una primera etapa los intereses iban a ser superiores a los pagos, y en una segunda etapa los pagos del capital iban a ser mayores a los intereses, compens�ndose as� lo que se dejaba de pagar en un principio con lo que se pagaba posteriormente, y esperando llegar al final del plazo, a finiquitar el cr�dito con todo y sus accesorios. Con este prop�sito, las instituciones de cr�dito dise�aron y establecieron un concepto de refinanciamiento a efecto de que los intereses devengados que no alcanzaran a cubrir los acreditados, los fueran pagando con cr�dito adicional dentro del tiempo en que �stos fueran mayores a los pagos mensuales del acreditado, esperando que cuando las tasas de inter�s disminuyeran y los pagos fueran mayores se empezara a cubrir tanto el cr�dito original como el cr�dito adicional; sin embargo, el resultado ha sido diametralmente diferente a lo que esperaban los bancos, pretendiendo ahora el cobro a los acreditados por encima de su capacidad de pago y por encima de las disposiciones legales en vigor. As�, desde la suscripci�n de los contratos, los bancos otorgaron un cr�dito adicional sin que los acreditados lo solicitaran, a efecto de que se fuera disponiendo del mismo por los intereses devengados que no alcanzaran a cubrir los acreditados con el pago m�nimo determinado por la misma banca, y es el caso que, desde un principio, el monto total del adeudo ha venido aumentando cada vez m�s hasta llegar al a�o de 1995, en que el aumento tan significativo en las tasas de inter�s propici� un aumento exagerado de la deuda de los acreditados, ocasionando que unos ya no lo pudieran pagar y que otros con gran sacrificio hasta la fecha los sigan pagando, con el riesgo de que tarde o temprano caigan tambi�n en cartera vencida. El aumento tan incontrolable de la deuda de los acreditados se ha precipitado a�n m�s al sumar los bancos los intereses devengados no pagados al saldo anterior sobre el que calculan los intereses para el siguiente periodo y en la misma forma lo hacen al mes siguiente, produci�ndose con ello el cobro ilegal de intereses sobre intereses, incurriendo en anatocismo y en un acto il�cito afectado de nulidad, seg�n lo dispone el art�culo 2397, del C�digo Civil para el Distrito F.. Cabe hacer notar que la banca se ha querido apegar a lo que dispone el art�culo 363, del C�digo de Comercio, no obstante que de ser aplicable este art�culo, se tendr�a que haber acordado en primer lugar, que los intereses vencidos y no pagados se capitalizaran y, en segundo lugar, que �stos fueran precisamente los vencidos y no pagados, los cuales todav�a no se generaban cuando se suscribi� el contrato. Conforme con lo anterior, es evidente que el cr�dito adicional (refinanciamiento) que establecieron los bancos, es un acto simulado para capitalizar los intereses devengados no pagados, esquema de refinanciamiento que adem�s conlleva la excepci�n de falsedad ideol�gica por dinero no entregado, existiendo jurisprudencia al respecto y la cual considera b�sicamente que cuando no se entrega el dinero prestado y s�lo se producen movimientos contables para que quede dicha cantidad en favor del banco acreditante, se simula el cobro por su cuenta de cantidades adeudadas sin mediar acuerdo o juicio alguno, contraviniendo el art�culo 17 constitucional. Las opiniones doctrinales aludidas ponen de relieve la naturaleza as� como el contexto financiero del cr�dito bancario dise�ado y definido por las instituciones crediticias como cr�dito adicional o refinanciamiento de intereses, que se otorga mediante contratos de apertura de cr�dito simple, entre otros; tambi�n precisan el significado real de este concepto, es decir, un acto simulado que encierra un pacto de anatocismo, que al estar prohibido por la ley est� afectado de nulidad. Ahora bien, los art�culos 363, del C�digo de Comercio y 2397, del C�digo Civil para el Distrito F., que contemplan dicha figura, dicen: �Art. 363. Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes, podr�n, sin embargo, capitalizarlos.�. �Art. 2397. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.�. Con independencia de la aplicabilidad de dichos numerales al caso, tienen en com�n la prohibici�n de convenir de antemano la capitalizaci�n de intereses, que es lo que constituye el llamado pacto de anatocismo, el que, cabe subrayar, es distinto del convenio que de acuerdo con la normatividad mercantil, las partes pueden celebrar v�lidamente despu�s de que se hubieren devengado ya los intereses, para que en lugar de pagarse esos intereses a la saz�n ya causados, se incorporen al capital para producir nuevos intereses. Con vista hasta lo aqu� expuesto, debe ahora abordarse la materia del presente asunto, a prop�sito de lo cual es menester transcribir las cl�usulas que contemplan el sistema de cr�dito adicional, as� como aquellas partes conducentes del contrato, que dicen: �En el Distrito F. a doce de marzo de mil novecientos noventa y dos, yo el licenciado E.A.M.U., notario n�mero cincuenta y seis de esta capital, hago constar en el presente instrumento: A) El contrato de compraventa, que celebran los se�ores A.B.G.�a y M.�a del R.C.H. de B., a quienes en lo sucesivo se les denominar� como la parte vendedora; y por la otra los se�ores J.M.F.�n V�zquez L. y Luz M.�a T.D.�nguez a quien en el curso de este contrato se nombrar� como la parte compradora. B) El contrato de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria, que otorgan por una parte Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, al que en lo sucesivo se le designar� como el banco, representado por los se�ores J.P.E.R. y Emilia Cu�llar Ib��ez, y por la otra parte ... la compradora, a quien en este contrato se le se�alar� como el cliente; compareciendo su c�nyuge la se�ora Luz M.�a T.D.�nguez a hipotecar, de conformidad con los siguientes antecedentes y cl�usulas: Cl�usulas ... B) de la apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria. El cliente ha solicitado al banco el otorgamiento de un cr�dito con garant�a hipotecaria al que ha accedido el propio banco, por lo cual las partes convienen en obligarse en los t�rminos de las siguientes definiciones y cl�usulas: Definiciones. 1. Sistema de cr�dito adicional. Se entiende �ste como una medida tanto de car�cter jur�dico como econ�mico, a trav�s del cual, el cliente puede disponer de sumas adicionales al importe del cr�dito destinado a la adquisici�n del inmueble que se hipoteca y que se utilizar� para completar el pago de los intereses que no pueda cubrir sobre la suma de dinero que le fue entregada para dicho fin y sobre ambas pagar� intereses, de tal forma que en el presente contrato se pacta el sistema com�nmente llamado de intereses compuestos. 2. Tasa anual de intereses. (Tasa de inter�s). Se entiende como tal para los efectos de este contrato a la tasa que resulte mayor de cualquiera de los tres puntos siguientes: I.M. por uno punto cero cuatro (1.04), o sumar dos puntos, lo que resulte mayor a la tasa de mayor rendimiento de entre los siguientes instrumentos de inversi�n: a) Los dep�sitos bancarios constituidos por personas f�sicas a plazos de hasta ciento ochenta y dos d�as o en su caso equivalente a noventa y un d�as. b) Los pagar�s constituidos por personas f�sicas a plazos de hasta ciento ochenta y dos d�as o en su caso equivalente a noventa y un d�as. c) La mayor de las tasas de rendimiento neto equivalente a la de descuento de los Certificados de la T.�a de la Federaci�n (Cetes) a plazos inferiores a un a�o capitalizada, o en su caso equivalente a noventa y un d�as, seg�n la �ltima tasa de descuento ponderada de colocaci�n primera. II. Adicionar dos puntos a la mayor de las tasas de rendimiento neto de las aceptaciones bancarias a plazos de noventa y uno, veintiocho y siete d�as llevadas a noventa y un d�as, a cuyo efecto se considerar�n el promedio ponderado de las tasas de las �ltimas ofertas publicadas vigentes hechas por Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, B., Sociedad An�nima y Banca S.�n, Sociedad An�nima, entre el d�cimo quinto y el cuarto d�a h�bil anterior al t�rmino de cada mes. III. Adicionar dos puntos sobre la tasa mayor capitalizada a noventa y un d�as o su equivalente al mismo plazo de Bonos de Desarrollo (Bondes) a los diferentes plazos que se emitan a su precio promedio ponderado de colocaci�n vigente al cuarto d�a anterior al fin de cada mes computado a partir de la fecha de emisi�n. Al resultado obtenido conforme a cualquiera de los procedimientos se�alados en los incisos anteriores, se le denominar� tasa base, a la cual se le agregar� el margen financiero de esta instituci�n. A la cantidad obtenida en los t�rminos antes citados, se adicionar� con el porcentaje que efectivamente deban pagar los contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas f�sicas sobre tasa alta, por los ingresos provenientes de intereses. En el evento que dejara de haber cualquiera de los instrumentos citados en los p�rrafos anteriores para determinar la tasa y, en su caso los periodos de los rendimientos de inter�s de los instrumentos se�alados en los puntos I, II y III anteriores, el Banco de M�xico determinar� aquel o aquellos que se tomar�n en cuenta para tales efectos. En esta determinaci�n el banco central se�alar� los nuevos instrumentos y periodos que por sus caracter�sticas considere m�s representativos de las inversiones a que se refer�an los instrumentos anteriores. Asimismo, en caso de que dejen de fijarse tasas de inter�s m�ximas para los instrumentos mencionados en los incisos b) y c) del punto I anterior, el Banco de M�xico se�alar� las tasas representativas en el mercado de dichos instrumentos, que deban considerarse para determinar la tasa de inter�s. Cl�usulas. Primera. El banco abre al cliente un cr�dito con garant�a hipotecaria hasta por la cantidad de $144?000,000.00 (ciento cuarenta y cuatro millones de pesos, moneda nacional), equivalente a trescientas sesenta punto nueve veces el salario m�nimo mensual vigente a la fecha de firma del presente contrato, en el que ya no se encuentran comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se originen en virtud de este contrato, cantidad que el cliente se obliga a destinar para complementar el precio de la adquisici�n del inmueble descrito en los antecedentes del presente instrumento y que garantizar� las obligaciones que se contraigan en virtud del cr�dito abierto dentro de un plazo y conlas caracter�sticas a las que se har� menci�n posteriormente. El cliente dispone en este acto del cr�dito abierto y otorga al banco sobre la cantidad entregada en este acto el recibo m�s eficaz que en derecho corresponda. Segunda. Asimismo, el banco abre al cliente un cr�dito adicional hasta por una cantidad equivalente al setenta por ciento del cr�dito inicial expresado en veces el salario m�nimo diario general del Distrito F. elevado al mes, encontr�ndose por lo tanto indexado al mismo dicha cantidad, del que podr� disponer cada mes en la fecha de pago de los intereses, exclusivamente de las cantidades necesarias para completar el pago de los intereses devengados que no se alcancen a cubrir con el importe de su pago mensual previsto en la cl�usula sexta de este contrato. Este sistema de cr�dito adicional que se pacta, podr� utilizarse s�lo en un plazo m�ximo de siete a�os contados a partir del inicio de sus pagos mensuales. Al disponerse del cr�dito adicional se tendr� por incrementado el cr�dito inicial en la cantidad que resulte de sumar al mismo las cantidades dispuestas al amparo del expresado cr�dito adicional, sin que en ning�n caso el cr�dito total consolidado pueda exceder del importe de seiscientas doce punto quince veces el salario m�nimo diario general del Distrito F. elevado al mes, independientemente de las cantidades que importen en el tiempo dichos salarios m�nimos. Tercera. El cliente acepta que puede presentarse el hecho de no existir cantidad disponible del cr�dito adicional, por lo que se obliga a estar pendiente del mismo en base al estado de cuenta trimestral que el banco le ir� proporcionando en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada a�o. El cliente se obliga a solicitar al banco por escrito, con treinta d�as de anticipaci�n a que ocurra este hecho, cualquiera de las siguientes alternativas, para efectos de poder amortizar el saldo de su cr�dito ... Quinta. El cliente se obliga a pagar en las oficinas del banco de la Ciudad de M�xico, Distrito F., en horas h�biles y d�as se�alados: a) Una comisi�n por apertura de cr�dito por una sola vez del tres por ciento sobre el importe del cr�dito destinado a la adquisici�n del inmueble. �sta ser� cubierta por el cliente al momento de firma del presente instrumento. b) Intereses normales sobre saldos insolutos mensuales calculados en los t�rminos de la definici�n de tasa de inter�s se�alada en el cap�tulo de definiciones de este contrato. En este contrato se pacta una tasa de inter�s inicial anual del veinticuatro punto veinticinco por ciento que queda sujeta a los ajustes, a la alza o a la baja, en los t�rminos en que aumenten o disminuyan cualquiera de los instrumentos de captaci�n que se indican en los tres puntos se�alados en la definici�n de tasa de inter�s de este contrato. Tambi�n variar� dicha tasa en la misma medida en que se modifique el inicial impuesto sobre la renta a que se hace menci�n en la propia definici�n de la tasa de inter�s. La tasa anual ajustada no exceder� de la cantidad que resulte de sumar la tasa base correspondiente al mes inmediato anterior al del ajuste, m�s el diez por ciento de la misma tasa base correspondiente al margen financiero del banco, m�s la cantidad que corresponda al impuesto sobre la renta. Las partes acuerdan que en el caso de la tasa base sea del cincuenta por ciento o inferior a �ste, la tasa de inter�s que se aplicar� a esta operaci�n ser� igual a la tasa base del mes inmediato anterior m�s cuatro puntos como margen financiero de esta instituci�n, m�s la cantidad que corresponda al impuesto sobre la renta, adem�s de lo pactado en los p�rrafos anteriores, pudiendo el banco nuevamente aplicar el procedimiento se�alado en los citados p�rrafos, en casos de que la tasa base llegase a ser superior al cincuenta por ciento. Los intereses a que se refieren los p�rrafos anteriores del inciso b) de esta cl�usula, se generar�n tanto sobre las cantidades de dinero dispuestas en la parte del cr�dito destinado a la adquisici�n del inmueble que adelante se hipoteca, como sobre las cantidades de dinero de las que el cliente disponga en virtud del cr�dito adicional pactado en la cl�usula segunda de este instrumento. En caso de mora pagar� al banco intereses moratorios a raz�n del cincuenta por ciento m�s de la tasa anual de inter�s normal, calculada sobre los pagos vencidos a su cargo, computables desde la fecha en que se constituya en mora, mientras no se ponga al corriente en el pago de las mensualidades a que est� obligado. La tasa de inter�s moratorio a que se hace referencia en el p�rrafo anterior, ser� en base a la tasa vigente del mes al que corresponda la mensualidad vencida. c) A cubrir mensualmente con recursos propios la cantidad de $2?448,000.00 (dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos, moneda nacional), equivalente al importe de seis punto doce veces el salario m�nimo mensual general del Distrito F., vigente a la firma de esta escritura, hasta el pago total del cr�dito dispuesto, dicho importe ser� incrementado con el costo mensual en los seguros de vida y da�os. Los pagos que haga el cliente, en los t�rminos antes mencionados, se aplicar�n para cubrir hasta donde alcance el pago de los intereses de cada mes, y una vez que el pago exceda el importe de los intereses, se aplicar� la diferencia como abono a la suerte principal. En el caso de que el importe de los pagos mensuales a que se refiere este inciso sea menor al importe de los intereses a cubrir en un mismo mes, el cliente dispondr� de las cantidades que importen dichas diferencias, al amparo del cr�dito adicional que le otorga el banco. El cliente en este acto manifiesta su conformidad para ejercer las disposiciones a que se refiere el p�rrafo anterior e instruye al banco para aplicar su importe al pago de los intereses devengados. Cada una de las disposiciones bajo el sistema de cr�dito adicional, se documentar�n mediante asientos contables que har� el banco sin necesidad de que el cliente suscriba documento alguno. Durante la vigencia del cr�dito, el importe de los pagos mensuales, semestrales o anuales, se ajustar� tomando en cuenta las variaciones del salario m�nimo diario general del Distrito F., cada vez que haya una variaci�n en dicho salario m�nimo, sumando la cantidad que se obtenga de aplicar a su importe un porcentaje equivalente al noventa y cinco por ciento de incremento porcentual que haya experimentado el salario m�nimo diario general del Distrito F., para calcular los ajustes, se tomar�n en cuenta las variaciones de dicho salario m�nimo, todas las veces que �ste se modifique y surtir� efectos a partir del mismo mes en que se incremente dicho salario m�nimo. Si se toman algunas de las alternativas se�aladas en la cl�usula tercera, los pagos se modificar�n de acuerdo a lo pactado en la citada cl�usula o a lo pactado en el convenio respectivo. En caso de que la tasa de inter�s a que se ha hecho referencia en el inciso b) de la presente cl�usula sea de ciento cincuenta por ciento o m�s, el incremento al pago mensual a que se hace menci�n en el p�rrafo anterior se modificar� del noventa y cinco por ciento al ciento por ciento y cuando baje la tasa de inter�s del ciento cincuenta por ciento el incremento se modificar� a la baja para quedar nuevamente en el noventa y cinco por ciento efectu�ndose estas variaciones cuantas veces sea necesario. Asimismo, las partes convienen que para el caso de que el salario m�nimo llegara a desaparecer en el Distrito F., el criterio para fijar el porcentaje de incremento a los pagos ser� el instrumento que lo sustituya de acuerdo a las normas que fijen las autoridades competentes y en caso de que tal instrumento no fuera dado a conocer el banco y el cliente de com�n acuerdo toman como base para incrementar el pago la �ltima modificaci�n que hubiese tenido el salario m�nimo diario general del Distrito F., tomando como base el procedimiento establecido en la presente cl�usula. Tal modificaci�n podr� efectuarse hasta en forma mensual, tomando en cuenta las condiciones econ�micas del pa�s el cliente se obliga a efectuar el primer pago a m�s tardar el d�a �ltimo h�bil del mes en que haya firmado este contrato y los dem�s de igual forma en cada uno de los meses subsecuentes.�. La transcripci�n precedente pone de manifiesto, en primer lugar, la celebraci�n del contrato de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria, celebrado entre la quejosa y Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, en relaci�n con la compraventa de un bien inmueble destinado a casa-habitaci�n, con un importe inicial de ciento cuarenta y cuatro millones de pesos, moneda nacional. �En segundo t�rmino, se advierte la definici�n expuesta en el apartado B) del contrato, del llamado sistema de cr�dito adicional, entendi�ndose como tal la medida de car�cter jur�dico como econ�mico, a trav�s de la cual, el cliente puede disponer de sumas adicionales al importe del cr�dito destinado a la adquisici�n del inmueble que se hipoteca y que se utilizar� para completar el pago de los intereses que no puede cubrir sobre la suma de dinero que le fue entregada para dicho fin y sobre ambas pagar� intereses, de tal forma que en el presente contrato se pacta el sistema com�nmente llamado de inter�s compuesto.�. Dicha definici�n enfatiza la finalidad del referido sistema, esto es, un refinanciamiento a efecto de que los intereses devengados no cubiertos por los acreditados, se vayan pagando con el cr�dito adicional, lo que trae como consecuencia que los intereses devengados no pagados se sumen al saldo anterior, sobre el que se calculan los intereses para el siguiente periodo, haci�ndose en la misma forma al mes siguiente, gener�ndose as�, adem�s del aumento de la deuda de los acreditados, el cobro de intereses sobre intereses, o como expresamente se dice en la definici�n, un inter�s compuesto. Lo anterior, queda m�s de relieve en las cl�usulas segunda y quinta, donde se desarroll� el sistema de cr�dito adicional. En aqu�llas se estableci� el monto del cr�dito y el procedimiento, este �ltimo que, en esencia, significa que cada disposici�n mensual del cr�dito adicional tendr�a como fin completar el pago de intereses devengados no cubiertos, sum�ndose al cr�dito inicial; es decir, que cada disposici�n incrementar�a el importe de la suerte principal. La quinta estipulaci�n agrega otros elementos del esquema financiero, cuando se�ala: 1) Que los intereses se generar�n tanto sobre el cr�dito inicial como sobre las cantidades de dinero dispuestas al amparo del cr�dito adicional; 2) Que los pagos mensuales del importe precisado en el inciso c), se aplicar�n para cubrir, hasta donde alcance, los intereses de cada mes, y una vez que el pago exceda el importe de los intereses, se aplicar� la diferencia como abono al cr�dito inicial; 3) En caso de que el pago mensual sea menor al importe de los intereses a cubrir en un mes, el acreditado dispondr� de la cantidad que importe la diferencia, tomado del cr�dito adicional; y 4) Que cada una de las disposiciones del cr�dito adicional, se documentar� mediante asientos contables que har� el banco sin que el cliente suscriba ning�n documento. Dichas cl�usulas y definiciones, contempladas a la luz de la doctrina y de las disposiciones legales aludidas con anterioridad, permiten arribar a la convicci�n de que el llamado sistema de cr�dito adicional se estructur� desde un punto de vista econ�mico pero no jur�dico, al considerar la instituci�n crediticia que las tasas de inter�s iban a disminuir y que en la medida de esa disminuci�n, los pagos mensuales iban a aumentar; es decir, como se desprende de la cl�usula quinta, que en una primera etapa, los intereses iban a ser superiores a los pagos de capital, raz�n por la que se dise�� el cr�dito adicional a fin de cubrir la diferencia, y en una segunda etapa, los pagos de la suerte principal iban a ser mayores a los intereses, esperando de esta manera llegar al final del plazo y finiquitar el capital y los intereses. Con esta finalidad, en el contrato base de la acci�n se estableci� el cr�dito adicional o refinanciamiento, para que los intereses devengados que no pudieran cubrir los acreditados, los pagaran con las cantidades que dispusieran mes a mes al amparo del cr�dito adicional, durante el tiempo en que los intereses fueran mayores a los pagos mensuales de capital, previstos en el inciso c) de la cl�usula quinta. Esos pagos de intereses, en virtud de las cantidades dispuestas del cr�dito adicional, se sumar�an al capital, y sobre ambos conceptos, es decir, sobre intereses y suerte principal, se causar�an otros intereses. No puede ser otra la interpretaci�n del referido esquema financiero. En otras palabras, el sistema de cr�dito adicional se dise�� para pagar intereses, cuando los acreditados no tuvieran capacidad de cubrir el capital; de este modo, el pago se aplicar�a primero a intereses, y de quedar alg�n remanente, se aplicar�a a la suerte principal; en caso de que el pago de los acreditados no alcanzara a cubrir el monto de los intereses devengados, entonces el banco, mediante un asiento contable de cargo y abono, tomar�a del cr�dito adicional el importe necesario para pagar los intereses faltantes. Sucede que, como ya se dijo, el importe del cr�dito adicional se sumar�a al cr�dito inicial y ambos generar�an intereses. La realidad del asunto, es que el cr�dito adicional o refinanciamiento establecido en el contrato de apertura de cr�dito simple con inter�s y garant�a hipotecaria, es un acto simulado para capitalizar los intereses devengados no pagados, ya que no es verdad que se trate de un nuevo cr�dito otorgado para pagar intereses debidos. En efecto, como reiteradamente alegan los quejosos, no se les entreg� ning�n dinero para cubrir los intereses causados, pues incluso se expres� en la quinta cl�usula que las disposiciones del cr�dito adicional se documentar�an con asientos contables, lo cual no es otra cosa sino la denominada falsedad ideol�gica por dinero no entregado, que consiste, como precisado qued� con anterioridad, en que cuando no se entrega el dinero que se dice prestado y s�lo se producen movimientos contables para que la cantidad dispuesta quede en favor del banco acreditante, se simula el cobro por su cuenta de cantidades adeudadas. Se est�, entonces, en presencia de un acto simulado, que encubre el pacto de anatocismo, prohibido por los art�culos 363, del C�digo de Comercio y 2397, del C�digo Civil para el Distrito F., que contrariamente a lo sostenido en la sentencia reclamada, est� probado en la especie en virtud del propio instrumento p�blico en que consta el esquema financiero a discusi�n y de lo dicho al contestarse la demanda, en particular los hechos 8 y 9, respecto de los cuales el banco demandado, manifest�: �8. Este hecho es cierto como tambi�n lo es que en la cl�usula segunda del contrato se estipul� la apertura en favor de la ahora actora de un cr�dito adicional para cubrir el pago de los intereses devengados y no cubiertos con el importe del pago mensual. 9. Este hecho es cierto en cuanto al contenido de la cl�usula segunda del contrato de apertura de cr�dito. Por lo que hace al segundo p�rrafo se niega ya que el contrato de todas las cl�usulas fue aceptado de com�n acuerdo por ambas partes (sic) y de no haber estado conformes los actores con la misma simplemente no habr�an firmado el contrato ni recibido el importe del cr�dito. Carece de aplicaci�n lo establecido en el art�culo 2397 del C�digo Civil por no existir contrato de mutuo alguno celebrado entre las partes. La acreditada ha dispuesto del cr�dito en la forma estipulada en la cl�usula segunda del contrato de apertura de cr�dito y por otro lado la capitalizaci�n de intereses devengados, se encuentra expresamente permitida en el art�culo 363 del C�digo de Comercio.�. De tales elementos probatorios, se presume la simulaci�n, lo cual est� acorde a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, invocada en la demanda de garant�as, que puede verse en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, p�gina 2891, que dice: �SIMULACI�N, PRUEBA DE LA, MEDIANTE PRESUNCIONES. La simulaci�n es por regla general refractaria a la prueba directa, de tal manera que, para su demostraci�n tiene capital importancia la prueba de presunciones.�. No puede arribarse a conclusi�n diferente, merced a la firma del contrato por los acreditados y a los pagos por �stos efectuados, ya que la autoridad responsable pas� por alto que la causa de nulidad, en la especie, no resulta de vicios de la voluntad que puedan purgarse con las conductas atribuidas a los quejosos, sino de aquella que proviene por actos ejecutados contra el tenor de leyes prohibitivas, en t�rminos del art�culo 8o., del C�digo Civil, a saber, de los art�culos 363, del C�digo de Comercio y 2397, del propio ordenamiento sustantivo, en virtud de la simulaci�n habida en el convenio realizado de antemano para capitalizar intereses devengados no cubiertos o anatocismo, lo cual torna aplicable en este aspecto la jurisprudencia de la Corte Suprema, visible en la fuente y parte ya citadas, p�gina 2890, que dice: �SIMULACI�N, NULIDAD POR CAUSA DE. Las partes que intervienen en el acto simulado tienen tambi�n acci�n para pedir su nulidad.�.?
"El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, en su resoluci�n, establece:
"?Los anteriores argumentos vertidos en v�a de concepto de violaci�n resultan fundados, pues del an�lisis de la combatida, se advierte que el Magistrado hoy se�alado como responsable, a fin de modificar la sentencia de primera instancia y declarar que la parte actora acredit� parcialmente su acci�n y la demandada prob� parcialmente sus excepciones, y as� mismo se declar� nula la cl�usula cuarta del contrato base de la acci�n, se apoy� en el razonamiento que obra en el segundo p�rrafo de la foja 26 e inicio de la 26 vuelta del toca de apelaci�n, misma en la que, despu�s de declarar fundados los agravios que la entonces parte apelante, hoy terceros perjudicados, hicieron valer en el sentido de que el monto por la cantidad de $553?188,000.00 (quinientos cincuenta y tres millones ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), pactado en la cl�usula cuarta a fin de pagar intereses ordinarios, a juicio de la propia responsable, convierte en capital un inter�s ordinario no vencido y no hay lugar a dudas, seg�n la propia autoridad responsable, de que el pacto contenido en la cl�usula cuarta contraviene lo dispuesto por el art�culo 363 del C�digo de Comercio en el que s�lo se permite la capitalizaci�n de intereses vencidos; sin embargo, es de mencionarse que, de la lectura de la referida cl�usula cuarta del contrato fundatorio de la acci�n, se advierte que en ella se convino por las partes contratantes, a la postre contendientes, el que la parte acreditada pudiera ejercer, en las fechas en que deb�a cubrir los intereses a que se refiere la cl�usula quinta, de un cr�dito adicional concedido hasta por la suma de $553?188,000.00 (quinientos cincuenta y tres millones ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) a trav�s de disposiciones mensuales cada una de ellas instruyendo incluso el acreditado, de manera irrevocable, a la instituci�n bancaria acreditante para que mensualmente y en la fecha de cada disposici�n aplicara en la liquidaci�n de los intereses devengados e insolutos, a su cargo, las cantidades dispuestas, por lo que el acreditado extendi� a B. (acreditante) el recibo m�s amplio y eficaz que en derecho procediera por las cantidades ejercidas (foja 9 vuelta del expediente principal); desprendi�ndose de todo esto el que a trav�s de la cl�usula que se viene comentando, el acreditado ten�a a su potestad el derecho de ejercer o no el cr�dito adicional que se le conced�a, esto en la medida en que, de cubrir en forma puntual los intereses ordinarios sobre saldos insolutos a que alude la cl�usula quinta del propiocontrato que se viene citando, en ninguna forma la acreditante podr�a llevar a cabo los cargos en su contra y a que alude la ya tantas veces mencionada cl�usula cuarta, por lo que, siendo de su facultad exclusiva el disponer o no del referido cr�dito adicional que se pact� entre las partes contratantes, atendiendo precisamente a la voluntad que fue externada por ambas partes en ese sentido, consecuentemente, es obvio que en ninguna manera puede estimarse que en el particular se incida en la prohibici�n contenida en el numeral 363 del C�digo de Comercio, en el sentido de que los intereses vencidos y no pagados generen a su vez intereses, o que, por otro lado, se surta el contenido del numeral 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., en el que se expresa la prohibici�n de convenir, de antemano, que los intereses se capitalicen y produzcan a su vez intereses, puesto que, como ya se dijo, s�lo se est� frente a la apertura de un cr�dito adicional en favor de los acreditados, para el caso de que �stos sean omisos en cubrir los intereses ordinarios sobre saldos insolutos, hip�tesis en la que se coloca en forma voluntaria. De aqu� que se advierta que si conforme al art�culo 363 del C�digo de Comercio: �Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.�. De este precepto se desprende la prohibici�n de que los intereses vencidos generen a su vez intereses y la posibilidad de que los intereses vencidos se capitalicen previo convenio de los contratantes: la primera hip�tesis contiene el caso de anatocismo, que proh�be expresamente el legislador y la segunda, permite el que, seg�n la voluntad de los contratantes, aquellos intereses vencidos y no cubiertos lleguen a formar parte del capital. Ahora bien, si en un caso los contratantes convinieron en la apertura a favor del acreditado de un cr�dito adicional a fin de cubrir discrecionalmente, mediante disposiciones mensuales, los intereses insolutos, tal convenci�n en modo alguno entra�a el pacto de anatocismo prohibido por el numeral antes citado, ya que, es de la voluntad de dicho acreditado el que se d� o no la hip�tesis pactada, puesto que bien puede impedir su actualizaci�n, cubriendo puntualmente los intereses generados, y por otra parte, con dicha convenci�n tampoco se estipula el que los intereses vencidos y no pagados generen a su vez intereses, sino s�lo el que el acreditado disponga discrecionalmente del mencionado cr�dito adicional para cubrir intereses insolutos, por lo que ante todo esto es de advertirse que la determinaci�n tomada por el Magistrado aqu� se�alado como responsable resulta carente de sustento jur�dico y por lo mismo violatoria de las garant�as individuales a que alude la parte quejosa, a quien, por tal motivo y a fin de repararle en esa violaci�n, se impone que le sea concedido el amparo y protecci�n de la Justicia F. que solicita, para el efecto de que el Magistrado responsable, deje insubsistente la resoluci�n combatida y tomando en consideraci�n lo resuelto en esta ejecutoria, emita una nueva sentencia en la que resuelva conforme a derecho.?
"Como se ve de las transcripciones de las tesis en consulta, existe contradicci�n entre las mismas, pues en ambas se estudia el pago de refinanciamiento o cr�dito adicional contenido en contratos de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria, celebrados entre instituciones bancarias y particulares; y al resolverse, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito considera que el mismo no contiene pacto de anatocismo, es decir, el pago de intereses sobre intereses, en tanto que el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene que con el cr�dito adicional o refinanciamiento se simula un acto que encierra un pacto de anatocismo.
"Para los efectos de la opini�n que se emite, es preciso, en primer lugar determinar la naturaleza jur�dica del acto que se celebra, para as� poder determinar la legislaci�n aplicable y sus consecuencias.
"Como ya se se�al�, las partes en ambos juicios, celebraron contratos de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria, los cuales, indudablemente tienen una naturaleza mercantil, de acuerdo a lo establecido por los art�culos 75 fracci�n XIV del C�digo de Comercio, 291 y 292 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y 46 fracci�n VI de la Ley de Instituciones de Cr�dito.
"Al ser de naturaleza mercantil esos contratos, en caso de controversia, se regulan por la ley mercantil, en t�rminos de los art�culos 78 y 1050 del C�digo de Comercio.
"Una vez sentado lo anterior, consideramos que debe determinarse si es aplicable el art�culo 363 del C�digo de Comercio o el art�culo 2397 del C�digo Civil aplicable en el Distrito F. en asuntos del orden com�n y en toda la Rep�blica en asuntos del orden federal.
"El art�culo 363 del C�digo de Comercio dispone:
"?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?
"Por su parte, el art�culo 2397 del C�digo Civil establece:
"?Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.?
"Como se observa, ambas disposiciones hablan de los intereses vencidos y no pagados, sin embargo se estima que debe aplicarse, por ser de naturaleza mercantil el convenio a estudio, la disposici�n del C�digo de Comercio y no la del C�digo Civil. Con mayor raz�n cuando esta �ltima no puede aplicarse supletoriamente por existir la regulaci�n respectiva en la legislaci�n mercantil.
"Ahora bien, el convenio de apertura de cr�dito adicional o refinanciamiento contenido en el principal de apertura de cr�dito con intereses y garant�a hipotecaria, para pagar los intereses que no puedan ser cubiertos con los pagos mensuales ordinarios, es legal y no es un contrato simulado ni contiene un pacto de anatocismo.
"En efecto, el art�culo 363 del C�digo de Comercio se�ala que los intereses vencidos y no pagados no producen intereses pero pueden ser capitalizados.
"Independientemente de que el refinanciamiento es una figura distinta en la que se puede disponer de un cr�dito adicional que producir� intereses, que pueden consolidarse con el cr�dito principal, se encuentra ajustado a la ley, aun bajo la hip�tesis del precepto en cita, el que no proh�be la capitalizaci�n sino que s�lo requiere de que exista ese pacto, el cual se contiene en el contrato a estudio.
"Por otro lado, la disposici�n legal no se�ala cu�ndo debe pactarse la capitalizaci�n, si es antes o despu�s de que se causen esos intereses o en su prevenci�n futura, por lo que si la ley no hace distinci�n al respecto, no tiene por qu� hacerse.
"Por otra parte, no existe simulaci�n de contrato porque como ya se se�al� se trata de un convenio accesorio al principal, en el que se conviene la disposici�n de un cr�dito y el pago de intereses que conforme a lo ya asentado, es legal, y en ninguna forma contraviene a la ley; adem�s de que, la disposici�n del cr�dito es real y no s�lo contable puesto que se utiliza para el pago de los intereses que exceden al de la parcialidad normal, debido al costo del dinero y el monto de los intereses, los cuales son reales ya que existe la disposici�n del cr�dito aunque no la entrega material del dinero, la cual no es necesaria para que exista el primero y sin que est� prohibido que se convenga anticipadamente su formalizaci�n contable.
"Por todo lo anterior en opini�n del suscrito debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito.
"Por lo expuesto,
"A esa honorable Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, atentamente pido se sirva:
"Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma opinando sobre la contradicci�n de tesis planteada en t�rminos de este escrito.
"Segundo. Resolver, teniendo a la vista tambi�n la contradicci�n de tesis 11/98, que trata sobre el mismo tema.
"Tercero. Ordenar se me expida copia certificada, por duplicado, de la resoluci�n que se dicte."
QUINTO. En prove�do de quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� agregar a los autos el pedimento sin n�mero, anteriormente transcrito; y, turnar el expediente al M.J.V.C. y C..
El prove�do de m�rito es del tenor siguiente:
"M�xico, Distrito F., a quince de abril de mil novecientos noventa y ocho. Visto el pedimento sin n�mero de fecha ocho del mes en curso, signado por el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n designado por el procurador general de la Rep�blica, mediante el cual expone su parecer en el sentido de que debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito y que se resuelva teniendo a la vista la contradicci�n de tesis 11/98; asimismo solicita, se le expida copia certificada por duplicado de la resoluci�n que se dicte en la presente contradicci�n de tesis; por lo que respecta a esto �ltimo, inf�rmesele que una vez resuelto el presente asunto, se expedir�n las copias solicitadas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 25, fracci�n II, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, t�rnese este expediente al M.J.V.C. y C., a fin de que se sirva elaborar el proyecto de resoluci�n que corresponda. N.�quese."
SEXTO. Por acuerdo de doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Primera S. de la Suprema Corte, consider� necesario que, en atenci�n a la tem�tica denunciada, se establezca un criterio definido que determine un principio de certidumbre jur�dica en relaci�n a diversos temas vinculados con las operaciones de cr�dito, particularmente en el aspecto de capitalizaci�n de intereses, el cual ha llegado a constituirse en hecho notorio, por ser del conocimiento de la sociedad en general; por tanto, solicit� a los Tribunales Colegiados de Circuito en la Rep�blica, la remisi�n de copias certificadas de las resoluciones que hubiesen pronunciado sobre el tema en particular.
El prove�do de referencia a la letra dice:
"M�xico, Distrito F., a doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho. Visto el problema que se suscita en la presente denuncia de contradicci�n de tesis, relacionada con operaciones de instituciones de cr�dito, relativas a temas sobre capitalizaci�n de intereses (pacto de anatocismo), inviabilidad de proyecto econ�mico de apertura de cr�dito, cr�ditos para pagar intereses (falsedad ideol�gica-simulaci�n de negocios); que han llegado a constituirse en hechos notorios, por ser del conocimiento de una gran parte de la sociedad, y que encuadra dentro de los supuestos del art�culo 88 del C�digo F. de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria, como lo dispone el art�culo 2o. de la Ley de A., as� como del hecho de que con toda seguridad otros Tribunales Colegiados se han pronunciado sobre los temas jur�dicos relacionados con la materia de la presente contradicci�n de tesis denunciada, y que adem�s es posible de que los actuales tribunales que intervienen en el problema denunciado, no aborden todos los temas coincidiendo o disintiendo, se estima necesario en atenci�n a la tem�tica enunciada para establecer un criterio definido que determine un principio de certidumbre jur�dica, girar oficio a los Tribunales Colegiados de todos los circuitos, para que aquellos que hayan pronunciado ejecutorias relacionadas con la tem�tica denunciada, remitan dentro del plazo de quince d�as a esta Primera S. copias certificadas de dichas resoluciones y tesis, as� como el diskette que las contenga, o bien en su caso, hagan saber que no han pronunciado resoluciones sobre el particular. Para mayor conocimiento e identificaci�n de la tem�tica, se env�a copia de las tesis sustentadas por los integrantes del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en esta capital y Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, as� mismo y aun cuando el Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, no es denunciante en el presente asunto, se env�a copia de la ejecutoria relacionada con el tema. N.�quese."
S�PTIMO. Recibidas las diversas ejecutorias que remitieron los Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica, se form� el legajo correspondiente, agrup�ndose aqu�llas atendiendo, en primer t�rmino, al n�mero de circuito, en segundo lugar al n�mero del tribunal dentro de cada circuito y por �ltimo al n�mero de expediente y a�o de su formaci�n, en orden ascendente, los que a su vez se enumeraron progresivamente del 1 al 207, que ser� el que se invoca para efectos de localizaci�n en el presente fallo, mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

Ver tabla


El presidente de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, mediante ocurso de veintid�s de junio de mil novecientos noventa y ocho, formul� denuncia de contradicci�n de criterios resultante del an�lisis de todas y cada una de las ejecutorias de m�rito, estableciendo en forma preliminar nueve puntos sobre los que habr� de definirse el criterio a seguir, lo que se acord� en sus t�rminos en prove�do de esa misma fecha, en el que se tuvo por debidamente integrada la denuncia de probable contradicci�n de tesis de tem�ticas �ntimamente relacionadas con la que originalmente motiv� la formaci�n del toca 2/98 y se orden� nuevamente dar vista al procurador general de la Rep�blica, para los efectos de la intervenci�n que legalmente le corresponde, quien qued� debidamente notificado mediante oficio n�mero VIII-375-P, el veinticuatro de junio del a�o en curso.
El citado escrito de denuncia y el prove�do que recay� al mismo, textualmente dicen:
DENUNCIA:
"H.R.P., Ministro presidente de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, con fundamento en los art�culos 107-A de la Ley de A. y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; en atenci�n al contenido del acuerdo de fecha doce de mayo del a�o en curso, dictado en las actuaciones del expediente de contradicci�n de tesis n�mero 2/98 que orden� realizar requerimientos a los Tribunales Colegiados de todos los circuitos de la Rep�blica, que tienen competencia en materia civil para que remitieran informaci�n y, en su caso, ejecutorias que hubieran pronunciado sobre operaciones de instituciones de cr�dito, relativas a temas sobre capitalizaci�n de intereses (pacto de anatocismo), inviabilidad de proyecto econ�mico de apertura de cr�dito, cr�ditos adicionales para pago de intereses (falsedad ideol�gica-simulaci�n de negocios), u otros genuinamente afines; vista la certificaci�n de la Secretar�a de Acuerdos, sobre env�o, recepci�n de oficios y t�rminos otorgados; recepci�n oportuna de informes sobre no pronunciamiento y, en su caso de ejecutorias; y, la cuenta de la Secretar�a de Acuerdos, habiendo procedido a la revisi�n general de todo el material recibido, es procedente sentar las bases que me dan pauta a presentar la denuncia de posible contradicci�n de tesis sustentadas acerca de los siguientes temas: ... (los cita) ... He de mencionar, que una vez revisadas todas y cada una de las ejecutorias remitidas por los Tribunales Colegiados que se pronunciaron sobre la tem�tica, arroj� material para establecer el cuadro comparativo de criterios en que se ubican los Tribunales Colegiados seg�n el criterio adoptado sobre el particular y que inserta la conducente consideraci�n. Dicha relaci�n tem�tica comparativa es del siguiente tenor: (Se estima innecesaria la transcripci�n de la relaci�n tem�tica, en la que se se�ala la parte conducente de cada una de las ejecutorias remitidas por los Tribunales Colegiados de todo el pa�s, en virtud de que las que participan en los temas de contradicci�n son invocadas, y se transcribe la parte que interesa, para el estudio de aqu�llos). En consecuencia, como presidente de la Primera S., dentro de los autos del expediente contradicci�n de tesis n�mero 2/98, proceda el que suscribe a acordar la presente denuncia para que se le d� el tr�mite que en derecho proceda. M�xico, Distrito F., a veintid�s de junio de mil novecientos noventa y ocho."
ACUERDO:
"M�xico, Distrito F., a veintid�s de junio de mil novecientos noventa y ocho. Con la denuncia de probable contradicci�n de tesis formulada por el que suscribe, int�grese a los presentes autos del expediente que al rubro se indica, la consideraci�n de posible contradicci�n de tesis surgida en relaci�n con los temas que se precisan en el escrito de denuncia y que se suscita entre los Tribunales Colegiados especificados en el cuadro comparativo de divergencia de criterios jur�dicos, que se insert� tambi�n en el citado ocurso de denuncia. En atenci�n a la certificaci�n que obra en autos, presentada por la Secretar�a de Acuerdos que determina la recepci�n total de las constancias autorizadas requeridas a los sesenta y dos Tribunales Colegiados de los veintitr�s circuitos de la Rep�blica Mexicana que tienen competencia en materia civil; a la documentaci�n citada y, en raz�n de estar debidamente complementado este asunto, al haber quedado integrada la denuncia de probable contradicci�n de tesis de tem�ticas �ntimamente correlacionadas con la que motiv� la denuncia de contradicci�n en que se act�a; con fundamento en lo previsto en el art�culo 21 fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, y con apoyo adem�s en el art�culo 197-A de la Ley de A., d�se vista al procurador general de la Rep�blica por conducto del director general de A. de dicha instituci�n, con copia certificada de las actuaciones respectivas, a saber: a) de la denuncia, y b) de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito de antecedentes, que constan en el listado que dio base a la referida denuncia, a fin de que en su caso, exponga su parecer dentro del t�rmino de treinta d�as, contados a partir de aquel en que se le notifique el presente acuerdo; cumplido lo anterior, d�se nueva cuenta con estos autos para acordar lo procedente. N.�quese."
OCTAVO. Mediante dictamen de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, el M.J.V.C. y C. solicit� del presidente de la Primera S., remitir el expediente al Tribunal Pleno para que sea �ste el que se aboque a su conocimiento; lo que fue ordenado as� en acuerdo de la misma fecha.
El presidente de la Suprema Corte, por auto de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, determin� dar de baja el expediente 2/98 del �ndice de la Primera S. para continuar su tr�mite bajo el n�mero 31/98 del �ndice del Tribunal Pleno, por ser �ste el que le correspondi�; y, orden� su devoluci�n al M.J.V.C. y C..
Los prove�dos anteriormente citados, a la letra dicen:
"M�xico, Distrito F., a dos de julio de mil novecientos noventa y ocho. Visto el dictamen de J.V.C. y C., de fecha dos del presente mes, y como lo solicita con fundamento en el art�culo 10, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, as� como en t�rminos de las fracciones V y VI del Acuerdo 1/1997, emitido por el Pleno de veintisiete de mayo del a�o pr�ximo pasado; env�ese este asunto al Tribunal Pleno con la petici�n de que se aboque a su conocimiento y resoluci�n por conducto de la Subsecretar�a General de Acuerdos; y a su vez proceda a hacer las anotaciones correspondientes en los libros respectivos para dar de baja este asunto de la S. y cause alta en el Pleno. N.�quese."
"M�xico, Distrito F., a dos de julio de mil novecientos noventa y ocho. Visto el acuerdo de fecha dos dejulio del a�o en curso, dictado por la Presidencia de la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por el cual se ordena remitir el presente asunto para su resoluci�n por el Tribunal Pleno; f�rmese y reg�strese el expediente que se indica al rubro y comun�quese a la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal que el expediente 2/98, del �ndice de esa S., deber� darse de baja para continuar su tr�mite bajo el n�mero que le corresponde en el �ndice de contradicciones de tesis de la competencia del Tribunal Pleno. Ahora bien, como por diverso prove�do de nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, se orden� formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicci�n de tesis de que se trata, turn�ndose posteriormente los autos al M.J.V.C. y C.; con fundamento en el art�culo 10, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y el punto s�ptimo del Acuerdo 1/1998, del Tribunal Pleno, devu�lvasele el expediente relativo a esta contradicci�n de tesis para que formule el proyecto respectivo y d� cuenta con �l al Pleno de este Alto Tribunal. N.�quese."
En sesi�n p�blica de siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte determin� abocarse al conocimiento de la presente contradicci�n de tesis. Determinaci�n que se adopt� por mayor�a de seis votos, de los se�ores Ministros V.A.A.�n, M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., Jos� de Jes�s G.�o P. y G.O.M., en el sentido de que esto se hiciera con fundamento en ejercicio de la facultad de atracci�n; en contra del voto de los se�ores M.S.S.A., G.D.G.�ngora P., H.R.P., J.N.S.M. y de la se�ora M.O.M.�a del Carmen S�nchez C. de G.�a V. quienes lo hicieron en el sentido de que el abocamiento deriva de la competencia originaria del Tribunal Pleno.
El acuerdo referido as� como el voto minoritario son del tenor siguiente:
ACUERDO:
"M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a siete de julio de mil novecientos noventa y ocho. Vistos; y resultando: PRIMERO. ... SEGUNDO. ... TERCERO. ... CUARTO. ... QUINTO. ... SEXTO. ... S�PTIMO. Mediante dictamen de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, el se�or M.J.V.C. y C. solicit� del presidente de la Primera S., fundamentando su petici�n, remitir el expediente al Tribunal Pleno para que sea �ste el que se aboque a su conocimiento, lo que fue ordenado as� en acuerdo de la misma fecha, obsequiando la petici�n del ponente. El presidente de la Suprema Corte por auto de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, determin� dar de baja el expediente 2/98 del �ndice de la Primera S. para continuar su tr�mite bajo el n�mero 31/98 del �ndice del Tribunal Pleno, y orden� su devoluci�n al M.J.V.C. y C.. OCTAVO. En sesi�n p�blica de siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, el M.J.V.C. y C. reiter� ante el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, la propuesta para que �ste se abocara al conocimiento de la presente contradicci�n, la cual es del tenor siguiente: ?Con fundamento en los art�culos 25, fracci�n V, y 11, fracci�n V, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, solicito se sirva plantear al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que el conocimiento y resoluci�n de las contradicciones de tesis citadas al rubro sean sometidas al conocimiento del Tribunal Pleno de conformidad con lo dispuesto en la fracci�n VIII del art�culo 10 de la citada ley org�nica, as� como en t�rminos de las fracciones V y VI del Acuerdo 1/1997, emitido por el Pleno el veintisiete de mayo de ese a�o; por las siguientes razones: 1. Que es de explorado derecho el que la finalidad fundamental de la denuncia de las contradicciones de criterios que sustentan las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o los Tribunales Colegiados de Circuito y las consecuentes determinaciones sobre las tesis que deben prevalecer, reguladas en los art�culos 197 y 197-A de la Ley de A. -seg�n antecedentes hist�ricos consultables- tiene como fundamento el lograr seguridad y certeza jur�dicas, como valor esencial de una adecuada administraci�n e impartici�n de justicia. 2. Que la interpretaci�n conjunta de los art�culos 94, p�rrafos tercero y sexto, y 107, fracci�n XIII, de la C.�n F. y de los preceptos 10, fracci�n VIII, 11, fracciones IV y V, y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en las fracciones precitadas, nos lleva a la conclusi�n de que la Suprema Corte de Justicia ejerce las atribuciones del Poder Judicial de la Federaci�n en el �mbito de la competencia original que le fije la C.�n F.; que su funcionamiento y competencia en Pleno y S. se regir� por lo dispuesto en las leyes, de conformidad con las bases que establece la propia C.�n; que el Pleno est� facultado para expedir acuerdos generales, a fin de distribuir adecuadamente entre las S. los asuntos de que competa conocer a la propia Corte, entre los cuales se encuentran, precisamente, las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados. 3. Del contenido de los p�rrafos tercero y sexto del art�culo 94 constitucional, se advierte que la competencia de la Suprema Corte y la de los dem�s tribunales federales deben regirse por lo que dispongan las leyes conforme a las bases que establece la C.�n, y que �sta faculta al Pleno para expedir acuerdos generales mediante los cuales distribuya entre las S. los asuntos que competa conocer a la propia Corte, lo cual, prima facie, limita su competencia, pero al propio tiempo no la extingue; por lo tanto, el Tribunal Pleno conserva plena competencia, quien la fracciona y delega a otros �rganos del Poder Judicial de la Federaci�n, para conocer en general de los asuntos que corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Por ello la propia Corte est� facultada para distribuir, entre las S., mediante acuerdos generales, los asuntos que estime pertinentes, es decir puede delegar en �stas su propia competencia original, puesto que la Suprema Corte debe funcionar en Pleno y en S.. 4. Las fracciones IV y V del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n establecen claramente las atribuciones que tiene el Pleno para determinar la competencia por materia de cada una de las S., para establecer el sistema de distribuci�n de los asuntos a que �stas correspondan, y para remitirles los asuntos de su competencia. 5. En tales condiciones, es entendible que el Tribunal Pleno fije la competencia de las S. y determine la distribuci�n y remisi�n de los asuntos, competencia de �stas. 6. Por lo tanto, debe concluirse que el Pleno tiene jurisdicci�n sobre todos los asuntos que sean de la competencia de la Suprema Corte; y tambi�n, que tiene facultades para fijar la competencia de las S. y para determinar los asuntos propios de esa competencia, delegando en ellas parte de la jurisdicci�n que tiene sobre todos los asuntos correspondientes a la Suprema Corte. 7. Se confirma adem�s este aspecto, con lo previsto en la fracci�n IX del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, puesto que en dicha disposici�n se concede al Pleno la facultad de dirimir cualquier controversia que surja entre las S. de la Suprema Corte y dentro del Poder Judicial de la Federaci�n, con motivo de aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 94 y otros de la C.�n F., o de los preceptos correlativos de la ley org�nica mencionada. 8. Respecto a las contradicciones de tesis, debe tomarse en cuenta lo dispuesto por los art�culos 8o., fracci�n VIII, y 21, fracci�n VIII, de la misma ley org�nica, que establecen, respectivamente, la competencia del Pleno y de las S. para conocer de las denuncias de aquellas contradicciones de criterios que surjan entre dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito. Adem�s, la fracci�n VIII del art�culo 10 del ordenamiento org�nico invocado, concede al Pleno la competencia para conocer de las contradicciones de tesis, cuando no sean de la competencia exclusiva de alguna S. por raz�n de la materia; lo cual significa que se da competencia al Pleno para conocer de las denuncias de contradicci�n de tesis que por cualquier motivo no correspondan a las S., ya que no se limita la competencia del Pleno por raz�n de la materia o en funci�n de las cuestiones que se controviertan en las contradicciones. 9. Por otra parte, la fracci�n VIII del art�culo 21 dispone que corresponde a las S. conocer de las contradicciones de tesis que sustenten dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito para los efectos a que se refiere la Ley de A.; pero es evidente que no especifica cu�l es la competencia de las S. en estos aspectos; por lo tanto, es al Tribunal Pleno al que corresponde fijar la competencia en esas cuestiones. 10. En s�ntesis, la ley org�nica no fija la competencia propia del Pleno, ni de las S., en virtud de que se limita a establecer que corresponde conocer al Tribunal Pleno de aquellas contradicciones de las que no conozcan las S.; por lo tanto, corresponde al Pleno la competencia originaria sobre toda clase de contradicciones de tesis, y a este M�ximo �rgano corresponde se�alar la competencia de las S. en estos asuntos. 11. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en la fracci�n V del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n se contempla que si alguna de las S. estima que alg�n asunto que le haya sido remitido debe ser resuelto por el Pleno, lo har� del conocimiento de �ste para que determine lo que corresponda. En este contexto, como lo sostuvo el Tribunal Pleno, en el fallo emitido con motivo del expediente varios n�mero 631/96, resuelto por unanimidad de votos, en sesi�n de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis �... ha de considerarse que la petici�n del Ministro ponente de que este Tribunal Pleno, ejerza la facultad de atracci�n constituye uno de los medios id�neos, para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, est�n en posibilidad de determinar si se trata de un asunto de elevada entidad, que amerite su ejercicio lo que desde luego, finalmente, corresponder� decidir a este �rgano colegiado ...�. 12. En tal virtud, con fundamento en dicha disposici�n org�nica, procede plantear al Tribunal Pleno, que conozca de las contradicciones al rubro citadas, puesto que, a pesar de la competencia por materia de las S., fijada por el propio Pleno, este �ltimo tiene facultades para conocer de ellas, cuando lo estime pertinente y alguna de �stas considere que la resoluci�n del asunto corresponde al Pleno. 13. Es pertinente tomar en cuenta que la figura de la atracci�n que puede ejercer el Tribunal Pleno, a fin de reasumir la competencia originaria que le corresponde, para conocer de los asuntos de contradicci�n de tesis citados al rubro, tiene su origen mediato en la reforma constitucional que se produjo a los art�culos 104 y 107 de nuestra Carta Fundamental; pues en esa reforma y otras posteriores sobre el mismo tema, se desprende que el ejercicio de esta facultad discrecional, se justifica, precisamente, con las diversas expresiones que se han utilizado en las referidas reformas, tales como: que se trate de asuntos de �inter�s�, �importancia�, de �especial entidad�, o de �particular trascendencia para la vida jur�dica de la naci�n�, entre otras; las cuales denotan la finalidad de reservar el conocimiento de los asuntos m�s relevantes, al M�ximo Tribunal de la Rep�blica. 14. En este orden de ideas, la importancia intr�nseca de los asuntos es factor determinante para que se ejerza por el Tribunal Pleno la facultad de atracci�n, y se funda en la tem�tica jur�dica compleja que en ellos se abordar�, relativa al pacto del anatocismo, su licitud o ilicitud; a los intereses compuestos; a la viabilidad o inviabilidad de los contratos celebrados; a la naturaleza de los mismos; a la existencia o inexistencia de simulaci�n en las operaciones crediticias, cuando se haya autorizado al deudor una l�nea de cr�dito adicional y est� as� en posibilidad de pagar los intereses que sean mayores que los pagos mensuales de capital; que los nuevos adeudos se sumen al capital y sobre ambos se causen otros intereses; as� como a la interpretaci�n que se lleva a cabo de la legislaci�n federal y local relacionada en el �mbito mercantil y civil. Si bien la cuesti�n del anatocismo, planteado en los casos que se analizan, es propia de la materia mercantil, debe tomarse en consideraci�n tambi�n que los Tribunales Colegiados opositores han abordado en sus resoluciones aspectos referentes a la nulidad de dichos contratos por ilicitud o simulaci�n; incluso, se aborda el tema de la nulidad de los contratos sobre pr�stamos adicionales para el pago de intereses por violencia moral ejercida sobre los deudores, quienes se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por los bancos; y que la mencionada nulidad puede provenir tambi�n de la lesi�n que sufran los acreedores porque los bancos, explotando su inexperiencia o extrema necesidad, obtienen un lucro excesivo y desproporcionado. Adem�s, debe tomarse en cuenta que se plantea la nulidad de los cr�ditos, debido a que los bancos obligan a los deudores a contraer obligaciones impagables, en las que es inviable o imposible el pago de la deuda. De esta manera, los criterios contradictorios de los Tribunales Colegiados tambi�n plantean cuestiones de nulidad de obligaciones que ocurren en otros campos del derecho; adem�s, resulta obligado examinar -y deber�n por tanto resolverse-, temas como la normatividad reguladora de las actividades de las instituciones de cr�dito, que comprende aspectos tales como la capitalizaci�n de intereses, inviabilidad del proyecto econ�mico de apertura de cr�dito y nuevos pr�stamos para capitalizar intereses; y, eventualmente, podr�an abordarse temas como la intervenci�n del Banco de M�xico y la Comisi�n Nacional Bancaria y de Valores en la aprobaci�n de los referidos contratos y su clausulado; y la regulaci�n y funcionamiento de esos organismos administrativos. 15. A mayor abundamiento, atendiendo a la trascendencia de estos asuntos, en auto de trece de mayo del a�o en curso la Presidencia de esta S. solicit� a los Tribunales Colegiados de todos los circuitos el env�o de copias de las ejecutorias y de las tesis que hubieren pronunciado y sustentado en relaci�n con la tem�tica mencionada. El examen de los informes recabados arroja el siguiente resultado tem�tico preliminar: Tema I: CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO ADICIONAL PARA COBERTURA DE INTERESES �CONSTITUYE ANATOCISMO? Tema II: PROYECTO DE VIABILIDAD ECON�MICA DEL ACREDITADO EN APERTURA DE CR�DITO CON L�NEA ADICIONAL PARA APLICACI�N DE INTERESES (IMPREVISI�N) �ES NULA LA CL�USULA POR FALTA DE PROYECTO DE VIABILIDAD ECON�MICA? Tema III: CL�USULA DE CR�DITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO �CONSTITUYE UNA TRANSGRESI�N A LA PROHIBICI�N DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PASIVOS? Tema IV: APERTURA DE CR�DITO. L�NEA ADICIONAL DE CR�DITO AL ACREDITADO PARA PAGO DE INTERESES �EXISTE FALSEDAD IDEOL�GICA PARA ENCUBRIR LA CAPITALIZACI�N DE INTERESES? (SIMULACI�N) Tema V: CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO. CAPITALIZACI�N DE INTERESES. �ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL C�DIGO CIVIL ART�CULO 2397, A DICHOS CONTRATOS MERCANTILES? Tema VI: CL�USULA ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES VENCIDOS. LAS AMORTIZACIONES IMPLICAN CONSENTIMIENTO Y CONVALIDAN NULIDAD PRETENDIDA. Tema VII: CL�USULA DE CR�DITO ADICIONAL. LA FALTA DE AVISO AL BANCO ACREDITANTE SOBRE NO DISPOSICI�N DEL CR�DITO ADICIONAL, IMPLICA ACEPTAR LA APLICACI�N A PAGO DE INTERESES. Tema VIII: MORA. EST� CONDICIONADA AL AVISO DEL BANCO ACREDITANTE. Tema IX: INTERESES. ANTE LA IMPRECISI�N DE LA TASA APLICABLE PARA SU CUANTIFICACI�N DEBE ESTARSE AL TIPO LEGAL. Con apoyo en las diversas consideraciones jur�dicas que se han expuesto, solicito que, por su conducto, se remitan los expedientes de estas contradicciones de tesis al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, para que determine si lo estima pertinente, que por la trascendencia jur�dica de los criterios en los que deba establecerse certidumbre jur�dica, debe asumir su competencia originaria para conocer de las citadas contradicciones de tesis, de conformidad con lo establecido en la mencionada fracci�n VIII del art�culo 10 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, y adem�s se prevea la posibilidad de que se conozcan otras contradicciones de tesis con temas cercanos a las dos que ahora preciso. Al respecto, es aplicable -por similitud de razones- la jurisprudencia n�mero 30/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte, en su anterior integraci�n, publicada en la p�gina 47, del T.V.-Junio, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, del rubro: �ATRACCI�N. EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE PUEDE EJERCER ESA FACULTAD RESPECTO DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE OTROS �RGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N ...�.?. CONSIDERANDO:-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte es competente para conocer de la petici�n que formul� el M.J.V.C. y C., de ejercer la facultad de atracci�n respecto de la contradicci�n de tesis 2/98 del �ndice de la Primera S., con fundamento en el art�culo 107, fracci�n VIII, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en aplicaci�n de la tesis CXLVIII/96 consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.I. correspondiente a diciembre de mil novecientos noventa y seis, p�gina ciento nueve, por razones de similitud con la contradicci�n que ahora se plantea, y cuyo texto es como sigue: ?ATRACCI�N, FACULTAD DE. SU EJERCICIO PUEDE SOLICITARSE OFICIOSAMENTE POR LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. De acuerdo con lo establecido por el art�culo 107, fracciones VI, �ltimo p�rrafo y VIII, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de oficio, puede conocer de los amparos directos y de los amparos en revisi�n que no correspondan a su competencia ordinaria pero que por su inter�s y trascendencia as� lo ameriten (disposiciones que se reiteran en los art�culos 84, fracci�n III y 182 de la Ley de A., y 10, fracci�n II, inciso b), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n), de lo que se infiere que para que este Alto Tribunal pueda oficiosamente ejercer dicha facultad, requiere que por lo menos en uno de sus miembros surja la inquietud acerca del inter�s y trascendencia de un asunto y formule la petici�n de atraerlo al conocimiento del �rgano colegiado, lo que implica que cualquiera de los Ministros que integran la Suprema Corte est� facultado para realizar la mencionada solicitud.?. El asunto cuya atracci�n se propone, versa sobre aspectos que en principio son de la exclusiva competencia de la Primera S. por referirse al an�lisis de cuestiones en materia de contratos; sin embargo, dado el inter�s y trascendencia que revela la tem�tica del problema planteado ante los diversos Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica, que ha motivado la emisi�n de sentencias en sentido contradictorio, que precisan ser analizadas por el M�ximo Tribunal a fin de determinar, con miras al establecimiento de la certidumbre y seguridad jur�dica en la interpretaci�n y aplicaci�n de disposiciones legales, cu�l debe ser el criterio a seguir de manera uniforme ante este tipo de problemas, pues resulta un hecho notorio el que este asunto justificada o injustificadamente, identificado en el entorno socialdel pa�s como el asunto del anatocismo, ha despertado verdadera intranquilidad social lo cual constituye ya una raz�n de importancia y trascendencia; adem�s, se pone de manifiesto el inter�s de la presente contradicci�n pues se trata de un asunto jur�dico complejo; tanto es as�, que se ha ampliado la denuncia de contradicci�n inicialmente formulada, a nueve temas que emergen de la revisi�n detallada de los m�ltiples casos que se han presentado en los diversos Tribunales Colegiados de la Rep�blica, en los que se advierte la interpretaci�n de contratos con similares caracter�sticas, que atienden a las circunstancias que rodearon la celebraci�n de los mismos, por lo que este asunto se encuentra revestido de un inter�s jur�dico especial, que lo distingue de otras contradicciones de tesis y le dan el car�cter excepcional que amerita y justifica el ejercicio de la facultad de atracci�n que tiene el Tribunal Pleno de la Suprema Corte para atraer a su conocimiento asuntos como el que nos ocupa. Asimismo se justifica la atracci�n, por la trascendencia de la resoluci�n que habr� de emitirse pues es inconcuso que el problema planteado tiene que ver de manera muy directa con el sistema bancario en todo el pa�s y est� en juego, en alguna medida, el destino de un n�mero elevad�simo de cr�ditos concertados al amparo de contratos cuya validez reconocen algunos Tribunales Colegiados de Circuito y que otros han considerado nulos. Por todo ello este Tribunal Pleno no puede permanecer ajeno a ese reclamo social, sin que ello implique, forzosamente, que sea el impacto econ�mico el factor determinante para el ejercicio de esa facultad. Lo expuesto conlleva a este Tribunal Pleno a considerar que el asunto reviste caracter�sticas especiales que justifican ampliamente su conocimiento directo por el M�ximo Tribunal del pa�s, motivo por el cual se estima procedente la solicitud que al respecto formul� el Ministro ponente y en consecuencia, de oficio se decide ejercer la facultad de atracci�n para conocer y resolver de la contradicci�n de tesis originalmente registrada en el expediente 2/98 del �ndice de la Primera S., cuyo ingreso al Tribunal Pleno se registr� con el n�mero 31/98, con fundamento en el referido art�culo 107, fracci�n VIII, pen�ltimo p�rrafo del Pacto F. y en aplicaci�n anal�gica del criterio que emerge de la jurisprudencia 30/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V. correspondiente a junio de mil novecientos noventa y uno, p�gina cuarenta y siete, que es del tenor siguiente: ?ATRACCI�N. EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE PUEDE EJERCER ESA FACULTAD RESPECTO DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE OTROS �RGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N.? (transcrita). Por lo expuesto este Tribunal Pleno emite los siguientes puntos de acuerdo: PRIMERO. En virtud de la trascendencia e inter�s jur�dico que representa el problema planteado en la contradicci�n de tesis que originalmente se radic� en la Primera S. con el n�mero 2/98, este Tribunal Pleno asume el conocimiento del mismo para continuar su tr�mite en los autos del toca 31/98. SEGUNDO. Para tal efecto se ejerce la facultad de atracci�n en virtud del car�cter excepcional que reviste la problem�tica planteada en la referida contradicci�n de tesis, por las razones expuestas en el considerando �nico del presente acuerdo. N.�quese."
Voto de minor�a.
"Nos permitimos disentir del voto de los se�ores Ministros que integran la mayor�a de decisi�n, respecto a la determinaci�n de que el ejercicio de la facultad de atracci�n, sea el motivo de que el presente asunto de denuncia de contradicci�n de tesis, sea del conocimiento del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Considerando: I. El art�culo 94, p�rrafos primero y sexto, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece textualmente lo siguiente: ?Art�culo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federaci�n en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito, y en un Consejo de la Judicatura F.. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, estar� facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribuci�n entre las S. de los asuntos que competa conocer a la propia Corte y remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, aquellos asuntos en los que hubiera establecido jurisprudencia, para la mayor prontitud de su despacho.?. a) Las facultades que en ejercicio del Poder Judicial de la Federaci�n, establece dicha norma constitucional, determinan un orden de �rganos recipiendarios. b) En lo referente a la primera, se se�ala a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que es la que en el caso motivar� la causa de decisi�n competencial. c) El sexto p�rrafo de la norma constitucional transcrita, es preciso en la determinaci�n de la competencia originaria que le es inherente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Las razones anteriores son advertibles de la propia redacci�n de dicho numeral de la Carta Magna: 1. Los asuntos competen en principio a la propia Corte, y as� lo dice expresamente tal norma. 2. El �rgano supremo de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es el Pleno. 3. Se conceden atribuciones al Tribunal Pleno para expedir acuerdos generales. 4. La finalidad de tales acuerdos es distribuir entre las S. asuntos. 5. Dichos asuntos deben ser de aquellos que por sus caracter�sticas y conforme a las reglas competenciales previstas en las reglas competenciales previstas en los art�culos 103 y 107 de la propia C.�n, incumbe conocer al m�s Alto Tribunal, ello con apoyo adem�s en las disposiciones aplicables de la Ley de A.. 6. Luego entonces, se trata de una competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la plasmada en la transcrita norma constitucional, la que se deposita en el Tribunal Pleno, pues de otra forma, no se otorgar�an a �ste atribuciones para emitir acuerdos generales, para distribuir adecuadamente entre las S., los asuntos que competa en origen conocer al Tribunal Pleno, pues ser�a carente de sustento, distribuir una atribuci�n que no le fuera propia. II. La anterior consideraci�n se hace, con la salvedad enf�tica y precisa, de que no es causa de declaraci�n general, que motive que el Pleno retome competencia original en todos los asuntos que se sometan al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, sino s�lo en aquellos casos que por su importancia, caracter�sticas especiales, gran entidad y considerable trascendencia al inter�s social y al orden p�blico, motiven justificadamente la intervenci�n del Tribunal Pleno. III. El art�culo 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: ?... F.�n XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la S. respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia ...?. Es de advertirse que dicha norma constitucional, determina un orden de conocimiento de los asuntos de denuncia de contradicci�n de tesis, que en principio compete conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se centra primero en el Tribunal Pleno y en segundo orden en sus S., cuesti�n esta �ltima que remite impl�citamente al sexto p�rrafo del art�culo 94 de la propia Ley Fundamental, del que deriva la facultad originaria del Tribunal Pleno, que en casos de especiales entidad, inter�s y trascendencia determinen que pueda conservar para su propio conocimiento y resoluci�n. IV. No son obst�culo a lo anterior lo previsto por los art�culos 10, fracci�n VIII, y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n que textualmente dicen: ?Art�culo 10. La Suprema Corte de Justicia conocer� funcionando en Pleno: ... F.�n VIII. De las denuncias de contradicci�n entre tesis sustentadas por las S. de la Suprema Corte de Justicia o por los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se trate de asuntos que por raz�n de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las S.; ...?. ?Art�culo 21. Corresponde conocer a las S.: ... VIII. De las denuncias de contradicci�n entre tesis que sustenten dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; ...?. Se afirma que, no es �bice a nuestra proposici�n, lo establecido en dichas normas org�nicas, porque es inaceptable que disposiciones de leyes secundarias restrinjan o agoten las bases constitucionales que son a las que aqu�llas les deben su sustento; de tal forma que la conclusi�n es natural en desembocar en la prevalencia de la amplitud de la norma constitucional y la conformidad a que, en torno a �sta, se encuentra sujeta la ley que constituye una derivaci�n de la que conforma su sustento. V. En consecuencia, en raz�n de la base constitucional, mediante la cual el Tribunal Pleno es depositario inmediato de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que le permite distribuir competencias entre las S., es procedente que pueda reasumir el ejercicio de tal atribuci�n originaria y �sta constituya la raz�n del conocimiento del Tribunal Pleno, del presente asunto de contradicci�n de tesis, y que no sea el motivo de decisi�n competencial el ejercicio de facultad de atracci�n, como se establece en el acuerdo de mayor�a. VI. Lo antes considerado, se pronuncia tambi�n con la salvedad de que, tal ejercicio de atribuciones obedece a la especial entidad, caracter�sticas especiales, y gran trascendencia al orden p�blico y al inter�s social, que revisten en sus aspectos medulares, los temas propuestos a decidir, como denuncia de contradicci�n de tesis."
NOVENO. El once de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se recibi� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, en tiempo, la opini�n del procurador general de la Rep�blica, en la que manifiesta lo siguiente:
"Consideraciones generales:
"La denuncia de posible contradicci�n de tesis hace referencia a nueve temas estrechamente relacionados entre s�. Al estudiar y analizar cada uno de ellos, se identificaron premisas y argumentos comunes a dos o m�s de dichos temas. En consecuencia, con objeto de evitar el mayor n�mero de repeticiones posibles se estim� pertinente, en primer lugar, hacer algunas consideraciones generales comunes a los nueve temas e inmediatamente despu�s pasar a hacer referencia a cada tema en lo particular. Las citadas consideraciones generales comunes a los nueve temas aluden a los aspectos siguientes: 1. Contratos celebrados por los bancos. 2. Contrato de apertura de cr�dito. 3. Refinanciamiento de intereses. 4. Anatocismo y capitalizaci�n de intereses. 5. Disposiciones aplicables a los contratos de apertura de cr�dito. 1. CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS BANCOS. Los contratos a los que se refieren las resoluciones que dieron lugar a la posible contradicci�n de tesis son contratos de apertura de cr�dito. (i) En las diferentes tesis se habla de contrato de apertura de cr�dito simple, cr�dito simple en forma de apertura e hipoteca, contrato de cr�dito con garant�a hipotecaria, contrato de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a, contrato de cuenta corriente, contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria y sistema de refinanciamiento, contrato de cr�dito, apertura de cr�dito e hipoteca; apertura de cr�dito simple con garant�a hipotecaria, entre otras. Lo anterior se reafirma cuando se utilizan reiteradamente t�rminos como cr�dito base y cr�dito adicional; acreditado y acreditante, que son los elementos personales del contrato de apertura de cr�dito; disposici�n del cr�dito, que es el objeto de dicho contrato; simple y en cuenta corriente, que son las formas de disposici�n del mismo, entre otras. S�lo dos tesis se refieren a la celebraci�n de un contrato de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria. De la lectura integral de la primera (tema I, columna izquierda, n�mero 10) se desprende que la naturaleza del acto celebrado es el de una apertura de cr�dito, pues en la misma se se�ala a una de las partes como acreditado y se habla de la disponibilidad del cr�dito adicional. De la lectura de la segunda tesis (tema IV, columna izquierda, n�mero 7), no se encuentran elementos para concluir que no se trata de un contrato de apertura de cr�dito. (ii) Independientemente de lo anterior, la fracci�n XIV del art�culo 75 del C�digo de Comercio se�ala que la ley reputa actos de comercio las operaciones de bancos. De conformidad con este precepto legal, las operaciones que los bancos celebran con sus deudores necesariamente tienen naturaleza mercantil. Es decir, para el cumplimiento de su objeto, las instituciones de cr�dito no pueden celebrar operaciones de naturaleza civil como es el mutuo regulado por el art�culo 2384 y siguientes del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n, y para toda la Rep�blica en Materia F. (en lo sucesivo, C�digo Civil) y sus correlativos en los Estados. (iii) Las operaciones que los bancos pueden celebrar para el cumplimiento de su objeto se encuentran previstas en el art�culo 46 de la Ley de Instituciones de Cr�dito (en adelante, ley bancaria) que establece: ?Las instituciones de cr�dito s�lo podr�n realizar las operaciones siguientes: I. a V. ... VI. Efectuar descuentos y otorgar pr�stamos y cr�ditos; VII. Expedir tarjetas de cr�dito con base en contratos de apertura de cr�dito en cuenta corriente; VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en cr�ditos concedidos, a trav�s del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de t�tulos de cr�dito, as� como de la expedici�n de cartas de cr�dito; IX. a XXIV. ...?. Por lo tanto, los contratos a que se refieren las tesis que dan origen a la posible contradicci�n son pr�stamos mercantiles o contratos de apertura de cr�dito, pero no mutuos previstos en la legislaci�n civil. 2. CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO. 2.1. Concepto y naturaleza. La apertura de cr�dito es un contrato nominado, con caracter�sticas propias que lo distinguen del resto de los contratos y, en especial, del mutuo civil y del pr�stamo mercantil. El art�culo 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito (en lo sucesivo LGTOC) se�ala: ?En virtud de la apertura de cr�dito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposici�n del acreditado, o a contraer por cuenta de �ste una obligaci�n, para que el mismo haga uso del cr�dito concedido en la forma y en los t�rminos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligaci�n que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.?. Como puede verse, el objeto del contrato es la disponibilidad de los recursos, independientemente de que el acreditado ejerza o no el cr�dito. Por el contrato de apertura de cr�dito, el acreditante se obliga a: (i) Poner a disposici�n del acreditado una suma determinada de dinero o contraer obligaciones por cuenta de �ste, y (ii) Honrar las disposiciones del cr�dito que, en su caso, realice el acreditado, siempre que se lleven a cabo dentro de los l�mites, plazos, t�rminos y condiciones convenidos. A su vez, el acreditado se obliga a: (i) Pagar la comisi�n por apertura que, en su caso, se haya pactado y que representa la contraprestaci�n por la disponibilidad del cr�dito, se ejerza o no dicho cr�dito; (ii) Restituir las sumas de que disponga, es decir, no de todo el cr�dito puesto a su disposici�n, sino s�lo de las sumas que efectivamente haya ejercido, o bien del importe de las obligaciones cubiertas por su cuenta, y (iii) Pagar los intereses sobre las cantidades ejercidas, gastos y otras comisiones pactadas. Se trata de un contrato principal, que existe por s� mismo, con autonom�a jur�dica y funciones propias. Es consensual, porque se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades y no requiere de la entrega del numerario. Es bilateral, porque las partes se obligan rec�procamente. Es oneroso, porque representa provechos y grav�menes rec�procos. As�, al celebrarse el contrato el acreditante debe poner de inmediato a disposici�n del acreditado los recursos del cr�dito. A su vez, para el acreditado el �nico efecto inmediato es pagar, en caso de haber sido pactada, una comisi�n por apertura; los dem�s efectos son futuros y eventuales, ya que dependen de que ejerza o no el cr�dito que encuentra a su disposici�n. En atenci�n a que el objeto del contrato es la disponibilidad de los recursos, es usual pactar una comisi�n por no ejercicio del cr�dito, que pretende resarcir al acreditante los costos por mantener a disposici�n del acreditado la suma de dinero que no llegue a utilizar. Por el objeto, el contrato puede ser de dinero o de firma: (i) Ser� de dinero, cuando el acreditante se obligue a poner a disposici�n una suma determinada de efectivo para que el acreditado disponga de ella en los t�rminos y condiciones pactados, y (ii) Ser� de firma, cuando el acreditante ponga a disposici�n del acreditado su propia capacidad para contraer ciertas obligaciones, por cuenta de �ste, hasta por el l�mite pactado. Por la forma de disposici�n, puede ser simple o en cuenta corriente, esta �ltima conocida tambi�n como revolvente: (i) Ser� simple, cuando el cr�dito se agota por la sola disposici�n que de �l haga el acreditado, y cualquier cantidad que �ste entregue al acreditante se entender� como abono del saldo insoluto, sin que el acreditado tenga derecho, una vez que haya dispuesto del cr�dito, a volver a disponer de �l, aunque no hubiere vencido el plazo pactado para ello, y (ii) Ser� en cuenta corriente, cuando el acreditado disponga del cr�dito en la forma convenida y, si hace pagos, puede volver a disponer del cr�dito dentro de los l�mites y durante los plazos convenidos (Art. 296 LGTOC). 2.2. Diferencias con el mutuo civil y con el pr�stamo mercantil. El contrato de apertura de cr�dito tiene varias caracter�sticas que lo distinguen del mutuo civil y del pr�stamo mercantil: (i) El mutuo se encuentra regulado en los art�culos 2384 y siguientes del C�digo Civil y sus correlativos de los c�digos de las entidades federativas. El pr�stamo mercantil se encuentra regulado en los art�culos 358 y siguientes del C�digo de Comercio. La apertura de cr�dito se regula en los art�culos 291 y siguientes de la LGTOC. (ii) El mutuo es un contrato civil. El pr�stamo mercantil y la apertura de cr�dito son contratos mercantiles. (iii) En el mutuo y en el pr�stamo, el mutuante y el prestamista se obligan a entregar una suma de dinero. En la apertura de cr�dito, el acreditante se obliga durante el plazo pactado a poner a disposici�n del acreditado, la ejerza o no, una cierta suma de dinero o a contraer obligaciones por cuenta de �ste. (iv) En el mutuo y en el pr�stamo, aunque el mutuatario o prestatario hagan abonos parciales, no pueden volver a disponer del numerario abonado. La apertura de cr�dito puede ser revolvente, en cuyo caso el acreditado puede retirar y pagar los recursos del cr�dito cuantas veces lo desee, siempre dentro de los l�mites, plazos, t�rminos y condiciones estipulados. (v) La apertura de cr�dito puede ser de firma, en cuyo caso el acreditante asume obligaciones por cuenta del acreditado, lo que no sucede en los contratos de mutuo y pr�stamo mercantil. (vi) El mutuo y el pr�stamo mercantil pueden referirse a la entrega decosa fungible distinta a una suma de dinero. La apertura de cr�dito siempre implica poner a disposici�n una suma de dinero o asumir por cuenta del acreditado obligaciones de car�cter dinerario. (vii) En la legislaci�n que regula al mutuo y al pr�stamo mercantil existen disposiciones que restringen o limitan la capitalizaci�n de intereses. En el caso de la legislaci�n que regula la apertura de cr�dito no existen disposiciones sobre la capitalizaci�n de intereses y, por lo tanto, tampoco existe restricci�n o limitaci�n alguna para que las partes as� puedan convenirlo. 3. REFINANCIAMIENTO DE INTERESES. Del an�lisis de los convenios de refinanciamiento de intereses a que se refieren las tesis motivo de la presente posible contradicci�n, se desprende que mediante tales convenios el acreedor ofrece al deudor la opci�n de un cr�dito adicional para que �ste cubra, total o parcialmente, los intereses a su cargo; y el acreditado puede o no ejercer dicho cr�dito adicional para el pago de los intereses citados. La naturaleza jur�dica de este refinanciamiento de intereses es la de una apertura de cr�dito con un destino espec�fico: pagar parte o la totalidad de los intereses vencidos, ya sea que se hayan devengado por las primeras disposiciones del mismo cr�dito, o por otro cr�dito anterior. La apertura de cr�dito para el refinanciamiento de intereses es opcional y no obligatoria para el deudor, quien se encuentra en posibilidad de pagar con su propio peculio los intereses vencidos a su cargo, con la correlativa obligaci�n del acreedor de recibirlos. En los contratos con refinanciamiento se estipula que s�lo en el evento de que el acreditado decida no hacer uso del cr�dito adicional, deber� hacerlo del conocimiento del acreditante para que el pago mensual con numerario se calcule con la totalidad de los intereses vencidos. De lo contrario, se entiende que est� de acuerdo en ejercer su opci�n a realizar nuevas disposiciones -del mismo cr�dito o de uno diferente- cuyo importe se destinar� al pago de los intereses vencidos a su cargo. El refinanciamiento de intereses puede documentarse en el mismo contrato del cr�dito original o en otro contrato celebrado, ya sea entre las mismas partes o con otro acreditante. 4. ANATOCISMO Y CAPITALIZACI�N DE INTERESES. 4.1. Concepto. El t�rmino anatocismo viene del griego: de an�, que significa reiteraci�n, y tokim�s, que significa acci�n de dar inter�s. Seg�n la Enciclopedia Jur�dica Omeba, en el lenguaje jur�dico, designa el pacto por el cual se conviene en pagar intereses de intereses vencidos y no satisfechos. As�, anatocismo es entendido como el pacto por el cual el deudor se obliga a pagar intereses sobre intereses. La palabra anatocismo no est� contemplada en ning�n ordenamiento de nuestro sistema jur�dico. En cambio la legislaci�n mexicana utiliza el t�rmino capitalizaci�n en los ordenamientos, la cual puede definirse como la adici�n de los intereses vencidos al capital que los devenga, para calcular los rendimientos ulteriores sobre el nuevo saldo insoluto. Por lo tanto, en el presente documento se utilizar� este �ltimo t�rmino. 4.2. Diferencias con el refinanciamiento. En la capitalizaci�n se pacta la adici�n de los intereses vencidos y no pagados al capital de un cr�dito, para que el importe de dicha adici�n produzca nuevos intereses. La capitalizaci�n de intereses representa el resarcimiento de los da�os o perjuicios causados al acreedor por el retraso de su deudor. Por su parte, el refinanciamiento de intereses es un contrato de apertura de cr�dito, por el que se pone a disposici�n del acreditado una suma de dinero para pagar los intereses vencidos a su cargo. El refinanciamiento de intereses permite redistribuir las erogaciones a cargo del deudor y, con ello, mantener uniformes los pagos peri�dicos del cr�dito, as� como disminuir el riesgo por incrementos en la inflaci�n que asume el deudor. 4.3. R�gimen aplicable a la capitalizaci�n de intereses. La capitalizaci�n de intereses no se encuentra prohibida ni en la legislaci�n civil ni en la mercantil. Existen limitaciones respecto al momento en que legalmente es posible convenirla, pero se encuentra expresamente permitida. (i) L.�n civil. En primer lugar, es necesario desechar, por falsa, la afirmaci�n de que la capitalizaci�n est� prohibida en materia civil. Respecto al mutuo, el art�culo 2397 del C�digo Civil ordena lo siguiente: ?Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.?. Una lectura cuidadosa permite afirmar que la capitalizaci�n de intereses convenida de antemano est� prohibida. Sin embargo, el art�culo es omiso respecto a la capitalizaci�n pactada con posterioridad al vencimiento de los intereses a capitalizar. Una interpretaci�n a contrario sentido -bajo la supremac�a de la voluntad de las partes y el principio de lo que no est� prohibido se encuentra permitido- permite afirmar que la capitalizaci�n pactada con posterioridad al vencimiento de los intereses se encuentra permitida. Como puede verse, la capitalizaci�n de intereses est� expresamente permitida en el C�digo Civil. El precepto transcrito exige para su validez que el convenio sobre capitalizaci�n tenga lugar con posterioridad a la fecha de vencimiento de los intereses. Es decir, no es v�lido pactar la capitalizaci�n al celebrar el contrato de mutuo, pero nada impide hacerlo una vez vencidos los intereses a capitalizar. En relaci�n con el art�culo mencionado, la exposici�n de motivos del c�digo dice: ?Las reformas al contrato de mutuo tienden a proteger al deudor contra las exigencias indebidas del acreedor y a evitar que aproveche �ste la aflictiva situaci�n de aqu�l al solicitar el pr�stamo, pact�ndose anticipadamente la acumulaci�n de intereses que por producir una utilidad inmoderada de capital, fomentan la negligencia del acreedor para reclamar oportunamente el pago y causan ruinoso perjuicio al deudor.?. De aqu� se confirma que lo que pretende evitarse no es la capitalizaci�n, sino que el acreedor abuse y tome provecho de la situaci�n de desventaja en la que se encuentre el deudor, y que �ste no tenga posibilidad de optar o no por la capitalizaci�n. Por otra parte, es necesario precisar que la limitaci�n del pacto previo de capitalizaci�n -contenida en el citado art�culo 2397- rige s�lo para el contrato de mutuo porque no la encontramos en ning�n otro contrato o hecho jur�dico en que pueda producirse inter�s. No est� prohibido en el enriquecimiento ileg�timo ni en la gesti�n de negocios ni en la compraventa a plazos ni en el arrendamiento financiero ni en el mandato ni en el dep�sito ni en ning�n otro caso regulado por el C�digo Civil. (ii) C�digo de Comercio. En relaci�n con el pr�stamo mercantil, el art�culo 363 del C�digo de Comercio se�ala: ?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?. En efecto, la simple comparaci�n del art�culo 363 que se comenta con el 2397 del C�digo Civil permite afirmar que respecto al pr�stamo mercantil no se establece limitaci�n alguna que exija que la capitalizaci�n se pacte necesariamente con posterioridad al vencimiento de los intereses. Podr� pactarse en cualquier momento, incluso al celebrarse el contrato de pr�stamo, sin ser necesario para su validez hacerlo despu�s de vencidos los intereses. No es v�lido argumentar que, porque el art�culo hace referencia a intereses vencidos y no pagados, el pacto deba celebrarse con posterioridad. La fecha del pacto de capitalizaci�n nada tiene que ver con la fecha de vencimiento y pago de los intereses a capitalizar. Nada impide a las partes pactar sobre obligaciones futuras. No hay principio jur�dico que exija que, trat�ndose de obligaciones referidas a prestaciones futuras, los contratos deban celebrarse una vez vencidas dichas prestaciones. Sostener dicha exigencia impedir�a convenir algunas obligaciones de tracto sucesivo, toda vez que habr�a que esperar los vencimientos intermedios para convenir el pago de las prestaciones (las rentas en el arrendamiento, los abonos en las compraventas a plazo, etc.). Es claro que el precepto hace referencia a la capitalizaci�n de los intereses vencidos y no pagados, sin distinguir si puede pactarse antes o despu�s del vencimiento. Donde la ley no distingue, no debe distinguirse. Cuando el legislador ha querido obligar a que el pacto sea posterior, as� lo ha ordenado expresamente. Por lo anterior, puede decirse que el art�culo 363 del C�digo de Comercio, m�s que prohibir la capitalizaci�n de intereses, establece que �sta deba pactarse expresamente. (iii) Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito. Referente a la apertura de cr�dito, la LGTOC no establece limitaci�n alguna para la capitalizaci�n de intereses y nada impide que �sta pueda pactarse en los contratos de apertura de cr�dito. Lo anterior debido a que: a) El contrato de apertura de cr�dito tiene una naturaleza distinta al mutuo civil y al pr�stamo mercantil, como se vio en el punto 1.2; y no le son aplicables los art�culos 2397 del C�digo Civil y 363 del C�digo de Comercio, como se ver� en el punto 4.3 siguiente; b) La supremac�a de la voluntad de las partes es principio general en los contratos, y c) Lo que no est� expresamente prohibido se encuentra permitido en las transacciones privadas. (iv) Ley F. de Protecci�n al Consumidor. El art�culo 68 de la Ley F. de Protecci�n al Consumidor se�ala: ?�nicamente se podr�n capitalizar intereses cuando exista acuerdo previo de las partes, en cuyo caso el proveedor deber� proporcionar al consumidor estado de cuenta mensual. Es improcedente el cobro que contravenga lo dispuesto en este art�culo.?. Atento lo dispuesto en el art�culo 73 de la propia ley, este ordenamiento s�lo es aplicable a los actos relacionados con inmuebles cuando los proveedores son fraccionadores o constructores de vivienda destinadas a casas habitaci�n para venta al p�blico, por lo que no resulta aplicable a los contratos de mutuo civil, pr�stamo mercantil ni apertura de cr�dito que celebren otras personas. Respecto a las operaciones bancarias, el art�culo 5o., de la propia ley expresamente se�ala que sus disposiciones no resultan aplicables. Criterio aplicable. El hecho que los ordenamientos citados no sigan un criterio uniforme permite concluir que en nuestra legislaci�n no existe una definici�n �nica respecto al momento en que la capitalizaci�n de intereses puede pactarse y que, para conocer la oportunidad en que v�lidamente puede convenirse, debe revisarse en cada caso concreto el ordenamiento aplicable. As�, resulta evidente que cuando el legislador ha querido establecer alguna limitaci�n, as� lo ha hecho. Si en la apertura de cr�dito no lo hizo, es porque dej� a la voluntad de las partes libertad absoluta para pactar la capitalizaci�n de intereses. 5. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CR�DITO. Los contratos de apertura de cr�dito que celebran los bancos con sus clientes se encuentran regulados por la ley bancaria, la Ley del Banco de M�xico y la LGTOC. No les resulta aplicable el art�culo 363 del C�digo de Comercio ni el 2397 del C�digo Civil, debido a que el primero se aplica al pr�stamo mercantil y el segundo al mutuo, como se expone a continuaci�n. 5.1. Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito. Esta ley regula, en sus art�culos 291 y siguientes, el contrato de apertura de cr�dito. En estos art�culos el legislador abarca todos los aspectos relativos a dicho contrato, que estim� conveniente regular, lo cual se aprecia en el n�mero de art�culos que dedic� a este contrato, a los diversos supuestos que prev� y al detalle con que los regula. De lo anterior puede concluirse que el legislador quiso dejar un gran campo a la voluntad de las partes -por ejemplo en las normas sobre el monto del cr�dito abierto, el plazo de disposici�n del mismo, su destino (refinanciamiento) y la posibilidad de capitalizar intereses-. 5.2. Ley bancaria y Ley del Banco de M�xico. Conforme al art�culo 1o. de la ley bancaria, esta ley tiene por objeto regular el servicio de banca y cr�dito, la organizaci�n y funcionamiento de las instituciones bancarias, las actividades y operaciones que las mismas realizan, as� como la protecci�n de los intereses del p�blico, entre otros. El art�culo 48 de la ley bancaria establece que las tasas de inter�s, comisiones, previos, descuentos u otros conceptos an�logos, montos, plazos y dem�s caracter�sticas de las operaciones activas -es decir, aquellas por las que se otorga cr�dito- que realicen las instituciones de cr�dito, se sujetar�n a lo dispuesto por la Ley del Banco de M�xico, con el prop�sito de atender necesidades de regulaci�n monetaria y crediticia. Por su parte, el art�culo 26 de la Ley del Banco de M�xico ratifica que las caracter�sticas de las operaciones activas que realicen las instituciones de cr�dito se ajustar�n a las disposiciones que expida el propio banco. Las facultades que las mencionadas leyes otorgan al Banco de M�xico gozan de un s�lido fundamento constitucional. Efectivamente, el s�ptimo p�rrafo del art�culo 28 de la C.�n establece que el Banco de M�xico, en los t�rminos que establezcan las leyes, regular� ?... la intermediaci�n y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulaci�n y proveer a su observancia.?. En uso de la facultad citada, el Banco de M�xico ha expedido la regulaci�n a la que los bancos deben ajustarse en los cr�ditos que otorguen. Dicha regulaci�n se refiere, entre otros aspectos, a las tasas de inter�s, sin establecer limitaci�n alguna respecto al refinanciamiento o a la capitalizaci�n, por lo que pueden llevarse a cabo en los t�rminos que libremente convengan las partes. 5.3. C�digo de Comercio y legislaci�n civil. No resultan aplicables los art�culos 363 del C�digo de Comercio ni 2397 del C�digo Civil, por las razones siguientes: (i) Es cierto que el art�culo 6o. de la ley bancaria se�ala que, en lo no previsto por dicha ley y por la Ley del Banco de M�xico, a las instituciones de cr�dito les ser� aplicable la legislaci�n mercantil, los usos y pr�cticas bancarios y mercantiles, y el C�digo Civil, en dicho orden. Sin embargo, dado que tanto la ley bancaria como la Ley del Banco de M�xico -as� como la regulaci�n expedida por el banco central con fundamento en los preceptos antes mencionados- contienen disposiciones expresas y muy claras en materia de intereses correspondientes a las operaciones por las que los bancos otorgan cr�ditos, no procede aplicar en esta materia una legislaci�n supletoria. Lo anterior se confirma con la jurisprudencia cuyo rubro es: ?SUPLETORIEDAD DE LA LEY, REQUISITOS PARA QUE OPERE.?. Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, 76, abril de 1994, I.4o.C. J/58, p�g. 33. Si en los preceptos aplicables no se hace menci�n alguna a la capitalizaci�n ni al refinanciamiento de intereses, es porque ambas figuras quedan a la voluntad de los contratantes. No hay, entonces, laguna que colmar. (ii) Es principio aceptado que la norma especial prevalece sobre la norma general. El contrato de apertura de cr�dito se encuentra regulado en la LGTOC y, de acuerdo con el art�culo 2o. de dicha ley, las operaciones de cr�dito reguladas en la misma se rigen por lo dispuesto en esta ley, y en las dem�s leyes especiales relativas. Por su parte, el art�culo 640 del C�digo de Comercio establece expresamente que las actividades de las instituciones de cr�dito se regir�n por una ley especial. En total congruencia, el legislador regul� dichas operaciones en leyes especiales, es decir, la ley bancaria y la Ley del Banco de M�xico. El hecho de que el C�digo de Comercio sea legislaci�n general y la LGTOC, la ley bancaria y la Ley del Banco de M�xico sean leyes especiales, hace que la aplicaci�n del mencionado c�digo s�lo proceda cuando as� se se�ale expresamente o bien cuando haya laguna que colmar. En el caso que nos ocupa no se da ninguno de estos supuestos. Considerando la naturaleza mercantil del contrato de apertura de cr�dito y el orden de prelaci�n en materia de supletoriedad establecido en el art�culo 6o. de la ley bancaria, al no ser aplicable el art�culo 363 del C�digo de Comercio, por mayor�a de raz�n tampoco lo es el 2397 del C�digo Civil. (iii) Los art�culos del C�digo de Comercio y del C�digo Civil en materia de capitalizaci�n de intereses, est�n referidos al pr�stamo mercantil y al mutuo, que tienen naturaleza distinta a los contratos de apertura de cr�dito. Como ya se argument�, si las disposiciones aplicables regulan con gran detalle la apertura de cr�dito, y no contienen disposici�n alguna sobre la capitalizaci�n de intereses, es porque el legislador decidi� dejarlo a la voluntad de las partes. El art�culo 1o., �ltimo p�rrafo de la LGTOC establece que las operaciones de cr�dito que la propia ley regula -entre otras, la apertura de cr�dito-, son actos de comercio. El art�culo 75, fracci�n XIV, del C�digo de Comercio establece que son actos de comercio las operaciones de los bancos, entre las que se encuentran, en los t�rminos del art�culo 46, fracci�n VI, de la ley bancaria, el otorgamiento de cr�ditos. El art�culo 4o. del citado C�digo de Comercio establece que: ?Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operaci�n de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por ello a las leyes mercantiles ...?. A su vez, el art�culo 1050 del citado c�digo se�ala que cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, �ste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regir� conforme a las leyes mercantiles. De lo anterior se desprende que el art�culo 2397 del C�digo Civil no resulta aplicable a la apertura de cr�dito. (v) El car�cter restrictivo a la libertad contractual del art�culo 2397 del C�digo Civil impide su aplicaci�n extensiva o por analog�a. Este principio es reconocido en nuestro sistema jur�dico. Tan es as�, que el art�culo 11 del propio C�digo Civil se�ala: ?Las leyes que establecen excepci�n a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no est� expresamente especificado en las mismas leyes.?. Seg�n jurisprudencia, la aplicaci�n por analog�a procede: a) a falta expresa de norma aplicable al supuesto concreto, y b) cuando hay igualdad esencial de los hechos (?LEY APLICACI�N ANAL�GICA DE LA.?. Novena �poca. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. T.V., abril de 1998. Tesis III.T. J/20. P�g. 649). Por lo tanto, tampoco procede la aplicaci�n anal�gica porque las disposiciones aplicables permiten a las partes en ejercicio de la autonom�a de la voluntad acordar lo conducente en materia de aperturas de cr�dito y no hay igualdad esencial de dichos contratos con el mutuo civil. (vi) De conformidad con el art�culo 6o. de la ley bancaria, antes de aplicar el C�digo Civil, corresponde aplicar los usos y pr�cticas bancarios y mercantiles. Si la capitalizaci�n de intereses es un uso y pr�ctica bancario, por la prelaci�n establecida en el art�culo citado no ser�a aplicable limitaci�n alguna del C�digo Civil. POSIBLES CONTRADICCIONES DE TESIS. Una vez precisados los temas anteriores, me permito exponer mi parecer respecto de cada uno de los nueve temas relacionados con la posible contradicci�n de tesis. Con fines de brevedad, har� referencia de manera espec�fica a los contratos celebrados por las instituciones bancarias, en atenci�n a que los juicios en los que dichas tesis se establecieron se encuentran referidos exclusivamente a operaciones bancarias. I. CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO ADICIONAL PARA COBERTURA DE INTERESES �CONSTITUYE ANATOCISMO? Como ya se indic� en las opiniones vertidas a trav�s del agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n designado en lascontradicciones de tesis n�meros 2/98 y 11/98, el refinanciamiento para el pago de intereses es legal y no contiene un pacto de anatocismo. En los contratos de apertura de cr�dito adicional para cobertura de intereses, el banco acreedor ofrece al deudor la opci�n de un cr�dito adicional para que �ste cubra espec�ficamente, total o parcialmente, los intereses a su cargo -ya sea por las primeras disposiciones, o por cr�ditos contratados con anterioridad- y el acreditado puede o no ejercer dicho cr�dito adicional para el pago de los intereses citados. (i) As�, los recursos del cr�dito adicional se aplican a pagar una deuda por intereses vencidos. Lo que genera intereses son las disposiciones adicionales -que tienen la naturaleza de saldo insoluto de principal- al igual que cualquier otra disposici�n. Los intereses originales, cubiertos con los recursos del cr�dito adicional, son pagados y, por lo tanto, no generan nuevos intereses. Los nuevos intereses corresponden a las disposiciones adicionales y no a los intereses originales. El hecho de que los recursos de un cr�dito adicional se apliquen a pagar una deuda por intereses vencidos, no implica que se est� frente a una figura de inter�s sobre inter�s. Por otra parte, muchas de las operaciones de refinanciamiento se documentaron con diferentes contratos de apertura de cr�dito, es decir, con dos cr�ditos distintos en el que el importe del segundo cr�dito se aplic� a pagar las deudas por intereses vencidos del primer cr�dito. Decir que un cr�dito que se aplica a pagar intereses implica la figura de inter�s sobre inter�s, equivaldr�a a afirmar que existe anatocismo en cualquier cr�dito cuyos recursos se apliquen a pagar una deuda anterior -aunque sea de diferente acreedor- que ven�a devengando intereses. Por lo tanto, puede afirmarse que en las operaciones de refinanciamiento de intereses -ya sea que se trate de un mismo cr�dito o de uno adicional- no se presenta la figura de la capitalizaci�n de intereses. (ii) Debe mencionarse que el refinanciamiento mediante apertura de cr�dito adicional para cobertura de intereses siempre es opcional y no obligatorio para el deudor. En los contratos bancarios que nos ocupan siempre se consigna el derecho del deudor de pagar la totalidad de los intereses a su cargo y la correlativa obligaci�n del acreedor de recibirlos. Los deudores que paguen los intereses vencidos con recursos propios, no necesitan de disposiciones adicionales. En los contratos se estipula que s�lo en el evento de que el deudor decida no hacer uso del cr�dito adicional, deber� dar aviso al acreditante. De lo contrario, se entiende que est� de acuerdo en ejercer su opci�n a realizar nuevas disposiciones -del mismo cr�dito o de uno diferente- cuyo importe destinar� al pago de los intereses originales vencidos a su cargo. Por lo tanto, si en una operaci�n bancaria hay refinanciamiento, es porque el deudor as� lo solicita, y no hay prohibici�n legal alguna que impida al deudor disponer de cr�dito adicional para pagar deudas a su cargo, aun cuando �stas sean -como en el caso que nos ocupa- por intereses vencidos. (iii) En todo caso, si llegare a considerarse que en las operaciones de refinanciamiento hay capitalizaci�n de intereses, �sta no se encuentra prohibida. Los contratos de apertura de cr�dito que celebran los bancos se encuentran regulados por la ley bancaria, la Ley del Banco de M�xico y la LGTOC. Ninguna contiene disposici�n que proh�ba o de alguna manera limite, que el importe de un cr�dito se aplique a pagar intereses vencidos devengados por disposiciones previas o por otro cr�dito anterior. Las limitaciones legales en nuestro derecho se refieren a los contratos de mutuo y, en su caso, de pr�stamo mercantil, pero no a los contratos de apertura de cr�dito, en general, ni a las operaciones bancarias, en lo particular. En este marco legal, considerando que en transacciones privadas lo que no se encuentra expresamente prohibido est� permitido, as� como el principio de que la voluntad de las partes es la norma suprema en los contratos, puede concluirse que no hay impedimento alguno para la capitalizaci�n de intereses en las operaciones bancarias. (iv) Suponiendo sin conceder que haya capitalizaci�n de intereses, y que a los contratos de apertura de cr�dito celebrado con los bancos les sea aplicable el art�culo 363 del C�digo de Comercio, dicha capitalizaci�n podr�a convenirse, merced a un pacto expreso que es leg�timo hacer desde la fecha en que se otorgue el cr�dito, ya que este art�culo no exige que tal pacto sea posterior a la fecha en que venzan los intereses. Por todo lo anterior, es de concluirse que los esquemas de refinanciamiento de que se trata no violan precepto legal alguno. (v) En la tesis marcada con el n�mero 31 del tema que nos ocupa, se menciona que el refinanciamiento de intereses est� concebido para ser ruinoso para los deudores. Esta consideraci�n no es jur�dica. II. PROYECTO DE VIABILIDAD ECON�MICA DEL ACREDITADO EN APERTURA DE CR�DITO CON L�NEA ADICIONAL PARA APLICACI�N DE INTERESES (IMPREVISI�N) �ES NULA LA CL�USULA POR FALTA DE PROYECTO DE VIABILIDAD ECON�MICA? En este tema hay dos subtemas: el relativo al an�lisis de cr�dito, por un lado; y el de la imprevisi�n, por el otro. A. An�lisis de cr�dito. (i) An�lisis previo de cr�dito. Algunas de las tesis de este tema se�alan que se incumplieron los art�culos 4o., 49, 65, 77, 106 fracci�n V, 112, fracci�n V, incisos c) y d), de la ley bancaria, por no haberse elaborado los estudios de viabilidad econ�mica previos al otorgamiento de los cr�ditos, pero �nicamente analizan las posibles violaciones al art�culo 65 de esta ley. Por lo tanto, centraremos nuestros comentarios sobre este art�culo, aun cuando de la simple lectura de dichos art�culos puede concluirse que tampoco se hayan incumplido los dem�s preceptos legales. El art�culo 65 se�ala los diversos factores que las instituciones bancarias deben tomar en cuenta para otorgar un cr�dito, con objeto de que lo hagan previo estudio razonado sobre la solvencia econ�mica y capacidad de pago del deudor, congruente con la situaci�n presente y previsible de este �ltimo. Un acreditante eventual otorga el cr�dito basado en la confianza o en la garant�a, mientras que las instituciones bancarias deben considerar factores adicionales, de manera m�s profesional y responsable, conforme a sanas pr�cticas y t�cnicas financieras, que disminuyan el riesgo de un posible incumplimiento por parte de sus deudores. En virtud de que los esquemas de refinanciamiento a que se refieren las tesis que se comentan fueron celebrados por la misma instituci�n de cr�dito, los estudios previos para el otorgamiento del cr�dito original tambi�n sirven para el cr�dito adicional. No tendr�a sentido duplicar estudios si las circunstancias del deudor son las mismas. Por ello, es falso afirmar que, en el refinanciamiento no se realizaron dichos estudios y se incumpli� lo dispuesto en el art�culo 65 de la ley bancaria. (ii) Incumplimiento. Si el banco incumple el art�culo 65 citado y otorga cr�ditos sin cerciorarse de la situaci�n econ�mica de los acreditados ni considerar las garant�as necesarias, actuar�a en perjuicio de sus propios intereses, pues sin duda correr� un riesgo mayor de no recuperar los cr�ditos que otorgue. Adem�s, el incumplimiento del precepto citado, o de las dem�s disposiciones aplicables, da lugar a una serie de sanciones por parte de las autoridades financieras y de supervisi�n bancaria, atento a lo dispuesto en los art�culos 108 y 109 de la ley bancaria y 27 de la Ley del Banco de M�xico. No hay fundamento legal que permita afirmar que dicho incumplimiento d� lugar a la nulidad de las cl�usulas del refinanciamiento, pues no est� en contravenci�n de un mandato o prohibici�n de una ley prohibitiva ni afecta los requisitos de validez del contrato. Llevemos el caso al absurdo: Sin cumplir lo dispuesto en el art�culo 65 de la ley bancaria, un banco otorga un cr�dito de un mill�n de pesos a una persona insolvente, sin documentarlo ni pedir garant�as y, por ello, sin posibilidad alguna de recuperarlo. No por ello el cr�dito es nulo; no por ello el deudor se encuentra eximido de pagarlo; y si el deudor -con recursos de un premio de loter�a- paga el cr�dito, no estar�a pagando algo que no debe. Tambi�n se afirma que el banco acreedor es responsable de que su deudor se encuentre en imposibilidad de pagar, ya que era su obligaci�n haber previsto la insolvencia de �ste. Este argumento no resiste un examen serio. Los an�lisis previos al otorgamiento de un cr�dito permiten considerar si el solicitante es o no sujeto de cr�dito, pero en ninguna forma permiten asegurar con certeza si pagar� o no. Si los an�lisis no resultan acertados, los cr�ditos siguen siendo v�lidos, pues ni los acreedores ni los acreditados est�n obligados por ley a acertar en sus predicciones financieras. Condicionar el pago de un cr�dito a que los an�lisis previos sean acertados es darles un alcance que no tienen en precepto legal o reglamento alguno, ni en las cl�usulas de los contratos respectivos. Adem�s, hay una notoria contradicci�n en el argumento; el hecho de que las partes hayan pactado esquemas de refinanciamiento significa que estaban conscientes de que, eventualmente, el deudor podr�a necesitarlo para el pago de los intereses a su cargo. De igual forma, al pactar garant�as, el acreedor previ� el posible incumplimiento del acreditado. (iii) C.�n del proyecto de viabilidad econ�mica. En la columna izquierda de la tesis marcada con el n�mero 4 de este tema se afirma que ?... no est� acreditado que se haya llevado a cabo la estimaci�n de ley del proyecto de viabilidad econ�mica ni el estudio de la situaci�n presente y previsible de los acreditados. Lo anterior pone de manifiesto que la instituci�n crediticia ... no prob� haberse apegado a las sanas pr�cticas y usos bancarios ...?. Este criterio se repite varias veces. Al respecto, es de mencionarse que ning�n precepto legal obliga a que, para exigir un cr�dito, sea necesario probar haber realizado los an�lisis y estudios previos al otorgamiento del cr�dito, como se desprende de la transcripci�n anterior. Adicionalmente, tales estudios no forman parte del contrato por lo que la falta de su realizaci�n no constituye un derecho de los acreditados que sea oponible al cumplimiento o al pago de los cr�ditos. La raz�n de la prescripci�n de realizar el estudio radica en establecer medidas de protecci�n para los ahorradores ya que si el banco otorga cr�ditos inviables, correr� el riesgo de no estar en posibilidad de cubrir las operaciones pasivas a su cargo. B.I.�n. La teor�a de la imprevisi�n implica que si con posterioridad a la celebraci�n de un contrato hay una mutuaci�n importante y no previsible que haga excesivamente gravosa la obligaci�n del deudor, el obligado pudiere invocar la modificaci�n del contrato y de la obligaci�n a su cargo. En las obligaciones mercantiles no es aplicable la teor�a de la imprevisi�n. Ello se refleja en lo dispuesto en los art�culos 78 del C�digo de Comercio y 1796 del C�digo Civil, as� como en jurisprudencia de esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n (?CONTRATOS INAPLICABILIDAD DE LA TEOR�A DE LA IMPREVISI�N.?. S�ptima �poca. Tercera S.. Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo 193-198. Cuarta Parte. P�gina 35). En los contratos de apertura de cr�dito que nos ocupan, tanto acreditantes como acreditados asumen los riesgos propios de estas operaciones, sin que pueda ser imputable a alguna de las partes la modificaci�n de las circunstancias externas presentes o previsibles bajo las cuales se otorg� el cr�dito. En todo caso, y sin aceptar la imprevisi�n, �sta supone la imposibilidad racional para conocer un acontecimiento futuro, por lo que podr�a afirmarse que en los esquemas de refinanciamiento pactados no se han presentado mutaciones importantes no previsibles por las partes al celebrar el contrato. Todo lo contrario, tan se previ� la posibilidad de incrementos en la inflaci�n, que precisamente por ello se pact� una tasa ajustable; tambi�n se previ� la posible dificultad del pago de las parcialidades y al efecto se ofreci� un cr�dito adicional y opcional para cubrir los intereses vencidos. C. Intereses determinables. Por �ltimo, en la columna izquierda de la tesis marcada con el n�mero 1 de este tema se hace referencia a que el banco acreedor no actu� apegado a derecho al fijar los intereses conforme a un procedimiento y no de acuerdo con un porcentaje determinado. Ello es falso, atento los argumentos del tema IX que adelante se mencionan. III. CL�USULA DE CR�DITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO �CONSTITUYE UNA TRANSGRESI�N A LA PROHIBICI�N DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PASIVOS? A. No existe prohibici�n para financiar el pago de pasivos. Las tesis de la posible contradicci�n que afirman que los bancos se encuentran legalmente impedidos para otorgar cr�ditos para pago de pasivos parten de una premisa falsa. Ning�n ordenamiento aplicable a los contratos bancarios lo proh�be. Ni el art�culo 106, relativo a las prohibiciones, ni alg�n otro precepto de la ley bancaria tienen limitante sobre el destino de los cr�ditos. Tampoco la Ley del Banco de M�xico ni la regulaci�n expedida con fundamento en ella lo impiden. La LGTOC tampoco lo hace. En este marco, y atento al principio general de derecho seg�n el cual (en las transacciones privadas) lo que no est� expresamente prohibido, est� jur�dicamente permitido, no puede afirmarse que exista limitante alguna para que un cr�dito bancario se destine al pago de pasivos. El r�gimen jur�dico vigente deja a la libertad de las partes convenir o no un destino espec�fico para los recursos del cr�dito que se otorgue. El principio general antes se�alado fue recogido ya por la jurisprudencia: ?SUBROGACI�N CONVENCIONAL (LEGISLACI�N DE JALISCO).?. Quinta �poca. Tercera S.. Semanario Judicial de la Federaci�n. LXXXVIII. P�g. 1658. Adem�s, la supuesta prohibici�n impedir�a el otorgamiento de casi la totalidad de los cr�ditos bancarios. Por ejemplo, no podr�an financiarse adquisiciones por compraventa: Si se solicita el cr�dito es porque comprador y vendedor ya est�n de acuerdo con el precio y la cosa y el contrato ya se perfeccion�; as�, el comprador ya tiene a su cargo el pago del precio convenido, es decir, un pasivo a su cargo. El cr�dito que se le diera ser�a para pago de pasivo, lo que supuestamente se encontrar�a prohibido. B. Disposiciones que lo permiten. El refinanciamiento de intereses no s�lo no est� prohibido, sino ha sido expresamente regulado en las disposiciones aplicables a las instituciones bancarias. El art�culo 46 de la ley bancaria se�ala las operaciones que los bancos pueden realizar y, dentro de las operaciones activas, en la fracci�n VI incluye las de efectuar descuentos y otorgar pr�stamos o cr�ditos, de manera gen�rica y sin fijar restricci�n alguna. Si la ley no distingue respecto del destino de los cr�ditos, no debe distinguirse. Por otra parte, a partir de 1983 el Banco de M�xico, en uso de sus facultades, regul� esquemas con refinanciamiento de intereses. El programa del Fondo de Operaci�n y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi) que administra el Banco de M�xico, utiliza estos esquemas. A mayor abundamiento, nada impide que un cr�dito pueda destinarse al pago de pasivos. Lo anterior se confirma tanto por disposici�n legal (art�culo 323 de la LGTOC relativo al cr�dito refaccionario), como por interpretaci�n judicial (?CR�DITO SIMPLE CON GARANT�A HIPOTECARIA. PUEDE APLICARSE EN UN 100% A LA REESTRUCTURACI�N DE PASIVOS GENERADOS CON ANTELACI�N ENTRE LAS PARTES.?. Novena �poca. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo VI, agosto de 1997. Tesis XXI.1o.78 C. P�g. 698). C. Reglamento inaplicable. Seg�n algunas tesis del tema III, la supuesta prohibici�n se encuentra en el Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Cr�dito (D.O.F. del 29 de junio de 1959), cuyo art�culo 8o., inciso b), establec�a que las instituciones nacionales de cr�dito no pod�an efectuar operaciones de financiamiento para el pago de pasivos. (i) Este reglamento no es aplicable a la banca m�ltiple. Se refiere a las instituciones nacionales de cr�dito, actualmente la banca de desarrollo, como Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. La ley bancaria de 1941, las leyes posteriores de 1982 y 1985, as� como la ley vigente, distinguen con claridad y dan tratamiento diferente a la banca m�ltiple y a la banca de desarrollo. En efecto, los bancos m�ltiples no tienen las caracter�sticas propias de la banca de desarrollo, toda vez que de conformidad con el art�culo 1o. de la ley bancaria de 1941 -durante cuya vigencia se expidi� el reglamento- las instituciones nacionales de cr�dito son aquellas ?... constituidas con participaci�n del Gobierno F. o en las cuales �ste se reserve el derecho de nombrar la mayor�a del Consejo de Administraci�n o de la Junta Directiva o, de aprobar o vetar los acuerdos que la asamblea o el consejo adopten.?. Adem�s, las instituciones de banca de desarrollo se constituyeron desde su origen por el Gobierno F. para atender las actividades productivas que el Congreso de la Uni�n determine como especialidades de cada una de �stas en sus respectivas leyes org�nicas (art�culo 4o. de la ley bancaria). En consecuencia, de la simple lectura de los considerandos de dicho reglamento, as� como de sus art�culos 1o., p�rrafo primero, 2o., inciso a), 4o., 5o., 6o. y 8o., se puede afirmar que su �mbito de aplicaci�n no es la banca m�ltiple, sino la banca de desarrollo. La naturaleza restrictiva de la disposici�n impide su aplicaci�n extensiva o una interpretaci�n por analog�a. (ii) Adem�s, el reglamento no se encuentra en vigor, ya que fue expedido con fundamento en la ley bancaria de 1941, la cual fue abrogada. Lo anterior se confirma con la tesis cuyo rubro es ?BANCOS. EL ART�CULO 8o. DEL REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES NACIONALES DE CR�DITO. DEBE TENERSE POR DEROGADO.?. Novena �poca. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. T.V., febrero de 1998. Tesis XI.2o.65 C. P�g. 483. (iii) Por lo expuesto, el reglamento no resulta aplicable. Pero si lo fuera, el incumplimiento de sus preceptos solamente implicar�a una serie de sanciones por parte de las autoridades financieras competentes. Se trata de una norma reglamentaria expedida por una autoridad administrativa, por lo que su violaci�n no podr�a implicar nulidad alguna. No hay fundamento legal ni argumento l�gico para afirmar que el incumplimiento dar�a lugar a que los deudores de los bancos quedaran relevados de cumplir con las obligaciones a su cargo. IV. APERTURA DE CR�DITO. L�NEA ADICIONAL DE CR�DITO AL ACREDITADO PARA PAGO DE INTERESES �EXISTE FALSEDAD IDEOL�GICA PARA ENCUBRIR LA CAPITALIZACI�N DE INTERESES? (SIMULACI�N). En este tema hay dos subtemas: La posibilidad de que exista falsedad ideol�gica, por un lado, y simulaci�n de un acto jur�dico no permitido, por el otro. A.F. ideol�gica. De acuerdo con tesis de esa honorable Suprema Corte, existe falsedad ideol�gica o subjetiva cuando las partes hacen constar en un pagar� algo que en realidad no sucedi�, como es el caso de que los deudores no recibieron del acreedor cantidad de dinero alguna (?T�TULOS DE CR�DITO, FALSEDAD IDEOL�GICA O SUBJETIVA EN LOS.?. S�ptima �poca. Tercera S.. Semanario Judicial de la Federaci�n. 163-168, Cuarta Parte. P�g. 117). En este sentido, la falsedad ideol�gica es una excepci�n personal oponible en contra de quien ejercita una acci�n cambiaria por el hecho de que el suscriptor del t�tulo de cr�dito no haya recibido el dinero de su acreedor. Como ya se expres� en la opini�n vertida con motivo de la contradicci�n de tesis 11/98 la apertura de cr�dito adicionada para el pago deintereses no implica falsedad ideol�gica. Adicionalmente a las razones entonces manifestadas, son de se�alarse las siguientes: (i) El cr�dito adicional efectivamente se dispone y los intereses vencidos quedan pagados. As�, se producen diversos efectos jur�dicos: se extingue una obligaci�n -la de los intereses vencidos- y nace otra -por la nueva cantidad dispuesta-. Todo ello se refleja en el patrimonio del acreditante y en el del acreditado, en los movimientos contables correspondientes, as� como en los estados de cuenta peri�dicos que los bancos env�an a sus deudores. (ii) El hecho de que los recursos del cr�dito adicional no pasan por manos del acreditado, no significa que dicho cr�dito no se haya dispuesto. Como se coment� en el tema 2 de las consideraciones generales, en la apertura de cr�dito de dinero, el acreditante se obliga a poner a disposici�n del acreditado una suma determinada de efectivo; en cambio, en la apertura de cr�dito de firma, a contraer por cuenta del acreditado ciertas obligaciones hasta por los l�mites pactados. El objeto de la apertura de cr�dito es la disponibilidad a favor del acreditado -de dinero o de firma-, que puede ejercer solicitando al acreditante dinero, o bien requiriendo que �ste cubra por cuenta del propio acreditado obligaciones a su cargo. No es cierto que en todos los casos sea necesaria la entrega de una suma de dinero al acreditado. (iii) Es falso que el cr�dito adicional no se dispuso al no suscribir el acreditado documento alguno en cada disposici�n. La disposici�n del cr�dito adicional y el pago de los intereses vencidos pueden hacerse mediante simples movimientos contables -los cuales se hacen del conocimiento del deudor-, y no por ello estas operaciones carecen de validez jur�dica. Los bancos acreditantes aplican las disposiciones del cr�dito adicional en los t�rminos y condiciones pactados en los contratos respectivos, y no est�n obligados a entregar las sumas de dinero a los acreditados. Ni las disposiciones de un cr�dito de firma, ni el pago de intereses vencidos, requieren formalidad jur�dica alguna. Adicionalmente, queda constancia de estas operaciones en los estados de cuenta que peri�dicamente los bancos env�an a sus acreditados. Adem�s, de conformidad con el art�culo 52 de la ley bancaria, las instituciones de cr�dito pueden pactar la celebraci�n de sus operaciones mediante el uso de equipos y sistemas automatizados, estableciendo en los contratos respectivos los medios de identificaci�n del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso. Es hecho notorio y pr�ctica generalizada que cada vez un mayor n�mero de operaciones bancarias se celebran, incluso a trav�s de medios electr�nicos, sin implicar movimientos f�sicos de su importe en numerario; y los cambios jur�dicos y patrimoniales que implican se reflejan mediante simples cargos y abonos que se registran en la contabilidad y se hacen del conocimiento del deudor en sus estados de cuenta. (iv) No es cierto que haya falsedad ideol�gica argumentando que el acreditado no recibi� beneficio econ�mico alguno. El beneficio econ�mico s� se da, toda vez que se extingue la deuda a su cargo por concepto de los intereses vencidos del cr�dito inicial. El deudor no eroga el importe total de los intereses vencidos ni entra en mora; el contrato no se rescinde por incumplimiento; ni las garant�as se ejecutan. B.S.�n. En la opini�n emitida a trav�s del Ministerio P�blico de la Federaci�n designado en la contradicci�n de tesis 2/98, se afirm� que el convenio de apertura de cr�dito adicional para el pago de intereses es legal y no es un contrato simulado. Adicionalmente a los argumentos expuestos en dicha ocasi�n, se estima procedente manifestar: En t�rminos del art�culo 2180 del C�digo Civil, se habla de acto simulado cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. En el refinanciamiento de intereses no hay simulaci�n alguna. Las partes acuerdan un cr�dito adicional para el pago de intereses vencidos, y es esa precisamente la operaci�n que se celebra, la cual es l�cita, real y no aparente. (i) Hay refinanciamiento porque el deudor tiene a su disposici�n un cr�dito que puede o no ejercer para el pago de los intereses vencidos. Si decide no ejercerlo y pagarlos con su propio peculio, el acreedor est� obligado a recibir el pago. Como se mencion� en el inciso inmediato anterior, el hecho de que no haya entrega f�sica de dinero al acreditado, o que las operaciones se registren con movimientos contables, no significa que no haya un cr�dito adicional y que los esquemas pactados en los contratos que nos ocupan sean realmente un pacto de capitalizaci�n de intereses. En ocasiones, el cr�dito adicional se documenta en un contrato por separado que el del cr�dito inicial. El acreditante de uno y otro cr�dito puede llegar a ser distinto. Estas posibilidades del esquema de refinanciamiento demuestran que se trata de un cr�dito inicial y otro adicional y no de un pacto de capitalizaci�n de intereses. (ii) En los esquemas de refinanciamiento no se simula un pacto de capitalizaci�n, simplemente porque dicha capitalizaci�n no se da. Como ya se mencion� en el tema I, lo que devenga intereses son las disposiciones del cr�dito adicional; los intereses vencidos, cubiertos con los recursos del cr�dito adicional, son pagados y, por tanto, no generan nuevos intereses. De haber pactado la capitalizaci�n sin opci�n de pago, el deudor se encontrar�a impedido de cubrir con su propio peculio los intereses vencidos, ya que �stos se capitalizar�an autom�ticamente; si el deudor tiene la opci�n de pagar con su propio peculio los intereses a su cargo, significa que dichos intereses no se han capitalizado. El hecho que el refinanciamiento pueda tener efectos similares que la capitalizaci�n, no significa que haya simulaci�n. (iii) Una correcta interpretaci�n de la figura jur�dica de la simulaci�n, lleva a concluir que �sta se compone de los siguientes elementos: a) la existencia de la disconformidad entre la voluntad real y lo declarado expresamente; b) la intencionalidad consciente entre las partes para ello; c) la creaci�n de un acto aparente como consecuencia de lo anterior, y d) que la creaci�n de ese acto aparente sea con la finalidad de enga�ar a terceros. De esta suerte, si quien alega la simulaci�n no precis� y menos prob� cu�l era el otro contrato que reg�a el simulado, pues no dijo haberse celebrado �ste para enga�ar a otro, ni tampoco se�al� la existencia de un tercero afectado, no opera la mencionada figura jur�dica. (?SIMULACI�N, ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN.?. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federaci�n. XII-Agosto. P�g. 572). (iv) No hay raz�n alguna para la simulaci�n. Suponiendo, sin conceder, que en los esquemas de refinanciamiento haya un pacto de capitalizaci�n de intereses, �ste no se encuentra prohibido en las disposiciones aplicables a las operaciones bancarias. M�s a�n, de ser aplicable el art�culo 363 del C�digo de Comercio -que como se ha mencionado, no lo es- dicho art�culo no impide el pacto de capitalizaci�n ni establece limitante alguna respecto de la oportunidad en que puede convenirse. (v) De conformidad con el art�culo 78 del C�digo de Comercio, en los convenios mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse. En consecuencia, no hay raz�n alguna para dar a los esquemas de refinanciamiento un alcance distinto (el de capitalizaci�n de intereses) al que las partes pretendieron darle. C.C. aceptados. Los criterios de los dos incisos anteriores no son cuestionados en las operaciones por virtud de las cuales los bancos pagan, por cuenta de sus clientes, el servicio de tel�fono, las cuotas de energ�a el�ctrica, los servicios de televisi�n por cable, y otros m�s. Tambi�n permiten las transferencias entre una cuenta de inversi�n y una de cheques, o entre cuentas de distintos titulares. Las razones para que los criterios citados sean v�lidos en estas operaciones, tambi�n lo son para que lo sean en los esquemas de refinanciamiento, ya que ambas: a) se convienen de antemano; b) la realizaci�n de las operaciones no implica la entrega f�sica de los recursos al cliente, y c) se trata de pagos de pasivos a cargo del cliente. V. CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO. CAPITALIZACI�N DE INTERESES �ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL C�DIGO CIVIL, ART�CULO 2397, A DICHOS CONTRATOS MERCANTILES? En este tema, la primera cuesti�n es si debe o no aplicarse a los contratos de apertura de cr�dito que celebran los bancos el art�culo 2397 del C�digo Civil. La segunda, si dicho art�culo y el 363 del C�digo de Comercio deben o no interpretarse conjuntamente y el primero de manera supletoria respecto del segundo. A. Art�culo 2397 del C�digo Civil. Los contratos de apertura de cr�dito que celebra la banca con sus clientes son regulados por la LGTOC, la ley bancaria y la Ley del Banco de M�xico, y no resultan aplicables los art�culos 2397 del C�digo Civil y 363 del C�digo de Comercio. Con fines de brevedad, se tiene por reproducido lo se�alado en el punto 5 de las consideraciones generales. B. Improcedencia de la interpretaci�n conjunta. Los art�culos 2397 del C�digo Civil y 363 del C�digo de Comercio no son aplicables al contrato de apertura de cr�dito. En el evento de que se considere aplicable el citado art�culo 363 del C�digo de Comercio -sin aceptarlo-, no establece requisito alguno sobre la oportunidad para convenir la capitalizaci�n de intereses en los pr�stamos mercantiles. Independientemente de lo anterior, no procede la interpretaci�n conjunta de ambos preceptos, por las razones siguientes: (i) El art�culo 363 del C�digo de Comercio regula expresamente la capitalizaci�n de intereses en el pr�stamo mercantil. En consecuencia, no hay laguna que colmar para que se necesite una interpretaci�n conjunta con lo dispuesto en el C�digo Civil. La suplencia no se da cuando existe precepto aplicable al caso concreto. (ii) La interpretaci�n conjunta de ambos preceptos, por la cual ser�a nulo convenir de antemano la capitalizaci�n, implicar�a una adici�n al precepto del C�digo de Comercio. Si el legislador en materia mercantil no distingui� sobre la oportunidad para pactar la capitalizaci�n, el int�rprete no debe distinguir. (iii) Pretender una aplicaci�n conjunta de ambos art�culos llevar�a a cuestionar si se aplica o no, tambi�n de manera conjunta, el art�culo 68 de la Ley F. de Protecci�n al Consumidor, que expresamente se�ala que s�lo podr�n capitalizarse intereses cuando exista acuerdo previo de las partes. Por lo tanto, la interpretaci�n correcta es que, en materia del mutuo civil, la capitalizaci�n debe pactarse con posterioridad al vencimiento de los intereses a capitalizar; en las operaciones previstas en la Ley F. de Protecci�n al Consumidor, debe pactarse antes de llevar a cabo la capitalizaci�n; y en el pr�stamo mercantil, al igual que en la apertura de cr�dito, la ley lo dej� a la voluntad de las partes. Dicha interpretaci�n encuentra sustento en el criterio sostenido al respecto por el Poder Judicial de la Federaci�n (?SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.?. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, 76, abril de 1994. I.4o.C. J/58. P�g. 33). Tema VI. CL�USULA ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES VENCIDOS, LAS AMORTIZACIONES IMPLICAN CONSENTIMIENTO Y CONVALIDAN LA NULIDAD. Algunas tesis que integran la posible contradicci�n argumentan que la cl�usula de cr�dito adicional para el pago de intereses vencidos es nula, por ser contraria a los art�culos 2397 del C�digo Civil y 363 del C�digo de Comercio. Sus argumentos son infundados por lo siguiente: A. Nulidad absoluta. En nuestro derecho, la nulidad absoluta es la que ataca a los actos que se ejecutan en contravenci�n a un mandato o a una prohibici�n de una ley imperativa o prohibitiva. Lo anterior se encuentra reconocido en el art�culo 8o. del C�digo Civil. La LGTOC -que rige las aperturas de cr�dito, en general-, la ley bancaria, la Ley del Banco de M�xico, as� como la regulaci�n expedida por dicho banco central -relativas a las operaciones bancarias, en lo particular- no contienen prohibici�n alguna que impida pactar que el importe de un cr�dito se aplique a pagar intereses vencidos devengados por disposiciones previas o por otro cr�dito anterior. Desde el punto de vista jur�dico, los esquemas de refinanciamiento de intereses no son lo mismo que la capitalizaci�n, pero en el evento que as� se considere -sin aceptarlo-, los ordenamientos antes aplicables tampoco proh�ben la capitalizaci�n. De igual manera, de estimarse que hay capitalizaci�n y que es aplicable el art�culo 363 del C�digo de Comercio, este precepto tampoco proh�be la capitalizaci�n ni establece limitaci�n alguna respecto a la oportunidad para pactarla. El �nico ordenamiento que establece una restricci�n -no pactar la capitalizaci�n de antemano- es el art�culo 2397 del C�digo Civil y, como ha quedado mencionado, no resulta aplicable a los contratos de apertura de cr�dito. En virtud de lo antes expuesto, en las cl�usulas de refinanciamiento de intereses no puede invocarse causa alguna de nulidad absoluta. B. Nulidad relativa. (i) Suponiendo, sin conceder, que los actos realizados pudieran ser atacados de nulidad relativa por contener vicios en la voluntad, como lo han alegado algunos deudores, es preciso se�alar que han quedado convalidados por actos posteriores de los propios deudores que alegan el vicio. El art�culo 2234 del C�digo Civil dispone: ?El cumplimiento voluntario por medio del pago, novaci�n o por cualquier otro modo, se tiene por ratificaci�n t�cita y extingue la acci�n de nulidad.?. La raz�n clara de esta disposici�n radica en el principio b�sico de que la voluntad es la ley suprema de los contratos, de tal forma que, aun existiendo alg�n vicio de quien haya contratado, el pago representa otro acto de voluntad que evidentemente convalida y purga vicios que hubieran existido. As�, el vicio deja de existir cuando sobreviene el cumplimiento voluntario. Si los deudores han realizado alguno de los pagos peri�dicos, no pueden alegar nulidad por vicios en el consentimiento. De igual manera, el ejercicio del cr�dito adicional -y no s�lo el pago de esta deuda- convalidan la pretendida nulidad. No puede alegarse vicios en la voluntad si previamente el deudor ejerci� el cr�dito puesto a su disposici�n. (ii) Los contratos pueden interpretarse conforme a la luz de la conducta que las partes han desplegado una vez celebrados, ya que de la manera en que se comportan puede deducirse cu�l ha sido su voluntad al celebrar el contrato. Por ello, cuando ha existido un periodo durante el cual el acreditado ha dado cumplimiento a las obligaciones que nacen del texto del contrato, debe interpretarse que esa ha sido su voluntad, y de ninguna manera puede estimarse que sea procedente reclamar la nulidad de las obligaciones posteriores, cuando �stas tambi�n fueron determinadas conforme a lo estipulado en dicho contrato. Interpretarlo de manera contraria, supondr�a ir en contra del principio jur�dico que establece que el cumplimiento de los contratos no puede dejarse a voluntad de una de las partes. Este principio se encuentra recogido en el art�culo 1797 del C�digo Civil. (iii) En la pr�ctica, los contratos establecen la obligaci�n de que los bancos env�en peri�dicamente a sus deudores estados de cuenta en los que se registren los movimientos realizados durante el periodo. De conformidad con el art�culo 68 de la ley bancaria, los contratos respectivos, junto con los estados de cuenta certificados por contador autorizado, son t�tulos base de la acci�n procesal ejecutiva. Si los deudores reciben peri�dicamente los estados de cuenta de los bancos acreditantes y, teniendo oportunidad para oponerse a los saldos en ellos se�alados no lo hacen dentro de los plazos pactados en los contratos respectivos, puede entenderse que en cada ocasi�n ratificaron t�citamente su conformidad con los esquemas de refinanciamiento pactados. C.S.�n. Respecto a la simulaci�n a que hacen referencia algunas de las tesis de este tema, me remito a lo se�alado en el tema IV anterior. Tema VII. CL�USULA DE CR�DITO ADICIONAL. LA FALTA DE AVISO AL BANCO ACREDITANTE SOBRE NO DISPOSICI�N DEL CR�DITO ADICIONAL IMPLICA ACEPTAR LA APLICACI�N DEL PAGO DE INTERESES. De la lectura de las tesis de este tema se desprende que la cuesti�n radica en que en la mayor�a de los contratos con esquema de refinanciamiento se pact� que, para no ejercer el cr�dito adicional, es necesario que el deudor d� un aviso al banco con 30 d�as de anticipaci�n. Se dice que esta anticipaci�n implica que, cuando se tiene que dar dicho aviso, no se conoce el monto de la parcialidad que hay que pagar y, consecuentemente, tampoco el monto del cr�dito adicional a disponer. Seg�n los deudores, esta circunstancia hace inoperante la posibilidad de optar o no por ejercer el cr�dito. Sobre el particular, pueden hacerse los comentarios siguientes: (i) El mecanismo del preaviso fue pactado por las partes al celebrar el contrato. El art�culo 291 de la LGTOC expresamente prev� que las partes acuerden libremente la manera de disponer del cr�dito al se�alar que ?en virtud de la apertura de cr�dito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposici�n del acreditado, o a contraer por cuenta de �ste una obligaci�n, para que el mismo haga uso del cr�dito concedido en la forma y en los t�rminos y condiciones convenidos ...?. Esta libertad para convenir la manera de disponer del cr�dito se confirma con el art�culo 295 de la citada LGTOC, que establece que salvo convenio en contrario, el acreditado puede disponer a la vista de la suma objeto del contrato. De los art�culos transcritos queda claro que las partes pueden convenir libremente la manera de disponer del cr�dito, y as� lo hicieron. El deudor convino y estuvo de acuerdo con el mecanismo de preaviso pactado en el contrato. (ii) No es indispensable conocer el monto de los intereses vencidos para que la opci�n de ejercer o no el cr�dito adicional sea v�lida. Ninguna disposici�n aplicable a las aperturas de cr�dito bancarias as� lo exige. No puede aceptarse el criterio que es necesario conocer el importe de los intereses vencidos al momento de expresar la voluntad de dar o no el aviso y, por consiguiente, decidir si se quiere o no contraer la obligaci�n del cr�dito adicional. Aceptarlo implicar�a negar la naturaleza misma de las obligaciones aleatorias en las que ?... la prestaci�n debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluaci�n de la ganancia o p�rdida sino hasta que ese acontecimiento se realice.? (art�culo 1838 del C�digo Civil). En otras palabras, al disponer del cr�dito adicional con los mecanismos de preaviso pactados, el deudor contrae una obligaci�n aleatoria. Nuestro derecho acepta que las deudas puedan o no ser l�quidas al momento de ser pactadas. As�, el art�culo 2189 del C�digo Civil define lo que debe entenderse por una deuda l�quida. Por tanto, el hecho que una deuda no sea determinada sino determinable no significa que carezca de validez. Por consiguiente, nada impide que el deudor, al disponer del cr�dito adicional, contraiga una deuda no l�quida pero que lo ser� en plazo cierto y, sobre todo, cuando sea exigible. (iii) El preaviso de treinta d�as para no disponer del cr�dito adicional no est� prohibido y s� resulta del acuerdo de voluntades de las partes. Ninguna de las disposiciones aplicables a las aperturas de cr�dito bancarias impiden el mecanismo pactado. No hay limitante alguna en la LGTOC, en la ley bancaria, en la Ley del Banco de M�xico ni en la regulaci�n expedida por este �ltimo. Con los principios de que en los contratos la voluntad de las partes es ley suprema, y de que en las transacciones entre particulares lo que no est� expresamente prohibido est� permitido, puede afirmarse que elmecanismo pactado es jur�dicamente v�lido. (iv) Desde la fecha en que celebraron los contratos, los deudores sab�an que tendr�an que optar por dar o no el preaviso sin conocer los intereses vencidos. Los deudores no pueden hacer valer el argumento de que desconocen el importe de los intereses vencidos en la fecha en que deben optar o no por el preaviso, toda vez que desde la celebraci�n del contrato estaban en conocimiento de que, en su caso, tendr�an que dar dicho preaviso a pesar de no conocer el monto de los intereses vencidos. Incluso, no s�lo conoc�an el mecanismo del preaviso, sino que realizaron pagos parciales del cr�dito inicial utilizando dicho mecanismo. En t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 78 del C�digo de Comercio, los contratantes se obligan en la manera y t�rminos que aparezca que quisieron obligarse. Si ha existido un periodo durante el cual el acreditado no ha cuestionado el mecanismo, significa que lo acept�, y si con posterioridad pudiere hacerlo, implicar�a dejar a su arbitrio la validez o no del mismo, lo que jur�dicamente es inaceptable. Finalmente, argumentar que el preaviso no significa una verdadera opci�n, despu�s de haber efectuado pagos con dicho mecanismo, puede dar lugar a cuestionar la raz�n por la que no fue objetado con anterioridad, as� como dar la impresi�n de que s�lo se trata de un argumento utilizado en juicio para evitar el pago de las obligaciones a cargo de los deudores. (v) Al decidir dar o no el preaviso, el deudor no conoce el monto de los intereses vencidos, pero s� conoce el procedimiento para calcularlos. Dicho monto no puede ser determinado arbitrariamente por el banco acreedor, quien efect�a las operaciones aritm�ticas, cuyo procedimiento de c�lculo se encuentra pactado expresamente en los contratos previamente celebrados. (vi) El deudor tiene elementos para conocer, de manera aproximada, el monto de los intereses vencidos a pagar. Lo m�s com�n en los cr�ditos que nos ocupan, es que se pacte el ajuste de las tasas cada mes, o bien, cada semestre. Los �ndices para determinar la tasa de inter�s no var�an sustancialmente en seis meses. Las variaciones ser�n menores en periodos m�s cortos. As�, las tasas para calcular los pagos parciales durante un mismo periodo ser�n iguales. Si la fecha de pago coincide con la fecha de revisi�n, el deudor puede hacer una estimaci�n bastante aproximada si se toma como referencia el �ltimo pago. Adem�s, no siempre los indicadores ser�n a la alza. En los periodos en que vayan a la baja, el acreditado tendr� la seguridad de que el pago a realizar necesariamente ser� menor que el �ltimo realizado. En estos casos es especialmente claro que no se requiere conocer el monto de los intereses vencidos para tener la opci�n real de disponer o no del cr�dito adicional. (vii) En todo caso, el cuestionamiento sobre el preaviso no puede afectar la validez de todo el esquema de refinanciamiento. Por las razones expuestas en los incisos anteriores, se considera que el esquema del preaviso es v�lido y no se viola ninguna regulaci�n aplicable. Es principio de las obligaciones, reconocido en el art�culo 1841 del C�digo Civil, que la nulidad de una cl�usula accesoria de un contrato, no conlleva la nulidad del mismo. Por lo tanto, suponiendo sin conceder que no fuera v�lido pactar el preaviso, los dem�s t�rminos y condiciones del esquema de refinanciamiento seguir�an siendo v�lidos. Es decir, el banco estar�a obligado a recibir el pago con recursos propios del deudor, aun cuando no hubiera recibido el aviso previo. No tendr�an por qu� verse afectadas las estipulaciones relativas a la disponibilidad de un cr�dito adicional, al destino espec�fico para el pago de intereses vencidos, a la f�rmula de c�lculo del refinanciamiento, al procedimiento de simples registros contables, y a todas las dem�s estipulaciones relativas al esquema de refinanciamiento. El deudor no sufre perjuicio mayor al tener que optar sin conocer el importe de los intereses vencidos. Si no da el preaviso y, en la fecha de pago de la parcialidad, se da cuenta de que pudo haber realizado el pago con recursos propios, y no del cr�dito adicional, siempre podr� utilizar dichos recursos propios para pagar la deuda a su cargo precisamente por la disposici�n del cr�dito adicional. En estos casos, en que el deudor no dio el aviso y entrega al banco el pago parcial con recursos propios, el banco proceder� como sigue: a) cubrir� los intereses vencidos con recursos del cr�dito adicional, toda vez que no recibi� el preaviso pactado, y b) aplicar� la suma recibida del deudor al pago de la deuda precisamente por el cr�dito adicional, en cuyo caso esta �ltima quedar� cubierta y no devengar� inter�s alguno. En el evento de que los contratos no permitan el pago en los t�rminos se�alados en el p�rrafo anterior, el deudor siempre podr� invertir los recursos propios que pretend�a utilizar al pago de la parcialidad y dar el preaviso para la inmediata siguiente. Podr� tener una p�rdida financiera, pero en virtud de los plazos -generalmente no m�s de cuatro meses- no de gran significado. Tema VIII. MORA. EST� CONDICIONADA AL AVISO DEL BANCO ACREDITANTE. A. Aviso de cobro. Conforme a los contratos respectivos y a las pr�cticas y usos bancarios, es com�n que las instituciones acreedoras peri�dicamente env�en a sus deudores estados de cuenta, en los que se especifican la fecha y monto -por capital y por intereses- de la parcialidad a pagar, la fecha y el monto del �ltimo pago, el saldo insoluto del cr�dito, as� como los dem�s datos relevantes de la operaci�n de que se trate. De esta manera, los deudores pr�cticamente reciben un aviso previo de cobro del banco acreedor. Ahora bien, desde el punto de vista jur�dico dichos estados de cuenta no deben tenerse como condici�n previa para que las obligaciones de los acreditados sean exigibles, ni para que �stos se consideren en mora por no cumplir oportunamente las obligaciones a su cargo, entre otras, por las razones siguientes: (i) No hay precepto legal alguno por el que las instituciones bancarias se encuentran obligadas a enviar estados de cuenta o avisos de cobro, ni a calcular y notificar el monto de cada parcialidad. En todo caso, deber� estarse a lo pactado en cada contrato. (ii) En la mayor�a de los contratos a que se refiere la posible contradicci�n de tesis, no se especific� que el acreedor tuviera que hacer alguna notificaci�n previa a los deudores para que �stos se encontraran obligados a pagar. M�s a�n, es muy frecuente pactar el lugar de pago y expresamente convenir que los deudores estar�n obligados a cubrir sus obligaciones sin previo requerimiento. (iii) Si bien la tasa de inter�s es determinable, el deudor siempre tendr� la posibilidad de acudir a las oficinas del banco y solicitar el monto de la parcialidad, para encontrarse en condiciones de cubrir oportunamente las parcialidades a su cargo. (iv) Las instituciones bancarias env�an los estados de cuenta y avisos de cobro para recordar y facilitar a sus clientes el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. El hecho de que los env�en y, en alguna parcialidad, dejen de hacerlo, no debe significar que la obligaci�n a cargo del deudor deja de ser exigible. Ello equivaldr�a a decir que las obligaciones del deudor no son a plazo, sino que se trata de obligaciones sujetas a condici�n, es decir, a recibir el estado de cuenta o aviso del banco acreedor. B.I.. Tampoco es necesario que los estados de cuenta o avisos detallen el procedimiento contable para determinar el monto de cada parcialidad. Ni la ley ni los contratos as� lo exigen. Los contratos contienen los elementos y procedimientos para calcular el monto de los pagos parciales a realizar. De igual manera, los �ndices que normalmente se toman como referencia son publicados por las autoridades competentes y dados a conocer por diversos medios de comunicaci�n. As�, con las cl�usulas del contrato y los estados de cuenta o avisos que peri�dicamente reciben los deudores, �stos tienen elementos suficientes para refutar los c�lculos que las instituciones acreedoras realicen para determinar cada parcialidad. Incluso, en varios de los contratos las partes acordaron expresamente mecanismos de mediaci�n para aclarar cualquier cuestionamiento sobre el correcto cumplimiento de las estipulaciones convenidas. Ello sin perjuicio de tener expeditos sus derechos para inconformarse, en cualquier momento, sobre la desviaci�n de lo pactado en el contrato. C.M.. Por �ltimo, en obligaciones a plazo, precisamente al vencimiento de dicho plazo el deudor se encuentra obligado a cubrirlas. Una vez transcurrido el plazo sin que el deudor efect�e el pago, autom�ticamente entra en mora, sin que sea necesaria notificaci�n alguna por parte del acreedor, ya que no existe precepto legal que as� lo exija. Esto est� de acuerdo con lo previsto en el art�culo 85 del C�digo de Comercio, el cual establece que los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzar�n en los contratos que tuvieren d�a se�alado para su cumplimiento, por voluntad de las partes o por la ley, al d�a siguiente de su vencimiento ... En todo caso, deber� estarse a lo pactado en los contratos respectivos, pero si no se convino expresamente aviso previo para considerar que el deudor entr� en mora, bastar� el simple transcurso del plazo sin que realice el cumplimiento para que as� sea. Por lo anterior, no es exacto que, para que los intereses moratorios sean exigibles, se requiera de aviso previo por parte del banco acreedor. Tema IX. INTERESES. ANTE LA IMPRECISI�N DE LA TASA APLICABLE PARA SU CUANTIFICACI�N DEBE ESTARSE AL TIPO LEGAL. Las cl�usulas con tasas de inter�s variables propician equilibrio y reciprocidad en contratos de cr�dito a medio y largo plazo. Pr�cticamente son indispensables para hacer factibles operaciones que, con tasas fijas, no ser�a posible celebrar, ya que implicar�a pactar tasas muy altas para prever cualquier depreciaci�n monetaria durante el plazo del financiamiento. Las tasas variables son determinables, pero no imprecisas. Se aplican en un gran n�mero de operaciones pecuniarias y tienen plena validez jur�dica, seg�n tesis sustentada por el Poder Judicial de la Federaci�n (?INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS. SI EN EL CONTRATO FUNDATORIO DE LA ACCI�N, LAS PARTES PACTARON TASAS FLOTANTES EN LA MEDIDA QUE FLUCTUARA EL COSTO PORCENTUAL PROMEDIO O LOS CERTIFICADOS DE LA TESORER�A, TAL PACTO RESULTA AJUSTADO A DERECHO.?. Novena �poca. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis I.8o.C.143 C. P�g. 758. Materia Civil). Las cl�usulas de inter�s variable no implican indeterminaci�n en el monto de la obligaci�n. A su vencimiento, el importe de la deuda es l�quido y se conoce con toda certeza. En estos casos, el monto de los intereses no se encuentra determinado al celebrar el contrato, pero s� es determinable. En las cl�usulas del contrato deben pactarse todos los elementos y procedimientos de c�lculos que permitan conocer, en su oportunidad, con certeza y sin duda alguna, el monto de los intereses a cubrir. No hay norma jur�dica que impida pactar intereses con tasas variables peri�dicamente y si as� lo convienen las partes -y su voluntad es la norma suprema de los contratos-, estas cl�usulas tienen plena validez jur�dica. M�s a�n, las tasas variables son comunes en t�tulos de cr�dito -como en los bonos, obligaciones y pagar�s-. Por disposici�n legal, los t�tulos de cr�dito son los documentos necesarios para ejercer el derecho literal que en los mismos se consigna y, en el caso espec�fico de algunos de ellos, deben contener la obligaci�n incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Si no hay impedimento para prever tasas variables en t�tulos de cr�dito, menos a�n en operaciones documentadas en contratos que suscriben las partes. Ahora bien, si en el c�lculo de los intereses correspondientes a alg�n periodo se comete alg�n error o se sigue un procedimiento que se aleje de lo pactado en el contrato, las partes podr�n reclamarlo, incluso judicialmente, pero ello no implica la nulidad de la cl�usula ni la aplicaci�n supletoria de la tasa legal. La nulidad s�lo podr�a invocarse si la cl�usula con tasas variables es contraria a una norma legal de nulidad absoluta y cuando existan vicios en el consentimiento -nulidad relativa-. Por otra parte, la tasa de inter�s legal �nicamente ser�a aplicable cuando no hubiera habido estipulaci�n alguna al respecto. En caso de que sea imprecisa, debe aplicarse la norma de interpretaci�n en favor de la mayor reciprocidad por tratarse de obligaciones onerosas como lo establece el art�culo 1957 del C�digo Civil. Por todo lo anterior, no resulta aplicable la tesis cuyo rubro es ?INTER�S LEGAL. SI EN EL CONTRATO DE MUTUO CON PAGO DE INTERESES Y GARANT�A HIPOTECARIA RESULTA IMPRECISO EL INTER�S PACTADO, DEBE ESTARSE AL ...?. La lectura de esta tesis permite afirmar que parte del supuesto que la tasa para calcular los intereses resulta imposible de establecer, lo que no es exacto en los contratos bancarios que nos ocupan. Adem�s, se refiere a los contratos de mutuo y no a los de apertura de cr�dito. OTRAS CONSIDERACIONES. El art�culo 2o. de la ley bancaria establece que ?... se considera servicio de banca y cr�dito la captaci�n de recursos del p�blico en el mercado nacional para su colocaci�n en el p�blico, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.?. De este precepto puede deducirse que un banco se dedica, en forma profesional y masiva, a captar recursos del p�blico -operaciones pasivas- para, a su vez, prestarlos a quienes los necesitan -operaciones activas-. As�, los recursos que los bancos prestan provienen de los ahorros que le son confiados. Para devolver dichos ahorros requieren del pago de los cr�ditos que otorgaron. En caso de llegar a considerarse ilegales el refinanciamiento de intereses, o bien la capitalizaci�n de intereses, los bancos no podr�n captar recursos en los t�rminos y condiciones que actualmente lo hacen. Ser�a necesario que, al vencimiento de los dep�sitos, los ahorradores acudieran a las sucursales bancarias a retirar y, en su caso, reinvertir sus ahorros y sus respectivos rendimientos. La situaci�n descrita desalentar�a el ahorro y fomentar�a el consumo; congestionar�a las sucursales bancarias; incrementar�a los costos de intermediaci�n, con la consecuente disminuci�n en los rendimientos que los bancos ofrecen al p�blico ahorrador e incremento en el costo de los cr�ditos que otorgan. En otras palabras, la intermediaci�n bancaria ser�a menos eficiente y los instrumentos bancarios de ahorro menos atractivo. Los ahorradores buscar�an instrumentos m�s rentables, incluso de intermediarios del exterior y la captaci�n bancaria de ahorro del p�blico disminuir�a. Al disminuir la captaci�n, los bancos contar�an con menos recursos para financiar las actividades econ�micas del pa�s. Las anteriores consideraciones explican por qu� el refinanciamiento y la capitalizaci�n de intereses son pr�ctica bancaria, no s�lo en nuestro pa�s, sino en los mercados financieros internacionales. Independientemente de lo anterior, si se declara ilegal el refinanciamiento de intereses, los deudores dejar�an de pagar los cr�ditos a su cargo y, en este supuesto, los bancos acreedores no tendr�an recursos suficientes para hacer frente a los retiros de los ahorradores, de los depositantes. CONCLUSIONES. Por todo lo expuesto, pueden hacerse las conclusiones siguientes: 1. El mutuo, el pr�stamo mercantil y la apertura de cr�dito son contratos distintos, con caracter�sticas propias y con regulaci�n espec�fica para cada uno de ellos. 2. El anatocismo es el pacto por el cual el deudor se obliga a pagar intereses sobre intereses. La capitalizaci�n de intereses es la adici�n de los intereses vencidos al capital que los devenga. El refinanciamiento es la aplicaci�n de recursos de un cr�dito al pago de intereses vencidos. La legislaci�n mexicana no hace referencia al anatocismo. En el mutuo, la capitalizaci�n convenida de antemano est� prohibida. En el pr�stamo mercantil y en la apertura de cr�dito no hay limitante alguna. El refinanciamiento de intereses no se encuentra prohibido. 3. Cuando intereses vencidos se pagan con recursos de un cr�dito adicional, se trata de un refinanciamiento y no de anatocismo ni de capitalizaci�n. Suponiendo sin conceder que se trata de una capitalizaci�n y, adem�s, que en las operaciones bancarias haya una laguna que colmar, resultar�a aplicable el art�culo 363 del C�digo de Comercio, que permite pactar la capitalizaci�n por anticipado. 4. El an�lisis de cr�dito no es requisito para la validez jur�dica de un contrato de apertura de cr�dito bancario. Adem�s, el an�lisis que se realiza para el cr�dito original tambi�n sirve para el cr�dito adicional. No tendr�a sentido duplicar los estudios si las condiciones presentes y previsibles del acreditado no var�an. 5. En las obligaciones mercantiles no es aplicable la teor�a de la imprevisi�n. 6. El otorgamiento de un cr�dito para pagar pasivos se encuentra expresamente permitido. Ning�n ordenamiento jur�dico proh�be otorgar financiamiento para el pago de intereses. El Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Cr�dito ha sido abrogado. En su oportunidad, fue aplicable a las instituciones nacionales de cr�dito -ahora bancos de desarrollo- y no a la banca m�ltiple. 7. En los esquemas de refinanciamiento se dispone efectivamente del cr�dito, por lo que no hay la llamada falsedad ideol�gica. Tampoco hay simulaci�n. Suponiendo, sin conceder, que en los esquemas de refinanciamiento hay un pacto de capitalizaci�n, �ste no se encuentra prohibido y, por lo tanto, no hay raz�n alguna para la simulaci�n. Las disposiciones que regulan a los contratos de apertura de cr�dito que celebran los bancos, no tienen laguna alguna que colmar. Si la hubiera, sin aceptarlo, ser�a aplicable el art�culo 363 del C�digo de Comercio que no establece requisito alguno sobre la oportunidad para convenir la capitalizaci�n de intereses. Los esquemas de refinanciamiento no se encuentran prohibidos y, por lo tanto, no hay nulidad absoluta. Suponiendo sin conceder que haya nulidad relativa por vicios en la voluntad, quedar�an convalidados por el cumplimiento voluntario por medio de los pagos realizados. El mecanismo por el cual, para no disponer del cr�dito adicional, es necesario dar aviso previo al banco acreedor no se encuentra prohibido en las disposiciones aplicables. Las partes lo pactan expresamente al celebrar el contrato original. En el evento de que no sea v�lido -sin aceptarlo-, los dem�s t�rminos y condiciones del esquema de refinanciamiento seguir�an teniendo validez. Las instituciones de cr�dito env�an peri�dicamente estados de cuenta para facilitar a sus deudores el cumplimiento de sus obligaciones. Jur�dicamente, dichos documentos -o los avisos de cobro- no son una condici�n indispensable para que las obligaciones sean v�lidas y exigibles. El deudor cuenta con elementos para refutar, en su caso, los c�lculos que los bancos acreedores realicen para conocer el monto de los pagos parciales. Salvo pacto en contrario bastar� el simple transcurso del plazo estipulado sin que se realice el pago, para considerar al deudor en mora. Las tasas de inter�s ajustables son determinables, pero no imprecisas, y tienen plena validez jur�dica. No implican indeterminaci�n en el monto de la obligaci�n a cargo del deudor. La tasa de inter�s legal s�lo resultar�a aplicable cuando no hubiera estipulaci�n alguna sobre los rendimientos de los cr�ditos otorgados. Por todo lo expuesto, atentamente solicito a esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se sirva: Primero. Se tenga por presentada en tiempo y forma la opini�n sobre la posible contradicci�n detesis planteada, en los t�rminos de este escrito. Segundo. Se tenga por reproducidas las opiniones expuestas en los escritos de fechas 8 de abril y 12 de mayo del a�o en curso, presentados en los expedientes de las contradicciones de tesis 2/98 y 11/98, los cuales ratifico en todas y cada una de sus partes. Tercero. Se tenga por renunciada la parte pendiente por transcurrir del plazo a que se refiere el art�culo 197-A de la Ley de A., para la presentaci�n de la presente opini�n. Cuarto. Dictar resoluci�n y ordenar se me expida copia certificada por duplicado. Distrito F., a los once d�as del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho."
D�CIMO. En virtud de la petici�n hecha por el procurador general de la Rep�blica en la opini�n transcrita en el considerando inmediato anterior, a continuaci�n se transcribe el texto del ocurso presentado el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en relaci�n con la contradicci�n de tesis 11/98, del �ndice de la Primera S. actualmente 31/98.
"Que estando dentro de tiempo y con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de A. y 21 fracci�n VIII de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, vengo a emitir opini�n en la contradicci�n de tesis denunciada por el H. Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito, respecto de las tesis sustentadas por ese tribunal al resolver el juicio de amparo directo 1695/97 promovido por Banco Nacional de M�xico, S., considerando que ?El llamado cr�dito adicional s� constituye un pacto anticipado de capitalizaci�n de intereses prohibido por el art�culo 363 del C�digo de Comercio.?; y el criterio del H. Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, bajo el rubro: ?ANATOCISMO, PACTO DE. NO LO CONSTITUYE EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LOS CONTRATANTES A FIN DE QUE EL ACREDITADO DISPONGA DISCRECIONALMENTE, EN SU CASO, DE UN CR�DITO ADICIONAL PARA CUBRIR INTERESES DEVENGADOS E INSOLUTOS.?, sustentado al resolver el juicio de amparo directo 215/96, promovido por B., S., que aparece publicado en la p�gina 772, Tomo V, Novena �poca, marzo de 1997, del Semanario Judicial de la Federaci�n. El Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito considera:
"?... La inconformidad que expresa el quejoso en relaci�n al segundo punto resolutivo es infundado, ya que no existe por parte de la responsable incorrecta apreciaci�n e interpretaci�n del art�culo 363 del C�digo de Comercio como a continuaci�n se precisar�. El precitado precepto legal establece que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses y que los contratantes podr�n, sin embargo capitalizarlos. De esta disposici�n se infiere como correctamente lo apreci� la S. responsable, la prohibici�n expresa de que los intereses generados con motivo de un cr�dito generen nuevos intereses, y si bien la segunda parte del art�culo 363 del C�digo de Comercio contempla la posibilidad de capitalizarlos, esto s�lo es factible cuando los contratantes lo convengan con posterioridad a la generaci�n de dichos intereses, es decir cuando los intereses ya se encuentran vencidos, pero no cuando con anterioridad a su causaci�n se hace esa estipulaci�n como en el caso aconteci�. En esa medida, es inexacto que el precepto legal antes citado autorice sin limitantes, el pacto sobre capitalizaci�n de intereses, pues como ya se dijo, esta cuesti�n puede ser motivo de convenio siempre y cuando sea con posterioridad a la generaci�n de dichos intereses como bien lo estableci� la S. responsable, sin que para ello sea necesario como lo pretende el quejoso, que la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito as� lo establezca, pues existe en la ley de la materia un dispositivo legal que proh�be expresamente pactar el pago de inter�s sobre inter�s, como lo es el art�culo 363 del C�digo de Comercio, que proh�be expresamente que los intereses vencidos generen a su vez intereses, operaci�n conocida como pacto de anatocismo, si bien es cierto como ya se dijo, dicho dispositivo legal plantea la posibilidad de que en materia mercantil, como caso de excepci�n, los intereses generados puedan capitalizarse, esto s�lo puede ocurrir con posterioridad a su vencimiento con la declaraci�n de anticipaci�n de plazo hecha por autoridad judicial, siempre y cuando las partes as� lo convengan. De donde se infiere, que la finalidad del precitado art�culo 363, no es otra que la de impedir una conducta por parte de los acreedores que pueda ser ruinosa para los deudores, consistente en el cobro de inter�s para los deudores, consistente en el cobro de inter�s sobre inter�s vencidos y no pagados. Por otra parte, es fundado pero inoperante la parte del cuarto concepto de violaci�n en el que el quejoso expresa inconformidad con el contenido del tercer punto resolutivo. En efecto, es verdad que en el tercer punto resolutivo de la sentencia reclamada, la autoridad responsable declar� nulas las cl�usulas primera �ltimo p�rrafo, s�ptima, d�cima segunda �ltimo p�rrafo, d�cimo s�ptima y la cl�usula cuarta en su p�rrafo segundo y tercero, siendo que el actor, s�lo invoc� la nulidad del p�rrafo tercero respecto de la �ltima cl�usula de las antes mencionadas, seg�n se aprecia del punto f) de las prestaciones solicitadas en su demanda. Sin embargo, el error en que incurri� la responsable, no puede ser subsanado en esta v�a de amparo, dado que el hoy quejoso estuvo en aptitud de promover ante el tribunal de alzada, la aclaraci�n de sentencia en los t�rminos que prev� el art�culo 85 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, en la que al no haber hecho valer el derecho que la ley le concede para aclarar el error en que incurri� la S. responsable, es evidente que consinti� el mismo. Adem�s, del examen efectuado respecto del p�rrafo segundo de la cl�usula cuarta del contrato fundatorio de la acci�n, cuya nulidad declar� el ad quem sin ser invocado por la parte actora, se aprecia que se refiere a la posibilidad que el banco abre al acreditado de ampliar el cr�dito otorgado, en caso de que �ste no pueda cubrir con recursos propios el incremento que pudiera darse en los costos de construcci�n, lo que pone de evidencia, que al haberse decretado la nulidad del contenido del citado p�rrafo, en todo caso a quien podr�a perjudicar es al hoy tercero perjudicado, pues dada la nulidad de esta parte de la cl�usula, se le priva del derecho a solicitar la ampliaci�n del cr�dito en los t�rminos consignados en la misma. Por otra parte, los razonamientos con los que el quejoso sostiene que no existe falsedad ideol�gica en cuanto a la entrega del dinero materia del cr�dito adicional, son infundados, pues si bien es cierto lo que refiere la entrega puede ser real, virtual o jur�dica tambi�n lo es como correctamente lo estableci� la S. responsable, la finalidad real del cr�dito adicional pactado en la cl�usula s�ptima del contrato fundatorio a la acci�n, fue la de aplicar dicho cr�dito al pago de intereses devengados mediante asientos contables efectuados por el banco, conforme a lo pactado en el �ltimo p�rrafo de la cl�usula primera y �ltimo p�rrafo de la cl�usula d�cima, es decir conviniendo en que al disponer del cr�dito adicional, autom�ticamente �ste se consolidar�a con el inicial integrando uno solo, originando con ello que los intereses ordinarios generados mensualmente, se acumulen al capital para causar nuevos intereses sobre el saldo restante, pero sin que realmente hubiera existido disposici�n de dinero por parte del acreditado, lo que pone en evidencia que se llev� a cabo un procedimiento prohibido por la ley. Ahora bien, el hecho de que el hoy tercero perjudicado, haya incumplido con su obligaci�n pactada en el �ltimo p�rrafo del contrato fundatorio de la acci�n, consistente en dar aviso cuando menos con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha que se realice la erogaci�n neta mensual, de que no deseaba hacer uso del cr�dito adicional, en manera alguna puede considerarse como lo pretende el quejoso, que esa omisi�n aunada al hecho de que el acreditado efect�e algunos pagos mensuales, constituya una convalidaci�n a cualquier nulidad que pudiera haberse actualizado, pues la omisi�n del acreditado de dar aviso al banco de que no deseaba disponer del cr�dito adicional, en todo caso lo �nico que implicar�a es la aceptaci�n t�cita de hacer uso del mencionado cr�dito, pero no la convalidaci�n de la ilicitud invocada respecto de la finalidad real del mismo. De igual manera, el hecho de que los demandados hubieran efectuado voluntariamente pagos parciales, no implica que no pudieran hacer valer la nulidad de las cl�usulas que consideraron pactadas en contravenci�n a la ley, pues para que eso ocurriera era necesario que con los pagos efectuados hubieran cumplido totalmente con su obligaci�n, es decir que hubieran liquidado de manera �ntegra las obligaciones contra�das con motivo del cr�dito otorgado, que de lo contrario �stas siguen subsistiendo y en consecuencia tambi�n la facultad del deudor para invocar la nulidad respecto de las cl�usulas en que aparecen contenidas. Ahora bien, es cierto que el cr�dito adicional pactado en la cl�usula s�ptima del contrato base de la acci�n, puede considerarse como una prestaci�n pactada entre las partes, en t�rminos del art�culo 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito; sin embargo, aun cuando de conformidad con dicho dispositivo legal el acreditado se obliga a restituir al acreditante el importe de la obligaci�n que contrajo y en todo caso a pagarle los intereses, gastos y prestaciones que se estipulen al haberse declarado nulas las cl�usulas relativas al cr�dito adicional, el hoy tercero perjudicado no est� obligado al cumplimiento de las prestaciones pactadas en relaci�n a dicho cr�dito. Los conceptos de inconformidad vertidos en relaci�n a los puntos resolutivos cuarto y quinto del fallo reclamado, son infundados, pues al haberse declarado nulas las cl�usulas relativas al cr�dito adicional pactado entre las partes, es evidente que los intereses normales s�lo podr�n generarse sobre la cantidad de setenta y dos mil novecientos pesos que fue el monto del cr�dito del que realmente dispuso el hoy tercero perjudicado, por lo que el hecho de que la S. responsable se haya pronunciado en ese sentido en el cuarto punto resolutivo, ning�n agravio le ocasiona al peticionario del amparo, ni tampoco el resolutivo quinto en el que se establece que la cantidad de setenta y siete mil pesos con noventa y siete centavos abonados por la parte actora en el juicio natural, deber� aplicarse al pago de los intereses normales pactados y cuando exceda el monto de los mismos, el remanente se aplicar� al capital, pues esta decisi�n encuentra sustento jur�dico en lo establecido por el �ltimo p�rrafo del art�culo 364 del C�digo de Comercio, que dispone que en las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicaci�n, se imputar� en primer t�rmino al pago de intereses por orden de vencimiento, y despu�s al capital. Finalmente debe decirse que este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito, en la tesis XVII.1o.3 C publicada en las p�ginas 772 y 773, Tomo V, Novena �poca, marzo de 1997 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: �ANATOCISMO. PACTO DE. NO LO CONSTITUYE EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LOS CONTRATANTES A FIN DE QUE EL ACREDITADO DISPONGA DISCRECIONALMENTE, EN SU CASO, DE UN CR�DITO ADICIONAL PARA CUBRIR INTERESES DEVENGADOS E INSOLUTOS. Conforme al art�culo 363 del C�digo de Comercio . De ese precepto se desprende la prohibici�n de que los intereses vencidos generen a su vez intereses y la posibilidad de que los intereses vencidos se capitalicen previo convenio de los contratantes; la primera hip�tesis contiene el caso de anatocismo, que proh�be expresamente el legislador y la segunda permite el que, seg�n la voluntad de los contratantes, aquellos intereses vencidos y no cubiertos lleguen a formar parte del capital. Ahora bien, si en su caso los contratantes convinieron en la apertura a favor del acreditado de un cr�dito adicional, a fin de cubrir discrecionalmente, mediante disposiciones mensuales, los intereses insolutos, tal convenci�n en modo alguno entra�a el pacto de anatocismo prohibido por el numeral antes citado, ya que es de la voluntad de dicho acreditado el que se d� o no la hip�tesis pactada, puesto que bien puede impedir su actualizaci�n, cubriendo puntualmente los intereses generados y, por otra parte, con dicha convenci�n tampoco se estipula el que los intereses vencidos y no pagados generen a su vez intereses, sino s�lo el que el acreditado disponga discrecionalmente del mencionado cr�dito adicional para cubrir intereses insolutos.�. En cuanto a la primera parte del criterio que sostiene en la tesis en comento, este tribunal conviene en que, del contenido del art�culo 363 del C�digo de Comercio se desprenden dos hip�tesis: la primera que contiene la prohibici�n del pacto de anatocismo, que proh�be expresamente el pago de inter�s sobre inter�s; y la segunda que permite la posibilidad de que los intereses vencidos y no pagados puedan capitalizarse. Sin embargo, esta segunda hip�tesis se actualiza s�lo en el caso de una vez generados los intereses, y vencido el plazo de la obligaci�n principal o declarada la anticipaci�n del plazo por autoridad judicial, las partes contratantes as� lo convengan, pero no con anterioridad al vencimiento del plazo, o de declaraci�n de su anticipaci�n. Por lo que en el caso de una apertura de cr�dito en el que los contratantes convengan en un cr�dito adicional en favor del acreditado, con el fin de cubrir los intereses insolutos mediante disposiciones mensuales, los cuales autom�ticamente se consolidan con el cr�dito inicial integrando uno solo, que genera intereses mensualmente, es evidente que el llamado cr�dito adicional, en contravenci�n a lo sostenido en la tesis en comento, s� constituye un pacto anticipado de capitalizaci�n de intereses prohibido por el art�culo 363 del C�digo de Comercio. Por otra parte, tampoco se comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, en el sentido de que la disposici�n del cr�dito adicional sea discrecional, pues si bien es cierto se da la posibilidad de que los acreditados puedan o no disponer del mismo, tambi�n se establece que en el caso de no querer hacer uso del mismo, tienen la obligaci�n de avisar a la instituci�n de cr�dito con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha en que se realice la erogaci�n neta mensual, que no desean disponer de ese cr�dito, de donde se infiere que el aviso debe ser antes de que se generen los intereses y no cuando ya se hubieren causado, caso en el que s� podr�a considerarse como optativo para el deudor, el pagar la totalidad de los intereses generados o solicitar su capitalizaci�n, pero no antes, pues en ese caso debe considerarse que de manera anticipada se est� pactando la capitalizaci�n de intereses. En consecuencia, al suscitarse la contradicci�n de tesis, en t�rminos de lo previsto en el art�culo 196, fracci�n III, de la Ley de A. rem�tase copia certificada de la sentencia definitiva reclamada y de los autos del presente juicio constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para que resuelva sobre la contradicci�n.?
"Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, en su resoluci�n, establece:
"?Los anteriores argumentos vertidos en v�a de concepto de violaci�n resultan fundados, pues del an�lisis de la combatida, se advierte que el Magistrado hoy se�alado como responsable, a fin de modificar la sentencia de primera instancia y declarar que la parte actora acredit� parcialmente su acci�n y la demandada prob� parcialmente sus excepciones, y as� mismo se declar� nula la cl�usula cuarta del contrato base de la acci�n, se apoy� en el razonamiento que obra en el segundo p�rrafo de la foja 26 e inicio de la 26 vuelta del toca de apelaci�n, misma en la que, despu�s de declarar fundados los agravios que la entonces parte apelante, hoy terceros perjudicados, hicieron valer en el sentido de que el monto por la cantidad de $553?188,000.00 (quinientos cincuenta y tres millones ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), pactado en la cl�usula cuarta a fin de pagar intereses ordinarios, a juicio de la propia responsable, convierte en capital un inter�s ordinario no vencido y no hay lugar a dudas, seg�n la propia autoridad responsable, de que el pacto contenido en la cl�usula cuarta contraviene lo dispuesto por el art�culo 363 del C�digo de Comercio en el que s�lo se permite la capitalizaci�n de intereses vencidos; sin embargo, es de mencionarse que, de la lectura de la referida cl�usula cuarta del contrato fundatorio de la acci�n, se advierte que en ella se convino por las partes contratantes, a la postre contendientes, el que la parte acreditada pudiera ejercer, en las fechas en que deb�a cubrir los intereses a que se refiere la cl�usula quinta, de un cr�dito adicional concedido hasta por la suma de $553?188,000.00 (quinientos cincuenta y tres millones ciento ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) a trav�s de disposiciones mensuales cada una de ellas, instruyendo incluso el acreditado, de manera irrevocable, a la instituci�n bancaria acreditante para que mensualmente y en la fecha de cada disposici�n aplicara en la liquidaci�n de los intereses devengados e insolutos, a su cargo, las cantidades dispuestas, por lo que el acreditado extendi� a B. (acreditante) el recibo m�s amplio y eficaz que en derecho procediera por las cantidades ejercidas (foja 9 vuelta del expediente principal); desprendi�ndose de todo esto el que a trav�s de la cl�usula que se viene comentando, el acreditado ten�a a su potestad el derecho de ejercer o no el cr�dito adicional que se le conced�a, esto en la medida en que, de cubrir en forma puntual los intereses ordinarios sobre saldos insolutos a que alude la cl�usula quinta del propio contrato que se viene citando, en ninguna forma la acreditante podr�a llevar a cabo los cargos en su contra ya que alude, la ya tantas veces mencionada cl�usula cuarta, por lo que, siendo de su facultad exclusiva el disponer o no del referido cr�dito adicional que se pact� entre las partes contratantes, atendiendo precisamente a la voluntad que fue externada por ambas partes en ese sentido, consecuentemente, es obvio que en ninguna manera puede estimarse que en el particular se incida en la prohibici�n contenida en el numeral 363 del C�digo de Comercio, en el sentido de que los intereses vencidos y no pagados generen a su vez intereses, o que, por otro lado, se surta el contenido del numeral 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., en el que se expresa la prohibici�n de convenir, de antemano, que los intereses se capitalicen y produzcan a su vez intereses, puesto que, como ya se dijo, s�lo se est� frente a la apertura de un cr�dito adicional en favor de los acreditados, para el caso de que �stos sean omisos en cubrir los intereses ordinarios sobre saldos insolutos, hip�tesis en la que se coloca en forma voluntaria. De aqu� que se advierta que si conforme al art�culo 363 del C�digo de Comercio: �Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.�. De este precepto se desprende la prohibici�n de que los intereses vencidos generen a su vez intereses y la posibilidad de que los intereses vencidos se capitalicen previo convenio de los contratantes: la primera hip�tesis contiene el caso de anatocismo, que proh�be expresamente el legislador y la segunda, permite el que, seg�n la voluntad de los contratantes, aquellos intereses vencidos y no cubiertos lleguen a formar parte del capital. Ahora bien, si en un caso, los contratantes convinieron en la apertura a favor delacreditado de un cr�dito adicional a fin de cubrir discrecionalmente, mediante disposiciones mensuales, los intereses insolutos, tal convenci�n en modo alguno entra�a el pacto de anatocismo prohibido por el numeral antes citado, ya que es de la voluntad de dicho acreditado el que se d� o no la hip�tesis pactada, puesto que bien puede impedir su actualizaci�n cubriendo puntualmente los intereses generados, y por otra parte, con dicha convenci�n tampoco se estipula el que los intereses vencidos y no pagados generen a su vez intereses, sino s�lo el que el acreditado disponga discrecionalmente del mencionado cr�dito adicional para cubrir intereses insolutos, por lo que ante todo esto es de advertirse que la determinaci�n tomada por el Magistrado aqu� se�alado como responsable resulta carente de sustento jur�dico y por lo mismo violatoria de las garant�as individuales a que alude la parte quejosa, a quien, por tal motivo y a fin de repararle en esa violaci�n, se impone que le sea concedido el amparo y protecci�n de la Justicia F. que solicita, para el efecto de que el Magistrado responsable, deje insubsistente la resoluci�n combatida y tomando en consideraci�n lo resuelto en esta ejecutoria, emita una nueva sentencia en la que resuelva conforme a derecho.?
"Como se ve de las transcripciones de las tesis en consulta, existe contradicci�n entre las mismas, pues en ambas se estudia el pacto de refinanciamiento o cr�dito adicional contenido en contratos de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria, celebrados entre instituciones bancarias y particulares; y al resolverse, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito considera que el mismo no contiene pacto de anatocismo, es decir, el pago de intereses sobre intereses, en tanto que el Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito, sostiene que el cr�dito adicional o refinanciamiento s� constituye un pacto anticipado de capitalizaci�n de intereses, prohibido.
"Para los efectos de la opini�n que se emite, es preciso, en primer lugar determinar la naturaleza jur�dica del acto que se celebra, para as� poder determinar la legislaci�n aplicable y sus consecuencias.
"Como ya se se�al�, las partes en ambos juicios, celebraron contratos de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria, los cuales, indudablemente tienen una naturaleza mercantil, de acuerdo a lo establecido por los art�culos 75 fracci�n XIV del C�digo de Comercio, 291 y 292 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y 46 fracci�n VI de la Ley de Instituciones de Cr�dito.
"Al ser de naturaleza mercantil esos contratos, en caso de controversia, se regulan por la ley mercantil, en t�rminos de los art�culos 78 y 1050 del C�digo de Comercio.
"Una vez sentado lo anterior, consideramos que debe determinarse si es aplicable el art�culo 363 del C�digo de Comercio o el art�culo 2397 del C�digo Civil aplicable en el Distrito F. en asuntos del orden com�n y en toda la Rep�blica en asuntos del orden federal.
"El art�culo 363 del C�digo de Comercio dispone:
"?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?
"Por su parte, el art�culo 2397 del C�digo Civil establece:
"?Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.?
"Como se observa, ambas disposiciones hablan de los intereses vencidos y no pagados, sin embargo se estima que debe aplicarse, por ser de naturaleza mercantil el convenio a estudio, la disposici�n del C�digo de Comercio y no la del C�digo Civil. Con mayor raz�n cuando esta �ltima no puede aplicarse supletoriamente por existir la regulaci�n respectiva en la legislaci�n mercantil.
"Ahora bien, el convenio de apertura de cr�dito adicional o refinanciamiento contenido en el principal de apertura de cr�dito con intereses y garant�a hipotecaria, para pagar los intereses que no puedan ser cubiertos con los pagos mensuales ordinarios, es legal y no contiene un pacto de anatocismo.
"En efecto, el art�culo 363 del C�digo de Comercio se�ala que los intereses vencidos y no pagados no producen intereses pero pueden ser capitalizados.
"Independientemente de que el refinanciamiento es una figura distinta en la que se puede disponer de un cr�dito adicional que producir� intereses, que pueden consolidarse con el cr�dito principal, se encuentra ajustado a la ley, aun bajo la hip�tesis del precepto en cita, el que no proh�be la capitalizaci�n sino que s�lo requiere de que exista ese pacto, el cual se contiene en el contrato a estudio.
"Por otro lado, la disposici�n legal no se�ala cu�ndo debe pactarse la capitalizaci�n, si es antes o despu�s de que se causen esos intereses o en su prevenci�n futura, por lo que si la ley no hace distinci�n al respecto, no tiene por qu� hacerse. Es decir, sigue un sistema diferente al de la ley civil, inaplicable ya se ha dicho, en el que expresamente s� se proh�be, no el capitalizar intereses, sino pactarlos con anterioridad a que se causen, evento, repito, que no contempla la ley mercantil.
"Por �ltimo, no existe falsedad ideol�gica porque, como ya se�al�, se trata de un convenio accesorio al principal, en el que se conviene la disposici�n de un cr�dito y el pago de intereses que conforme a lo ya asentado, es legal, y en ninguna forma contraviene a la ley; adem�s de que la disposici�n del cr�dito es real y no s�lo contable, puesto que se utiliza para el pago de los intereses que exceden al de la parcialidad normal, debido al costo del dinero y al monto de los intereses, los cuales son reales ya que existe la disposici�n del cr�dito aunque no la entrega material del dinero, la cual no es necesaria para que exista el primero y sin que est� prohibido que se convenga anticipadamente su formalizaci�n contable.
"Por todo lo anterior en opini�n del suscrito debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito.
"Por lo expuesto,
"A esa Honorable Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, atentamente pido se sirva:
"Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma opinando sobre la contradicci�n de tesis planteada, en t�rminos de este escrito, considerando que debe prevalecer la emitida por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito.
"Segundo. Resolver, teniendo a la vista tambi�n la contradicci�n de tesis 2/98 (sic), que trata sobre el mismo tema.
"Tercero. Ordenar se me expida copia certificada, por duplicado, de la resoluci�n que se dicte."
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para conocer de la presente contradicci�n de tesis, en ejercicio, de oficio, de la facultad de atracci�n que le confiere el art�culo 107, fracci�n VIII, pen�ltimo p�rrafo de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y, en aplicaci�n anal�gica, de la jurisprudencia 30/91 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V. correspondiente a junio de mil novecientos noventa y uno, p�gina cuarenta y siete, que es del tenor siguiente:
"ATRACCI�N. EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE PUEDE EJERCER ESA FACULTAD RESPECTO DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE OTROS �RGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N. Si bien en el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, que se�ala los asuntos de car�cter jurisdiccional que son de la competencia del Pleno de la Suprema Corte, no se establece que �ste puede ejercer la facultad de atracci�n respecto de los amparos directos y amparos en revisi�n de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, a diferencia de lo que se previene en relaci�n con las S. en las fracciones I, inciso b) y III de los art�culos 24, 25, 26 y 27 de ese ordenamiento legal, debe inferirse que ese Alto Cuerpo Colegiado puede ejercer la referida facultad respecto de asuntos de la competencia de otros �rganos, as� como de las S., pues por una parte, el art�culo 107 de la C.�n, al establecer la facultad de atracci�n, respecto de los amparos directos en el �ltimo p�rrafo de la fracci�n V y en cuanto a los amparos en revisi�n en el segundo p�rrafo del inciso b) de la fracci�n VII, se refiere gen�ricamente a la Suprema Corte de Justicia en la que necesariamente se encuentra incluido el Pleno como su �rgano supremo y, por la otra, resulta l�gico inferir que si en la ley org�nica se refiere el ejercicio de la facultad de atracci�n a sus S., por mayor�a de raz�n debe hacerse extensiva al Pleno."
As� fue acordado en sesi�n p�blica de siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de once votos respecto del conocimiento de este asunto y por mayor�a de seis votos en el de ejercicio de la facultad de atracci�n, como se indic� en la parte final del resultando octavo del presente fallo.
SEGUNDO. H.�ndose determinado que este Pleno conozca de las contradicciones denunciadas, seg�n se relata en el considerando anterior, resulta pertinente precisar el marco constitucional y legal al que debe ajustarse en el ejercicio de esa responsabilidad.
El art�culo 94, p�rrafo cuarto, de la C.�n, previene: "La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y S., la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, as� como las responsabilidades en que incurran los servidores p�blicos del Poder Judicial de la Federaci�n, se regir�n por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta C.�n establece.". En el presente asunto el Pleno de la Suprema Corte debe cumplir con la facultad que le se�ala el art�culo 107, fracci�n XIII, de la C.�n, en relaci�n con los art�culos 192 y 197-A de la Ley de A.. Dichas disposiciones establecen: "Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la S. respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia ... La resoluci�n que pronuncien las S. o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr� el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n.". "Art�culo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en S., es obligatoria para �stos en trat�ndose de la que decrete el Pleno, y adem�s para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden com�n de los Estados y del Distrito F., y tribunales administrativos, del trabajo, locales o federales ... Tambi�n constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de S. y de Tribunales Colegiados.". "Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubieren dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.".
Las disposiciones jur�dicas transcritas que se�alan el marco legal relativo a las resoluciones que dicte la Suprema Corte, trat�ndose de contradicciones de tesis, han sido enriquecidas por las interpretaciones que, con motivo de diversos casos concretos, ha establecido el propio Alto Tribunal, en jurisprudencias y tesis aisladas. De ellas se transcriben, a continuaci�n, las que resultan m�s ilustrativas para el pronunciamiento del presente fallo:
"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU NATURALEZA JUR�DICA. El art�culo 197-A de la Ley de A. dispone que: ?Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer ... La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias ...?. La fracci�n VIII, �ltimo p�rrafo y la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional establecen, como regla general, la inimpugnabilidad de las resoluciones que en materia de amparo pronuncien los Tribunales Colegiados y, como caso de excepci�n, los supuestos que la propia C.�n y la ley relativa establecen. Consecuentemente, la contradicci�n de tesis no constituye un recurso de aclaraci�n de sentencia ni de revisi�n, sino una forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la unidad de interpretaci�n de las normas que conforman el orden jur�dico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer cuando existe oposici�n entre los que sustenten los mencionados �rganos jurisdiccionales en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen emitido dichos criterios." (Novena �poca. Instancia: Primera S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VI, diciembre de 1997. Tesis: 1a./J. 47/97. P�gina: 241).
"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la C.�n F. y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Octava �poca. Instancia: Cuarta S.. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 58, octubre de 1992. Tesis: 4a./J. 22/92. P�gina: 22).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la C.�n F., 197 y 197-A de la Ley de A., establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: II, agosto de 1995. Tesis: P. LIII/95. P�gina: 69).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. EXISTE CUANDO SE DAN CRITERIOS OPUESTOS Y S�LO UNO SE SUSTENTA EN RAZONES EXPRESAS. La circunstancia de que en las resoluciones dictadas en los recursos de revisi�n fiscal, se advierta que un Tribunal Colegiado en forma expresa sostuvo que no proced�a dicho recurso, y el otro simplemente lo admiti�, no es obst�culo para determinar la existencia de la contradicci�n de tesis entre dos Tribunales Colegiados de Circuito si los criterios de �stos, resolvieron sobre una misma cuesti�n procesal, pero en sentido diverso." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: II, agosto de 1995. Tesis: 2a. LXVIII/95. P�gina: 283).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la C.�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de A., regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VII, mayo de 1998. Tesis: 2a. LXVII/98. P�gina: 587).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. PROCEDE SU AN�LISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPL�CITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE �STE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicci�n de tesis denunciada, sea impl�cito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicci�n planteada, pero para que la divergencia tenga jur�dicamente los mismos efectos que undesacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio t�cito sea indubitable." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: II, septiembre de 1995. Tesis: 2a. LXXVIII/95. P�gina: 372).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicci�n de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto com�n respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposici�n que se requiere conforme a las reglas de la l�gica para que se genere la referida contradicci�n." (Octava �poca. Instancia: Tercera S.. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 72, diciembre de 1993. Tesis: 3a./J. 38/93. P�gina: 45).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el art�culo 107, fracci�n XIII, de la C.�n F. ni el art�culo 197-A de la Ley de A., lo establecen as�." (Octava �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 83, noviembre de 1994. Tesis: P. L/94. P�gina: 35).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACI�N DEL PROBLEMA JUR�DICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la C.�n F. y 197-A de la Ley de A., al otorgar competencia a las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cu�l tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretaci�n de las normas que integran el orden jur�dico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jur�dica; tan importante y trascendental prop�sito se tornar�a inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n est� obligada, inexorablemente, a decidir en relaci�n con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jur�dicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte v�lidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen l�gico y jur�dico del problema, lo que es acorde, adem�s, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la S. debe decidir ?... cu�l tesis debe prevalecer?, no, cu�l de las dos tesis debe prevalecer." (Octava �poca. Instancia: Cuarta S.. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 74, febrero de 1994. Tesis: 4a./J. 2/94. P�gina: 19).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. LOS CRITERIOS QUE SE CONSIDERAN CONTRARIOS DEBEN PROVENIR DE �RGANOS DIFERENTES. El planteamiento de una contradicci�n de tesis en el �mbito de la Justicia F., ya sea en juicios de amparo o en revisiones de contenciosos administrativos, supone por esencia la existencia de criterios diferentes al conocer de un determinado problema jur�dico de condiciones similares. As�, puesto que en aras de la seguridad jur�dica, un tribunal jer�rquicamente superior debe decidir cu�l de las tesis contrarias debe prevalecer con caracter�sticas obligatorias, los razonamientos a examen deben provenir de �rganos diferentes." (Octava �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 83, noviembre de 1994. Tesis: P. XLIX/94. P�gina: 35).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JUR�DICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE. Es inexistente la contradicci�n de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jur�dico pero lo hacen fund�ndose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicci�n, pues para ello ser�a necesario que hubieran examinado el problema jur�dico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VIII, julio de 1998. Tesis: 2a./J. 43/98. P�gina: 93).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE, CUANDO LOS CRITERIOS SE SUSTENTAN EN SITUACIONES O ASPECTOS QUE SE RIGEN POR ORDENAMIENTOS JUR�DICOS DIVERSOS. Cuando del an�lisis de los criterios que supuestamente se encuentran en pugna, se advierte que un Tribunal Colegiado de Circuito para negar validez al poder otorgado por una sociedad, apoy� fundamentalmente sus consideraciones en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tanto que otro tribunal para conceder valor al poder otorgado por una sociedad civil, bas� sus consideraciones en las disposiciones que establecen hip�tesis diversas contenidas en el C�digo Civil para el Distrito F., debe concluirse que no existe contradicci�n, pues no se podr�a definir un solo criterio que debiera prevalecer respecto de esos dos tipos de sociedades mediante la interpretaci�n de diversos preceptos jur�dicos." (Octava �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 7, julio de 1993. Tesis: P. XXXVIII/93. P�gina: 22).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS. Para que se configure la contradicci�n de tesis a que se refiere el art�culo 197-A de la Ley de A., es menester que las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados que sustenten criterios divergentes traten cuestiones jur�dicas esencialmente iguales; por tanto, si la disparidad de criterios proviene de temas diferentes, la contradicci�n es inexistente." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: II, julio de 1995. Tesis: 2a./J. 24/95. P�gina: 59).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. NO HAY OPOSICI�N DE CRITERIOS, CUANDO LAS SENTENCIAS RESUELVEN SITUACIONES JUR�DICAS CONCRETAS PERO DIFERENTES UNA DE LA OTRA. Si la denuncia de contradicci�n de tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, se refiere a sentencias de asuntos tan espec�ficos, como lo es la tipificaci�n de un delito, cuando se presentan conductas diversas, aun cuando el sujeto activo tenga el mismo car�cter (en el caso de empleados bancarios), al resolverse, sobre dicha contradicci�n, m�s que precisarse un criterio de aplicaci�n futura, se decidir�a cu�l de los dos tribunales tuvo raz�n al hacer el an�lisis respectivo. En tales condiciones, no puede v�lidamente afirmarse que se est� en el caso a que se refiere el art�culo 195 bis, ahora 197-A de la Ley de A., por no existir oposici�n de criterios, sino de sentencias que resuelven situaciones jur�dicas concretas pero diferentes una de la otra." (Octava �poca. Instancia: Primera S.. Fuente: Ap�ndice de 1995. Tomo: VI. Tesis: 184. P�gina: 125).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JUR�DICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCI�N ALGUNA. Los art�culos 107, fracci�n XIII, constitucional y 197-A de la Ley de A., regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, entendiendo por tesis el criterio jur�dico de car�cter general que sustenta el �rgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve. Consecuentemente, debe considerarse improcedente la denuncia que se formula respecto de resoluciones que, aunque gen�ricamente, se hayan referido a un problema de similar naturaleza, en forma espec�fica aborden cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se derive contradicci�n alguna, pues no existe materia para resolver en la contradicci�n denunciada." (Octava �poca. Instancia: Tercera S.. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 72, diciembre de 1993. Tesis: 3a./J. 37/93. P�gina: 44).
"CONTRADICCI�N DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA CUANDO UNA DE LAS SENTENCIAS RELATIVAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA. De lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la C.�n General de la Rep�blica y 197-A de la Ley de A., se infiere que la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, requiere como un presupuesto b�sico, que las sentencias en que los criterios discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de ejecutorias, pues de no ser as�, por encontrarse en tr�mite el recurso de revisi�n interpuesto en contra de una de esas sentencias, el criterio emitido por el respectivo Tribunal Colegiado est� sujeto a la determinaci�n que sobre el particular adopte la Suprema Corte de Justicia, pudiendo no subsistir y entonces no existir�a la contradicci�n de tesis. Consecuentemente, en esta hip�tesis la denuncia respectiva debe declararse improcedente." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: 2a. XCVIII/96. P�gina: 226).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. ES IMPROCEDENTE SI LA DENUNCIA TIENE POR OBJETO DECIDIR CU�L DE DOS RESOLUCIONES DICTADAS EN UN JUICIO DE AMPARO, A LAS QUE SE ATRIBUYE CONTRADICCI�N, DEBE SUBSISTIR Y CU�L DEBE QUEDAR SIN EFECTOS. El art�culo 107, fracci�n XIII, de la C.�n F., en relaci�n con los art�culos 197 y 197-A de la Ley de A., establecen el sistema para la soluci�n de la contradicci�n de tesis proveniente de diversos �rganos terminales del Poder Judicial de la Federaci�n; dicho sistema tiene por objeto lograr la seguridad jur�dica a trav�s de la sustentaci�n de una tesis jurisprudencial que decida o supere la discrepancia de las tesis relativas, uniformando el criterio conforme al cual habr�n de resolverse asuntos jur�dicos iguales o semejantes. Por otra parte, es importante destacar que la tesis jurisprudencial definitoria de la discrepancia entre los criterios sustentados por los tribunales en conflicto, no afecta ?las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias?, de todo lo cual se infiere que la denuncia de contradicci�n ser� improcedente si tiene por objeto que la Suprema Corte de Justicia decida, no cu�l tesis o criterio debe prevalecer, sino cu�l de dos sentencias o resoluciones de las que se dictaron dentro de un mismo juicio de amparo (en el principal, en los recursos o incidentes relativos), a las que se atribuye contraposici�n, debe subsistir en detrimento de la otra." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VI, julio de 1997. Tesis: 2a. LXXVII/97. P�gina: 166).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. NO BASTA PARA QUE SE GENERE, QUE UN TRIBUNAL AFIRME QUE NO COMPARTE EL CRITERIO DE OTRO. Es insuficiente para concluir que existe la contradicci�n de tesis, que un tribunal afirme en una sentencia que no comparte el criterio de otro, sino que es necesario que lo sostenido por uno al examinar un determinado problema sea contradictorio a lo se�alado por el otro al abordar el mismo problema, en el mismo plano y a la luz de preceptos jur�dicos iguales o coincidentes pues, si no, se carece de un punto com�n respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niega en la otra o viceversa." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: V, marzo de 1997. Tesis: 2a. XXX/97. P�gina: 487).
"LEYES. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS, NO SE ESTABLECE POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N AL RESOLVER UNA CONTRADICCI�N DE TESIS. La Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 19/91, que se public� en la p�gina 15, Gaceta 60, del Semanario Judicial de la Federaci�n, al examinar la aplicaci�n del art�culo 242 del C�digo F. de la Federaci�n, sostuvo que el recurso de reclamaci�n s�lo procede contra las resoluciones del Magistrado instructor que desechan una demanda de nulidad. Por tanto, si un Tribunal Colegiado sostiene que el recurso de reclamaci�n tambi�n procede contra los acuerdos que la tienen por no presentada, no implica que exista desacato a la jurisprudencia surgida de la mencionada contradicci�n de tesis, siempre y cuando haya examinado planteamientos de inconstitucionalidad, pues, de no existir, los Tribunales Colegiados est�n obligados a acatar la jurisprudencia que resolvi� exclusivamente sobre el alcance de la norma y no sobre la constitucionalidad de la ley." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IV, agosto de 1996. Tesis: P. XCV/96. P�gina: 64).
"CONTRADICCI�N DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. Si del an�lisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aqu�lla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicci�n debe atenderse a �sta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el �rgano que resuelve se encuentra en las consideraciones de la propia resoluci�n. En esta hip�tesis, la inexactitud de la tesis en relaci�n con la ejecutoria a la que se refiere, lleva, adem�s y con independencia de la existencia o inexistencia de la contradicci�n que se hubiere denunciado, a la correcci�n de la tesis relativa, pues si a trav�s de la publicaci�n de las tesis se dan a conocer los diversos criterios que sustentan los �rganos resolutores, es l�gico que por razones de seguridad jur�dica deba corregirse y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: II, octubre de 1995. Tesis: P. LXXXI/95. P�gina: 81).
De los dispositivos constitucionales y legales transcritos al principio de este considerando, as� como de los criterios consignados en las tesis reproducidas, se desprende con claridad que trat�ndose de contradicciones de tesis, las facultades de la Suprema Corte se circunscriben al an�lisis jur�dico de los criterios que se encuentran en contradicci�n para decidir el que debe prevalecer como jurisprudencia obligatoria para todos los �rganos jurisdiccionales que han quedado mencionados, pero sin afectar las situaciones jur�dicas concretas de los casos que dieron lugar a la contradicci�n. Consecuentemente, por mayor�a de raz�n, lo establecido jurisprudencialmente por este Alto Tribunal tampoco puede afectar la situaci�n de otros juicios que se hubieran concluido, ni casos que resulten ajenos a la decisi�n de un �rgano jurisdiccional.
Tambi�n se infiere que el sistema de la contradicci�n de tesis tiene como objetivo fundamental la certeza jur�dica, puesto que al existir criterios opuestos sobre el mismo tema se produce una situaci�n confusa para los justiciables, pues las controversias no obstante ser coincidentes en cuanto a los problemas jur�dicos debatidos, se resolver�n contradictoriamente y su sentido depender� del �rgano jurisdiccional en el que se radique el asunto. No se trata, consecuentemente, de un debate entre Tribunales Colegiados de Circuito que tendr� que resolver la Suprema Corte a la manera de un juicio en favor de uno y en contra de otro. Por principio constitucional, las decisiones de los Tribunales Colegiados de Circuito, por regla general, son irrecurribles por su calidad de �rganos terminales en la mayor�a de los asuntos de su competencia. Asimismo, los criterios que adoptan son igualmente respetables. Sin embargo, cuando entran en contradicci�n de criterios y �sta es legalmente denunciada, la Suprema Corte debe decidir qu� tesis debe prevalecer como jurisprudencia, de acuerdo con la recta interpretaci�n de las leyes que deben aplicarse y la sola existencia de la oposici�n revela que se est� ante problemas jur�dicos de muy dif�cil soluci�n.
Por otra parte, resulta necesario precisar que en la contradicci�n de tesis no se dicta una resoluci�n que decide un juicio entre las partes que participaron, en los que dieron lugar a las sentencias que entraron en contradicci�n. Ya se ha dicho que conforme a nuestro sistema jur�dico, la decisi�n de la contradicci�n fijando el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, en nada afecta las sentencias correspondientes en cuanto a su car�cter de cosa juzgada y de firmeza.
Lo expuesto tampoco significa que el estudio de la Suprema Corte sea de car�cter acad�mico, desvinculado de situaciones concretas. Debe circunscribirse al an�lisis de las cuestiones jur�dicas que se produjeron con motivo de juicios espec�ficos con sus peculiares caracter�sticas. De ah� que la tesis jurisprudencial que se establezca s�lo ser� aplicable a futuros casos que resulten coincidentes con las hip�tesis examinadas.
TERCERO. De los antecedentes relatados en el cap�tulo de resultandos de esta resoluci�n se advierte que se solicit� informaci�n sobre el tema de "capitalizaci�n de intereses" a sesenta y dos Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica, de los cuales veintisiete manifestaron que no se han pronunciado respecto del mismo, de los restantes se recibieron, en conjunto, doscientas siete ejecutorias, ochenta y nueve de las cuales no abordan ese aspecto y ciento dieciocho s� lo hicieron.
En sesi�n p�blica de siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, en que se discuti� sobre la proposici�n del Ministro ponente J.V.C. y C., de que sea el Tribunal Pleno quien resuelva la presente contradicci�n, se determin� que, en principio, se hiciera con base en los nueve puntos que, como divergencia de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito emergen del an�lisis de las ejecutorias en comento, cuyo an�lisis se ir� efectuando en los siguientes considerandos.
En tales condiciones, los temas de que, en principio, se ocupar� la presente resoluci�n son los siguientes:
I. Contrato de apertura de cr�dito adicional para cobertura de intereses �Constituye anatocismo?
II. Proyecto de viabilidad econ�mica del acreditado en apertura de cr�dito con l�nea adicional para aplicaci�n de intereses (imprevisi�n) �Es nula la cl�usula por falta de proyecto de viabilidad econ�mica?
III. Cl�usula de cr�dito adicional para pago de intereses en un contrato de apertura de cr�dito �Constituye una transgresi�n a la prohibici�n de financiamiento para pago de pasivos?
IV. Apertura de cr�dito. L�nea adicional de cr�dito al acreditado para pago de intereses �Existe falsedad ideol�gica para encubrir la capitalizaci�n de intereses? (simulaci�n).
V. Contrato de apertura de cr�dito. Capitalizaci�n de intereses �Es aplicable supletoriamente el C�digo Civil, art�culo 2397, a dichos contratos mercantiles?
VI. Cl�usula adicional para pago de intereses vencidos �Las amortizaciones implican consentimiento y convalidan la nulidad pretendida?
VII. Cl�usula de cr�dito adicional. La falta de aviso al banco acreditante sobre no disposici�n del cr�dito adicional, �implica aceptar la aplicaci�n a pago de intereses?
VIII. Mora �Est� condicionada al aviso del banco acreditante?
IX.Intereses �Ante la imprecisi�n de la tasa aplicable para su cuantificaci�n debe estarse al tipo legal?
Puntualizados los temas, es pertinente aclarar que ser�n analizados en el orden con que, por raz�n de m�todo, resulta procedente abordarlos, remitiendo las referencias que se hagan al legajo de ejecutorias que contiene las resoluciones emitidas por dichos �rganos de control constitucional.
CUARTO. En la denuncia de posible contradicci�n de tesis formulada por el presidente de la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo el tema: "MORA �EST� CONDICIONADA AL AVISO DEL BANCO ACREDITANTE?", se relacionan en dos extremos las ejecutorias de los siguientes Tribunales Colegiados de Circuito, resueltos en las fechas que se indican y con base en las consideraciones pertinentes que se transcriben:
Es necesario el aviso del banco acreditante.
1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. A. directo 464/95 (identificado con el n�mero 54, en el legajo de ejecutorias correspondiente); Banco Mercantil del Norte, Sociedad An�nima, hoy Banco Mercantil del Norte, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Banorte. 12 de julio de 1995. Unanimidad de votos:
"Por otro lado, es ineficaz lo aducido con relaci�n a que el inter�s ordinario vencido se vincula con la cl�usula octava del contrato de que se trata y que se�ala la tasa de inter�s aplicada, agregando que respecto a la capitalizaci�n de intereses y el inter�s moratorio se refiere a la cl�usula que contiene esos conceptos, por lo que quedaba claro la forma en que se llega al saldo final, para finalizar sosteniendo que los �ndices del costo porcentual promedio de los Certificados de T.�a est�n al alcance com�n por ser publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n. Ello es as�, porque se pierde de vista, como ya se dijo, que los elementos que dan lugar al saldo no se entienden cumplidos, con la sola remisi�n a la cl�usula en que se encuentran pactados, sino que se hace necesario que su fijaci�n se preceda de las operaciones relativas que les dieron sustento, b�sicamente, la forma de computarlos, en raz�n de que en el propio contrato de apertura de cr�dito se aludi� a diversos mecanismos para poder calcular los intereses convencionales, por ejemplo. Una parte del capital otorgado al deudor por el fondo para el desarrollo comercial se debe calcular de acuerdo a la tasa anual que resulta de sumar el equivalente al por ciento del promedio aritm�tico del rendimiento de Certificados de la T.�a de la Federaci�n ... incluidas diversas variantes, en tanto que la parte del capital financiado por el banco acreditante el inter�s relativo atiende a dos posibles factores de c�lculo, de tal modo que al soslayarse describir qu� mecanismo se utiliz� para determinar la tasa de inter�s en cuesti�n implicar�a que tampoco se dar�a oportunidad al deudor de refutar el alcance del cobro l�quido en ese rengl�n y en su caso la aplicaci�n correcta de los factores que se consideraron para ello (aun estimando que el deudor pudiese conocer los �ndices que refiere la instituci�n bancaria quejosa), es decir, la imprecisi�n sobre los intereses deviene de que no se conoce una tasa concreta para su c�mputo. Por analog�a conviene invocar al respecto la tesis consultable en el informe correspondiente al a�o de mil novecientos ochenta y seis, Segunda Parte, p�gina sesenta y seis, sustentada por la entonces Tercera S. del m�s Alto Tribunal de la naci�n, que dice:
"?INTERESES BANCARIOS DE TASA VARIABLE NO PAGADOS, ES IMPROCEDENTE DECLARAR EN MORA AL DEUDOR, SI LA INSTITUCI�N NO LE COMUNIC� PREVIAMENTE EL MONTO L�QUIDO QUE DEB�A SATISFACER. Es un hecho notorio que la determinaci�n de intereses de tasa variable, supone un procedimiento complejo, sujeto a factores y conocimiento cuyo manejo escapa al com�n de la gente, mientras que los organismos financieros tienen a su disposici�n todo tipo de elementos y personal capacitado para hacerlo. As�, es de elemental justicia que el banco informe al obligado sobre la causaci�n y en su caso, el monto de tales intereses, pues lo que para el primero puede ser un procedimiento de rutina, con el que est� familiarizado, para el segundo es un problema sumamente dif�cil de solucionar; en consecuencia, para sostener v�lidamente que una persona ha entrado en mora por no pagar dicho concepto, es menester demostrar que la misma tuvo oportuno conocimiento del saldo a su cargo, pues de no ser as�, la pretensi�n en ese sentido resultar� inadmisible.? ..."
2. Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito. A. directo 234/96 (que corresponde al n�mero 145, del legajo de ejecutorias de referencia). Bancrecer, Sociedad An�nima. 23 de mayo de 1996. Unanimidad de votos:
"Ahora bien, es inexacto que se tenga que satisfacer el pago de los intereses en la forma estipulada en el contrato de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria para adquisici�n, puesto que, atendiendo que en la cl�usula cuarta de dicho contrato de la acci�n, se fijaron tasas, base de referencia variables para cuantificar tanto intereses ordinarios como moratorios que resultaran y que se actualizar�an por orden de exclusi�n de darse los diversos supuestos que en tal cl�usula se especifican, siendo las siguientes: ?a) La tasa mayor o, en su caso, la �nica tasa de rendimiento anual neta (promedio ponderada o la que la sustituya), en colocaci�n primaria de los Certificados de la T.�a de la Federaci�n (Cetes), a plazo de hasta veintinueve d�as, capitalizada a treinta d�as, comunicada por el Banco de M�xico a la Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad An�nima de Capital Variable, en la fecha m�s reciente anterior a la fecha de inicio de cada periodo de intereses ... b) La tasa del costo porcentual promedio de captaci�n (CPP), publicada por el Banco de M�xico en el Diario Oficial de la Federaci�n y que se encuentre en vigor el d�a inmediato anterior a la fecha de inicio de cada periodo de intereses ... c) La tasa del pagar� bancario con rendimiento liquidable al vencimiento, a plazo de veintiocho d�as, seg�n informaci�n del bolet�n burs�til, publicado por la Bolsa Mexicana de Valores, considerando el promedio aritm�tico de las �ltimas cuatro semanas, en el mercado primario ... e) La tasa de rendimiento bruto de cualquiera otro instrumento de captaci�n bancaria o de los que emita el Gobierno F. para allegarse recursos, llevada a curva de rendimiento de treinta d�as, correspondiente a la semana anterior a la fecha del pago de intereses.?. C.�ndose adem�s que: ?En caso de que cualquiera de los indicadores antes mencionados dejaran de existir, o en el momento de hacerlo el c�lculo de los intereses respectivos no se considere su cotizaci�n la instituci�n har� el mencionado c�lculo con base en el o los indicadores de captaci�n financiera bancaria que lo sustituya. Las modificaciones a que se refieren los cinco incisos anteriores se llevar�n a cabo sin necesidad de convenio posterior con los acreditados; los cuales desde ahora se obligan a pagar la tasa de inter�s que resulte de la aplicaci�n de las estipulaciones anteriores.?.
"Los intereses moratorios se conformaron adicionando veinticuatro puntos porcentuales a la tasa ordinaria, o el cincuenta por ciento de la misma, lo que resulta mayor (foja 20 y reverso del expediente civil 234-1/95) ...
"Por lo que en el orden de ideas antes se�alado no se puede concluir en la forma como lo pretende la quejosa, que al haber firmado los aqu� terceros perjudicados el contrato respectivo, denota que entendieron debidamente la mec�nica precisada para calcular su monto, en raz�n de que, en la referida cl�usula se se�alaron diversas tasas base de referencia, que actualizaban una en lugar de otra, por orden de exclusi�n de acuerdo con el supuesto que se diera de los ah� precisados, lo que quiere decir que, al celebrarse el contrato de apertura de cr�dito en cuesti�n, ni la propia instituci�n bancaria sab�a cu�l de las tasas resultar�a finalmente aplicable al caso concreto y menos a�n puede concluirse que las conoc�a la parte demandada, ahora terceros perjudicados, por lo que es incuestionable que s� era necesario que se indicara cu�l fue la tasa de referencia que se aplic� por la acreditante para cuantificar los intereses ordinarios y moratorios vencidos que expres� le adeudaban los demandados, y las razones por las que se consideraba que esa tasa era la que se surt�a de entre las diversas que se convinieron, a efecto de que �stos hubieran estado en condiciones de analizar si la instituci�n actora se apeg� a las bases estipuladas para ello en la cl�usula cuarta antes mencionada, y alegar lo que a su derecho conviniera, de modo que, al no haberse hecho de esta forma en el certificado de adeudo que se anex� al ocurso de la demanda, en el que se limit� a se�alar el monto entre otros conceptos, de los intereses vencidos, esa sola documentaci�n es insuficiente para probar tal extremo, porque no detalla el procedimiento contable que se sigui� para determinar que a esas cantidades ascendieron dichos intereses, y en esas condiciones, la certificaci�n de adeudo exhibida no puede constituir el estado de cuenta bancario a que se refiere el art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito.
"Tiene aplicaci�n a lo expuesto en lo conducente la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 66, del Informe de labores rendido por su presidente al finalizar el a�o de 1986, que reza:
"?INTERESES BANCARIOS DE TASA VARIABLE NO PAGADOS, ES IMPROCEDENTE DECLARAR EN MORA AL DEUDOR, SI LA INSTITUCI�N NO LE COMUNIC� PREVIAMENTE EL MONTO L�QUIDO QUE DEB�A SATISFACER. Es un hecho notorio que la determinaci�n de intereses de tasa variable, supone un procedimiento complejo, sujeto a factores y conocimiento cuyo manejo escapa al com�n de la gente, mientras que los organismos financieros tienen a su disposici�n todo tipo de elementos y personal capacitado para hacerlo, as�, es de elemental justicia que el banco informe al obligado sobre la causaci�n y en su caso, el monto de tales intereses, pues lo que para el primero puede ser un procedimiento de rutina, con el que est� familiarizado, para el segundo es un problema sumamente dif�cil de solucionar; en consecuencia, para sostener v�lidamente que una persona ha entrado en mora por no pagar dicho concepto, es menester demostrar que la misma tuvo oportuno conocimiento del saldo a su cargo, pues de no ser as�, la pretensi�n en ese sentido resultar� inadmisible.? ..."
No es necesario el aviso del banco acreditante.
1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. A. directo 1497/97 (identificado en el legajo de ejecutorias correspondiente, con el n�mero 55). M.N.M.�as. 13 de febrero de 1997. Unanimidad de votos:
"Por cuanto a que, previamente a la interposici�n de la demanda debi� notificarse al deudor del monto l�quido de los intereses, es verdad que la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha sostenido que se debe proceder en esos t�rminos; sin embargo, esta tesis no cobra aplicaci�n en la generalidad de los casos, como lo supone el quejoso, sino cuando la demanda se funda en la mora del deudor por el impago de intereses y que para la obtenci�n del monto l�quido de �stos sea necesario un procedimiento complejo que escape al com�n de la gente; lo cual no acontece en la especie, pues la acci�n cambiaria se ejercit� principalmente por falta de pago de capital y, de manera accesoria, la de intereses moratorios, conforme al art�culo 174, en relaci�n con el 150, fracci�n II, de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito."
2. Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito. A. directo 594/97 (que corresponde al n�mero 96, en el legajo de ejecutorias respectivo). F.R.M.. 5 de marzo de 1998. Unanimidad de votos:
"Finalmente, es tambi�n inexacta la alegaci�n del quejoso, en el sentido de que se dejaron de aplicar el art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito y la tesis del rubro: ?INTERESES BANCARIOS DE TASA VARIABLE NO PAGADOS, ES IMPROCEDENTE DECLARAR EN MORA AL DEUDOR SI LA INSTITUCI�N NO LE COMUNIC� PREVIAMENTE EL MONTO L�QUIDO QUE DEB�A SATISFACER.?, porque la responsable estim� que para que se actualizara dicho criterio era necesario que el deudor no conociera el saldo a su cargo, pero que ello no ocurre en el caso, porque F.R.M. est� enterado de los m�todos empleados para obtener la tasa aplicada por mes; ya que de acuerdo con dicho criterio, cuando se establecen tasas variables de inter�s, para que una persona entre (sic) mora es necesario que el banco determine previamente el saldo a su cargo y la requiera de pago, lo que no ocurri� en el caso, por lo que la accionante carece de legitimaci�n activa para demandarlo, en virtud de que el cr�dito no se encuentra vencido; pues si bien la citada tesis establece que cuando se pactan intereses a tasa variable es necesario que el banco informe al deudor sobre su causaci�n y en su caso su monto, para declarar en mora al deudor; es indudable que dicho criterio no es aplicable al caso concreto, ya que aparte de que en el contrato de apertura de cr�dito se estableci� la forma de cuantificar los intereses ordinarios y moratorios y no especific� que el acreedor tuviera que hacer peri�dicamente del conocimiento del deudor el importe de los mismos, como lo mencion� la responsable, sino por el contrario, en la cl�usula sexta se acord� el lugar de pago y se precis� que se har�a sin previo requerimiento, conforme a los lineamientos establecidos en el propio acuerdo de voluntades, y en la cl�usula d�cima segunda, se pact� el vencimiento anticipado del contrato para el caso de que el acreditado faltare a cualquiera de las obligaciones contra�das o no pagara puntualmente una exhibici�n de capital o de sus intereses, y como de acuerdo con el art�culo 78 del C�digo de Comercio, en las convenciones mercantiles las partes se obligan en la manera y t�rminos que aparezca que quisieron hacerlo, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados; es indudable la inaplicabilidad al caso concreto de la tesis referida y que el banco no ten�a obligaci�n de comunicar al quejoso la causaci�n y el monto de intereses, para que los pagara, por lo que correctamente se consider� que no est� acreditada la excepci�n de falta de legitimaci�n y que el cr�dito cuyo pago se exige se encuentra vencido."
3. Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito. A. directo 160/98 (identificado en el legajo de ejecutorias, con el n�mero 181). M.�a del S.E.�ritu J.�nez. 2 de abril de 1998. Unanimidad de votos:
"Se sostiene que, es inconstitucional la sentencia reclamada en donde considera que para que la demandada no se constituyera en mora era preciso ocurriera ante las oficinas de B., S., en las fechas indicadas en el calendario de pagos para saber el monto mensual que deb�a cubrir y que hubiese sido el banco el que se negare a informarle la suma a pagar para as� estar en aptitud de hacer valer que la falta de pago oportuno era imputable al banco, ya que contrario a ello, si bien es cierto que en la cl�usula d�cima primera del contrato base de la acci�n se estableci� que la demandada har�a los pagos sin necesidad de previo cobro ni recordatorio alguno en las oficinas de la actora, dichos pagos no estaban determinados en cantidad l�quida, ya que ni el importe de los pagos mensuales, ni de los intereses se le dieron a conocer, que por ello no pod�a incurrir en mora, pues no exist�a importe l�quido a satisfacer, y que no es �bice lo estimado por la responsable en cuanto que las partes deben estarse a la estipulaci�n del contrato en t�rminos del art�culo 78 del C�digo de Comercio, ya que la existencia del contrato no determina la procedencia de la acci�n, pues si est� sujeta a condiciones para su ejercicio �stas deben ser satisfechas so pena de no obtener lo pedido.
"Son infundadas tales inconformidades, pues como correctamente lo consider� la responsable, el hecho de que en el contrato de cr�dito simple con garant�a hipotecaria, de fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y dos, celebrado entre el hoy quejoso con el banco tercero perjudicado, no se hayan precisado de manera l�quida el importe de los pagos mensuales de capital e intereses a que se oblig� la acreditada en raz�n del cr�dito otorgado por la cantidad de ciento ochenta millones de pesos, ello no exime a la deudora de cumplir con la obligaci�n que contrajo al celebrar dicho acto jur�dico, pues en t�rminos del art�culo 78 del C�digo de Comercio, debe estarse a las obligaciones que adquiri� al externar su voluntad en el propio contrato.
"En efecto, de la cl�usula d�cima primera del contrato fundatorio de la acci�n (fojas 30 a 39), se desprende que la hoy quejosa se oblig� a realizar los pagos establecidos en el citado contrato, sin necesidad de previo cobro o recordatorio alguno en las oficinas de B., e inclusive se precis� en los incisos a), b) y c), de la aludida cl�usula, la forma en que ten�a que efectuar los pagos correspondientes.
"Por ello, es irrelevante para el caso que en el contrato base de la acci�n no se hayan especificado en cantidad l�quida los pagos que ten�a que hacer la demandada al acreedor, ya que era precisamente la instituci�n bancaria la obligada a informarle la suma a pagar, de ah� que para que la quejosa no incurriera en mora y por ende, se hiciera improcedente la acci�n intentada, debi� acreditar haberse constituido en el banco en las fechas del calendario de pago tambi�n acordadas en el referido acto jur�dico y adem�s demostrar que se le neg� el informe con relaci�n a la suma a pagar, a fin de que estuviera en condiciones de hacer valer que la falta de pago oportuno al banco era una cuesti�n no imputable a ella, sin embargo, como esto �ltimo no aparece que haya ocurrido, indefectiblemente que acarre� la consecuencia de que la obligada incurriera en mora por incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato en cuesti�n.
"Por consiguiente resulta inaplicable al caso la tesis que cita la quejosa en apoyo a tales inconformidades, ya que si en el contrato base de la acci�n no se pactaron los pagos en cantidades l�quidas, fue porque as� lo convinieron las partes, por lo que debe estarse al cumplimiento de su voluntad como ley suprema de los contratos."
Pues bien, al efectuar un an�lisis individual y comparativo de esas ejecutorias, advertimos lo siguiente:
a) La referida en primer lugar, de entre las dos en las que supuestamente se sostiene que es necesario el aviso del banco acreditante para que el deudor, en caso de impago de los intereses incurra en mora, propiamente no aborda esa tem�tica, de modo tal que pueda dar lugar a ser confrontada en este t�pico.
Ciertamente, all� se establece que de acuerdo a la diversidad de mecanismos para poder calcular los intereses convencionales, no queda claro la forma en que se llega a ese monto final por tal concepto, ya que la remisi�n a los elementos que dan lugar al saldo no es suficiente para conocer tal dato, sino que es necesario que se conozcan tambi�n las operaciones que lo ocasionaron; pues en caso contrario, no se da al acreditado la oportunidad de refutar el alcance del cobro l�quido. As�, la imprecisi�n de los intereses emana de que no se conoce una tasa concreta para su c�mputo, y por analog�a se cita la tesis titulada: "INTERESES BANCARIOS DE TASA VARIABLE NO PAGADOS, ES IMPROCEDENTE DECLARAR EN MORA AL DEUDOR, SI LA INSTITUCI�N NO LE COMUNIC� PREVIAMENTE EL MONTO L�QUIDO QUE DEBE SATISFACER.".
Es decir, s�lo deja por sentado que la diversidad de mecanismos para computar el inter�s pactado, exige estar enterado tanto de los elementos que se toman en cuenta como de lasoperaciones que se llevan a cabo para obtenerlo, pues el desconocimiento de estos �ltimos deja al quejoso en situaci�n de incertidumbre sobre esa deuda, mas no establece en momento alguno que, en esa hip�tesis, deba avisarse al deudor del monto del cr�dito para que, de no cubrirlo, incurra en mora, que es la postura que aqu� se erige en uno de los criterios en conflicto.
Consecuentemente, debe prescindirse de tal ejecutoria en este tema que se analiza.
b) La segunda de dichas ejecutorias que aparece en ese primer grupo, provienen del mismo �rgano colegiado que emiti� la resoluci�n que figura en tercer lugar en el otro grupo. De igual manera, aparece que aqu�lla es de fecha anterior a la referida en �ltimo lugar.
As� pues, resulta evidente que el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, tiene por criterio actual el de que no es necesario que el banco acreditante d� aviso al acreditado para que pueda considerarse que la falta de pago de las amortizaciones coloque al deudor en mora; y de esa manera, se ha apartado del primer criterio que arribaba a conclusi�n contraria.
Como consecuencia de ese planteamiento, tenemos que en tres ejecutorias m�s recientes, emitidas por igual n�mero de Tribunales Colegiados, se sustenta el criterio de que no es necesario que el banco informe al acreditado del monto l�quido de su amortizaci�n para que �ste, ante la falta de pago incurra en mora; en tanto que ninguna ejecutoria obra en contrario.
Ante este estado de cosas, debe concluirse que no existe la contradicci�n de tesis denunciada, pues no se cuenta siquiera con el elemento esencial de esa disputa, a partir de la cual se haga necesaria la intervenci�n de este Tribunal Pleno.
As� se hab�a pronunciado ya la anterior conformaci�n de este Tribunal Pleno en la tesis XLIV/94, visible a foja 42 del Tomo 81, septiembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, de este tenor:
"TESIS CONTRADICTORIAS. SU CONCEPTO JUR�DICO COMPRENDE LAS QUE LO SEAN DESDE EL PUNTO DE VISTA L�GICO Y TAMBI�N LAS DISCREPANTES. La finalidad perseguida por el Constituyente, de que la Suprema Corte de Justicia unifique los criterios jurisprudenciales, permite considerar que el concepto jur�dico de contradicci�n de tesis que establece la fracci�n XIII del art�culo 107 constitucional, en relaci�n con los art�culos 192, �ltimo p�rrafo, 197 y 197-A, de la Ley de A., comprende no s�lo aquellas tesis que desde el punto de vista puramente l�gico son contrarias o contradictorias, esto es, que enuncian juicios sobre el mismo sujeto con predicados radicalmente opuestos, sino tambi�n las que sin llegar a tal extremo, alcanzan predicados discrepantes o divergentes entre s�, en relaci�n con el mismo sujeto, en condiciones esencialmente iguales y bajo la vigencia de las mismas disposiciones."
Sentido al cual tambi�n arrib� la entonces Tercera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al sustentar esta tesis:
"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicci�n de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto com�n respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposici�n que se requiere conforme a las reglas de la l�gica para que se genere la referida contradicci�n." (Tesis 3a./J. 38/93, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo 72, diciembre de 1993, p�gina 45).
Es obligado aclarar que se llega a esta conclusi�n, porque la contradicci�n de tesis no puede emerger de dos criterios encontrados que ha asumido un mismo Tribunal Colegiado, que en este caso, lo ser�a el que deriva del mencionado Primero del Vig�simo Primer Circuito, como enseguida se demuestra.
La C.�n F. dispone en su art�culo 107, fracci�n XIII, p�rrafos primero y segundo, lo siguiente:
"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la S. respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las S. de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas S., el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidir� cu�l tesis debe prevalecer."
Por su parte, los numerales 197 y 197-A de la Ley de A., Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Carta Magna, estatuyen:
"Art�culo 197. Cuando las S. de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas S. o los Ministros que las integren, el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidir� funcionando en Pleno cu�l es la tesis que debe observarse. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as."
"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as."
De lo anterior se desprende que la contradicci�n de tesis dirimible a trav�s de este procedimiento, puede suscitarse cuando se produzca:
1. Entre las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, actualmente Primera y Segunda; o bien,
2. Entre los Tribunales Colegiados de Circuito, ya sea de un mismo circuito o de circuitos diferentes.
Esta conclusi�n que inobjetablemente deriva de esos preceptos legales, acarrea a su vez esta deducci�n: no es factible dirimir a trav�s de esta v�a la oposici�n de criterios que emanan de un propio �rgano colegiado, sea S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunal Colegiado de Circuito. Es as� porque la vigencia de ambas posturas no es simult�nea, sino que suceden en el tiempo por decisi�n propia del �rgano plural respectivo y son muestras de una constante reflexi�n que les autoriza la plenitud y autonom�a de su jurisdicci�n, y les exige su intervenci�n recurrente en asuntos de caracter�sticas similares. Esto permite que en ocasiones se efect�e un cambio de criterio, supuesto en el cual el que impera es el sustentado en �ltimo lugar, porque de esa manera se est� abandonando lo que en ocasiones previas lo condujo a conclusi�n contraria.
Al hacerse cargo de un planteamiento de esta �ndole, la anterior integraci�n de este Tribunal Pleno sostuvo la tesis XLIX/94, publicada en la p�gina 35 del Tomo 83, noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, bajo estos rubro y texto:
"CONTRADICCI�N DE TESIS. LOS CRITERIOS QUE SE CONSIDERAN CONTRARIOS DEBEN PROVENIR DE �RGANOS DIFERENTES. El planteamiento de una contradicci�n de tesis en el �mbito de la Justicia F., ya sea en juicios de amparo o en revisiones de contenciosos administrativos, supone por esencia la existencia de criterios diferentes al conocer de un determinado problema jur�dico de condiciones similares. As�, puesto que en aras de la seguridad jur�dica, un tribunal jer�rquicamente superior debe decidir cu�l de las tesis contrarias debe prevalecer con caracter�sticas obligatorias, los razonamientos a examen deben provenir de �rganos diferentes."
Parecer que tambi�n compartieron las S. Tercera y Cuarta de dicha integraci�n de este m�s Alto Tribunal de la naci�n, en las tesis que a la letra dicen:
"CONTRADICCI�N DE TESIS. IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA CUANDO LAS SUSTENT� EL MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. Cuando se denuncia la contradicci�n de tesis pero las mismas fueron sustentadas por un mismo Tribunal Colegiado, aun cuando haya cambiado de nomenclatura por la creaci�n de otro tribunal en el mismo circuito y/o haya variado su integraci�n, debe considerarse improcedente la denuncia, pues se est� en el caso de un cambio de criterio, lo que es conforme a derecho, toda vez que aun la Suprema Corte puede proceder de este modo, llegando incluso a poder interrumpir una jurisprudencia." (Tesis CLII/89, de la Tercera S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.I.-Primera Parte, p�gina 218).
"CONTRADICCI�N DE TESIS, IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA DE, SI SON SUSTENTADAS POR EL MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. Los art�culos 107, fracci�n XIII de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracci�n XIII, 24, fracci�n XII, 25, fracci�n XI, 26, fracci�n XI y 27, fracci�n IX, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, establecen que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, sea en Pleno o en S., resolver las contradicciones de tesis que en los amparos de su competencia, sustenten dos o m�s S., o dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refieren los art�culos 196 p�rrafo final y 197-A de la Ley de A., de lo que se desprende que para que se configure dicha contradicci�n, es menester que las tesis sean sustentadas por dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito, pues la misma consiste en la existencia de criterios divergentes que provengan de dos o m�s de esos �rganos que versen sobre una misma cuesti�n jur�dica y no a cambios de criterio de los integrantes de un mismo tribunal." (Tesis VII/93, Cuarta S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo XI-mayo, p�gina 79).
Por otro lado, tambi�n conviene aclarar que no es obst�culo para declarar por ahora la inexistencia de contradicci�n de criterios sobre este t�pico, la circunstancia de que una tesis de la Tercera S. de la anterior integraci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n est� en contradicci�n con el parecer que a�n subsiste, adoptado por los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron las ejecutorias 1497/97, 594/97 y 160/98 (identificadas en el legajo correspondiente, con los n�meros 55, 96 y 181, respectivamente).
La anterior Tercera S. formul� estas tesis:
"INTERESES BANCARIOS DE TASA VARIABLE NO PAGADOS. ES IMPROCEDENTE DECLARAR EN MORA AL DEUDOR, SI LA INSTITUCI�N NO LE COMUNIC� PREVIAMENTE EL MONTO L�QUIDO QUE DEB�A SATISFACER. Es un hecho notorio que la determinaci�n de intereses de tasa variable, supone un procedimiento complejo, sujeto a factores y conocimiento cuyo manejo escapa al com�n de la gente, mientras que los organismos financieros tienen a su disposici�n todo tipo de elementos y personal capacitado para hacerlo. As�, es de elemental justicia que el banco informe al obligado sobre la causaci�n y en su caso, el monto de tales intereses, pues lo que para el primero puede ser un procedimiento de rutina, con el que est� familiarizado, para el segundo es un problema sumamente dif�cil de solucionar; en consecuencia, para sostener v�lidamente que una persona ha entrado en mora por no pagar dicho concepto, es menester demostrar que la misma tuvo oportuno conocimiento del saldo a su cargo, pues de no ser as�, la pretensi�n en ese sentido resultar� inadmisible." (Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 205-216, Cuarta Parte, p�gina 96).
En tanto que, los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Tercer Circuito, Tercero del D�cimo Tercer Circuito y Primero del Vig�simo Primer Circuito, juzgando supuestos de similares caracter�sticas al tratado en la tesis anterior, aseveraron que no resultaba aplicable.
Sin embargo, al margen de que dichos criterios pudieran ser confrontados o no por provenir de �rganos jurisdiccionales de diversa jerarqu�a, no fue objeto de las denuncias que motivaron este an�lisis y, consecuentemente, tampoco se ha otorgado al procurador general de la Rep�blica la oportunidad de que emita su opini�n, tal y como lo exigen los preceptos constitucionales y legales antes transcritos. De manera que por ahora no es jur�dicamente factible hacerse cargo, esta Suprema Corte, de esa problem�tica.
Ante esa tesitura, debe concluirse que sobre este t�pico no existe la contradicci�n de tesis denunciada.
QUINTO. En la denuncia de contradicci�n de tesis realizada por el presidente de la Primera S. de esta Suprema Corte, se plante� como quinta cuesti�n jur�dica a tratar, el tema intitulado: "CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO. CAPITALIZACI�N DE INTERESES �ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL C�DIGO CIVIL ART�CULO 2397, A DICHOS CONTRATOS MERCANTILES?"; tema que, por cuesti�n de m�todo se analizar� en primer t�rmino, debiendo se�alarse que del estudio de las resoluciones remitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron alg�n pronunciamiento relacionado con tal cuesti�n, se desprende que existen tres diferentes puntos de oposici�n, a saber: si el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F. es aplicable supletoriamente o no a las disposiciones que regulan el contrato de apertura de cr�dito; si el art�culo 363 del C�digo de Comercio tiene o no aplicaci�n supletoria a la normatividad que se establece para el referido contrato; y, si cuando se pacta en �ste la capitalizaci�n de intereses en t�rminos del art�culo antes citado del c�digo mercantil, para determinar los alcances de tal convenci�n, debe o no acudirse supletoriamente al numeral 2397 del C�digo Civil antes referido.
Previo a fijar las posturas contradictorias, debe precisarse que al respecto se toman en cuenta �nicamente las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito que representan el criterio actual del �rgano jurisdiccional correspondiente pues, en algunos casos y, por diversos motivos, �ste se ha modificado. Adem�s, �nicamente se transcribe aquella que se ha estimado como la m�s representativa del criterio sustentado por el respectivo tribunal.
I. Por principio, conviene se�alar que el punto toral de contradicci�n que se estudiar� se concreta a determinar si para concluir sobre la validez de la capitalizaci�n de intereses que se haya pactado en un contrato de apertura de cr�dito es necesario acudir en forma supletoria a lo dispuesto en el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., o bien, si los preceptos de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito que establecen y regulan el referido contrato son disposiciones que no adolecen de laguna jur�dica alguna.
En relaci�n con el punto de contradicci�n precisado, destaca que los Tribunales Colegiados Octavo en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo del D�cimo Sexto Circuito, Segundo del D�cimo S�ptimo Circuito y Primero del Vig�simo Segundo Circuito, al emitir respectivamente las sentencias visibles con los n�meros: 44 y 45; 132 y 136; 138 y 139; y 190, 191, 192, 194 y 195 del legajo de ejecutorias en contradicci�n, a que se hace menci�n en el resultando octavo del presente fallo, tales �rganos jurisdiccionales sostienen que el pacto de capitalizaci�n de intereses que se convenga al celebrar un contrato de apertura de cr�dito implica una transgresi�n a lo dispuesto en el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., que proh�be el convenio anticipado de capitalizaci�n de intereses, pues en la especie opera la supletoriedad de �ste, al tenor de lo dispuesto en el art�culo 2o. de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito.
Los argumentos conducentes fueron plasmados por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria n�mero 44 del legajo mencionado, relativa al amparo directo 1088/97, en los siguientes t�rminos:
"Son sustancialmente fundados los argumentos anteriores, por los motivos que a continuaci�n se expresan: El art�culo 363 del C�digo de Comercio, establece lo siguiente: ?Art. 363. Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?. Los art�culos 8o. y 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., de aplicaci�n supletoria al caso concreto de conformidad con el art�culo 6o., fracci�n III de la Ley de Instituciones de Cr�dito, disponen: ?Art. 8o. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de inter�s p�blico ser�n nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.?. ?Art. 2397. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.?. De las constancias del juicio ordinario mercantil, expediente n�mero 1236/96, origen del acto reclamado, se aprecia que el actor reclam� del banco demandado la nulidad absoluta de las cl�usulas primera, segundo p�rrafo; s�ptima, y de la cl�usula decimosegunda; as� como la nulidad absoluta del cr�dito adicional que le fue otorgado por el banco demandado para el pago de intereses, nulidad sustentada fundamentalmente en que a trav�s de dicho cr�dito adicional se hab�a convenido la capitalizaci�n de intereses, prohibida por el art�culo 2397 del C�digo Civil (hechos VI, VII y VIII de la demanda) ... De una interpretaci�n arm�nica del art�culo 363 del C�digo de Comercio, se desprende la existencia de dos supuestos distintos entre s�, a saber: el primero la prohibici�n de que los intereses vencidos y no pagados devenguen a su vez intereses (pacto de anatocismo); el segundo, prev� la posibilidad de que las partes contratantes puedan capitalizar esos intereses vencidos (capitalizaci�n de intereses). Es menester reafirmar que al ser utilizada la palabra ?capitalizarlos?, en el segundo supuesto que regula el art�culo 363 del C�digo de Comercio, ello pone en evidencia que a lo que se refiere este supuesto, es a los intereses ?vencidos? que se mencionan en la primera parte del precepto. Adem�s de lo anterior, de la apreciaci�n jur�dica del segundo supuesto previsto en el art�culo 363 del c�digo citado, es evidente la existencia de una laguna en la ley mercantil, puesto que en el mismo no establece cu�ndo puede ser pactada la capitalizaci�n de intereses; aunque si atendemos a la connotaci�n gramatical de las palabras ?intereses vencidos?, tendr�amos que llegar a la conclusi�n de que tal pacto tendr�a que darse cuando los intereses hayan sido devengados y no cubiertos, pues hasta ese entonces estar�an vencidos; sin embargo, como el precepto legal de m�rito no lo menciona expresamente, ello nos conduce a laconclusi�n de que existe una laguna u oscuridad al respecto, por lo que es menester acudir en forma supletoria a la legislaci�n com�n, de conformidad con el art�culo 6o., fracci�n III de la Ley de Instituciones de Cr�dito y 2o. del C�digo de Comercio. As� tenemos, que el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., de aplicaci�n supletoria al caso concreto, es claro y determinante en que la capitalizaci�n de intereses no se puede convenir de antemano; dicho de otra forma, el C�digo Civil para el Distrito F., al igual que el C�digo de Comercio prev� impl�citamente la posibilidad de capitalizar intereses vencidos, pero cuando tengan esta caracter�stica y no con anterioridad a que sean generados, y la sanci�n a convenir de antemano tales intereses es la nulidad, conforme al precepto legal invocado con antelaci�n. En resumen, de una interpretaci�n arm�nica, l�gico-jur�dica de los art�culos 363 del C�digo de Comercio, parte final y 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., de aplicaci�n supletoria, es manifiesta la posibilidad de que las partes contratantes en negocios de naturaleza mercantil, puedan capitalizar intereses siempre y cuando �stos sean vencidos; y tal pacto por tanto no puede celebrarse de antemano bajo pena de nulidad."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, en la ejecutoria 136 del legajo, correspondiente al amparo directo 1074/97, adujo:
"Ahora bien, la posibilidad legal de capitalizar intereses atendiendo a la voluntad de los contratantes, no significa que se permita ese supuesto en la celebraci�n de convenios en que anticipadamente se estipula esa capitalizaci�n, cuando los dichos intereses no se han a�n generado, ya que el art�culo 363 del C�digo de Comercio se refiere a intereses vencidos y no cubiertos que puedan por convenio capitalizarse, pero no autoriza a que se convenga su capitalizaci�n en forma anticipada, esto es cuando a�n no se han vencido. Adem�s, el art�culo en �ltimo t�rmino citado debe entenderse en forma congruente con el art�culo 2397 del C�digo Civil F. que previene, bajo pena de nulidad, que los contratantes no pueden convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses, dispositivo aplicable en forma supletoria, seg�n lo autoriza el art�culo 81, del C�digo de Comercio, adem�s de que al permitir el art�culo 363, del propio ordenamiento legal, la capitalizaci�n de intereses, lo hace, en v�a de excepci�n, y, por ende, esta excepci�n debe aplicarse, o sea, �nica y exclusivamente para el caso de intereses ?vencidos?. Debiendo agregarse, que por tratarse de mero precedente aislado y no de jurisprudencia firme en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de A.; este Tribunal Colegiado no comparte el criterio en contrario, sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, identificado y transcrito por la quejosa."
El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, en la ejecutoria 138 del legajo, dictada en el amparo directo 826/97, sostuvo:
"... lo que evidencia que efectivamente, respecto a las cantidades ejercidas del cr�dito adicional, para el pago de los intereses ordinarios, se convino su capitalizaci�n desde la celebraci�n del contrato, porque como se advierte de la cl�usula quinta, en la misma qued� pactado que lo pagado por los referidos intereses causar�n intereses ordinarios sobre saldos insolutos en la siguiente forma ... lo que est� prohibido por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, al establecer que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses, pero que los contratantes podr�n capitalizarlos, lo que implica que la norma aludida proh�be que antes de que se generen no puede pactarse su capitalizaci�n, pues se refiere a intereses vencidos, corrobor�ndose lo que establece el art�culo de referencia con el contenido del art�culo 2397 del C�digo Civil del Distrito F., cuyo contenido es similar al 2293 del C�digo Civil del Estado de Chihuahua, al indicar que las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses, por lo que si en el contrato se pact� as�, ello es nulo, aun y cuando las partes lo hayan convenido en forma expresa, pues tal convenio fue ejecutado contra el tenor de una ley prohibitiva de orden p�blico y de acuerdo con lo que establece el art�culo 8o. del C�digo Civil del Distrito F. y el similar de este Estado, son nulos y por ello, es inaceptable que con s�lo pagar los intereses o dar el aviso con treinta d�as de anticipaci�n de que no dispusieran del cr�dito adicional para tal efecto, sea suficiente para dejar sin efectos lo pactado respecto de la capitalizaci�n de intereses vencidos, ya que el cr�dito adicional s�lo viene a constituir una forma de ocultar que los intereses van a generar intereses, argumentando que lo que se anexa al cr�dito inicial s�lo es parte del dinero dispuesto del cr�dito adicional, utilizando para ello lo que denominan refinanciamiento de intereses, ya que ese actuar s�lo constituye en realidad una simulaci�n para estar en posibilidades de cobrar intereses sobre intereses, porque de no ser ello as� y no los pagara el deudor, el banco estaba imposibilitado para cobrar sobre los no pagados."
A su vez, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, en la resoluci�n 195 del legajo, relativa al amparo directo 295/98, concluy�:
"As� las cosas, se puede deducir, como en su momento lo estim� la alzada, que en la especie se actualiza el supuesto contemplado por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, en relaci�n con el numeral 2397 del C�digo Civil F. aplicado de manera supletoria, ya que en forma anticipada se introdujo al capital el monto de los intereses ordinarios que mensualmente habr�a de generar esa disposici�n adicional y sobre dicho capital habr�an de pagarse nuevamente intereses."
Por otra parte, en contraposici�n a lo anterior, en las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Quinto y Noveno en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del S�ptimo Circuito, Segundo del D�cimo Primer Circuito y Primero del D�cimo Sexto Circuito, marcadas para su consulta con los n�meros 5, 7 y 8; 15 y 18; 21, 22, 24 y 25; 53; 77 y 79; 91 y 93; y 114, 117, 119, 121, 123, 126 y 127, en el legajo de ejecutorias, a que se hace menci�n en el resultando octavo del presente fallo; tales �rganos jurisdiccionales sostuvieron, por diversos motivos, que para determinar la validez del contrato de apertura de cr�dito en el que se pacte desde un principio la capitalizaci�n de intereses, no es necesario acudir a la supletoriedad del art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F..
En relaci�n con tal postura, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria 5 del legajo, relativa al amparo directo 964/97, sostuvo:
"En este entendido, por ser un acto de comercio el contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria, debe regirse por las disposiciones del C�digo de Comercio y leyes colaterales a ella, sin que se d� la suplencia de la ley com�n cuando exista precepto aplicable al caso concreto. Es verdad que como lo indica la S. responsable, existe aplicaci�n de la ley civil en trat�ndose de causas que rescindan o analicen los contratos, de conformidad con el art�culo 81 del C�digo de Comercio, sin embargo, en el caso no se da la nulidad de las cl�usulas que citan los actores en su demanda del juicio ordinario mercantil, ya que el C�digo de Comercio prev� las disposiciones relativas a la legalidad de las cl�usulas cuya nulidad se reclama, al no darse el anatocismo por capitalizaci�n de intereses sobre intereses en relaci�n al uso del cr�dito adicional ... Lo anterior si bien est� prohibido por el art�culo 2397 del C�digo Civil, en relaci�n a que las partes no pueden bajo pena de nulidad convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses, como ya se dijo, no es aplicable al caso en estudio, ya que la aplicaci�n de la ley com�n se establece cuando no existe precepto aplicable y en el caso, se ha visto, existe la disposici�n perfectamente aplicable en el caso concreto ..."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria 15 del legajo, correspondiente al amparo directo 6663/97, resolvi� lo siguiente:
"En ese entendido, por ser un acto de comercio el contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria y sistema de refinanciamiento, debe regirse por las disposiciones del C�digo de Comercio y leyes colaterales a ella. Es cierto que existe prohibici�n en el art�culo 2397, del C�digo Civil, en relaci�n a que las partes no pueden, bajo pena de nulidad convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses; sin embargo ese precepto, no es aplicable al caso en estudio, ya que la suplencia de la ley com�n se establece cuando de existir la figura jur�dica aplicable, �sta no es regulada de manera suficiente por la ley de la materia debi�ndose acudir a la legislaci�n local, lo que no sucede en el caso ..."
A su vez, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1350/98, identificado como ejecutoria 25 en el correspondiente legajo, lleg� a la siguiente conclusi�n:
"En otro orden de ideas, debe decirse que tampoco les asiste la raz�n a los quejosos cuando manifiestan (sexto concepto de violaci�n) que la S. responsable viol� en su perjuicio el art�culo 2397 del C�digo Civil, que proh�be el anatocismo, en virtud de que el precepto citado es inaplicable a la relaci�n jur�dica que une a las partes en controversia, ya que si se considera que las partes celebraron un contrato de apertura de cr�dito, que se encuentra regulado por lo que dispone la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, siendo por tanto un contrato de naturaleza mercantil ..."
En el mismo sentido, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria 53 del legajo, correspondiente a la dictada en el amparo directo 3209/98, sostuvo:
"Ahora bien, aun cuando los dict�menes contables emitidos por el perito de la actora y el perito tercero en discordia, coinciden en determinar que en el caso existi� capitalizaci�n de intereses y lesi�n civil; sin embargo, por una parte, de la cl�usula quinta del contrato base no se advierte que exista capitalizaci�n de intereses y, por otra, no se est� en el caso de un contrato celebrado entre particulares, sino de un contrato efectuado entre particulares con una instituci�n de cr�dito, por lo que no tiene aplicaci�n lo dispuesto por el art�culo 2395 del C�digo Civil ..."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver el amparo directo 306/97, identificado como ejecutoria 77 del legajo respectivo, argument�:
"Ineficaz resulta lo que se aduce respecto de la prohibici�n que existe en el C�digo Civil del Distrito F. y el del Estado de Veracruz, cuyos art�culos refiere en sus motivos de inconformidad, que proh�ben la capitalizaci�n de intereses para que produzcan intereses, pues a m�s de que los ordenamientos se�alados, en el caso, no encuentran apoyo en el C�digo de Comercio por existir norma expresa similar en �ste; debe decirse que el art�culo 363 del C�digo de Comercio establece: ?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?..."
En condiciones an�logas, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, en la ejecutoria 91 del legajo, correspondiente a la emitida en el amparo directo 73/98, concluy�:
"Carecen de raz�n los ahora quejosos J.Z.S.�nchez y G.P.C.�rdoba de Z., cuando argumentan en el primero de esos motivos de inconformidad que equivocadamente la responsable se�al� en la sentencia reclamada que no opera la supletoriedad del art�culo 2398 del C�digo Civil para el Distrito F., en virtud de que dicha supletoriedad �nicamente opera cuando existe alguna laguna en el C�digo de Comercio y no es el caso, ya que para que tal efecto el art�culo 363 del C�digo de Comercio tiene una disposici�n expresa que proh�be que los intereses vencidos generen a su vez intereses; porque -aducen los impetrantes-, la supletoriedad tambi�n opera cuando sus disposiciones requieren interpretaci�n, como en la especie lo es el citado numeral 363, dado que ?... la interpretaci�n se ocupa para decidir si los contratantes podr�n pactar la capitalizaci�n aun cuando no se hayan vencido los intereses o s�lo cuando dichos intereses ya se hayan devengado o vencido.?, habida cuenta que efectivamente en la especie no procede la pretendida supletoriedad del art�culo 2397 del C�digo Civil invocado, al diverso 363 del enjuiciamiento mercantil, porque, adem�s de que este ordenamiento jur�dico contempla disposici�n sobre prohibir que los intereses vencidos generen a su vez intereses y acerca de que los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos ..."
Por �ltimo, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito sostuvo, al resolver el amparo directo 742/97, que qued� identificado como ejecutoria 123 del legajo, lo siguiente:
"En ese sentido, por ser un acto de comercio el contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria, debe regirse por las disposiciones del C�digo de Comercio y leyes colaterales a ella, sin que se d� la suplencia de la ley com�n, cuando exista precepto aplicable al caso concreto, lo que no acontece en el particular, como se razona a continuaci�n. Es verdad que como lo indica el Magistrado resolutor, existe aplicaci�n de la ley civil federal, en trat�ndose de causas que rescindan o invaliden los contratos, de conformidad con el art�culo 81 del C�digo de Comercio, sin embargo, en el caso no se da la nulidad de la cl�usula tercera del contrato que se impugna, que cita el actor en su demanda del juicio ordinario mercantil, ya que el C�digo de Comercio prev�, las disposiciones relativas a la legalidad de dicha cl�usula cuya nulidad se reclama, al no darse el anatocismo por capitalizaci�n de intereses sobre intereses, en relaci�n con el uso del cr�dito adicional y mucho menos, de que se trate de un acto jur�dico simulado, como err�neamente lo sostuvo el tribunal de alzada, en la sentencia que se reclama. Lo anterior, si bien est� prohibido por el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia del Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., en relaci�n a que las partes no pueden bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses, como ya se dijo, no es aplicable al caso en estudio, ya que la aplicaci�n de la ley com�n se establece, cuando no existe precepto aplicable y en el caso, se ha visto, existe la disposici�n perfectamente aplicable en el caso concreto ..."
Como se advierte de lo anterior y tal como se anunci�, en relaci�n con un contrato de apertura de cr�dito, en el que se pact� con anticipaci�n la capitalizaci�n de intereses, hip�tesis en la que coincidieron todos los tribunales que entraron en contradicci�n al interpretar los contratos respectivos que dieron lugar a los juicios que resolvieron, el primer punto de contradicci�n a dilucidar por este Tribunal Pleno consiste en determinar si dicho contrato se encuentra plenamente regulado en los art�culos del 291 al 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, o si la reglamentaci�n especial del referido contrato resulta incompleta y debe suplirse.
En ese contexto debe partirse por se�alar que el establecimiento y la regulaci�n del contrato de apertura de cr�dito aconteci� en el orden jur�dico nacional al entrar en vigor la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y dos, expedida por el presidente de la Rep�blica, en uso de facultades extraordinarias, disponi�ndose lo conducente en sus art�culos del 291 al 301, los cuales, a la fecha, son del tenor siguiente:
"Art�culo 291. En virtud de la apertura de cr�dito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposici�n del acreditado, o a contraer por cuenta de �ste una obligaci�n, para que el mismo haga uso del cr�dito concedido en la forma y en los t�rminos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligaci�n que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen."
"Art�culo 292. Si las partes fijaron l�mite al importe del cr�dito, se entender�, salvo pacto en contrario, que en �l quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado."
"Art�culo 293. Si en el contrato no se se�ala un l�mite a las disposiciones del acreditado, y tampoco es posible determinar el importe del cr�dito por el objeto a que se destina, o de alg�n otro medio convenido por las partes, se entender� que el acreditante est� facultado para fijar ese l�mite en cualquier tiempo."
"Art�culo 294. Aun cuando en el contrato se hayan fijado el importe del cr�dito y el plazo en que tiene derecho a hacer uso de �l el acreditado, pueden las partes convenir en que cualquiera, o una sola de ellas estar� facultada para restringir el uno o el otro, o ambos a la vez, o para denunciar el contrato a partir de una fecha determinada o en cualquier tiempo, mediante aviso dado a la otra parte en la forma prevista en el contrato, o a falta de �sta, por ante notario o corredor, y en su defecto, por conducto de la primera autoridad pol�tica del lugar de su residencia, siendo aplicables al acto respectivo los p�rrafos tercero y cuarto del art�culo 143.
"Cuando no se estipule t�rmino, se entender� que cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato en todo tiempo, notific�ndolo as� a la otra como queda dicho respecto del aviso a que se refiere el p�rrafo anterior.
"Denunciado el contrato o notificada su terminaci�n de acuerdo con lo que antecede, se extinguir� el cr�dito en la parte de que no hubiere hecho uso el acreditado hasta el momento de esos actos; pero a no ser que otra cosa se estipule, no quedar� liberado el acreditado de pagar los premios, comisiones y gastos correspondientes a las sumas de que no hubiere dispuesto, sino cuando la denuncia o la notificaci�n dichas procedan del acreditante."
"Art�culo 295. Salvo convenio en contrario, el acreditado puede disponer a la vista de la suma objeto del contrato."
"Art�culo 296. La apertura de cr�dito en cuenta corriente da derecho al acreditado a hacer remesas, antes de la fecha fijada para la liquidaci�n, en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiere hecho, quedando facultado, mientras el contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor.
"Son aplicables a la apertura del cr�dito en cuenta corriente, en lo que haya lugar, los art�culos 306, 308 y 309."
"Art�culo 297. Salvo convenio en contrario, siempre que en virtud de una apertura de cr�dito el acreditante se obligue a aceptar u otorgar letras, a suscribir pagar�s, a prestar su aval o en general a aparecer como endosante o signatario de un t�tulo de cr�dito, por cuenta del acreditado, �ste quedar� obligado a constituir en poder del acreditante la provisi�n de fondos suficiente, a m�s tardar el d�a h�bil anterior a la fecha en que el documento aceptado, otorgado o suscrito deba hacerse efectivo.
"La aceptaci�n, el endoso, el aval o la suscripci�n del documento, as� como la ejecuci�n del acto de que resulte la obligaci�n que contraiga el acreditante por cuenta del acreditado, deba �ste o no constituir la provisi�n de que antes se habla, disminuir�ndesde luego el saldo del cr�dito, a menos que otra cosa se estipule; pero, aparte de los gastos, comisiones, premios y dem�s prestaciones que se causen por el uso del cr�dito, de acuerdo con el contrato, el acreditado s�lo estar� obligado a devolver las cantidades que realmente supla el acreditante al pagar las obligaciones que as� hubiere contra�do, y a cubrirle �nicamente los intereses que correspondan a tales sumas."
"Art�culo 298. La apertura de cr�dito simple o en cuenta corriente, puede ser pactada con garant�a personal o real. La garant�a se entender� extendida, salvo pacto en contrario, a las cantidades de que el acreditado haga uso dentro de los l�mites del cr�dito."
"Art�culo 299. El otorgamiento o trasmisi�n de un t�tulo de cr�dito o de cualquier otro documento por el acreditado al acreditante, como reconocimiento del adeudo que a cargo de aqu�l resulte en virtud de las disposiciones que haga del cr�dito concedido, no facultan al acreditante para descontar o ceder el cr�dito as� documentado, antes de su vencimiento, sino hasta cuando el acreditado lo autorice a ello expresamente.
"Negociado o cedido el cr�dito por el acreditante, �ste abonar� al acreditado, desde la fecha de tales actos, los intereses correspondientes al importe de la disposici�n de que dicho cr�dito proceda, conforme al tipo estipulado en la apertura de cr�dito; pero el cr�dito concedido no se entender� renovado por esa cantidad, sino cuando las partes as� lo hayan convenido."
"Art�culo 300. Cuando las partes no fijen plazo para la devoluci�n de las sumas de que puede disponer el acreditado, o para que el mismo reintegre las que por cuenta suya pague el acreditante de acuerdo con el contrato, se entender� que la restituci�n debe hacerse al expirar el t�rmino se�alado para el uso del cr�dito, o en su defecto, dentro del mes que siga a la extinci�n de este �ltimo.
"La misma regla se seguir� acerca de los premios, comisiones, gastos y dem�s prestaciones que corresponda pagar al acreditado, as� como respecto al saldo que a cargo de �ste resulte al extinguirse el cr�dito abierto en cuenta corriente."
"Art�culo 301. El cr�dito se extinguir�, cesando, en consecuencia, el derecho del acreditado a hacer uso de �l en lo futuro:
"I. Por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el cr�dito se haya abierto en cuenta corriente;
"II. Por la expiraci�n del t�rmino convenido, o por la notificaci�n de haberse dado por concluido el contrato, conforme al art�culo 294, cuando no se hubiere fijado plazo;
"III. Por la denuncia que del contrato se haga en los t�rminos del citado art�culo;
"IV. Por la falta o disminuci�n de las garant�as pactadas a cargo del acreditado, ocurridas con posterioridad al contrato, a menos que el acreditado suplemente o sustituya debidamente la garant�a en el t�rmino convenido al efecto;
"V. Por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensi�n de pagos, de liquidaci�n judicial o de quiebra;
"VI. Por la muerte, interdicci�n, inhabilitaci�n o ausencia del acreditado, o por disoluci�n de la sociedad a cuyo favor se hubiere concedido cr�dito."
Adem�s, conviene desde ahora dejar precisado que la apertura de cr�dito es un contrato mercantil, m�xime cuando en �l participa una instituci�n de cr�dito; hip�tesis en la que tiene la caracter�stica de ser un contrato bancario, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 1o. de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y 75, fracci�n XIV, del C�digo de Comercio, los que disponen:
"Art�culo 1o. ... Las operaciones de cr�dito que esta ley reglamenta son actos de comercio."
"Art�culo 75. La ley reputa actos de comercio:
"...
"XIV. Las operaciones de bancos."
Con base en tal contexto legal, el contrato de apertura de cr�dito debe entenderse como un acto de comercio celebrado entre acreditante y acreditado, por virtud del cual el primero se obliga a poner una suma de dinero a disposici�n del acreditado, o a contraer por cuenta de �ste una obligaci�n, para que el mismo haga uso del cr�dito concedido en la forma y en los t�rminos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo por el importe de la obligaci�n que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que estipulen.
Por ello, sus elementos son los siguientes:
a) El consentimiento de las partes respecto del contenido del acto jur�dico; y
b) El objeto, que consiste en poner a disposici�n del acreditado una cantidad de dinero o asumir por cuenta de �ste obligaciones a cambio de una prestaci�n a su cargo, que se traduce en restituir la cantidad que se dispuso o en pagar la obligaci�n que el acreditante contrat� a su cuenta, y en el pago de los intereses, los gastos y las comisiones que se hubieren pactado.
Entre las principales caracter�sticas del contrato, destacan:
a) Es un contrato principal, nominado y aut�nomo, por cuanto tiene caracter�sticas propias que lo dotan de individualidad.
b) Los sujetos que conforman la relaci�n son el acreditado y el acreditante.
c) El objeto del contrato es la disponibilidad de los recursos, con independencia de que el acreditado ejerza o no el cr�dito.
d) Las obligaciones del acreditante son, alternativa o conjuntamente, poner a disposici�n del acreditado una suma de dinero y, contraer obligaciones por cuenta de �ste. A su vez, las obligaciones del acreditado son, seg�n el caso, restituir las sumas de que disponga o responder ante el acreditado de las obligaciones cubiertas por su cuenta y, pagar los intereses sobre las disposiciones ejercidas, prestaciones, gastos y comisiones pactadas.
e) Es un contrato consensual porque se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades.
f) Puede considerarse como de dinero o de firma, lo primero cuando el acreditante se obliga a poner a disposici�n del acreditado una suma de dinero en efectivo, para que �ste disponga, si as� lo desea, en los t�rminos y condiciones pactados; mientras que s�lo ser� de firma cuando el acreditante ponga a disposici�n del acreditado su propia capacidad para contraer ciertas obligaciones por cuenta de �ste, hasta por el l�mite pactado.
g) Es bilateral, porque las partes se obligan rec�procamente; el acreditante, a poner de inmediato a disposici�n del acreditado los recursos del cr�dito o a contraer ciertas obligaciones por cuenta de �ste; y, a su vez, el acreditado tiene por obligaciones pagar una comisi�n o gastos por apertura -si eso se hubiera pactado- restituir el monto de las sumas de que dispuso o, en su caso, responder ante el acreditante por las obligaciones que �ste asumi� por su cuenta, as� como el pago de intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.
h) Por la forma de disposici�n puede ser simple o en cuenta corriente, tambi�n conocida como cuenta revolvente. Ser� simple cuando el cr�dito se agota por la disposici�n que de �l haga el acreditado, y cualquier cantidad que entregue al acreditante se entender� como abono al saldo insoluto, estando imposibilitado para volver a disponer de �l aunque no hubiese vencido el plazo pactado para ello; en cambio, se tratar� de cuenta corriente, cuando el acreditado pueda retirar y pagar parcial o totalmente los recursos del cr�dito las veces que le convenga, siempre que no rebase el monto y plazo convenidos.
Sentados los elementos y las caracter�sticas esenciales del contrato de apertura de cr�dito, con el fin de llegar a una conclusi�n sobre la validez de la capitalizaci�n de intereses que se haya pactado en los contratos de tal naturaleza, de acuerdo con la hip�tesis de que partieron los Tribunales Colegiados de Circuito que entraron en contradicci�n, es necesario precisar las diferencias sustanciales que permiten distinguirlo respecto del pr�stamo mercantil y del mutuo civil.
Si bien el contrato de apertura de cr�dito se asimila al contrato de pr�stamo o mutuo con inter�s, no obstante ello, tiene una naturaleza jur�dica propia y distinta que lo hace singular.
El art�culo 358 del C�digo de Comercio dispone:
"Art�culo 358. Se reputa mercantil el pr�stamo cuando se contrae en el concepto y con expresi�n de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas a �ste. Se presume mercantil el pr�stamo que se contrae entre comerciantes."
Las diferencias sustanciales entre el pr�stamo mercantil y el contrato de apertura de cr�dito son las siguientes:
a) Mientras que en el primero el objeto del pr�stamo debe dedicarse a actos mercantiles, en el segundo, el dinero -objeto del contrato- puede tener cualquier destino o aplicaci�n.
b) En el pr�stamo mercantil el car�cter mercantil de dicho acto jur�dico viene como consecuencia del destino o uso que se vaya a dar a la cosa prestada, o sea, por un acto volitivo, mientras que en el contrato de apertura de cr�dito el car�cter absolutamente mercantil del mismo deviene de disposici�n expresa de la ley, independientemente del destino o aplicaci�n de esos recursos.
c) El pr�stamo mercantil puede tener por objeto cualquier cosa que est� en el comercio, mientras que el contrato de apertura de cr�dito se limita �nicamente a poner a disposici�n del acreditado una suma de dinero o a realizar ciertas obligaciones por cuenta de �ste.
d) En el pr�stamo mercantil, aun cuando la entrega de la cosa prestada no es requisito de existencia ni de validez del contrato, se presupone una transferencia de propiedad como consecuencia inmediata y natural del propio contrato; el objeto prestado nunca se entrega, el contrato podr�a concluir; en cambio, en el contrato de apertura de cr�dito, la consecuencia inmediata y natural de su celebraci�n es la disponibilidad de recursos y no forzosamente su entrega, puede nunca transferirse al acreditado la propiedad de los recursos sin que ello implique la terminaci�n del contrato, si bien lo esperado es que el acreditado disponga de los mismos.
Por otra parte, la distinci�n radical entre el contrato de apertura de cr�dito y el mutuo civil deriva de la propia regulaci�n de este �ltimo, prevista en el art�culo 2384 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., el que dispone:
"Art�culo 2384. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad."
Al tenor de lo dispuesto en este �ltimo precepto, el mutuo civil se distingue del contrato de apertura de cr�dito, entre otras caracter�sticas, porque:
a) El mutuo puede versar sobre dinero o cualquier objeto fungible, mientras que en el contrato de apertura de cr�dito lo que se pone a disposici�n del acreditado siempre es una suma de dinero, sin desconocer que en el caso del cr�dito documentado el acreditante se obliga a asumir obligaciones por parte del acreditado;
b) En el mutuo, el mutuante se obliga a transferir la propiedad del objeto del contrato, en tanto que en el contrato de apertura de cr�dito la obligaci�n del acreditante es mantener disponibles los recursos a favor del acreditado;
c) El mutuo es generalmente gratuito, mientras que el contrato de apertura de cr�dito es oneroso.
Las diferencias apuntadas facilitan la comprensi�n de la singularidad del contrato de apertura de cr�dito y de la naturaleza diversa de cada una de las convenciones referidas.
En conclusi�n, el contrato de apertura de cr�dito es especial, aut�nomo, definitivo y de contenido complejo, distinto del pr�stamo mercantil y del mutuo civil.
El legislador ha dado a cada uno de los contratos analizados un estatuto jur�dico distinto; as�, al regular el mutuo en el C�digo Civil otorga al mutuatario los beneficios establecidos en dicho ordenamiento en favor de las clases menos favorecidas. En cambio, el pr�stamo mercantil lo prev� en el ordenamiento que por excelencia rige al comercio; y al contrato de apertura de cr�dito, por sus caracter�sticas especiales, lo establece la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, que precisamente tiene por objeto regular las operaciones concernientes al cr�dito.
La conclusi�n anterior, relativa a que la incorporaci�n al orden jur�dico nacional del contrato de apertura de cr�dito busc�, en todo momento, regular en forma espec�fica, atendiendo a su naturaleza y fines propios, operaciones de diversa entidad, se ve fortalecida, inclusive, por las declaraciones del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico sobre la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, que hicieron las veces de exposici�n de motivos de dicha ley, en las que se�al�:
"Al lado del pr�stamo directo y del descuento ordinario; al lado del mutuo con garant�a prendaria y de la hipoteca directa constituida en favor de acreedor determinado; al lado de las ventas condicionales de t�tulos o valores y de las ventas con transferencia material de los bienes vendidos, la nueva ley abre la posibilidad de contratos de cr�dito consensuales que no requieren, por tanto, la transferencia material e inmediata de las sumas prestadas; las ventas de bienes muebles que se operan mediante la simple entrega del t�tulo representativo sin implicar la traslaci�n y el manejo material de los bienes vendidos; las prendas que v�lidamente se constituyen por una inscripci�n en el registro, por la entrega de un t�tulo o por el transferimiento jur�dico de la posesi�n sin necesidad de apoderamiento material de los bienes dados en prenda y el descuento de cr�ditos en libros, que tampoco requiere la entrega de los t�tulos representativos, sino que se cumple por medio de una mera construcci�n jur�dica de responsabilidades y que en un pa�s como el nuestro, donde la circulaci�n de t�tulos de cr�dito ha sido casi nula, est� destinado a ser el origen de esa circulaci�n y a cumplir el prop�sito pedag�gico de formar un mercado de descuento. La nueva ley precisa la distinci�n entre apertura de cr�dito, cr�dito en cuenta corriente, y cuenta corriente, resolviendo con ello puntos que han dado lugar a largas controversias y abriendo un inmenso campo para operaciones que la falta de prescripciones legislativas y la oscuridad de conceptos existente sobre el particular hab�an hecho imposibles en M�xico, no obstante las notorias ventajas que de su realizaci�n pueden derivarse."
De lo expuesto resulta que al establecerse la regulaci�n del contrato de apertura de cr�dito en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito se atendi� a la necesidad social de contar con un marco jur�dico preciso que permita la celebraci�n de operaciones de cr�dito al tenor de disposiciones que otorguen a los agentes econ�micos la debida seguridad jur�dica.
En efecto, a trav�s de la regulaci�n que sobre el contrato de apertura de cr�dito estableci� el legislador, se instaur� un r�gimen jur�dico de naturaleza diversa al que ya exist�a para la celebraci�n de contratos cuyo objeto esencial consist�a en el pr�stamo, que ya contaban con su propio marco jur�dico, dentro del cual se atiende a las finalidades espec�ficas que en cada caso el legislador consider� espec�ficamente, dependiendo de las cualidades propias de los celebrantes del acuerdo de voluntades o de la finalidad a la que se fuere a destinar el bien objeto de la convenci�n.
Por ello, v�lidamente puede sostenerse que en la regulaci�n prevista en los art�culos del 291 al 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, el legislador cre� un nuevo contrato, independiente de otros, por lo cual estableci� en tales preceptos todas y cada una de las caracter�sticas que integran su esencia, atendiendo, por supuesto, a finalidades muy diversas de las que en su momento llevaron a instituir las disposiciones que prev�n los contratos de pr�stamo mercantil y de mutuo civil.
La autonom�a e independencia jur�dica del contrato de apertura de cr�dito es patente, pues en los referidos preceptos el legislador dispuso todo lo que estim� pertinente acerca del mismo; as�, en el art�culo 291 se define el contrato; en el 292 se habla del caso en que se establezca l�mite m�ximo del cr�dito; en el 293 regula el supuesto de que no se fije importe m�ximo de disposici�n; en el 294 se reglamenta la hip�tesis de que las partes podr�n convenir en restringir el plazo o el monto del cr�dito concedido; en el 295 se establece que el acreditado podr� disponer a la vista, salvo convenio en contrario, de la suma objeto del contrato; en el 296 aborda la mec�nica de las disposiciones y abonos en cuenta corriente; el 297 est� destinado a establecer las reglas de pago por parte del acreditado cuando el cr�dito estribe en la aceptaci�n de obligaciones a su nombre por parte del acreditante; el 298 tiene por objeto precisar que en la apertura se puede pactar el otorgamiento de garant�as personales y reales y que se entender� que es por el monto del cr�dito ejercido; el 299 impide al acreditante negociar, previamente a su vencimiento y sin consentimiento del acreditado, los documentos que �ste hubiere dejado en garant�a; el numeral 300 precept�a las reglas a seguir para la disposici�n y el pago del cr�dito y, el 301 enlista las causas de extinci�n del cr�dito.
De especial relevancia resulta que en el art�culo 291 antes citado, se faculte a las partes para que estipulen el pago de intereses en los t�rminos que estimen convenientes; es decir, el legislador dispuso expresamente que en esta convenci�n mercantil sus celebrantes no tienen restricci�n alguna para pactar, a su libre arbitrio, cualquier cuesti�n relacionada con los intereses que se generen como consecuencia de las disposiciones monetarias que lleguen a realizar y que retribuir�n al acreditante por el menoscabo patrimonial que sufra por la imposibilidad de destinar tales recursos a otros fines.
Como se observa, en el mutuo civil el legislador, en aras de tutelar a las partes, restringi� en forma absoluta su facultad para acordar de antemano que los intereses se capitalizaran para producir intereses, pues aun en la hip�tesis de que el mutuatario la consintiera, la convenci�n relativa ser�a nula de pleno derecho; en el pr�stamo mercantil, esta restricci�n existe en forma relativa, pues si las partes pactan tal capitalizaci�n expresamente, s� ser� v�lida; en cambio, para el contrato de apertura de cr�dito tuvo la intenci�n de dejar a la libre voluntad de las partes la fijaci�n de todo lo relativo a los intereses que se generaran, sin restringir en forma alguna la capitalizaci�n de intereses; debiendo aclararse que trat�ndose de las operaciones de apertura de cr�dito que celebren los acreditados con instituciones de banca m�ltiple la protecci�n que, en su caso, se establezca ser� por v�a administrativa, como m�s adelante se ver�, mediante disposiciones emitidas por el Banco de M�xico.
Lo anterior, no obstante que conforme a lo dispuesto en el art�culo 2o. de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, las operaciones de cr�dito se regir�n, inclusive, por las fuentes jur�dicas ah� se�aladas, a saber:
"I. Por lo dispuesto en esta ley y en las dem�s leyes especiales relativas; en su defecto;
"II. Por la legislaci�n mercantil general; en su defecto;
"III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de �stos;
"IV. Por el derecho com�n, declar�ndose aplicable en toda la Rep�blica, para los fines de esta ley el C�digo Civil del Distrito F.."
De la lectura de este precepto deriva que la supletoriedad s�lo se autoriza para el caso de "defecto" de la ley que se debe aplicar con preferencia.
De ello se sigue que, en relaci�n con la capitalizaci�n de intereses que en su caso pactaren las partes dentro de un contrato de apertura de cr�dito, no puede aplicarse supletoriamente lo previsto en el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica enMateria F., el cual proh�be expresamente que de antemano se convenga la capitalizaci�n de intereses. Dicho precepto dispone:
"Art�culo 2397. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y produzcan intereses."
La tutela de las partes que este numeral establece no encuentra justificaci�n jur�dica para ser aplicada en forma supletoria a la normatividad que rige al contrato de apertura de cr�dito, pues como se ha visto se trata de un contrato cuya naturaleza es totalmente diversa, que fue creado por el legislador para regular convenciones en donde las partes acuden en circunstancias dispares a las que se presentan cuando concurren a un contrato de apertura de cr�dito.
La aplicaci�n supletoria del referido precepto del C�digo Civil, ser�a contradictoria a la intenci�n del legislador y a los principios que rigen la operancia de tal figura, pues aunado a que se trata de convenciones radicalmente diferentes, es de explorado derecho que la supletoriedad de una legislaci�n a otra no puede tener lugar cuando a trav�s de ello se adoptar�an hip�tesis prohibitivas o tutelares, de excepci�n, que �nicamente pueden regir a los actos realizados al tenor del ordenamiento en que se prev�n.
As�, la supresi�n del legislador en la regulaci�n del contrato de apertura de cr�dito, relativo a las restricciones que en otros ordenamientos estableci� para pactar la capitalizaci�n de intereses no significa, en manera alguna, un defecto legislativo, por el contrario, es un elemento que genera plena convicci�n de que con ello la celebraci�n de tal convenio se dej� a la voluntad de las partes.
Adem�s, debe tenerse presente que al regularse las cuestiones sustantivas de un determinado contrato, la supresi�n de normas prohibitivas o tutelares, como lo son aquellas que restringen la celebraci�n de un pacto de capitalizaci�n de intereses, que rigen para contratos de naturaleza diversa, no necesita realizarse de manera expresa, a diferencia de su establecimiento, que s� requiere ser previsto en forma literal y precisa, como lo hizo el legislador en los art�culos 363 del C�digo de Comercio y 2397 del C�digo Civil de aplicaci�n federal.
Ahora bien, dado que en las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron lugar a la presente contradicci�n, fungi� como acreditante una instituci�n de banca m�ltiple, debe precisarse que en tal hip�tesis, en relaci�n con la capitalizaci�n de intereses que se pacte por las partes, cobran aplicaci�n directa y paralela diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Cr�dito, en su car�cter de norma especial.
Al efecto destaca que las instituciones de banca m�ltiple constituyen personas jur�dicas colectivas que prestan el servicio de banca y cr�dito sujetas a la autorizaci�n que les otorgue la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como a las disposiciones legales y administrativas que regulen sus actividades.
Normatividad toda esta que viene a conformar el derecho bancario, rama aut�noma y especial, derivada del derecho mercantil, cuyo establecimiento se encuentra reservado al Congreso de la Uni�n, pues a �ste corresponde en exclusiva legislar en materia de intermediaci�n y servicios financieros, conforme a la fracci�n X del art�culo 73 constitucional, y que se caracteriza por encontrarse imbuida, por una parte, de los principios que rigen a la materia mercantil, que buscan fomentar los procesos productivos y comerciales mediante una adecuada intermediaci�n financiera y, por otra, de los propios que distinguen a la regulaci�n de car�cter administrativo, cuya finalidad esencial radica en tutelar el inter�s p�blico.
As�, entre la regulaci�n que forma parte del referido derecho bancario, a la que deben someterse las instituciones de banca m�ltiple destaca, adem�s de lo dispuesto en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, lo previsto en diversos preceptos de la Ley de Instituciones de Cr�dito y de la Ley del Banco de M�xico, reglamentaria de los p�rrafos sexto y s�ptimo del art�culo 28 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los cuales se otorgan facultades al banco central para emitir disposiciones que incidan sobre las tasas de inter�s u otros conceptos an�logos y dem�s caracter�sticas de las operaciones activas que realicen aquellas instituciones.
Entre los preceptos que en la especie resultan aplicables, destacan los art�culos 6o., p�rrafo primero y 48, p�rrafo primero de la Ley de Instituciones de Cr�dito y, 24 y 26 de la Ley del Banco de M�xico, que establecen:
"Art�culo 6o. En lo no previsto por la presente ley y por la Ley Org�nica del Banco de M�xico, a las instituciones de banca m�ltiple se les aplicar�n en el orden siguiente: ..."
"Art�culo 48. Las tasas de inter�s, comisiones, premios, descuentos, u otros conceptos an�logos, montos, plazos y dem�s caracter�sticas de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, as� como las operaciones con oro, plata y divisas que realicen las instituciones de cr�dito y la inversi�n obligatoria de su pasivo exigible, se sujetar�n a lo dispuesto en la Ley Org�nica del Banco de M�xico, con el prop�sito de atender necesidades de regulaci�n monetaria y crediticia."
"Art�culo 24. El Banco de M�xico podr� expedir disposiciones s�lo cuando tengan por prop�sito la regulaci�n monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien, la protecci�n de los intereses del p�blico. Al expedir sus disposiciones el banco deber� expresar las razones que las motivan.
"Las citadas disposiciones deber�n ser de aplicaci�n general, pudiendo referirse a uno o varios tipos de intermediarios, a determinadas operaciones o a ciertas zonas o plazas.
"Las sanciones que el banco imponga conforme a lo previsto en los art�culos 27, 29 y 33, deber�n tener como objetivo preservar la efectividad de las normas de orden p�blico establecidas en la presente ley y, de esta manera, proveer a los prop�sitos mencionados en el primer p�rrafo de este precepto."
"Art�culo 26. Las caracter�sticas de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de cr�dito, as� como las de cr�dito, pr�stamo o reporto que celebren los intermediarios burs�tiles, se ajustar�n a las disposiciones que expida el banco central.
"Lo dispuesto en este art�culo ser� aplicable tambi�n a los fideicomisos, mandatos o comisiones de los intermediarios burs�tiles y de las instituciones de seguros y de fianzas."
De ah�, que conforme a tales numerales el Banco de M�xico puede expedir disposiciones generales que incidan sobre las operaciones activas de las instituciones de cr�dito las que, en su caso, podr�n referirse a la capitalizaci�n de intereses que se pacte en un contrato de apertura de cr�dito.
Todo lo expuesto pone de manifiesto que las normas legales especiales que regulan el contrato de apertura de cr�dito no adolecen de deficiencia alguna sobre el punto de que se trata, motivo por el cual, no debe aplicarse supletoriamente disposici�n normativa alguna respecto a la capitalizaci�n de intereses.
En tal virtud, debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia la tesis, cuyo rubro y texto es del siguiente tenor:
CAPITALIZACI�N DE INTERESES. EL ART�CULO 2397 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO. Las declaraciones del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico sobre la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y dos, que hacen las veces de exposici�n de motivos de tal ordenamiento, son categ�ricas en cuanto al prop�sito de establecer contratos de cr�dito consensuales, distintos del pr�stamo y de otras convenciones tradicionales, para abrir un amplio campo de operaciones que la falta de prescripciones legislativas hab�an hecho imposible en M�xico. A esa clara intenci�n responde la figura jur�dica denominada apertura de cr�dito, regulada por los art�culos del 291 al 301 de la ley indicada, de los cuales el legislador dispuso todo lo que estim� pertinente acerca de ese contrato; as�, en el art�culo 291 se define el contrato; en el 292 se regula la hip�tesis en que se establezca un l�mite m�ximo del cr�dito; en el 293 regula el supuesto de que no se fije importe m�ximo de disposici�n; en el 294 se reglamenta la hip�tesis de que las partes podr�n convenir en restringir el plazo o el monto del cr�dito concedido; en el 295 se establece que el acreditado podr� disponer a la vista, salvo convenio en contrario, de la suma objeto del contrato; en el 296 aborda la mec�nica de las disposiciones y abonos en cuenta corriente; el 297 est� destinado a establecer las reglas de pago por parte del acreditado cuando el cr�dito estribe en la aceptaci�n de obligaciones a su nombre por parte del acreditante; el 298 tiene por objeto precisar que en la apertura se puede pactar el otorgamiento de garant�as personales y reales y que se entender� que es por el monto del cr�dito ejercido; el 299 impide al acreditante negociar, previamente a su vencimiento y sin consentimiento del acreditado, los documentos que �ste hubiere dejado en garant�a; el numeral 300 precept�a las reglas a seguir para la disposici�n y el pago del cr�dito y, el 301 enlista las causas de extinci�n del cr�dito. La detallada configuraci�n que se ha rese�ado pone de manifiesto que el legislador no incurri� en olvido u omisi�n en cuanto a la potestad de las partes para pactar que los intereses vencidos y no pagados puedan, a su vez, generar nuevos intereses, o la capitalizaci�n de intereses en este tipo de contratos; por el contrario, la supresi�n realizada en la ley sobre esos puntos se debe interpretar en el sentido de que tales cuestiones se dejaron a la libre voluntad de las partes, con la �nica salvedad de que, cuando en tales convenciones funja como acreditante una instituci�n de banca m�ltiple, deber� cumplir con las regulaciones que sobre el particular expida (como ya lo ha hecho para determinados cr�ditos) el Banco de M�xico. Esto �ltimo deriva de que los art�culos 6o., p�rrafo primero y 48, p�rrafo primero, de la Ley de Instituciones de Cr�dito, someten a las instituciones de banca m�ltiple, espec�ficamente en cuanto a las tasas de inter�s y dem�s caracter�sticas de las operaciones activas que celebren, a las disposiciones de la Ley del Banco de M�xico y, esta otra, en sus art�culos 24 y 26 respectivamente, faculta al Banco de M�xico para expedir disposiciones generales con el prop�sito, entre otros, de proteger los intereses del p�blico, y establece que las caracter�sticas de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de cr�dito se ajustar�n a las disposiciones del banco central. De todo lo expuesto se desprende que las normas legales especiales que regulan el contrato de apertura de cr�dito no adolecen de deficiencia alguna sobre el punto de que se trata, motivo por el cual el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., no resulta aplicable supletoriamente a dichas disposiciones.
II. Una vez que este Alto Tribunal ha llegado a la conclusi�n de que los art�culos del 291 al 301 de la Ley de T�tulos y Operaciones de Cr�dito regulan plenamente el contrato de apertura de cr�dito, por lo que para determinar la validez jur�dica de lo pactado en �ste, respecto de la capitalizaci�n de intereses, no es necesario acudir a la supletoriedad del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., dado que diversos Tribunales Colegiados de Circuito han sustentado posturas contradictorias en relaci�n a si la validez del pacto de capitalizaci�n de intereses que se acuerda en el contrato en comento tiene su origen en la supletoriedad del art�culo 363 del C�digo de Comercio o bien en la voluntad de las partes que convienen la aplicaci�n de tal precepto, se impone resolver esta otra oposici�n de criterios.
Ahora bien, en relaci�n con lo anterior, destaca que en las sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Quinto en Materia Civil del Primer Circuito y Primero del D�cimo Sexto Circuito, marcadas para su consulta con los n�meros 5, 7 y 8; 15 y 18; 21, 22, 24 y 25; y 114, 117, 119, 121, 123, 126 y 127, en el legajo de ejecutorias en contradicci�n, mencionado en el resultando octavo de este fallo; tales �rganos jurisdiccionales sostuvieron, medularmente, que para determinar la validez del contrato de apertura de cr�dito en el que se pacte la capitalizaci�n de intereses, debe tomarse en cuenta que dicho contrato se rige por el C�digo de Comercio, es decir, que al respecto opera la supletoriedad del art�culo 363 de este �ltimo ordenamiento, en relaci�n con lo dispuesto en los art�culos del 291 al 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito que rigen al contrato en comento.
La postura adoptada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se plasma en la ejecutoria 5 del legajo, emitida al resolver el amparo directo 964/97, en la cual sostuvo:
"En este orden, de conformidad con el art�culo 78, del C�digo de Comercio, en las convenciones mercantiles cada parte se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. En este entendido, por ser un acto de comercio el contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria, debe regirse por las disposiciones del C�digo de Comercio y leyes colaterales a ella, sin que se d� la suplencia de la ley com�n cuando exista precepto aplicable al caso concreto ..."
En t�rminos an�logos se pronunciaron el resto de los Tribunales Colegiados de Circuito que comparten el criterio anteriormente transcrito.
En cambio, en oposici�n a la postura antes relatada, en las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Noveno en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del S�ptimo Circuito y Segundo del D�cimo Primer Circuito, visibles en el citado legajo con los n�meros 12; 53; 77, 79 y 80; y 91, 92, 93, 94 y 95; resalta que para dichos �rganos la validez jur�dica del pacto de capitalizaci�n de intereses realizado en un contrato de apertura de cr�dito tiene su origen, esencialmente, en la regulaci�n propia que de tal contrato prev�n los art�culos antes mencionados de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, y en el hecho de que las partes as� lo hayan convenido por lo que, en todo caso, la aplicaci�n del art�culo 363 del C�digo de Comercio surge del acuerdo de voluntades; de donde se sigue que, impl�citamente, reconocen que en el caso concreto no se produce la supletoriedad de este �ltimo ordenamiento.
El argumento conducente que lleva a concluir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se pronunci� impl�citamente en el sentido antes referido, se encuentra plasmado en la ejecutoria 12 del legajo, correspondiente al amparo directo 10992/97, en la cual sostuvo:
"Por otra parte y como acertadamente lo resolvi� la S. y contrariamente a lo aducido por el peticionario de garant�as, en la especie no existi� la ilicitud en el objeto, fin o condici�n del contrato de cr�dito simple b�sico de la acci�n, en relaci�n con el c�lculo y pago de los intereses ordinarios y moratorios convenidos por las partes, toda vez que el contrato base de la acci�n es de naturaleza mercantil, por lo cual el pacto de refinanciamiento o cr�dito adicional, no es il�cito porque exista pacto de capitalizar intereses, ya que es permitido en la materia mercantil cuando as� lo convienen expresamente las partes contratantes, lo que en el caso aconteci� pues del contrato b�sico aparece que se establece claramente:
"...
"Siendo claro como lo considera la S. que en las cantidades parciales que corresponde pagar al actor en relaci�n con el cr�dito obtenido, se vean reflejados en los estados de cuenta por los conceptos que se indican en los mismos, sin que la inexactitud en el c�lculo de los intereses pactados por las partes, implique la ilicitud de lo convenido, pues como ya se ha dicho la legislaci�n mercantil prev� la capitalizaci�n de intereses y como en la especie se convino de manera expresa dicha capitalizaci�n, puesto que �sta forma parte de las cl�usulas contenidas en el contrato b�sico de la acci�n, no existe la causa de nulidad pretendida por la actora, conforme con lo dispuesto por el art�culo 363 del C�digo de Comercio que a la letra dice: ?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?, porque del texto legal anterior, se evidencia con toda claridad que dicho dispositivo legal deja expedito el derecho de las partes, si as� conviene a sus intereses, para que, a la celebraci�n del contrato, puedan pactar la capitalizaci�n de los intereses."
Asimismo, el pronunciamiento t�cito del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, deriva de lo dispuesto en la ejecutoria 53 del legajo, que dict� al resolver el amparo directo 3209/98, de cuyo texto destaca:
"Ahora bien, aun cuando los dict�menes contables emitidos por el perito de la actora y el perito tercero en discordia, coinciden en determinar que en el caso existi� capitalizaci�n de intereses y lesi�n civil; sin embargo, por una parte, de la cl�usula quinta del contrato base no se advierte que exista capitalizaci�n de intereses y, por otra, no se est� en el caso de un contrato celebrado entre particulares, sino de un contrato efectuado entre particulares con una instituci�n de cr�dito, por lo que no tiene aplicaci�n lo dispuesto por el art�culo 2395 del C�digo Civil. Es as�, en virtud de que las operaciones que realizan los bancos se regulan por la legislaci�n mercantil respectiva, conforme se establece en el art�culo 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, y la fracci�n XIV del art�culo 75 del C�digo de Comercio, resultando evidente que dichas instituciones siempre establecen intereses elevados sobre el cr�dito otorgado, por la labor financiera que desempe�an, y no por ello puede solicitarse con posterioridad la reducci�n de esos intereses por resultar excesivos, m�xime si los mecanismos para su c�lculo se establecieron desde el momento de la firma del contrato que los contiene ..."
En sentido an�logo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito resolvi� el amparo directo 928/97, que corresponde a la ejecutoria 80 del legajo, de la cual resalta lo siguiente:
"Por otra parte, aun cuando en la cl�usula decimonovena indicada, se haya pactado la capitalizaci�n de los intereses generados y, que por ello, de suyo, pudiera ser nula dicha cl�usula, lo cierto es que, en la especie, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, que a la letra dice: ?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?. Una sana interpretaci�n de dicha norma legal, lleva a concluir que en ella se contemplan dos hip�tesis: a) Prohibici�n de que los intereses vencidos generen a su vez intereses y, b) La posibilidad de que los contratantes convengan en capitalizar los intereses vencidos. En el primer supuesto, se est� en un caso de anatocismo, el cual por ser contrario al esp�ritu de la ley no debe surtir efectos; en el segundo aspecto, el legislador dej� abierta la probabilidad de que, a voluntad de los contratantes, los intereses vencidos y no cubiertos formen parte del capital; esto es, para que se d� este �ltimo caso, debe existir consenso expreso de ambos contratantes, lo cual aconteci� en la especie, como seaprecia de la referida cl�usula d�cimo novena del contrato de cr�dito base de la acci�n ..."
Por �ltimo, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, en la ejecutoria 94 del legajo, relativa al amparo directo 280/98, impl�citamente se pronunci� en el mismo sentido, al sostener:
"El art�culo 363 del C�digo de Comercio, dispone que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n a su vez intereses, pero los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos. Y, como tal precepto no hace reserva alguna acerca de cu�ndo debe hacerse ese convenio de capitalizaci�n, es decir, si se podr� llevar a cabo aun cuando no se hayan vencido los intereses o s�lo cuando �stos ya se hubieren devengado, es inconcuso que dicho consenso de capitalizaci�n es susceptible de celebrarse aun antes de que se generen los intereses que eventualmente lleguen a producirse y que no se paguen oportunamente. As� pues, si bien el precepto en comento proh�be que los r�ditos vencidos y no pagados no generar�n intereses, pero permite que los contratantes, previo convenio, los capitalicen; no queda sino concluir que es v�lida la estipulaci�n que al respecto las partes consignaron en la cl�usula novena del contrato accionado ..."
Como se advierte de lo anterior, en relaci�n con el pacto de capitalizaci�n de intereses celebrado en un contrato de apertura de cr�dito, el punto de contradicci�n consistente en determinar si dicho contrato se encuentra plenamente regulado en los art�culos del 291 al 301 de la Ley de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y, por tanto, es innecesario acudir a las fuentes de supletoriedad que establece el art�culo 2o. del propio ordenamiento; o bien, si la reglamentaci�n especial del referido contrato adolece de lagunas, ya qued� resuelto en el apartado I que antecede, aunque ah� se hizo para establecer la no supletoriedad del art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F..
Las razones expresadas sobre el particular son aptas asimismo para sustentar la conclusi�n de que el art�culo 363 del C�digo de Comercio tampoco es aplicable supletoriamente para decidir sobre la validez de la capitalizaci�n de intereses convenida en un contrato de apertura de cr�dito, pues, como ya se dijo, la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito no proh�be ni condiciona ese acuerdo, sino que lo deja a la libre voluntad de las partes, motivo por el cual no requiere ser suplida; sin embargo, se advierte que en algunas de las ejecutorias que configuran esta contradicci�n, los Tribunales Colegiados de Circuito dan cuenta de que, al pactar la capitalizaci�n de intereses, las partes invocaron el art�culo 363 del C�digo de Comercio, con expresi�n de su voluntad en el sentido de que tal convenci�n se rige precisamente por ese precepto, lo cual produce una situaci�n jur�dica diferente a la supletoriedad, que debe ser precisada por esta Suprema Corte.
Al respecto debe decirse que la libre voluntad de las partes al celebrar un contrato no tiene m�s restricciones que aquellas establecidas en la ley; y que no existe prohibici�n alguna para que se pacte la aplicaci�n de leyes distintas de la que rige el acto jur�dico, cuando se quieren sustraer de ese r�gimen algunos de sus efectos, motivo por el cual la decisi�n de los contratantes en el sentido de que la capitalizaci�n de intereses se pacta en los t�rminos del art�culo 363 del C�digo de Comercio, se debe respetar aunque dicho precepto no forme parte de los que rigen el contrato de apertura de cr�dito ni tenga el car�cter de norma supletoria, pues, por encima de esas circunstancias se erige la voluntad de las partes, mediante la cual le otorgan el valor de norma contractual, que es ley para ellas; conclusi�n que tiene su origen en el principio general que rige en derecho privado, conforme al cual en las convenciones cuyos efectos se limiten al �mbito personal de las partes que las celebran, por no trascender al terreno p�blico, lo que no est� prohibido por la ley, est� permitido.
En consecuencia debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno en la tesis cuyo texto y rubro son los siguientes:
CAPITALIZACI�N DE INTERESES. EL ART�CULO 363 DEL C�DIGO DE COMERCIO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO, PERO S� PUEDE SERLO COMO NORMA CONTRACTUAL, POR VOLUNTAD DE LAS PARTES. Lo dispuesto en los art�culos del 291 al 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito pone de manifiesto que el legislador, al establecer y regular el contrato de apertura de cr�dito, no incurri� en olvido u omisi�n en cuanto a la potestad de las partes para pactar que los intereses vencidos y no pagados puedan, a su vez, generar nuevos intereses, o la capitalizaci�n de intereses en este tipo de contratos; por el contrario, la supresi�n realizada en la ley sobre esos puntos se debe de interpretar en el sentido de que tales cuestiones se dejaron a la libre voluntad de las partes, con la �nica salvedad de que, cuando en tales convenciones funja como acreditante una instituci�n de banca m�ltiple, deber� cumplir con las regulaciones que sobre el particular expida (como ya lo ha hecho para determinados cr�ditos) el Banco de M�xico. Esto �ltimo deriva de que los art�culos 6o., p�rrafo primero, y 48, p�rrafo primero, de la Ley de Instituciones de Cr�dito, someten a las instituciones de banca m�ltiple, espec�ficamente en cuanto a las tasas de inter�s y dem�s caracter�sticas de las operaciones activas que celebren, a las disposiciones de Ley del Banco de M�xico y, esta otra, en sus art�culos 24 y 26, respectivamente, faculta al Banco de M�xico para expedir disposiciones con el prop�sito, entre otros, de proteger los intereses del p�blico, y establece que las caracter�sticas de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de cr�dito se ajustar�n a las disposiciones del banco central. De todo lo expuesto se desprende que las normas legales especiales que regulan el contrato de apertura de cr�dito no adolecen de deficiencia alguna sobre el punto de que se trata, motivo por el cual, el art�culo 363 del C�digo de Comercio no resulta aplicable supletoriamente a dichas disposiciones; sin embargo, cuando en el propio contrato de apertura de cr�dito las partes convienen la capitalizaci�n de intereses e invocan para ello el referido precepto legal, entonces s� adquiere aplicabilidad, pero esto sucede en observancia del principio de que la libre voluntad de las partes es ley para ellas y no porque fuera necesario acudir a esa disposici�n, ni a ninguna otra, como norma supletoria.
III. Como ha quedado precisado, el contrato de apertura de cr�dito se encuentra regulado a cabalidad en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, por lo que para determinar la validez jur�dica de la capitalizaci�n de intereses que se pacte en tal convenci�n no resulta supletorio el art�culo 363 del C�digo de Comercio. Sin embargo, las partes pueden pactar dicha capitalizaci�n en t�rminos de este �ltimo numeral. En ese contexto, dado que diversos Tribunales Colegiados de Circuito han sustentado criterios contradictorios en relaci�n con la interpretaci�n y, en su caso, integraci�n de lo dispuesto en el referido precepto del c�digo mercantil, este Alto Tribunal se ocupa, a continuaci�n, de precisar los motivos que conducen a concluir que se trata de una disposici�n jur�dica que no adolece de lagunas, por lo que para su debida interpretaci�n es innecesario acudir, supletoriamente, al art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F..
Al respecto, debe se�alarse que en las sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Quinto en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del S�ptimo Circuito, Segundo del D�cimo Primer Circuito y Primero del D�cimo Sexto Circuito, en las ejecutorias visibles en el legajo correspondiente, con los n�meros 5, 7 y 8; 12; 15 y 18; 21, 22, 24 y 25; 80; 91 y 93; y 114, 117, 119, 121, 123, 126 y 127; dichos �rganos sostuvieron que si las partes pactaron la capitalizaci�n de intereses en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 363 del C�digo de Comercio, al celebrar un contrato de apertura de cr�dito, de la interpretaci�n de dicho numeral se llega a la conclusi�n de que s� es v�lido que tal pacto tenga lugar con anticipaci�n a que los intereses se encuentren vencidos y no pagados, pues la claridad de la redacci�n de este numeral y la naturaleza mercantil del acuerdo de voluntades impiden, inclusive, la aplicaci�n supletoria del art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F..
En relaci�n con tal postura, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo, al resolver el amparo 964/97, identificado como ejecutoria 5 en el mencionado legajo, lo siguiente:
"El art�culo 363 del C�digo de Comercio establece que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses, sin embargo tambi�n dice que los contratantes, podr�n capitalizarlos. En efecto, se desprende una prohibici�n de que los intereses que se hayan vencido generen a su vez intereses, sin embargo se prev� la posibilidad de que los intereses vencidos se puedan capitalizar con el previo acuerdo de las partes."
A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al dictar la sentencia correspondiente al amparo directo 10992/97, identificada como ejecutoria 12 en el respectivo legajo, argument�:
"... pues como ya se ha dicho la legislaci�n mercantil prev� la capitalizaci�n de intereses y como en la especie se convino de manera expresa dicha capitalizaci�n, puesto que �sta forma parte de las cl�usulas contenidas en el contrato b�sico de la acci�n, no existe la causa de nulidad pretendida por la actora, conforme con lo dispuesto por el art�culo 363 del C�digo de Comercio que a la letra dice: ?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?, porque del texto legal anterior, se evidencia con toda claridad que dicho dispositivo legal deja expedito el derecho de las partes, si as� conviene a sus intereses, para que, a la celebraci�n del contrato, puedan pactar la capitalizaci�n de los intereses, en tal virtud como es de verse, no es exacto como lo pretende el quejoso que el anatocismo est� prohibido por la ley, ya que la aplicable en la especie, la mercantil, lo permite y s�lo la condiciona a que las partes la convengan, es decir que la consignen en el contrato de que se trate, lo que en la especie aconteci�."
En el mismo sentido, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria 18 del legajo, dictada en el amparo directo 11203/97, arrib� a la siguiente conclusi�n:
"Por otra parte debe decirse que el art�culo 363 del C�digo de Comercio dispone que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses y que los contratantes podr�n sin embargo capitalizarlos, y si bien es verdad que dicha capitalizaci�n puede generarse por convenio una vez causados dichos intereses, no lo es menos que las partes v�lidamente pueden pactar en forma anticipada dicha capitalizaci�n en el momento de celebrarse el contrato, pues de la lectura del citado numeral no se advierte prohibici�n alguna a ese respecto ..."
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al dictar la resoluci�n correspondiente al amparo directo 5295/97, reconocida como ejecutoria 22 en el citado legajo, sostuvo:
"Aduce el quejoso que se viol� en su perjuicio el art�culo 363, del C�digo de Comercio, pues la S. responsable no tom� en cuenta que en el contrato de apertura de cr�dito base de la acci�n ?... no existe voluntad expresa de capitalizar los intereses ...?. Es infundado el argumento del quejoso. En efecto, el art�culo 363 del C�digo de Comercio dice: ?Art�culo 363. Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?. Como se ve, la capitalizaci�n de los intereses es una cuesti�n que no es nula de pleno derecho en materia mercantil, pues pueden las partes pactar esa cuesti�n. A.� raz�n a la S. responsable en la resoluci�n que se reclama, pues en efecto, en los contratos mercantiles las partes que lo celebran, en ejercicio de la libertad contractual que les otorga el art�culo 78 del C�digo de Comercio, se obligan en la manera y t�rminos que aparezca que quisieron obligarse. De esa manera, si el acreditado se oblig� a pagar los intereses en los t�rminos y bajo las condiciones pactadas en el contrato en cuesti�n, en tales t�rminos y condiciones est� obligado a cubrir el indicado concepto. Por consiguiente si las partes tambi�n pactaron la capitalizaci�n de los intereses, tal pacto, como ya se dijo, no es nulo de pleno derecho; sin que sea aplicable el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. que proh�be que en los contratos se pacte la capitalizaci�n de los intereses, pues en el particular, se trata de un contrato que se rige por las disposiciones del C�digo de Comercio."
A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito concluy�, al resolver el amparo directo 928/97, correspondiente a la ejecutoria 80 del legajo, lo siguiente:
"Por otra parte, aun cuando en la cl�usula decimonovena indicada, se haya pactado la capitalizaci�n de los intereses generados y, que por ello, de suyo, pudiera ser nula dicha cl�usula, lo cierto es que, en la especie, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, que a la letra dice: ?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?. Una sana interpretaci�n de dicha norma legal, lleva a concluir que en ella se contemplan dos hip�tesis: a) Prohibici�n de que los intereses vencidos generen a su vez intereses y, b) La posibilidad de que los contratantes convengan en capitalizar los intereses vencidos. En el primer supuesto, se est� en un caso de anatocismo, el cual por ser contrario al esp�ritu de la ley no debe surtir efectos; en el segundo aspecto, el legislador dej� abierta la probabilidad de que, a voluntad de los contratantes, los intereses vencidos y no cubiertos formen parte del capital; esto es, para que se d� este �ltimo caso, debe existir consenso expreso de ambos contratantes, lo cual aconteci� en la especie, como se aprecia de la referida cl�usula d�cimo novena del contrato de cr�dito base de la acci�n, que dice: ?El cobro de intereses generados ser� acumulable al vencimiento del cr�dito y capitalizable mensualmente, utilizando el sistema de saldos autom�ticos.?; pero adem�s, como bien lo dijo la responsable, no se actualiz� el supuesto contemplado en dicha cl�usula, ya que en la certificaci�n contable, no se advierte que se haya aplicado la misma, pues no se capitaliz� inter�s alguno, sino que el inter�s normal, fue a la base, �nicamente, del capital inicial; por ende, no es ilegal lo que estim� la ad quem con relaci�n a que los art�culos 362 y 363 del C�digo de Comercio, no prohib�an en forma absoluta el anatocismo, pues a m�s que es cierto, como se dej� demostrado, en la especie no se dio esa hip�tesis."
En sentido an�logo, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, al dictar la resoluci�n correspondiente al amparo directo 271/98, identificada como ejecutoria 93 en el legajo, brind� los argumentos que a continuaci�n se reproducen:
"Es cierto, como lo refiere el quejoso, que existe supletoriedad del C�digo Civil a la ley mercantil cuando la figura o instituci�n de que se trata no se encuentra prevista de modo expreso en el C�digo de Comercio, o encontr�ndose, su regulaci�n es omisa, deficiente o incompleta. Sin embargo, en trat�ndose de la causal de nulidad del contrato base de la acci�n, por la capitalizaci�n de intereses no es factible dicha supletoriedad, ya que tal acto jur�dico se encuentra regulado por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, de cuyo contenido revela contradicciones inconciliables con el diverso art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., ya que mientras el primero dispone: ?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?; el segundo por su parte establece: ?Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.?. Contradicci�n que excluye por s� misma cualquier posibilidad de supletoriedad al respecto; tanto m�s, cuanto que la primera de las disposiciones legales en comento no requiere interpretaci�n sobre si los contratantes podr�n pactar la capitalizaci�n aun cuando no se hayan vencido los intereses o s�lo cuando dichos intereses ya se hubieran devengado, en virtud de que al no hacer distinci�n a cu�ndo podr� hacerse esa capitalizaci�n por los contratantes, es incuestionable que se puede efectuar aun antes de que se generen los intereses."
Por �ltimo, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito concluy�, al resolver el amparo directo 702/97, ejecutoria 119, lo siguiente:
"As�, el art�culo 363, del C�digo de Comercio, establece, que los intereses vencidos y no pagados, no deben generar intereses, sin embargo, tambi�n precisa que los contratantes podr�n capitalizarlos. En efecto, existe una prohibici�n de que los intereses que se hayan vencido, generen a su vez intereses, pero, se prev� la posibilidad de que los intereses vencidos, se puedan capitalizar con el previo acuerdo de las partes. Por lo que, si en el caso concreto, las partes convinieron en la apertura de un cr�dito adicional, en favor del acreditado, con el fin de cubrir discrecionalmente, parte de los intereses a pagar, ese pacto suscrito por las partes, no puede, de modo alguno, entra�ar pacto de anatocismo ..."
En oposici�n al criterio sostenido por los �rganos mencionados, los Tribunales Colegiados S�ptimo y Octavo en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo del D�cimo Sexto Circuito, Segundo del D�cimo S�ptimo y Primero del Vig�simo Segundo Circuito, al emitir las sentencias visibles con los n�meros 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 y 40; 44 y 45; 132 y 136; 138 y 139; y 190, 191, 192, 194 y 195, en el legajo de ejecutorias en contradicci�n, sostienen que el pacto de capitalizaci�n de intereses que se convenga al celebrar un contrato de apertura de cr�dito transgrede lo dispuesto en el art�culo 363 del C�digo de Comercio, pues �ste proh�be el convenio anticipado de capitalizaci�n de intereses, fundando su interpretaci�n en la aplicaci�n supletoria del art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F..
La anterior postura fue plasmada por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 6397/97, que corresponde a la ejecutoria 34 del mencionado legajo, concluyendo lo siguiente:
"... se infringen en el caso los art�culos 363, del C�digo de Comercio y 2397, del C�digo Civil para el Distrito F., que dicen: ?Art. 363. Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?. ?Art. 2397. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.?. Dichos numerales, con independencia de lo que pudiera decirse respecto a su aplicaci�n al caso, tienen en com�n la prohibici�n de convenir de antemano la capitalizaci�n de intereses, que es lo que constituye el llamado pacto de anatocismo, el que, cabe subrayar, es distinto del convenio que de acuerdo con la normatividad mercantil las partes pueden celebrar v�lidamente despu�s de que sehubieren devengado ya los intereses, para que en lugar de pagarse esos intereses a la saz�n ya causados, se incorporen al capital para producir nuevos intereses ... Se est� entonces en presencia de un acto simulado, que encierra el pacto de anatocismo, prohibido por los art�culos 363, del C�digo de Comercio y 2397, del C�digo Civil, para el Distrito F., que est� probado en la especie en virtud del propio instrumento p�blico en que consta el esquema financiero a discusi�n y de lo dicho al contestarse la demanda en el sentido de que el documento exhibido como base de la acci�n contiene la voluntad de las partes, ratificada al momento de su suscripci�n, pues no puede arribarse a conclusi�n diferente, merced a la firma del contrato por los acreditados y a los pagos por �stos efectuados, ya que la autoridad responsable pas� por alto que la causa de nulidad, en la especie, no resulta de vicios de la voluntad que puedan purgarse con la conducta atribuida a los quejosos, sino de aquella que proviene por actos ejecutados contra el tenor de leyes prohibitivas, en t�rminos del art�culo 8o. del C�digo Civil, a saber, de los art�culos 363 del C�digo de Comercio y 2397 del propio ordenamiento sustantivo, en virtud de la simulaci�n habida en el convenio realizado de antemano para capitalizar intereses devengados no cubiertos o anatocismo ..."
En t�rminos an�logos, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al dictar la sentencia correspondiente al amparo directo 1088/97, identificada como ejecutoria 44 en el legajo respectivo, sostuvo:
"As� tenemos, que el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., de aplicaci�n supletoria al caso concreto, es claro y determinante en que la capitalizaci�n de intereses no se puede convenir de antemano; dicho de otra forma, el C�digo Civil para el Distrito F., al igual que el C�digo de Comercio prev� impl�citamente la posibilidad de capitalizar intereses vencidos, pero cuando tengan esta caracter�stica y no con anterioridad a que sean generados, y la sanci�n a convenir de antemano tales intereses es la nulidad, conforme al precepto legal invocado con antelaci�n. En resumen, de una interpretaci�n arm�nica, l�gico-jur�dica de los art�culos 363 del C�digo de Comercio, parte final y 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., de aplicaci�n supletoria, es manifiesta la posibilidad de que las partes contratantes en negocios de naturaleza mercantil, puedan capitalizar intereses siempre y cuando �stos sean vencidos; y tal pacto por tanto no puede celebrarse de antemano bajo pena de nulidad."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito fij� su postura, al resolver el amparo directo 646/97, que corresponde a la ejecutoria 132 del legajo, en los siguientes t�rminos:
"As� las cosas, es inconcuso que cada una de las disposiciones que los acreditados hicieran del ?cr�dito adicional?, ser�a considerada como un capital que devengar�a intereses en la misma cuant�a a los generados por el ?cr�dito inicial?; en ese orden, los intereses derivados del ?cr�dito inicial? se convierten en un capital que tambi�n ganar� intereses; en ese entendido, la S. responsable, obr� correctamente, al considerar que el ?cr�dito adicional?, constitu�a una capitalizaci�n de intereses disfrazada, contraria a lo establecido por los ordinales 363 del C�digo de Comercio y 2397 del C�digo Civil del Distrito F.. Ahora bien, el numeral 363 del C�digo de Comercio, otorga a las partes la posibilidad de capitalizar los intereses vencidos; empero, ello no significa que permita la celebraci�n de convenios en los que anticipadamente se estipule la capitalizaci�n de intereses, cuando �stos todav�a no se han generado, como acertadamente lo estim� la responsable, puesto que dicho dispositivo prev� que los intereses vencidos y no cubiertos no devengar�n intereses, que sin embargo podr�n capitalizarlos, pero no que dicha capitalizaci�n pueda estipularse previamente al vencimiento de aqu�llos; adem�s, el texto legal en comento, debe analizarse a la luz del diverso art�culo 2397 del C�digo Civil del Distrito F., que establece, bajo pena de nulidad, que los contratantes no pueden convenir de antemano que los intereses se capitalicen y devenguen intereses, precepto legal que en la especie, resulta de aplicaci�n supletoria al primeramente invocado, seg�n dispone el ordinal 81 del ordenamiento mercantil; de tal forma, cuando los intereses a�n no se generan, no pueden ser objeto de un acuerdo que establezca su capitalizaci�n."
Igualmente, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito consider�, al resolver el amparo directo 826/97, que corresponde a la ejecutoria 138 del legajo, lo siguiente:
"... lo que est� prohibido por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, al establecer que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses, pero que los contratantes podr�n capitalizarlos, lo que implica que la norma aludida proh�be que antes de que se generen no puede pactarse su capitalizaci�n, pues se refiere a intereses vencidos, corrobor�ndose lo que establece el art�culo de referencia con el contenido del art�culo 2397 del C�digo Civil del Distrito F., cuyo contenido es similar al 2293 del C�digo Civil del Estado de Chihuahua, al indicar que las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses, por lo que si en el contrato se pact� as�, ello es nulo, aun y cuando las partes lo hayan convenido en forma expresa, pues tal convenio fue ejecutado contra el tenor de una ley prohibitiva de orden p�blico y de acuerdo con lo que establece el art�culo 8o. del C�digo Civil del Distrito F. y el similar de este Estado, son nulos."
Por �ltimo, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito lleg� a la misma conclusi�n, al dictar la sentencia relativa al amparo directo 253/98, identificada como ejecutoria 194 en el respectivo legajo, en la que sostuvo:
"Por otra parte, si bien es cierto que el art�culo 78 del C�digo de Comercio establece la libertad de las partes para convenir las cl�usulas que sean necesarias, tambi�n lo es que el amparista desatiende el hecho de que esa libertad tiene ciertas limitantes, como en este caso lo son las normas prohibitivas, espec�ficamente la contenida en el art�culo 363 del C�digo de Comercio y la relativa al art�culo 2397 del C�digo Civil F., invocados por la autoridad responsable, que no dejan lugar a dudas sobre la intenci�n del legislador federal, de prohibir la capitalizaci�n anticipada de intereses, bajo pena de nulidad para el convenio que incurra en esos desacatos. En tales condiciones, la libertad consagrada en el art�culo 78 del C�digo de Comercio, no puede llevarse al extremo de transgredir una norma prohibitiva, sino que se debe armonizar el contenido de ambos preceptos, mediante la conclusi�n de que dicha voluntad de convenir, tiene las limitantes que la autoridad responsable estableci� en la sentencia reclamada, en observancia de disposiciones legales aplicables al caso espec�fico, respecto a la prohibici�n de capitalizar anticipadamente los intereses, por ser una norma de car�cter prohibitivo, siendo pertinente recordar que de conformidad con el art�culo 8o. del C�digo Civil F., aplicado supletoriamente al de la materia, los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de inter�s p�blico ser�n nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario, sin que �ste sea el caso de excepci�n a que se refiere el aludido precepto."
Como se advierte de lo anterior, otro punto de la contradicci�n consiste en determinar si es jur�dicamente v�lido que, para fijar el alcance del pacto de capitalizaci�n de intereses convenido en un contrato de apertura de cr�dito, en t�rminos del art�culo 363 del C�digo de Comercio, se aplique supletoriamente a lo dispuesto en este �ltimo precepto lo establecido en el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F..
Por principio conviene recordar que, como ya qued� asentado, el contrato de apertura de cr�dito se encuentra plenamente regulado en cuanto a sus aspectos sustantivos en los art�culos del 291 al 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y, en caso de que las partes acuerden capitalizar los intereses que se generen en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 363 del C�digo de Comercio, tal convenci�n ser� v�lida, en t�rminos del art�culo 78 de este �ltimo ordenamiento, por constituir una expresi�n de la voluntad de las partes, a trav�s de la cual le otorgan el car�cter de norma contractual, que es ley para ellas, y no porque surja la aplicaci�n supletoria de lo dispuesto en este �ltimo numeral.
Partiendo de tal premisa debe se�alarse que en relaci�n con el punto de contradicci�n que aqu� se aborda, dado que es la voluntad de las partes la que incorpora el pacto de capitalizaci�n de intereses, conforme al art�culo 363 del c�digo mercantil, al preciso marco jur�dico contractual que regula la conducta de �stas, relacionada con el objeto del contrato celebrado, resulta jur�dicamente inadecuado pretender la aplicaci�n supletoria de una diversa legislaci�n para fijar el alcance y, en su caso, el apego al orden jur�dico de tal convenci�n.
En efecto, cuando la voluntad de las partes incorpora al preciso y temporal marco jur�dico contractual que acota su comportamiento, lo dispuesto en un precepto ajeno a la normatividad legal espec�fica y plena que regula el acuerdo de voluntades celebrado, ello implica que, materialmente, la literalidad de la estipulaci�n es extra�da del cuerpo jur�dico que la contiene e incorporada a un diverso conjunto de normas de car�cter contractual, que tiene limitado su alcance a lo acordado por los celebrantes.
De ah�, que al incorporarse lo previsto en una norma jur�dica al conjunto de disposiciones que por voluntad legal y contractual rigen a las partes que celebren una convenci�n, si por alg�n motivo resulta necesario conocer a cabalidad lo que aqu�llas quisieron pactar mediante la aplicaci�n de tal dispositivo legal, el an�lisis conducente deber� realizarse al tenor de lo pactado y, en caso de que ello no genere convicci�n, ser� necesario acudir a la interpretaci�n integral de las cl�usulas que conforman el convenio, siguiendo las previsiones legales que rigen la interpretaci�n de los contratos.
As�, en virtud de que lo dispuesto en el precepto legal ajeno a la normatividad propia del contrato celebrado se ha desincorporado del cuerpo jur�dico que lo contiene, y de que se encuentra integrado en un diverso marco jur�dico de naturaleza contractual, la interpretaci�n conducente ya no podr� atender a los principios que, en su caso, sujeten a la que es realizada cuando la aplicaci�n de aquel dispositivo tiene su origen en la voluntad del legislador, ya que al actualizarse lo previsto en �l, por la libre expresi�n de las partes celebrantes de un contrato que no se rige por �l, y que, por tanto, est� fuera del �mbito personal de validez que legal e inicialmente le fue conferido, su alcance en ese preciso acto, por el car�cter de norma contractual del que se ve investido, tendr� su origen �nicamente en la voluntad de las partes y para conocerlo deber� acudirse a las reglas que para interpretar los contratos establece la ley.
En ese contexto, si los celebrantes de un contrato de apertura de cr�dito pactan la capitalizaci�n de intereses en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 363 del C�digo de Comercio, en raz�n de que este numeral, en principio, legalmente no rige a tal especie de convenciones, debe estimarse que, en tal caso, lo dispuesto en �l adquiere exclusivamente el rango de norma contractual, por lo que para fijar el alcance de tal convenci�n no podr� acudirse a la supletoriedad de norma legal alguna, menos a�n a la del art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., pues �nicamente habr� de estarse a lo pactado y en caso de que los t�rminos empleados generen confusi�n, para conocer la verdadera intenci�n de las partes ser� necesario recurrir a las reglas de interpretaci�n de los contratos, en espec�fico a las previstas en los art�culos 78 del C�digo de Comercio y del 1851 al 1859 del C�digo Civil antes referido, que respecto de esta �ltima cuesti�n s� son supletorios, conforme a lo dispuesto en el art�culo 2o., fracci�n IV, de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito. El texto de las reglas conducentes, previstas en los art�culos citados es el siguiente:
"Art�culo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados."
"Art�culo 1851. Si los t�rminos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intenci�n de los contratantes, se estar� al sentido literal de sus cl�usulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intenci�n evidente de los contratantes, prevalecer� �sta sobre aqu�llas."
"Art�culo 1852. Cualquiera que sea la generalidad de los t�rminos de un contrato, no deber�n entenderse comprendidos en �l cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar."
"Art�culo 1853. Si alguna cl�usula de los contratos admitiere diversos sentidos, deber� entenderse en el m�s adecuado para que produzca efecto."
"Art�culo 1854. Las cl�usulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas."
"Art�culo 1855. Las palabras que pueden tener distintas acepciones ser�n entendidas en aquella que sea m�s conforme a la naturaleza y objeto del contrato."
"Art�culo 1856. El uso o la costumbre del pa�s se tendr�n en cuenta para interpretar las ambig�edades de los contratos."
"Art�culo 1857. Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los art�culos precedentes, si aqu�llas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y �ste fuere gratuito, se resolver�n en favor de la menor transmisi�n de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolver� la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses."
"Art�culo 1858. Los contratos que no est�n especialmente reglamentados en este c�digo, se regir�n por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan m�s analog�a, de los reglamentados en este ordenamiento."
"Art�culo 1859. Las disposiciones legales sobre contratos ser�n aplicables a todos los convenios y a otros actos jur�dicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de �stos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos."
En conclusi�n, cuando las partes pactan en un contrato de apertura de cr�dito la capitalizaci�n de intereses en t�rminos del art�culo 363 del C�digo de Comercio, ello implica que lo previsto en este numeral se sustrae de tal ordenamiento, para incorporarse al marco jur�dico contractual, por lo que para conocer su alcance, en caso de que los t�rminos empleados generen confusi�n, deber� acudirse a las reglas que sobre la interpretaci�n de los contratos prev�n los preceptos citados.
Por tanto, prevalece con el car�cter de jurisprudencia, el criterio de este Tribunal Pleno, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:
CAPITALIZACI�N DE INTERESES. CUANDO SE PACTA EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO, EN T�RMINOS DEL ART�CULO 363 DEL C�DIGO DE COMERCIO, PARA DETERMINAR SUS ALCANCES NO DEBE ACUDIRSE A LA SUPLETORIEDAD DEL ART�CULO 2397 DEL C�DIGO CIVIL APLICABLE EN MATERIA FEDERAL, SINO A LAS REGLAS DE INTERPRETACI�N DE LOS CONTRATOS. El contrato de apertura de cr�dito se encuentra plenamente regulado en cuanto a sus aspectos sustantivos en los art�culos del 291 al 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, por lo que cuando las partes celebrantes de una convenci�n de tal naturaleza pactan la capitalizaci�n de intereses invocando el art�culo 363 del C�digo de Comercio, esto tiene su origen en la libre voluntad de aqu�llas y no en la aplicaci�n supletoria de este �ltimo precepto, lo que implica que, materialmente, lo previsto en tal numeral se sustraiga de tal ordenamiento, incorpor�ndose al espec�fico marco jur�dico contractual. De ah� que, cuando los t�rminos empleados para acordar tal pacto generen confusi�n, para conocer la verdadera intenci�n de las partes, la interpretaci�n conducente ya no podr� atender a los principios que rigen a la que es realizada cuando la aplicaci�n de tal dispositivo tiene su origen en la voluntad del legislador, sino al tenor de las reglas que rigen la propia de los contratos, situaci�n que impide acudir a la supletoriedad del art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., por lo que, para conocer el alcance del pacto en comento, deber� acudirse a las reglas sobre interpretaci�n de los contratos que se establecen en los art�culos 78 del C�digo de Comercio y del 1851 al 1859 del C�digo Civil indicado los que, respecto de esta �ltima cuesti�n, s� son supletorios, conforme a lo dispuesto en el art�culo 2o., fracci�n IV, de la mencionada ley general.
SEXTO. En el acuerdo del presidente de la Primera S. de esta Suprema Corte, al denunciar las posibles contradicciones de tesis que se produjeron entre sentencias dictadas por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en relaci�n con temas vinculados con contratos de apertura de cr�dito y contratos adicionales de refinanciamiento para pago de intereses o de capitalizaci�n de intereses, especific� como uno de ellos el siguiente:
"�LA CL�USULA DE CR�DITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO, CONSTITUYE UNA TRANSGRESI�N A LA PROHIBICI�N DE FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PASIVOS, ESTABLECIDA EN EL ART�CULO 8o. DEL REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES NACIONALES DE CR�DITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CR�DITO?"
Para determinar si existe la contradicci�n de tesis sobre el tema precisado, se procedi� al examen del legajo de las doscientas siete ejecutorias, debidamente numeradas para facilitar su localizaci�n, enviadas por diversos Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica, en las que se abordaron temas vinculados con la cuesti�n antes precisada. Dicho an�lisis permiti� advertir que el tema referido fue examinado s�lo en dieciocho de las ejecutorias, a saber:
A. directo civil 6663/97, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 15 del citado legajo); amparo directo civil 4457/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 31 del legajo); amparo directo civil 6397/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 34 del legajo); amparo directo civil 1037/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 36 del legajo); amparo directo civil 1887/98, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 38 del legajo); amparo directo civil 38/97, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 44 del legajo); amparo directo civil 439/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito (n�mero 70 del legajo); amparo directo civil 486/97, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito (n�mero 78 del legajo); amparo directo civil 246/97-2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del D�cimo Circuito (n�mero 88 del legajo); amparo directo civil 594/97, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del D�cimo Primer Circuito (n�mero 96 del legajo); amparo directo civil 398/96, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del D�cimo CuartoCircuito (n�mero 109 del legajo); amparo directo civil 209/98, del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito (n�mero 112 del legajo); amparo directo civil 693/97, del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito (n�mero 117 del legajo); amparo directo civil 705/97, del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito (n�mero 121 del legajo); amparo directo civil 847/97, Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito (n�mero 127 del legajo); amparo directo civil 254/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito (n�mero 156 del legajo); amparo directo civil 137/98, del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito (n�mero 189 del legajo); y, amparo directo civil 1412/97, del Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito (n�mero 197 del legajo).
Mientras las ejecutorias que aparecen se�aladas con los n�meros 15, 44, 70, 78, 88, 96, 109, 112, 117, 121, 127, 156, 189 y 197, en el legajo antes mencionado, consideraron que el contrato de apertura de cr�dito era v�lido por no ser aplicable el art�culo 8o. del Reglamento sobre Instituciones Nacionales de Cr�dito y Organizaciones Auxiliares de Cr�dito o por no existir la prohibici�n del pr�stamo para el pago de pasivos, las que se localizan con los n�meros 31, 34, 36 y 38 del citado legajo llegaron a la conclusi�n de que el contrato era inv�lido por ser violatorio del precepto referido que proh�be el pr�stamo para el pago de pasivos.
En las sentencias que establecieron que el contrato de apertura de cr�dito, con cl�usula de cr�dito adicional para el pago de intereses, era v�lido, se esgrimieron los siguientes cuatro argumentos, mencion�ndose despu�s de ellos el n�mero de las ejecutorias con el que pueden localizarse en el correspondiente legajo:
I. El Reglamento sobre Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares de Cr�dito no es aplicable pues, como su nombre lo indica, s�lo rige para las instituciones nacionales de cr�dito, entendi�ndose por tales las instituciones de banca pertenecientes a la administraci�n p�blica federal, as� como para las organizaciones auxiliares de cr�dito, como son los almacenes generales de dep�sito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y pr�stamos, uniones de cr�dito, empresas de factoraje financiero (de conformidad con lo que establece el art�culo 3o. de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito) y, en cambio, el acreditante en los casos resueltos no tuvo el car�cter mencionado, sino que fueron instituciones de cr�dito privadas, que se encuentran reguladas por la Ley de Instituciones de Cr�dito vigente (A. directo civil 246/97-2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del D�cimo Circuito [n�mero 88 del legajo]; amparo directo civil 398/96, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del D�cimo Cuarto Circuito [n�mero 109 del legajo]; y, amparo directo civil 1412/97, del Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito [n�mero 197 del legajo]).
II. Como conforme al art�culo 9o. del C�digo Civil, la emisi�n de una ley posterior deroga la anterior, aun cuando no se haya abrogado expresamente el Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Nacionales de Cr�dito, bast� para ello la emisi�n de las Leyes Reglamentarias del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito, actualmente derogadas por la Ley de Instituciones de Cr�dito, para que dejara de estar vigente el citado reglamento (A. directo civil 38/97, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [n�mero 44 del legajo]; amparo directo civil 486/97, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito [n�mero 78 del legajo]; y, amparo directo civil 209/98, del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito [n�mero 112 del legajo]).
III. En ninguna de las fracciones del art�culo 106 de la Ley de Instituciones de Cr�dito se proh�be el establecimiento de un pr�stamo adicional para pago de intereses, porque si bien su fracci�n XVII dispone la prohibici�n de otorgar cr�ditos con garant�a de pasivos, a que se refieren las fracciones I, b), c) y d), y II a IV, del art�culo 46 de dicha ley, �stos se refieren a otros supuestos, como son: recepci�n de dep�sitos bancarios de dinero retirables en d�as preestablecidos, de ahorro a plazo previo, aceptaci�n de pr�stamos y cr�ditos, emisi�n de bonos bancarios y de obligaciones subordinadas, hip�tesis que no se ubican en el pr�stamo adicional para pago de intereses de un contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria y sistema de refinanciamiento, operaci�n permitida a los bancos en el art�culo 46, fracci�n IV, del citado ordenamiento. No procede aplicar anal�gicamente lo dispuesto en la fracci�n V del art�culo 66 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, que proh�be que en los contratos refaccionarios el monto destinado a cubrir los pasivos a que se refiere el numeral 323 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, rebase un porcentaje mayor del 50%, toda vez que tal disposici�n es espec�fica y no constituye un supuesto general susceptible de actualizarse en cualquiera de los tipos de contrato o cr�ditos que se puedan verificar (A. directo civil 663/97, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [n�mero 15 del legajo]; amparo directo civil 594/97, del Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito [n�mero 96 del legajo]; amparo directo civil 254/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito [n�mero 156 del legajo]; y, amparo directo civil 137/98, del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito [n�mero 189 del legajo]).
IV. El cr�dito otorgado no es un financiamiento para el pago de pasivos, pues ninguna prueba hay que as� lo establezca y, adem�s, el pago del cr�dito ser� a cargo del acreditado como deudor directo, sin que de forma alguna deba solventarse con recursos propios del banco (A. directo civil 439/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito [n�mero 70 del legajo]; amparo directo 693/97, del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito [n�mero 117 del legajo]; amparo directo 705/97, del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito [n�mero 121 del legajo]; y, amparo directo 847/97, del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito [n�mero 127 del legajo]).
En las sentencias en las que se concluy� determinando que el contrato especificado es inv�lido, se esgrimieron los argumentos que a continuaci�n se especifican, d�ndose los datos relativos a las ejecutorias respectivas, al �rgano que las pronunci� y al n�mero con el que se les identific� en el legajo correspondiente, en los que pueden localizarse:
"El banco concedi� un cr�dito para pago de pasivos en favor de s� mismo, en contra de lo dispuesto por el art�culo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Nacionales de Cr�dito, que dispone que no est� permitido conceder esa clase de pr�stamos. Los elementos que se requieren para acreditar el anterior extremo son los siguientes: a) Existencia de un cr�dito; b) Pacto de pago de intereses a una tasa determinada; c) Pago de una suma mensual; d) Posibilidad de que los pagos mensuales no alcancen a cubrir el monto de los intereses devengados; e) Existencia de un cr�dito adicional, dise�ado para pagar intereses devengados no cubiertos." (A. directo civil 4457/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [n�mero 31 del legajo]; amparo directo civil 6397/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [n�mero 34 del legajo]; amparo directo civil 1037/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [n�mero 36 del legajo]; y amparo directo civil 1887/98, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito [n�mero 38 del legajo]).
En relaci�n con el criterio acabado de destacar, se formul� la tesis I.7o.C.16 C, visible en la p�gina ochocientos nueve, del T.V., correspondiente al mes de marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
"PAGO DE PASIVOS, NULIDAD DEL PR�STAMO PARA, OTORGADO POR UNA INSTITUCI�N DE CR�DITO. De conformidad con el inciso b) del art�culo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Cr�dito, dichos organismos est�n impedidos para efectuar financiamientos para pago de pasivo, salvo casos especiales autorizados por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; en consecuencia, resulta nula de pleno derecho la operaci�n consistente en el otorgamiento de un cr�dito adicional en un contrato de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria, por tratarse de un esquema de refinanciamiento que el banco acreditante realiza a trav�s de movimientos contables de cargo y abono, tomando del cr�dito adicional el importe necesario para que el acreditado, sin recibir ning�n dinero, pague los intereses devengados y no cubiertos con la mensualidad realizada, simulando el cobro por su cuenta de cantidades adeudadas, lo que constituye un pr�stamo para pago de pasivos."
Apuntado lo anterior, corresponde dilucidar, como punto de contradicci�n, si el mencionado art�culo 8o., inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Cr�dito, resulta o no de observancia obligatoria para las partes en el momento de celebrar un contrato de apertura de cr�dito, en el que se otorga un cr�dito adicional para el caso de que el deudor no pueda cumplir en su totalidad el pago derivado del cr�dito inicial.
Para ello en principio cabe se�alar que, el citado reglamento, fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve; en la inteligencia de que su contenido es el siguiente:
"Art�culo 1o. Se crea el Comit� Coordinador de las Instituciones Nacionales de Cr�dito, bajo la presidencia del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, e integrado por los directores generales de las siguientes instituciones:
"a) Banco de M�xico, S., cuyo representante tendr� el car�cter de vicepresidente.
"b) Nacional Financiera, S.
"c) Banco Nacional de Comercio Exterior, S.
"d) Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras P�blicas, S.
"Cuando el comit� deba ocuparse de problemas relativos o relacionados con las dem�s instituciones nacionales de cr�dito u organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, los directores o gerentes generales respectivos, integrar�n tambi�n dicho comit�. El presidente est� facultado cuando lo estime oportuno, para convocar a todos los directores y gerentes generales de las mencionadas instituciones."
"Art�culo 2o. El Comit� tendr� car�cter consultivo, debiendo someter sus recomendaciones a la consideraci�n del Ejecutivo, por conducto del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico. Sus funciones principalmente consistir�n en dictaminar sobre los siguientes asuntos:
"a) D. competencias y establecer criterios destinados a evitar la intervenci�n de una instituci�n nacional de cr�dito o de una organizaci�n auxiliar nacional de cr�dito en campos ajenos a sus funciones.
"b) Considerar planes conjuntos de financiamiento por las instituciones nacionales de cr�dito y por las organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, de acuerdo con las condiciones econ�micas generales del pa�s.
"c) Promover la colaboraci�n permanente entre los bancos privados y las instituciones nacionales, en relaci�n con programas de promoci�n y financiamiento, de car�cter regional o nacional.
"d) Procurar porque el otorgamiento de cr�ditos por las instituciones nacionales a las instituciones privadas se destine a atender actividades econ�micas fundamentales, cuyo financiamiento sea proyectado por los bancos nacionales o conjuntamente por �stos y la banca privada.
"e) Recomendar peri�dicamente las actividades econ�micas que preferentemente deban fomentar las instituciones y organizaciones auxiliares de cr�dito.
"f) Procurar la mayor cooperaci�n entre las instituciones nacionales de cr�dito y las organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, sobre investigaciones y estudios t�cnicos o econ�micos, con objeto de evitar duplicaciones y de lograr la mejor coordinaci�n en los m�todos de trabajo, as� como el intercambio expedito de informaciones.
"g) Propugnar la realizaci�n de los programas de las mismas instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, sobre bases no inflacionarias."
"Art�culo 3o. El comit� coordinador de las instituciones nacionales de cr�dito, a fin de influir en el mejor aprovechamiento y la canalizaci�n m�s productiva de los recursos en poder de dichas instituciones, propugnar� dentro de sus facultades, que �stas contribuyan por medio de sus programas de promoci�n y financiamiento a:
"a) Lograr la correcta integraci�n de las industrias b�sicas y, en general, de las actividades econ�micas fundamentales.
"b) Aumentar la producci�n de bienes de capital o de consumo, que el Estado considere indispensables para estimular el desarrollo de la econom�a nacional y mejorar las condiciones de vida de las capas m�s amplias de la poblaci�n.
"c) Diversificar las fuentes de trabajo y de riqueza sobre la base de lograr el aprovechamiento y la combinaci�n m�s eficientes posibles de los recursos productivos, en escala regional y nacional.
"d) C. al equilibrio de la balanza de pagos y particularmente de la balanza comercial.
"e) Eliminar, en la medida posible, intermediaciones innecesarias en el uso de cr�dito."
"Art�culo 4o. Las instituciones nacionales de cr�dito y organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito en los primeros diez d�as del mes de diciembre de cada a�o, deber�n someter a la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, una vez aprobados por el consejo de administraci�n, los documentos que a continuaci�n se mencionan, relativos al siguiente ejercicio social:
"I. Una estimaci�n de los recursos para sus operaciones indicando:
"a) Los procedentes de recuperaciones de cartera.
"b) Los que puedan provenir de otras fuentes, dando a conocer las condiciones generales de obtenci�n de los mismos.
"II. El programa de actividades, que en todo caso contendr�:
"a) Distribuci�n de los recursos, se�alando las inversiones propias y los financiamientos a terceros, por ramas de actividades beneficiadas.
"b) Planes elaborados sobre bases de cooperaci�n con otras instituciones nacionales o privadas, y condiciones generales previstas.
"c) I.�n general del criterio que habr� de seguirse en las operaciones consideradas en el programa, especificando plazos y tipos de inter�s, medios y m�ximos.
"d) Informe sobre el plan realizado en el ejercicio inmediato anterior, compar�ndolo con el programa aprobado. Esta informaci�n deber� comprender todo el a�o, aun cuando habr� de formularse estimaci�n por el periodo no realizado y mencionar�n los principales factores favorables o adversos que hubieren concurrido.
"e) F.�n general del programa dentro de las finalidades de la instituci�n respectiva y de las circunstancias que prevalezcan en el pa�s, exponiendo las razones sobre la preferencia adoptada en favor de las actividades que se propongan.
"La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� formular las observaciones que estime pertinentes, a efecto de que �stas se consideren por el consejo de administraci�n que corresponda.
"Si dentro de los 30 d�as siguientes a la fecha de presentaci�n de los documentos respectivos, la Secretar�a de Hacienda no formulare observaci�n alguna, ni pidiera informaciones complementarias, dichos documentos se tendr�n por no observados."
"Art�culo 5o. Las instituciones y organizaciones auxiliares regidas por el presente reglamento deber�n presentar a la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en los primeros diez d�as del mes de mayo y en los primeros diez d�as del mes de septiembre, un informe sobre el estado que guarde el desarrollo de los programas de actividades que les hayan sido aprobados y sobre los resultados de conjunto obtenidos en cada uno de esos periodos.
"Sin perjuicio de la revisi�n que tiene a su cargo la Comisi�n Nacional Bancaria, deber�n presentar, asimismo, a la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con los informes correspondientes de auditor�a -antes de ser sometidos a las asambleas de accionistas- los balances anuales, los estados de p�rdidas y ganancias y los proyectos de distribuci�n de utilidades, a efecto de que dicha dependencia formule las observaciones que estime pertinentes."
"Art�culo 6o. Las instituciones y organizaciones mencionadas, requerir�n autorizaci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en los siguientes casos:
"a) Para efectuar emisiones en serie de valores mobiliarios.
"b) Para adquirir por cuenta propia acciones o participaciones de cualquiera sociedad o empresa.
"c) Para otorgar gratificaciones de car�cter general a sus funcionarios y empleados.
"d) Para efectuar inversiones inmobiliarias.
"e) Para el otorgamiento de avales o de garant�as en general.
"f) Para obtener los financiamientos a que se contrae el reglamento del art�culo 4o. de la Ley Reformatoria de la Org�nica de Nacional Financiera, S.
"Si alguna instituci�n, por la naturaleza de las operaciones que comprenda su objeto social as� lo requiere, podr� solicitar autorizaci�n gen�rica para efectuar las operaciones a que se refieren los incisos a), b) y e) del presente art�culo."
"Art�culo 7o. S�lo podr�n adquirir directamente compromisos en moneda extranjera las siguientes instituciones nacionales:
"a) El Banco de M�xico, S.
"b) La Nacional Financiera, S.
"c) El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.
"d) El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras P�blicas, S.
"Las dem�s instituciones nacionales que requieran recursos procedentes del exterior, operar�n por conducto de alguna de las instituciones antes mencionadas."
"Art�culo 8o. Salvo casos especiales autorizados por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, las instituciones y organizaciones a que este reglamento se refiere, no podr�n efectuar las siguientes operaciones:
"a) Financiamiento para el simple cambio de propiedad de cualquiera sociedad o empresa.
"b) Financiamientos para pago de pasivo."
"Art�culo 9o. La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico dictar� las resoluciones a que se contraen los art�culos 4o., segunda parte del 5o., 6o. y 8o., previo estudio de los asuntos por una comisi�n asesora permanente que tendr� los siguientes miembros:
"a) El subsecretario de Cr�dito de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, quien presidir� la comisi�n.
"b) El director general de Cr�dito de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.
"c) El presidente de la Comisi�n Nacional Bancaria.
"d) Un consejero de la serie ?A? de cada una de las siguientes instituciones:
"1. Banco de M�xico, S.
"2. Nacional Financiera, S.
"3. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.
"4. Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras P�blicas, S.
"Dicha comisi�n, al efectuar sus estudios, tendr� en cuenta los informes y puntos de vista que proporcionen el director o gerente de la instituci�n y organizaci�n a que el caso se refiera."
"Art�culo 10. Los consejos de administraci�n de las instituciones nacionales de cr�dito y de las organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito se reunir�n, por lo menos, una vez al mes, y el director general o gerente general de la instituci�n u organizaci�n respectiva, informar� mensualmente al consejo, acerca de las principales actividades realizadas en el mes inmediato anterior."
"Art�culo 11. Los miembros de los consejos de administraci�n designados por la serie de acciones que corresponda al Gobierno F. y los directores generales o gerentesgenerales de las instituciones mencionadas en este reglamento, tendr�n directamente a su cargo el cumplimiento de los preceptos contenidos en el presente ordenamiento, y en caso de violaci�n de �ste, sin perjuicio de otras responsabilidades legales, incurrir�n en las que corresponden a los mandatarios que infringen las instrucciones de sus mandantes."
"Art�culo 12. Las disposiciones de este ordenamiento ser�n aplicables en lo conducente a las instituciones nacionales de seguros, y para resolver los asuntos relativos a las mismas, funcionar� una comisi�n asesora permanente, integrada como sigue:
"a) Por el subsecretario de Cr�dito de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, quien tendr� el car�cter de presidente.
"b) Por el director general de Cr�dito de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.
"c) Por el presidente de la Comisi�n Nacional de Seguros.
"d) Por el director general del Banco de M�xico, S.
"La comisi�n indicada en este art�culo dictaminar� cu�les de las disposiciones del presente reglamento son aplicables a las instituciones nacionales de seguros."
"Art�culo 13. Previo estudio elaborado por la comisi�n a que se refiere el art�culo 9o., la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico determinar� cu�les de las disposiciones contenidas en este reglamento son aplicables a los fondos permanentes de fomento econ�mico constituidos en fideicomiso por el Gobierno F. en las instituciones nacionales de cr�dito."
"Art�culo 14. Los dict�menes que emita el comit� coordinador tendr�n car�cter obligatorio una vez que sean aprobados por el Ejecutivo, y los de la comisi�n asesora permanente cuando sean aprobados por el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico."
"Art�culo 15. Se faculta a la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico para interpretar el presente reglamento y para expedir las reglas complementarias que se requieran en la aplicaci�n del mismo."
"Transitorios:
"Art�culo 1o. El presente reglamento entrar� en vigor el d�a de su publicaci�n en el Diario Oficial."
"Art�culo 2o. Por lo que hace al a�o en curso, las instituciones y organizaciones a que este reglamento se contrae deber�n presentar, en un plazo que vencer� el 31 de julio, la documentaci�n mencionada en el art�culo 4o., abarcando las estimaciones, planes y programas que se formulen para el periodo comprendido de julio a diciembre."
"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo F., en M�xico, Distrito F., a los veintitr�s d�as del mes de junio de mil novecientos cincuenta y nueve. A.L.M.. R�brica. El secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, A.O.M.. R�brica."
El reglamento en cita fue objeto de diversas reformas, publicadas en las fechas de veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y seis, seis de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, y veintid�s de julio de mil novecientos setenta y cinco, ninguna de las cuales alude al precepto que aqu� se analiza.
De la lectura de los preceptos en comento se advierte con meridiana claridad, que el art�culo 8o. inciso b), establece la prohibici�n a las instituciones y organizaciones nacionales a que dicho reglamento se refiere, de efectuar financiamientos para el pago de pasivos, salvo los casos especiales autorizados por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; por otra parte, de la lectura de los art�culos 1o. al 7o. y 9o. al 15, se advierte que las instituciones a que dicho reglamento se refiere tienen el car�cter de instituciones nacionales de cr�dito, que en la actualidad se conocen como banca de desarrollo, puesto que sus actividades se encuentran constre�idas al fomento y aplicaci�n de los programas dirigidos a beneficiar diversas actividades dentro de las finalidades espec�ficas para las que fueron creadas dichas instituciones; de lo que se sigue, que el art�culo en comento resulta inaplicable trat�ndose de las actualmente denominadas instituciones de banca m�ltiple, como lo son las que se encuentran involucradas en las contradicciones de tesis materia de esta ejecutoria.
Corroboran las conclusiones anteriores las consideraciones que se expusieron para la expedici�n del reglamento que ha quedado transcrito, puesto que las mismas aclaran la finalidad del mismo y el �mbito de su aplicaci�n. Dichas consideraciones dicen:
"Considerando: Que para incrementar en la mayor medida y en el menor plazo posible el ingreso nacional y elevar sustancialmente el nivel general de vida, es necesario el aprovechamiento �ptimo de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales y financieros de que el pa�s dispone; que las instituciones nacionales de cr�dito y las organizaciones auxiliares de cr�dito representan ya un sector de gran importancia de nuestro sistema crediticio; que aun cuando dichas entidades est�n regidas por normas legales y estatutarias, acordes con las finalidades y caracter�sticas espec�ficas de su estructura y funcionamiento, para el mejor aprovechamiento de sus recursos es preciso que esos organismos coordinen sus actividades entre s�, as� como con la banca privada. Que es indispensable, por tanto, implantar una pol�tica crediticia unitaria mediante una vinculaci�n org�nica entre las autoridades financieras del pa�s y las instituciones nacionales de cr�dito y las organizaciones auxiliares; que esas mismas consideraciones son aplicables a los fideicomisos constituidos por el Gobierno F. en las instituciones nacionales de cr�dito e instituciones nacionales de seguros con fines de fomento econ�mico. He tenido a bien expedir el siguiente reglamento ..."
A mayor abundamiento, cabe hacer notar, que el reglamento que nos ocupa fue expedido durante la vigencia de la Ley General de Instituciones de Cr�dito y Organizaciones Auxiliares, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de treinta y uno de mayo de mil novecientos cuarenta y uno; ordenamiento jur�dico que en sus art�culos 1o., 3o. y 5o. estableci� respectivamente que:
"Art�culo 1o. La presente ley se aplicar� a las empresas que tengan por objeto el ejercicio habitual de la banca y del cr�dito, dentro del territorio de la Rep�blica.
"Se exceptuar�n de la aplicaci�n de la misma, el Banco de M�xico y las dem�s instituciones nacionales de cr�dito, cuando as� lo establezcan las leyes.
"Se reputar�n instituciones u organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, cuando as� lo establezcan las leyes.
"Se reputar�n instituciones u organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, las constituidas con participaci�n del Gobierno F. o en las cuales �ste se reserve el derecho de nombrar la mayor�a del consejo de administraci�n o de la junta directiva o de aprobar o votar los acuerdos que la asamblea o el consejo adopten.
"Competer� exclusivamente a la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico la adopci�n de todas las medidas relativas tanto a la creaci�n como al funcionamiento de las instituciones nacionales de cr�dito. Dicha secretar�a ser� el �rgano competente para todo cuanto se refiere a las dem�s instituciones de cr�dito y organizaciones auxiliares."
"Art�culo 3o. Se consideran organizaciones auxiliares de cr�dito, las siguientes:
"I.A. generales de dep�sitos;
"II. C�maras de compensaci�n;
"III. Bolsas de valores, y
"IV. Uniones de cr�dito.
"Estas organizaciones, para poder operar, deber�n registrarse ante la Comisi�n Nacional Bancaria y quedar�n sujetas a su vigilancia, sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los almacenes generales de dep�sitos y a las bolsas de valores en el art�culo 48."
"Art�culo 5o. Las denominaciones banco, banca, banquero, financiera, cr�dito, capitalizaci�n, cr�dito inmobiliario e hipotecarias, cr�dito mobiliario o industrial, ahorro, cajas de ahorro, fiduciaria, de fideicomiso, o cualesquiera otras sin�nimas, s�lo podr�n ser usadas en la denominaci�n de instituciones de cr�dito a las que haya sido otorgada concesi�n, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2o.
"Se except�a de la aplicaci�n del p�rrafo anterior la asociaci�n o asociaciones de instituciones de cr�dito u organizaciones auxiliares, siempre que no se realicen operaciones de banca y cr�dito.
"Las instituciones de cr�dito en cuya denominaci�n se incluya la palabra nacional, no teniendo el car�cter de instituci�n de esta clase, estar�n obligadas a incluir en su denominaci�n y en todos sus documentos la indicaci�n expresiva de que son instituciones privadas.
"La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y la Comisi�n Nacional Bancaria cuidar�n, en todo caso, de que en la denominaci�n de las instituciones de cr�dito, o en la documentaci�n de las mismas dirigida al p�blico se contenga indicaci�n expresa del grupo de operaciones a que se dedique, de conformidad con las fracciones I a VI del art�culo 2o."
De lo anterior se colige que el �mbito de aplicaci�n del citado reglamento se constri�� a las ahora denominadas instituciones de banca de desarrollo y a las citadas organizaciones auxiliares de cr�dito, y no a las instituciones de banca m�ltiple o comerciales, respecto de las cuales el mismo nunca fue aplicable.
Igualmente debe destacarse que con posterioridad a la citada ley de mil novecientos cuarenta y uno, se expidi� la Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos en la que se determin� que el servicio p�blico de banca y cr�dito ser�a prestado por instituciones constituidas como sociedades nacionales de cr�dito.
La ley de que se trata fue abrogada por la Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco; que en sus art�culos 1o., 2o., 30, 31, 50, fracci�n V, y segundo transitorio estableci� a la letra:
"Art�culo 1o. La presente ley es de orden p�blico y tiene por objeto reglamentar los t�rminos en que el Estado presta el servicio p�blico de banca y cr�dito; las caracter�sticas de las instituciones a trav�s de las cuales lo hace; su organizaci�n; su funcionamiento en apoyo de las pol�ticas de desarrollo nacional; las actividades y operaciones que pueden realizar, y las garant�as que protegen los intereses del p�blico."
"Art�culo 2o. El servicio p�blico de banca y cr�dito ser� prestado exclusivamente por instituciones de cr�dito constituidas con el car�cter de sociedad nacional de cr�dito, en los t�rminos de la presente ley. Las sociedades nacionales de cr�dito ser�n:
"I. Instituciones de banca m�ltiple, y
"II. Instituciones de banca de desarrollo."
"Art�culo 30. Las instituciones de cr�dito s�lo podr�n realizar las operaciones siguientes:
"I. Recibir dep�sitos bancarios de dinero:
"a) A la vista;
"b) De ahorro, y
"c) A plazo o con previo aviso;
"II. Aceptar pr�stamos y cr�ditos;
"III. Emitir bonos bancarios;
"IV. Emitir obligaciones subordinadas;
"V. Constituir dep�sitos en instituciones de cr�dito y entidades financieras del extranjero;
"VI. Efectuar descuentos y otorgar pr�stamos o cr�ditos;
"VII. Expedir tarjetas de cr�dito con base en contratos de apertura de cr�ditos en cuenta corriente;
"VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en cr�ditos concedidos, a trav�s del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de t�tulos de cr�dito, as� como de la expedici�n de cartas de cr�dito;
"IX. Operar con valores en los t�rminos de las disposiciones de la presente ley y de la Ley del Mercado de Valores;
"X. Promover la organizaci�n y transformaci�n de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de inter�s en las mismas;
"XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia;
"XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportes sobre estas �ltimas;
"XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad;
"XIV. Expedir cartas de cr�dito previa recepci�n de su importe, hacer efectivos cr�ditos y realizar pagos por cuenta de clientes;
"XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;
"XVI. Recibir dep�sitos en administraci�n o custodia, o en garant�a por cuenta de terceros, de t�tulos o valores y en general de documentos mercantiles;
"XVII. Actuar como representante com�n de los tenedores de t�tulos de cr�dito;
"XVIII. Hacer servicio de caja y tesorer�a relativo a t�tulos de cr�dito, por cuenta de las emisoras;
"XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas;
"XX. Desempe�ar el cargo de albacea;
"XXI. Desempe�ar la sindicatura o encargarse de la liquidaci�n judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias;
"XXII. Encargarse de hacer aval�os que tendr�n la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor p�blico o perito;
"XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realizaci�n de su objeto y enajenarlos cuando corresponda, y
"XXIV. Efectuar, en los t�rminos que se�ale la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, oyendo la opini�n del Banco de M�xico y de la Comisi�n Nacional Bancaria, las operaciones an�logas y conexas que aqu�lla autorice."
"Art�culo 31. Las instituciones de banca de desarrollo, realizar�n, adem�s de las se�aladas en el art�culo anterior, las operaciones necesarias para la adecuada atenci�n del correspondiente sector de la econom�a nacional y el cumplimiento de las funciones y objetivos que les sean propios, conforme a las modalidades y excepciones que respecto a las previstas en �sta u otras leyes, determinen sus leyes org�nicas.
"Las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del art�culo anterior, las realizar�n las instituciones de banca de desarrollo con vistas a facilitar a los beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio p�blico de banca y cr�dito y propiciar en ellos el h�bito del ahorro y el uso de los servicios que presta el sistema bancario nacional, de manera que no se produzcan desajustes en los sistemas de captaci�n de recursos del p�blico.
"Los bonos bancarios que emitan las instituciones de banca de desarrollo, deber�n propiciar el desarrollo del mercado de capitales y la inversi�n institucional.
"La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico dictar� los lineamientos y establecer� las medidas y mecanismos que procuren el mejor aprovechamiento y la canalizaci�n m�s adecuada de los recursos de las instituciones de banca de desarrollo, considerando planes coordinados de financiamiento entre este tipo de instituciones, las organizaciones nacionales auxiliares del cr�dito, los fondos y fideicomisos p�blicos de fomento, y las instituciones de banca m�ltiple."
"Art�culo 50. Los contratos de cr�dito refaccionario y los de cr�dito de habilitaci�n o av�o que celebren las instituciones de cr�dito, se ajustar�n a lo dispuesto por la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, y a las bases siguientes:
"...
"V. No exceder� del cincuenta por ciento la parte de los cr�ditos refaccionarios que se destine a cubrir los pasivos a que se refiere el p�rrafo segundo del art�culo 323 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito. La Comisi�n Nacional Bancaria podr� autorizar, en casos excepcionales, que se exceda este l�mite."
"Segundo. Se deroga la Ley General de Instituciones de Cr�dito y Organizaciones Auxiliares, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 31 de mayo de 1941; la Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 31 de diciembre de mil novecientos ochenta y dos; as� como todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley."
De la lectura de los numerales supracitados se aprecia, que la citada Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito de mil novecientos ochenta y cinco, estableci� la autorizaci�n en favor de las instituciones de cr�dito, tanto de banca m�ltiple como de banca de desarrollo, de otorgar pr�stamos o cr�ditos, y no proh�be el otorgamiento de tales cr�ditos para el financiamiento de pasivos; de manera que al regular la mencionada ley de que se trata la materia relativa al financiamiento de pasivos bajo circunstancias y lineamientos distintos y opuestos a lo estipulado en el reglamento a que se alude, debe concluirse que el mismo qued� abrogado por disposici�n del art�culo segundo transitorio de la ley en comento, en el que se consign� la derogaci�n de todas aquellas disposiciones que se opusieran a dicha ley; m�xime, si se toma en consideraci�n que en nuestro sistema jur�dico los reglamentos constituyen disposiciones jer�rquicamente subordinadas a las leyes que reglamentan, por lo que no pueden exceder sus alcances ni contrariarlas.
Las conclusiones expuestas se encuentran confirmadas y robustecidas por los art�culos transitorios cuarto, noveno y d�cimo del propio cuerpo legal.
En efecto, es necesario tener en consideraci�n no s�lo el art�culo segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito de 1985, sino tambi�n los diversos cuarto, noveno y d�cimo, que se refieren espec�ficamente a la regulaci�n que tendr�an en adelante las instituciones nacionales de cr�dito e, incluso, las sucursales de bancos extranjeros que contaran con concesi�n del Gobierno F., como se aprecia de dichas normas transitorias que enseguida se transcriben:
"Art�culo cuarto. En tanto el Ejecutivo F., la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, el Banco de M�xico y la Comisi�n Nacional Bancaria y de Seguros, dicten las disposiciones administrativas de car�cter general a que se refiere esta ley, seguir�n aplic�ndose las expedidas con anterioridad a la vigencia de la misma, en las materias correspondientes ..."
"Art�culo noveno. El Ejecutivo F. en un plazo de 180 d�as naturales, a partir de la vigencia de esta ley, expedir� los decretos mediante los cuales se transforman las instituciones nacionales de cr�dito, de sociedades an�nimas en sociedades nacionales de cr�dito, como instituciones de banca de desarrollo.
"Los decretos que expida el Ejecutivo F. se publicar�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y se inscribir�n en el Registro P�blico de Comercio, debiendo especificar la fecha en que se producir� la transformaci�n de la sociedad de que se trata, para todos los efectos legales, los accionistas dentro de las limitaciones establecidas por esta ley, podr�n solicitar el canje de acciones por certificados de aportaci�n patrimonial o separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus t�tulos a su valor en libros, seg�n el �ltimo estado financiero aprobado, siempre que lo soliciten dentro de los noventa d�as.
"Al producirse la transformaci�n quedan reformadas las leyes org�nicas respectivas, incluyendo la Ley General de Cr�dito Rural, en aquellos art�culos en los que se se�ala que las instituciones nacionales de cr�dito, son sociedades an�nimas y aquellas otras que determinan que el capital estar� representado por acciones y las autoriza a emitirlas.
"Las sociedades nacionales de cr�dito, instituciones de banca de desarrollo, se regir�n por esta ley y sus respectivas leyes org�nicas incluyendo la Ley General de Cr�dito Rural. Las sociedades que no cuenten con ley org�nica se regir�n por esta ley y las disposiciones administrativas que dicte la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en tanto el Congreso de la Uni�n expide las leyes org�nicas respectivas.
"Mientras que se llevan a cabo las transformaciones previstas en este precepto, continuar�n siendo aplicables a las disposiciones vigentes de esta ley, debiendo el Ejecutivo F., por conducto de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, proveer lo necesario a efecto de que las instituciones a que se refiere el presente art�culo contin�en prestando demanera adecuada y eficiente el servicio p�blico de banca y cr�dito."
"Art�culo d�cimo. El Banco Obrero, S., y las sucursales en M�xico de bancos extranjeros que cuenten con concesi�n del Gobierno F., continuar�n rigi�ndose por las disposiciones conforme a las cuales vienen operando."
De los anteriores dispositivos se sigue que si bien es cierto que el art�culo segundo transitorio de la ley bancaria de 1985 derog� a la Ley de Instituciones de Cr�dito de 1941 y a la Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito de 1982, sin embargo, no debe pasar inadvertido que la primera de ellas, no regulaba a las instituciones nacionales de cr�dito y, la segunda ley remiti�, en cuanto a la regulaci�n de los intermediarios financieros a la ley de 1941; no obstante, el art�culo tercero transitorio de la ley de 1982, dispuso que las instituciones nacionales de cr�dito (existentes antes de la expropiaci�n bancaria) seguir�an rigi�ndose por las normas conforme a las cuales ven�an operando.
Las normas transitorias de la ley bancaria de 1985, en primer t�rmino derogaron a la Ley General de Instituciones de Cr�dito y Organizaciones Auxiliares de 1941 y la Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito de 1982, en segundo t�rmino, las instituciones nacionales de cr�dito constituidas como sociedades an�nimas ser�an transformadas a sociedades nacionales de cr�dito, como instituciones de banca de desarrollo, quedando al momento de la transformaci�n reformadas sus leyes org�nicas en los aspectos relacionados con su capital y de que en adelante ser�an sociedades nacionales de cr�dito y no sociedades an�nimas y, en cuanto a su funcionamiento seguir�an rigi�ndose por sus respectivas leyes org�nicas y por la nueva ley. Adem�s, si hubiere alguna instituci�n nacional de cr�dito que no contara con ley org�nica, en tanto �sta se emitiera, se regir�a por la Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito.
Como se se�ala en argumentaciones anteriores, la ley bancaria de 1985, contiene diversos preceptos que normaron la actuaci�n de la banca de desarrollo y, as�, en el art�culo 31 se le atribuy� la posibilidad de realizar, adem�s de las actividades propias para su desarrollo, aquellas previstas para las instituciones de banca m�ltiple, entre ellas: la de otorgar pr�stamos o cr�ditos; promover la organizaci�n y transformaci�n de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y conservar acciones o partes de inter�s en las mismas (salvo que se tratara de empresas que les prestaran servicios complementarios o auxiliares, en cuyo caso, requer�an autorizaci�n de la Secretar�a de Hacienda, art�culo 68); llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas; y asumir obligaciones por cuenta de terceros; as�, incluso para conceder pr�stamos para pago de pasivos en los cr�ditos refaccionarios (art�culo 50-V).
Tambi�n en esta ley se sujet� a las instituciones nacionales de cr�dito a: utilizar los servicios de comisionistas o intermediarios autorizados por la Comisi�n Nacional Bancaria (art�culo 70); para el otorgamiento de cr�dito, en cuanto a documentaci�n e informaci�n requerida, deb�an sujetarse a la normatividad que emitiera la mencionada comisi�n (art�culo 71); en cuanto a propaganda y publicidad deb�an sujetarse a las reglas que emitiera la Secretar�a de Hacienda (art�culo 74); medidas de seguridad para sus instalaciones (art�culo 76); suspensi�n de labores (art�culo 75).
De lo anterior se desprende que las prohibiciones contenidas en el art�culo 8o. del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Cr�dito, quedaron derogados por virtud de las disposiciones contenidas en la Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito de 1984 y en vigor a partir del d�a quince de enero del a�o siguiente, que autorizaron a las instituciones nacionales de cr�dito (banca de desarrollo) para realizar las operaciones antes prohibidas.
Lo anterior en aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 9o. del C�digo Civil para el Distrito F., en cuanto dispone que: "La ley s�lo queda abrogada o derogada por otra posterior que as� lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.".
Resulta aplicable en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe:
"LEYES Y REGLAMENTOS, DIFERENCIA ENTRE LOS. El car�cter propio de la ley, aunque no reside en su generalidad ni en la impersonalidad de las �rdenes que da, ya que ese car�cter pueden tenerlo tambi�n los reglamentos, si consiste en el hecho de que la ley es una expresi�n de la voluntad nacional, manifestada mediante los congresos, lo que no puede decirse de un reglamento, que es la expresi�n de la voluntad de los administradores o de los �rganos del poder administrativo. Los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos preceptos no pueden modificar, as� como las leyes deben circunscribirse a la esfera que la C.�n les se�ala, la misma relaci�n debe guardar el reglamento en relaci�n con la ley respectiva, seg�n nuestro r�gimen constitucional. Alg�n tratadista, dice que la ley es una regla general escrita, a consecuencia de una operaci�n de procedimiento, que hace intervenir a los representantes de la naci�n, que declara obligatorias las relaciones sociales que derivan de la naturaleza de las cosas, interpret�ndolas desde el punto de vista de la libertad; el reglamento es una manifestaci�n de voluntad, bajo la forma de regla general, emitida por una autoridad que tiene el poder reglamentario y que tiende a la organizaci�n y a la polic�a del Estado, con un esp�ritu a la vez constructivo y autoritario (hasta aqu� el tratadista). Cuando mucho, se podr� admitir que el reglamento, desde el punto de vista material, es un acto legislativo, pero nunca puede serlo bajo el aspecto formal, ni por tener materias que est�n reservadas a la ley, o sea actos que puedan emanar de la facultad que corresponde al Poder Legislativo, porque desaparecer�a el r�gimen constitucional de separaci�n de funciones. La ley tiene cierta preferencia, que consiste en que sus disposiciones no pueden ser modificadas por un reglamento. Este principio es reconocido en el inciso ?f? del art�culo 72 de la C.�n, que previene que en la interpretaci�n, reforma o derogaci�n de las leyes o decretos, se observar�n los mismos tr�mites establecidos para su formaci�n. Conforme a la misma C.�n, hay materias que s�lo pueden ser reguladas por una ley. La reglamentaci�n de las garant�as individuales s�lo puede hacerse, salvo casos excepcionales, por medio de una ley, en sentido formal; del mismo modo que se necesita una ley para imponer contribuciones y penas para organizar la guardia nacional, etc. de modo que si bien existen algunas relaciones entre el reglamento y la ley, no pueden tener ambos el mismo alcance, ni por raz�n del �rgano que los expide, ni por raz�n de la materia que consignan, ni por la fuerza y autonom�a que en s� tienen, ya que el reglamento tiene que estar necesariamente subordinado a la ley, de lo cual depende su validez, no pudiendo derogar, modificar, ampliar y restringir el contenido de la misma, ya que s�lo tiene por objeto proveer a la exacta observancia las leyes que expide el Congreso de la Uni�n, de donde se deduce que si el art�culo 4o. constitucional exige una ley previa para que se restrinja la libertad de comercio y trabajo y la ley que establece la restricci�n no es m�s que un reglamento, como los art�culos constitucionales no pueden ser reglamentados sino por una ley, est� fuera de duda que la reglamentaci�n administrativa est� en pugna con la C.�n, pues el art�culo 89, fracci�n I, de la C.�n vigente, s�lo establece la facultad reglamentaria por lo que hace a las leyes expedidas por el Congreso de la Uni�n, y el mismo esp�ritu imper� en todas las C.ones anteriores." (Segunda S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXXII, p�gina 6715).
Finalmente, conviene destacar que la mencionada Ley Reglamentaria del Servicio P�blico de Banca y Cr�dito de mil novecientos ochenta y cinco, fue abrogada, a su vez, por el art�culo segundo transitorio de la Ley de Instituciones de Cr�dito, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del dieciocho de julio de mil novecientos noventa, ordenamiento jur�dico que en sus art�culos 46, fracci�n VI y 106, establece lo siguiente:
"Art�culo 46. Las instituciones de cr�dito s�lo podr�n realizar las operaciones siguientes:
"...
"VI. Efectuar descuentos y otorgar pr�stamos o cr�ditos ..."
"Art�culo 106. A las instituciones de cr�dito les estar� prohibido:
"I. Dar en garant�a sus propiedades;
"II. Dar en prenda los t�tulos o valores de su cartera, salvo que se trate de operaciones con el Banco de M�xico, con las instituciones de banca de desarrollo, con el Fondo Bancario de Protecci�n al Ahorro y los fideicomisos p�blicos constituidos por el Gobierno F. para el fomento econ�mico;
"III. Dar en garant�a t�tulos de cr�dito que emitan, acepten o conserven en tesorer�a;
"IV. Operar sobre los t�tulos representativos de su capital, salvo lo dispuesto por el �ltimo p�rrafo de los art�culos 19 y 38, y por el art�culo 122 de esta ley, as� como otorgar cr�ditos para la adquisici�n de tales t�tulos;
"V. Celebrar operaciones y otorgar servicios con su clientela en los que se pacten condiciones y t�rminos que se aparten de manera significativa de las condiciones de mercado prevalecientes en el momento de su otorgamiento, de las pol�ticas generales de la instituci�n, y de las sanas pr�cticas y usos bancarios;
"VI. Celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores de la instituci�n sus funcionarios y empleados, salvo que corresponda a prestaciones de car�cter laboral otorgadas de manera general; los comisarios propietarios o suplentes; los auditores externos de la instituci�n; o los ascendientes o descendientes en primer grado o c�nyuges de las personas anteriormente se�aladas. La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� autorizar excepciones a lo dispuesto en esta fracci�n, mediante reglas de car�cter general;
"VII. Aceptar o pagar documentos o certificar cheques en descubierto, salvo en los casos de apertura de cr�dito;
"VIII. Contraer responsabilidades u obligaciones por cuenta de terceros, distintas de las previstas en la fracci�n VIII del art�culo 46 de esta ley y con la salvedad a que se contrae la siguiente fracci�n;
"IX. Otorgar fianzas o cauciones, salvo cuando no puedan ser atendidas por las instituciones de fianzas, en virtud de su cuant�a y previa autorizaci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. Las garant�as a que se refiere esta fracci�n habr�n de ser por cantidad determinada y exigir�n contragarant�a en efectivo o en valores de los que puedan adquirir las instituciones de cr�dito conforme a esta ley;
"X. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos domiciliados, al ceder su domicilio para pagos o notificaciones. Esta disposici�n deber� hacerse constar en el texto de los documentos en los cuales se exprese el domicilio convencional;
"XI. Comerciar con mercanc�as de cualquier clase, excepto las operaciones con oro, plata y divisas que puedan realizar en los t�rminos de la presente ley y de la Ley Org�nica del Banco de M�xico;
"XII. Participar en sociedades que no sean de responsabilidad limitada y explotar por su cuenta establecimientos mercantiles o industriales o fincas r�sticas, sin perjuicio de la facultad de poseer bonos, obligaciones, acciones u otros t�tulos de dichas empresas conforme a lo previsto en esta ley. La Comisi�n Nacional Bancaria, podr� autorizar que contin�en su explotaci�n, cuando las reciban en pago de cr�ditos o para aseguramiento de los ya concertados, sin exceder los plazos a que se refiere la fracci�n siguiente;
"XIII. Adquirir con recursos provenientes de sus pasivos, t�tulos, valores, o bienes de los se�alados en las fracciones I y III del art�culo 55 de esta ley. La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, podr� autorizar excepciones, mediante reglas de car�cter general.
"Cuando una instituci�n de cr�dito reciba en pago de adeudos o por adjudicaci�n en remate dentro de juicios relacionados con cr�ditos a su favor, t�tulos o valores, que no deba conservar en su activo, as� como bienes o derechos de los se�alados en esta fracci�n, deber� sujetarse a las disposiciones de car�cter general que establezca la Comisi�n Nacional Bancaria;
"XIV. Mantener cuentas de cheques a aquellas personas que en el curso de dos meses hayan librado tres o m�s de dichos documentos, que presentados en tiempo no hubieren sido pagados por falta de fondos disponibles y suficientes, a no ser que esta falta de fondos se deba a causa no imputable al librador.
"Cuando alguna persona incurra en la situaci�n anterior, las instituciones dar�n a conocer a la Comisi�n Nacional Bancaria el nombre de la misma, para el efecto de que tal organismo lo d� a conocer a todas las instituciones de cr�dito del pa�s, las que en un periodo de un a�o no podr�n abrirle cuenta. El interesado podr� acudir ante la citada comisi�n a manifestar lo que a su derecho corresponda;
"XV. Pagar anticipadamente, en todo o en parte, obligaciones a su cargo derivadas de dep�sitos bancarios de dinero, pr�stamos o cr�ditos, bonos, obligaciones subordinadas o reportes;
"XVI. Adquirir t�tulos o valores emitidos o aceptados por ellas o por otras instituciones de cr�dito; as� como readquirir otros t�tulos, valores o cr�ditos a cargo de terceros que hubieren cedido, salvo el caso de las operaciones de reporto y de las previstas en el art�culo 93 de esta ley;
"XVII. Otorgar cr�ditos o pr�stamos con garant�a de:
"a) Los pasivos a que se refieren las fracciones I, incisos b), c) y d) y II a IV del art�culo 46 de esta ley, a su cargo o de cualquier instituci�n de cr�dito, y
"b) Derechos sobre fideicomisos, mandatos o comisiones que, a su vez, tengan por objeto los pasivos mencionados en el inciso anterior;
"c) Acciones de entidades financieras o sociedades controladoras de grupos financieros, salvo que cuenten con la autorizaci�n previa de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, quien para resolver oir� la opini�n del Banco de M�xico y de la Comisi�n Nacional Bancaria y de Valores.
"XVIII. Celebrar operaciones bancarias activas o pasivas, por un plazo mayor de veinte a�os, sea cual fuere la forma de documentar las mismas, y
"XIX. En la realizaci�n de las operaciones a que se refiere la fracci�n XV del art�culo 46 de esta ley:
"a) Celebrar operaciones con la propia instituci�n en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones. El Banco de M�xico podr� autorizar, mediante disposiciones de car�cter general, la realizaci�n de determinadas operaciones cuando no impliquen un conflicto de intereses;
"b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los deudores, por los cr�ditos que se otorguen o de los emisores, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, seg�n lo dispuesto en la parte final del art�culo 356 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, o garantizar la percepci�n de rendimientos por los fondos cuya inversi�n se les encomiende.
"Si al t�rmino del fideicomiso, mandato o comisi�n constituidos para el otorgamiento de cr�ditos, �stos no hubieren sido liquidados por los deudores, la instituci�n deber� transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, seg�n el caso, o al mandante o comitente, absteni�ndose de cubrir su importe.
"Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los dos p�rrafos anteriores, no producir� efecto legal alguno.
"En los contratos de fideicomiso, mandato o comisi�n se insertar�n en forma notoria los p�rrafos anteriores de este inciso y una declaraci�n de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber inequ�vocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes para su inversi�n;
"c) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al otorgamiento de cr�ditos, en que la fiduciaria tenga la facultad discrecional, en el otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de los cuales resulten o puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de administraci�n o consejo directivo, seg�n corresponda, tanto propietarios como suplentes, est�n o no en funciones; los empleados y funcionarios de la instituci�n; los comisarios propietarios o suplentes, est�n o no en funciones; los auditores externos de la instituci�n; los miembros del comit� t�cnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendientes en primer grado o c�nyuges de las personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayor�a dichas personas o las mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco de M�xico determine mediante disposiciones de car�cter general, y
"d) Administrar fincas r�sticas, a menos que hayan recibido la administraci�n para distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o acreedores, o para pagar una obligaci�n o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus productos, y sin que en estos casos la administraci�n exceda del plazo de dos a�os.
"El Banco de M�xico podr� autorizar, mediante reglas generales, excepciones a lo dispuesto en las fracciones I y II de este art�culo, con vistas a propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos, y a lo previsto en las fracciones XV a XVIII a fin de procurar la captaci�n de recursos por las instituciones o regular la celebraci�n de operaciones, en los t�rminos m�s adecuados a la situaci�n del mercado o del sistema bancario.
"La Comisi�n Nacional Bancaria podr� autorizar excepciones a lo dispuesto en las fracciones I y II de este art�culo, siempre y cuando sea para coadyuvar a la estabilidad de las instituciones de cr�dito o del sistema bancario."
De la transcripci�n precedente se advierte con toda claridad, que la Ley de Instituciones de Cr�dito que constituye el ordenamiento jur�dico vigente y por tanto aplicable a las instituciones de banca m�ltiple, como lo son las involucradas en la presente contradicci�n de tesis, faculta expresamente a las citadas instituciones de cr�dito para otorgar pr�stamos o cr�ditos; en la inteligencia de que el precitado art�culo 106, que establece las prohibiciones a las que est�n sujetas dichas instituciones, en ninguna de sus fracciones proh�be a tales organismos otorgar financiamientos para el pago de pasivos; por lo que debe concluirse que en la especie el art�culo 8o., inciso b), del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales del Cr�dito, publicado en el Diario Oficial del veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, es inaplicable por las razones indicadas, a los contratos de apertura de cr�dito en los que se otorga un cr�dito adicional para el pago de pasivos.
En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de A., en este tema debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno, cuyo rubro y texto a continuaci�n se indican:
APERTURA DE CR�DITO PARA EL PAGO DE PASIVOS. EL CONTRATO RELATIVO PACTADO CON INSTITUCIONES DE BANCA M�LTIPLE PARA TAL FIN, NO EST� REGIDO POR EL REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES NACIONALES DE CR�DITO, NI ES CONTRARIO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CR�DITO. Cuando en la celebraci�n de un contrato de apertura de cr�dito, las partes convienen a la vez un cr�dito adicional que permita al acreditado, de serle necesario, cubrir el importe de los intereses a su cargo, evidentemente se est� en presencia de un cr�dito para el pago de pasivos, operaci�n que se encontraba prohibida por el art�culo 8o., inciso b),del Reglamento sobre las Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Cr�dito; sin embargo, tal disposici�n no resulta aplicable a la hip�tesis examinada, en virtud de que, por una parte, en el propio art�culo se restringi� su aplicaci�n exclusivamente a las instituciones que actualmente se conocen como banca de desarrollo, y a las organizaciones nacionales auxiliares de cr�dito, por lo que tal precepto nunca fue aplicable a la banca comercial, conocida actualmente como banca m�ltiple. Asimismo, debe resaltarse que el art�culo 46, fracci�n VI, de la Ley de Instituciones de Cr�dito, faculta a dichas instituciones para otorgar pr�stamos o cr�ditos, y el art�culo 106 de la propia ley que establece cu�les son las actividades prohibidas a tales instituciones, no contempla la prohibici�n de referencia.
S�PTIMO. Como otro tema de contradicci�n denunciado por el presidente de la Primera S. de esta Suprema Corte, se plantea si resulta nula la cl�usula pactada en un contrato de apertura de cr�dito, que prev� un cr�dito adicional para aplicaci�n a intereses, porque la instituci�n de cr�dito que la otorga, en t�rminos del art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, no estim� la viabilidad econ�mica de los proyectos de inversi�n respectivos, los plazos de su recuperaci�n, las relaciones que guardan entre s� los distintos conceptos de los estados financieros y la situaci�n econ�mica de los acreditados. En efecto, el tema de la denuncia a tratar qued� enunciado de la siguiente forma:
"�ES NULA LA CL�USULA PACTADA EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO, QUE PREV� UN CR�DITO ADICIONAL PARA APLICACI�N DE INTERESES, SI LA INSTITUCI�N DE CR�DITO QUE LA OTORGA, EN T�RMINOS DEL ART�CULO 65 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CR�DITO, NO ESTIM� LA VIABILIDAD ECON�MICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSI�N RESPECTIVOS, LOS PLAZOS DE SU RECUPERACI�N, LAS RELACIONES QUE GUARDEN ENTRE S� LOS DISTINTOS CONCEPTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS O LA SITUACI�N ECON�MICA DE LOS ACREDITADOS?"
Es pertinente se�alar que no participan en esta contradicci�n los criterios expresados por los Tribunales Colegiados Quinto en Materia Civil del Primer Circuito, en su ejecutoria n�mero 4135/97 (correspondiente al n�mero 20 del legajo), Octavo en Materia Civil del Primer Circuito en su sentencia n�mero 681/97 (n�mero 42 del legajo) y Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en su resoluci�n n�mero 8049/97 (n�mero 49 del legajo), los cuales se ocupan del an�lisis de la teor�a de la imprevisi�n, arribando a la conclusi�n de que es inaplicable por la v�a jurisdiccional en el sistema jur�dico mexicano pues, en todo caso, se�alan, puede acudirse a ella mediante la creaci�n por parte del legislador de normas generales que atemperen las obligaciones contractuales.
As� es, los mencionados tribunales sostienen criterios coincidentes; lo anterior se comprueba con la transcripci�n de la parte relativa de las consideraciones vertidas por los citados tribunales, al resolver los respectivos juicios de amparo directo civil que se insertan a continuaci�n:
"Con independencia de lo dicho, cabe decir que asisti� raz�n a la S. responsable, pues efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha establecido el criterio de que en materia civil el art�culo 1796 del C�digo Civil para el Distrito F. (similar al 78 del C�digo de Comercio) establece que en los contratos, las partes se obligan al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas, y adem�s, a las consecuencias que de aqu�llos se deriven; que por tanto, de existir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la econom�a de un determinado grupo social, no apreciado por las partes, se podr�n modificar las condiciones de los contratos relativos, pero que ello tendr�a que ser mediante disposiciones de car�cter general. Los criterios que sustentan lo dicho fueron expuestos por la entonces Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en las tesis consultables, la primera, en la p�gina 29 del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Tomo 139-144, Cuarta Parte, y la segunda, en la p�gina 35 del Semanario y �poca se�alados, Tomo 193-198, Cuarta Parte, que en el orden indicado dicen: ?CONTRATOS, INAPLICABILIDAD DE LA TEOR�A DE LA IMPREVISI�N EN LOS. El art�culo 1625 del C�digo Civil del Estado de M�xico, igual al 1796 del C�digo Civil del Distrito F., supletoriamente aplicado (trat�ndose de una compraventa mercantil), siguiendo el sistema r�gido de los contratos, acorde con el principio relativo a los efectos de la declaraci�n de voluntad, dispone que aqu�llos obligan a las partes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas, y adem�s, a las consecuencias que de los mismos se deriven, seg�n su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o a la ley, precepto que, en esas condiciones, no deja lugar a su interpretaci�n a fin de aplicar la teor�a de la imprevisi�n en raz�n de esa buena fe, que obviamente constituye un principio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones, cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, aun cuando sobrevengan acontecimientos que no se previeron o no pudieron preverse y que la modifiquen, como lo estima don T.G.�a en su �Teor�a de la Imprevisi�n en los Contratos bajo el R�gimen de Derecho Civil y del C.L.�, m�xime si se toma en cuenta que de acuerdo con lo estatuido en el art�culo 385 del C�digo de Comercio, las ventas de naturaleza mercantil no se rescinden aun por causa de lesi�n, sin que ello impida, por otra parte, que de existir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la econom�a de un determinado grupo social, no apreciado por las partes, se modifiquen las condiciones de los contratos relativos, mediante disposiciones de car�cter general.?. ?CONTRATOS. INAPLICABILIDAD DE LA TEOR�A DE LA IMPREVISI�N. El art�culo 1796 del C�digo Civil del Distrito F., supletoriamente aplicado, siguiendo el sistema r�gido de los contratos, acorde con el principio relativo a los efectos de la declaraci�n de voluntad, dispone que aqu�llos obligan a las partes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas, y adem�s, a las consecuencias que de los mismos se deriven, seg�n su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o a la ley, precepto que, en esas condiciones, no deja lugar a su interpretaci�n a fin de aplicar la teor�a de la imprevisi�n en raz�n de esa buena fe, que obviamente constituye un principio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, aun cuando sobrevengan acontecimientos que no se previeron o no pudieron preverse y que la modifiquen, sin que ello impida, por otra parte, que de existir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la econom�a de un determinado grupo social, no apreciado por las partes, se modifiquen las condiciones de los contratos relativos, mediante disposiciones de car�cter general.?. Lo anterior significa que la imprevisi�n en los contratos como forma de modificar las condiciones en ellos pactadas, s�lo puede tener aplicaci�n mediante disposiciones de car�cter general, pues tanto la legislaci�n civil para el Distrito F. (art�culo 1796) como la codificaci�n mercantil (art�culo 78 C�digo de Comercio) obligan a las partes en el contrato a cumplir con las obligaciones expresamente pactadas y desde luego a las consecuencias que ello origine." (A. directo civil 4135/97 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el n�mero 20 del legajo).
"Por otro lado, trat�ndose de contratos mercantiles que siguen el sistema r�gido de los contratos, acorde con el principio relativo a los efectos de la declaraci�n de voluntad, dispone que aqu�llos obligan a las partes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas y adem�s, a las consecuencias que de los mismos se deriven, seg�n su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o la ley, conforme a lo dispuesto por el art�culo 78 del C�digo de Comercio, precepto que no deja lugar a su interpretaci�n a fin de aplicar la teor�a de la imprevisi�n en raz�n de la buena fe, que obviamente constituye un principio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones, cualquiera que resulte de la magnitud de su contenido, aun cuando sobrevengan acontecimientos que no se previeron o no pudieron preverse y que la modifiquen; como sucedi�, que cuando se celebr� el contrato b�sico (seis de agosto de mil novecientos noventa y dos), exist�a diversa situaci�n econ�mica en el pa�s, y que posteriormente hayan variado esas condiciones y se hubieran elevado considerablemente los intereses, pues ello fue debido a causas externas no imputables a las partes contratantes y por el cual se vio afectada toda la poblaci�n, incluyendo al banco demandado; por lo que, ello no da causa a la nulidad de las citadas cl�usulas, precisamente por la libertad contractual y el principio de buena fe; sino en todo caso, ser�a motivo de que se modificaran los contratos relativos mediante disposiciones de car�cter general.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Informe correspondiente al a�o de mil novecientos ochenta, Tercera S., tesis veinticinco, p�gina treinta y uno, cuyo texto expresa:
"?CONTRATOS, INAPLICABILIDAD DE LA TEOR�A DE LA IMPREVISI�N EN LOS. El art�culo 1625 del C�digo Civil del Estado de M�xico, igual al 1796 del C�digo Civil del Distrito F., supletoriamente aplicado (trat�ndose de una compraventa mercantil), siguiendo el sistema r�gido de los contratos, acorde con el principio relativo a los efectos de la declaraci�n de voluntad, dispone que aqu�llos obligan a las partes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas, y adem�s, a las consecuencias que de los mismos se deriven, seg�n su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o la ley, precepto que, en esas condiciones, no deja lugar a su interpretaci�n a fin de aplicar la teor�a de la imprevisi�n en raz�n de esa buena fe, que obviamente constituye un principio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones, cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, aun cuando sobrevengan acontecimientos que no se previeron o no pudieron preverse y que la modifiquen, como lo estima don T.G.�a en su Teor�a de la Imprevisi�n en los Contratos bajo el R�gimen de Derecho Civil y del C.L., m�xime si se toma en cuenta que de acuerdo con lo estatuido en el art�culo 385 del C�digo de Comercio, las ventas de naturaleza mercantil no se rescinden aun por causa de lesi�n, sin que ello impida, por otra parte, que de existir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la econom�a de un determinado grupo social, no apreciado por las partes, se modifiquen las condiciones de los contratos relativos mediante disposiciones de car�cter general.? (A. directo civil 681/97, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente al n�mero 42 del legajo).
"Por lo que se refiere a la teor�a de la imprevisi�n, que a criterio de la quejosa debi� tomarse en consideraci�n no s�lo para reducir intereses, sino para declarar nulo el convenio de reconocimiento de adeudo y el modificatorio, debe decirse que el tribunal de apelaci�n no puede fundar sus fallos en base a la teor�a indicada, porque el permitirse la intervenci�n judicial para modificar la voluntad de las partes, plasmada en un contrato, ser�a contrario a la seguridad jur�dica, a la estabilidad contractual y vulnerar�a el principio en que descansa la autonom�a de la voluntad. Adem�s, frente a la teor�a mencionada, cobra vigencia la regla pacta sunt servanda, que contiene una tesis adversa, en el sentido de que los contratos deben cumplirse aunque las circunstancias cambien, pues ni la buena fe, ni la equidad, sirven de base para adoptar la anterior m�xima; regla que ha sido aceptada, en t�rminos generales, por el C�digo Civil, al establecer, por ejemplo, en el art�culo 1797, lo siguiente: ?La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.?, y si bien es verdad que el mismo c�digo, respecto de esta regla general, ha establecido excepciones como las que aparecen en el art�culo 2255, ello quiere decir que en nuestro sistema jur�dico toca al legislador y no al Juez modificar, por conceptos de observancia general, las condiciones de los contratos en circunstancias extraordinarias." (A. directo civil 8049/97, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, marcado con el n�mero 49 del legajo).
Ninguna de las ejecutorias referidas en la denuncia de contradicci�n de tesis contiene un criterio incompatible con el invocado en las consideraciones supratranscritas, de suerte tal, que resulta procedente declarar que no hay contradicci�n de tesis, ya que el se�alado grupo de ejecutorias contienen un criterio coincidente, el cual no fue rebatido por ninguna otra ejecutoria de las confrontadas en este asunto, y no abordan, menos a�n sostienen criterio sobre el tema de la nulidad o no del cr�dito otorgado, sin la previa elaboraci�n del proyecto de viabilidad econ�mica a que se contrae el art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, debe establecerse, por tanto, que no forman parte de la contradicci�n de tesis que se analiza.
Finalmente, el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo n�mero 654/96 (n�mero 106 del legajo), resuelto en sesi�n celebrada el nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, sostiene en sus consideraciones el tema de la situaci�n financiera que se vivi� despu�s de la crisis de mil novecientos noventa y cuatro, estableciendo que no constitu�an caso fortuito o fuerza mayor, figuras conforme a las cuales se dispensa el cumplimiento de las obligaciones.
Las consideraciones de donde emerge tal planteamiento, en lo conducente se�alan:
"En el segundo concepto de violaci�n se aduce que la S. responsable incorrectamente consider� que la devaluaci�n monetaria sufrida en el pa�s durante el mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, no constitu�a un caso fortuito que hab�a hecho imposible el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato crediticio de que se trata, lo cual es inexacto, a decir de los impetrantes, porque los efectos de dicho fen�meno econ�mico carecen de estimaci�n en cuanto a su duraci�n y da�o, siendo un hecho notorio que debido a tal desquiciamiento financiero, diversas empresas en el pa�s resultaron ?quebradas? (sic) en su econom�a; y, que dicha ad quem, de manera deficiente, hab�a considerado como sin�nimos los conceptos ?fuerza mayor? y ?caso fortuito?. Lo anterior resulta infundado, si se toma en consideraci�n que como lo consider� la emisora del fallo reclamado, aun cuando la depreciaci�n de la moneda nacional propici� el aumento en los �ndices de inflaci�n y desde luego elev� el costo del dinero o tasas de inter�s, lo cual dificult� el cumplimiento de las obligaciones contra�das con las instituciones bancarias, no por ese solo hecho puede aseverarse que dicha devaluaci�n importa un caso fortuito o fuerza mayor que hubiera tornado imposible la realizaci�n del pago de las amortizaciones derivadas del acuerdo de voluntades suscrito entre los quejosos y el banco tercero perjudicado, habida cuenta que de conformidad con el Diccionario Jur�dico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, Editorial Porr�a, Octava E.�n, M�xico, 1995, p�ginas cuatrocientos treinta vuelta a cuatrocientos treinta y una vuelta, el caso fortuito o fuerza mayor presenta los siguientes caracteres: a) debe ser irresistible; b) imprevisible; y, c) exterior, es decir, debe producirse fuera de la esfera de responsabilidad del deudor. De lo anterior se sigue que, contrario a lo alegado, la devaluaci�n de la moneda en M�xico no puede equipararse a un caso fortuito, por no resultar un hecho irresistible, entendido como tal la imposibilidad absoluta y no una simple dificultad en el cumplimiento de una obligaci�n. Ciertamente, el estado de desorden econ�mico en comento, no est� acreditado que impidiera que los acreditados hoy quejosos, satisficieran el compromiso a su cargo, consistente en el pago de las parcialidades del cr�dito que se les otorg�, sino, resulta evidente que hizo m�s dif�cil el cumplimiento de esas obligaciones, m�xime que, como los propios amparistas lo destacan en sus motivos de agravio, a iniciativa del Gobierno F. se estableci� un programa de apoyo a los deudores de la banca, por cuya virtud se renegociaron los cr�ditos celebrados antes de la fecha en que aconteci� la devaluaci�n, de tal suerte que con base en esas medidas, se hizo posible la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los acreditados. As�, al margen de la discrepancia doctrinaria existente entre los t�rminos ?fuerza mayor? y ?caso fortuito?, se desprende que devienen infundadas las argumentaciones que se analizan pues la devaluaci�n de nuestra moneda, en modo alguno est� demostrado que impidiera el cumplimiento en el pago de las amortizaciones, siquiera de capital como lo destac� la S., por parte de los ahora impetrantes." (A. directo civil 654/96, del Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, marcado con el n�mero 106 del legajo).
As�, como en tal ejecutoria no se aborda y menos a�n se inclina hacia uno de los dos criterios opuestos, es decir, sobre la nulidad o no del cr�dito otorgado sin la previa elaboraci�n del proyecto de viabilidad econ�mica a que se refiere el multicitado art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito; ni, por otro lado, existe criterio encontrado a sus consideraciones que versan sobre el caso fortuito o fuerza mayor para liberar de las obligaciones contractuales a los deudores de la banca, dado que su cumplimiento deriv� en una imposibilidad para cumplir a ra�z de la devaluaci�n monetaria de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, debe concluirse que no existe contradicci�n de tesis sobre ese punto.
En cambio, existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados S�ptimo (4457/97, [n�mero 31 del legajo], 4507/97 [n�mero 32 del legajo], 6397/97 [n�mero 34 del legajo], 10037/97 [n�mero 36 del legajo], 1887/98 [n�mero 38 del legajo]) y Octavo (328/98 [n�mero 45 del legajo]) en Materia Civil del Primer Circuito, frente a los criterios del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito (en los asuntos n�meros 439/98 [n�mero 70 del legajo] y 463/98 [n�mero 71 del legajo]) y el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito (asuntos n�meros 1412/97 [n�mero 197 del legajo] y 1741/97 [n�mero 200 del legajo]).
Los Tribunales Colegiados S�ptimo y Octavo en Materia Civil del Primer Circuito, que se inclinan por considerar que la existencia del proyecto de viabilidad econ�mica, constituye una condici�n indispensable del contrato, formulan en t�rminos generales, los siguientes razonamientos:
a) El esquema financiero dise�ado en el contrato base de la acci�n, se aparta de lo previsto en los art�culos 4o., 49, 77,106, fracci�n V y 112, fracci�n V, incisos c) y d), de la Ley de Instituciones de Cr�dito, por no haberse demostrado en autos el cumplimiento del requisito previo al otorgamiento del cr�dito,consistente en la debida estimaci�n de viabilidad econ�mica o proyecto de viabilidad econ�mica del acreditado, previsto en el art�culo 65 de la ley invocada, pues los bancos en acatamiento a la sana pr�ctica bancaria, tienen la obligaci�n legal de cuidar que las condiciones de los cr�ditos, como son los montos, plazos, reg�menes de amortizaci�n, etc�tera, guarden una relaci�n adecuada con la situaci�n econ�mica presente y previsible de los acreditados, seg�n lo previene el art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito.
b) En t�rminos del �ltimo precepto citado, se encomienda a la Comisi�n Nacional Bancaria la vigilancia del debido cumplimiento y el art�culo 106, fracci�n V, de la Ley de Instituciones de Cr�dito, proh�be a la banca celebrar operaciones pactadas en condiciones y t�rminos que se aparten de manera significativa del mercado prevaleciente en el momento del otorgamiento, de las pol�ticas generales de la instituci�n y de las sanas pr�cticas y usos bancarios; adem�s de que en t�rminos del numeral 112, fracci�n V, incisos c) y d), de la citada ley, se considera como un delito el que los empleados y funcionarios de los bancos otorguen cr�ditos, o los renueven a sabiendas del estado de insolvencia del acreditado.
c) Es pol�tica bancaria derivada del citado art�culo 65, que para que una persona pudiera ser sujeto de cr�dito, ten�a que demostrar ingresos suficientes que rebasaran en determinada medida el importe del pago mensual, que los propios bancos establec�an seg�n el monto del cr�dito solicitado, de manera que la instituci�n demandada para otorgar el financiamiento, estuvo constre�ida a efectuar la estimaci�n del proyecto de viabilidad econ�mica y de los otros aspectos que guarda la disposici�n, procurando que las condiciones del cr�dito guardaran un sano equilibrio con la situaci�n presente y previsible del acreditado conforme creciera la inflaci�n.
Lo anterior se desprende del contenido de las partes relativas de las ejecutorias que se transcriben a continuaci�n:
"En el caso, el esquema financiero dise�ado en el contrato base de la acci�n se aparta de lo previsto en los art�culos 4o., 49, 77, 65, 106, fracci�n V y 112, fracci�n V, incisos c) y d), de la Ley de Instituciones de Cr�dito.
"En primer t�rmino, al no estar demostrado el requisito de previo cumplimiento consistente en la debida estimaci�n de viabilidad econ�mica del cr�dito, impuesto por el art�culo 65 reproducido con antelaci�n.
"En efecto, es pol�tica bancaria derivada de dicho dispositivo legal, que para que una persona pudiera ser sujeto de cr�dito, ten�a que demostrar ingresos suficientes que rebasaran en determinada medida el importe del pago mensual, que los propios bancos establec�an seg�n el monto del cr�dito solicitado.
"De esta manera, se sigue que la instituci�n demandada, para otorgar el financiamiento, estuvo constre�ida a efectuar la estimaci�n del proyecto de viabilidad econ�mica y de los otros aspectos que marca la disposici�n, procurando que las condiciones del cr�dito guardaran un sano equilibrio con la situaci�n presente y previsible de los acreditados.
"En el caso, no est� acreditado que se haya llevado a cabo la estimaci�n de ley del proyecto de viabilidad econ�mica, ni el estudio de la situaci�n presente y previsible de los acreditados, hoy quejosos, condici�n indispensable para el otorgamiento del financiamiento bancario y principio fundamental que debi� observarse a fin de que el banco pudiera recuperar el cr�dito y evitar situaciones de insolvencia y por ende, de falta de pago, pues de haberlo hecho dada su condici�n de experto financiero, hubiera advertido la inviabilidad del cr�dito en las condiciones en que fue otorgado.
"Para constatar lo antes dicho es pertinente se�alar, que la parte demandada mediante escrito de diecis�is de mayo de mil novecientos noventa y seis, que aparece a fojas ochenta y dos y ochenta y tres del juicio natural, s�lo ofreci� como pruebas de su parte la confesional de los actores; la documental p�blica consistente en el testimonio de la escritura p�blica n�mero 11,336, pasada ante la fe del licenciado R.T.O., notario p�blico n�mero 161 del Distrito F. y sus anexos; la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado.
"Lo anterior, pone de manifiesto que la instituci�n crediticia tercero perjudicada, no prob� haberse apegado a las sanas pr�cticas y usos bancarios, m�xime si se toma en cuenta, seg�n se ver� m�s adelante, que en forma por dem�s incongruente e ilegal, desde el momento en que se pact� el cr�dito en controversia, la instituci�n bancaria concedi� un cr�dito adicional para cubrir los intereses que se generaran, lo cual demuestra que desde un principio el banco consider� que los intereses devengados iban a ser mayores que los pagos, o sea, que los acreditados no iban a poder cubrir con sus ingresos los pagos mensuales a que se estaban obligando." (A. directo civil 4457/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el n�mero 31 del legajo).
"En ese orden de ideas se advierte que, el banco demandado incumpli� con lo previsto por el art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, puesto que no exhibi� los documentos requeridos para ello, consistentes en el esquema financiero y el estudio socioecon�mico que le practic� a la actora para determinar si era sujeto de cr�dito, y as� poder estimar la viabilidad econ�mica del proyecto de inversi�n, establecer el comportamiento del cr�dito, los pagos que tendr� que realizar la acreditada mensualmente y el plazo m�ximo en el cual se liberar�a de su obligaci�n contractual, lo que en la especie no aconteci�.
"M�xime, que para demostrar la inviabilidad econ�mica del cr�dito, la actora ofreci� la pericial en materia de c�lculos matem�ticos financieros a cargo de V�ctor Ra�l B. G�mez, quien concluy�: ?... que, el contrato era inviable de origen, puesto que no hay ninguna raz�n para suponer que el acreditado iba a incrementar sus ingresos de tres a cinco veces por encima del ritmo de la inflaci�n, para poder salvar el compromiso que el m�todo financiero planteado en el contrato le impone y que se demuestra en las corridas financieras comentadas en este estudio, elaborada previamente por el suscrito y que sustenta este dictamen.? (fojas 152 a 163 del expediente 2567/95).
"C.�n que comparti� el perito contable nombrado en rebeld�a por la parte demandada Eduardo Efra�n G.�n C., al emitir su dictamen en el juicio natural, lo que en su parte conducente se transcribe: ?Efectivamente el esquema matem�tico contenido en el cr�dito estudiado es inviable, porque en cualquier circunstancia econ�mica conduce inevitablemente a la insolvencia de la actora, ya que no permite que los abonos sean lo suficientemente grandes como para que se d� una sana amortizaci�n. Tal y como lo muestran los estudios presentados por la actora con su demanda y que son avalados por el que suscribe, por estar hechos conforme a las f�rmulas contenidas en el cr�dito en estudio y que representan la estimaci�n m�s razonable que del mencionado cr�dito puede hacerse hacia el futuro; estimaci�n que se hace necesaria para determinar si debe o no otorgarse dicho cr�dito.? (fojas 251 a 257 del expediente citado).
"Probanzas que la S. responsable en forma ilegal desestim�, puesto que de tales dict�menes se llega a la conclusi�n que el contrato de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a celebrado entre M.�a del C.G.C.�s y Banco Mexicano, S., fue inviable desde su origen, ya que el esquema financiero que maneja es demasiado alto y no permite que los abonos aumenten lo suficiente para compensar el crecimiento del saldo, conduciendo a la insolvencia de la actora." (A. directo civil 4507/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el n�mero 32 del legajo).
"En el caso, el esquema financiero dise�ado en el contrato base de la acci�n se aparta de lo previsto en los art�culos 4o., 49, 77, 65, 106, fracci�n V y 112, fracci�n V, incisos c) y d), de la Ley de Instituciones de Cr�dito.
"En primer t�rmino, al no estar demostrado el requisito de previo cumplimiento consistente en la debida estimaci�n de viabilidad econ�mica del cr�dito, impuesto por el art�culo 65 reproducido con antelaci�n.
"En efecto, es pol�tica bancaria derivada de dicho dispositivo legal, que para que una persona pudiera ser sujeto de cr�dito, ten�a que demostrar ingresos suficientes que rebasaran en determinada medida el importe del pago mensual, que los propios bancos establec�an seg�n el monto del cr�dito solicitado.
"De esta manera, se sigue que la instituci�n demandada, para otorgar el financiamiento, estuvo constre�ida a efectuar la estimaci�n del proyecto de viabilidad econ�mica y de los otros aspectos que marca la disposici�n, procurando que las condiciones del cr�dito guardaran un sano equilibrio con la situaci�n presente y previsible del acreditado.
"Esto es lo que la parte quejosa denomina como el ?estudio socioecon�mico o de factibilidad econ�mica?, que se traduce, entre otras cosas, en el estudio correspondiente de las condiciones econ�micas presentes y previsibles del acreditado, tendiente a verificar su capacidad de pago del financiamiento conforme creciera el ritmo de la inflaci�n.
"En el caso, no est� acreditado que se haya llevado a cabo la estimaci�n de ley del proyecto de viabilidad econ�mica, ni el estudio de la situaci�n presente y previsible de los acreditados, hoy quejosos, condici�n indispensable para el otorgamiento del financiamiento bancario y principio fundamental que debi� observarse a fin de que el banco pudiera recuperar el cr�dito y evitar situaciones de insolvencia y por ende, de falta de pago, pues de haberlo hecho dada su condici�n de experto financiero, hubiera advertido la inviabilidad del cr�dito en las condiciones en que fue otorgado.
"Para constatar lo antes dicho es pertinente se�alar, que la parte demandada mediante escrito de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que aparece a fojas ciento veintis�is y ciento veintisiete del juicio natural, s�lo ofreci� como pruebas de su parte la confesional de los actores; la documental p�blica consistente en el contrato de apertura de cr�dito celebrado el trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro ante el notario p�blico n�mero 157 del Distrito F.; la documental privada consistente en el estado de cuenta correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis; la instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado y, la presuncional legal y humana.
"Lo anterior, pone de manifiesto que la instituci�n crediticia tercero perjudicada, no prob� haberse apegado a las sanas pr�cticas y usos bancarios, m�xime si se toma en cuenta, seg�n se ver� m�s adelante, que en forma por dem�s incongruente e ilegal, desde el momento en que se pact� el cr�dito en controversia, la instituci�n bancaria concedi� un cr�dito adicional para cubrir los intereses que se generaran, lo cual demuestra que desde un principio el banco consider� que los intereses devengados iban a ser mayores que los pagos, o sea, que los acreditados no iban a poder cubrir con sus ingresos los pagos mensuales a que se estaban obligando." (A. directo civil 6397/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente al legajo n�mero 34).
"En el caso, el esquema financiero dise�ado en el contrato base de la acci�n se aparta de lo previsto en los art�culos 4o., 49, 77, 65, 106, fracci�n V y 112, fracci�n V, incisos c) y d), de la Ley de Instituciones de Cr�dito.
"En primer t�rmino, al no estar demostrado el requisito de previo cumplimiento consistente en la debida estimaci�n de viabilidad econ�mica del cr�dito, impuesto por el art�culo 65 reproducido con antelaci�n.
"En efecto, es pol�tica bancaria derivada de dicho dispositivo legal, que para que una persona pudiera ser sujeto de cr�dito, ten�a que demostrar ingresos suficientes que rebasaran en determinada medida el importe del pago mensual, que los propios bancos establec�an seg�n el monto del cr�dito solicitado.
"De esta manera, se sigue que la instituci�n demandada, para otorgar el financiamiento, estuvo constre�ida a efectuar la estimaci�n del proyecto de viabilidad econ�mica y de los otros aspectos que marca la disposici�n, procurando que las condiciones del cr�dito guardaran un sano equilibrio con la situaci�n presente y previsible del acreditado.
"Esto es lo que la parte quejosa denomina ?obligaci�n legal de previsi�n?, que se traduce, entre otras cosas, en el estudio correspondiente de las condiciones econ�micas presentes y previsibles del acreditado, tendiente a verificar su capacidad de pago del financiamiento conforme creciera el ritmo de la inflaci�n.
"En el caso no est� acreditado que se haya llevado a cabo la estimaci�n de ley del proyecto de viabilidad econ�mica ni el estudio de la situaci�n presente y previsible del acreditado, hoy quejoso, condici�n indispensable para el otorgamiento del financiamiento bancario y principio fundamental que debi� observarse a fin de que el banco pudiera recuperar el cr�dito y evitar situaciones de insolvencia y por ende de falta de pago, pues de haberlo hecho dada su condici�n de experto financiero, hubiera advertido la inviabilidad del cr�dito en las condiciones en que fue otorgado.
"Para constatar lo antes dicho, es pertinente se�alar que como se aprecia del escrito inicial de demanda, el antes actor, en el hecho X, entre otras cuestiones, manifest� que ?el contrato original es nulo de pleno derecho, por ser violatorio del art�culo 65, de la Ley de Instituciones de Cr�dito, en virtud de que el cr�dito se concedi� con base en un modelo financiero inviable, imposible su pago, pues el banco se abstuvo de realizar el estudio previo de viabilidad econ�mica que la ley le obliga para el otorgamiento de un cr�dito?.
"Es el caso que al contestar la demanda, la instituci�n de cr�dito, sobre el particular dijo:
"?X. Se niega lo aseverado en el hecho d�cimo, ya que el contrato inicial celebrado entre las partes no es violatorio de lo dispuesto por los art�culos 65 y 106 V de la Ley de Instituciones de Cr�dito puesto que al momento de hacerse el estudio para considerar al hoy actor como sujeto de cr�dito se contempl� la viabilidad del proyecto ...?
"Empero, mediante escrito de fecha once de abril de mil novecientos noventa y siete, que aparece a fojas 43 y 44 del expediente natural, s�lo ofreci� como pruebas de su parte la confesional del actor; la instrumental p�blica consistente en el documento base de la acci�n, consistente en el testimonio p�blico de la escritura 28,255 de catorce de enero de mil novecientos noventa y tres; la instrumental p�blica consistente en el testimonio de la escritura 14,861 de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco; la instrumental p�blica consistente en todas y cada una de las actuaciones realizadas; y la presuncional legal y humana; con la aclaraci�n de que por diverso ocurso de veinticinco de abril del a�o pasado, el banco demandado se desisti� de la referida confesional, a prop�sito de lo cual acord� el Juez de primer grado: ?... se tiene por desistido a su perjuicio de la prueba confesional a cargo de la actora, para todos los efectos legales a que haya lugar ...?.
"Lo anterior, pone de manifiesto que la instituci�n crediticia tercero perjudicada, no prob� haberse apegado a las sanas pr�cticas y usos bancarios, m�xime si se toma en cuenta, seg�n se ver� m�s adelante, que en forma por dem�s incongruente e ilegal, desde el momento en que se pact� el cr�dito en controversia, la instituci�n bancaria concedi� un cr�dito adicional para cubrir los intereses que se generaran, lo cual demuestra que desde un principio el banco consider� que los intereses devengados iban a ser mayores que los pagos, o sea, que el acreditado no iba a poder cubrir con sus ingresos los pagos mensuales a que se estaba obligando." (A. directo civil 10037/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el n�mero 36 del legajo).
"La ley, como puede verse de la transcripci�n precedente, para asegurarse que las instituciones de cr�dito cumplan con lo anterior, encomienda a la Comisi�n Nacional Bancaria la vigilancia debida para que se observe lo dispuesto en el citado art�culo 65 y en un af�n de que la banca se apegue a la sanas pr�cticas y usos bancarios, el art�culo 106, fracci�n V, del propio ordenamiento, les proh�be celebrar operaciones pactando condiciones y t�rminos que se aparten de manera significativa del mercado prevaleciente en el momento del otorgamiento, de las pol�ticas generales de la instituci�n y de las sanas pr�cticas y usos bancarios.
"En este mismo sentido, la Ley de Instituciones de Cr�dito, en su art�culo 112, fracci�n V, incisos c) y d), considera como un delito el que los empleados y funcionarios de los bancos otorguen cr�ditos o los renueven en forma parcial o en su totalidad, a sabiendas del estado de insolvencia del acreditado.
"Es indudable que los cambios en las condiciones econ�micas y financieras del pa�s van haciendo necesario ir actualizando las condiciones de los cr�ditos; sin embargo, por ning�n motivo se justifica que tenga que transgredirse la ley, pues es precisamente el estricto apego a ella la soluci�n de cualquier problema por severo que sea, debiendo en todo caso actualizarse cuando as� sea necesario antes de tomar alguna acci�n fuera del marco del derecho.
"Es pertinente ahora conocer el an�lisis del cr�dito bancario con garant�a hipotecaria, realizado por O.�n P�rez F.�ndez, con la asesor�a de J.R.R., titulado ?An�lisis Jur�dico Financiero del Cr�dito Bancario?, publicado en la Revista del Centro de Estudios de Actualizaci�n Jur�dica, a�o 1, n�mero 1, febrero de 1997, p�ginas 28 a 33, en donde, entre otras cosas, se se�ala que:
"?Las opiniones doctrinales aludidas, ponen de relieve la naturaleza, as� como el contexto financiero y jur�dico del cr�dito bancario dise�ado y definido por las instituciones crediticias como �cr�dito adicional� o �refinanciamiento de intereses�, que se otorga mediante contratos de apertura de cr�dito, entre otros; tambi�n precisan el significado real de este concepto, es decir, un acto simulado que encierra un pacto de anatocismo, que al estar prohibido por la ley est� afectado de nulidad.?
"En el caso, el esquema financiero dise�ado en el contrato base de la acci�n se aparta de lo previsto en los art�culos 4o., 49, 77, 65, 106, fracci�n V y 112, fracci�n V, incisos c) y d), de la Ley de Instituciones de Cr�dito.
"En primer t�rmino, al no estar demostrado el requisito de previo cumplimiento consistente en la estimaci�n de viabilidad econ�mica del cr�dito, impuesto por el art�culo 65 reproducido con antelaci�n.
"En efecto, es pol�tica bancaria derivada de dicho dispositivo legal, que para que una persona pueda ser sujeto de cr�dito, ha de demostrar ingresos suficientes que rebasen en determinada medida el importe del pago mensual, que los propios bancos establecen, seg�n el monto del cr�dito solicitado.
"De esta manera, se sigue que la instituci�n demandada, para otorgar el financiamiento, estuvo constre�ida, no simplemente facultada, seg�n alegan los solicitantes de garant�as, a efectuar la estimaci�n del proyecto de viabilidad econ�mica y de los otros aspectos que marca la disposici�n, procurando que las condiciones del cr�dito guardaran un sano equilibrio con la situaci�n presente y previsible del acreditado.
"Esto es lo que los quejosos correctamente consideran ?obligaci�n de estimar el comportamiento previsible de las variables econ�micas?, que se traduce, entre otras cosas, en el estudio imprescindible de las condiciones econ�micas presentes yprevisibles de la parte acreditada, tendiente a verificar su capacidad de pago del financiamiento conforme creciera el ritmo de la inflaci�n.
"En el caso no est� acreditado, como debi� hacerse en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 1194, del C�digo de Comercio, que se haya llevado a cabo la estimaci�n de ley del proyecto de viabilidad econ�mica ni el estudio de la situaci�n presente y previsible de los acreditados, hoy quejosos, condici�n indispensable para el otorgamiento del financiamiento bancario y principio fundamental que previa y necesariamente debi� observarse a fin de que el banco pudiera estimar la posibilidad de recuperar el cr�dito y evitar situaciones de insolvencia y por ende de falta de pago, pues de haberlo hecho dada su condici�n de experto financiero, hubiera advertido la inviabilidad del cr�dito en las condiciones en que fue otorgado.
"Para constatar lo antes dicho, es pertinente se�alar que como se aprecia del escrito inicial de demanda, los antes actores, en el cap�tulo de consideraciones de derecho, apartado 2, contenido de la escritura, inciso b), del destino de los fondos, manifest�:
"?Por otro lado, el que el banco debe estimar la viabilidad econ�mica del proyecto, pues conviene recordar que s�lo est� facultado a dar financiamientos, es claro que el banco demandado omiti� realizar un estudio para estimar la viabilidad econ�mica del financiamiento, violando con ello el art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito.?
"Es el caso que al contestar la demanda, la instituci�n de cr�dito nada dijo sobre el particular, ya que en la parte correspondiente s�lo expres�: ?Consideraciones de derecho ... 2. Contenido de la escritura ... b) Dada la naturaleza del contrato, la obligaci�n principal a cargo de mi poderdante, qued� satisfecha desde el momento de la celebraci�n del contrato al poner a disposici�n de la actora, la suma de dos millones veintid�s mil nuevos pesos 00/100 moneda nacional.?.
"Lo anterior, pone de manifiesto que la instituci�n crediticia hoy tercero perjudicada no prob� haberse apegado a las sanas pr�cticas y usos bancarios, m�xime si se toma en cuenta, seg�n se ver� m�s adelante, que en forma por dem�s incongruente e ilegal, desde el momento en que se pact� el cr�dito en controversia, la instituci�n bancaria concedi� un cr�dito adicional para cubrir los intereses que se generaran, lo cual demuestra que desde un principio consider� que los intereses devengados iban a ser mayores que los pagos, o sea, que los acreditados no iban a estar en capacidad de cubrir con sus ingresos los pagos mensuales a que se estaban obligando." (A. directo civil 1887/98, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el n�mero 38 del legajo).
"Por otro lado, con independencia de lo anterior, debe decirse que el esquema financiero dise�ado en el contrato base de la acci�n, se aparta de lo previsto en los art�culos 4o., 49, 77, 106, fracci�n V y 112, fracci�n V, incisos c) y d) de la Ley de Instituciones de Cr�dito; por no estar demostrado en autos, el requisito de previo cumplimiento al otorgamiento del cr�dito, consistente en la debida estimaci�n de viabilidad econ�mica del cr�dito impuesto por el art�culo 65 de dicha ley.
"Los bancos, con una sana pr�ctica bancaria, tienen la obligaci�n legal de cuidar que las condiciones de los cr�ditos, a saber, sus montos, plazos, reg�menes de amortizaci�n, etc�tera, guarden una relaci�n adecuada con la situaci�n econ�mica presente y previsible de los acreditados, seg�n lo previene el art�culo 65, de la mencionada ley, que dice: ?Art. 65. Para el otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de cr�dito deber�n estimar la viabilidad econ�mica de los proyectos de inversi�n respectivos, los plazos de recuperaci�n de �stos, las relaciones que guarden entre s� los distintos conceptos de los estados financieros o la situaci�n econ�mica de los acreditados, y la calificaci�n administrativa y moral de estos �ltimos, sin perjuicio de considerar las garant�as que, en su caso, fueren necesarias. Los montos, plazos, reg�menes de amortizaci�n, y en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deber�n tener una relaci�n adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversi�n y con la situaci�n presente y previsible de los acreditados. La Comisi�n Nacional Bancaria vigilar� que las instituciones de cr�dito observen debidamente lo dispuesto en el presente art�culo.?.
"La ley, como puede verse de la transcripci�n precedente, para asegurarse que las instituciones de cr�dito cumplan con lo anterior, encomienda a la Comisi�n Nacional Bancaria la vigilancia debida para que se observe lo dispuesto en el citado art�culo 65 y en af�n de que la banca se apegue a las sanas pr�cticas y usos bancarios, el art�culo 106, fracci�n V, de la Ley de Instituciones de Cr�dito, les proh�be celebrar operaciones pactadas en condiciones y t�rminos que se aparten de manera significativa del mercado prevaleciente en el momento del otorgamiento, de las pol�ticas generales de la instituci�n y de las sanas pr�cticas y usos bancarios.
"En este mismo sentido, la ley mencionada, en su art�culo 112, fracci�n V, incisos c) y d), considera como un delito el que los empleados y funcionarios de los bancos otorguen cr�ditos o los renueven en forma parcial o en su totalidad, a sabiendas del estado de insolvencia del acreditado.
"Es indudable que los cambios en las condiciones econ�micas y financieras del pa�s van haciendo necesario ir actualizando las condiciones de los cr�ditos; sin embargo, por ning�n motivo se justifica que tenga que transgredirse la ley, pues es precisamente el estricto apego a ella la soluci�n a cualquier problema por severo que sea, debiendo en todo caso, actualizarse cuando as� sea necesario antes de tomar alguna acci�n fuera del marco del derecho.
"Es pol�tica bancaria derivada del dispositivo legal transcrito, que para que una persona pudiera ser sujeto de cr�dito, ten�a que demostrar ingresos suficientes que rebasaran en determinada medida el importe del pago mensual, que los propios bancos establec�an seg�n el monto del cr�dito solicitado.
"De esta manera, se sigue que la instituci�n demandada, para otorgar el financiamiento, estuvo constre�ida a efectuar la estimaci�n del proyecto de viabilidad econ�mica y de los otros aspectos que marca la disposici�n, procurando que las condiciones del cr�dito guardaran un sano equilibrio con la situaci�n presente y previsible del acreditado, que se traduce, entre otras cosas, en el estudio correspondiente de las condiciones econ�micas presentes y previsibles del acreditado, tendiente a verificar su capacidad de pago del financiamiento conforme creciera el ritmo de la inflaci�n.
"En el caso concreto no est� acreditado que se haya llevado a cabo la estimaci�n de ley del proyecto de viabilidad econ�mica ni el estudio de la situaci�n presente y previsible de los acreditados, hoy quejosos, condici�n indispensable para el otorgamiento del financiamiento bancario y principio fundamental que debi� observarse a fin de que el banco pudiera recuperar el cr�dito y evitar situaciones de insolvencia y por ende de falta de pago, pues de haberlo hecho dada su condici�n de experto financiero, hubiera advertido la inviabilidad del cr�dito en las condiciones en que fue otorgado." (A. directo civil 328/98, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el n�mero 45 del legajo).
En discrepancia con lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito en esencia razonaron lo siguiente:
a) En el supuesto de que la instituci�n bancaria no hubiere observado lo previsto en el art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, el perjuicio lo resentir�a �ste y enfrentar�a su responsabilidad ante la Comisi�n Nacional Bancaria de acuerdo con el contenido del citado precepto, razonamiento por el cual estima infundado que existiera lesi�n en el contrato cuya nulidad se reclam�.
b) Lo relativo a que el citado proyecto de viabilidad econ�mica no se realiz� y que era necesario para determinar para qu� debe aplicarse el cr�dito, en nada perjudica a los quejosos, porque si se realiz� o no el citado proyecto, conllevar�a a una responsabilidad administrativa del banco actor y, por el contrario, beneficiar�a a los quejosos, pues el solo hecho de que el banco no haya realizado el citado proyecto, no puede conducir a la nulidad del contrato, porque es claro que los quejosos tambi�n formularon su propio proyecto de viabilidad y concluyeron que deb�an de solicitar un cr�dito para los fines que persegu�an, entonces el que el banco no lo haya hecho implica un riesgo del banco de no poder recuperar el cr�dito, pero no la nulidad del mismo, como para incluso llegar a perder la garant�a hipotecaria otorgada.
La anterior s�ntesis deriva de la parte conducente de las ejecutorias que se transcriben a continuaci�n:
"Por otra parte, los quejosos argumentan que resultan aplicables al caso los art�culos que invocan, con lo que justifican que se est� en presencia de una operaci�n il�cita de pr�stamo, que no produce obligaci�n, ni acci�n, que se realiz� contraviniendo normas de derecho p�blico y de car�cter prohibitivo, porque el banco se abstuvo de cumplir con los requisitos que le impone el art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, por lo que la instituci�n bancaria actu� dolosamente, en forma negligente, abusando de la ignorancia de los acreditados, pues se otorg� un pr�stamo a sabiendas que no era viable, de manera que se actualiza el supuesto de un acto jur�dico inexistente, porque en realidad se trat� de un pr�stamo para pago de pasivos, en contravenci�n del art�culo 323 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, razones por las que, afirman, hay violaci�n de los art�culos que precisan, al declararse improcedente la acci�n que intentaron y permitir que el banco obtenga un lucro desproporcionado.
"Tampoco aciertan los quejosos en lo anterior, habida cuenta que el contrato de apertura de cr�dito simple con garant�a hipotecaria se realiz� ante notario p�blico, lo que da el car�cter a ese instrumento de prueba plena de conformidad con el art�culo 1292 del C�digo de Comercio, que dispone:
"?Los instrumentos p�blicos hacen prueba plena aunque se presenten sin citaci�n del colitigante, salvo siempre el derecho de �ste para redarg�irlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendr�n valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.?
"Por tanto, es infundado todo lo que se aduce respecto de que se trata de un pr�stamo para pago de pasivos, puesto que est� claro que el contrato lo es de apertura de cr�dito simple con garant�a hipotecaria, lo que no es il�cito ni contraviene disposiciones de orden p�blico de car�cter prohibitivo, o se carezca en el documento relativo de obligaciones por parte de los promoventes, pues deben de responder de esas obligaciones que contrajeron como consecuencia de haber firmado el contrato y de recibir la cantidad objeto del cr�dito. El texto del art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, que para mejor ilustraci�n se transcribe:
"?Art. 65. Para el otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de cr�dito deber�n estimar la viabilidad econ�mica de los proyectos de inversi�n respectivos, los plazos de recuperaci�n de �stos, las relaciones que guarden entre s� los distintos conceptos de los estados financieros o la situaci�n econ�mica de los acreditados, y la calificaci�n administrativa y moral de estos �ltimos, sin perjuicio de considerar las garant�as que, en su caso, fueren necesarias. Los montos, plazos, reg�menes de amortizaci�n, y en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deber�n tener una relaci�n adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversi�n y con la situaci�n presente y previsible de los acreditados. La Comisi�n Nacional Bancaria vigilar� que las instituciones de cr�dito observen debidamente lo dispuesto en el presente art�culo.?
"Permite afirmar que en el evento de que el banco, aqu� tercero perjudicado, no hubiera atendido a tal precepto, en nada puede agraviar a los aqu� quejosos, porque, en su caso, tal hip�tesis ser�a en perjuicio de la instituci�n de cr�dito frente a la Comisi�n Nacional Bancaria, y todo ello no puede servir de apoyo para afirmar que se genera un lucro desproporcionado." (A. directo civil 439/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, identificado con el n�mero 70 del legajo).
"Finalmente en el quinto concepto de violaci�n los quejosos aducen que les causa agravios la sentencia del tribunal de alzada por considerar que no existe lesi�n en el contrato cuya nulidad se reclam� la que s� se actualiz� agregan los quejosos en t�rminos del art�culo 17 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., y del art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito por lo que es el banco quien debe sufrir las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones.
"Cabe decir que en el supuesto de que Banco de Oriente, Sociedad An�nima no hubiere observado lo previsto en el art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, como ya se vio, el perjuicio lo resentir�a �ste y enfrentar�a su responsabilidad ante la Comisi�n Nacional Bancaria de acuerdo al contenido de ese precepto." (A. directo civil 463/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, identificado con el n�mero 71 del legajo).
"Lo relativo al citado proyecto de viabilidad, que sostienen los quejosos no se realiz�, y que era necesario para determinar para qu� deb�a aplicarse el cr�dito, en nada perjudica a los quejosos, porque, si se realiz� o no el citado proyecto, como anteriormente se ha sostenido, ello conllevar�a una responsabilidad administrativa del banco actor y por el contrario les beneficiar�a a los quejosos. Ahora bien, pretender que por el solo hecho de que el banco no haya realizado el citado proyecto, no puede conducir, como lo pretende, a la nulidad del contrato, porque es claro, que los propios quejosos, tambi�n formularon su propio proyecto de viabilidad y concluyeron que deb�an de solicitar un cr�dito para los fines que persegu�an. Entonces, el que el banco no lo haya hecho, implica, como se ha sostenido, un riesgo del banco de no poder recuperar el cr�dito otorgado, pero no la nulidad del mismo, como para incluso llegar a perder la garant�a hipotecaria otorgada.
"Ahora bien, lo argumentado en el sentido de que el banco incumpli� con la entrega de las partidas, es infundado, porque por tratarse de un contrato de cuenta corriente, no puede hablarse de partidas o ministraciones, porque el tratamiento que se da a este tipo de cr�ditos, es de cargos y abonos, por lo que no puede hablarse de partidas o ministraciones, porque tales acepciones, son propias de otro tipo de contratos en los que el cr�dito otorgado, se entrega calendarizado y seg�n el avance del proyecto." (A. directo civil 1412/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito, identificado con el n�mero 197 del legajo).
"Ahora bien, admitida como cierta la premisa de que el C�digo Civil del Distrito F. es el aplicable supletoriamente al caso en estudio, debe decirse que nuestro m�s Alto Tribunal se opone a aplicar la teor�a de la imprevisi�n dentro de aquellas legislaciones que no la contemplan expresamente en alguno de sus preceptos, por estimar primordial la seguridad de los contratos; por tanto, dicho Alto Tribunal, siguiendo el sistema r�gido de �stos, fincado en el art�culo 1796 del C�digo Civil del Distrito F., de acuerdo con el principio pacta sunt servanda o de obligatoriedad del contrato, constri�e a las partes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas y, adem�s, a las consecuencias que de los mismos se deriven, seg�n su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o la ley, mandamiento que, en dichos t�rminos, no deja lugar a su interpretaci�n a efecto de aplicar la teor�a de la imprevisi�n en raz�n de esa buena fe, que obviamente constituye un principio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, no obstante que sobrevengan acontecimientos que no se previeron o no pudieron preverse y que la modifiquen, considerando que en caso de existir tales causas imprevisibles que viniesen a alterar fundamentalmente la econom�a de un determinado grupo social, no apreciadas por los contratantes, se modifiquen las condiciones de los contratos respectivos, a trav�s del ejercicio de las facultades conferidas al Poder Legislativo, o sea, mediante disposiciones de car�cter general por �l emitidas.
"Ilustra lo anterior la tesis sustentada por la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, publicada en la p�gina treinta y cinco del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Tomo 193-198, Cuarta Parte, cuya literalidad es como sigue:
"?CONTRATOS. INAPLICABILIDAD DE LA TEOR�A DE LA IMPREVISI�N. El art�culo 1796 del C�digo Civil del Distrito F., supletoriamente aplicado, siguiendo el sistema r�gido de los contratos, acorde con el principio relativo a los efectos de la declaraci�n de voluntad, dispone que aqu�llos obligan a las partes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas, y adem�s, a las consecuencias que de los mismos se deriven, seg�n su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o a la ley, precepto que, en esas condiciones, no deja lugar a su interpretaci�n a fin de aplicar la teor�a de la imprevisi�n en raz�n de esa buena fe, que obviamente constituye un principio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones, cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, aun cuando sobrevengan acontecimientos que no se previeron o no pudieron preverse y que la modifiquen, sin que ello impida, por otra parte, que de existir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la econom�a de un determinado grupo social, no apreciado por las partes, se modifiquen las condiciones de los contratos relativos, mediante disposiciones de car�cter general.?
"Por otra parte, es inoperante el concepto de violaci�n expresado en el sentido de que Banco Uni�n, Sociedad An�nima, no realiz� el estudio de la viabilidad econ�mica del proyecto de inversi�n a que alude el numeral 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, respecto al cr�dito que se le otorg�, porque si se realiz� o no el citado proyecto, esa es una cuesti�n que ata�e s�lo a los inversionistas, quienes ven afectada su inversi�n si los cr�ditos otorgados por los bancos no son recuperados, con motivo de no haber realizado el proyecto de inversi�n, lo que en todo caso, en t�rminos del t�tulo quinto, cap�tulo tercero ?De las sanciones administrativas? y cap�tulo cuarto ?De los delitos?, ambos de la Ley de Instituciones de Cr�dito, es motivo de sanci�n o delito para el banco o funcionario que as� lo haga, pero en forma alguna, se perjudica el inter�s de los quejosos, quienes, por el contrario se ven beneficiados al otorg�rseles el cr�dito sin tal requisito." (A. directo civil 1741/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito, identificado con el n�mero 200 del legajo).
Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia su criterio, que coincide en la sustancia, con los criterios de los Tribunales Colegiados Primero del S�ptimoCircuito y Primero del Vig�simo Tercer Circuito.
Para poder dilucidar este tema es necesario precisar lo siguiente:
El art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito dispone:
"Art�culo 65. Para el otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de cr�dito deber�n estimar la viabilidad econ�mica de los proyectos de inversi�n respectivos, los plazos de recuperaci�n de �stos, las relaciones que guarden entre s� los distintos conceptos de los estados financieros o la situaci�n econ�mica de los acreditados, y la calificaci�n administrativa y moral de estos �ltimos, sin perjuicio de considerar las garant�as que, en su caso, fueren necesarias. Los montos, plazos, reg�menes de amortizaci�n, y en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deber�n tener una relaci�n adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversi�n y con la situaci�n presente y previsible de los acreditados.
"La Comisi�n Nacional Bancaria vigilar� que las instituciones de cr�dito observen debidamente lo dispuesto en el presente art�culo."
Del precepto antes inserto se advierte la obligaci�n a cargo de las instituciones de cr�dito de que previamente al otorgamiento de sus financiamientos, realicen una estimaci�n de la viabilidad econ�mica de los proyectos de inversi�n, los plazos de recuperaci�n, las relaciones existentes entre los conceptos de los estados financieros o la situaci�n econ�mica de los acreditados, as� como su calificaci�n administrativa y moral y las garant�as que son necesarias para otorgar el cr�dito. Tambi�n deben procurar que los montos, plazos, reg�menes de amortizaci�n y periodos de gracia, tengan una relaci�n adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversi�n y con la situaci�n presente y previsible de los sujetos acreditados.
Estos requisitos que deben satisfacer las instituciones bancarias tienen como objeto buscar la seguridad de las operaciones, previendo la viabilidad del cr�dito que se otorgue, a efecto de que se obtenga su recuperaci�n en los t�rminos y condiciones que fije la pol�tica bancaria, como se advierte de los numerales del mismo ordenamiento que se transcriben a continuaci�n:
"Art�culo 1o. La presente ley tiene por objeto regular el servicio de banca y cr�dito; la organizaci�n y funcionamiento de las instituciones de cr�dito; las actividades y operaciones que las mismas podr�n realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protecci�n de los intereses del p�blico; y los t�rminos en que el Estado ejercer� la rector�a financiera del sistema bancario mexicano."
"Art�culo 2o. El servicio de banca y cr�dito s�lo podr� prestarse por instituciones de cr�dito, que podr�n ser:
"I. Instituciones de banca m�ltiple, y
"II. Instituciones de banca de desarrollo."
"Art�culo 4o. El Estado ejercer� la rector�a del sistema bancario mexicano, a fin de que �ste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del pa�s y el crecimiento de la econom�a nacional, basado en una pol�tica econ�mica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la Rep�blica y su adecuada canalizaci�n a una amplia cobertura regional que propicie la descentralizaci�n del propio sistema, con apego a sanas pr�cticas y usos bancarios."
"Art�culo 8o. Para organizarse y operar como instituci�n de banca m�ltiple se requiere autorizaci�n del Gobierno F., que compete otorgar discrecionalmente a la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, oyendo la opini�n del Banco de M�xico y de la Comisi�n Nacional Bancaria. Por su naturaleza, estas autorizaciones ser�n intransmisibles."
"Art�culo 9o. S�lo gozar�n de autorizaci�n las sociedades an�nimas de capital fijo, organizadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que no est� previsto en esta ley y, particularmente, con lo siguiente:
"I.T.�n por objeto la prestaci�n del servicio de banca y cr�dito, en los t�rminos de la presente ley;
"II. La duraci�n de la sociedad ser� indefinida;
"III. Deber�n contar con el capital social y el capital m�nimo que corresponda conforme a lo previsto en esta ley, y
"IV. Su domicilio social estar� en el territorio nacional.
"La escritura constitutiva y cualquier modificaci�n de la misma, deber� ser sometida a la aprobaci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. Una vez aprobadas la escritura o sus reformas deber�n inscribirse en el Registro P�blico de Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial."
"Art�culo 25. La Comisi�n Nacional Bancaria, con acuerdo de su junta de gobierno, oyendo previamente al interesado y a la instituci�n de banca m�ltiple, podr� en todo tiempo determinar que se proceda a la remoci�n o suspensi�n de los miembros del consejo de administraci�n, directores generales, comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y funcionarios que puedan obligar con su firma a la instituci�n; cuando considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad t�cnica o moral para el desempe�o de sus funciones, o no re�nan los requisitos al efecto establecidos; o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente ley o a las disposiciones de car�cter general que de ella deriven. En los dos �ltimos supuestos, la propia comisi�n podr� adem�s, inhabilitar a las citadas personas para desempe�ar un empleo, cargo o comisi�n dentro del sistema financiero mexicano, por un periodo de seis meses a diez a�os, sin perjuicio de las sanciones que conforme a este u otros ordenamientos legales fueren aplicables.
"Para imponer la inhabilitaci�n la Comisi�n Nacional Bancaria deber� tomar en cuenta:
"I. La gravedad de la infracci�n y la conveniencia de evitar estar (sic) pr�cticas;
"II. El nivel jer�rquico, los antecedentes, la antig�edad y las condiciones del infractor;
"III. Las condiciones exteriores y las medidas de ejecuci�n;
"IV. La reincidencia, y
"V. El monto del beneficio, da�o o perjuicio econ�micos derivados de la infracci�n.
"Las resoluciones a que se refiere el primer p�rrafo, podr�n ser recurridas ante la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico dentro de los quince d�as siguientes a la fecha en que se hubieren notificado. La propia secretar�a podr� revocar, modificar o confirmar la resoluci�n recurrida, previa audiencia de las partes."
"Art�culo 28. La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, escuchando en su caso, a la instituci�n de banca m�ltiple afectada y oyendo la opini�n del Banco de M�xico y de la Comisi�n Nacional Bancaria, podr� declarar la revocaci�n de la autorizaci�n en los casos siguientes:
"...
"IV. Si a pesar de las observaciones de la Comisi�n Nacional Bancaria, la instituci�n reiteradamente realiza operaciones distintas de las que le est�n permitidas, no mantiene las proporciones legales de activo y capitalizaci�n, no se ajusta a las previsiones de calificaci�n de cartera de cr�ditos o constituci�n de las reservas previstas en esta ley, altera los registros contables, o bien, si a juicio de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, no cumple adecuadamente con las funciones de banca y cr�dito para las que fue autorizada, por falta de diversificaci�n de sus operaciones activas y pasivas de acuerdo con las sanas pr�cticas bancarias o por poner en peligro con su administraci�n los intereses de los depositantes o inversionistas ..."
"Art�culo 49. Las instituciones de cr�dito invertir�n los recursos que capten del p�blico y llevar�n a cabo las operaciones que den origen a su pasivo contingente, en t�rminos que les permitan mantener condiciones adecuadas de seguridad y liquidez. La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, oyendo la opini�n del Banco de M�xico y de la Comisi�n Nacional Bancaria, determinar� las clasificaciones de los activos y de las operaciones causantes de pasivo contingente, y de otras operaciones que determine la propia secretar�a, en funci�n de su seguridad, determinando, asimismo, los porcentajes m�ximos de pasivo exigible y de pasivo contingente, que podr�n estar representados por los distintos grupos de activos y de operaciones resultantes de las referidas clasificaciones."
"Art�culo 77. Las instituciones de cr�dito prestar�n los servicios previstos en el art�culo 46 de esta ley, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas pr�cticas que propicien la seguridad de sus operaciones y procuren la adecuada atenci�n a los usuarios de tales servicios."
"Art�culo 106. A las instituciones de cr�dito les estar� prohibido:
"...
"V. Celebrar operaciones y otorgar servicios con su clientela en los que se pacten condiciones y t�rminos que se aparten de manera significativa de las condiciones de mercado prevalecientes en el momento de su otorgamiento, de las pol�ticas generales de la instituci�n, y de las sanas pr�cticas y usos bancarios ..."
"Art�culo 108. El incumplimiento o la violaci�n de la presente ley, o de la Ley Org�nica del Banco de M�xico y de las disposiciones que emanen de ellas, por las instituciones de cr�dito o las personas a que se refieren los art�culos 7o., 88, 89, 92 y 103, fracci�n IV de esta ley, ser�n sancionados con multa que impondr� administrativamente la Comisi�n Nacional Bancaria, hasta del cinco por ciento del capital pagado y reservas de capital de la instituci�n o sociedad de que se trate o hasta cien mil veces el salario m�nimo general diario vigente en el Distrito F., debiendo notificarse al consejo de administraci�n o consejo directivo correspondiente.
"En la imposici�n de estas sanciones, la Comisi�n Nacional Bancaria tomar� en cuenta las medidas correctivas que aplique el Banco de M�xico."
"Art�culo 109. La infracci�n a cualquiera de las disposiciones de esta ley, que no tengan sanci�n especialmente se�alada, se castigar� con multa equivalente de cien a cincuenta mil veces el salario m�nimo general diario vigente en el Distrito F., que impondr� administrativamente la Comisi�n Nacional Bancaria."
"Art�culo 110. Para la imposici�n de las sanciones previstas en este cap�tulo, la Comisi�n Nacional Bancaria deber� o�r previamente al interesado y tomar en cuenta la importancia de la infracci�n, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar pr�cticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta ley.
"Trat�ndose de reincidencia se podr� aplicar hasta el doble de la sanci�n prevista.
"Las sanciones ser�n impuestas por la junta de gobierno de la comisi�n quien podr� delegar esa facultad en raz�n de la naturaleza de la infracci�n o del monto de la multa, al presidente o a los dem�s servidores p�blicos de la propia comisi�n.
"En contra de las sanciones que imponga la Comisi�n Nacional Bancaria proceder� el recurso de revocaci�n ante la misma, el cual deber� interponerse por escrito dentro de los quince d�as h�biles siguientes al de su notificaci�n. El recurso previsto en este p�rrafo es de agotamiento obligatorio antes de acudir a otras instancias."
"Art�culo 112. Ser�n sancionados con prisi�n de tres meses a tres a�os y multa de treinta a quinientas veces el salario m�nimo general diario vigente en el Distrito F., cuando el monto de la operaci�n o quebranto seg�n corresponda, no exceda del equivalente a quinientas veces el referido salario; cuando exceda dicho monto, ser�n sancionados con prisi�n de dos a diez a�os y multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario m�nimo se�alado:
"...
"V. Los empleados y funcionarios de la instituci�n de cr�dito que autoricen operaciones, a sabiendas de que �stas resultar�n en quebrantos al patrimonio de la instituci�n en la que presten sus servicios.
"...
"c) Que otorguen cr�ditos a personas f�sicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea conocido, si resulta previsible al realizar la operaci�n que carecen de capacidad econ�mica para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo quebranto patrimonial a la instituci�n;
"d) Que renueven cr�ditos vencidos parcial o totalmente a las personas f�sicas o morales a que se refiere el inciso c) anterior ..."
De los art�culos antes transcritos se hace evidente que contienen diversas reglas a cuyo cumplimiento se sujeta a las instituciones bancarias, para prestar adecuadamente el servicio al p�blico, as� como para garantizar el buen funcionamiento de la instituci�n y disminuir las pr�cticas irregulares que se realicen por los empleados bancarios o, por la propia empresa, en detrimento de su patrimonio, lo que, en t�rminos generales, puede definirse como las sanas pr�cticas bancarias.
Adem�s, del contenido de dichos numerales tambi�n se hace manifiesto que si bien el art�culo 65 exige la realizaci�n del proyecto de viabilidad econ�mica del cr�dito, para asegurar, cuando menos estimativamente, que se va a obtener su recuperaci�n y el pago del costo de su otorgamiento, dentro de los plazos y en las condiciones que se fijen en el contrato respectivo, tambi�n lo es que la vigilancia del cumplimiento de esa obligaci�n se encomienda expresamente a la Comisi�n Nacional Bancaria, entidad a la que tambi�n se confieren facultades para sancionar su incumplimiento, como se desprende de los numerales transcritos y de otros que se contienen en el mismo ordenamiento legal, lo que hace evidente que se trata de una obligaci�n de car�cter administrativo que se impone a las instituciones de cr�dito, que tiende a lograr su eficaz funcionamiento y, a la vez, a evitar la pr�ctica de operaciones irregulares y que se vincula a las facultades de vigilancia del �rgano estatal, pero que no est� directamente relacionada con los elementos del contrato de apertura de cr�dito.
En efecto, los elementos esenciales del contrato, en t�rminos generales, se constituyen por el consentimiento y el objeto. Por lo que hace al contrato de apertura de cr�dito, regulado en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, cap�tulo IV, se define de la siguiente manera:
"Art�culo 291. En virtud de la apertura de cr�dito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposici�n del acreditado, o a contraer por cuenta de �ste una obligaci�n, para que el mismo haga uso del cr�dito concedido en la forma y en los t�rminos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligaci�n que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen."
De lo anterior se sigue que el contrato de apertura de cr�dito que se celebra entre el acreditante y el acreditado, tiene por objeto que el primero ponga a disposici�n del segundo una suma de dinero, o se obligue a contraer por cuenta del acreditado una obligaci�n, y la cual el segundo debe pagar el principal y los accesorios convenidos. Por tanto, si en el aludido dispositivo no se precisa como elemento del contrato la realizaci�n del estudio de viabilidad econ�mica, ni se precisa que sea la condici�n indispensable para su otorgamiento (consentimiento), es evidente que la falta de realizaci�n de ese estudio, no puede traer como consecuencia la nulidad del contrato.
Esto es as�, si se considera que las causas de nulidad de un contrato deben estar expresamente establecidas en la ley que regule el acto jur�dico, y a falta de �sta se debe recurrir a la supletoriedad del ordenamiento legal aplicable, como al respecto fue sostenido por la extinta Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la siguiente tesis:
"NULIDAD DE LOS ACTOS JUR�DICOS. La nulidad de un acto jur�dico debe estar expresamente establecida por la ley, y a falta de disposici�n expresa, debe resultar de la aplicaci�n de la regla general contenida en todos los C�digos Civiles de la Rep�blica, seg�n la cual los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas e imperativas, ser�n nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario." (Quinta �poca, Tercera S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LXVII, p�gina 2006).
Atento a lo que dispone la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, los se�alados contratos de apertura de cr�dito, constituyen actos de comercio y las normas aplicables supletoriamente, en cuanto al punto espec�fico que se debate, son las contenidas en el C�digo de Comercio y, en �ltima instancia, en el C�digo Civil, seg�n lo establecen los siguientes:
"Art�culo 1o. Son cosas mercantiles los t�tulos de cr�dito. Su emisi�n, expedici�n, endoso, aval, o aceptaci�n y las dem�s operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisi�n o transmisi�n de t�tulos de cr�dito, o se hayan practicado con �stos, se rigen por las normas enumeradas en el art�culo 2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del t�tulo, y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los dem�s casos.
"Las operaciones de cr�dito que esta ley reglamenta son actos de comercio."
"Art�culo 2o. Los actos y las operaciones a que se refiere el art�culo anterior, se rigen:
"I. Por lo dispuesto en esta ley, y en las dem�s leyes especiales relativas; en su defecto,
"II. Por la legislaci�n mercantil general; en su defecto,
"III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de �stos,
"IV. Por el derecho com�n, declar�ndose aplicable en toda la Rep�blica, para los fines de esta ley, el C�digo Civil del Distrito F.."
Por su parte el art�culo 77 del C�digo de Comercio dispone que:
"Las convenciones il�citas no producen obligaci�n ni acci�n, aunque recaigan sobre operaciones de comercio ..."
En tanto que el art�culo 81 de este �ltimo ordenamiento establece que:
"Art�culo 81. Con las modificaciones y restricciones de este c�digo, ser�n aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes, y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos."
El art�culo 1795 del C�digo Civil en el Distrito F., aplicable en materia federal a toda la Rep�blica, establece cu�les son los motivos de invalidez de un contrato en los siguientes t�rminos:
"Art�culo 1795. El contrato puede ser invalidado:
"I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;
"II. Por vicios del consentimiento;
"III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea il�cito;
"IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece."
De acuerdo con lo antes descrito, se puede concluir, por una parte, que si bien es verdad que es obligaci�n de las instituciones de cr�dito la elaboraci�n de un estudio sobre la capacidad econ�mica del acreditado, la vigilancia de la realizaci�n de este estudio, como parte integrante de las obligaciones de las instituciones bancarias, queda a cargo de la Comisi�n Nacional Bancaria; sin embargo, la Ley de Instituciones de Cr�dito en su art�culo 108 �nicamente establece como sanci�n, ante el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el citado art�culo 65 de la ley en comento (entre las que se encuentra el estudio de viabilidad econ�mica), la de sancionar con una multa de hasta cien mil veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito F. a la instituci�n bancaria infractora del �ltimo de los preceptos mencionados, es decir, se establece una sanci�n pecuniaria por el incumplimiento de un requisito formal que s�lo afecta directamente al banco, que al incurrir en la omisi�n apuntada se le castiga con una multa, lo cual de manera alguna implica una causa de invalidez del contrato expresamente consignada en la ley.
Si como ya qued� asentado en l�neas precedentes las causas de nulidad de un contrato deben estar expresamente consignadas en la ley; al no estar establecido en la Ley de Instituciones de Cr�dito como causa de anulaci�n delcontrato la falta de elaboraci�n del proyecto de viabilidad econ�mica, sino que �nicamente se prev� la imposici�n de una sanci�n administrativa, es de concluirse que esa omisi�n por parte de la instituci�n de cr�dito resulta insuficiente, por s� sola, para que se declare la nulidad del contrato.
Luego, si para la declaraci�n de nulidad de un contrato necesariamente se requiere de la existencia de una causa de invalidez que est� expresamente contenida en la ley aplicable al caso y que los �nicos motivos de invalidez que se encuentran establecidos en el art�culo 1795 del C�digo Civil para el Distrito F., aplicable en materia federal para toda la Rep�blica, se requerir�a, adem�s de la falta del proyecto de viabilidad econ�mica, una necesaria vinculaci�n con alg�n otro motivo de invalidez de los expresamente consignados en la ley, del an�lisis integral de cada uno de los planteamientos que se formulen en una contienda judicial y de las pruebas aportadas para poder estar en posibilidad de determinar si existe o no un motivo de invalidez analizando cada uno de los siguientes dispositivos legales del C�digo Civil para el Distrito F., que establecen:
"Art�culo 1812. El consentimiento no es v�lido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo."
"Art�culo 1815. Se entiende por dolo en los contratos cualquiera sujeci�n o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en �l a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulaci�n del error de uno de los contratantes una vez conocido."
"Art�culo 1827. El hecho positivo o negativo objeto del contrato debe de ser:
"I.P.; y
"II. L�cito."
"Art�culo 1828. Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jur�dica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obst�culo insuperable para su realizaci�n."
"Art�culo 1831. El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco debe ser contrario a las leyes de orden p�blico ni a las buenas costumbres."
Por lo que toca al art�culo 8o. del C�digo Civil, el cual resulta aplicable supletoriamente, trat�ndose de las causas que invalidan los contratos (art�culo 81 del C�digo de Comercio), tampoco puede conducir a declarar la nulidad absoluta del contrato en cuesti�n, pues no puede estimarse ejecutado el acto contra el tenor de una ley prohibitiva, pues el art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, no tiene ese car�cter, pues s�lo establece una obligaci�n de car�cter administrativo y aun cuando, en t�rminos generales, todas las leyes son de inter�s p�blico, no todas prev�n las mismas sanciones a las infracciones de los actos que regulan, pues eso queda a juicio del legislador, conforme a los intereses que pretende proteger o tutelar.
En consecuencia, dado que no se est� en presencia de una convenci�n il�cita, porque no se trata de una operaci�n ilegal, sino de la realizaci�n del contrato de apertura de cr�dito, expresamente previsto en la ley especial, no resulta aplicable la disposici�n transcrita para declarar la nulidad absoluta de un contrato realizado entre el acreditante y el acreditado, aun cuando no se haya efectuado el proyecto de viabilidad econ�mica. Adem�s, como se se�al�, el citado estudio de viabilidad econ�mica no constituye uno de los elementos esenciales de su realizaci�n, todo ello lleva a concluir que esa omisi�n no trae como consecuencia una nulidad del contrato de apertura de cr�dito con cr�dito adicional para aplicaci�n de intereses; sino, en todo caso, que el banco acreedor incurra en una irregularidad administrativa o penal que puede ser sancionada por la Comisi�n Nacional Bancaria, o por la autoridad competente, en los t�rminos que fija la propia Ley de Instituciones de Cr�dito que prev� el cumplimiento de ese requisito.
A mayor abundamiento, esa omisi�n no procede legalmente sea invocada por el deudor en su beneficio, cuando, como ocurri� en los casos concretos que dieron lugar a la contradicci�n, no tenga como consecuencia que no se otorgue el cr�dito, lo que en los referidos casos no sucedi�, pues se advierte que dicho financiamiento se concedi�.
En este sentido debe invocarse el art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito F. y los correlativos de los Estados, precepto que dispone:
"Art�culo 1o. S�lo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en �l, quien tenga inter�s en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el inter�s contrario."
En efecto, la pretensi�n de obtener una declaraci�n judicial favorable requiere como presupuesto la existencia de un inter�s; y para que �ste exista, es imprescindible la causaci�n de un perjuicio. El deudor, en las hip�tesis que se analizan, a saber: aquellas en las que se otorg� el cr�dito adicional con base en un contrato de apertura de cr�dito, en relaci�n al cual alegan su nulidad por no haberse realizado el estudio de viabilidad econ�mica, carece de legitimaci�n, porque la infracci�n al precepto indicado no le causa ning�n perjuicio; por el contrario, la omisi�n del banco podr�a ser el motivo que permitiera conseguir un beneficio econ�mico que el propio acreditado solicit�. De este modo, el deudor no se encuentra jur�dicamente en posibilidad de reclamar la nulidad de la cl�usula que derive del incumplimiento por el banco al art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, por carecer de un inter�s espec�fico que deba ser tutelado o reconocido por la autoridad judicial, lo cual no es causa que impida, por otra parte, que impugne las condiciones o t�rminos concertados en el contrato bancario de que se trate.
Son aplicables, en lo relativo al requisito del perjuicio, las tesis de la anterior Tercera S., que se encuentran publicadas en las p�ginas 923 y 2436, Tomos L y XL, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, respectivamente, con los siguientes sumarios:
"ACTOS JUR�DICOS, INVALIDEZ DE LOS. La nulidad es una causa de invalidez de los actos jur�dicos, que s�lo puede derivar de las circunstancias previstas en la ley, entre ellas, la existencia de un vicio que invalida el consentimiento, pero el hecho de que una persona sufra determinado perjuicio, en ocasi�n de un acto jur�dico no implica la nulidad del acto, puesto que la ley en ninguna disposici�n establece que los perjuicios sufridos por una persona, anulan el acto que los motiva. Es cierto que en determinados casos, el acto jur�dico que causa perjuicio a tercero, puede ser declarado nulo, pero ello s�lo ocurre cuando aqu�l fue celebrado con la finalidad de causar ese perjuicio, o lo que es lo mismo, cuando se trata de un acto cuya finalidad consiste en defraudar a terceros, casos en que la acci�n de nulidad deriva del prop�sito fraudulento perseguido por las partes, y tal acci�n se da a los terceros perjudicados, no como consecuencia del error en que hubieren incurrido las partes que celebraron el acto, sino como resultado del prop�sito fraudulento que necesariamente excluye el error de los contratantes."
"ACCI�N, INTER�S COMO ELEMENTO DE LA. El hecho de que el demandado hubiere manifestado expresamente al contestar la demanda que no era propietario ni poseedor de la totalidad del bien en litigio, y haya opuesto la excepci�n de mea non interest, necesariamente trae la consecuencia de que la declaraci�n en lo general respecto a la nacionalizaci�n del citado inmueble, no puede irrogarle da�o o perjuicio algunos, en sus derechos o en sus bienes, y de aqu� su falta de inter�s para atacar en grado de apelaci�n la declaraci�n relativa que abarque la totalidad del inmueble, hecha en primera instancia, sin que consiguientemente en ese punto pueda existir agravio, por inexacta aplicaci�n o falta de aplicaci�n de leyes procesales o de fondo, supuesto el principio uniformemente aceptado en derecho de que no hay acci�n sin inter�s."
Es evidente que un planteamiento de esta naturaleza no tendr�a ninguna consecuencia jur�dica en el juicio relativo, por lo que la omisi�n de la obligaci�n se�alada en el referido precepto 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, perjudicar�a a la instituci�n bancaria y no as� al acreditado, ya que la primera es quien resentir�a el perjuicio por no recuperar el dinero prestado, por no prever la situaci�n econ�mica, solvencia y capacidad de pago del deudor, por el contrario, el incumplimiento al se�alado precepto podr�a ser el motivo que permitiera conseguir un beneficio econ�mico que el propio deudor solicitaba; lo anterior con independencia de las sanciones aplicables por el incumplimiento de la obligaci�n se�alada. Por lo que el acreditado carec�a de legitimaci�n activa para hacer valer en su favor esa transgresi�n.
En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de A., en este tema debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno, contenido en la tesis, cuyo rubro y texto a continuaci�n se indica:
VIABILIDAD ECON�MICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSI�N PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS. LA OMISI�N POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE CR�DITO DE REALIZAR EL ESTUDIO RELATIVO, NO INVALIDA EL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO. El art�culo 65 de la Ley de Instituciones de Cr�dito establece que �stas tienen la obligaci�n de que, previo al otorgamiento de financiamientos, realicen el estudio de viabilidad econ�mica de los proyectos de inversi�n respectivos, los plazos de recuperaci�n de �stos, las relaciones que guarden entre s� los distintos conceptos de los estados financieros o la situaci�n econ�mica de los acreditados, y la calificaci�n administrativa y moral de estos �ltimos, sin perjuicio de considerar las garant�as que, en su caso, fueren necesarias. Asimismo, el citado precepto se�ala que los montos, plazos, reg�menes de amortizaci�n y, en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deber�n tener una relaci�n adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversi�n y con la situaci�n presente y previsible de los acreditados. Adem�s, el mencionado dispositivo prev� que la Comisi�n Nacional Bancaria vigilar� que las instituciones de cr�dito observen debidamente lo dispuesto en el citado art�culo. Estos requisitos tienen como finalidad buscar la seguridad de las operaciones, previendo la viabilidad del cr�dito que se otorgue, a efecto de que se obtenga su recuperaci�n en los t�rminos y condiciones que fije la pol�tica bancaria y con apego a las sanas pr�cticas que propicien la seguridad de sus operaciones. Ahora bien, a la Comisi�n Nacional Bancaria corresponde la vigilancia del cumplimiento de la mencionada obligaci�n, entidad a la que los art�culos 108, 109 y 110 de la citada ley le conceden facultades sancionadoras de car�cter administrativo e, incluso, el art�culo 112 del cuerpo legal en cita, considera como delictivas algunas de las conductas irregulares en el otorgamiento de los financiamientos; sin embargo, el incumplimiento de la obligaci�n de m�rito de ninguna manera incide en los elementos fundamentales del contrato de apertura de cr�dito, como son el objeto y el consentimiento, traducidos, el primero, en que se ponga a disposici�n del acreditado una suma de dinero, o se obligue al acreditante a contraer por cuenta del acreditado una obligaci�n, la cual debe restituir a este �ltimo en los t�rminos y condiciones pactados y, el segundo, en el acuerdo coincidente de voluntades sobre este objeto, por lo que carece de trascendencia para la validez del acto jur�dico la omisi�n del indicado estudio. Adem�s, en cualquier caso esa situaci�n perjudicar�a a la instituci�n de cr�dito y no as� al deudor, ya que la primera es quien sufrir�a el perjuicio por no recuperar el dinero prestado sin prever la situaci�n econ�mica, solvencia y capacidad de pago del segundo, en cambio, �ste de todos modos recibi� el beneficio del cr�dito. Por tanto, no existe raz�n jur�dica alguna para que la omisi�n de la realizaci�n del estudio de viabilidad econ�mica del proyecto respectivo d� lugar a declarar la nulidad del contrato de apertura de cr�dito.
OCTAVO. De la denuncia de contradicci�n, formulada por el presidente de la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo el tema enunciado como: "INTERESES �SON IMPRECISAS O INDETERMINABLES LAS TASAS DE INTERESES VARIABLES EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CR�DITO?", se alude al criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, al resolver los amparos directos civiles 233/96, 484/96, 547/96 y 48/97 (identificados con los n�meros 195, 187, 186 y 174 del legajo de ejecutorias, respectivamente), en relaci�n con el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, al emitir sentencia en el amparo directo civil 211/98 (marcada con el n�mero 27 en el citado legajo).
Las ejecutorias primeramente referidas, emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, en la parte que a este estudio interesa, sostienen:
"En cambio, resulta fundado su segundo concepto de violaci�n en cuanto los impetrantes del amparo aducen que la sentencia reclamada infringe lo dispuesto por los art�culos 1324, 1327 y 1329 del C�digo de Comercio, que rigen el principio de congruencia que debe tener toda sentencia que se dicte en los juicios mercantiles; que ello es as�, porque la S. ad quem no estudi� correctamente su agravio que hiciera consistir en que el Juez natural no analiz� la excepci�n relativa a la falta de acci�n y derecho por oscuridad en el reclamo de intereses ... Ahora bien, todo lo que se lleva relatado pone de manifiesto que el proceder de la S. infringe el principio de congruencia de toda sentencia, en el caso concreto lo dispuesto por los art�culos 1327, 1329 y 1330 del C�digo de Comercio, que establecen, el primero que la sentencia se ocupar� exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestaci�n; el segundo, que cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se har� con la debida separaci�n la declaraci�n correspondiente a cada uno de ellos; y en el tercero, que cuando hubiere condena de intereses, entre otros casos, se fijar� su importe en cantidad l�quida o se establecer�n por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidaci�n, cuando no sean el objeto principal del juicio (como ocurre en el caso, en el que la suerte principal reclamada fue la suma de dinero determinada en el pagar�). Lo anterior es as� porque, en primer lugar, carece de sustento la afirmaci�n de la S. ad quem de que el Juez natural estudi� la excepci�n de que se trata, ya que ello no es cierto seg�n se advierte de la lectura de la sentencia de primera instancia. En segundo lugar, la S. de apelaci�n, al confirmar la sentencia de primera instancia, remiti� a los quejosos a que el ?pago de intereses pactados vencidos y los que se siguieran venciendo? se cuantificar�an en ejecuci�n de sentencia, es decir, en el incidente de liquidaci�n; lo cual infringe los se�alados preceptos, porque por una parte no atendi� a la excepci�n de falta de derecho y acci�n, que no constituye propiamente una excepci�n, sino la simple negaci�n del derecho ejercitado, cuyo efecto jur�dico en el juicio es el de arrojar la carga de la prueba al actor y el de obligar al juzgador a examinar todos los elementos constitutivos de la acci�n, en el caso en particular �nicamente sobre la procedencia del pago de intereses reclamados (pero no sobre la suerte principal, porque en relaci�n a este aspecto no hubo inconformidad alguna); y por otro lado, porque en la sentencia, y atento a lo dispuesto por el citado art�culo 1330, debi� fijar en cantidad l�quida el importe de los intereses reclamados, o bien si eso no fuera posible, establecer por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidaci�n, y si esto tampoco fuera posible, resolver lo que conforme a derecho proceda, que en todo caso ser�a, condenar al inter�s legal previsto por el art�culo 362 del C�digo de Comercio. En consecuencia, si la S. responsable no actu� as�, la sentencia reclamada, s�lo en el aspecto que versa sobre la condena al pago de intereses, resulta violatoria, en perjuicio de los quejosos, de las garant�as individuales consagradas por los art�culos 14 y 16 constitucionales; y por ello, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente dicha sentencia y emita una nueva en la que manteniendo lo decidido sobre las violaciones procesales que analiz�, as� como respecto del estudio de la excepci�n de falta de personalidad, y sobre la condena al pago de la suerte principal; siguiendo los lineamientos precisados en el cuerpo de esta ejecutoria, en relaci�n con la condena al pago de intereses y de gastos y costas en su caso, por estar vinculada esta �ltima condena con lo que se decida sobre los intereses reclamados con plenitud de jurisdicci�n resuelva lo que conforme a derecho proceda." (A. directo civil 233/96, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, identificado con el n�mero 297 del legajo).
"Es fundado el anterior concepto de violaci�n en base a las siguientes consideraciones. En efecto, la instituci�n bancaria actora fund� su acci�n en el contrato de cr�dito refaccionario con inter�s y garant�a hipotecaria, as� como en el estado de cuenta certificado por el contador de la instituci�n crediticia actora y con los pagar�s que constituyen el t�tulo ejecutivo base de la acci�n, reclamando los intereses ordinarios y moratorios contenidos en las cl�usulas cuarta y quinta del contrato aludido, en las que se convino el pago de dichos intereses ordinarios y moratorios, cuyo reclamo se considera oscuro e impreciso por parte de los demandados, cl�usulas que son del contenido literal siguiente: ?Cuarta. Intereses ordinarios. Anuales, sobre saldos insolutos, a la tasa que resulte del promedio ponderado de las tasas de rendimiento equivalente a las de descuento de los certificados de la T.�a de la Federaci�n (Cetes), emitidos por Banco de M�xico y que publique FIRA, a plazo de 28 (veintiocho) d�as, o al plazo que sustituya a �ste en caso de d�as inh�biles, en colocaci�n primaria correspondiente al mes inmediato anterior en que se devenguen los intereses respectivos m�s los puntos respectivos (cien por ciento Cetes), ajustados al cuarto de punto m�s cercano. Dichos intereses ser�n pagados en forma mensual vencida, siguiendo el calendario de pagos estipulados en la cl�usula quinta, calcul�ndose a partir de cada disposici�n, sobre los saldos diarios promedios de las cantidades dispuestas y no pagadas. El c�lculo de intereses ordinarios se efectuar� utilizando el procedimiento de d�as naturales transcurridos con divisor de trescientos sesenta d�as. En caso de que Banco de M�xico modifique la tasa de inter�s a que opera �FIRA�, �la acreditada� se compromete a pagar la nueva tasa correspondiente a partir de la fecha en que entre en vigor, tomando como base el instrumento que decrete Banco de M�xico para estas operaciones de cr�dito, a la tasa que resulte. Quinta. Intereses moratorios. Si �la acreditada� incumple con el pago oportuno de cualesquiera de las obligaciones que son a su cargo, cubrir� un inter�s moratorio equivalente al inter�s ordinario vigente a la contrataci�n, al vencimiento, en su transcurso o a la fecha de pago a elecci�n de �el banco� por 1.5 veces y que se aplicar� mensualmente mientras existan saldos insolutos sobre las sumas vencidas que no hayan sido liquidadas por �la acreditada� a su vencimiento y hasta su total liquidaci�n.? (fojas 29v y 30 de los autos del juicio natural). Consta del contenido de las cl�usulas antes transcritas, dos formas para realizar el c�lculo de los intereses, pues en primer lugar se sostiene que ser�an anuales, sobre saldos insolutos, a la tasa que resulte del promedio ponderado de las tasas derendimiento equivalentes a las de descuento de los certificados de la T.�a de la Federaci�n y que emiten el Banco de M�xico y sean publicadas por FIRA plazo de veintiocho d�as; y en segundo lugar se sostiene que tambi�n podr�an calcularse al plazo que sustituya al de veintiocho d�as en caso de d�as inh�biles tomando en cuenta la colocaci�n primaria correspondiente al mes inmediato anterior en que se devenguen los intereses respectivos m�s los puntos ?cien por ciento Cetes?, ajustadas al cuarto del punto m�s cercano; en el p�rrafo segundo de la cl�usula cuarta se pact� que los intereses ordinarios, se pagar�an en forma mensual vencida, siguiendo el calendario de pagos estipulados en la cl�usula quinta, calcul�ndose a partir de cada disposici�n, sobre saldos diarios promedios de las cantidades dispuestas y no pagadas, sin que exista en la cl�usula quinta en menci�n tal calendario de pagos. Por lo que siendo impreciso tales intereses pactados, lo que proced�a era que la S. responsable hubiera condenado al pago del inter�s legal que es el 6% anual, al modificar la sentencia definitiva del Juez natural y no de absolver a los demandados del pago total de los intereses. El anterior criterio encuentra apoyo en la tesis n�mero VII.1o.C.86 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, aplicada por identidad de razones, misma que se comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.X., septiembre de 1994, Pleno, S. y Tribunales Colegiados de Circuito, p�gina 353 que dice: ?INTER�S LEGAL. SI EN EL CONTRATO DE MUTUO CON PAGO DE INTERESES Y GARANT�A HIPOTECARIA RESULTA IMPRECISO EL INTER�S PACTADO, DEBE ESTARSE AL. El C�digo Civil de la entidad dispone en el art�culo 2328, p�rrafo primero, que el inter�s legal ser� el que fije cada a�o el Ejecutivo del Estado, tomando en consideraci�n las condiciones econ�micas del tiempo y lugar, la cotizaci�n del dinero y la tasa del inter�s, y que no fijando el Ejecutivo el inter�s legal, �ste ser� el de nueve por ciento anual. Lo anterior conduce a estimar que cuando en un contrato de mutuo con garant�a hipotecaria y pago de intereses, se pactan �stos en forma imprecisa, de manera que resulte imposible establecer la tasa a la cual deben calcularse, tal circunstancia no implica que deba absolverse a los demandados de su pago, sino que debe estarse al resolver, siempre que se demanden intereses, al legal referido, toda vez que la voluntad de los contratantes fue la de convenir el pago de intereses moratorios para el caso de incumplimiento." (A. directo civil 484/96, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, identificado con el n�mero 187 del legajo).
"Los anteriores argumentos son fundados, en atenci�n a las siguientes consideraciones: ... b) Es tambi�n incorrecto lo sostenido por la responsable en lo concerniente a que la cantidad l�quida del importe de los intereses, es materia de ejecuci�n de sentencia; esto es as�, ya que con este proceder infringe lo dispuesto por el art�culo 1330 del C�digo de Comercio, debido a que en la sentencia se debi� fijar en cantidad l�quida el importe de los intereses reclamados, o bien si eso no fuera posible, establecer por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidaci�n, y si esto tampoco fuera posible, como acontece en la especie, resolver conforme a derecho proceda, que en todo caso ser�a, de conformidad con el art�culo 174 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, condenar al inter�s legal previsto por el art�culo 362 del C�digo de Comercio, sin que ello vulnere el principio de congruencia, toda vez que la absoluci�n de los intereses �nicamente procede cuando no se reclaman, mas no cuando pact�ndose diversos tipos de inter�s no se acredita cu�l es el aplicable y por lo tanto las bases sobre las que debe hacerse la liquidaci�n. ... En consecuencia, si la S. responsable no actu� as� la sentencia reclamada, s�lo en el aspecto que versa sobre la condena al pago de intereses moratorios, resulta violatoria en perjuicio de los quejosos, de las garant�as individuales consagradas por los art�culos 14 y 16 constitucionales; por ello procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente dicha resoluci�n, y emita una nueva en la que manteniendo lo decidido sobre la excepci�n de falta de personalidad, confirme la condena al pago de la suerte principal por no ser materia de agravio; siguiendo los lineamientos precisados con antelaci�n, en relaci�n con la condena al pago de intereses moratorios, resuelva que son procedentes pero al tipo legal previsto por el art�culo 362 del C�digo de Comercio." (A. directo civil 547/96, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, identificado con el n�mero 186 del legajo).
"... debe decirse que el proceder de la S. Civil responsable de condenar a los actores reconvenidos a pagar a favor de la instituci�n de cr�dito reconvencionista, intereses moratorios al tipo legal, por estimar que resultan oscuros, tal proceder en estos t�rminos no les causa perjuicio alguno, al contrario les beneficia, ya que no se est� absolviendo de su pago. Ahora bien, es incorrecto que la responsable haya modificado la tasa de inter�s pactada en la cl�usula tercera del contrato base de la acci�n, pues ello s�lo acontecer�a si los intereses moratorios pactados fueran claros y precisos, pero como no lo son, dado que se pactaron en forma imprecisa, lo que impide establecer la tasa a la cual deben calcularse, entonces resulta procedente resolver conforme a derecho proceda, que de conformidad con el art�culo 362 del C�digo de Comercio, es condenar al tipo legal como correctamente lo hizo la S. Civil, sin que ello vulnere el principio de congruencia, toda vez que la absoluci�n de los intereses �nicamente procede cuando no se reclaman, mas no cuando pact�ndose dos tipos de inter�s no se acredita cu�l es aplicable y por tanto no existen bases sobre las cuales debe hacerse la liquidaci�n." (A. directo civil 48/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, identificado con el n�mero 174 del legajo).
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, apoy� su criterio en las siguientes consideraciones:
"Por otro lado, como acertadamente lo estima la autoridad responsable, para el caso que nos ocupa, si bien el monto de los intereses ordinarios requieren primeramente la determinaci�n de la tasa aplicable en un cierto mes, una vez conocido este dato, es posible determinar el monto de los intereses, en raz�n, de que la tasa anual aplicable de inter�s ser� la que determine B., considerando para tal efecto la que resulta mayor tasa l�der del mercado, por ello, aun cuando el monto de los intereses no es en principio una cantidad determinada, s� se trata de una cantidad determinable, por ende, no se puede estimar, que se deje en estado de indefensi�n a los ahora quejosos, por el hecho de que en principio no se pueda estimar que los intereses establecidos en la cl�usula quinta del contrato base de la acci�n del juicio natural est�n determinados, al quedar establecido en dicha cl�usula, que la tasa aplicable ser� la que resulte mayor de la tasa l�der del mercado, por lo que una vez conociendo dicho dato, se puede determinar el monto de los intereses, siguiendo para tal efecto las indicaciones que se se�alan en la cl�usula en comento, las cuales son: ?Quinto. Las cantidades ejercidas por la parte acreditada conforme a lo estipulado en las cl�usulas segunda y cuarta de esta escritura, causar�n intereses ordinarios sobre saldos insolutos en la siguiente forma: La tasa base anual aplicable de inter�s ser� la que determine �B.�, considerando para tal efecto la que resulte mayor de: tasa l�der del mercado que enseguida se define por el factor de 1.20 o tasas l�der m�s seis puntos porcentuales. El procedimiento anterior determinar� la tasa base anual y la tasa base mensual para calcular los intereses del mes, ser� el resultado de dividir dicha tasa base anual entre trescientos sesenta d�as y multiplicar el resultado por el n�mero de d�as naturales que tenga el mes del c�lculo cerr�ndose a cent�simas la tasa de inter�s del periodo en que se encuentre el cr�dito. La tasa l�der ser� la que resulte mayor de los siguientes conceptos: a) El promedio aritm�tico de las tasas de rendimiento bruto de los certificados de la T.�a de la Federaci�n (Cetes) de las cuatro �ltimas semanas anteriores al d�a veintis�is inclusive, del mes inmediato anterior, a plazo de veintis�is, veintisiete, veintiocho o veintinueve d�as en colocaci�n primaria; b) El promedio aritm�tico de rendimiento bruto en la oferta p�blica de aceptaci�n bancaria de las cuatro �ltimas semanas anteriores al d�a veintis�is inclusive, del mes inmediato anterior, a plazo no mayor de treinta d�as ni inferior de veintis�is d�as de las siguientes instituciones bancarias: �B.�, Sociedad An�nima; �Banco Nacional de M�xico�, Sociedad An�nima; y �Banca S.�n�, Sociedad An�nima. c) El costo porcentual promedio de captaci�n (CCP) del mes inmediato anterior estimado por el Banco de M�xico y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n; y d) El rendimiento bruto de cualquier otro instrumento que emita el Gobierno F. o las instituciones bancarias en M�xico, para allegarse recursos, llevados en curva de rendimiento a 30 treinta d�as correspondientes hasta el d�a veintis�is, inclusive del mes inmediato anterior, por lo anterior la tasa de inter�s inicial para el mes de diciembre del a�o en curso ser� del 26.52% (veintis�is punto cincuenta y dos por ciento). A partir del mes siguiente la tasa de inter�s se determinar� en la forma pactada en esta cl�usula. En consecuencia las partes convienen en que los intereses se ajustar�n mensualmente, a la alza o a la baja, en la misma proporci�n en que fluct�e la tasa base respectiva. En el caso de que se suspenda o se suprima el sistema que Banco de M�xico proporcione respecto al costo porcentual promedio, �B.� har� la estimaci�n de sus instrumentos de captaci�n para el efecto de lo estipulado en esta cl�usula. Los intereses que se devenguen ser�n pagaderos por mensualidades vencidas, a partir de la fecha de firma del presente instrumento, el d�a �ltimo calendario de cada mes. En caso de que algunas de esas fechas sea d�a inh�bil bancario en el lugar de pago, el pago respectivo habr� de efectuarse el d�a h�bil inmediato siguiente.?. Por tanto, contrario a lo aludido por los quejosos, no se puede establecer, que las cl�usulas relativas a la fijaci�n y monto de intereses sean nulas, ya que se insiste, si bien el monto de los intereses no es una cantidad determinada, s� se puede determinar, de acuerdo a lo establecido en la cl�usula quinta del contrato base de la acci�n, no adecu�ndose al caso el ejemplo que expresan los quejosos para ilustrar sus argumentos, ya que del mismo se desprende, el conocimiento determinado de la tasa aplicable; en la especie, la tasa aplicable depender� de la que resulte mayor en cada periodo mensual, sin que por ello se pueda estimar, que los intereses se pactaron en forma imprecisa, en virtud, de que claramente se establece, en la cl�usula quinta del contrato en comento, que la tasa de inter�s ser� la que resulte mayor de tasa l�der del mercado y en base a ello, se determina el monto de los intereses, no teniendo aplicaci�n al caso la tesis cuyo rubro dice: ?INTER�S LEGAL, SI EN EL CONTRATO DE CR�DITO REFACCIONARIO CON INTER�S Y GARANT�A HIPOTECARIA SE PACTARON EN FORMA IMPRECISA, DEBE CONDENARSE A LA PARTE DEMANDADA A SU PAGO.?; ya que el supuesto que regula dicho criterio no se actualiza en la especie, al quedar perfectamente determinado el modo de calcular los intereses y las tasas aplicables, como ya se dijo en l�neas anteriores. Por otro lado, si bien es cierto, como lo aducen los quejosos, el pago de intereses a tasas variables, no forman parte de la cultura general, aun cuando se publiquen en diarios o peri�dicos oficiales, ya que dichas tasas son emitidas por el Banco de M�xico, con las que indudablemente est� familiarizado el personal del banco, por ser su profesi�n u ocupaci�n habitual y que dif�cilmente pueda entenderse por el com�n de las personas, que no est�n familiarizados ni con el uso de los vocablos, no menos cierto resulta, que tales argumentos no son suficientes para estimar, que por el hecho de que no sean del dominio p�blico los instrumentos de inversi�n sobre los cuales se calculan los intereses pactados en el contrato base de la acci�n del juicio de origen, resulte procedente declarar la nulidad de dicho contrato, ya que tal desconocimiento no impide a los hoy quejosos, que en su momento pudieran solicitar a la instituci�n bancaria que les informaran del instrumento de inversi�n aplicable a cada periodo, como en su momento lo estim� la alzada, m�xime, que el cumplimiento peri�dico de los quejosos, en el pago de las mensualidades respectivas, hacen presumir la conformidad con que la parte demandada del juicio de origen realiz� el c�lculo de los intereses." (A. directo civil 211/98, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, identificado con el n�mero 27 del legajo).
Ahora bien, de la revisi�n minuciosa que se realiz� a las ejecutorias remitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en respuesta de la solicitud formulada por el presidente de la Primera S. de esta Suprema Corte, se advierte que en la diversa sentencia del juicio de amparo 509/97 (n�mero 163 del legajo) del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, tambi�n se emite pronunciamiento respecto del tema que nos ocupa, en los siguientes t�rminos:
"Se estima correcto el proceder de la S. Civil responsable a que arrib� en considerar que a los demandados se les dej� en estado de indefensi�n, esto es as� porque si bien es cierto que la parte actora fund� los intereses en lo pactado en la cl�usula tercera inciso ?A? del contrato fundatorio base de la acci�n, los cuales son imprecisos y oscuros por cuanto omite deliberadamente mencionar que en la cl�usula que invoc� se establecieron diversos sistemas para la determinaci�n de la tasa de inter�s y omite adem�s precisar conforme a cu�l de esos sistemas era reclamado el pago de los intereses, lo que motiv� la indefensi�n de los demandados y por esa raz�n absolvi� del pago de intereses a los enjuiciados, porque la cl�usula tercera es imprecisa como ya se dijo porque al se�alarse el inciso a) de dicha cl�usula se establecieron tres opciones para el cobro de los intereses normales y en autos no consta a cu�l de ellas se sujetaron las partes ya que ni el actor lo se�ala en su demanda, y adem�s se advierte que los intereses moratorios se calcular�an multiplicando la tasa de inter�s ordinario determinado conforme al inciso a), de la cl�usula en menci�n por 1.5 veces; y por otra parte, no se encuentra establecida la forma en que deb�an calcularse y por ende, resulta imposible fijar el importe en cantidad l�quida de los intereses normales y moratorios que se han generado, as� como los que se sigan generando hasta la total soluci�n del adeudo y por esa raz�n a fin de establecer las bases de liquidaci�n debe recurrirse al inter�s legal establecido en el art�culo 362 del C�digo de Comercio, es decir al 6% anual." (A. directo civil 509/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, identificado con el n�mero 163 del legajo).
No obstante lo anteriormente se�alado, de la revisi�n exhaustiva que se realiz� a las seis ejecutorias reproducidas anteriormente, se advierte que dos de ellas, las relacionadas con los amparos directos 233/96 y 547/96 (que corresponden a las ejecutorias n�meros 144 y 150 del legajo correspondiente), emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, no pueden formar parte del tema de contradicci�n que nos ocupa (en el que se controvierte si son o no imprecisas o indeterminables las tasas de intereses variables en los contratos de apertura de cr�dito), en virtud de que dichas ejecutorias tuvieron su origen en un juicio ejecutivo mercantil derivado de un pagar�, cuya naturaleza jur�dica es diversa a los contratos de apertura de cr�dito, respecto de los cuales se plantea la oposici�n de criterios se�alada.
Por tanto, las ejecutorias que forman parte de esta contradicci�n, son, por un lado, las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, en los amparos directos 484/96, 48/97 y 509/97 (que fueron se�alados, respectivamente, con los n�meros 149, 153 y 163, del legajo de ejecutorias), en relaci�n con la pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito en el amparo directo 211/98 (n�mero 193 del mismo legajo).
Este Tribunal Pleno considera que de la transcripci�n de las respectivas sentencias, se desprende que los Tribunales Colegiados en cuesti�n, s� sostienen tesis contradictorias.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito sustenta el criterio de que ante la imprecisi�n de la tasa aplicable para cuantificar el monto de los intereses, debe estarse a la tasa establecida en el art�culo 362 del C�digo de Comercio.
En cambio, en la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, en referencia al mismo tema, se sostiene que si bien el monto de los intereses pactados en los contratos de apertura de cr�dito, no est� expresado en una cantidad determinada, s� se puede determinar, en los t�rminos de la cl�usula respectiva, por lo que no existe imprecisi�n que pueda provocar la nulidad reclamada y la aplicaci�n del inter�s legal.
Tambi�n es importante resaltar que el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, en las ejecutorias relativas a los amparos 484/96 y 509/97, ya transcritas, se apoy� en la tesis VII.1o.C.86 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, consultable en la p�gina trescientos cincuenta y tres, del T.X., del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"INTER�S LEGAL. SI EN EL CONTRATO DE MUTUO CON PAGO DE INTERESES Y GARANT�A HIPOTECARIA RESULTA IMPRECISO EL INTER�S PACTADO, DEBE ESTARSE AL. El C�digo Civil de la entidad dispone en el art�culo 2328, p�rrafo primero, que el inter�s legal ser� el que fije cada a�o el Ejecutivo del Estado, tomando en consideraci�n las condiciones econ�micas de tiempo y lugar, la cotizaci�n del dinero y la tasa del inter�s y que no fijando el Ejecutivo el inter�s legal, �ste ser� el de nueve por ciento anual. Lo anterior conduce a estimar que cuando en un contrato de mutuo con garant�a hipotecaria y pago de intereses, se pactan �stos de forma imprecisa, de manera que resulte imposible establecer la tasa a la cual deben calcularse, tal circunstancia no implica que deba absolverse a los demandados de su pago, sino que debe estarse al resolver, siempre que se demanden intereses, al legal referido, toda vez que la voluntad de los contratantes fue la de convenir el pago de intereses moratorios para el caso de incumplimiento."
De lo anterior puede concluirse que el citado tribunal, al apoyarse, por mayor�a de raz�n, en el criterio que se contiene en la tesis transcrita, equipar� los contratos de apertura de cr�dito con el de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria.
Como se precis�, ambos tribunales analizan la cuesti�n relativa a si el pacto de intereses dentro de un contrato de cr�dito, celebrado entre una instituci�n bancaria y un particular, lleva a la determinaci�n precisa de ellos cuando se�ala las bases para su cuantificaci�n, o es imprecisa y por tanto debe tenerse por no puesta y aplicarse el inter�s legal, sin que obste que en algunos casos se trate de contratos de apertura de cr�dito simple en cuenta corriente (amparo 48/97, quecorresponde a la ejecutoria n�mero 153 del legajo respectivo), en otros de un cr�dito refaccionario con inter�s y garant�a hipotecaria (amparo 484/96 y 509/97, identificados con los n�meros 149 y 163 del citado legajo) y en uno m�s, de un contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria (amparo 211/98, marcado con el n�mero 193 en ese legajo) ya que, precisamente, de la interpretaci�n que los �rganos colegiados hicieron de la aludida cl�usula, deriva su decisi�n de estimar precisa o imprecisa la determinaci�n de la cuant�a de los intereses pactados en un contrato de apertura de cr�dito.
Tampoco es obst�culo a lo anterior que, en algunos casos, las citadas consideraciones se hayan emitido en relaci�n a intereses ordinarios y en otros a intereses moratorios, ya que, con independencia de ello, las cl�usulas analizadas, en todos los casos, tienen caracter�sticas similares y establecen referentes alternativos para la cuantificaci�n del monto de los intereses.
Precisado el tema de la contradicci�n y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, este Tribunal Pleno considera que debe prevalecer su criterio, coincidente en lo esencial, con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, de acuerdo con las consideraciones que a continuaci�n se formulan.
En primer t�rmino, se estima conveniente transcribir las cl�usulas contenidas en los contratos base la acci�n en los juicios correspondientes, que fueron reproducidas por los Tribunales Colegiados en sus ejecutorias, en la inteligencia de que para informar el sentido de esta resoluci�n, �nicamente se transcribir� la relacionada con el amparo directo 509/97, del �ndice del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, en virtud de que las analizadas en las restantes ejecutorias por dicho �rgano federal, son similares; as� como la relativa al amparo directo 211/98, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito.
Las cl�usulas de m�rito son del tenor literal siguiente:
A. directo 509/97 (Banco Mexicano):
"Tercera. Todas las sumas a cargo del acreditado, conforme a este contrato, causar�n intereses anuales sobre saldos insolutos de conformidad con las siguientes reglas: a) Intereses sobre saldos insolutos, pagaderos de acuerdo al calendario de amortizaci�n estipulado en la cl�usula cuarta de este contrato, a una tasa de inter�s que ser� revisada y modificada mensualmente en base a la reciprocidad en cuenta de cheques derivada por el acreditado, respecto del saldo insoluto del cr�dito. El procedimiento que se utilizar� para definir la tasa de inter�s aplicable mensualmente, ser� la tasa m�s alta entre las siguientes opciones: 1. El CPP vigente (puntos adicionales se�alados en la columna 3 de la tabla de alternativas institucionales vigente) m�s un punto. 2. La tasa de rendimiento neto de los certificados de la T.�a de la Federaci�n (Cetes) que ofrece el Gobierno F., a plazo de 28 d�as y que se encuentre vigente el cuarto d�a h�bil anterior al t�rmino de cada mes, m�s 20% de dicho rendimiento. 3. La tasa promedio de rendimiento que ofrezcan las aceptaciones bancarias p�blicas emitidas el cuarto d�a h�bil anterior a fin de cada mes por las instituciones de cr�dito, que determine Banco Mexicano, S., m�s 20% de dicho rendimiento. Los intereses deber�n ser pagados mensualmente ?por la acreditada?, en caso de que su capacidad de pago no lo permita, �stos se capitalizar�n, con fundamento en el art�culo 363, del C�digo de Comercio. ?La acreditada? en este acto manifiesta su conformidad para que se capitalicen los intereses y sean liquidados conjuntamente al vencimiento del capital, sin que el plazo sea mayor de doce meses, en caso de que la acreditada no desee efectuar la capitalizaci�n de sus intereses, deber� dar a ?Banco de M�xico? (sic) el aviso correspondiente por escrito, cuando menos con veinte d�as naturales de anticipaci�n a la fecha en que se deber� realizar el pago mensual de los intereses correspondientes al saldo insoluto. b) En el caso de que Banco Mexicano, opte por descontar el importe del cr�dito motivo del presente contrato, con los fideicomisos instituidos en relaci�n con la agricultura (FIRA), la tasa de inter�s ser� la que rija en el momento del descuento de acuerdo al esquema vigente FIRA-Banca, y se modificar� tantas veces como lo determinen dichos fideicomisos, de acuerdo a las condiciones que d� a conocer Banco de M�xico, para este tipo de operaciones. c) En caso de mora, la tasa de inter�s ser� la que resulte de multiplicar la tasa de inter�s ordinaria determinada conforme al inciso a) de la presente cl�usula, vigente a la fecha de pago, por 1.5 veces ..."
A. directo 211/98 (B.):
"Quinto. Las cantidades ejercidas por ?la parte acreditada? conforme a lo estipulado en las cl�usulas segunda y cuarta de esta escritura, causar�n intereses ordinarios sobre saldos insolutos en la siguiente forma: La tasa base anual aplicable de inter�s ser� la que determine ?B.?, considerando para tal efecto la que resulte mayor de: tasa l�der del mercado que enseguida se define por el factor de 1.20 o tasa l�der m�s seis puntos porcentuales. El procedimiento anterior determinar� la tasa base anual y la tasa base mensual para calcular los intereses del mes, ser� el resultado de dividir dicha tasa base anual entre trescientos sesenta d�as y multiplicar el resultado por el n�mero de d�as naturales que tenga el mes del c�lculo cerr�ndose a cent�simas la tasa de inter�s del periodo en que se encuentre el cr�dito. La tasa l�der ser� la que resulte mayor de los siguientes conceptos: a) El promedio aritm�tico de las tasas de rendimiento bruto de los certificados de la T.�a de la Federaci�n (Cetes) de las cuatro �ltimas semanas anteriores al d�a veintis�is inclusive, del mes inmediato anterior, a plazo de veintis�is, veintisiete, veintiocho o veintinueve d�as en colocaci�n primaria; b) El promedio aritm�tico de rendimiento bruto en la oferta p�blica de aceptaci�n bancaria de las cuatro �ltimas semanas anteriores al d�a veintis�is inclusive, del mes inmediato anterior, a plazo no mayor de treinta d�as ni inferior de veintis�is d�as de las siguientes instituciones bancarias: ?B.?, Sociedad An�nima; ?Banco Nacional de M�xico?, Sociedad An�nima; y ?Banca S.�n?, Sociedad An�nima. c) El costo porcentual promedio de captaci�n (CPP) del mes inmediato anterior estimado por el Banco de M�xico y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n; y d) El rendimiento bruto de cualquier otro instrumento que emita el Gobierno F. o las instituciones bancarias en M�xico, para allegarse recursos, llevados en curva de rendimiento a 30 treinta d�as correspondientes hasta el d�a veintis�is, inclusive del mes inmediato anterior, por lo anterior la tasa de inter�s inicial para el mes de diciembre del a�o en curso ser� del 26.52% (veintis�is punto cincuenta y dos por ciento). A partir del mes siguiente la tasa de inter�s se determinar� en la forma pactada en esta cl�usula. En consecuencia las partes convienen en que los intereses se ajustar�n mensualmente, a la alza o a la baja, en la misma proporci�n en que fluct�e la tasa base respectiva. En el caso de que se suspenda o se suprima el sistema que Banco de M�xico proporcione respecto al costo porcentual promedio, ?B.? har� la estimaci�n de sus instrumentos de captaci�n para el efecto de lo estipulado en esta cl�usula. Los intereses que se devenguen ser�n pagaderos por mensualidades vencidas, a partir de la fecha de firma del presente instrumento, el d�a �ltimo calendario de cada mes. En caso de que algunas de esas fechas sea d�a inh�bil bancario en el lugar de pago, el pago respectivo habr� de efectuarse el d�a h�bil inmediato siguiente."
Ahora bien, en primer t�rmino, se estima necesario reiterar que existen diferencias normativas entre los contratos de pr�stamo mercantil y los contratos de apertura de cr�dito, en especial, en lo relativo al tema de intereses, como enseguida se analiza.
El pr�stamo mercantil se encuentra regulado en los art�culos 358 a 364, del t�tulo quinto, denominado "Del pr�stamo mercantil" del C�digo de Comercio.
El art�culo 358, que prev� esta figura, establece:
"Se reputa mercantil el pr�stamo cuando se contrae en el concepto y con expresi�n de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas de �ste. Se presume mercantil el pr�stamo que se contrae entre comerciantes."
El art�culo 361 dice:
"Toda prestaci�n pactada a favor del acreedor que conste precisamente por escrito, se reputar� inter�s."
El art�culo 362, en su p�rrafo primero, dispone:
"Los deudores que demoren el pago de sus deudas deber�n satisfacer, desde el d�a siguiente al del vencimiento, el inter�s pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual ..."
Cabe destacar que el precepto acabado de transcribir, solamente prev� como inter�s legal, el aplicable en caso de mora, lo cual no influye en el sentido de esta contradicci�n.
Por su parte, la figura del contrato de apertura de cr�dito se encuentra regulada en los art�culos 291 a 301 del t�tulo segundo, denominado "De las operaciones de cr�dito", de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, cuyo art�culo 291 dispone:
"En virtud de la apertura de cr�dito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposici�n del acreditado, o a contraer por cuenta de �ste una obligaci�n, para que el mismo haga uso del cr�dito concedido, en la forma y en los t�rminos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligaci�n que contrajo, y en todo caso, a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen."
Como qued� establecido en considerandos precedentes, la regulaci�n de los t�tulos y operaciones de cr�dito, vigente desde el quince de septiembre de mil novecientos treinta y dos, deriva de la reorganizaci�n del Banco de M�xico y de la expedici�n de la Ley General de Instituciones de Cr�dito, el veinte de junio del mismo a�o, con el prop�sito de establecer las formas de cr�dito m�s adecuadas a las posibilidades presentes y futuras del pa�s y de ajustar todo el sistema bancario a los nuevos m�todos implantados para el funcionamiento del banco central.
Por lo anterior, es que el art�culo 2o. de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito dispone:
"Art�culo 2o. Los actos y las operaciones a que se refiere el art�culo anterior, se rigen:
"I. Por lo dispuesto en esta ley, en las dem�s leyes especiales relativas; en su defecto:
"II. Por la legislaci�n mercantil; en su defecto:
"III. Por los usos bancarios y mercantiles, y en defecto de �stos:
"IV. Por el derecho com�n, declar�ndose aplicable en toda la Rep�blica, para los fines de esta ley, el C�digo Civil del Distrito F.."
En estas condiciones, los contratos de apertura de cr�dito est�n regulados, en primer t�rmino, por la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito.
Adem�s, en el caso del contrato de apertura de cr�dito, celebrado con instituciones de cr�dito, existe una ley especial aplicable, como lo dispone, incluso, el art�culo 640 del C�digo de Comercio, que al efecto, se�ala: "Las instituciones de cr�dito se regir�n por una ley especial ...".
Dicha ley especial, es la Ley de Instituciones de Cr�dito que, en su art�culo 46, dispone que las instituciones de cr�dito podr�n realizar las operaciones mencionadas en el mismo y, entre ellas, la de otorgar pr�stamos o cr�ditos (fracci�n VI), de donde surge la posibilidad de celebrar contratos de apertura de cr�dito con las instituciones mencionadas.
Los art�culos 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y 78 del C�digo de Comercio, establecen, en materia de intereses, el principio de libertad contractual en los contratos de apertura de cr�dito, sin embargo, es de estimarse que estas normas no pueden interpretarse literalmente, sino en el contexto de aquellas que rigen la intermediaci�n financiera, pues no debe pasar inadvertido que el ejercicio de dicha actividad se encuentra sujeta a regulaci�n, inspecci�n y vigilancia por parte del Estado.
En efecto, los p�rrafos sexto y s�ptimo del art�culo 28 de la C.�n F., en su parte relativa, establecen:
"... El Estado tendr� un banco central que ser� aut�nomo en el ejercicio de sus funciones y en su administraci�n. Su objetivo prioritario ser� procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rector�a del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podr� ordenar al banco conceder financiamiento.
"... El banco central, en los t�rminos que establezcan las leyes y con la intervenci�n que corresponda a las autoridades competentes, regular� los cambios, as� como la intermediaci�n y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulaci�n y proveer a su observancia ..."
En concordancia con lo anterior, el art�culo 73, fracci�n X, de la misma Ley Suprema, dispone:
"El Congreso tiene facultad:
"...
"X. Para legislar en toda la Rep�blica sobre hidrocarburos, miner�a, industria cinematogr�fica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediaci�n y servicios financieros, energ�a el�ctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art�culo 123."
La misma Ley de Instituciones de Cr�dito, en sus art�culos 1o. y 4o., establece:
"Art�culo 1o. La presente ley tiene por objeto regular el servicio de banca y cr�dito; la organizaci�n y funcionamiento de las instituciones de cr�dito; las actividades y operaciones que las mismas podr�n realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protecci�n de los intereses del p�blico; y los t�rminos en que el Estado ejercer� la rector�a financiera del sistema bancario mexicano."
"Art�culo 4o. El Estado ejercer� la rector�a del sistema bancario mexicano, a fin de que �ste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del pa�s y el crecimiento de la econom�a nacional, basado en una pol�tica econ�mica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la Rep�blica y su adecuada canalizaci�n a una amplia cobertura regional que propicie la descentralizaci�n del propio sistema, con apego a sanas pr�cticas y usos bancarios.
"Las instituciones de banca de desarrollo atender�n las actividades productivas que el Congreso de la Uni�n determine como especialidad de cada una de �stas, en las respectivas leyes org�nicas."
En relaci�n con la rector�a del sistema bancario mexicano a que se refieren los preceptos mencionados, cabe se�alar que del art�culo 26 de la C.�n F., se desprende que el Estado, a trav�s del Poder Legislativo y Ejecutivo, organizar�n un sistema de planeaci�n democr�tica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la econom�a para la independencia y la democratizaci�n pol�tica, social y cultural de la naci�n.
Se colige de todo lo anterior, que el Estado mexicano ejerce la rector�a del sistema bancario nacional, a trav�s del Banco de M�xico.
Pues bien, establecido lo anterior, debe estimarse que en los contratos de apertura de cr�dito, la materia relativa a los intereses, se encuentra regulada por el art�culo 48 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, que establece:
"Las tasas de inter�s, comisiones, premios, descuentos u otros conceptos an�logos, montos, plazos y dem�s caracter�sticas de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, as� como las operaciones con oro, plata y divisas, que realicen las instituciones de cr�dito y la inversi�n obligatoria de su pasivo exigible, se sujetar�n a lo dispuesto por la Ley Org�nica del Banco de M�xico, con el prop�sito de atender necesidades de regulaci�n monetaria y crediticia.
"Las instituciones de cr�dito estar�n obligadas a canjear los billetes y monedas met�licas en circulaci�n, as� como a retirar de �sta las piezas que el Banco de M�xico indique.
"Independientemente de las sanciones previstas en esta ley, el Banco de M�xico podr� suspender operaciones con las instituciones que infrinjan lo dispuesto en este art�culo."
Esto es, en los contratos de apertura de cr�dito, el pacto de intereses se encuentra sujeto a la normatividad que al efecto emita el Banco de M�xico, de conformidad con lo que dispone el precepto mencionado y los art�culos 3o., fracci�n I, 26 y 27, de la actual Ley del Banco de M�xico, que dicen:
"Art�culo 3o. El banco desempe�ar� las funciones siguientes:
"I.R. la emisi�n y circulaci�n de la moneda, la intermediaci�n y los servicios financieros, as� como los sistemas de pago ..."
"Art�culo 26. Las caracter�sticas de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de cr�dito, as� como las de cr�dito, pr�stamo o reporto que celebren los intermediarios burs�tiles, se ajustar�n a las disposiciones que expida el banco central.
"Lo dispuesto en este art�culo ser� aplicable tambi�n a los fideicomisos, mandatos o comisiones de los intermediarios burs�tiles y de las instituciones de seguros y de fianzas."
"Art�culo 27. El Banco de M�xico podr� imponer multas a los intermediarios financieros por las operaciones activas, pasivas y de servicios, que realicen en contravenci�n a la presente ley o a las disposiciones que �ste expida, hasta por un monto equivalente al que resulte de aplicar, al importe de la operaci�n de que se trate y por el lapso en que est� vigente, una tasa anual de hasta el cien por ciento del costo porcentual promedio de captaci�n que el banco estime representativo del conjunto de las instituciones de cr�dito para el mes o meses de dicha vigencia y que publique en el Diario Oficial de la Federaci�n.
"El banco fijar� las multas a que se refiere el p�rrafo anterior, tomando en cuenta:
"El importe de las ganancias que para dichos intermediarios resulten de las operaciones celebradas en contravenci�n a las disposiciones citadas.
"Los riesgos en que hayan incurrido los intermediarios por la celebraci�n de tales operaciones, y
"Si el infractor es reincidente."
Como se aprecia, las caracter�sticas de las operaciones activas, entre las que se encuentran los contratos de apertura de cr�dito que realicen las instituciones del sistema financiero, deben ajustarse a las disposiciones que expida el banco central.
En ese sentido, es de se�alarse que el art�culo 118-A, de la Ley de Instituciones de Cr�dito, establece la atribuci�n de la Comisi�n Nacional Bancaria para revisar que los modelos de los contratos realizados por las instituciones crediticias se apeguen a dicha ley y a las disposiciones emitidas conforme a los ordenamientos aplicables.
En consecuencia de lo anterior, debe estimarse, conforme al principio de jerarqu�a normativa, que obliga a la aplicaci�n de las normas jur�dicas atendiendo al nivel especificado por la ley aplicable al caso concreto, que el derecho bancario tiene un sistema de interpretaci�n cerrado y s�lo a falta de norma aplicable (lo que no ocurre en materia de intereses), podr� recurrirse a la legislaci�n mercantil, a los usos bancarios y mercantiles y, por �ltimo, a la legislaci�n com�n, como lo manda, incluso, el art�culo 6o., de la Ley de Instituciones de Cr�dito, al disponer:
"Art�culo 6o. En lo no previsto por la presente ley y por la Ley Org�nica del Banco de M�xico, a las instituciones de banca m�ltiple se les aplicar�n en el orden siguiente:
"I. La legislaci�n mercantil;
"II. Los usos y pr�cticas bancarios y mercantiles;
"III. El C�digo Civil para el Distrito F. y,
"IV. El C�digo F. de la Federaci�n, para efecto de las notificaciones y los recursos a que se refieren los art�culos 25 y110 de esta ley.
"Las instituciones de banca de desarrollo, se regir�n por su respectiva ley org�nica y, en su defecto por lo dispuesto en este art�culo."
Por tanto, puede concluirse que el derecho bancario es una especialidad del derecho mercantil y, en consecuencia, los contratos de pr�stamo mercantil y los contratos de apertura de cr�dito, se rigen por sus normas espec�ficas, de tal manera que, en materia de intereses, si bien a los primeros les es aplicable el art�culo 362 del C�digo de Comercio, a los segundos les resultan aplicables, en primer t�rmino, las disposiciones contenidas en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en la de Instituciones de Cr�dito y en la del Banco de M�xico.
Establecida la normatividad aplicable a los contratos de pr�stamo mercantil y a los de apertura de cr�dito, para la resoluci�n del tema que nos ocupa, en relaci�n a la precisi�n, en estos �ltimos, de las tasas de inter�s pactadas, deben ahora considerarse los conceptos de inter�s y tasa, a fin de establecer los alcances de las cl�usulas correspondientes.
Por intereses puede entenderse el precio que debe pagarse por la utilizaci�n de bienes de capital expresados en dinero o la ganancia que se saca de una cosa, principalmente del dinero prestado.
Por inter�s compuesto se puede entender el inter�s de los intereses, esto es, el r�dito que producen los intereses devengados y no pagados, consider�ndose a�adidos al capital desde el instante en que debi� hacerse el pago de ellos.
En otras palabras, los intereses son desde el punto de vista econ�mico, el precio del cr�dito.
En este sentido, como el cr�dito se expresa en dinero y se mide en tiempo, su precio es el inter�s, cuyos t�rminos de medici�n son el factor tiempo y el factor cantidad de dinero desplazado.
Por tasa, puede entenderse la medida del valor dado a una cosa; precio m�nimo o m�ximo al que por disposici�n de la autoridad puede venderse una cosa. Asimismo, es sin�nimo de rendimiento otorgado por una inversi�n en un determinado periodo.
Otro t�rmino que se utiliza en los contratos que se analizan, es el de tasa l�der, que en la pr�ctica bancaria mexicana se refiere a la mayor de entre un n�mero dado y diverso de referentes o indicadores, de m�s frecuente aplicaci�n en las transacciones financieras.
Asimismo, conviene establecer que, por tasa real se entiende el rendimiento expresado porcentualmente, que genera una inversi�n despu�s de descontar a la tasa nominal, el �ndice de la inflaci�n (tambi�n expresada generalmente en t�rminos porcentuales). La confrontaci�n de ambas puede arrojar una tasa positiva o una tasa negativa.
Ahora bien, sea cual fuere el concepto de tasa que se adopte, siguiendo alguna de las numerosas doctrinas econ�micas elaboradas sobre este tema, lo cierto es que a juicio de este tribunal y respecto del punto que se analiza, es necesario que la tasa de inter�s, en cualquiera de las formas en que se haya pactado, produzca certidumbre en la parte que debe pagar dicho inter�s.
Resulta relevante tomar en cuenta que las instituciones que habitualmente intermedian entre la oferta y la demanda de recursos financieros, que reciben y dan cr�ditos como actividad profesional, para fijar la tasa "activa", es decir la que cobrar�n en sus pr�stamos, toman en cuenta la tasa "pasiva", o sea la que le pagan a sus inversionistas y ahorradores por los dep�sitos que realizan.
Para los fines de la presente resoluci�n, importa destacar los �ndices o referentes que generalmente se utilizan en la actualidad para la fijaci�n de las tasas de inter�s bancarias, algunos de ellos significados en las cl�usulas analizadas por los Tribunales Colegiados y que a continuaci�n se se�alan:
Cetes (Certificados de la T.�a de la Federaci�n). Son t�tulos de cr�dito al portador, a cargo del Gobierno F., depositados en administraci�n en el Banco de M�xico, quien adem�s, es el agente exclusivo para la colocaci�n de los mismos, seg�n lo dispuesto en el art�culo primero del decreto emitido por el Congreso de la Uni�n, por el cual se autoriz� al Ejecutivo F. para expedir dichos instrumentos financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y siete.
El mismo art�culo primero, en su fracci�n VII, establece:
"Las emisiones de los certificados de T.�a de la Federaci�n y las condiciones de colocaci�n de �stos se determinar�n por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, considerando previamente los objetivos y las posibilidades de regulaci�n monetaria, de financiamiento de la inversi�n productiva del Gobierno F., de influir sobre las tasas de inter�s y de propiciar un sano desarrollo del mercado de valores. Al efecto, dicha secretar�a, antes de realizar cada emisi�n, consultar� al Banco de M�xico, S. A."
CPP. Seg�n el anexo n�mero 13, de la Circular 2019/95 emitida por el Banco de M�xico el veinte se septiembre de mil novecientos noventa y cinco, es la estimaci�n referida al costo porcentual promedio de captaci�n por medio de tasa y, en su caso, sobretasa de rendimiento -por inter�s o por descuento-, de los pasivos en moneda nacional a cargo del conjunto de las instituciones de banca m�ltiple, correspondientes a: dep�sitos bancarios a plazo, dep�sitos bancarios en cuenta corriente, pagar�s con rendimiento liquidable al vencimiento, aceptaciones bancarias y papel comercial con aval bancario. Dicha estimaci�n, el Banco de M�xico la da a conocer mensualmente a trav�s del Diario Oficial de la Federaci�n, seg�n resoluciones del propio banco, publicadas en ese diario los d�as 20 de octubre de mil novecientos ochenta y uno y 17 de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.
Cabe mencionar, que seg�n la Circular-Telefax 7/96 emitida por el Banco de M�xico el diecis�is de febrero de mil novecientos noventa y seis, que modifica a la Circular 2019/95, se dispuso respecto al citado indicador, lo siguiente:
"Por otra parte, para evitar trastornos tanto a las instituciones como a las personas que tengan celebradas operaciones referidas al costo porcentual promedio de captaci�n (CPP), el Banco de M�xico continuar� dando a conocer dicha tasa de referencia a trav�s del Diario Oficial de la Federaci�n hasta el mes de diciembre del 2005, con la �nica variante de que, a partir del mes en curso, ser� publicada en alg�n d�a de los comprendidos del 21 al 25 de cada mes. En caso de ser inh�bil este �ltimo, la publicaci�n podr� realizarse el d�a h�bil inmediato siguiente. El Banco de M�xico estar� dispuesto a considerar, a petici�n por escrito de esas instituciones, siempre y cuando exista una causa que as� lo justifique, continuar publicando el CPP, por un periodo mayor al se�alado en el p�rrafo anterior."
TIIE. Es la tasa de inter�s interbancaria de equilibrio, determinada por el Banco de M�xico de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo n�mero 1, de la Circular 2019/95, antes citada.
TIIP. Es la tasa de inter�s interbancaria promedio, determinada tambi�n por el Banco de M�xico de acuerdo con el procedimiento establecido en la Circular 2019/95, punto M.85.1 y anexo 1, punto 1.12.
Cabe se�alar que con anterioridad al dos de enero de mil novecientos noventa y seis, las instituciones bancarias pod�an pactar libremente con su clientela las caracter�sticas de las operaciones activas, sin m�s limitaciones que las establecidas por las disposiciones legales aplicables, seg�n se puede corroborar del contenido de la Circular 2008/94, emitida por el Banco de M�xico, el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en cuya parte introductiva se se�ala:
"En los �ltimos a�os, el r�gimen aplicable a las operaciones de las instituciones de banca m�ltiple, ha sido objeto de sustanciales transformaciones. La din�mica de los cambios ha ocasionado que las disposiciones del Banco de M�xico se encuentren consignadas en diversas circulares.
"Con el fin de facilitar su consulta, se ha resuelto incorporar en un solo documento, todas las disposiciones del Banco de M�xico relativas a operaciones activas, pasivas y de servicios, contenidas en tales circulares, as� como aquellas normas dirigidas a las instituciones de cr�dito que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n.
"Asimismo, es de se�alarse que, si bien la presente circular constituye b�sicamente una compilaci�n del r�gimen vigente, se han efectuado algunos ajustes a dicho r�gimen, dentro de los cuales destacan los siguientes:
"... M.2 Operaciones activas.
"Las instituciones pactar�n libremente con su clientela, las caracter�sticas de las operaciones activas, sin m�s limitaciones que las establecidas en las disposiciones aplicables.
"Se except�an de lo se�alado en la fracci�n XVIII del art�culo 106 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, las operaciones de cr�dito destinadas a la adquisici�n, construcci�n o mejora de viviendas, cuyo plazo podr� ser de hasta 30 a�os. Este plazo m�ximo, en su caso, estar� referido a la suma del plazo de la contrataci�n original, m�s el de la o las renegociaciones ..."
Posteriormente, el propio banco, en el ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 28 constitucional, a fin de regular la actividad bancaria en materia de intereses, prohibi� en algunos contratos como los que nos ocupan, la pr�ctica de convenir tasas alternativas, precisando que deb�a pactarse una sola tasa de referencia, seg�n se desprende de la circular que a continuaci�n se transcribe:
"Circular-Telefax 114/95.
"M�xico, D.F., a seis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. A las instituciones de banca m�ltiple. Asunto: Tasa de inter�s de operaciones activas. El Banco de M�xico, con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 24 y 26 de su ley, y considerando que el margen de intermediaci�n que las instituciones cobran en los cr�ditos que otorgan responde en gran medida a los costos de operaci�n y de capital de la instituci�n acreditante, as� como a los riesgos crediticios involucrados; que los usuarios de cr�dito deben contar con elementos que faciliten conocer y comparar el margen efectivo que cobran las distintas instituciones, y que se han estado llevando a cabo acciones para que las tasas de referencia reflejen de manera m�s adecuada las condiciones de los mercados financieros, ha decidido modificar a partir del dos de enero de mil novecientos noventa y seis, el numeral M.2 de su circular 2019/95 para quedar como sigue: ?M.2 Operaciones activas. M.21. Tasas de inter�s. M.21.1 Tasa de inter�s de los cr�ditos denominados en moneda nacional, en unidades de inversi�n (UDIS), o en d�lares de los EE.UU.A. En los instrumentos jur�dicos en que las instituciones documenten estos cr�ditos, deber� pactarse una sola tasa de inter�s. La tasa de inter�s deber� expresarse conforme alguna de las tres opciones siguientes: a) Puntos porcentuales y/o sus fracciones, fijos; b) Puntos porcentuales y/o sus fracciones, fijos, que se adicionen a una sola tasa de referencia, que se elija de entre las se�aladas en los numerales M.21.5, M.21.6 o M., seg�n se trate de cr�ditos denominados en moneda nacional, en unidades de inversi�n o en d�lares de los EE.UU.A., respectivamente, o c) Estableciendo: i) el n�mero de puntos porcentuales m�ximo y m�nimo que podr�n sumar a una de las mencionadas tasas de referencia y ii) que dentro de dicho rango, la tasa de inter�s aplicable se ajuste al alza o a la baja, seg�n resulte, al sumar a la tasa de referencia utilizada, los puntos porcentuales o sus fracciones, que se obtengan de aplicar a dicha tasa de referencia, el porcentaje que acuerden con sus clientes. Las instituciones no podr�n pactar tasas alternativas. M.M.�n de la tasa de inter�s y de los dem�s accesorios financieros. Las instituciones deber�n abstenerse de pactar en los instrumentos jur�dicos en que documenten sus cr�ditos, mecanismos para modificar durante la vigencia del contrato, la tasa de inter�s as� como los dem�s accesorios financieros. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de modificar mediante convenio las cl�usulas de los contratos, incluyendo las relativas a la tasa de inter�s y dem�s accesorios. En tal caso el consentimiento del acreditado deber� otorgarse por escrito al tiempo de pactarse la modificaci�n. M.21.3 Tasa aplicable y periodo de c�mputo de intereses. En el evento de que las instituciones pacten la tasa de inter�s con base en una tasa de referencia, tambi�n pactar�n que dicha tasa de referencia deber� ser la �ltima publicada durante el periodo que se acuerde para el c�mputo de los intereses, o la que resulte del promedio aritm�tico de dichas tasas, publicadas durante el periodo de c�mputo de los intereses. M.21.4 Tasas de referencia sustitutivas. Las instituciones podr�n pactar una o m�s tasas de referencia sustitutivas, para el evento de que deje de existir la tasa de referencia originalmente pactada. Las instituciones que pacten tasas de referencia sustitutivas, deber�n adem�s convenir el n�mero de puntos porcentuales o sus fracciones que, en su caso, se sumen a la tasa sustitutiva que corresponda a la originalmente pactada. Los acuerdos mencionados deber�n quedar claramente establecidos desde el momento en que se otorgue el cr�dito correspondiente y s�lo podr�n modificarse conforme a lo previsto en M.21.2. M.21.5 Tasa de referencia en moneda nacional. En las operaciones activas, denominadas en moneda nacional, �nicamente se podr� utilizar como tasa de referencia: a) la tasa de inter�s interbancaria de equilibrio (TIIE) prevista en el anexo 1 de la presente circular; b) la tasa de rendimiento en colocaci�n primaria, de certificados de la T.�a de la Federaci�n (Cetes); o c) el costo porcentual promedio de captaci�n en moneda nacional que el Banco de M�xico estime representativo del conjunto de las instituciones de banca m�ltiple y que publique en el Diario Oficial de la Federaci�n (CPP). Trat�ndose de las tasas de referencia previstas en los incisos a) y b) deber� indicarse el pacto de las operaciones a las cuales est� referida la TIIE o el plazo de los Cetes. M.21.6 Tasa de referencia en UDIS. En las operaciones activas denominadas en unidades de inversi�n �nicamente podr�n utilizar como referencia, el costo porcentual promedio de captaci�n en unidades de inversi�n, que el Banco de M�xico estime representativo del conjunto de las instituciones de cr�dito y que publique en el Diario Oficial de la Federaci�n. M. Tasa de referencia en d�lares de los EE.UU.A. En las operaciones denominadas en d�lares de los EE.UU.A., �nicamente se podr� utilizar como referencia, la tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate), respecto de la cual deber� se�alarse claramente su plazo y la publicaci�n donde se obtendr�, debiendo ser esta �ltima de conocimiento p�blico. El Banco de M�xico considerar� para los efectos legales que procedan, que las instituciones incurren en actos que se alejan de las sanas pr�cticas bancarias, cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente numeral, o no proporcionen a sus acreditados informaci�n clara y oportuna sobre el costo de los cr�ditos que otorgan. M.22. Las instituciones podr�n pactar libremente las caracter�sticas de las operaciones activas que celebren con los intermediarios financieros. Consecuentemente, a tales operaciones no les ser� aplicable lo dispuesto en M.21. M.23. Se except�an de lo se�alado en la fracci�n XVIII del art�culo 106 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, las operaciones de cr�dito destinadas a la adquisici�n, construcci�n o mejora de viviendas, cuyo plazo podr� ser de hasta 30 a�os. Este plazo m�ximo, en su caso, estar� referido a la suma del plazo de la contrataci�n original m�s el de la o las renegociaciones. M.24. Las instituciones cuando expidan tarjetas de cr�dito con base en contratos de apertura de cr�dito en cuenta corriente, deber�n sujetarse a lo que establecen las ?Reglas a las que habr�n de sujetarse las instituciones de cr�dito en la emisi�n de operaci�n de tarjetas de cr�dito bancario?, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el nueve de marzo de mil novecientos noventa y modificadas por resoluci�n publicada en dicho diario el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y tres, las cuales se adjuntan como anexo 4. M.25. Las instituciones, en la realizaci�n de sus operaciones activas, deber�n observar lo dispuesto en la resoluci�n del Banco de M�xico sobre l�mites m�ximos de financiamiento que se pueden otorgar a una misma persona, entidad o grupo de personas que se encuentre en vigor. Dado que la resoluci�n citada se publica peri�dicamente en el Diario Oficial de la Federaci�n y est� en vigor por un periodo determinado, el anexo 5 de la presente circular contendr� la resoluci�n que est� en vigor. Atentamente. L.. �ngel P.H.. Director General de An�lisis del Sistema Financiero. R�brica. L.. J.A.. Director de Disposiciones de Banca Central. La presente circular-telefax se expide con fundamento en los art�culos 8o., 14 y 17 fracci�n I del Reglamento Interior del Banco de M�xico."
De las anteriores precisiones, puede v�lidamente concluirse que el pacto de referentes o �ndices variables se encuentra permitido a trav�s de las disposiciones correspondientes; por otro lado, se concluye tambi�n, que la remisi�n a instrumentos financieros no les resta precisi�n, pues si bien existe cierta dificultad sobre la forma de llegar a conocer exactamente el monto de las obligaciones a cargo de los deudores, la determinaci�n de cu�l es la tasa de inter�s aplicable a cada vencimiento, es objeto de consentimiento rec�proco de las partes desde el momento del nacimiento del contrato; lo �nico que resta por hacer, es aplicar los procedimientos de c�lculo que se�alan los contratos.
El banco no cuantifica arbitrariamente entre las tasas de referencia mencionadas en el contrato, sino que espera que los datos que la realidad objetiva arroja, indiquen cu�l ser� la tasa de referencia que resultar� base para la aplicable, para un per�odo determinado, de conformidad con las reglas que, para estos efectos, los contratantes han establecido.
El deudor puede llegar a conocer el monto l�quido de su obligaci�n en el momento en que se genera la obligaci�n de pago, con recurrir a la mec�nica del contrato de que se trate o, acudir al banco para obtener la informaci�n correspondiente. Sostener lo contrario llevar�a a considerar que el establecimiento de f�rmulas que, en ocasiones, resultan complicadas para cumplir con obligaciones de pago provocar�a que se estimaran contrarias a derecho, aun cuando con la realizaci�n de ciertas operaciones aritm�ticas y la reuni�n de determinados datos informativos, se podr�a cumplir con la obligaci�n.
De conformidad con las ejecutorias en contradicci�n de tesis, la imprecisi�n de la tasa aplicable se hizo derivar del pacto relativo a que se tuviera como base aquello que la costumbre bancaria ha bautizado como "tasa l�der" y que no es sino la tasa de referencia que resulte m�s alta entre varias que espec�ficamente se se�alan en el propio contrato de apertura de cr�dito, ya sea que se tome como punto de partida la tasa de referencia que se haya publicado en determinada fecha o seg�n se calcule por el promedio que estuvo vigente.
El hecho de que la tasa de inter�s pactada sea determinable y no determinada no la hace de suyo imprecisa, arbitraria o ilegal; el procedimiento para su determinaci�n, podr� resultar complejo, pero dicha complejidad no se traduce en imprecisi�n, en tanto que puede hacerse l�quida en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 2189 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F..
Por otro lado, debe considerarse que al no existir prohibici�n alguna respecto del establecimiento de tasas de referencia alternativas en las operaciones activas celebradas hasta el primero de enero de mil novecientos noventa yseis, el pacto relativo a que el pago de intereses se determinar�a de acuerdo con la mayor de las tasas de referencia convenidas, no es contrario a derecho, en virtud de la libertad contractual que impera en estos contratos, en t�rminos del art�culo 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, 78 del C�digo de Comercio y la ausencia de restricci�n al respecto por las dependencias competentes.
En algunos de los contratos analizados, se pudo advertir que dentro del establecimiento de la tasa alternativa de tasas de referencia, se incluyeron las denominadas "aceptaciones bancarias" emitidas por el banco acreditante, referidas a instrumentos en los que la cuantificaci�n de intereses se realiza en forma unilateral por el propio banco, lo que implica que dicho establecimiento queda al arbitrio de una de la partes, en perjuicio del acreditado, cuesti�n que resulta contraria a lo dispuesto por el art�culo 1797 del C�digo Civil vigente para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F..
En estas condiciones, deber� tenerse por no puesta la opci�n de tasa de referencia aludida, en aquellos contratos en los que se incluya dicha tasa y deber� estarse a lo convenido en cuanto a la aplicaci�n y determinaci�n de las tasas de referencia restantes.
Por otro lado, a partir de enero de mil novecientos noventa y seis, en que entr� en vigor la Circular 114/95, emitida por el Banco de M�xico de seis de noviembre anterior, el establecimiento de tasas de referencia alternativas en la mayor�a de los casos, qued� expresamente prohibido, ya que en dicha circular se determina que debe pactarse una sola tasa de referencia, en la generalidad de los casos, a las operaciones activas que realicen los bancos.
En estas condiciones, debe precisarse que, en los contratos celebrados a partir del dos de enero de mil novecientos noventa y seis, se debe establecer s�lo una tasa de referencia, para que a partir de ella, se fije la tasa aplicable, es decir, los contratos a que se refiere el p�rrafo precedente, deben tener un s�lo referente, de lo contrario, se estar� al primero que se enuncie, teni�ndose por no puestos los dem�s.
Por �ltimo, debe se�alarse que en los contratos de apertura de cr�dito, se hace menci�n a una periodicidad para el pago de los abonos a cuenta del adeudo (seg�n sea la aplicaci�n o imputaci�n del abono en intereses, comisiones, etc�tera), sin embargo, existen otros factores para considerar el surgimiento de la obligaci�n de pago.
Es decir, el ejercicio de los procedimientos mediante los cuales las partes convinieron la forma de determinar los intereses, conducen necesariamente a hacerlos determinados, luego de transcurridos los periodos de causaci�n, lo que se traduce en una cantidad resultante a cargo del acreditado, que cumple los requisitos para su conocimiento exacto y su consecuente cobro por el acreditante.
Esos requisitos son los relativos a los intereses ciertos, en el sentido de que los procedimientos para su determinaci�n constan en las estipulaciones contractuales; de tal manera que son l�quidos precisamente porque las operaciones realizadas con base en los factores convenidos llevan a establecer una cantidad determinada; asimismo resultan exigibles, en tanto hayan transcurrido los periodos de causaci�n.
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones expresadas, este Tribunal Pleno determina que los criterios que con car�cter de jurisprudencia, deber�n prevalecer, son los siguientes:
APERTURA DE CR�DITO Y PR�STAMO MERCANTIL. LEGISLACI�N APLICABLE A ESOS CONTRATOS EN MATERIA DE INTERESES. Del an�lisis de la normatividad relativa a los contratos de pr�stamo mercantil y a los contratos de apertura de cr�dito, conforme al principio de jerarqu�a normativa, que exige la aplicaci�n de la norma espec�fica frente a la gen�rica, de acuerdo con la naturaleza del contrato de que se trate, se colige que, en materia de intereses, lo previsto en el art�culo 362 del C�digo de Comercio, resulta aplicable para los primeros, pero no para los segundos, que tienen regulaci�n espec�fica en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, cuyo art�culo 2o. hace aplicable la Ley de Instituciones de Cr�dito y que, conforme al art�culo 6o. de �sta, tambi�n resulta aplicable la Ley del Banco de M�xico, reglamentaria de los p�rrafos sexto y s�ptimo, del art�culo 28 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de lo previsto por los art�culos 358, 361 y 362 del C�digo de Comercio, relativos a los contratos de pr�stamo mercantil, se desprende que el legislador, en el precepto citado en �ltimo t�rmino, no limit� la libertad contractual en materia de intereses, sino que en defecto de la voluntad de las partes, estableci� la aplicaci�n de una tasa de inter�s del 6% anual, para el caso de mora. Sin embargo, trat�ndose de los contratos de apertura de cr�dito, que encuentran regulaci�n en los art�culos 291 a 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en relaci�n con los art�culos 46, fracci�n VI y 48 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, que establecen que respecto a los intereses, resultan aplicables las disposiciones generales que al efecto emita el Banco de M�xico, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 3o., fracci�n I, de la ley que regula a dicha instituci�n financiera, no debe pasar inadvertido que por mandato del precepto constitucional mencionado, compete al banco central regular la intermediaci�n y servicios financieros.
INTERESES. LAS TASAS VARIABLES EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CR�DITO SON DETERMINABLES, NO IMPRECISAS. El pacto de tasas variables, en operaciones activas, se encuentra permitido, seg�n se infiere de lo dispuesto en los art�culos 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y 78 del C�digo de Comercio, relacionados con las circulares que emite el Banco de M�xico, por lo que la remisi�n a �ndices inequ�vocos no le resta precisi�n, pues si bien pudiera existir cierta dificultad sobre la forma de llegar a conocer exactamente el monto de las obligaciones de los deudores, la determinaci�n de cu�l es la tasa de inter�s aplicable a cada vencimiento es objeto de consentimiento rec�proco de las partes desde el momento del nacimiento del contrato. El banco no puede, v�lidamente, escoger a su arbitrio la tasa conforme a la cual se determinar�n los intereses, sino que debe esperar a que los datos que la realidad objetiva arroje, indiquen cu�l ser� la tasa de inter�s que resultar� aplicable para un periodo determinado, de conformidad con las reglas que, para estos efectos, los contratantes han establecido. El deudor puede llegar a conocer el monto l�quido de su obligaci�n de pago en el momento en que se genera, con recurrir a la mec�nica del instrumento de que se trate o, simplemente, acudiendo al banco para obtener la informaci�n correspondiente. Sostener lo contrario llevar�a a considerar que el establecimiento de f�rmulas que, en ocasiones, resultan complicadas para cumplir con obligaciones de pago, provocar�a que se estimaran contrarias a derecho, aun cuando con la realizaci�n de ciertas operaciones aritm�ticas y la reuni�n de determinados datos informativos, se podr�a cumplir con la obligaci�n. El hecho de que la tasa pactada sea determinable y no determinada no la hace, de suyo, imprecisa, arbitraria o ilegal. El procedimiento podr� resultar complejo, pero esa complejidad no se traduce en imprecisi�n.
NOVENO. En la denuncia formulada por el presidente de la Primera S. de esta Suprema Corte, se destac� como tema de contradicci�n el siguiente:
"CL�USULA DE CR�DITO ADICIONAL �LA FALTA DE AVISO AL BANCO ACREDITANTE SOBRE NO DISPOSICI�N DEL CR�DITO ADICIONAL, IMPLICA ACEPTAR LA APLICACI�N A PAGO DE INTERESES?"
Para determinar si existe la contradicci�n de tesis sobre el tema citado, se realiz� un an�lisis exhaustivo de las doscientas siete ejecutorias enviadas por diversos Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica, contenidas en el legajo a que se hace menci�n en el resultando octavo del presente fallo, en las que se abordaron temas vinculados con la cuesti�n referida a la capitalizaci�n de intereses y que dio lugar a diferentes tesis sustentadas por algunos de esos �rganos de control constitucional.
Dicho an�lisis permiti� advertir que el tema supracitado fue materia de pronunciamiento en diez ejecutorias, a saber:
A. directo civil 942/97, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 4 del citado legajo); amparo directo civil 6683/97, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (correspondiente al 16 del legajo); amparo directo civil 11203/97, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (identificado con el n�mero 18 del legajo); amparo directo civil 1350/98, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 25 del legajo); amparo directo civil 439/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito (n�mero 70 del legajo); amparo directo civil 463/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito (n�mero 71 del legajo); amparo directo civil 114/98, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito (n�mero 190 del legajo); amparo directo civil 1695/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito (n�mero 199 del legajo); amparo directo civil 1883/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito (n�mero 201 del legajo); y, amparo directo civil 240/98, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito (n�mero 204 del legajo).
En las ejecutorias que aparecen marcadas con los n�meros 4, 16, 18, 25, 70 y 71 del mencionado legajo, los Tribunales Colegiados respectivos coincidieron en que al omitir el acreditado dar el aviso previo al banco sobre la no disposici�n del cr�dito adicional para pago de intereses, tal conducta debe interpretarse como su expresa conformidad de que s� desea obtener los financiamientos adicionales y efectuar las disposiciones citadas, por lo que la cl�usula que establece tal obligaci�n no es nula, en tanto que fue de su conocimiento desde la celebraci�n del contrato.
En cambio, en las ejecutorias que se identifican con los n�meros 190, 199, 201 y 204 del citado legajo, los Tribunales Colegiados correspondientes establecieron que el acreditado no tiene la libre posibilidad de disponer o no del cr�dito adicional para pago de intereses, porque tambi�n se oblig� a que en caso de que no quisiera usar el pr�stamo deb�a comunicarlo a la instituci�n acreditante con anticipaci�n a la fecha en que se realizara la erogaci�n neta mensual, de lo que se sigue que dicho aviso tendr�a que darse antes de que se generaran los intereses y no cuando ya se hab�an causado; caso aquel en que s� podr�a considerarse como optativo para el deudor el pago de la totalidad de los intereses generados, o bien solicitar la disposici�n del cr�dito adicional pero todo ello no antes de conocerlos. En esta �ltima hip�tesis y tomando en cuenta el plazo previo a la disposici�n con el que deb�a darse el aviso a la instituci�n crediticia, agregan los referidos �rganos jurisdiccionales, es de considerarse que resulta materialmente dif�cil admitir la posibilidad de que si los acreditados desconoc�an el monto de los r�ditos, pudieran comunicar con anticipaci�n a su pago que no deseaban utilizar el pr�stamo adicional.
En las resoluciones que establecieron que la falta de aviso implicaba la aceptaci�n de la disposici�n del cr�dito adicional para pago de intereses, se esgrimieron diversos argumentos, entre los que destacan los siguientes, cit�ndose despu�s de ellos las ejecutorias en las que aparecen:
I. "De acuerdo a la parte �ltima de la cl�usula antes transcrita, resulta inconcuso que los acreditados podr�n impedir la actualizaci�n del cr�dito adicional cubriendo puntualmente los intereses generados, puesto que dicha convenci�n no estipula que los intereses vencidos y no pagados generen a su vez intereses, como inexactamente se�al� la S. responsable, sino que s�lo puede inferirse del contenido de las cl�usulas primera y tercera del referido contrato, que los acreditados podr�n disponer discrecionalmente del mencionado cr�dito para cubrir intereses insolutos, pero que en caso de que no desearan efectuar las disposiciones citadas, deber�an dar a Banca Cremi, S., el aviso correspondiente por escrito, cuando menos con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha en que se llevara a cabo la erogaci�n neta mensual y por lo tanto, pagar�an el importe total de los intereses correspondientes a ese mes." (A. directo civil 942/97, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificado con el n�mero 4 en el legajo de ejecutorias).
II. "Aunado a lo anterior, cabe se�alar que tambi�n se pact� de que en caso de que el acreditado no deseara efectuar las disposiciones a que alud�a la cl�usula tercera, deber�a notificar al banco, por escrito con treinta d�as de anticipaci�n, cuando menos, a la fecha en que deb�a realizar el respectivo pago mensual de intereses ordinarios; por consiguiente, el acreditado debi� demostrar fehacientemente que no efectu� disposici�n del cr�dito adicional que se le otorg� en la cl�usula tercera, ofreciendo la notificaci�n respectiva que comunic� al banco." (A. directo civil 6683/97, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se�alado con el n�mero 16, en el legajo de ejecutorias).
III. "A mayor abundamiento, debe de se�alarse que por lo que respecta al cr�dito adicional, las partes convinieron en la cl�usula cuarta del b�sico de la acci�n que la parte acreditada manifiesta su conformidad para recibir los financiamientos adicionales y para ejercer las disposiciones previstas en esta cl�usula e instruya al banco para aplicar su importe a los pagos mensuales de que se trate y que en el caso de que la parte acreditada no desee obtener los financiamientos adicionales y efectuar las disposiciones citadas, deber� dar a el banco el aviso correspondiente por escrito, cuando menos con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha en que se deba realizar el pago mensual por los intereses respectivos; raz�n por la cual, si no existe constancia de que la parte actora hoy quejosa hubiese dado el aviso a que se refiere la cl�usula cuarta a la instituci�n bancaria demandada, tal conducta debe interpretarse como su expresa conformidad de que s� desea obtener los financiamientos adicionales y efectuar las disposiciones citadas, por lo que en manera alguna dicha cl�usula puede estar afectada de nulidad, en tanto fue del conocimiento de los quejosos las condiciones pactadas, por lo que si no hizo suyo el derecho de excepci�n a la adici�n al capital, para el pago de intereses, dentro del t�rmino convenido, resulta obvio que se sujet� a las consecuencias pactadas." (A. directo civil 11203/97, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que corresponde al n�mero 18, del legajo respectivo).
IV. "Y en todo caso no puede dejar de ignorarse que conforme a lo establecido en la cl�usula de referencia, los quejosos tuvieron la oportunidad de comunicar al banco acreedor, mediante un aviso por escrito, con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha en que deb�an realizar los pagos mensuales por los intereses respectivos, que era su deseo de no disponer de financiamientos adicionales ni de la cantidad especificada en la cl�usula cuarta, no existiendo en autos alguna constancia en tal sentido a trav�s de la cual los ahora quejosos le indicaran al banco acreedor su voluntad en ese sentido." (A. directo civil 1350/98, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, marcado como n�mero 25 del legajo).
V. "Como tambi�n es inexacto que falt� su consentimiento t�cito o expreso para que se les otorgara un cr�dito adicional, pues la voluntad de la parte acreditada se plasm� en el momento que firm� el contrato y se aceptaron sus cl�usulas, entre otras, la cuarta, en la que se convino un cr�dito adicional para el pago de intereses, y los acreditados desde ese acto manifestaron su conformidad para ejercer las disposiciones en los t�rminos y condiciones previstas en esa cl�usula, que en lo que interesa, estipula que ?en caso de que el acreditado no desee efectuar las disposiciones citadas, deber� dar a �B.� el aviso correspondiente por escrito cuando menos con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha en que se realice el respectivo pago mensual de intereses?, por lo que no puede la parte quejosa ahora desconocer que existe el consentimiento en relaci�n con el cr�dito adicional, puesto que, de acuerdo a su voluntad, debi� dar los avisos correspondientes a la instituci�n de cr�dito para que no se le hiciera entrega de las cantidades mensuales del cr�dito a comento para el pago de intereses, lo que no consta realizara; asimismo tampoco se acredita con medio de convicci�n alguno, que la instituci�n bancaria ?abuse? para realizar el cobro por concepto del cr�dito adicional." (A. directo civil 439/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, marcado con el n�mero 70, en el legajo de ejecutorias).
VI. "Por lo que si la parte acreditada no deseaba que se utilizara el cr�dito adicional, entonces ten�a que dar el aviso por escrito al banco y cubrir directamente la suma de intereses que resultaba en cada mes, ya que de esa forma contrataron las partes. Tampoco se trata de un cr�dito para el pago o financiamiento de pasivos, sino de un contrato de apertura de cr�dito simple con garant�a hipotecaria, con un cr�dito adicional en el que la parte acreditada extern� su voluntad desde el momento en que suscribi� el contrato para ejercer las disposiciones previstas en la cl�usula quinta, en la cual se estableci� que los acreditados instruyen al banco para que ese cr�dito adicional lo ?aplique al importe del pago de los intereses devengados?, es decir, que se haga uso del cr�dito adicional para pagar los intereses ya vencidos al mes correspondiente, destac�ndose que en el p�rrafo in fine de la cl�usula quinta del contrato cuya nulidad se reclama, se previ� la forma que los acreditados ten�an para no hacer uso de dicho cr�dito, por lo que no es v�lido que despu�s de disponer de �l, ahora pretendan negar su pago, al invocar como causa de nulidad del contrato, entre otras cosas, que la persona moral demandada obtenga un beneficio desproporcionado por realizar el cobro del concepto del cr�dito adicional. Tiene aplicaci�n al caso, la tesis de la entonces Tercera S. de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina mil quinientos cuarenta, del Tomo XXVI, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?NULIDAD. En materia de nulidad debe regir este moralizador principio, ninguno ser� o�do en juicio alegando su propia falta ...?." (A. directo civil 463/98, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, marcado con el n�mero 71, en dicho legajo).
En las sentencias en que se concluy� que no era posible dar el referido aviso previo porque se desconoc�a el monto de los intereses que se generar�an, se esgrimieron los argumentos que a continuaci�n se especifican, d�ndose los datos relativos a las ejecutorias respectivas y el �rgano que las pronunci�:
I. "Adem�s de que la supuesta facultad de no utilizar el refinanciamiento de intereses, es una falacia, toda vez que en la realidad el contrato se presenta como un todo, en el cual la parte que celebra el acuerdo de voluntades con la instituci�n bancaria, para conseguir el otorgamiento del cr�dito a su favor, debe someterse al modo de pago y refinanciamiento que se estipule en las cl�usulas, sin que exista una verdadera posibilidad de no hacer uso del refinanciamiento establecido." (A. directo civil 114/98, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, que correspondeal n�mero 190 del legajo de ejecutorias).
II. "Ahora bien, el hecho de que el hoy tercero perjudicado haya incumplido con su obligaci�n pactada en el �ltimo p�rrafo del contrato fundatorio de la acci�n, consistente en dar aviso cuando menos con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha en que se realice la erogaci�n neta mensual, de que no deseaba hacer uso del cr�dito adicional, en manera alguna puede considerarse como lo pretende el quejoso, que esa omisi�n aunada al hecho de que el acreditado efectu� algunos pagos mensuales, constituye una convalidaci�n de cualquier nulidad que pudiera haberse actualizado, pues la omisi�n del acreditado de dar aviso al banco que no deseaba disponer del cr�dito adicional, en todo caso lo �nico que implicar�a es la aceptaci�n t�cita de hacer uso del mencionado cr�dito, pero no la convalidaci�n de la ilicitud invocada respecto de la finalidad real del mismo." (A. directo civil 1695/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito, identificado con el n�mero 199, en el legajo).
III. "Por otra parte, es infundado el argumento en el sentido de que era de uso discrecional la disposici�n del cr�dito adicional acordado en la cl�usula quinta antes transcrita, del contrato base de las reclamaciones, pues del apartado contractual se advierte que si bien es verdad se dice que el acreditado podr� disponer del mismo, tambi�n es cierto que no por esa circunstancia debe estimarse que los demandados hoy terceros perjudicados ten�an la libre posibilidad de disponer o no de ese cr�dito, porque tambi�n se estableci� que en caso de que no quisieran usar el pr�stamo, ten�an la obligaci�n de comunicar al banco esa circunstancia con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha en que deber�a realizarse la erogaci�n neta mensual, de lo que se sigue que el aviso deb�a ser antes de que se generaran los intereses y no precisamente cuando ya se hab�an causado; caso aquel en que s� podr�a considerarse como optativo para el deudor el de pagar la totalidad de los intereses generados o solicitar la disposici�n del cr�dito adicional, pero no antes de conocerlos, pues en esta hip�tesis y por el plazo previo a la disposici�n con el que deb�a darse el aviso a la instituci�n crediticia, es de considerarse que resultaba materialmente dif�cil admitir la posibilidad de que, si los acreditados desconoc�an el monto de los r�ditos, pudieran comunicar treinta d�as antes a su pago que no deseaban utilizar el pr�stamo adicional; am�n de que ya se hab�a pactado la capitalizaci�n de intereses, tal y como qued� precisado con antelaci�n.". "Adem�s, debe presumirse que la instituci�n de cr�dito hoy quejosa, desde el momento de la celebraci�n del contrato base de la acci�n, sab�a que el acreditado no podr�a pagar los intereses que generar�a el cr�dito que le fue otorgado, pues de no ser as�, no se hubiera pactado el pr�stamo adicional para el pago de los r�ditos que no alcanzara a cubrir con la erogaci�n neta mensual, de ah� que no puede concluirse, como lo pretende el inconforme, que era optativa la disposici�n de ese cr�dito, ya que para esto era necesario que esa opci�n se presentara a los obligados cuando los r�ditos ya se hubieran generado, pero no con treinta d�as de anticipaci�n, cuando a�n los desconoc�an." (A.s directos civiles 1883/97 y 240/98, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito, se�alados con los n�meros 201 y 204, respectivamente).
Precisado lo anterior, procede ahora dilucidar, como punto de contradicci�n, si es nula la cl�usula que establece la obligaci�n del acreditado de dar aviso al acreditante con anticipaci�n a la fecha de la erogaci�n neta mensual, sobre la no disposici�n del cr�dito adicional para pago de intereses.
Al respecto, se estima indispensable destacar de manera preponderante que trat�ndose de los contratos de apertura de cr�dito, �stos se encuentran regulados en la secci�n I (De la apertura del cr�dito) del cap�tulo IV (De los cr�ditos) del t�tulo II (De las operaciones de cr�dito) de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en cuyo art�culo 291 se prev� que en los convenios de esa naturaleza el acreditado puede disponer del cr�dito en la forma, t�rminos y condiciones convenidos, y a la vez se obliga a restituir la suma dispuesta y a pagar los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.
De lo anterior deriva como interpretaci�n l�gico-jur�dica que en este tipo de actos mercantiles rige la voluntad contractual; lo que adem�s se corrobora con lo dispuesto en el art�culo 78 del C�digo de Comercio, de aplicaci�n supletoria conforme lo prev� el numeral 2o. de la invocada Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, por tratarse de uno de los elementos esenciales (voluntad) de las convenciones comerciales y por no existir disposici�n expresa en la norma especial, en el sentido de que en los contratos mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse.
En este orden de ideas, no son nulas las cl�usulas que en un contrato de apertura de cr�dito establecen la obligaci�n del acreditado de dar aviso al banco con anticipaci�n sobre la no disposici�n del cr�dito adicional para pago de intereses, toda vez que, en la hip�tesis examinada, al momento de firmar el convenio dicho acreditado otorga su consentimiento para que el acreditante aplique su importe para el fin convenido.
Aunado a lo anterior, como la cl�usula relativa se redact� en el sentido de que el acreditante otorgaba en favor del acreditado un cr�dito adicional para pago de intereses, y dicho deudor se oblig� a avisar con anticipaci�n a la fecha de la erogaci�n neta mensual sobre si respecto de �sta no har�a uso del supracitado cr�dito adicional; resulta evidente que la falta de ese aviso necesaria y l�gicamente tra�a como consecuencia que la instituci�n crediticia aplicara autom�ticamente el multicitado cr�dito adicional, pues la condici�n para que ello no se realizara era el mencionado aviso.
Tampoco es correcta la consideraci�n relativa a que es nula la cl�usula que establece la obligaci�n del acreditado de dar el aviso previo al banco de que no va a disponer del cr�dito adicional para pago de intereses, bajo el razonamiento de que tomando en cuenta que las tasas para la cuantificaci�n de tales productos son determinables pero no determinadas, ante esas condiciones es pr�cticamente imposible que pueda conocer con anticipaci�n el monto de esos accesorios para dar el aviso correspondiente sobre la no disponibilidad del cr�dito adicional.
Sobre el particular debe decirse que es verdad que el acreditado desconoce el monto de los intereses que se van a generar en el periodo respecto del que tiene que dar aviso de que no desea disponer del cr�dito adicional para el pago de tales accesorios, pues dicho aviso se da cuando van a empezar o se est�n generando esos r�ditos (lo que depende del plazo pactado por las partes), por lo que es obvio que no conoce de antemano el resultado final de las tasas de inter�s para que deba tomar como referencia la tasa del mes y cuantificar los r�ditos devengados.
Sin embargo, el hecho de que se desconozca por parte del acreditado el quantum exacto de los intereses que se causar�n en el mes, ello de ninguna manera le impide dar el aviso previo de que rechaza la disposici�n del cr�dito adicional para el fin convenido, y por ende tampoco es nula la cl�usula relativa; en virtud de que, en primer lugar, tiene como antecedente el pago que realiz� el mes anterior, que por l�gica es una s�lida referencia de aproximaci�n a la cantidad que est� obligado a liquidar el mes siguiente.
En segundo t�rmino, no es presupuesto de validez de ese pacto (avisar previamente que no se va a disponer del cr�dito adicional para pago de intereses), el que se deba tener conocimiento exacto del monto de la obligaci�n, ya que basta con que exista una previsi�n econ�mica para que se pueda ejercitar v�lidamente la opci�n de avisar que no se dispondr� del cr�dito adicional.
Adem�s, no existe precepto legal alguno, en las leyes especiales de la materia ni en las supletorias, que exija que previamente al vencimiento de una obligaci�n, como en el caso lo es el pago de intereses, se tenga que conocer necesariamente el momento exacto en que se debe pagar; por el contrario, el art�culo 1825 del C�digo Civil para el Distrito F., aplicable supletoriamente a la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y dem�s normas de la materia, establece que la cosa objeto de los contratos puede ser determinable, esto es, no necesariamente debe estar determinada.
De acuerdo con los razonamientos expuestos, sobre el particular debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia, la siguiente:
APERTURA DE CR�DITO. NO SON NULAS LAS CL�USULAS QUE ESTABLECEN LA OBLIGACI�N DEL ACREDITADO, DE AVISAR CON ANTICIPACI�N SI RECHAZA LA DISPOSICI�N DEL CR�DITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES. De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 78 del C�digo de Comercio y 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, si se celebra un contrato de apertura de cr�dito convini�ndose que el acreditado pueda disponer del cr�dito para pago de intereses generados por otra obligaci�n y, a la vez, se obliga a restituir la suma dispuesta y a pagar los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen, de acuerdo con el principio de que en este tipo de actos mercantiles rige la voluntad contractual, no son nulas las cl�usulas que contengan la obligaci�n del acreditado de dar aviso al banco con anticipaci�n respecto de que no va a disponer del referido cr�dito adicional, en virtud de que, en la hip�tesis examinada, al momento de firmar el convenio dicho acreditado otorga su consentimiento para que el acreditante aplique su importe para el fin convenido. Adem�s, el que el acreditado desconozca el monto de los r�ditos que se van a generar en el periodo mensual respectivo, ello no impide que pueda dar el aviso multicitado, ni trae como consecuencia la nulidad de la cl�usula relativa, toda vez que, por un lado, tiene como antecedente el pago realizado por el mes anterior, que obviamente constituye una referencia de aproximaci�n a la cantidad que est� obligado a liquidar el mes siguiente, y por otro, no es presupuesto de validez del pacto el que deba conocer con exactitud el monto de la obligaci�n, ya que basta con que exista una previsi�n econ�mica de su parte para que pueda ejercitar la opci�n de disponer del cr�dito adicional condicionado al aviso previo.
D�CIMO. En la prosecuci�n del estudio programado, toca examinar enseguida el tema que el presidente de la Primera S. de la Suprema Corte present� en la siguiente forma:
"APERTURA DE CR�DITO. L�NEA ADICIONAL DE CR�DITO AL ACREDITADO, PARA PAGO DE INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS RESPECTO DE UN CR�DITO INICIAL �EXISTE FALSEDAD IDEOL�GICA PARA ENCUBRIR LA CAPITALIZACI�N DE INTERESES?"
A este respecto, debe se�alarse que en el legajo de ejecutorias, y con los n�meros que se indicar�n entre par�ntesis, aparecen las resoluciones en que los Tribunales Colegiados: Primero del Vig�simo Tercer Circuito (amparos directos civil 1695/97 y 397/98; 199 y 206 del legajo); Primero del Vig�simo Segundo Circuito (amparos directos 149/98, 253/98, 295/98 y 359/98; 192, 194, 195 y 196 del legajo); Segundo del D�cimo Noveno Circuito (amparo directo civil 450/93; 140 del legajo); Segundo del D�cimo S�ptimo Circuito (amparo directo civil 835/97; 139 del legajo); Segundo del D�cimo Sexto Circuito (amparos directos civil 656/97 y 1074/97; 133 y 136 del legajo); S�ptimo (amparos directos civil 4457/97, 4507/97, 6247/97, 6397/97, 10037/97, 1887/98 y 2767/98; 31, 32, 33, 34, 36, 38 y 40 del legajo) y Octavo en Materia Civil del Primer Circuito (amparo directo 328/98; 45 del legajo), al analizar si el contrato adicional para el pago de intereses que se pact� en un contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria implica o no una simulaci�n, determinaron de manera similar que dicho cr�dito adicional o refinanciamiento contenido en el referido contrato es un acto simulado para capitalizar los intereses devengados y no pagados. Por tanto, concluyen que todo ello encubre el pacto de anatocismo, prohibido por los art�culos 363 del C�digo de Comercio y 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., lo que est� comprobado con el propio instrumento p�blico en que consta el esquema financiero a discusi�n y con lo dicho al contestarse la demanda. De tales elementos probatorios se presume la simulaci�n, lo cual es acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que puede verse en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, p�gina 2891, que dice:
"SIMULACI�N, PRUEBA DE LA, MEDIANTE PRESUNCIONES. La simulaci�n es por regla general refractaria a la prueba directa, de tal manera que, para su demostraci�n, tiene capital importancia la prueba de presunciones."
Sostienen tambi�n que el sistema de cr�dito adicional o de refinanciamiento, conlleva a considerar fundada la excepci�n de falsedad ideol�gica por dinero no entregado, lo que origina la nulidad de la operaci�n contenida en el contrato o en la cl�usula relativos a ese cr�dito adicional, pues cuando no se hace la entrega de dinero y s�lo se producen movimientos contables para que la cantidad correspondiente quede en favor del banco acreditante, se simula la apertura de cr�dito al cliente y la sucesiva provisi�n de numerario para cubrir intereses, sin que para ello medie acuerdo o juicio que legitime el procedimiento, incurri�ndose en el vicio de falsedad ideol�gica o subjetiva.
Este criterio se ejemplifica con el contenido de la jurisprudencia I.7o.C. J/2 del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y ocho, p�gina cuatrocientos quince, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
"CR�DITO ADICIONAL O REFINANCIAMIENTO, SISTEMA DE. ES UN ACTO SIMULADO QUE ENCIERRA UN PACTO DE ANATOCISMO. Las cl�usulas y definiciones del contrato base de la acci�n, contempladas a la luz de la doctrina y de las disposiciones legales relativas, permiten arribar a la convicci�n de que el llamado sistema de cr�dito adicional se estructur� desde un punto de vista econ�mico pero no jur�dico, con la finalidad de que los intereses devengados que no pudieran cubrir los acreditados, los pagaran con las cantidades de que dispusieran mes a mes, al amparo del cr�dito adicional, durante el tiempo en que los intereses fueran mayores a los pagos mensuales de capital, previstos en una de sus cl�usulas. Esos pagos de intereses, en virtud de las cantidades dispuestas del cr�dito adicional, se sumar�an al capital, y sobre ambos conceptos, es decir, sobre intereses y suerte principal, se causar�an otros intereses. No puede darse interpretaci�n distinta al esquema financiero. En otras palabras, el sistema de cr�dito adicional se dise�� para pagar intereses cuando los acreditados no tuvieran capacidad de cubrir el capital; de este modo, el pago se aplicar�a primero a intereses y, de quedar alg�n remanente, se aplicar�a a la suerte principal; en caso de que el pago de los acreditados no alcanzara a cubrir el monto de los intereses devengados, el banco, mediante un asiento contable de cargo y abono, tomar�a del cr�dito adicional el importe necesario para pagar los intereses faltantes. Sucede que, como ya se dijo, el importe del cr�dito adicional se sumar�a al cr�dito inicial y ambos generar�an intereses. La realidad del caso es que el cr�dito adicional o refinanciamiento establecido en el contrato de apertura de cr�dito simple con inter�s y garant�a hipotecaria, es un acto simulado para capitalizar los intereses devengados no pagados, ya que no es verdad que se trate de un nuevo cr�dito otorgado para pagar intereses debidos. En efecto, como no se entreg� ning�n dinero para cubrir los intereses causados, pues incluso se expres� en una de sus cl�usulas que las disposiciones del cr�dito adicional se documentar�an con asientos contables, lo cual no es otra cosa sino la denominada falsedad ideol�gica por dinero no entregado, que consiste, como precisado qued� con anterioridad, en que cuando no se entrega el dinero que se dice prestado y s�lo se producen movimientos contables para que la cantidad dispuesta quede en favor del banco acreditante, se simula el cobro por su cuenta de cantidades adeudadas. Se est�, entonces, en presencia de un acto simulado que encierra un pacto de anatocismo, prohibido por los art�culos 363 del C�digo de Comercio y 2397 del C�digo Civil para el Distrito F.."
Por otra parte, los Tribunales Colegiados Segundo (amparo directo civil 10992/97; 12 del legajo), Quinto (amparo directo civil 6155/97; 23 del legajo), Sexto (amparo directo civil 4276/97; 27 del legajo), Noveno (amparo directo civil 3359/97; 46 del legajo), en Materia Civil del Primer Circuito; Segundo del Quinto Circuito (amparos directos civil 267/97 y 1048/97; 64 y 65 del legajo); Primero (amparo directo civil 463/98; 71 del legajo) y Segundo (amparo directo civil 1332/97; 84 del legajo) en Materia Civil del S�ptimo Circuito; Primero (amparo directo civil 499/97; 99 del legajo) y Tercero (amparo directo civil 222/94; 103 del legajo) del D�cimo Segundo Circuito; Segundo del D�cimo Cuarto Circuito (amparos directos civil 287/96, 398/96, 231/97 y 272/97; 108, 109, 110 y 111 del legajo); Primero del D�cimo Sexto Circuito (amparos directos civil 634/97, 693/97, 702/97 y 832/97; 114, 117, 119 y 126 del legajo); Primero (amparo directo civil 254/97; 156 del legajo) y Segundo (amparo directo civil 137/98; 189 del legajo) del Vig�simo Primer Circuito, coinciden en se�alar, sustancialmente, que no existe simulaci�n en la celebraci�n del cr�dito adicional en un contrato de apertura de cr�dito, ya que en la especie no se acredit� la existencia de disconformidad entre la voluntad real y lo declarado por las partes en los contratos de reestructuraci�n de pasivos; de lo que se infiere que no se cre� un acto aparente, pues ambas partes convinieron textualmente en suscribir los contratos de cr�dito de referencia, para que la parte acreditada reestructurara pasivos. Por todo ello, al no haberse probado que existiera disconformidad entre la voluntad real y lo declarado, no puede afirmarse que se trate de un acto aparente, ni tampoco que el contrato de referencia tuviera como fin el enga�o a terceros.
Este criterio, para efectos de la presente resoluci�n, se ejemplifica con la tesis XIV.2o.21 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., correspondiente a diciembre de mil novecientos noventa y seis, p�gina cuatrocientos cuarenta y cinco, que a la letra dice:
"SIMULACI�N DE CONTRATO. NO EXISTE CUANDO EN EL MISMO SE PACTA EXPRESAMENTE UN CR�DITO PARA LA REESTRUCTURACI�N DE PASIVOS. Para que exista simulaci�n de un contrato, es necesario que se realice en un acto aparente por no coincidir la voluntad real con lo declarado a fin de producir enga�o a terceros, pero tal hip�tesis no se actualiza cuando se celebra un contrato de cr�dito con garant�a hipotecaria espec�ficamente para la reestructuraci�n de pasivos, al amparo del cual la instituci�n de cr�dito acreedora deposita en la cuenta de cheques del deudor cierta cantidad para despu�s cargarla nuevamente y abonarla a cuenta de los intereses generados de acuerdo con lo pactado; toda vez que ambas partes manifiestan claramente en el citado acuerdo de voluntades, su intenci�n respecto al objeto del referido contrato, es decir, de actualizar el pago de intereses; de ah� que no existe simulaci�n alguna por no haberse demostrado disconformidad entre la voluntad real y lo declarado externamente."
Dado que en los juicios de los que derivanlos criterios antes citados, se analizaron contratos provenientes de distintas instituciones de cr�dito, a saber, B., Banamex, Banca Cremi, B.S.�n, entre otros, a continuaci�n se reproducen de las transcripciones relativas que obran en las ejecutorias, s�lo las cl�usulas que corresponden al tema que suscita la contradicci�n, tomando para ello como referencia el contrato de apertura de cr�dito del Banco Nacional de M�xico, en virtud de la semejanza que en este punto tiene con la totalidad de los contratos, de cuyo an�lisis se ocuparon los Tribunales Colegiados de Circuito.
Las cl�usulas son del tenor siguiente:
"Primera. El banco abre al acreditado un cr�dito con garant�a hipotecaria hasta por la cantidad de cien millones ochocientos mil pesos, moneda nacional, equivalente a doscientos ochenta y dos punto treinta y cinco veces el salario m�nimo mensual vigente en la fecha de firma del presente contrato, en el que no se encuentran comprendidos los intereses, comisiones y gastos que se originen en virtud de este contrato, cantidad que el acreditado se obliga a destinar para la adquisici�n del inmueble descrito en el antecedente I (uno romano) del presente instrumento, esta suma la recibe el acreditado mediante cheque n�mero cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos diecisiete, dieciocho y diecinueve de esta fecha, expedido seg�n solicitud verbal del acreditado que ahora ratifica. En los t�rminos que m�s adelante se indican, el acreditado, podr� utilizar el sistema de cr�dito adicional, de acuerdo a lo estipulado en la cl�usula quinta, con lo cual se incrementar� el importe del cr�dito se�alado con anterioridad ... Quinta. El acreditado podr� disponer del cr�dito adicional en las fechas en que deba cubrir los intereses pactados en la cl�usula s�ptima, mediante disposiciones mensuales cada una de ellas hasta la cantidad que resulte de restar al importe de los intereses ordinarios que mensualmente se causen, la erogaci�n neta mensual a que est� obligado el acreditado a cubrir, seg�n la cl�usula octava. El cr�dito adicional al que se refiere esta cl�usula ser� hasta por mil cuatrocientos once punto setenta y seis veces el salario m�nimo diario general del Distrito F., elevado al mes, y se dispondr� en un plazo m�ximo de nueve a�os contados a partir de la fecha de este instrumento, incluy�ndose el plazo de disposici�n. El acreditado al ejercer las disposiciones previstas en esta cl�usula instruye al banco para que la aplique al importe del pago de los intereses devengados. Cada una de las disposiciones bajo el sistema de cr�dito adicional se documentar� mediante asientos contables que har� el banco sin necesidad de que el acreditado suscriba documento alguno. En caso de que el acreditado no desee efectuar las disposiciones citadas, deber� dar al banco el aviso correspondiente por escrito cuando menos con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha en que se realice la erogaci�n neta mensual y por lo tanto pagar� al banco los intereses correspondientes a ese mes por el importe total ... S�ptima. Durante la vigencia de este contrato, las cantidades dispuestas por el acreditado, causar�n a su cargo intereses normales sobre saldos insolutos mensuales calculados en los t�rminos de la definici�n de tasa de inter�s se�alada en el cap�tulo de definiciones de este contrato. En este contrato se pacta una tasa de inter�s inicial anual del treinta y ocho punto cuarenta y seis por ciento, que queda sujeta a los ajustes a la alza o a la baja en los t�rminos en que aumenten o disminuyan los instrumentos mencionados en la definici�n de la tasa de inter�s de este contrato. La tasa de inter�s pactada en el p�rrafo anterior de la presente cl�usula incluye el punto setenta y cinco por ciento por concepto de seguro de vida y da�os."
Este Tribunal Pleno considera que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, en tanto que un sector de los Tribunales Colegiados de Circuito afirman que en los contratos de apertura de cr�dito con clausulado similar al supracitado, se incurre en simulaci�n, se oculta la capitalizaci�n de intereses y se incide en falsedad ideol�gica o subjetiva por dinero no entregado, en tanto que otro diverso n�mero de tribunales rechazan tales conclusiones, por estimar que no existe simulaci�n ni falsedad ideol�gica en el contenido de las cl�usulas, sosteniendo que para que exista simulaci�n de un contrato, es necesario que se realice un acto aparente en el cual no coincida la voluntad real con lo declarado y que esto se realice, precisamente, con el fin de producir enga�o a terceros.
Es pertinente aclarar que si bien unos Tribunales Colegiados s�lo se pronunciaron sobre la simulaci�n y otros sobre la simulaci�n y falsedad ideol�gica, la contradicci�n se da porque la falsedad ideol�gica se examin� en funci�n del estudio sobre la simulaci�n, es decir, la falsedad ideol�gica se invoc� porque, al propio tiempo, configuraba un supuesto de la simulaci�n.
Con objeto de dilucidar la contradicci�n planteada que ya se precis�, y tomando en cuenta que el estudio realizado por los tribunales respectivos introdujo, de modo confuso, el an�lisis de figuras jur�dicas espec�ficas y distintas, este Tribunal Pleno estima necesario que el desarrollo del tema de contradicci�n y sus variantes se oriente a dilucidar tres cuestiones distintas, estrechamente vinculadas, que son las siguientes:
1) �La apertura de cr�dito adicional para el pago de intereses constituye, o no, un acto simulado?
2) �La apertura de cr�dito adicional para el pago de intereses, encubre el establecimiento il�cito de intereses sobre intereses?
3) �La apertura de cr�dito adicional para el pago de intereses, implica la existencia de falsedad ideol�gica o subjetiva, como una forma de simulaci�n?
Para seguir el orden establecido, es pertinente indicar, en principio, que la figura de la simulaci�n de los actos jur�dicos se encuentra prevista en los art�culos 2180 al 2184 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., y que, dentro de los temas en examen, estos preceptos son aplicables a los contratos bancarios. Esta circunstancia obedece a que ni la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, que regula los contratos de apertura de cr�dito, ni la Ley de Instituciones de Cr�dito, que establece disposiciones espec�ficas a este tipo de instituciones, ni ninguna otra ley especial, establecen las normas relativas a las acciones o excepciones generadas por la simulaci�n; s�lo el C�digo de Comercio, ordenamiento general supletorio, de acuerdo con el art�culo 2o., fracci�n II, de la mencionada Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, establece, en su art�culo 81, de manera expresa, lo siguiente: "Con las modificaciones y restricciones de este c�digo, ser�n aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes, y de las excepciones y causas que rescindan o invaliden los contratos.", con lo cual remite, obviamente, a las normas que el C�digo Civil mencionado establece al respecto.
Pues bien, para el legislador civil, la simulaci�n de un acto jur�dico se presenta en los supuestos y grados siguientes:
"Art�culo 2180. Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas."
"Art�culo 2181. La simulaci�n es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es relativa cuando a un acto jur�dico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero car�cter."
Las disposiciones transcritas est�n inspiradas, fundamentalmente, en la doctrina dominante en torno a esta instituci�n, sustentada por F.F. (La Simulaci�n de los Negocios Jur�dicos; Madrid, 1991, p�ginas 61 y 62), como puede verse de la transcripci�n de la parte siguiente de su obra:
"En la simulaci�n, pues, los contratantes est�n de acuerdo sobre la apariencia del acto que no llevan a cabo realmente, o bien, en aquella forma visible de que se sirven como un instrumento para enga�ar a los terceros.
"Los requisitos del negocio simulado son, por tanto, los tres siguientes:
"1o. Una declaraci�n deliberadamente disconforme con la intenci�n.
"2o. Concertada de acuerdo entre las partes.
"3o. Para enga�ar a terceras personas.
"Lo m�s caracter�stico en el negocio simulado es la divergencia intencional entre voluntad y declaraci�n. Lo interno, lo querido, y lo externo, lo declarado, est�n en oposici�n consciente. En efecto, las partes no quieren el negocio; quieren solamente hacerlo aparecer y, por eso, emiten una declaraci�n disconforme con su voluntad, que predetermina la nulidad del acto jur�dico y, al mismo tiempo, sirve para provocar una ilusi�n falaz de su existencia. Los que simulan pretenden que a los ojos de los terceros aparezca formada una relaci�n que, en realidad, no debe existir, pero de la cual se quiere mostrar una exterioridad enga�adora mediante una declaraci�n que carece de contenido volitivo ..."
Las ideas de F. en materia de simulaci�n fueron recogidas por la anterior Tercera S. de este Alto Tribunal, al establecer diversos criterios sobre la figura que se examina, como puede observarse de las tesis siguientes:
"SIMULACI�N, PRUEBA DE LA, MEDIANTE PRESUNCIONES. La simulaci�n de un acto jur�dico, conforme a la definici�n del tratadista F.F. en su obra ?La Simulaci�n de los Negocios Jur�dicos?, consiste en la declaraci�n de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir la apariencia de un acto que no existe o es distinto de aquel que realmente se llev� a cabo. Por ello, ante la falta de elementos de convicci�n precisos, o sea de prueba directa, por regla general, la simulaci�n es refractaria a este tipo de prueba, de manera que, para su demostraci�n tiene capital importancia la prueba de presunciones." (Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Cuarta Parte, Vol�menes 169-174, p�gina 171).
"SIMULACI�N, TERCEROS CON RELACI�N A LOS ACTOS AFECTADOS DE NULIDAD, POR CAUSA DE. Es doctrina universalmente aceptada, que las consecuencias de la simulaci�n no pueden afectar al tercero de buena fe, que adquiere una cosa del propietario aparente, pues como dice F. en su obra ?La Simulaci�n de los Negocios Jur�dicos?: ?no es posible dejar a los terceros a merced de las maquinaciones de las partes, sin protecci�n jur�dica y sintiendo pesar continuamente sobre sus cabezas la amenaza de verse despojados, en cualquier momento, de sus derechos?, y ?El derecho no puede tolerar que las partes urdan un enga�o y que esos terceros resulten v�ctimas?. F.P. en su ?Estudio sobre la Simulaci�n?, sostiene la misma tesis. Por otra parte, debe decirse que las relaciones civiles y comerciales han hecho patente la necesidad de dar firmeza a las relaciones de derecho, y por eso, en todas las legislaciones se han fijado normas para favorecer a los terceros de buena fe, lo cual es natural, ya que quien otorga a favor de otro, un documento p�blico, en que se reconoce que existe determinado v�nculo jur�dico, consistente en que tal documento se utilice, y debe atenerse a las consecuencias que de esto resulten, porque una declaraci�n contraria a lo que en �l se establece, no puede hacerse valer en contra de quien no la conoce. As� lo admite el C�digo Civil vigente en el Distrito F., al establecer en su art�culo 2184, que ?Luego que se anule un acto simulado, se restituir� la cosa o derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la cosa o derecho ha pasado por t�tulo oneroso a un tercero de buena fe, no habr� lugar a restituci�n. Tambi�n subsistir�n los grav�menes impuestos a favor de tercero de buena fe.?." (Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXXVII, p�gina 6528).
"SIMULACI�N DE CONTRATOS, PRUEBA DE LA. Se dice que un contrato es simulado ?cuando en �l se declara un contenido de voluntad real, emitido deliberadamente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de enga�o, la apariencia de un negocio jur�dico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo?, como asienta F.. No es tarea f�cil probar una nulidad de esta especie, ya que los que acuden a la simulaci�n, se esfuerzan por encubrir el acto simulado con todas las apariencias de legalidad, para que no deje tras de s�, ninguna huella del enga�o. De aqu� que los que impugnan la validez de un contrato, por reputarlo simulado, tendr�n que recurrir, la mayor parte de las veces, a recoger hechos anteriores, concomitantes o posteriores al contrato, de los que pueda inferirse, presuntivamente, el hecho desconocido de la simulaci�n." (Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXVIII, p�gina 694).
La acci�n contra la simulaci�n es una acci�n de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2183 del citado C�digo Civil, que al respecto establece: "Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros perjudicados con la simulaci�n, o el Ministerio P�blico cuando �sta se cometi� en transgresi�n de la ley o en perjuicio de la hacienda p�blica.". La anterior Tercera S. de esta Suprema Corte de Justicia, interpretando este art�culo, ampli� su concepto, pues tambi�n reconoci� legitimaci�n a las partes contratantes para ejercer la acci�n de nulidad, como puede verse en la jurisprudencia publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.I., Materia Civil, p�gina 243, con el rubro y texto siguientes: "SIMULACI�N, NULIDAD POR CAUSA DE. Las partes que intervienen en el acto simulado tienen tambi�n acci�n para pedir su nulidad.". La base fundamental en que se apoy� la Tercera S. para integrar la jurisprudencia transcrita, radica en que la m�xima jur�dica nemo auditur propriam turpitudinem allegans no es aplicable, por regla general, a la acci�n contra la simulaci�n, sino s�lo en el caso de que los simuladores opongan la simulaci�n a los terceros, porque con relaci�n a ellos s� cabe considerar que han procedido con dolo, que les impide deducir, v�lidamente, la pretensi�n referida.
Del texto de los art�culos 2180, 2181 y 2183 del C�digo Civil invocado, de la jurisprudencia y de la doctrina imperantes sobre la simulaci�n, es posible establecer, por lo tanto, que los requisitos fundamentales de la acci�n contra la simulaci�n son los siguientes: 1o. Una declaraci�n que deliberadamente no corresponde a la intenci�n. 2o. Concertada entre las partes. 3o. Para perjudicar a terceras personas o para transgredir la ley.
El planteamiento de nulidad por simulaci�n, en cada caso, debe ser sometido a los principios enunciados en el apartado precedente, independientemente de que la acci�n sea deducida por una de las partes contratantes, un tercero o el Ministerio P�blico, pues lo �nico que podr�a variar es la demostraci�n del hecho particular del perjuicio, que ya se vio puede cometerse contra terceros, la sociedad o la hacienda p�blica.
Pues bien, en relaci�n con el interrogante se�alado con el inciso 1), cabe observar que de la aplicaci�n de los principios anteriores al caso en el que se pacte un contrato de apertura de cr�dito para pago de intereses, resulta claramente que �ste, por s� solo, no es nulo, pues la declaraci�n formal de las partes coincide con la realidad, con lo cual se descarta, desde luego, que las partes le hubiesen dado una falsa apariencia para ocultar un acto distinto.
En efecto, no es aceptable estimar que el contrato de apertura de cr�dito adicional celebrado con el objeto de cubrir intereses con motivo de otro contrato bancario celebrado en el mismo instrumento o en uno distinto implique, por s� solo, un acto irreal, porque el uso del cr�dito en cumplimiento del contrato, as� como su impugnaci�n por el deudor, reflejan claramente que se trata de una operaci�n bancaria efectivamente concertada y querida por los contratantes, que produjo consecuencias para ambas partes, lo que demuestra que no se da el supuesto de la simulaci�n a que se refiere el C�digo Civil.
M�s a�n, siendo acordes con los t�rminos en que resolvieron la cuesti�n los tribunales federales correspondientes, se advierte que proponi�ndose decidir si el contrato o la cl�usula en que se pacta una apertura de cr�dito para el pago de intereses causados por diversa operaci�n bancaria, encubre en realidad un acto distinto, formulan el planteamiento de una hip�tesis que, si se demostrara, conducir�a a la nulidad por simulaci�n relativa del acto, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2181 del C�digo Civil, el cual determina que la simulaci�n es relativa cuando a un acto jur�dico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero car�cter. En esta modalidad de la simulaci�n, bajo la falsa apariencia de un acto jur�dico simulado, existe en realidad un acto jur�dico verdadero que las partes ocultan, en relaci�n con el cual, dice R.V. "si se ha convenido por los interesados para producir determinadas consecuencias, pero se disfraza ese acto real con una capa o envoltura que oculta su verdadero car�cter, d�ndole por lo tanto una naturaleza o clasificaci�n distinta" (Derecho Civil Mexicano, Tomo V, P.I., p�gina 491).
Dichas caracter�sticas no inciden en los contratos de apertura de cr�dito adicional que se examinaron en los asuntos que originaron esta contradicci�n, pues el refinanciamiento que comprenden tales contratos no es un acto jur�dico aparente que encubra, por v�a de simulaci�n, la existencia de una capitalizaci�n de intereses, en tanto que las partes que intervinieron en los mencionados contratos no acordaron el pago de intereses sobre intereses, sino un nuevo cr�dito para cubrir los intereses derivados de otro cr�dito.
Lo que se advierte, en cambio, es que los contratantes acordaron expresamente la utilizaci�n de un cr�dito adicional para un objeto determinado y mediante el procedimiento prefijado, que refleja la voluntad del banco acreditante y de los acreditados de pactarlo en esos t�rminos; esto es, existe conformidad entre lo querido y lo declarado en el contrato, de modo que no hay elementos para que este Tribunal Pleno llegue a una conclusi�n distinta, y si un deudor argumentara el desconocimiento de las posibles consecuencias a que podr�a llevar la ejecuci�n de una estipulaci�n de esa naturaleza, sin duda se tratar�a de una circunstancia ajena, evidentemente, a los presupuestos establecidos para la oponibilidad de la acci�n contra la simulaci�n.
Por otra parte, el contrato de apertura de cr�dito adicional que celebra una persona con un banco con objeto de disponer del cr�dito necesario para cubrir intereses con motivo de otro contrato bancario celebrado en el mismo instrumento o en uno distinto, tampoco adolece de simulaci�n, porque no se ve que la celebraci�n de esa operaci�n bancaria afecte a alg�n tercero que pueda resultar perjudicado ni se advierte, obviamente, la da�ada intenci�n de los contratantes en este sentido, principios que son fundamentales, como se dijo en p�rrafos anteriores, para obtener la declaraci�n judicial de la simulaci�n de un acto jur�dico.
De las ideas expuestas deriva que cuando el argumento invocado para pedir la nulidad por simulaci�n consiste en que existi� un aprovechamiento del banco para la estipulaci�n del cr�dito y el mecanismo de aplicaci�n de los recursos, y un desconocimiento correlativo y preciso del deudor, no se est� en presencia de la hip�tesis de la acci�n contra la simulaci�n, ya que uno de los elementos requeridos para su ejercicio es que exista un acuerdo de voluntades entre las partes que contenga la declaraci�n deliberada y disconforme con la intenci�n, situaci�n que no puede acontecer si la intenci�n de simular s�lo se atribuye a una de las partes, y no a la otra.
En ese sentido, F. se�ala (p�gina 65): "La simulaci�n es el resultado de un acuerdoentre los contratantes y sale, por lo mismo, del campo de los actos unilaterales.". En nuestro derecho este mismo criterio prevalece, si se atiende al texto literal del art�culo 2180 del C�digo Civil, y a la opini�n, entre otros autores, de R.V., quien afirma (si bien refiri�ndose al error, pero es v�lido inclusive para el enga�o u otro vicio an�logo): "En la simulaci�n, ya hemos dicho que existe una disconformidad consciente y plenamente querida por ambas partes, entre lo manifestado y el verdadero fin que se proponen al celebrar el negocio jur�dico. Adem�s, en el error, la disconformidad s�lo es de uno de los autores del acto, en tanto que en la simulaci�n, es com�n." (Derecho Civil Mexicano, Tomo V, P.I., p�gina 486, Quinta E.�n).
Al concierto de voluntades encaminado a la realizaci�n de un acto simulado, que esconde un acto real y secreto, debe a�adirse, como requisito esencial, la intenci�n de las partes de enga�ar a terceros o transgredir a la ley. No se advierte de qu� manera, en los asuntos examinados por los tribunales correspondientes, la celebraci�n de los contratos respectivos afect�, por medio del enga�o, a terceros, pues la obligaci�n pactada, en general, cuando se estipul�, s�lo gener� derechos y obligaciones para las partes. Es inconcuso que en cada caso en particular, tendr�an que haberse expuesto razones para demostrar la intenci�n de las partes de generar, a trav�s de la simulaci�n, un perjuicio a terceros, lo que no se da.
Es obvio que el enga�o entre las propias partes no es el requisito que la ley, la jurisprudencia y la doctrina en materia de simulaci�n exigen, pues entre los simuladores no puede haber enga�o al llevar a cabo el acto simulado, si ya se vio claramente que el nacimiento de la acci�n requiere, de modo forzoso, el acuerdo de los contratantes en simular el acto; el enga�o puede ser posterior entre ellos, para desconocer el concierto il�cito y aprovecharse de esa circunstancia, s�lo que esto tiene como consecuencia permitir al afectado pedir la nulidad del contrato, y no la actualizaci�n del enga�o a terceros, caracter�stica que no corresponde, obviamente, a una de las partes.
Por otra parte, en el contrato de apertura de cr�dito adicional que celebra una persona con una instituci�n de cr�dito, con el prop�sito de disponer del cr�dito necesario para solventar los intereses devengados con motivo de un diverso contrato bancario llevado a cabo en el mismo instrumento o en uno distinto, no puede haber transgresi�n a la ley, porque estando configurada la apertura de cr�dito en los art�culos 291 a 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, como un contrato mediante el cual el acreditante se obliga a poner una suma de dinero -entre otras posibles obligaciones- a disposici�n del acreditado, para que �ste haga uso del cr�dito "en la forma y en los t�rminos y condiciones convenidos" (criterio que ya se estableci� en otra parte de esta resoluci�n), debe admitirse que no est� vedada la convenci�n que permita disponer de dicho cr�dito para el eventual pago de intereses; y si, por otra parte, como ya se puso de manifiesto, coincide la realidad de los hechos con el pacto jur�dico, del que aparece que el acreditado se oblig� a efectuar pagos parciales con intereses, debe concluirse que en esos t�rminos, la sola celebraci�n del contrato de apertura de cr�dito adicional no adolece de simulaci�n.
En lo que respecta al punto 2), cabe decir que el contrato de apertura de cr�dito adicional para el pago de intereses pactado en el mismo instrumento o en otro, no encubre el establecimiento il�cito de intereses sobre intereses.
Para arribar a tal conclusi�n, se toma en cuenta que en los contratos que fueron examinados en los asuntos de los que emana esta contradicci�n, las partes expresamente acordaron el esquema financiero bajo el cual se otorg� el cr�dito adicional con el prop�sito de cubrir los intereses devengados respecto de un diverso cr�dito y, adicionalmente, acordaron que las transacciones financieras se llevar�an a cabo mediante cargos y abonos, registros contables o transferencias electr�nicas, sin que se realizara entrega f�sica del dinero.
Pues bien, en esta misma resoluci�n esta Suprema Corte, interpretando los art�culos 2o. y 291 a 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en relaci�n con la Ley del Banco de M�xico, que resulta aplicable por la remisi�n que hace el art�culo 6o. de la Ley de Instituciones de Cr�dito, se sostiene que en los contratos de apertura de cr�dito puede, v�lidamente, pactarse la capitalizaci�n de intereses.
Por lo tanto, no cabe admitir la objeci�n de que los contratos de apertura de cr�dito adicional para disponer del cr�dito necesario para pagar los intereses causados y no cubiertos por el obligado en otro contrato bancario celebrado en el mismo instrumento o en otro distinto, encubra la capitalizaci�n de intereses o un pacto de pagar intereses sobre intereses, en virtud de que el pretendido enga�o que invoca el acreditado (no susceptible de configurar la simulaci�n del acto) parte, necesariamente, del supuesto de que estos actos son il�citos, cuando lo cierto es que no lo son dentro del contrato de apertura de cr�dito y que, por ello, no es dable aceptar la intenci�n dolosa de la instituci�n bancaria.
Esta conclusi�n se pone de manifiesto con mayor claridad, si se tiene en cuenta que el contrato de apertura de cr�dito para responder por intereses, puede ser convenido con el mismo banco con el que se pact� la obligaci�n primaria, pero en instrumento distinto, o bien, con otro banco, hip�tesis en las que se evidencia que ni siquiera puede existir, materialmente, capitalizaci�n de intereses.
Por otra parte, de los movimientos contables que sobre el particular llevan a cabo los bancos cuando realizan ese tipo de operaciones, no puede desprenderse que se contenga alguna falsedad, ya que los suscriptores de los contratos s� obtuvieron beneficios econ�micos por la disposici�n del cr�dito adicional al haberse reducido el pasivo previamente contra�do con el acreditante, que corresponde al cr�dito inicial. Dichas reducciones se hacen del conocimiento de los acreditados mediante los estados de cuenta que las instituciones acreditantes les entregan en forma peri�dica, generalmente mes a mes.
Por las razones anteriores, debe concluirse que no existe disconformidad entre la voluntad real de las partes y lo declarado expresamente, pues ambas partes manifestaron su intenci�n de celebrar el contrato de referencia, sujet�ndose a la disposici�n del cr�dito adicional y a la mec�nica de aplicaci�n concertada en el contrato.
Finalmente, en lo que respecta al interrogante planteado con el n�mero 3), este Pleno considera que no se surte la hip�tesis de la falsedad ideol�gica, en virtud de que la naturaleza jur�dica de esta figura no justifica su invocaci�n, en la medida de que no es causa que conlleve a la nulidad del contrato por simulaci�n.
La Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia, sobre la falsedad ideol�gica, estableci� el criterio contenido en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 163-168, Cuarta Parte, p�gina 117, que tiene el sumario siguiente:
"T�TULOS DE CR�DITO, FALSEDAD IDEOL�GICA O SUBJETIVA EN LOS. Existe falsedad ideol�gica o subjetiva cuando las partes hacen constar en un pagar� algo que en realidad no sucedi�, como es el caso en que los deudores no recibieron del acreedor cantidad de dinero alguna. Esta excepci�n est� impl�citamente comprendida en el art�culo 8o., fracci�n VI, de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, al prescribir que contra las acciones derivadas de un t�tulo de cr�dito pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas: la de alteraci�n del texto del documento o de los dem�s actos que en �l consten. Un medio adecuado para comprobar esta �ltima es la confesi�n judicial si concurren en ella las circunstancias y requisitos que establecen los art�culos 1287 y 1289 del C�digo de Comercio, aplicables cuando se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil, en el que al rendirse la prueba de confesi�n del actor �ste reconoce expresamente, bajo protesta de decir verdad, que nunca entreg� cantidad alguna a los demandados."
Como se aprecia, el concepto que ha dado la Suprema Corte acerca de la falsedad ideol�gica ha sido exclusivamente en relaci�n con la materia cambiaria, esto es, t�tulos de cr�dito. Este criterio no es aplicable a los contratos de apertura de cr�dito adicional que las personas celebran con un banco para que �ste ponga a su disposici�n el cr�dito necesario para cubrir intereses derivados de otro contrato bancario celebrado en el mismo instrumento o en uno distinto.
La inaplicaci�n del citado criterio deriva no s�lo del hecho de que la apertura de cr�dito es una figura jur�dica distinta de un t�tulo valor, como el pagar�, sino tambi�n y fundamentalmente, de que en aquel contrato las partes hicieron constar lo que sucedi� en la realidad y que, cuando lleg� la fecha del pago, tuvo plena y v�lida ejecuci�n, sin que sea obst�culo para esta conclusi�n el hecho de que no se haya entregado materialmente al acreditado el dinero para pagar los intereses, sino que solamente se hayan efectuado asientos contables por el acreditante, ya que aqu�l recibi�, de igual manera, el beneficio de ver liquidados los intereses a su cargo.
La aplicaci�n de la falsedad ideol�gica para obtener la nulidad de un contrato de apertura de cr�dito, implicar�a desconocer la naturaleza jur�dica del propio contrato, en virtud de que, como ya se vio en la presente resoluci�n al estudiar el tema I, dicho contrato es de car�cter consensual y no requiere, para su perfeccionamiento, la entrega del dinero.
Los cambios patrimoniales que se suceden cuando el banco dispone, en beneficio del acreditado, de los recursos del cr�dito adicional, no motivan la actualizaci�n de lo que se ha denominado "falsedad ideol�gica", por las razones siguientes:
a) Si bien el banco no entrega materialmente al acreditado las cantidades de dinero respectivas ni viceversa, contablemente s� se registran dichos movimientos, lo cual propicia una modificaci�n en la carga de obligaciones del deudor y en su c�mulo de derechos, pues incluso con ello se libera de la obligaci�n contra�da respecto del pago de intereses vencidos del cr�dito inicial.
b) Las disposiciones que regulan el contrato de apertura de cr�dito, considerado eminentemente consensual, no exige para su perfeccionamiento la entrega real de dinero.
c) Las leyes que regulan la actividad bancaria, cuya naturaleza propicia la necesidad de efectuar una serie de movimientos de dinero en masa, han permitido expresamente la realizaci�n de movimientos bancarios que generan o descargan de deudas a los deudores a trav�s de medios y asientos electr�nicos; para demostrar esta afirmaci�n es pertinente tomar en consideraci�n lo dispuesto en el art�culo 52 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, el cual establece:
"Art�culo 52. Las instituciones de cr�dito podr�n pactar la celebraci�n de sus operaciones y la prestaci�n de servicios con el p�blico, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:
"I. Las operaciones y servicios cuya prestaci�n se pacte;
"II. Los medios de identificaci�n del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y
"III. Los medios por los que se hagan constar la creaci�n, transmisi�n, modificaci�n o extinci�n de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate.
"El uso de los medios de identificaci�n que se establezcan conforme a lo previsto por este art�culo, en sustituci�n de la firma aut�grafa, producir� los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendr�n el mismo valor probatorio."
Lo expuesto permite concluir que el contrato de apertura de cr�dito adicional para pago de intereses y su mecanismo peculiar de aplicaci�n, no es afectado por la figura de la falsedad ideol�gica, ni la falta de entrega f�sica del dinero objeto del cr�dito adicional es causa de nulidad de aqu�lla, pues adem�s de que la entrega real no es elemento de validez ni de existencia del contrato, para el caso especial de las operaciones bancarias, est� expresamente permitido que se efect�en a trav�s de asientos contables y electr�nicos.
Por las razones expuestas en este considerando, este Tribunal Pleno considera que los criterios que deben prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, son los que a continuaci�n se redactan:
APERTURA DE CR�DITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. POR S� SOLA, NO CONSTITUYE SIMULACI�N. De acuerdo con el art�culo 2180 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F. "Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.", y del art�culo 2183 del mismo ordenamiento se infiere que, con el acto simulado, las partes tienen la intenci�n de causar perjuicio a un tercero o de transgredir la ley. Estas consideraciones permiten comprender que en el contrato de apertura de cr�dito adicional que celebra una persona con un banco con objeto de disponer del cr�dito necesario para cubrir los intereses devengados con motivo de otro contrato bancario celebrado en el mismo instrumento o en uno distinto, no adolece de simulaci�n, en primer lugar, porque no se ve que haya ning�n tercero que pueda resultar perjudicado ni, obviamente, la da�ada intenci�n de los contratantes en este sentido y, en segundo lugar, porque no puede haber transgresi�n a la ley, porque estando configurada la apertura de cr�dito en los art�culos 291 a 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, como un contrato mediante el cual el acreditante se obliga a poner una suma de dinero -entre otras posibles obligaciones- a disposici�n del acreditado, para que �ste haga uso del cr�dito "en la forma y en los t�rminos y condiciones convenidos", debe admitirse que no est� vedada la convenci�n que permita disponer de dicho cr�dito para el eventual pago de intereses; y si, por otra parte, coincide la realidad de los hechos con el pacto jur�dico, del que aparece que el acreditado se oblig� a efectuar pagos parciales con intereses, debe concluirse que en esos t�rminos, la sola celebraci�n del contrato de apertura de cr�dito adicional no adolece de simulaci�n.
APERTURA DE CR�DITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. NO ENCUBRE EL ESTABLECIMIENTO IL�CITO DE INTERESES SOBRE INTERESES. Esta Suprema Corte, interpretando los art�culos 2o. y 291 a 301 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en relaci�n con la Ley del Banco de M�xico que resulta aplicable por la remisi�n que hace el art�culo 6o. de la Ley de Instituciones de Cr�dito, ha establecido que en los contratos de apertura de cr�dito puede, v�lidamente, pactarse la capitalizaci�n de intereses. Por lo tanto, no cabe admitir la objeci�n de que los contratos de apertura de cr�dito adicional para disponer del cr�dito necesario para pagar los intereses causados con motivo de otro contrato bancario celebrado en el mismo instrumento o en uno distinto, encubra la capitalizaci�n de intereses o un pacto de pagar intereses sobre intereses, en virtud de que el pretendido enga�o que invoca el acreditado parte, necesariamente, del supuesto de que estos actos son il�citos, cuando lo cierto es que no lo son dentro del contrato de apertura de cr�dito y que, por ello, no es dable aceptar la intenci�n dolosa de la instituci�n bancaria. Esta conclusi�n se pone de manifiesto con mayor claridad, si se tiene en cuenta que el contrato de apertura de cr�dito para solventar intereses, puede ser convenido con el mismo banco con el que se pact� la obligaci�n primaria, pero en instrumento distinto, o bien, con otro banco, hip�tesis en las que se evidencia que ni siquiera puede existir, materialmente, capitalizaci�n de intereses.
APERTURA DE CR�DITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. SU APROVECHAMIENTO NO IMPLICA LA EXISTENCIA DE FALSEDAD IDEOL�GICA O SUBJETIVA. En la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Cuarta Parte, Tomo 163-168, p�gina 117, la anterior Tercera S. de esta Suprema Corte ha establecido, con base en el art�culo 8o., fracci�n VI, de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, que existe falsedad ideol�gica o subjetiva cuando en un t�tulo de cr�dito las partes hacen constar en �l, algo que en realidad no sucedi�. Este criterio, sin embargo, no es aplicable a los contratos de apertura de cr�dito adicional que las personas celebran con un banco para que �ste ponga a su disposici�n el cr�dito necesario para cubrir los intereses causados derivados de otro contrato bancario celebrado en el mismo instrumento o en uno distinto; la inaplicaci�n deriva no s�lo del hecho de que la apertura de cr�dito es una figura jur�dica distinta de un t�tulo de cr�dito, sino tambi�n y fundamentalmente, de que en aquel contrato las partes hicieron constar lo que sucedi� en la realidad y que, en su oportunidad, tuvo plena y v�lida ejecuci�n, sin que sea obst�culo para esta conclusi�n el hecho de que no se haya entregado materialmente al acreditado el dinero para pagar los intereses, sino que solamente se hayan efectuado asientos contables por el acreditante, ya que aqu�l recibi�, de igual manera, el beneficio de ver pagados los intereses a su cargo, adem�s de que siendo el contrato de naturaleza consensual, no requiere para su perfeccionamiento de la entrega del dinero, y de que el art�culo 52 de la Ley de Instituciones de Cr�dito permite esta clase de asientos y les da, en su caso, efectos liberatorios.
D�CIMO PRIMERO. En la denuncia de contradicci�n de tesis formulada por el presidente de la Primera S., se se�ala como tema de contradicci�n el siguiente: "CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO ADICIONAL PARA COBERTURA DE INTERESES �CONSTITUYE ANATOCISMO?"
Conviene en principio establecer que al revisar todas y cada una de las doscientas siete ejecutorias que fueron recabadas y sirven de sustento a la citada denuncia, nos percatamos de que todas las que se incluyen en dicha denuncia, en torno a este tema, no participan de la oposici�n de criterios, sino que s�lo lo hacen las que enseguida se mencionan y es por ello que s�lo nos limitaremos a considerar estos �ltimos.
Por un lado, en las sentencias emitidas por los Tribunales S�ptimo (3137/97, 4457/97, 4507/97, 6247/97, 6397/97, 8607/97, 10037/97, 1887/98 y 2767/98) y Octavo (734/97, 1088/97 y 328/98) en Materia Civil del Primer Circuito; Segundo (1138/97) en Materia Civil del Tercer Circuito; Primero (1313/97) en Materia Civil del S�ptimo Circuito; Segundo (189/97) del Duod�cimo Circuito; Segundo (646/97, 656/97, 873/97, 923/97 y 1074/97) del D�cimo Sexto Circuito; Segundo (826/97 y 835/97) del D�cimo S�ptimo Circuito; Primero (114/98, 146/98, 149/98 y 253/98) y Segundo (359/98) del Vig�simo Segundo Circuito; Primero (1695/97, 1883/97, 191/98, 240/98, 397/98 y 674/98) del Vig�simo Tercer Circuito, visibles con los n�meros 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 57, 68, 102, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 190, 191, 192, 194, 196, 199, 201, 202, 204, 206 y 207, respectivamente, del legajo de ejecutorias en contradicci�n que se acompa�a a la presente contradicci�n, al analizar el sistema de cr�dito adicional establecido en los diversos contratos de apertura de cr�dito que las instituciones bancarias realizaron para que el acreditado en caso de verse imposibilitado para cumplir con sus obligaciones de pago pueda disponer de una suma de dinero en forma mensual -la cual se adicionar�a alcr�dito principal y en conjunto devengar�a intereses-, estimaron que se trata de una forma de ocultar la capitalizaci�n de intereses pactada en forma previa, ya que el art�culo 363 del C�digo de Comercio proh�be que dicha capitalizaci�n se haga antes de que los intereses hayan vencido.
En efecto, en la ejecutoria pronunciada por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver los amparos directos 3137/97, 4457/97, 4507/97, 6247/97, 6397/97, 8607/97, 10037/97 y 1887/98. Como dichas sentencias se fundan en consideraciones similares, s�lo se transcribe, en lo que nos interesa, la pronunciada en el amparo 3137/97, que en lo que nos interesa estima:
"En efecto, el art�culo 363 del C�digo de Comercio, dispone: ?Art�culo 363. Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?. Conforme a lo previsto en este numeral, las partes no pueden convenir de antemano la capitalizaci�n de intereses, que es lo que constituye el pacto de anatocismo, el cual es distinto del convenio que las partes pueden celebrar v�lidamente despu�s de que se hubieren devengado ya los intereses, para que en lugar de pagarse esos intereses a la saz�n ya causados, se incorporen al capital para producir nuevos intereses ...
"De la transcripci�n precedente, y de acuerdo con las reglas de interpretaci�n de los contratos, se desprende que en el contrato de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria, B.S.�n, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero S.�n, al elaborar su clausulado, aun cuando no precisa en forma clara y perfectamente determinada la capitalizaci�n de intereses, lo hizo de una manera disfrazada a trav�s del sistema de cr�dito adicional o refinanciamiento de intereses, con la finalidad de que se cubrieran los intereses ordinarios que mensualmente se siguieran causando en los t�rminos de las cl�usulas cuarta y sexta transcritas, lo que significa que los intereses devengados y no cubiertos, se paguen con ese cr�dito adicional, implicando mediante tal sistema de refinanciamiento, que la deuda de la acreditada aumente, dando lugar a la nulidad, que resulta de esos actos ejecutados contra el tenor de ley prohibitiva, esto es, del art�culo 363 del C�digo de Comercio, porque si bien la capitalizaci�n de intereses la prev� dicho dispositivo como un caso de excepci�n, no puede convenirse de antemano, sino despu�s de que se hubieren devengado ya los intereses para que se incorporen al capital y produzcan nuevos intereses, lo que no aconteci� en el caso concreto, en el que adem�s de no estipularse en forma clara y perfectamente determinada, no disfrazadamente como lo hizo la instituci�n de cr�dito demandada a trav�s del cr�dito adicional, con la finalidad de capitalizar los intereses devengados y no pagados, lo hace de manera previa, constituy�ndose as� el pacto de anatocismo ..." (ejecutoria n�mero 30 del legajo).
Id�ntico criterio sostuvo el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver los amparos 734/97, 1088/97 y 328/98. En el segundo sostuvo en lo que nos interesa lo siguiente:
"... el C�digo Civil para el Distrito F., al igual que el C�digo de Comercio prev� impl�citamente la posibilidad de capitalizar intereses vencidos, pero cuando tengan esta caracter�stica y no con anterioridad a que sean generados, y la sanci�n a convenir de antemano tales intereses es la nulidad, conforme al precepto legal invocado con antelaci�n.
"En resumen, de una interpretaci�n arm�nica, l�gico-jur�dica de los art�culos 363 del C�digo de Comercio, parte final y 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., de aplicaci�n supletoria, es manifiesta la posibilidad de que las partes contratantes en negocios de naturaleza mercantil, puedan capitalizar intereses siempre y cuando �stos sean vencidos; y tal pacto por tanto no puede celebrarse de antemano bajo pena de nulidad. En el caso concreto, del contenido de las cl�usulas transcritas en los p�rrafos anteriores, contenidas en el contrato base de la acci�n, se advierte que en contravenci�n a una norma prohibitiva, a trav�s de la figura del cr�dito adicional o refinanciamiento, las partes contratantes convinieron de antemano la capitalizaci�n de intereses, puesto que el monto de la l�nea de cr�dito adicional de referencia no fue entregado al acreditado, como �ste lo argument� en su concepto y lo demostr� con la pericial respectiva, sino que se pact� pagar con ella el saldo insoluto de los intereses generados y no cubiertos con la mensualidad que conforme al propio contrato, el ahora quejoso deb�a cubrir al banco demandado, lo cual implica una capitalizaci�n previa de intereses no generados a la fecha de la suscripci�n del convenio b�sico ..." (ejecutoria n�mero 450 del legajo).
En el mismo sentido se pronunci� el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 1138/97, consideraciones que en lo conducente son del siguiente tenor:
"... no se justifica la capitalizaci�n de los intereses del pr�stamo en cuesti�n, para que a su vez produjeran nuevos intereses (anatocismo), en ninguna de sus dos modalidades, es decir, tal discrepancia no demuestra que se hubiere convenido por las partes anticipadamente dicha capitalizaci�n de intereses (pacto que resulta nulo de acuerdo con el numeral 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., aplicable a los actos de comercio en virtud de que el enjuiciamiento mercantil no regula la capitalizaci�n anticipada de inter�s); o, que se estuvieren cobrando intereses sobre los intereses vencidos y no pagados, como lo proh�be el primer p�rrafo del precitado art�culo 363 del enjuiciamiento mercantil, sin convenio de las partes para capitalizar los intereses vencidos." (ejecutoria n�mero 57 del legajo).
Criterio similar sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver el amparo 1313/97, en los t�rminos siguientes:
"Ahora bien, si en la especie las partes pactaron al celebrar el contrato de cr�dito con garant�a hipotecaria, concretamente en la cl�usula decimosegunda, que en caso de que la acreditada no cubriera oportunamente al banco alg�n pago por principal o intereses del cr�dito objeto de este contrato, pagar�a al banco, en adici�n a los intereses ordinarios, intereses moratorios, es claro que, como aduce la quejosa, en el caso se est� ante una convenci�n de anatocismo, ya que se acuerda el pago de intereses sobre intereses, lo que est� expresamente prohibido por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, de ah� que la conclusi�n del tribunal responsable en relaci�n con que es correcto el pago de los intereses que pactaron las partes es violatoria de garant�as ..." (ejecutoria n�mero 68 del legajo).
En t�rminos similares, se pronunci� el Segundo Tribunal del D�cimo Segundo Circuito, al resolver el amparo 189/97, que en lo relativo sostuvo:
"Ahora bien, de una correcta interpretaci�n del art�culo 363 precedentemente transcrito, se advierte que, tal como lo estim� la responsable, el mismo prev� dos hip�tesis diversas, la primera de ellas consistente en que, expresamente proh�be la devengaci�n de intereses sobre intereses vencidos y no pagados, lo cual doctrinalmente se conoce como anatocismo (generaci�n de intereses sobre intereses) y su ratio legis es la prohibici�n de la usura y la protecci�n de la justicia distributiva; y la segunda, que las partes pueden capitalizar los intereses vencidos y no pagados; hip�tesis esta �ltima que, dados los t�rminos en que fue contratado el cr�dito demandado en el juicio natural (con tasas de inter�s ajustables, seg�n los factores variables dependiendo de la tasa l�der), es claro que no puede pactarse desde la contrataci�n del cr�dito la capitalizaci�n de intereses vencidos y no pagados, ya que ello implicar�a un anatocismo simulado, es decir, capitalizar intereses que habr�n de generarse para que a su vez tambi�n generen intereses, lo cual est� proscrito por nuestra legislaci�n, como expresamente lo establecen los art�culos 2397, del C�digo Civil del Distrito F. y 2279, del C�digo Civil de Sinaloa; y si bien en materia mercantil se permite la capitalizaci�n de intereses generados y no pagados, ello debe ser previo convenio de las partes y sobre r�ditos causados y debidamente cuantificados, con el pleno conocimiento de los contratantes, como incluso en la especie ocurri�, ya que en el contrato base de la acci�n, el acreditante otorg� un cr�dito al acreditado hasta por la cantidad de dos millones trescientos ochenta y seis mil setenta y nueve pesos, para ser invertido en la reestructuraci�n de diversos cr�ditos insolutos que ten�a con la instituci�n de cr�dito de m�rito, estipul�ndose en los incisos c), d), g), h), k), l), n) y o), de la cl�usula segunda del propio contrato, que parte del cr�dito otorgado se destinar�a para el pago de intereses vencidos y no pagados sobre los cr�ditos insolutos reestructurados, es decir, en dicha reestructuraci�n se capitalizaron intereses vencidos y no pagados de diversos pasivos que el acreditado ten�a con el acreditante, hip�tesis en la cual, como ya se dijo, s� es factible el pacto de capitalizaci�n de intereses, puesto que las partes conocen plena y fehacientemente el monto del inter�s vencido y no pagado que convienen capitalizar, lo cual no ocurre, ins�stase, cuando al contratarse el cr�dito se conviene la capitalizaci�n de intereses que habr�n de devengarse a futuro a tasas variables, cuando el deudor desconoce el monto de los r�ditos que habr� de pagar, precisamente por lo variable del inter�s, lo cual tambi�n implica un anatocismo, proscrito por nuestra legislaci�n ..." (ejecutoria n�mero 102 del legajo).
En t�rminos semejantes resolvi� el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito al resolver los amparos 646/97, 656/97, 873/97, 923/97 y 1074/97. Como las resoluciones mencionadas se fundan en consideraciones similares, s�lo se transcriben las emitidas en el amparo 646/97, que en lo conducente sostienen lo siguiente:
"As� las cosas, es inconcuso que cada una de las disposiciones que los acreditados hicieran del cr�dito adicional, ser�a considerada como un capital que devengar�a intereses en la misma cuant�a a los generados por el cr�dito inicial; en ese orden, los intereses derivados del cr�dito inicial se convierten en un capital que tambi�n ganar� intereses; en ese entendido, la S. responsable, obr� correctamente, al considerar que el cr�dito adicional, constitu�a una capitalizaci�n de intereses disfrazada, contraria a lo establecido por los ordinales 363 del C�digo de Comercio y 2397 del C�digo Civil del Distrito F.." (ejecutoria n�mero 132 del legajo).
Lo mismo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver los amparos directos 826/97 y 835/97. Como tales sentencias, en lo que nos interesa, se fundan en consideraciones similares, se transcribe �nicamente la que se refiere al primero de los juicios mencionados, la cual, en lo que nos interesa, sostiene lo siguiente:
"... lo que evidencia que efectivamente, respecto a las cantidades ejercidas del cr�dito adicional, para el pago de los intereses ordinarios, se convino su capitalizaci�n desde la celebraci�n del contrato, porque como se advierte de la cl�usula quinta, en la misma qued� pactado que lo pagado por los referidos intereses causar�n intereses ordinarios sobre saldos insolutos en la siguiente forma ... lo que est� prohibido por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, al establecer que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses, pero que los contratantes podr�n capitalizarlos, lo que implica que la norma aludida proh�be que antes de que se generen no puede pactarse su capitalizaci�n, pues se refiere a intereses vencidos.
"... el cr�dito adicional s�lo viene a constituir una forma de ocultar que los intereses van a generar intereses, argumentando que lo que se anexa al cr�dito inicial s�lo es parte del dinero dispuesto del cr�dito adicional, utilizando para ello lo que denominan refinanciamiento de intereses, ya que ese actuar s�lo constituye en realidad una simulaci�n para estar en posibilidades de cobrar intereses sobre intereses, porque de no ser ello as� y no los pagara el deudor, el banco estaba imposibilitado para cobrar sobre los no pagados." (ejecutoria n�mero 138 del legajo).
A las mismas conclusiones lleg� el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 114/98, 146/98, 149/98 y 253/98. Como las consideraciones en que se apoyan las sentencias respectivas son similares, �nicamente se transcriben las que se contienen en el amparo directo 114/98, que en lo conducente rezan:
"Al respecto, debe decirse que no le asiste la raz�n al quejoso, en el sentido de que, si bien es cierto, que la ley que rige al acto es el C�digo de Comercio el cual s� permite la capitalizaci�n de intereses, tambi�n lo es que del mismo s� se desprende que para que se convenga entre las partes que aquellos intereses lleguen a formar parte del capital se necesita que �stos se encuentren vencidos, es decir, que no se hayan cubierto en el tiempo que al efecto se haya establecido.
"Por lo que, resulta obvio que si a�n no se han vencido los intereses por no haberse cumplido el plazo en el que se deba hacer efectivo su cobro, la ley no permite convenir su capitalizaci�n ya que sujeta esta posibilidad al supuesto de que los intereses ya se encuentren vencidos.
"En tal virtud, la S. responsable estuvo en lo correcto al determinar que ambos ordenamientos, proh�ben la capitalizaci�n previa de intereses, adem�s de que de la aplicaci�n supletoria del C�digo Civil F. se desprende la pena de nulidad en el caso de que se contravenga lo anterior, como sucede en el caso a estudio." (ejecutoria n�mero 190 del legajo).
Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Vig�simo Segundo Circuito sostuvo, en lo conducente, al resolver el amparo directo 359/98, lo siguiente:
"En cuanto al argumento esgrimido por la instituci�n quejosa de que la S. arbitrariamente le atribuye al art�culo 363 del C�digo de Comercio una temporalidad que la ley no prev�, es infundado porque del contenido de dicha disposici�n legal, se advierte que la intenci�n del juzgador fue la de prohibir el anatocismo, lo que en todo caso autoriz� es que una vez generados los intereses y teniendo el deudor pleno conocimiento de esa circunstancia, autorice expresamente que los intereses ordinarios se capitalicen, de modo que cualquier pacto anticipado a su generaci�n embona en aquella prohibici�n expresa de la ley.
"Por otra parte el quejoso alega que el refinanciamiento de intereses no es como dice la S. una capitalizaci�n de intereses, ya que mediante dicho cr�dito se ayuda al acreditado a pagar el costo financiero, esto es, los intereses ordinarios de la cantidad ejercida de manera inicial, tomando la parte que quede insoluta de intereses ordinarios del cr�dito adicional concedido, por lo que este cr�dito adicional en la cantidad ejercida viene a sumarse al capital ejercido una vez devengados los intereses ordinarios, ya que se causan �stos por mensualidades vencidas; pero que ello no implica la capitalizaci�n de intereses sobre intereses como err�neamente lo supone la S., ya que el cr�dito adicional, una vez ejercido pasa a formar parte del capital y como tal se acumula al inicialmente dispuesto, pero no se toma de un inter�s, para hacerlo capital y genere nuevos intereses.
"Una convenci�n en esas condiciones, a juicio de este cuerpo colegiado entra�a el pacto de anatocismo prohibido por la disposici�n legal antes citada, ya que es claro que por una parte el acreditado y la instituci�n aqu� quejosa convinieron de antemano desde el momento de la celebraci�n y otorgamiento del cr�dito inicial, la disposici�n de un pr�stamo adicional por una suma determinada que fue de $1?474,200.00 destinada al pago de intereses ordinarios, los que obviamente a la fecha del pacto no estaban vencidos y que dado el mecanismo convenido, el importe de los intereses ordinarios que mensualmente se causaran se dispondr�an de ese cr�dito adicional, cantidad que se suma al capital formando una cantidad global, respecto de la cual se calcular�n nuevamente los intereses y as� sucesivamente mes con mes, lo que significa indudablemente que al sumarse al capital disposiciones del referido cr�dito adicional para el pago de intereses, van generando a su vez nuevos intereses, lo que configura como ya se dijo el anatocismo." (ejecutoria n�mero 196 del legajo).
En los mismos t�rminos se pronunci� el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito al resolver los amparos 1695/97, 1883/97, 191/98, 240/98, 397/98 y 674/98. Como las sentencias respectivas se fundan en consideraciones similares, s�lo se transcriben las que se refieren al amparo n�mero 1695/97, que en lo conducente sostienen:
"... si bien la segunda parte del art�culo 363 del C�digo de Comercio contempla la posibilidad de capitalizarlos, esto s�lo es factible cuando los contratantes lo convengan con posterioridad a la generaci�n de dichos intereses, es decir cuando los intereses ya se encuentran vencidos, pero no cuando con anterioridad a su causaci�n se hace esa estipulaci�n como en el caso aconteci�.
"En esa medida, es inexacto que el precepto legal antes citado autorice sin limitantes, el pacto sobre capitalizaci�n de intereses, pues como ya se dijo, esta cuesti�n puede ser motivo de convenio siempre y cuando sea con posterioridad a la generaci�n de dichos intereses como bien lo estableci� la S. responsable.
"... si bien es cierto como ya se dijo, dicho dispositivo legal plantea la posibilidad de que en materia mercantil, como caso de excepci�n, los intereses generados pueden, esto s�lo puede ocurrir con posterioridad a su vencimiento o a la declaraci�n de anticipaci�n de plazo hecha por autoridad judicial, siempre y cuando las partes as� lo convengan.
"De donde se infiere, que la finalidad del precitado art�culo 363, no es otra que la de impedir una conducta por parte de los acreedores que pueda ser ruinosa para los deudores, consistente en el cobro de inter�s sobre inter�s vencidos y no pagados." (ejecutoria n�mero 199 del legajo).
Por otra parte, los Tribunales Colegiados Primero (777/97, 916/97, 942/97, 964/97, 1115/97 y 55/98), Segundo (10992/97), Tercero (6663/97) y Noveno (8049/97 y 3209/98) en Materia Civil del Primer Circuito; Primero (741/98) en Materia Civil del Tercer Circuito; Primero (1259/97, 61/98 y 463/98) y Segundo (1334/97) en Materia Civil del S�ptimo Circuito; Segundo (838/97, 73/98, 187/98, 271/98, 280/98 y 295/98) del D�cimo Primer Circuito; Primero (634/97, 637/97, 693/97, 702/97, 705/97, 735/97, 742/97, 832/97, 847/97, 848/97 y 935/97) del D�cimo Sexto Circuito; Primero (215/96) del D�cimo S�ptimo Circuito; Primero (581/97) y Segundo (428/97 y 547/97) del Vig�simo Primer Circuito, visibles con los n�meros 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 49, 53, 56, 67, 69, 71, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 137, 166, 186 y 187, respectivamente, del legajo de ejecutorias en contradicci�n; sostienen, sustancialmente que el acuerdo sobre el otorgamiento de un cr�dito adicional para el pago de intereses no constituye pacto de anatocismo en virtud de que el art�culo 363 del C�digo de Comercio prev� la posibilidad de celebrar tal convenci�n, sin que se limite que �sta deba ser previa o posterior al momento en que se generen dichos intereses; que la finalidad del cr�dito adicional no es la de capitalizar intereses pues su funci�n es la de que el acreditado est� en posibilidad de cubrir en su totalidad los intereses a su cargo, lo que no implica una capitalizaci�n de intereses anticipada pues �sta se da en el momento en que se hace disposici�n del cr�dito; que en materiamercantil no se proh�be la capitalizaci�n de intereses vencidos y no pagados, pero se encuentra limitada en el sentido de exigir que se convenga expresamente y no se presuma, ya que si no se pacta no podr�a operar; la forma y t�rminos de dar cumplimiento a un contrato se deben establecer desde su celebraci�n y no con posterioridad, pues ser�a il�gico considerar que una vez acontecido el supuesto de la generaci�n de intereses, las partes contratantes pudieren convenir separadamente la capitalizaci�n de aqu�llos. Se sostiene en dichas sentencias que no existe disposici�n en el C�digo de Comercio que proh�ba a los contratantes convenir de manera anticipada (entendi�ndose por ello que ocurriere antes de que se causen) la mec�nica de cobro de intereses conforme �stos se vayan venciendo; es decir que no se puede establecer en el contrato que sobre el particular se firme la causaci�n de intereses previamente a que ellos se generen, pudi�ndose �nicamente estipular la forma de la manera de cobrar los intereses una vez que se vencieran, al actualizarse la hip�tesis que los generaran. Asimismo se afirma que al no establecer el art�culo 363 el momento en que puede hacerse la capitalizaci�n de intereses, es incuestionable que pueden pactarse antes o despu�s de que se generen, porque donde la ley no distingue, el resolutor no debe distinguir.
Efectivamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver los amparos 777/97, 916/97, 942/97, 964/97, 1115/97 y 55/98, sostuvo en esencia ese criterio. Dado que las consideraciones emitidas en las sentencias respectivas son id�nticas, �nicamente se transcriben las que se contienen en el amparo 777/97, que en lo conducente predica:
"De ese contexto, resulta inconcuso que la acreditada pod�a impedir la actualizaci�n del cr�dito adicional contenido en la referida cl�usula cuarta cubriendo puntualmente los intereses generados, puesto que dicha convenci�n no dice que los intereses vencidos y no pagados generen a su vez intereses, como inexactamente se�ala la quejosa, sino que solamente puede inferirse del contenido de las cl�usulas primera y cuarta del referido pacto, que la acreditada pod�a disponer discrecionalmente del mencionado cr�dito para cubrir los intereses generados en el periodo, pero que en caso de que no deseara efectuar las disposiciones citadas, deb�a dar a B. el aviso correspondiente cuando menos con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha en que se llevara a cabo la erogaci�n neta mensual y por ende pagar�a el importe total de los intereses generados a ese mes.
"... el objeto b�sico del contrato fue que la actora obtuviera un cr�dito para la adquisici�n de un inmueble hasta por la suma se�alada en la cl�usula primera, de la cual s�lo dispuso de la cantidad de ciento cuarenta y nueve millones de pesos o el equivalente en la unidad monetaria vigente, oblig�ndose al pago de un inter�s ordinario de conformidad con la cl�usula sexta as� como a la devoluci�n del capital en un plazo m�ximo de veinte a�os no advirti�ndose que las partes hubieran pactado de manera anticipada la capitalizaci�n de intereses, sino que adquiri� discrecionalmente un cr�dito adicional para que cubriera los intereses devengados por la cantidad de cuatrocientos cuarenta y siete millones de pesos o bien cuatrocientos cuarenta y siete mil actuales, cuya disposici�n qued� a la voluntad de la acreditada s�lo al actualizarse los intereses devengados pero no con anticipaci�n ..." (ejecutoria n�mero 1 del legajo).
En esa misma l�nea, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo 10992/97, considera en lo que nos interesa lo siguiente:
"... no existe la causa de nulidad pretendida por la actora, conforme con lo dispuesto por el art�culo 363 del C�digo de Comercio que a la letra dice: ?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?, porque del texto legal anterior, se evidencia con toda claridad que dicho dispositivo legal deja expedito el derecho de las partes, si as� conviene a sus intereses, para que, a la celebraci�n del contrato, puedan pactar la capitalizaci�n de los intereses, en tal virtud como es de verse, no es exacto como lo pretende el quejoso que el anatocismo est� prohibido por la ley, ya que la aplicable en la especie, la mercantil, lo permite y s�lo la condiciona a que las partes la convengan, es decir que la consignen en el contrato de que se trate, lo que en la especie aconteci�." (ejecutoria n�mero 12 del legajo).
Del mismo modo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al decidir el amparo directo 6663/97, estim� en relaci�n con el tema que nos ocupa, lo que enseguida se transcribe:
"De lo anterior, lo que se desprende en la forma de estipular que se cobren intereses que podr�n capitalizarse es la anuencia a que de no optar por el aviso correspondiente operaba autom�ticamente en favor del banco acreditar la disposici�n del cr�dito adicional para cubrir los intereses pactados.
"En ese entendido, no puede manifestarse legalmente, como lo consideran los quejosos, que exista un pacto anticipado de capitalizaci�n disfrazado de anatocismo con un nuevo pr�stamo o refinanciamiento autom�tico de los intereses que se suman al capital, ya que la funci�n del mismo fue la de cubrir los intereses que no pudiese la parte deudora pagar, la que en un momento dado se actualiz� al momento de dejar de pagar parte de los intereses y no haber solicitado al banco la abstenci�n de su aplicaci�n, si optaba por pagar los intereses normales pactados ..." (ejecutoria n�mero 15 del legajo).
Criterio similar sostuvo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo 8049/97 y 3209/98, resoluciones en las que se emitieron id�nticas consideraciones por lo que s�lo se transcribe lo sostenido en la primera:
"As� la situaci�n, necesariamente deben prevalecer los argumentos esgrimidos por el Juez al analizar la excepci�n de m�rito, en virtud de que la excepcionista no acredit� con los medios de prueba aportados que la actora hubiese incurrido en pr�cticas leoninas, ni que los intereses ordinarios y moratorios convenidos en el contrato base de la acci�n y en los convenios, constituyan un verdadero anatocismo o usura, ni que �sta cobre intereses sobre intereses, adem�s de que resulta improcedente en raz�n de que en la cl�usula tercera del convenio de fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, se reconvino la capitalizaci�n de intereses, cuanto m�s que en el contrato refaccionario en forma de apertura de cr�dito simple, se pactaron los dem�s intereses, los cuales fueron aceptados por las partes." (ejecutoria n�mero 49 del legajo).
As� mismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo 741/98, en cuanto a la materia de la contradicci�n, resolvi�:
"No sobra decir, que es inexacta la interpretaci�n que los quejosos realizan respecto del numeral transcrito pues dejan entrever que en su concepto, la capitalizaci�n de intereses no puede pactarse antes de que se generen los intereses sino s�lo cuando �stos se conocen. Ello, se insiste, es err�neo porque precisamente la forma y t�rminos de dar cumplimiento a un contrato se debe establecer desde su celebraci�n y no con posterioridad, pues ser�a il�gico considerar, que una vez acontecido el supuesto de la generaci�n de intereses, las partes contratantes convinieran separadamente en la capitalizaci�n de aqu�llos." (ejecutoria n�mero 56 del legajo).
Criterio similar sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito al resolver los juicios de amparo 1259/97, 61/98 y 463/98. Resoluciones en las que se sostuvieron id�nticos criterios por lo que s�lo se transcribe la relativa al primero de los mencionados amparos, que en lo que nos interesa resuelve:
"Por otra parte, ninguna disposici�n legal existe en el C�digo de Comercio que proh�ba a los contratantes convenir, de manera anticipada (entendi�ndose por esto, antes de que se causen los intereses), la mec�nica de cobro de los mismos conforme vayan venciendo, es decir lo que no se puede establecer en el contrato que sobre el particular se firme, es la causaci�n de intereses previamente a que se generen; en el caso s�lo se estipula la forma de c�mo se cobrar�an los intereses una vez que se vencieran, al actualizarse la hip�tesis generar�n." (ejecutoria n�mero 67 del legajo).
Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito al resolver el amparo 1334/97, cuyas consideraciones relativas son de este tenor:
"Ahora bien, si anatocismo es la prohibici�n de que los intereses vencidos generen a su vez intereses, resulta evidente que, contrario a lo manifestado por el quejoso, tal figura no se da en las cl�usulas que contiene el contrato de apertura de cr�dito de que se trata, porque, si como se vio, en el contrato en menci�n, las partes convinieron en la apertura a favor del acreditado, en t�rminos de la cl�usula cuarta que ha quedado transcrita, un cr�dito adicional a fin de cubrir mediante pagos mensuales la diferencia que resulte de intereses que se generen con motivo de la disposici�n de ciento cincuenta millones de antiguos pesos a que se refiere la cl�usula primera, con las que rijan el mercado en los t�rminos contratados; esa circunstancia en modo alguno presupone la existencia de anatocismo, porque el cr�dito adicional no fue establecido para el pago de intereses que pudieran generar los que a su vez lleguen a causarse por la suma dispuesta, que es la hip�tesis para que se d� la figura mencionada, sino para el pago de la cantidad positiva que arroje de restar:
"A) El importe de los intereses ordinarios que mensualmente se causen conforme a dicha cl�usula quinta; B) El monto del abono a su cargo en el mes de que se trate seg�n la cl�usula sexta.
"En suma, en la hip�tesis, no se trata de un cr�dito adicional para cubrir intereses sobre intereses, sino de uno destinado al pago de la diferencia que pudiera existir entre los intereses liquidados y los realmente causados.
"Por las razones anteriores, fue correcto el proceder del tribunal responsable al establecer que al no acreditarse el anatocismo invocado como causa de nulidad de las cl�usulas analizadas, la acci�n ejercitada no se acredit�." (ejecutoria n�mero 85 del legajo).
En iguales t�rminos se pronunci� el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito al resolver los amparos 838/97, 73/98, 187/98, 271/98, 280/98 y 295/98. Resoluciones en las que se sostuvo el mismo criterio por lo que s�lo se transcriben las consideraciones relativas al primero de los citados amparos, que en la materia de la contradicci�n sostuvo:
"Sin que en el caso sea dable estimar que dicho pacto debe ser posterior al vencimiento de los intereses y que en el caso se est�n realizando de manera anticipada; ya que como dicho pacto de capitalizaci�n se establece en el C�digo de Comercio como un caso de excepci�n que requiere convenio expreso, es evidente que el mismo debe obrar en el propio contrato concertado y no estipularse una vez vencidos los intereses." (ejecutoria n�mero 89 del legajo).
Criterio similar sostuvo el Primer Tribunal del D�cimo Sexto Circuito, al decidir los amparos 634/97, 637/97, 693/97, 702/97, 705/97, 735/97, 742/97, 832/97, 847/97, 848/97 y 935/97. Juicios de amparo en los que se emitieron iguales consideraciones por lo que solamente se transcriben las relativas al amparo 634/97, que en la parte que a este estudio interesa, sostiene:
"As�, el art�culo 363 del C�digo de Comercio establece, que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses, sin embargo, tambi�n precisa, que los contratantes, podr�n capitalizarlos. En efecto, se desprende una prohibici�n de que los intereses que se hayan vencido generen a su vez intereses, pero, se prev� la posibilidad de que los intereses vencidos, se puedan capitalizar con el previo acuerdo de las partes. Por lo que, si en el caso concreto, las partes convinieron en la apertura de un cr�dito adicional en favor del acreditado, con el fin de cubrir discrecionalmente, parte de los intereses a pagar, ese pacto suscrito por las partes no puede, de modo alguno, entra�ar pacto de anatocismo, prohibido por el referido art�culo, ya que se da la voluntad del acreditado a que se d� o no la hip�tesis pactada, puesto que si bien pudo impedir su actualizaci�n, cubriendo puntualmente los intereses generados, o bien manifestando que no requer�a de ese pr�stamo adicional.
"... por lo que en ese entendido, no puede manifestarse legalmente como lo consider� el tribunal ad quem, que la finalidad del cr�dito adicional, era para la capitalizaci�n de intereses sobre intereses, ya que la funci�n del mismo, fue la de cubrir los intereses que no pudiese la parte deudora cubrir, la que en un momento dado se actualiz�, al momento de dejar de cubrir parte de los intereses y no haber pedido al banco, la abstenci�n de su aplicaci�n ..." (ejecutoria n�mero 114 del legajo).
El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito al resolver el amparo 215/96, estim� en lo que a este estudio interesa lo siguiente:
"De aqu� que se advierta que si conforme al art�culo 363 del C�digo de Comercio: ?Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos.?. De este precepto se desprende la prohibici�n de que los intereses vencidos generen a su vez intereses y la posibilidad de que los intereses vencidos se capitalicen previo convenio de los contratantes; la primera hip�tesis contiene el caso de anatocismo, que proh�be expresamente el legislador y la segunda, permite el que, seg�n la voluntad de los contratantes, aquellos intereses vencidos y no cubiertos lleguen a formar parte del capital. Ahora bien, si en un caso los contratantes convinieron en la apertura a favor del acreditado de un cr�dito adicional a fin de cubrir discrecionalmente, mediante disposiciones mensuales, los intereses insolutos, tal convenci�n en modo alguno entra�a el pacto de anatocismo prohibido por el numeral antes citado, ya que, es de la voluntad de dicho acreditado el que se d� o no la hip�tesis pactada, puesto que bien puede impedir su actualizaci�n, cubriendo puntualmente los intereses generados, y por otra parte, con dicha convenci�n tampoco se estipula el que los intereses vencidos y no pagados generen a su vez intereses, sino s�lo el que el acreditado disponga discrecionalmente del mencionado cr�dito adicional para cubrir intereses insolutos."
Por su parte, similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, cuando resolvi� el amparo directo 581/97 que se sustenta en estas consideraciones que al caso interesan:
"En segundo lugar, cabe se�alar que el hecho de haberse pactado por las partes en el contrato base de la acci�n que los intereses se calcular�an sobre el saldo promedio diario mensual del cr�dito concedido, pag�ndose mensualmente y que el acreditado autorizaba a B. para que mensualmente cargara en su cuenta efectiva los intereses que hubieren devengado las cantidades dispuestas, y que esos cargos se considerar�an disposiciones adicionales; ello no va m�s all� de lo preceptuado en el art�culo 363 del C�digo de Comercio, pues como ya se dijo y se reitera, este numeral prev� la posibilidad de que los intereses puedan ser capitalizados, sin que ello implique que el consenso respectivo no pueda establecerse previamente en el contrato, sobre todo si se toma en cuenta el principio de que la voluntad de las partes es la norma suprema de los contratos, de tal forma pues que, como de manera correcta lo hace notar la S. Civil responsable al haber admitido los ahora quejosos, expresamente la capitalizaci�n de inter�s al firmar el contrato base de la acci�n, y estar prevista esta modalidad, como excepci�n en el art�culo 363 del C�digo de Comercio, es v�lido que ese consenso, aun cuando el compromiso sea a futuro, siendo oportuno se�alar que la libertad de contrataci�n que se concede a las partes no tiene m�s l�mite que el establecido en el art�culo 1843, del C�digo Civil que ocupa nuestra atenci�n, consistente en que la cl�usula penal no puede exceder, ni en valor ni en cuant�a a la obligaci�n principal." (ejecutoria n�mero 166 del legajo).
Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito sustent� similar criterio al fallar los amparos directos 428/97 y 547/97. En el segundo de ellos estim�:
"... esta convenci�n, contrario a lo alegado por el impetrante, en modo alguno entra�a un pacto de anatocismo, ya que fue voluntad de �ste el que se den las hip�tesis que ah� se contienen, ya que si bien puede impedir su actualizaci�n liquidando puntualmente los intereses sobre saldos insolutos, ya que tal circunstancia estaba supeditada a aquellos casos en los que no alcanzara a cubrir el importe de los intereses causados; sin que en efecto, se advierta en la referida cl�usula que los intereses vencidos y no pagados generen a su vez intereses, sino s�lo el que la acreditada disponga discrecionalmente para el pago de intereses insolutos." (ejecutoria n�mero 187 del legajo).
Como se aprecia de esas transcripciones y ya fue destacado al inicio de cada una de ambas posturas, de all� pueden desprenderse dos temas de contradicci�n, los cuales tienen como punto de identidad y posturas antag�nicas los siguientes:
1. NATURALEZA DE LA OPERACI�N DE COBRO DE INTER�S SOBRE LA CANTIDAD QUE SE SUMA AL CAPITAL POR INTER�S VENCIDO. Que se refiere a la verdadera esencia de la operaci�n que se lleva a cabo para acumular al capital aquella cantidad de dinero que se produjo por el inter�s vencido y, sobre ella, cobrar nuevo inter�s.
a) Un grupo de colegiados (que sustentaron las ejecutorias que se estimaron representativas de sus criterios, identificadas con los n�meros 3137/97, 1088/97, 1313/97, 646/97, 826/97, 114/98 y 359/98) estima que esa operaci�n constituye una verdadera capitalizaci�n de intereses, que sin el acuerdo expreso de los contratantes, est� prohibida por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, y que para evadir esa prohibici�n se ha encubierto, ocultado o disfrazado bajo otra denominaci�n, como cr�dito adicional para cobertura de intereses, refinanciamiento de inter�s, etc.
b) Mientras que otro grupo de colegiados, emisores de las ejecutorias consideradas representativas (6663/97, 634/97, 215/96 y 547/97) es de la idea de que no se trata de capitalizaci�n de intereses que proscribe el art�culo 363 del C�digo de Comercio, porque los nuevos r�ditos se generan sobre un cr�dito diverso, del que se dispuso adicionalmente y s�lo para el caso de que no pudiera solventarlos directamente.
2. TEMPORALIDAD DEL PACTO. Que se refiere al momento en que se puede pactar la capitalizaci�n de inter�s vencido, para que, independientemente del nombre que se asigne a esa operaci�n, sea susceptible de generar nuevo inter�s.
a) Unos Tribunales Colegiados de Circuito (en las ejecutorias 3137/97, 1088/97, 189/97, 826/97, 114/98, 359/98, 1695/97 y 1138/98) dicen que ese pacto, para que sea v�lido tiene que ser despu�s de que ya se haya generado ese inter�s; o desde otra perspectiva, no puede pactarse de antemano o de manera previa a su nacimiento. Y en esos t�rminos, el acuerdo tomado desde la misma celebraci�n de la apertura de cr�dito para que, llegado el momento, se capitalicen, es ilegal.
b) Otros Tribunales Colegiados de Circuito (en sus ejecutorias 10992/97, 741/98, 1259/97 y 838/97) dicen que ese acuerdo debe tomarse precisamente antes de que se generen los intereses, y otros m�s dicen que puede ser en cualquier tiempo; o sea, antes o despu�s de que se genere ese r�dito que habr� de sumarse al capital y ser fuente de nuevo inter�s, porque el art�culo 363 del C�digo deComercio no distingue temporalidad.
Precisados en esos t�rminos los puntos de oposici�n, pasemos ahora a dirimirlos.
En relaci�n con el primero, se advierte que en el vocabulario utilizado en la mayor�a de las sentencias que entraron en contradicci�n, se emplea la palabra anatocismo, y en tal virtud, en la denuncia tambi�n se utiliza ese vocablo.
Al respecto, se impone establecer que del an�lisis de las disposiciones que integran el sistema jur�dico mexicano, en especial del C�digo Civil y del de Comercio, as� como de las Leyes de Instituciones de Cr�dito y de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, relativas a los contratos civiles, mercantiles y bancarios, se advierte que en ninguna parte hacen referencia expresa al anatocismo, vocablo que queda comprendido en el campo de la doctrina. El art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., ubicado en el t�tulo quinto del "Mutuo", cap�tulo II, del "Mutuo con inter�s", establece que las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. El art�culo 363 del C�digo de Comercio, en el t�tulo quinto, cap�tulo primero, denominado del "Pr�stamo mercantil en general", previene que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses y, a�ade, que los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos. Finalmente, las leyes citadas en �ltimo t�rmino, que regulan los contratos bancarios, no tienen ninguna disposici�n en ese sentido. Por tanto, no cabe hablar de anatocismo, sino de intereses sobre intereses prohibido por ambos preceptos, y de capitalizaci�n de intereses, expresamente autorizado a condici�n de que sea pactado entre las partes, en el primer precepto, con posterioridad a que los intereses se causen; y, en el segundo, sin hacer manifestaci�n en cuanto a la temporalidad de ese convenio.
Precisado lo anterior, es necesario ahora definir en primer t�rmino si el contrato de apertura de cr�dito para cobertura de intereses implica una capitalizaci�n de intereses; y, en segundo t�rmino, de existir esa capitalizaci�n, si la misma se encuentra o no prohibida por la ley.
En relaci�n con el primer aspecto deben distinguirse dos situaciones: cuando al contrato de apertura de cr�dito se le pretende equiparar a la capitalizaci�n de intereses; y cuando las partes pactan expresamente la capitalizaci�n e invocan al efecto el art�culo 363 del C�digo de Comercio.
Respecto de la primera situaci�n se considera que la apertura de cr�dito para cobertura de intereses, para el pago de intereses, pactada en el mismo instrumento o en otro, no se equipara ni encubre el establecimiento de intereses sobre intereses, ni su capitalizaci�n.
Lo anterior obedece a que la naturaleza y los fines, por una parte, del mencionado contrato, y por la otra, de la capitalizaci�n de intereses son diversos, por lo que no pueden confundirse.
En efecto, la capitalizaci�n de intereses implica la acci�n de agregar al capital originario de un pr�stamo o cr�dito los intereses devengados, vencidos y no pagados para computar sobre la suma resultante r�ditos ulteriores. Esa capitalizaci�n no se presenta en el convenio celebrado entre las partes en un contrato de apertura de cr�dito a fin de que el acreditado disponga discrecionalmente, en su caso, de un cr�dito adicional para cubrir intereses devengados en otro cr�dito distinto.
Entre la capitalizaci�n de intereses y el contrato de apertura de cr�dito para cobertura de intereses (refinanciamiento) existen sustanciales diferencias. La capitalizaci�n supone que haya intereses vencidos y no pagados. En cambio, en el citado contrato, llegado el momento de vencimiento de pago de intereses devengados, el deudor se ve legalmente en situaci�n de pagar al acreedor las sumas en cuesti�n, lo cual podr� hacer con recursos propios o con los recursos de que puede disponer por virtud del cr�dito adicional. En este supuesto, los recursos del cr�dito adicional se utilizan para el pago de intereses vencidos, por lo que no ha lugar al incumplimiento por parte del deudor.
Por otra parte, mientras que los intereses, por regla general, siguen la suerte de la obligaci�n principal, el refinanciamiento se logra a trav�s de un contrato de apertura de cr�dito, diverso al originalmente pactado, con el destino espec�fico de pagar total o parcialmente los intereses vencidos.
Adem�s, en el contrato de apertura de cr�dito para cobertura de intereses (refinanciamiento), el acreditante asume la obligaci�n de poner a disposici�n del acreditado una suma de dinero (obligaci�n de hacer) a fin de que no incurra en incumplimiento de otro cr�dito, y el acreditado asume la obligaci�n de pagar intereses por las sumas dispuestas (obligaci�n de dar). Corrobora lo anterior, la circunstancia de que el referido contrato se puede celebrar en el mismo instrumento en que consta el diverso acto jur�dico, o en otro, y con el primer acreditante o con uno diferente, lo que permite visualizar que las deudas derivadas de esos actos jur�dicos son diversas e independientes.
Esto es inconcebible en la capitalizaci�n de intereses, toda vez que, como se apunt�, la misma consiste en la acci�n de agregar al capital originario de un pr�stamo a cr�dito, los intereses devengados vencidos y no pagados. De esta diferencia resulta que en la capitalizaci�n, los intereses se incorporan al capital, lo que no acontece en la apertura de cr�dito para cobertura de intereses, donde el capital dispuesto produce sus propios intereses.
Se sigue de lo expuesto que el contrato de apertura de cr�dito para cobertura de intereses (refinanciamiento) jur�dicamente no implica pago de intereses sobre intereses, ni pacto de pago de intereses sobre intereses, ni capitalizaci�n de los mismos, sino que se trata de un acto jur�dico independiente, autorizado por la ley y que por s� mismo no es nulo.
La conclusi�n obtenida no se desvirt�a por el hecho de que en algunos casos se observe que en los contratos de apertura de cr�dito, las partes convengan la capitalizaci�n de intereses e invoquen para ello el art�culo 363 del C�digo de Comercio, toda vez que aun cuando es innegable que en esta hip�tesis s� existe pacto de capitalizaci�n de intereses, la misma deriva del convenio expreso de las partes en ese sentido, que se celebra con fundamento en el art�culo 78 del C�digo de Comercio, y en raz�n de que en esa materia los contratantes gozan de plena libertad para acordar lo que les convenga, con la limitante, desde luego, de que no se contravengan disposiciones de orden p�blico.
Las consideraciones expuestas permiten v�lidamente concluir que el contrato de apertura de cr�dito para cobertura de intereses, es un acto autorizado por la ley, diferente a la capitalizaci�n de intereses, y por tanto, aqu�l no es una forma de disfrazar u ocultar �sta.
En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de A., en este tema debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno contenido en las tesis:
CAPITALIZACI�N DE INTERESES. NO LA CONSTITUYE EL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO PARA COBERTURA DE INTERESES (REFINANCIAMIENTO). La naturaleza y los fines del contrato de apertura de cr�dito para cobertura de intereses son diversos a los de la capitalizaci�n de intereses, y no deben confundirse. En efecto, la capitalizaci�n de intereses implica la acci�n de agregar al capital originario de un pr�stamo o cr�dito los intereses devengados, vencidos y no pagados, para computar sobre la suma resultante r�ditos ulteriores. Esa capitalizaci�n no se presenta en el convenio celebrado entre las partes en un contrato de apertura de cr�dito a fin de que el acreditado disponga de un cr�dito adicional para cubrir intereses devengados en otro cr�dito distinto. Entre la capitalizaci�n de intereses y el contrato de cr�dito para cobertura de intereses (refinanciamiento), existen sustanciales diferencias. La capitalizaci�n a que se refiere el art�culo 363 del C�digo de Comercio, supone la existencia de un contrato de pr�stamo mercantil, sobre la base de intereses vencidos y no pagados. En cambio, en el contrato de apertura de cr�dito para cobertura de intereses (refinanciamiento), llegado el momento de vencimiento de pago de intereses devengados por otro cr�dito, el deudor se ve en situaci�n de pagar al acreedor las sumas en cuesti�n, lo cual podr� hacer con recursos propios o con los recursos de que pueda disponer por virtud de dicho contrato. Por otra parte, mientras que los intereses, por regla general, siguen la suerte de la obligaci�n principal, el refinanciamiento se logra a trav�s de un contrato de apertura de cr�dito diverso al originalmente pactado, con el destino espec�fico de pagar total o parcialmente los intereses vencidos. Adem�s, en el contrato de apertura de cr�dito para cobertura de intereses (refinanciamiento) el acreditante asume la obligaci�n de poner a disposici�n del acreditado una suma de dinero (obligaci�n de hacer), a fin de que no incurra en el incumplimiento de pago de otro cr�dito, y el acreditado asume la obligaci�n de pagar intereses sobre las sumas dispuestas (obligaci�n de dar). Corrobora lo anterior, la circunstancia de que el referido contrato se puede celebrar en el mismo instrumento en que consta el diverso acto jur�dico, o en otro, y con el primer acreditante o con uno diferente. La conclusi�n obtenida no se desvirt�a por el hecho de que en algunos casos se observe que en los contratos de apertura de cr�dito las partes convengan la capitalizaci�n de intereses e invoquen para ello el art�culo 363 del C�digo de Comercio, toda vez que, aun cuando es innegable que en esta hip�tesis s� existe pacto de capitalizaci�n de intereses, la misma deriva del convenio expreso de las partes en ese sentido, que se celebra con fundamento en el art�culo 78 del C�digo de Comercio, y en raz�n de que en esa materia los contratantes gozan de plena libertad para acordar lo que les convenga, con la limitante, desde luego, de que no se contravengan disposiciones de orden p�blico.
A continuaci�n, este Tribunal Pleno se aboca al examen del segundo punto de contradicci�n que, seg�n se ha dejado apuntado, se concreta a determinar si el pacto de capitalizaci�n de intereses a que se refiere el art�culo 363 del C�digo de Comercio, puede celebrarse antes o despu�s de que se venzan, o si est� prohibido que las partes lo convengan de antemano como sucede en materia civil.
Se impone, en consecuencia, la transcripci�n y an�lisis de los art�culos 363 del C�digo de Comercio y 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F..
El art�culo 363 del C�digo de Comercio previene:
"Art�culo 363. Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos."
"Art�culo 2397. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses."
Las normas transcritas tienen en com�n que autorizan la capitalizaci�n de intereses por acuerdo expreso de las partes; la capitalizaci�n, en ning�n caso, puede operar de manera autom�tica, sino que requiere de la expresi�n de la voluntad de los contratantes.
Sin embargo, se diferencian en cuanto al momento en que puede celebrarse el pacto correspondiente. Mientras que la norma civil proh�be que ese acuerdo de voluntades sea anterior al vencimiento y al no pago de los intereses que habr�n de capitalizarse, el art�culo 363 del C�digo de Comercio no contiene ninguna exigencia de temporalidad para su realizaci�n. De all� que, en materia mercantil, el pacto de capitalizaci�n pueda recaer sobre intereses ya vencidos que no han sido pagados (pacto posterior), o bien, sobre los que tengan vencimiento futuro y no fueren pagados cuando sean exigibles (convenio anticipado), toda vez que en ambas hip�tesis el convenio se refiere a intereses vencidos y no pagados, que es el �nico requisito exigido por esta norma.
En efecto, la expresi�n vencidos y no pagados que contiene el numeral mencionado en su segundo enunciado no debe ni puede interpretarse en relaci�n con una temporalidad, sino s�lo como una reiteraci�n especificativa de qu� intereses pueden ser objeto de dicha capitalizaci�n, a saber, �nicamente los que se adeuden por ser de plazo cumplido.
Luego, el precepto a estudio, en su interpretaci�n gramatical, autoriza a capitalizar los intereses vencidos y no pagados, sin que dicho enunciado contenga visos de temporalidad.
La perspectiva hist�rica confirma esta consideraci�n. El primer C�digo de Comercio que se expidi� en nuestro pa�s inclu�a una disposici�n dentro del cap�tulo "De los pr�stamos" que prohib�a el convenio para la capitalizaci�n de intereses, si �stos no se hab�an devengado y hab�an sido objeto de una previa liquidaci�n.
En efecto, dicha codificaci�n mercantil, que data de mil ochocientos cincuenta y cuatro, en su art�culo 302, establec�a:
"No se debe r�dito de r�ditos devengados en los pr�stamos mercantiles, ni en ninguna otra especie de deuda comercial, mientras que hecha la liquidaci�n de �stos, no se incluyan en un nuevo contrato, como aumento de capital; o bien, de com�n acuerdo, o bien por una declaraci�n judicial, se fije el saldo de cuentas, incluyendo en �l los r�ditos devengados hasta entonces; lo cual no podr� tener lugar sino cuando las obligaciones que precedan est�n vencidas, y sean exigibles de contado."
A�os despu�s, con la expedici�n del C�digo de Comercio de 1887, en una �poca en que ya hab�an sido promulgados sucesivamente los C�digos Civiles de 1870 y 1884 que autorizaron sin reservas la capitalizaci�n de intereses, juzg� conveniente el legislador mantener en este punto el mismo sistema del derecho civil y suprimi�, en consecuencia, toda disposici�n encaminada a prohibir o reglamentar el convenio sobre capitalizaci�n de intereses, consagrando el m�s amplio criterio de libertad en relaci�n con �sta.
Adem�s, existen argumentos l�gico-jur�dicos que conducen al mismo resultado.
Por una parte, no se pueden hacer interpretaciones que deroguen t�citamente el principio general de libertad contractual. De existir alguna distinci�n deben acordarla las partes o establecerla el legislador, seg�n lo ha hecho en otras materias, como en la civil (art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., ya transcrito) o de protecci�n al consumidor, art�culo 68 de la Ley F. de Protecci�n al Consumidor, que a la letra dice:
"Art�culo 68. �nicamente se podr�n capitalizar intereses cuando exista acuerdo previo de las partes, en cuyo caso el proveedor deber� proporcionar al consumidor estado de cuenta mensual. Es improcedente el cobro que contravenga lo dispuesto en este art�culo."
Por otro lado, la distinci�n que establecieron algunos de los tribunales que entraron en contradicci�n acerca de que la capitalizaci�n s�lo puede ser posterior a que los r�ditos se encuentren vencidos y no pagados, implica la introducci�n de una prohibici�n o una restricci�n contrarias a la regla de interpretaci�n conforme a la cual, donde la ley no distingue no debe distinguir el int�rprete.
En la hip�tesis examinada resulta l�gico que el acuerdo de capitalizaci�n pueda ser convenido como una previsi�n contractual para el caso de una eventualidad posterior; o bien, como un acto posterior, circunstancia que no perjudica al deudor en raz�n de que de ese modo puede tener previo conocimiento de la extensi�n de la obligaci�n que asume y, por tanto, ejecutar los actos necesarios para evitar que los intereses se capitalicen. Es decir, no existe motivo alguno para restringir la letra de la norma.
En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de A., en este tema debe observarse con car�cter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno contenido en la tesis siguiente:
CAPITALIZACI�N DE INTERESES. EL ART�CULO 363 DEL C�DIGO DE COMERCIO LA PERMITE EN FORMA PREVIA O POSTERIOR A LA CAUSACI�N DE LOS R�DITOS, A CONDICI�N DE QUE EXISTA ACUERDO EXPRESO. Trat�ndose del pr�stamo mercantil, el art�culo 363 del C�digo de Comercio dispone que: "Los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses. Los contratantes podr�n, sin embargo, capitalizarlos."; en cambio, para el contrato civil de mutuo, el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F. ordena que "Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.". Ambas normas tienen en com�n que autorizan la capitalizaci�n de intereses por acuerdo expreso de las partes, pero se diferencian en cuanto al momento en que se puede celebrar el pacto correspondiente; as�, mientras que la disposici�n civil proh�be que ese acuerdo de voluntades sea anterior al vencimiento y al no pago de los intereses que habr�n de capitalizarse, el numeral del C�digo de Comercio no contiene ninguna exigencia de temporalidad para su realizaci�n, motivo por el cual el pacto de capitalizaci�n puede recaer sobre intereses ya vencidos que no han sido pagados (convenio posterior) o bien sobre los que tengan vencimiento futuro y no fueren pagados cuando sean exigibles (convenio anticipado), pues en ambas hip�tesis el convenio se refiere a "intereses vencidos y no pagados" que es el �nico requisito que establece esta norma. En consecuencia, el precepto en estudio, en su interpretaci�n gramatical, autoriza a capitalizar los intereses vencidos y no pagados, sin que dicho enunciado contenga visos de temporalidad. La perspectiva hist�rica reafirma esta consideraci�n. El primer C�digo de Comercio que se expidi� en nuestro pa�s (1854) inclu�a una disposici�n dentro del cap�tulo "De los pr�stamos" que prohib�a el convenio para la capitalizaci�n de intereses si �stos no se hab�an devengado y hab�an sido objeto de una previa liquidaci�n. Al efecto, el art�culo 302 prescrib�a: "No se debe r�dito de r�ditos devengados en los pr�stamos mercantiles ni en ninguna otra especie de deuda comercial, mientras que hecha la liquidaci�n de �stos no se incluyan en un nuevo contrato, como aumento de capital; o bien, de com�n acuerdo, o bien, por una declaraci�n judicial, se fije el saldo de cuentas, incluyendo en �l los r�ditos devengados hasta entonces; lo cual no podr� tener lugar sino cuando las obligaciones que procedan est�n vencidas, y sean exigibles de contado.". A�os despu�s, con la expedici�n del C�digo de Comercio de 1887, en una �poca en que ya hab�an sido promulgados sucesivamente los C�digos Civiles de 1870 y 1884, que autorizaron sin reservas la capitalizaci�n de intereses, juzg� conveniente el legislador mantener en este punto el mismo sistema del derecho civil y suprimi�, en consecuencia, toda disposici�n encaminada a prohibir o reglamentar el convenio de capitalizaci�n de intereses, consagrando el m�s amplio criterio de libertad en relaci�n con �sta. Adem�s, existen argumentos l�gico-jur�dicos que conducen al mismo resultado, a saber, que no se pueden hacer interpretaciones que deroguen t�citamente la regla general de libertad contractual; que la distinci�n relativa a que la capitalizaci�n s�lo puede ser posterior a que los r�ditos se encuentren vencidos y no pagados implica una prohibici�n o una restricci�n contrarias a la regla de interpretaci�n conforme a la cual, donde la ley no distingue no debe distinguir el int�rprete; y que resulta l�gico que el acuerdo de capitalizaci�n pueda ser convenido como una previsi�n contractual para el caso de una eventualidad posterior; o bien, como un acto posterior, circunstancia que no perjudica al deudor en raz�n de que de ese modo puede tener previo conocimiento de la extensi�n de la obligaci�n que asume y, por tanto,ejecutar los actos necesarios para evitar que los intereses se capitalicen.
D�CIMO SEGUNDO. Para determinar si existe contradicci�n de tesis sobre el tema: "CL�USULA ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES VENCIDOS �LAS AMORTIZACIONES IMPLICAN CONSENTIMIENTO Y CONVALIDAN LA NULIDAD PRETENDIDA?", se ha procedido al examen de la totalidad de las ejecutorias enviadas por diversos Tribunales
Colegiados de Circuito de la Rep�blica, mismas que obran en el legajo correspondiente y en las que se abordaron cuestiones relativas a la capitalizaci�n de intereses.
De dicho an�lisis se advirti� que el tema espec�fico a que se refiere este considerando fue tratado en las siguientes ejecutorias:
A. directo 777/97, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (identificado con el n�mero 1 del legajo).
A. directo 1520/97, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (marcado con el n�mero 9, en el legajo).
A. directo 6663/97, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 15 del legajo).
A. directo 3359/97, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (n�mero 46 del legajo).
A.s directos 4507/97, 10037/97, 1887/97 y 2767/98, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (identificados respectivamente, en el legajo de ejecutorias con los n�meros: 32, 36, 38 y 40).
A.s directos 1088/97 y 328/98, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (marcados con los n�meros 44 y 45).
A. directo 73/98, del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito (n�mero 91 del legajo).
A. directo 826/97, del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito (n�mero 138 del legajo).
A.s directos 114/98 y 295/98, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito (n�meros 190 y 195); y,
A.s directos 1695/97 y 1883/97, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito (n�meros 199 y 201).
Por un lado, los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Noveno en Materia Civil del Primer Circuito sostuvieron que, al efectuar los deudores el pago de intereses con base en los estados de cuenta, expresaron su conformidad, por lo que no pueden aducir la nulidad de lo pactado.
Por otro lado, los Tribunales Colegiados S�ptimo y Octavo en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo del D�cimo Primer Circuito, Segundo del D�cimo S�ptimo Circuito, Primero del Vig�simo Segundo Circuito y Primero del Vig�simo Tercer Circuito consideraron que el hecho de que se efectuaran diversos pagos por parte de los acreditados no se convalida la nulidad de lo pactado.
En las sentencias que establecieron que los pagos convalidan la nulidad pretendida, se esgrimieron los siguientes argumentos:
a) A. directo 3359/97, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (ejecutoria n�mero 46 del legajo):
"Ahora bien, conforme a la consideraci�n transcrita, el incremento de los pagos mensuales a cargo de las quejosas no constituye en realidad la materia que debe estudiarse para resolver sobre la licitud o no de los cobros posteriores a la demanda; pues el tribunal responsable puntualiz� que deben tomarse en cuenta ?las cuestiones que las partes pactaron en tal sentido?; de modo que al efecto debe atenderse al acuerdo que las partes pactaron en torno al procedimiento para fijar el monto de los pagos mensuales; de esta forma, si las quejosas pagaron los abonos iniciales, es claro entonces que cumplieron voluntariamente con el acuerdo contenido en la cl�usula quinta del contrato base de la acci�n, que establece el proceso espec�fico para fijar el importe de los pagos mensuales, por lo que es fundada la consideraci�n del tribunal responsable en el sentido de que dicho cumplimiento extingui� cualquier nulidad de esa cl�usula; as� las cosas, de ninguna manera puede estimarse que sea procedente reclamar la nulidad de los cobros posteriores, cuando �stos tambi�n fueron determinados conforme a la misma cl�usula (quinta) con la que se fijaron los anteriores; pues de lo contrario, el cumplimiento del contrato se dejar�a a voluntad de una de las partes, seg�n conviniera a sus intereses la aplicaci�n de alguna de sus cl�usulas, lo cual es inaceptable jur�dicamente."
b) A. directo 6663/97, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (ejecutoria 15 del legajo):
"Lo anterior se dice correcto en la medida que al no darse la nulidad absoluta, por ilicitud en el objeto, lo cierto es que ante el cumplimiento voluntario por medio del pago se hace patente el principio jur�dico de que la voluntad es la suprema ley de los contratos y si los hoy quejosos expresaron esa voluntad con absoluta libertad no puede hablarse de ning�n tipo de nulidad, raz�n por la cual la supuesta confusi�n en que dicen los quejosos incurri� la S. responsable, no existe."
c) A. directo 1520/97, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (ejecutoria 9 del legajo):
"En cuanto a que los estados de cuenta no eran expl�citos y no arrojaban los datos reales conforme al entendimiento del quejoso, debe afirmarse que lo cierto es que pag� los intereses respectivos con base en ellos, dando su conformidad, por lo que no puede aducirse la nulidad referida, al producir sus efectos moment�neamente, porque desde el primer estado de cuenta, si el mismo no llenaba los requisitos que el quejoso pudiera entender, debi� haber realizado las gestiones correspondientes para su aclaraci�n, en el entendido de que el contrato se suscribi� en mil novecientos noventa y uno y la fecha en que ejercit� su acci�n, es en el a�o de mil novecientos noventa y cinco ..."
d) A. directo 777/97, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (ejecutoria 1 del legajo):
"Por consiguiente, es inexacto que la nulidad del contrato de cr�dito denominado de ?cr�dito simple en forma de apertura e hipoteca?, se desprenda del contenido de sus cl�usulas al haberse pactado capitalizaci�n anticipada de intereses contraviniendo el contenido del art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., que se�ala que las partes no pueden so pena de nulidad pactar que los intereses se capitalicen y que adem�s produzcan intereses, sino que en el presente caso, se trata de una convenci�n llevada a cabo en t�rminos del art�culo 78 del C�digo de Comercio, el cual se�ala que las partes se obligan en la manera y t�rminos que aparezca que quisieron obligarse, tan es as�, que previo al ejercicio de la acci�n la demandante demostr� con los recibos correspondientes haber hecho diversos pagos por la cantidad de ciento noventa y siete mil ciento ochenta y tres pesos, cuyo pago de manera voluntaria implica su conformidad con los t�rminos y condiciones de las obligaciones contra�das con el banco acreditante, m�xime que en la parte final del instrumento notarial donde consta el cr�dito, en el apartado IV, el notario p�blico hizo constar que habi�ndoles le�do a los comparecientes la citada escritura, les explic� a quienes hubo lugar el valor y fuerza legales de la misma, de lo que estuvieron conformes con ella por lo que firmaron y ratificaron su contenido ante dicho fedatario, razones por las que la S. responsable estim� correctamente que las partes expresaron su consentimiento para celebrar el contrato de cr�dito provocando los efectos legales consiguientes en t�rminos de los art�culos 291 al 294 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, cuyo contenido de las cl�usulas no demostraron que hubieran sido pactadas contra el derecho, la moral o las buenas costumbres ni que el objeto del contrato hubiera sido il�cito para que en todo caso se estuvieran los supuestos de nulidad absoluta o relativa referidas en el art�culo 2225 del C�digo Civil para el Distrito F., habida cuenta que el objeto b�sico del contrato fue que la actora obtuviera un cr�dito para la adquisici�n de un inmueble hasta por la suma se�alada en la cl�usula primera, de la cual s�lo dispuso de la cantidad de ciento cuarenta y nueve millones de pesos o el equivalente en la unidad monetaria vigente, oblig�ndose al pago de un inter�s ordinario de conformidad con la cl�usula sexta as� como a la devoluci�n del capital en un plazo m�ximo de veinte a�os no advirti�ndose que las partes hubieran pactado de manera anticipada la capitalizaci�n de intereses, sino que adquiri� discrecionalmente un cr�dito adicional para que cubriera los intereses devengados por la cantidad de cuatrocientos cuarenta y siete millones de pesos o bien cuatrocientos cuarenta y siete mil actuales, cuya disposici�n qued� a la voluntad de la acreditada s�lo al actualizarse los intereses devengados pero no con anticipaci�n, como afirma inexactamente la quejosa, puesto que claramente se estipul� que en caso de que no deseara efectuar las disposiciones citadas mensualmente deb�a dar por escrito aviso al banco acreditante con treinta d�as de anticipaci�n, debiendo pagar en su caso los intereses respectivos."
En las sentencias que establecieron que los pagos no convalidan la nulidad pretendida, se esgrimieron los siguientes argumentos:
a) A. directo 4507/97, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (ejecutoria 32 del legajo):
"Lo que procede es conforme a derecho, pues si bien es cierto que conforme a lo previsto por el art�culo 2234 del C�digo Civil para el Distrito F., el cumplimiento voluntario por medio del pago, se tiene por ratificado en forma t�cita y extingue la acci�n de nulidad; tambi�n es verdad que, en t�rminos del art�culo 8o. del invocado c�digo, los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas son nulos, puesto que la simulaci�n pactada en el contrato de apertura de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria infringe los preceptos 363 del C�digo de Comercio y el 2397 del ordenamiento sustantivo citado, ya que en dicho pacto, de antemano se capitalizan intereses devengados no cubiertos, esto es, se da el anatocismo."
b) A.s directos 10037/97, 1887/98 y 2767/98, del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (ejecutorias 36, 38 y 40, respectivamente):
"No puede arribarse a conclusi�n diferente, merced a la firma del contrato por el acreditado y a los pagos por �ste efectuados, ya que la autoridad responsable pas� por alto que la causa de nulidad, en la especie, no resulta de vicios de la voluntad que puedan purgarse con la conducta atribuida al quejoso, sino de aquella que proviene por actos ejecutados contra al tenor de leyes prohibitivas, en t�rminos del art�culo 8o. del C�digo Civil, a saber, de los art�culos 363 del C�digo de Comercio y 2397 del propio ordenamiento sustantivo, en virtud de la simulaci�n habida en el convenio realizado de antemano para capitalizar intereses devengados no cubiertos o anatocismo ..."
c) A. directo 1088/97 y 328/98, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (ejecutorias 44 y 45 del legajo):
"Ahora bien, es evidente que en el caso no existe convalidaci�n por pago de la causa de nulidad invocada por el actor del juicio natural respecto del cr�dito adicional que fue pactado por las partes en litigio, habida cuenta de que dicha convenci�n se realiz� en contravenci�n a una norma prohibitiva contenida en el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F., por lo que de conformidad con el art�culo 8o. del mismo ordenamiento legal, se est� en presencia de una nulidad absoluta y no relativa, y por tanto aqu�lla no admite convalidaci�n, de ah� tambi�n lo fundado de los conceptos de violaci�n en estudio."
d) A. directo 73/98 (ejecutoria 91, en el legajo), del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito:
"... toda vez que como lo sostienen los aludidos impetrantes, al haber ejercitado �stos la acci�n de nulidad absoluta del contrato, entre otras razones, por imposible realizaci�n del objeto, merced a que el cr�dito otorgado es impagable en el t�rmino convenido en el contrato, dicha acci�n no ha prescrito ni se ha confirmado por el hecho de que aqu�llos aceptaron el cumplimiento voluntario de la obligaci�n convenida en el contrato de apertura de cr�dito simple con garant�a hipotecaria, al haber efectuado diversos abonos al cr�dito; puesto que la nulidad relativa no desaparece por la confirmaci�n o la prescripci�n, en t�rminos del art�culo 2226 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., aplicado supletoriamente al C�digo de Comercio, conforme al precepto 81 de este ordenamiento jur�dico y, en esas condiciones, dicha autoridad ahora deber� ocuparse del examen de tal acci�n y resolver lo procedente."
e) A. directo 826/97, del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito (ejecutoria 138 del legajo):
"... lo que est� prohibido por el art�culo 363 del C�digo de Comercio, al establecer que los intereses vencidos y no pagados no devengar�n intereses, pero que los contratantes podr�n capitalizarlos, lo que implica que la norma aludida proh�be que antes de que se generen no puede pactarse su capitalizaci�n, pues se refiere a intereses vencidos, corrobor�ndose lo que establece el art�culo de referencia con el contenido del art�culo 2397 del C�digo Civil del Distrito F., cuyo contenido es similar al 2293 del C�digo Civil del Estado de Chihuahua, al indicar que las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses, por lo que si en el contrato se pact� as�, ello es nulo, aun y cuando las partes lo hayan convenido en forma expresa, pues tal convenio fue ejecutado contra el tenor de una ley prohibitiva de orden p�blico y de acuerdo con lo que establece el art�culo 8o. del C�digo Civil del Distrito F. y el similar de este Estado, son nulos y por ello, es inaceptable que con s�lo pagar los intereses o dar el aviso con treinta d�as de anticipaci�n de que no dispusieran del cr�dito adicional para tal efecto, sea suficiente para dejar sin efectos lo pactado respecto de la capitalizaci�n de intereses vencidos, ya que el cr�dito adicional s�lo viene a constituir una forma de ocultar que los intereses van a generar intereses, argumentando que lo que se anexa al cr�dito inicial s�lo es parte del dinero dispuesto del cr�dito adicional, utilizando para ello lo que denominan refinanciamiento de intereses, ya que ese actuar s�lo constituye en realidad una simulaci�n para estar en posibilidades de cobrar intereses sobre intereses, porque de no ser ello as� y no los pagara el deudor, el banco estaba imposibilitado para cobrar sobre los no pagados."
f) A. directo 114/98, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito (ejecutoria 190 del legajo):
"Al respecto, como se ha establecido, los argumentos con los que el quejoso pretende sustentar que se trata de una nulidad relativa son infundados y en esta tesitura, es incorrecta la apreciaci�n del amparista en el sentido de que la nulidad de las cl�usulas primera y cuarta del multicitado contrato se convalidaron mediante el cumplimiento voluntario del pago en ellas referido.
"Lo anterior se considera as� pues como bien afirm� la S. responsable la nulidad de las cl�usulas en comento es inconvalidable e imprescriptible en raz�n de que el contenido es contrario a las normas de orden p�blico."
g) A. directo 295/98, del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito (ejecutoria 195 del legajo):
"Por otro lado, contrario a lo argumentado por el quejoso, no por el hecho de que el acreditado, hoy tercero perjudicado, haya realizado de manera peri�dica los pagos en la forma solicitada por la instituci�n bancaria, quiera decir, que el acreditado de manera t�cita, haya estado de acuerdo con la forma de aplicaci�n de los intereses, en raz�n, de que el acreditado realiz� los pagos mientras el monto de los intereses no se increment� de manera tal, que pod�a cubrirlos, pero una vez que los mismos tuvieron un incremento considerable, que sal�an del alcance del acreditado es cuando se inconforma respecto a la forma de aplicaci�n de los mismos, y no por el hecho de haber realizado pagos dentro de un determinado tiempo en la forma solicitada por el banco, debe aceptarse, como lo pretende el impetrante de amparo, que ahora deba soportar tambi�n el incremento de los intereses en la forma calculada por el hoy quejoso, ya que como bien lo aduce la S. responsable, sostener que la capitalizaci�n anticipada de intereses sin que �stos se hayan vencido previamente, no contravenga las disposiciones de los art�culos 363 del C�digo de Comercio y 2397, del C�digo Civil F., ser�a tanto como permitir, que la obligaci�n de pago por parte del acreditado se incrementara de una manera tal, que se tornar�a en una deuda eterna e impagable."
h) A. directo 1695/97, del Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito (ejecutoria 199 del legajo):
"Ahora bien, el hecho de que el hoy tercero perjudicado, haya incumplido con su obligaci�n pactada en el �ltimo p�rrafo del contrato fundatorio de la acci�n, consistente en dar aviso cuando menos con treinta d�as de anticipaci�n a la fecha que se realice la erogaci�n neta mensual, de que no deseaba hacer uso del cr�dito adicional, en manera alguna puede considerarse como lo pretende el quejoso, que esa omisi�n aunada al hecho de que el acreditado efectu� algunos pagos mensuales, constituye una convalidaci�n de cualquier nulidad que pudiera haberse actualizado, pues la omisi�n del acreditado de dar aviso al banco que no deseaba disponer del cr�dito adicional, en todo caso lo �nico que implicar�a es la aceptaci�n t�cita de hacer uso del mencionado cr�dito, pero no la convalidaci�n de la ilicitud invocada respecto de la finalidad real del mismo.
"De igual manera, el hecho de que los demandados hubieran efectuado voluntariamente pagos parciales, no implica que no pudieran hacer valer la nulidad de las cl�usulas que consideraron pactadas en contravenci�n a la ley, pues para que eso ocurriera era necesario que con lo pagos efectuados hubieran cumplido totalmente con su obligaci�n, es decir que hubieran liquidado de manera �ntegra las obligaciones contra�das con motivo del cr�dito otorgado, pues de lo contrario �stas siguen subsistiendo y en consecuencia tambi�n la facultad del deudor para invocar la nulidad respecto de las cl�usulas en que aparecen consignadas."
i) A. directo 1883/97, del Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito (ejecutoria 201 del legajo):
"Por otro lado, el hecho de que los demandados hubieran realizado voluntariamente pagos parciales, no indica que ya no estuvieran en aptitud de hacer valer la nulidad, porque a trav�s de ese cumplimiento hubieran manifestado su voluntad de confirmar el negocio que pudiera ser nulo, ya que para poder concluir en ese sentido era necesario que los acreditados, con los pagos que realizaron, hubieran cumplido totalmente con la obligaci�n; esto es, que hubieran finiquitado la operaci�n, pues de lo contrario, la convenci�n subsiste, y con ella, la facultad de los demandados de oponer como excepci�n la nulidad."
Precisado lo anterior, para dilucidar el punto en contradicci�n, es necesario tener presente lo ya considerado en la parte relativa a los temas I, II, III y VII, en los cuales se lleg�, entre otras, a las siguientes conclusiones:
a) El art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F. no es aplicable supletoriamente a los contratos de apertura de cr�dito (tema I).
b) El art�culo 363 del C�digo de Comercio no es aplicable supletoriamente al contrato de apertura de cr�dito (tema I).
c) El reglamento sobre Instituciones Nacionales y Organizaciones Auxiliares Nacionales de Cr�dito no rige al contrato de apertura de cr�dito celebrado coninstituciones de banca m�ltiple (tema II).
d) La Ley de Instituciones de Cr�dito no proh�be otorgar cr�ditos para el pago de pasivos (tema II).
e) En un contrato de apertura de cr�dito las partes est�n en libertad de pactar lo relativo a la capitalizaci�n de intereses, con las limitaciones que al respecto determine el Banco de M�xico (tema I).
f) La omisi�n por parte de las instituciones de cr�dito de realizar el estudio de viabilidad econ�mica no invalida el contrato de apertura de cr�dito (tema III).
g) La cl�usula adicional en que se pacta el cr�dito adicional para el pago de intereses no constituye una simulaci�n que la anule y el ejercicio de ese cr�dito tampoco implica una falsedad ideol�gica (tema VII).
Igualmente, es necesario hacer las siguientes precisiones:
De conformidad con lo dispuesto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 1o. de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, el contrato de apertura de cr�dito es un acto de comercio. El referido precepto, en lo conducente, dice:
"Art�culo 1o. ...
"Las operaciones de cr�dito que esta ley reglamenta son actos de comercio."
El art�culo 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito establece que el acreditado puede hacer uso del cr�dito en la forma, t�rminos y condiciones convenidos y se obliga a restituir la suma de que dispuso y a pagar los intereses, prestaciones, gastos y comisiones estipulados. El precepto citado, a la letra, dice:
"Art�culo 291. En virtud de la apertura de cr�dito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposici�n del acreditado, o a contraer por cuenta de �ste una obligaci�n, para que el mismo haga uso del cr�dito concedido en la forma y en los t�rminos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligaci�n que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen."
En t�rminos del art�culo 2o. de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, el contrato de apertura de cr�dito se rige por lo dispuesto en la ley en cita y en las dem�s leyes especiales relativas; en su defecto, por la legislaci�n mercantil general; en su defecto, por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de �stos, por el C�digo Civil del Distrito F.. Tal precepto, a la letra, dice:
"Art�culo 2o. Los actos y las operaciones a que se refiere el art�culo anterior, se rigen:
"I. Por lo dispuesto en esta ley, y en las dem�s leyes especiales relativas; en su defecto,
"II. Por la legislaci�n mercantil general; en su defecto,
"III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de �stos,
"IV. Por el derecho com�n, declar�ndose aplicable en toda la Rep�blica, para los fines de esta ley, el C�digo Civil del Distrito F.."
Cuando la fracci�n II del precepto antes transcrito se�ala como aplicable supletoriamente al contrato de apertura de cr�dito la legislaci�n mercantil general, si bien se refiere al C�digo de Comercio, no se refiere a la totalidad de sus normas, sino s�lo a aquellas que sean aplicables a todas las operaciones mercantiles, pues las que s�lo se refieren a una operaci�n espec�fica, aun cuando est�n contenidas en el C�digo de Comercio, no son legislaci�n general sino especial.
En virtud de lo anterior, son aplicables a todas las operaciones mercantiles las disposiciones contenidas en el cap�tulo II (De los contratos mercantiles en general) del t�tulo primero (De los actos de comercio y de los contratos mercantiles en general) del libro segundo (Del comercio terrestre) del C�digo de Comercio, que son del tenor siguiente:
"Art�culo 77. Las convenciones il�citas no producen obligaci�n ni acci�n, aunque recaigan sobre operaciones de comercio."
"Art�culo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados."
"Art�culo 79. Se exceptuar�n de lo dispuesto en el art�culo que precede:
"I. Los contratos que, con arreglo a este c�digo u otras leyes, deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia;
"II. Los contratos celebrados en pa�s extranjero en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana.
"En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producir�n obligaci�n ni acci�n en juicio."
"Art�culo 80. Los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, quedar�n perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta o las condiciones con que �sta fuere modificada.
"La correspondencia telegr�fica s�lo producir� obligaci�n entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas re�nan las condiciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si as� lo hubiesen pactado."
"Art�culo 81. Con las modificaciones y restricciones de este c�digo, ser�n aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes, y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos."
"Art�culo 82. Los contratos en que intervengan corredores quedar�n perfeccionados cuando los contratantes firmaren la correspondiente minuta, de la manera prescrita en el t�tulo respectivo."
"Art�culo 83. Las obligaciones que no tuvieren t�rmino prefijado por las partes o por las disposiciones de este c�digo, ser�n exigibles a los diez d�as despu�s de contra�das, si s�lo produjeren acci�n ordinaria, y al d�a inmediato si llevaren aparejada ejecuci�n."
"Art�culo 84. En los contratos mercantiles no se reconocer�n t�rminos de gracia o cortes�a, y en todos los c�mputos de d�as, meses y a�os, se entender�n: el d�a, de veinticuatro horas; los meses, seg�n est�n designados en el calendario gregoriano; y el a�o, de trescientos sesenta y cinco d�as."
"Art�culo 85. Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzar�n:
"I. En los contratos que tuvieren d�a se�alado para su cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley, al d�a siguiente de su vencimiento;
"II. Y en los que no lo tengan, desde el d�a en que el acreedor le reclamare al deudor, judicial o extrajudicialmente ante escribano o testigos."
"Art�culo 86. Las obligaciones mercantiles habr�n de cumplirse en el lugar determinado en el contrato, o en caso contrario en aquel que, seg�n la naturaleza del negocio o la intenci�n de las partes, deba considerarse adecuado al efecto por consentimiento de aqu�llas o arbitrio judicial."
"Art�culo 87. Si en el contrato no se determinaren con toda precisi�n la especie y calidad de las mercanc�as que han de entregarse, no podr� exigirse al deudor otra cosa que la entrega de mercanc�as de especie y calidad medias."
"Art�culo 88. En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnizaci�n contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podr� exigir el cumplimiento del contrato o la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones, quedar� extinguida la otra."
Luego, si el art�culo 81 del C�digo de Comercio establece que son aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del C�digo Civil del Distrito F. acerca de las causas que invalidan los contratos, y si el de apertura de cr�dito participa de esa naturaleza, seg�n se precis� anteriormente, para analizar la nulidad de �ste, habr� que atender a tales disposiciones, que son las siguientes:
"Art�culo 8o. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de inter�s p�blico ser�n nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario."
"Art�culo 17. Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que �l por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducci�n equitativa de su obligaci�n, m�s el pago de los correspondientes da�os y perjuicios.
"El derecho concedido en este art�culo dura un a�o."
"Art�culo 1794. Para la existencia del contrato se requiere:
"I. Consentimiento;
"II. Objeto que pueda ser materia del contrato."
"Art�culo 1795. El contrato puede ser invalidado:
"I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;
"II. Por vicios del consentimiento;
"III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea il�cito;
"IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece."
"Art�culo 1797. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes."
"Art�culo 1802. Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su leg�timo representante, ser�n nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificaci�n debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley.
"Si no se obtiene la ratificaci�n, el otro contratante tendr� derecho de exigir da�os y perjuicios a quien indebidamente contrat�."
"Art�culo 1812. El consentimiento no es v�lido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo."
"Art�culo 1813. El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebraci�n se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebr� �ste en el falso supuesto que lo motiv� y no por otra causa."
"Art�culo 1814. El error de c�lculo s�lo da lugar a que se rectifique."
"Art�culo 1815. Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugesti�n o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en �l a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulaci�n del error de uno de los contratantes, una vez conocido."
"Art�culo 1816. El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabi�ndolo aqu�lla, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jur�dico."
"Art�culo 1817. Si ambas partes proceden con dolo ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones."
"Art�culo 1818. Es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga �sta de alguno de los contratantes, ya de un tercero, interesado o no en el contrato."
"Art�culo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza f�sica o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su c�nyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado."
"Art�culo 1820. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisi�n y respeto, no basta para viciar el consentimiento."
"Art�culo 1821. Las consideraciones generales que los contratantes expusieren sobre los provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebraci�n o no celebraci�n del contrato, y que no importen enga�o o amenaza alguna de las partes, no ser�n tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia."
"Art�culo 1822. No es l�cito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o de la violencia."
"Art�culo 1823. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo, el que sufri� la violencia o padeci� el enga�o ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo reclamar por semejantes vicios."
"Art�culo 1825. La cosa objeto del contrato debe: 1o. Existir en la naturaleza. 2o. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 3o. Estar en el comercio."
"Art�culo 1828. Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jur�dica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obst�culo insuperable para su realizaci�n."
"Art�culo 1829. No se considerar� imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, pero s� por otra persona en lugar de �l."
"Art�culo 1830. Es il�cito el hecho que es contrario a las leyes de orden p�blico o a las buenas costumbres."
"Art�culo 1831. El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco debe ser contrario a las leyes de orden p�blico ni a las buenas costumbres."
"Art�culo 1832. En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley."
"Art�culo 1833. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que �ste no revista esa forma no ser� v�lido, salvo disposici�n en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se d� al contrato la forma legal."
"Art�culo 2224. El acto jur�dico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de �l, no producir� efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmaci�n, ni por prescripci�n; su inexistencia puede invocarse por todo interesado."
"Art�culo 2225. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condici�n del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, seg�n lo disponga la ley."
"Art�culo 2226. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales ser�n destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmaci�n o la prescripci�n."
"Art�culo 2227. La nulidad es relativa cuando no re�ne todos los caracteres enumerados en el art�culo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos."
"Art�culo 2228. La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, as� como el error, el dolo, la violencia, la lesi�n, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo."
"Art�culo 2229. La acci�n y la excepci�n de nulidad por falta de forma compete a todos los interesados."
"Art�culo 2230. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesi�n o incapacidad, s�lo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesi�n o es el incapaz."
"Art�culo 2231. La nulidad de un acto jur�dico por falta de forma establecida por la ley, se extingue por la confirmaci�n de ese acto hecho en la forma omitida."
"Art�culo 2232. Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley."
"Art�culo 2233. Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmaci�n."
"Art�culo 2234. El cumplimiento voluntario por medio del pago, novaci�n, o por cualquier otro modo, se tiene por ratificaci�n t�cita y extingue la acci�n de nulidad."
"Art�culo 2235. La confirmaci�n se retrotrae al d�a en que se verific� el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicar� a los derechos de tercero."
"Art�culo 2236. La acci�n de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede intentarse en los plazos establecidos en el art�culo 638. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acci�n de nulidad prescribe a los sesenta d�as, contados desde que el error fue conocido."
"Art�culo 2237. La acci�n para pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia, prescribe a los seis meses contados desde que cese ese vicio del consentimiento."
"Art�culo 2238. El acto jur�dico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si los (sic) partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que s�lo �ntegramente subsistiera."
"Art�culo 2239. La anulaci�n del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado."
"Art�culo 2240. Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se har� la restituci�n respectiva de intereses o de frutos sino desde el d�a de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa �poca se compensan entre s�."
"Art�culo 2241. Mientras que uno de los contratantes no cumpla con la devoluci�n de aquello que en virtud de la declaraci�n de nulidad del contrato est� obligado, no puede ser compelido el otro a que cumpla por su parte."
"Art�culo 2242. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble, por una persona que ha llegado a ser propietario de �l en virtud del acto anulado, quedan sin ning�n valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripci�n, observ�ndose lo dispuesto para los terceros adquirentes de buena fe."
De las disposiciones legales antes transcritas, para efectos del tema en estudio, conviene resaltar la que establece que la nulidad absoluta no desaparece por la confirmaci�n o la prescripci�n (art�culo 2226) y la que establece que el cumplimiento voluntario por medio de pago, novaci�n o cualquier otro modo, se tiene por ratificaci�n t�cita y extingue la acci�n de nulidad (art�culo 2234); en virtud de que de ellas se infiere de modo indubitable que la nulidad absoluta no es convalidable, a diferencia de la relativa que s� lo es.
Ahora bien, tomando en cuenta todo lo antes expuesto, si en los contratos de apertura de cr�dito existe libertad de los contratantes para pactar un cr�dito adicional para el pago de intereses vencidos; si, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, el acreditado puede hacer uso del cr�dito en la forma, t�rminos y condiciones convenidos y se obliga a restituir la suma de que dispuso y a pagar los intereses, prestaciones, gastos y comisiones estipulados y, si de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 78 del C�digo de Comercio, aplicable supletoriamente en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 2o. de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos en que quiso obligarse, es inconcuso que si, al celebrar un contrato de apertura de cr�dito, las partes convienen en que se otorgue al acreditado un cr�dito adicional para el pago de intereses, al no existir disposici�n legal alguna que proh�ba tal convenci�n, la cl�usula o cl�usulas relativas no caen en el supuesto del art�culo 8o. del C�digo Civil del Distrito F., es decir, no adolecen de nulidad absoluta por ir contra el tenor de leyes prohibitivas o de inter�s p�blico.
Es importante se�alar que la posibilidad de la nulidad absoluta s�lo se analiz� en cuanto a si se celebr� una convenci�n en contra del tenor de leyes prohibitivas o de inter�s p�blico, porque de las ejecutorias correspondientes no se advierte que la nulidad pretendida se haya hecho depender de otros aspectos.
As�, si, como antes se precis�, el punto en contradicci�n no era propiamente si el cumplimiento voluntario de lo pactado convalidaba o no la nulidad, sino el tipo de nulidad que se presupon�a para plantearse tal cuesti�n, al haberse demostrado, fundamentalmente al tratarse los temas I, II, III y VII, que la cl�usula o cl�usulas en la que las partes, alcelebrar un contrato de apertura de cr�dito, convienen en que se otorgue al acreditado un cr�dito adicional para el pago de intereses, no va contra el tenor de leyes prohibitivas o de orden p�blico, es decir, no adolece de nulidad absoluta, el punto de contradicci�n ha quedado resuelto y carece de sentido cuestionarse si con el cumplimiento voluntario se convalida o no, pues no hay nada que convalidar.
Empero, y no obstante que del an�lisis de las ejecutorias en que se trat� el punto en contradicci�n no se desprende que se haya hecho valer alguna causa de nulidad relativa, no est� por dem�s se�alar que, si la hubiere, el cumplimiento voluntario por parte de los contratantes en los t�rminos pactados, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2234 del C�digo Civil del Distrito F., se tiene por ratificaci�n t�cita y extingue la acci�n de nulidad, esto es, convalida la nulidad relativa de que podr�a haber adolecido la convenci�n correspondiente.
En las relatadas condiciones, debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustenta este Tribunal Pleno en la presente resoluci�n, debiendo quedar redactado con el siguiente rubro y texto:
APERTURA DE CR�DITO. LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS POR EL DEUDOR CONVALIDAN LA NULIDAD RELATIVA DE QUE PUDIERA ADOLECER LA CL�USULA EN QUE SE PACTA UN CR�DITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES.-Si de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 291 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, el acreditado puede hacer uso del cr�dito en la forma, t�rminos y condiciones convenidos y se obliga a restituir la suma de que dispuso y a pagar los intereses, prestaciones, gastos y comisiones estipulados; y si el art�culo 78 del C�digo de Comercio, aplicable supletoriamente a los contratos de apertura de cr�dito, establece que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse; es inconcuso que en este tipo de actos mercantiles rige la voluntad de las partes contratantes. Luego, si al celebrar un contrato de apertura de cr�dito, las partes convienen en que se otorgue al acreditado un cr�dito adicional para el pago de intereses, dado que no existe disposici�n legal alguna que proh�ba tal convenci�n, la cl�usula relativa no adolece de nulidad absoluta. En tal virtud, las amortizaciones realizadas por el acreditado en los t�rminos pactados, en todo caso, convalidar�an, si la hubiere, la nulidad relativa, pues, de conformidad con los dispuesto en el art�culo 2234 del C�digo Civil para el Distrito F. en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia F., el cumplimiento voluntario se tiene por ratificaci�n t�cita y extingue la acci�n de nulidad.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-No existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito cuyos datos se precisan en el considerando cuarto de esta resoluci�n, por los motivos en �l expuestos.
SEGUNDO.-S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en la Rep�blica, en los t�rminos que se precisan en los considerandos del quinto al d�cimo segundo de este fallo, por las razones en ellos expuestos.
TERCERO.-Deben prevalecer con car�cter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del considerando quinto, en las tesis cuyos rubros son:
A) "CAPITALIZACI�N DE INTERESES. EL ART�CULO 2397 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO."
B) "CAPITALIZACI�N DE INTERESES. EL ART�CULO 363 DEL C�DIGO DE COMERCIO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO, PERO S� PUEDE SERLO COMO NORMA CONTRACTUAL, POR VOLUNTAD DE LAS PARTES."
C) "CAPITALIZACI�N DE INTERESES. CUANDO SE PACTA EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO, EN T�RMINOS DEL ART�CULO 363 DEL C�DIGO DE COMERCIO, PARA DETERMINAR SUS ALCANCES NO DEBE ACUDIRSE A LA SUPLETORIEDAD DEL ART�CULO 2397 DEL C�DIGO CIVIL APLICABLE EN MATERIA FEDERAL, SINO A LAS REGLAS DE INTERPRETACI�N DE LOS CONTRATOS."
CUARTO.-Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del considerando sexto, en la tesis cuyo rubro es:
"APERTURA DE CR�DITO PARA EL PAGO DE PASIVOS. EL CONTRATO RELATIVO PACTADO CON INSTITUCIONES DE BANCA M�LTIPLE PARA TAL FIN, NO EST� REGIDO POR EL REGLAMENTO SOBRE INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES NACIONALES DE CR�DITO, NI ES CONTRARIO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CR�DITO."
QUINTO.-Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del considerando s�ptimo, en la tesis cuyo rubro es:
"VIABILIDAD ECON�MICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSI�N PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS. LA OMISI�N POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE CR�DITO DE REALIZAR EL ESTUDIO RELATIVO, NO INVALIDA EL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO."
SEXTO.-Deben prevalecer con car�cter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del considerando octavo, en las tesis cuyos rubros son:
A) "APERTURA DE CR�DITO Y PR�STAMO MERCANTIL. LEGISLACI�N APLICABLE A ESOS CONTRATOS EN MATERIA DE INTERESES."
B) "INTERESES. LAS TASAS VARIABLES EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CR�DITO SON DETERMINABLES, NO IMPRECISAS."
S�PTIMO.-Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del considerando noveno, en la tesis cuyo rubro es:
"APERTURA DE CR�DITO. NO SON NULAS LAS CL�USULAS QUE ESTABLECEN LA OBLIGACI�N DEL ACREDITADO, DE AVISAR CON ANTICIPACI�N SI RECHAZA LA DISPOSICI�N DEL CR�DITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES."
OCTAVO.-Deben prevalecer con car�cter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del considerando d�cimo, en las tesis cuyos rubros son:
A) "APERTURA DE CR�DITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. POR S� SOLA, NO CONSTITUYE SIMULACI�N."
B) "APERTURA DE CR�DITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. NO ENCUBRE EL ESTABLECIMIENTO IL�CITO DE INTERESES SOBRE INTERESES."
C) "APERTURA DE CR�DITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. SU APROVECHAMIENTO NO IMPLICA LA EXISTENCIA DE FALSEDAD IDEOL�GICA O SUBJETIVA."
NOVENO.-Deben prevalecer con car�cter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del considerando d�cimo primero, en las tesis cuyos rubros son:
A) "CAPITALIZACI�N DE INTERESES. NO LA CONSTITUYE EL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO PARA COBERTURA DE INTERESES (REFINANCIAMIENTO)."
B) "CAPITALIZACI�N DE INTERESES. EL ART�CULO 363 DEL C�DIGO DE COMERCIO LA PERMITE EN FORMA PREVIA O POSTERIOR A LA CAUSACI�N DE LOS R�DITOS, A CONDICI�N DE QUE EXISTA ACUERDO EXPRESO."
D�CIMO.-Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del considerando d�cimo segundo, en la tesis cuyo rubro es:
"APERTURA DE CR�DITO. LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS POR EL DEUDOR CONVALIDAN LA NULIDAD RELATIVA DE QUE PUDIERA ADOLECER LA CL�USULA EN QUE SE PACTA UN CR�DITO ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES."
D�CIMO PRIMERO.-Rem�tanse de inmediato las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para efecto de su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.
N.�quese y c�mplase; con testimonio de esta resoluci�n comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes y en su oportunidad arch�vese el expediente como asunto concluido.
As�, lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n funcionando en Pleno, por unanimidad de once votos se aprobaron los resolutivos primero, segundo, cuarto, s�ptimo, octavo y d�cimo primero, los se�ores Ministros D�az R. y S.M. formularon salvedades respecto de las consideraciones correspondientes a los resolutivos cuarto y s�ptimo; por mayor�a de ocho votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., S�nchez C. y presidente A.A.�n se aprob� el resolutivo tercero; los se�ores M.C. y C., R.P. y S.M., votaron en contra y manifestaron que formular�n voto de minor�a, el se�or Ministro D�az R. formul� salvedades respecto del considerando correspondiente, y los se�ores Ministros C. y C., R.P. y S�nchez C. razonaron el sentido de su voto; por mayor�a de ocho votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, G�ngora P., G.�o P., O.M., R.P., S�nchez C. y presidente A.A.�n se aprob� el resolutivo quinto, los se�ores M.C. y C., D�az R. y S.M., votaron en contra y manifestaron que formular�n voto de minor�a; por mayor�a de diez votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente A.A.�n se aprob� el resolutivo sexto; el se�or Ministro C. y C. vot� en contra, y el se�or Ministro D�az R. formul� salvedades respecto del considerando correspondiente; por mayor�a de nueve votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., S�nchez C. y presidente A.A.�n se aprob� el resolutivo noveno; los se�ores Ministros Rom�n P. y S.M. votaron en contra y manifestaron que formular�n voto de minor�a, y el se�or Ministro D�az R. formul� salvedades respecto del considerando correspondiente; por mayor�a de diez votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., R.P., S�nchez C. y presidente A.A.�n se aprob� el resolutivo d�cimo; el se�or M.S.M. vot� en contra y manifest� que formular� voto particular, y el se�or Ministro D�az R. formul� salvedades respecto del considerando correspondiente.